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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-03386-00

Fecha
27 de julio de 2023
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-03386-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la tutela formulada por la UGPP contra la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-03386-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

27 de julio de 2023

Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03386-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., veintisiete (27) de julio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03386-00
Demandante: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP)
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN A

Temas: Tutela contra providencia judicial – declara improcedente por
no superar los requisitos generales de la relevancia
constitucional y la subsidiariedad.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala resuelve la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y los Decretos 2591 de 1991
y 1069 de 20151.

I. ANTECEDENTES

1.1. La tutela

1. La Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (en adelante UGPP), actuando por intermedio del subdirector
de defensa judicial pensional2, presentó acción de tutela contra el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A3. Con su solicitud de amparo pretende
que se le protejan los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a
la administración de justicia.

2. Las anteriores garantías, a su juicio, fueron vulneradas con ocasión de la
sentencia dictada por la autoridad judicial accionada el 27 de octubre de 2022,
en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 66001-23-
33-000-2016-00142-01. La decisión mencionada revocó el fallo de primera

1 Modificado por el artículo 1º del Decreto Nacional 333 de 2021.
2 Designado en esta calidad mediante la Resolución 681 de 2020.

3 El escrito de tutela fue enviado el 23 de junio de 2023 al correo electrónico de la Secretaría

General del Consejo de Estado.

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Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
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instancia que había sido desfavorable a las solicitudes del señor Luis Arnovith
Patiño Jaramillo4, y en su lugar, concedió lo pretendido en ese medio de control.

1.2. Pretensiones

3. La parte actora solicitó lo siguiente:

a.- DEJAR sin efectos la sentencia del 27 de octubre de 2022 dictada por el
CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A, en el proceso contencioso No.
66001233300020160014200 por la flagrante vía de hecho y el abuso palmario del
derecho en razón al reconocimiento de una pensión de jubilación especial al señor
LUIS ARNOVITH PATIÑO JARAMILLO, quien no cumplió la totalidad de los
requisitos señalados en el decreto 1047 de 1978 art. 2 en concordancia con el
decreto 1933 de 1989 para ser beneficiario de ello.

b.- ORDENAR al CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A dictar una nueva
sentencia ajustada a derecho, en la cual se confirme la decisión del TRIBUNAL DE
LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE RISARALDA – SECCIÓN SEGUNDA
DE DECISIÓN de fecha 08 de mayo de 2017 que negó las pretensiones de la
demanda contenciosa No. 66001233300020160014200, por encontrar
demostrado que el señor LUIS ARNOVITH PATIÑO JARAMILLO, no es
beneficiario de la prestación especial para personal del DAS por cuanto no reunió
la totalidad de los requisitos señalados en decreto 1047 de 1978 art. 2 en
concordancia con el decreto 1933 de 1989. (Sic a toda la cita).

1.3. Hechos

4. La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la
referencia, de la siguiente manera:

5. El señor Luis Arnovith Patiño Jaramillo laboró al servicio del extinto DAS
del 4 de agosto de 1983 al 4 de enero 2002. Allí desempeñó los cargos de
detective alumno dactiloscopista, agente y profesional «en sus diferentes códigos
y grados».

6. Con ocasión de lo anterior, solicitó en reiteradas oportunidades el
reconocimiento de una pensión de jubilación, de conformidad con los
lineamientos dispuestos en el Decreto 1047 de 1978, pero le fue negada
mediante las siguientes resoluciones:

i. 55697 de 12 de noviembre de 2008 de la Caja Nacional de Previsión Social
(en adelante extinta Cajanal), por la cual se negó el reconocimiento pensional.
ii. 014073 de 21 de septiembre de 2010 de la extinta Cajanal, que confirmó
la anterior decisión.

4 Accionante del referido medio de control.

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iii. 037061 de 11 de septiembre de 2015 de la UGPP, que negó la pensión
solicitada.
iv. 052298 de 9 de diciembre de 2015 de la UGPP, que confirmó la anterior
resolución.
v. 002875 de 8 de abril de 2015 de la UGPP, que ordenó el archivo de la
solicitud pensional, bajo el argumento de que no fueron aportados nuevos
hechos.

7. El señor Patiño Jaramillo presentó demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho contra los anteriores actos administrativos. A título de pretensiones
solicitó que se le reconociera y pagara una pensión de jubilación a partir del 28
de febrero de 2011, en los términos del Decreto 1045 de 1978 y los artículos 1
de la Ley 33 de 1985 y 14 de la Ley 100 de 1993.

8. En sentencia de 8 de mayo de 2017, el Tribunal Administrativo de
Risaralda negó las pretensiones del señor Patiño Jaramillo. Señaló que no
cumplió con el requisito de cumplir los 20 años de servicio requeridos para
pensionarse en cualquier edad (artículo 1.º del Decreto 1047 de 19785), o haber
aprobado el curso de dactiloscopista, pese a que laboró 18 años y 5 meses
(artículo 2.º del Decreto 1047 de 19786).

9. El ciudadano referido apeló la decisión del a quo. El recurso fue resuelto
por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado en sentencia de
27 de octubre de 20227, en el sentido de revocar el fallo de primera instancia y
acceder a las súplicas de la demanda, así:

Segundo. Inaplicar, por vía de excepción de inconstitucionalidad, la expresión
«siempre que para esta época fueren funcionarios de ese Departamento»,
contenida en el artículo 2 del Decreto 1047 de 1978, por las razones expuestas en
esta decisión.

(…)

Cuarto. Condenar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), a título de
restablecimiento del derecho, a reconocer la pensión de jubilación del señor Luis
Arnovith Patiño Jaramillo, a partir del 28 de febrero de 2011, teniendo en cuenta el
75 % del promedio de lo cotizado en los 10 años anteriores a su retiro definitivo del
servicio, con la inclusión de la asignación básica y la bonificación por servicios

5 Artículo 1. Los empleados públicos que ejerzan por veinte años continuos o discontinuos las

funciones de las dactiloscopistas en el Departamento Administrativo de Seguridad, y que hayan
aprobado el curso de formación en dactiloscopia impartido por el instituto correspondiente de
dicho Departamento, tendrán derecho a gozar de la pensión de jubilación cualquiera sea su edad.
6 Artículo 2. Los empleados públicos que hayan aprobado el curso a que se refiere el artículo

anterior y que permanezcan al servicio del Departamento Administrativo de Seguridad por un
término no menor de 18 años continuos en el desempeño de funciones de dactiloscopista, tendrán
derecho a la pensión de jubilación al cumplir 50 años de edad, siempre que para esta época
fueren funcionarios de ese Departamento.
7 La decisión judicial fue notificada a las partes e intervinientes de la litis el 23 de enero de 2023.

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prestados.

(…).

10. Determinó que el señor Patiño Jaramillo cumplió con el curso de
dactiloscopista que refiere el artículo 2.º del Decreto 1047 de 1978, pues a partir
de los artículos 12 y 15 del Decreto 1550 de 1978 y el artículo 50 del Decreto
2147 de 1989, «se permite inferir que si el demandante ingresó al DAS como
detective alumno dactiloscopista y permaneció en la institución e incluso fue
promovido en los cargos de detective y agente (…) es porque aprobó el curso
…».

11. Respecto del requisito consistente en que al cumplir los 50 años estuviera
vinculado al DAS, concluyó que alcanzó la edad referida cuando había culminado
anteriormente su relación laboral con la entidad. Sin embargo, acudió a la figura
de la excepción de inconstitucionalidad para desatender tal cuestión, por
considerarla contraria al derecho a la igualdad y desproporcionado con quienes
logran acreditar 20 años de servicio en la entidad, dado que a estos no se les
exige continuar laborando en el organismo referido.

12. Explicó que, si el artículo 2.º del Decreto 1047 de 1978 pretendía generar
algún beneficio o flexibilizarlos para quienes hubieren acumulado un tiempo
considerable de servicio, implicaría exigirles que permanezcan hasta los 50 años
vinculados. Así las cosas, la norma perdería la finalidad para la que fue creada si
se tiene en cuenta que, los servidores de este tipo debían vincularse entre los 20
y los 26 años8, «por cuanto si un detective se vincula incluso en la edad máxima
posible de ingreso (26 años), al alcanzar el tiempo de servicio (18 años) cumpliría
apenas 44 de edad, por lo que no colmaría el requisito de permanecer hasta los
50 años …».

1.4. Sustento de la vulneración

13. La entidad actora aludió de forma insistente en que la sentencia
controvertida incurrió en una vía de hecho, por defecto sustantivo, al interpretar
de forma errónea el artículo 2.º del Decreto 1047 de 1978. Al respecto, refirió que
el señor Patiño Jaramillo no cumplió los 50 años vinculado al servicio del DAS.

14. Añadió que, según el artículo 27 del Código Civil, cuando el sentido de la
ley no es claro, se puede consultar su espíritu. Sin embargo, las normas que
regulan el reconocimiento de las pensiones de jubilación para el personal del
DAS no contienen pasajes oscuros que conlleven a que se deban interpretar de
otra forma.

15. Iteró que, para el 28 de febrero de 2011, fecha en la que alcanzó la edad

8 De conformidad con el Decreto 1550 de 1978.

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indicada, el ciudadano citado no se encontraba activo al servicio del DAS, pues
fue declarado insubsistente el 5 de enero de 2002. Afirmó que la norma sobre la
que funda el defecto es clara al estipular que, al completar los 18 años como
detectives y 50 años de edad, estos servidores pueden optar por la pensión de
jubilación para el personal del DAS, siempre que estén vinculados.

16. Sostuvo que, la autoridad judicial reprochada refiere de manera
desajustada que exigir el cumplimiento de los 50 años de edad al servicio del
DAS carece de sentido, pues ello sería desconocer la clasificación de los empleos
«en cada una de las áreas determinadas para el desarrollo de las funciones
correspondientes a los empleos de detectives contenidas en el Decreto 1550 de
1978 y que es para determinados cargos el tema del reconocimiento pensional
para funcionarios de DAS».

17. Agregó que la decisión censurada fue abusiva del derecho porque
reconoció una prestación a favor de una persona que no acató los requisitos.
Asimismo, que conllevó a que se configurara un grave perjuicio al erario, con
ocasión del otorgamiento de la prestación y un detrimento patrimonial al sistema
pensional.

18. Señaló que el presente asunto reviste relevancia constitucional, dado que
el señor Patiño Jaramillo no cumplió con todos los requisitos previstos en el
artículo 2º del Decreto 1047 de 1978. Particularmente, el de encontrarse activo
en el DAS al cumplir los 50 años.

19. Estableció que también se concretó un defecto fáctico, dado que hubo una
valoración defectuosa del material probatorio allegado al proceso. En ese
sentido, indicó que, de conformidad con el certificado de 18 de junio de 2002,
expedido por el extinto DAS, el señor Patiño Jaramillo fue desvinculado el 5 de
enero de dicha anualidad. Asimismo, que, de acuerdo con el registro civil de
nacimiento, los 50 años del ciudadano citado se cumplieron el 28 de febrero de
2011.

20. En su sentir, la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado
desconoció la figura de los derechos adquiridos, al tiempo que la confundió con
las expectativas legítimas. De ese modo, citó las sentencias C-596 de 1997 y C-
242 de 2009.

21. Por último, aseveró que se concretó una violación directa de la
Constitución, dado que se desconocieron entre otros, los derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración
de justicia.

1.5. Trámite de primera instancia

22. Por auto de 26 de junio de 2023, el ponente de esta decisión admitió la

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solicitud de amparo. En consecuencia, ordenó notificar en calidad de accionado
al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Asimismo, vinculó en
calidad de terceros con interés al Tribunal Administrativo de Risaralda, al señor
Patiño Jaramillo y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A

23. Explicó que, en el medio de control cuya providencia de segunda instancia
se cuestiona se accedió a las pretensiones tras inaplicar por vía de excepción de
inconstitucionalidad una expresión contenida en el artículo 2.º del Decreto 1047
de 1978.

24. Precisó que la interpretación dada a la norma mencionada ha sido aplicada
de forma reiterada. En ese sentido, la decisión objetada no se fundó en
consideraciones caprichosas o arbitrarias ajenas «al entendimiento judicial que
sobre la norma se ha realizado».

25. Por último, precisó que no vulneró los derechos fundamentales de la
entidad actora y que el mecanismo constitucional de la referencia no tiene
vocación de prosperidad.

1.6.2. Luis Arnovith Patiño Jaramillo

26. Por intermedio de apoderado judicial, solicitó que se nieguen las
pretensiones propuestas por la UGPP. A su juicio, lo que pretende la entidad
actora es que se revoque un pronunciamiento judicial ajustado a derecho y reabrir
debates que ya fueron zanjados en estrados judiciales.

27. Declaró que no ha incurrido en la vulneración alegada por la parte actora.
Por el contrario, acceder a lo pedido conllevaría a que se transgredan los
principios de seguridad jurídica, favorabilidad y confianza legítima de los
administrados respecto del Estado.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

28. Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de
tutela presentada por la parte actora contra el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el
Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto 1069 de 2015 modificado
por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del
Consejo de Estado.

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2.2. Cuestión previa

29. La parte tutelante alegó que la sentencia de 27 de octubre de 2022 está
viciada de los defectos sustantivo, fáctico, de desconocimiento de precedente y
de violación directa de la Constitución. Sin embargo, la totalidad de sus reproches
apuntan hacia un solo eje consistente en que la vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia
acaeció con la indebida interpretación del artículo 2 del Decreto 1047 de 1978,
pues el señor Patiño Jaramillo no cumplió con el requisito de estar vinculado al
DAS para el momento en que alcanzó los 50 años de edad.

30. En virtud de lo anterior, en caso de que se superen los requisitos generales
de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales en el asunto
bajo estudio, se examinará si, en el marco del defecto sustantivo, la providencia
enjuiciada desconoció la norma mencionada y erró al reconocer la pensión de
jubilación otorgada en el marco del proceso ordinario con radicado 2016-00142-
01.

2.3. Legitimación en la causa

31. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento
de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea
el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

32. Con fundamento en lo expuesto, la Sala advierte que la UGPP fungió
como demandada en el medio de control de reparación directa con radicado
66001 23 33 000 2016 00142 01. Por tanto, la entidad es titular de los derechos
fundamentales cuya protección reclama. En consecuencia, goza de legitimación
en la causa por activa.

33. Por otro lado, la Sala evidencia que el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A se encuentra legitimado en la causa por pasiva. Lo
anterior, por ser la autoridad que dictó la sentencia de 27 de octubre de 2022.

2.4. Problemas jurídicos

34. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el
material probatorio recaudado y el informe presentado; los problemas jurídicos a
resolver en el caso concreto son los siguientes:

● ¿Se superan los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales?

35. De resultar afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará

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lo siguiente:

● ¿El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A vulneró los
derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y al debido
proceso de la UGPP al proferir la sentencia de 27 de octubre de 2022?

36. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, (ii) los requisitos generales de procedibilidad, y de superarse los
anteriores supuestos, (iii) el caso concreto.

2.5. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

37. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 20129. Lo anterior, porque hasta ese
momento, las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes
posturas sobre este tema10. En la referida sentencia se estableció que la tutela
contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos
especiales y excepcionales11.

38. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 2014 12. En esta sentencia
se establecieron seis requisitos adjetivos de procedencia13 y ocho defectos
especiales en los que puede incurrir una providencia judicial14.

9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de

2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
10 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena

antes reseñado.
11 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto

de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
13 Los seis criterios adjetivos establecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto del

2014 son: i). Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) Que
se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance
de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración.
iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto
decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en
el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de sentencias de
tutela.
14 Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando

el funcionario judicial que profirió́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́
completamente al margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el
juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la decisión; iv). Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con

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39. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y determinar si se
configuran los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los
siguientes requisitos generales de procedencia:

i) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) efecto decisivo de la irregularidad procesal.

40. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice
el fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
estudiar si se configura uno o más de los defectos especiales de procedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la Sala ha
establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se
requerirá:

i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de
tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión, y,

ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

41. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

42. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar si en el caso concreto
concurren los requisitos de procedibilidad. En caso de encontrarlos superados,
se resolverá si la sentencia censurada incurrió en los defectos aludidos.

2.6. Estudio del requisito general de procedibilidad de la relevancia
constitucional

43. Al respecto, esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de 2022

base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el
juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma
de una decisión que afecta derechos fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos
de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de
su órbita funcional; vii). Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario
aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa de la Constitución.

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Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
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modificó la postura que venía manejando sobre el estudio del requisito de
relevancia constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se hace
evidente que los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico, sin
que se pueda advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una
posible vulneración de una garantía constitucional15.

44. De esta manera, en esa oportunidad, se planteó que el estudio de la
relevancia constitucional debía estar acompasado con los criterios establecidos
por la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022, los cuales fueron
acogidos por esta Corporación. En concreto, estos presupuestos se refieren a:

i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;

ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo sólo está instituido para proteger derechos fundamentales y no para
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende,
no debe ser un debate exclusivamente legal; y

iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración
ostensible de un derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias
corresponde definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse
en una tercera instancia.

45. Adicionalmente, en el fallo de unificación referenciado la Corte explicó que,
dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se
interponga un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial
“el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”.

46. Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una
alta corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta
que la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no solo tienen relevancia
en términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la
búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y,
por esta vía, en la materialización del principio de igualdad”.

47. Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la
acción de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no
una corrección del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este
instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o

15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29

de septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.

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formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo
anterior como un eje fundamental para “lograr un correcto entendimiento de los
hechos y del problema jurídico, pues así se previene la irrupción del juez de tutela
en asuntos que no son de su competencia y se garantiza que la cuestión sea
analizada a la luz de la Constitución”.

48. Conforme a lo decidido en anteriores oportunidades, la Sala entrará a
decidir si en el presente caso el asunto reviste o no de relevancia constitucional,
de conformidad con los criterios antes planteados y atendiendo a los fines
acogidos por la Corte Constitucional y esta Corporación.

2.6.1. Relevancia constitucional en el caso concreto

49. Como se expuso en precedencia, a juicio de la UGPP, el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A desconoció el artículo 2 del Decreto
1047 de 1978. Especialmente, el requisito consistente en que los funcionarios
que hayan aprobado el curso de dactiloscopistas y cumplan más de 18 años al
servicio del DAS, pueden acceder a la pensión de jubilación que cobija este tipo
de servidores, siempre que al alcanzar la edad de 50 años, sigan vinculados a la
entidad.

50. La UGPP insistió en que el señor Patiño Jaramillo fue declarado
insubsistente del DAS el 5 de enero de 2002 y cumplió los 50 años el 28 de
febrero de 2011. Agregó que, con el reconocimiento efectuado, se desconoció el
precedente de la Corte Constitucional dispuesto en las sentencias C-596 de 1997
y C-242 de 2009, pues confundió los derechos adquiridos con las simples
expectativas.

51. Al respecto, la Sala comienza por resaltar que, en efecto, la sentencia
cuestionada determinó que el señor Patiño Jaramillo no se encontraba vinculado
al DAS para el momento en que cumplió 50 años de edad, tal como lo exige la
literalidad de la norma. Esto, «en atención a que nació el 28 de febrero de 1961
y se retiró del DAS el 4 de enero de 2002». No obstante, consideró que no era
necesario el obedecimiento del señalado requisito, siempre que el interesado
hubiere acumulado el tiempo de servicio requerido para acceder a la prestación.
Es decir, más de 18 años de servicio.

52. De conformidad con lo anterior, acudió a la figura de la excepción de
inconstitucionalidad para inaplicar el aparte referido a la edad del artículo 2 del
Decreto 1047 de 1978. Refirió que acceder a lo opuesto, esto es, exigirle al
funcionario del DAS con más de 18 años al servicio de la entidad, permanecer
vinculado hasta los 50 años, resultaba contrario a la Constitución. Explicó que lo
expuesto era violatorio del derecho a la igualdad y desproporcionado, pues para
quienes alcanzaron 20 años al servicio del DAS no se les obligaba la
permanencia al servicio estatal.

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53. Agregó que, la finalidad del artículo 2 del Decreto 1047 de 1978 sería inane
si se exige el acatamiento del criterio de permanecer vinculados hasta los 50
años, a partir de la siguiente interpretación:

Por otra parte, resulta de mayor importancia destacar que si el artículo 2 del
Decreto 1047 de 1978 pretendía generar algún beneficio o flexibilizar los requisitos
para quienes hayan acumulado un tiempo considerable de servicio, implica
entender que exigirle a estos servidores que permanezcan hasta los 50 años al
servicio del DAS no resultaría acorde con la finalidad de la norma, si se tiene en
cuenta que se debían vincular entre los 20 y 26 años de edad, según lo dispuesto
en el Decreto 1550 de 1978.

Esto es así, por cuanto si un detective se vincula incluso en la edad máxima posible
de ingreso (26 años), al alcanzar el tiempo de servicio (18 años) cumpliría apenas
44 de edad, por lo que no colmaría el requisito de permanecer hasta los 50 años
en vigencia del vínculo legal y reglamentario con el DAS, como lo establece la
norma, lo que se traduciría en que dicha disposición carecería de un efecto útil, ya
que ningún servidor lograría acreditar esos supuestos y a la postre correspondería
una carga mayor y de imposible cumplimiento.

54. De la anterior exposición se extrae que, por un lado, la Sección Segunda
del Consejo de Estado resolvió realizar una excepción de inconstitucionalidad en
aras de salvaguardar el sentido del beneficio que contempló el artículo 2 del
Decreto 1047 de 1978. Puso de presente que la adaptación de esta figura jurídica
era necesaria, dado que el señor Patiño Jaramillo acreditó la aprobación del curso
de dactiloscopista y completó más de 18 años al servicio de la entidad, pero no
estaba vinculado al cumplir los 50 años.

55. Por otro lado, la parte tutelante señaló que en la sentencia de 27 de
octubre de 2022 se le dio un alcance que no contemplaba el artículo 2 del Decreto
1047 de 1978, se desconoció su literalidad, hubo una indebida interpretación y
se omitió que el ciudadano referido fue declarado insubsistente el 5 de enero de
2002, esto es, antes de tener 50 años.

56. Así las cosas, contrario a la proposición de un cargo contra la providencia
objeto de reproche, se evidencia que la UGPP no está conforme con la
inaplicación efectuada por la autoridad judicial mencionada del requisito en
cuestión, a partir de la excepción de inconstitucionalidad. En otras palabras, a
partir del escrito de tutela se desarrollan una serie de acusaciones que apuntan
a desacuerdos de la entidad con el reconocimiento pensional efectuado, sin que
se exponga con una carga argumentativa mínima del por qué la providencia
objetada resultó vulneradora de los derechos fundamentales al debido proceso y
de acceso a la administración de justicia.

57. Se insiste, el otorgamiento del derecho pensional efectuado en la
sentencia de 27 de octubre de 2022 ocurrió a partir de una excepción de
inconstitucionalidad. La UGPP se encuentra en desacuerdo con ello, pero no

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reprochó de ninguna forma la aplicación de esta figura, ni porque esta situación
desbordó los derechos que reclama o los postulados constitucionales.

58. El cargo o reproche principal de la entidad actora va encaminado a insistir
en una inadecuada interpretación de la norma, sin argumentar o tener en cuenta
que la disposición fue objeto de la figura de la excepción de inconstitucionalidad.
Así las cosas, no se cumple con la carga mínima argumentativa contra esta
figura.

59. Sobre la plurimencionada figura constitucional, la alta corporación en
materia de derechos fundamentales ha dicho lo siguiente16:

La jurisprudencia constitucional ha definido que “la excepción de
inconstitucionalidad es una facultad o posibilidad (o si se quiere, una herramienta)
de los operadores jurídicos, en tanto no tiene que ser alegada o interpuesta como
una acción; pero se configura igualmente como un deber en tanto las autoridades
no pueden dejar de hacer uso de ella en los eventos en que detecten una clara
contradicción entre la disposición aplicable a una caso concreto y las normas
constitucionales”. En consecuencia, esta herramienta se usa con el fin de proteger,
en un caso concreto y con efecto inter partes, los derechos fundamentales que se
vean en riesgo por la aplicación de una norma de inferior jerarquía y que, de forma
clara y evidente, contraría las normas contenidas dentro de la Constitución Política.
(Cursiva del texto original).

60. Así las cosas, contrario a ser vulneradora de garantías de raigambre ius
fundamental, o contraria a los postulados de la Carta Política, la excepción de
inconstitucionalidad es una herramienta utilizada por los jueces de la República
para proteger derechos fundamentales con la inaplicación de una norma contraria
a los principios rectores del Estado Social de Derecho, dispuestos en el texto de
1991.

61. De conformidad con lo anterior, para la Sala lo que pretende la UGPP es
reabrir el debate normativo zanjado al interior del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 2016-00142, con el fin de que se exija
el cumplimiento del requisito de la vinculación del señor Patiño Jaramillo en el
DAS hasta sus 50 años para que se niegue el reconocimiento pensional. Desde
otra perspectiva, pretende utilizar este mecanismo constitucional como una
instancia procesal adicional en la que sean desfavorables las súplicas de la
demanda en la que fungió como accionada.

62. Se resalta, además, que sus reproches se enmarcan en un descontento
con la interpretación legal efectuada, sin que haya cuestionado la aplicación de
la figura de la excepción de inconstitucionalidad, que fue la que dio lugar a que
se accediera a la pensión de jubilación pedida en el mencionado medio de
control.

16 Entre otras, en la sentencia SU-132 de 2013.

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63. En vista de lo esbozado, corresponde declarar que este mecanismo
judicial es improcedente porque no reviste relevancia constitucional dado que no
existe una carga mínima argumentativa que controvierta la utilización de la figura
de la excepción de inconstitucionalidad. Lo anterior, se reitera, porque los cargos
de esta tutela se dirigen a señalar que se aplicó inadecuadamente el artículo 2
del Decreto 1047 de 1978, sin tener en cuenta que sobre esta disposición se
realizó una excepción de inconstitucionalidad. En este orden, se echa de menos
argumentos tendientes a controvertir la utilización de esta figura para el caso
concreto.

2.6.2. Subsidiariedad en el caso concreto

64. Adicionalmente, no puede desconocer la Sala que, de conformidad con el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, es viable interponer el recurso extraordinario
de revisión frente al reconocimiento de «sumas periódicas a cargo del tesoro
público o de fondos de naturaleza pública», especialmente cuando la prestación
otorgada resultó violatoria del debido proceso. Para el efecto, la UGPP tiene cinco
años siguientes a la ejecutoria de la providencia objetada, de acuerdo con el
artículo 251 de la Ley 1437 de 2011.

65. Sobre el carácter subsidiario de la acción de tutela en casos de pensiones
otorgadas con un «presunto abuso del derecho o fraude a la ley», la Corte
Constitucional precisó lo siguiente, en la sentencia SU-115 de 2018:

44. La Sala Plena de la Corte Constitucional, en casos en los que se cuestiona
un posible abuso del derecho en un reconocimiento pensional, unificó su
jurisprudencia en relación con la satisfacción del requisito de subsidiaridad de la
acción de tutela, a partir de la Sentencia SU-427 de 2016[41]. Estas reglas fueron
objeto de reciente precisión en la Sentencia SU-631 de 2017, en la que se supeditó
la procedencia de la acción de tutela, a pesar de que la UGPP contara con la
posibilidad de agotar el recurso extraordinario de revisión que regulan los artículos
19 y 20 de la Ley 797 de 2003[42], a que se tratara de un supuesto de “abuso
palmario del derecho”, cuya configuración sujetó a dos condiciones: (i) la
necesidad de verificar que se tratara de una “vinculación precaria” y (ii) que se
tratara de un “incremento excesivo en la mesada pensional”. En caso de que no
se acreditara tal supuesto, el medio judicial disponible sería no solo eficaz, sino,
además, no podría considerarse que se tratara de un caso de perjuicio
irremediable, que ameritara la protección constitucional transitoria[43]. (Cursiva del
texto original).

66. Visto lo anterior, los cargos señalados por la parte actora no se enmarcan
dentro de lo que el alto tribunal Constitucional ha denominado «un abuso
palmario del derecho». Esto, dado que, no se alegó la ocurrencia de una
vinculación precaria o un incremento excesivo, sino que se discute el
reconocimiento pensional efectuado.

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67. Es importante resaltar que la acción de tutela, dada su naturaleza
subsidiaria, «pretende evitar que se soslayen los cauces ordinarios para la
resolución de las controversias jurídicas, se convierta en un instrumento
supletorio cuando no se han utilizado oportunamente dichos medios, o sea una
instancia adicional para reabrir debates concluidos»18.

68. Por lo anterior, para esta Sala tampoco se logró satisfacer el requisito de
la subsidiariedad, pues la UGPP cuenta con el recurso extraordinario de revisión
para controvertir el reconocimiento pensional efectuado en la sentencia de 27 de
octubre de 2022, si estima que este es contrario a derecho o a la Constitución.

2.7. Conclusión

69. Se declarará improcedente la tutela de la referencia. Lo anterior, porque la
parte actora pretende utilizar este mecanismo judicial como una tercera instancia
en la que se niegue el reconocimiento pensional bajo sus argumentos y porque
cuenta con el recurso extraordinario de revisión para plantear lo que expuso por
esta vía al poner en tela de juicio el fallo de 27 de octubre de 2022.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la tutela formulada por la UGPP
contra la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de
su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

15
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PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”

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