Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-03469-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-03469-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2023-03469-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
13 de diciembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., trece (13) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03469-01
Demandante: Wilson Alfonso Andrade
Demandado: Consejo de Estado, Sección Quinta y otro.
Temas: Tutela contra providencia judicial / Acción de cumplimiento frente
al artículo 33 del Decreto Ley 1042 de 1978, sobre la jornada de
trabajo de los empleados públicos de la Procuraduría General
de la Nación / Desconocimiento del precedente y defecto
sustantivo
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala la impugnación interpuesta por Wilson Alfonso Andrade, en contra
de la sentencia proferida el 18 de septiembre de 2023 por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B, mediante la cual se decidió la solicitud de amparo
de la referencia.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud1
Wilson Alfonso Andrade promovió solicitud de tutela con el fin de que se ampararan
sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, los cuales consideró vulnerados con ocasión de la sentencia proferida el 16
de marzo de 2023 por el Consejo de Estado, Sección Quinta, en la acción de
cumplimiento identificado con el radicado 76001-23-33-000-2022-01038-01.
Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:
i) Wilson Alfonso Andrade solicitó ante la Procuraduría General de la Nación el
cumplimiento a la jornada laboral de 44 horas a la semana establecidas como
mandato obligatorio para los servidores públicos en el artículo 33 del Decreto 1042
de 1978, frente a la cual recibió contestación negativa.
ii) El demandante interpuso acción de cumplimiento contra el ente de control, con el
1 Ver índice 2 de SAMAI en el expediente 11001031500020230346900. Archivo denominado
«ED_TUTELACONTRAELCON(.pdf) NroActua 2»
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03469-01
Demandante: Wilson Alfonso Andrade
fin de lograr el acatamiento de los disposiciones de la norma antes referida.
iii) El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante sentencia del 30 de enero
de 2023 negó las súplicas de la demanda al considerar que el mandato cuyo
cumplimiento se solicita no se aplica a la Procuraduría General de la Nación. En
contra de esta decisión la parte demandante interpuso recurso de apelación.
iii) El Consejo de Estado, Sección Quinta, a través de la sentencia del 16 de marzo
de 2023 confirmó lo resuelto por el a quo, al considerar que no existe mandato
exigible a la Procuraduría General de la Nación, pues, la disposición invocada es
clara en establecer que la jornada de trabajo de 44 horas semanales es respecto de
aquellos cargos con la asignación mensual fijada en las escalas de remuneración
indicadas en esa norma.
iv) En relación con esa decisión, la parte actora considera que la corporación judicial
demandada vulneró sus derechos fundamentales al incurrir en desconocimiento del
precedente2 jurisprudencial de la Corte Constitucional, en tanto, omitió que «la
fijación de los salarios y prestaciones de los funcionarios y empleados de la Procuraduría y
la Fiscalía también tiene influencia sobre las finanzas públicas, [por lo que] no es coherente
que ellos sean apartados de la norma general y que su remuneración sea fijada
directamente por el Congreso»; así como el del Consejo de Estado3, en lo referente a
la fijación de la jornada laboral, la cual es «de origen legal, es decir, que corresponde al
legislador regular sus mínimos y sus máximos, mientras que, a los jefes o directores de
cada entidad, les corresponde definir lo relacionado con el «horario», sujetándose, como es
obvio, a lo regulado por el legislador sobre la «jornada»».
Asimismo, consideró que se incurrió en defecto sustantivo, pues, se «inobservó que
la jornada laboral de los servidores públicos en general es regida por el Gobierno Nacional
como lo establecen las letras e y f del numeral 19 del artículo 150 de la Constitución
Nacional. Además el Decreto 262 de 2000 No tiene una jornada laboral establecida como
SI la tiene el Decreto 720 de 1978 en su artículo 33 que rige la jornada laboral de la
Contraloría General de la República, al Procurador General de la Nación solamente se le
autoriza competencia para establecer el horario de trabajo en cumplimiento de la jornada
laboral y de acuerdo al mandato establecido en el artículo 22 de la Ley 909 de 2004, en
razón al vacío existente en el Decreto 262 de 2000 el cual carece de una jornada laboral
establecida por el Gobierno Nacional, de manera supletoria este Organismo debe darle
cumplimiento al artículo 33 del Decreto 1042 de 1978 cumpliendo jornada laboral de
cuarenta y cuatro (44) horas semanales»
1.1.2. Pretensiones
Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó lo siguiente:
«[…] 1: Con fundamento en las razones previamente expuestas, de la manera más
respetuosa le solicito al Honorable Juez o Tribunal Constitucional que en suerte
corresponda, REVOCAR la Sentencia de Primera Instancia No. 002 bajo Radicación No.
76-001-23-33-2022-01038-00 de fecha enero 30 de 2023 proferida por el Honorable
2 C- 312 de 1997
3 Sentencia del 17 de julio de 2019. Expediente 11001-03-25-000-2017-00146- 00(0853-17)
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Demandante: Wilson Alfonso Andrade
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y la Sentencia de Segunda Instancia bajo
Radicación No. 76001-23-33-000-2022-01038-01 de dieciséis (16) de marzo de dos mil
veintitrés (2023) proferida por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta
del el Honorable Consejo de Estado representada por los Honorables Magistrados LUIS
ALBERTO ALVAREZ, ROCIO ARAUJO OÑATE, CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Y PEDRO PABLO VANEGAS GIL, y ORDENAR a la Procuraduría General de la Nación
en Cabeza de la Señora Procuradora General, doctora MARGARITA CABELLO
BLANCO como su Máximo Representante y demás servidores públicos de este
Organismo, el cumplimiento del artículo 33 del Decreto 1042 de 1978. (44 horas de
labores a la semana).
2). Si la Procuraduría General de la Nación tiene una ley expedida por el Congreso de la
República, o norma alguna que la exonere del cumplimiento del mandato establecido en
el artículo 33 del Decreto 1042, que lo demuestre aportándola al aquí referido proceso y
se me suministre copia al respecto.
3). De igual manera, si la Procuraduría General de la Nación tiene una ley expedida por
el Congreso de la República, o norma alguna que le otorgue la competencia de reducir
cuatro (4) horas del mandato establecido en el artículo 33 del Decreto 1042, que lo
demuestre aportándola al aquí referido proceso y se me suministre copia al respecto.
4). De igual manera, si la Procuraduría General de la Nación tiene una ley expedida por
el Congreso de la República, o norma alguna que le autorice de manera unilateral
establecer una jornada laboral de cuarenta (40) horas a la semana, que lo demuestre
aportándola al aquí referido proceso y se me suministre copia al respecto […]».
1.2. Informes rendidos en el proceso
1.2.1. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca4 si bien allegó copia digital
del expediente, guardó silencio frente a la solicitud de amparo.
1.2.2. La Procuraduría General de la Nación5 requirió que sea negada la solicitud
de amparo en la medida que no se acreditó ningún perjuicio irremediable, además,
de que el revisar el contenido de las decisiones proferidas por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca y el Consejo de Estado, no se observa que estén
incursas en algún tipo de vulneración a las garantías fundamentales del
demandante.
Asimismo, consideró que la verdadera intención del demandante es convertir la
tutela en una instancia adicional.
1.2.3. El Consejo de Estado, Sección Quinta6, solicitó que se declare
improcedente el amparo peticionado por no satisfacer el requisito de la relevancia
constitucional, pues el demandante se limitó a reiterar los argumentos expuesto en
la acción de cumplimiento por la no aplicación de la jornada laboral de 44 horas a la
semana previstas en el artículo 33 de la Ley 1042 de 1978 para los servidores de la
4 Ver índice 9 en el expediente 11001-03-15-000-2023-03469-01. Archivo denominado
«RECIBEPRUEBAS_76001233300020220103(.zip) NroActua 9»
5 Ver índice 10 de SAMAI en el expediente 11001-03-15-000-2023-03469-01. Archivo denominado
«RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_CONTESTACIONTUTELA(.pdf) NroActua
10»
6 Ver índice 11 de SAMAI en el expediente 11001-03-15-000-2023-03469-01. Archivo denominado
«CONTESTACIONDEMANDA_INFORME_14_14_11001031500020(.pdf) NroActua 11»
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-03469-01
Demandante: Wilson Alfonso Andrade
Procuraduría General de la Nación, lo cual conduce a querer convertir a la tutela en
una tercera instancia.
1.3 Sentencia de primera instancia7
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, mediante sentencia del 18
de septiembre de 2023 declaró improcedente la solicitud de tutela, por no satisfacer
el requisito de la relevancia constitucional, al evidenciar «que el accionante reiteró los
mismos argumentos que expuso en la acción de cumplimiento, concretamente, en la
demanda y en el recurso de apelación contra la Sentencia de primera instancia de 30 de
enero de 2023, los cuales fueron resueltos por el juez natural (Sección Quinta del Consejo
de Estado)», por lo que no hay fundamento que amerite la intervención del juez de
tutela.
El magistrado Alberto Montaña Plata presentó aclaración de voto8, donde manifestó
que la solicitud de tutela si cumplía con el requisito de relevancia constitucional, más
sin embargo, no se configuró ningún defecto en la providencia objeto de reproche,
razón por la que debió negarse el amparo solicitado.
1.4. El escrito de impugnación9
La parte demandante impugnó la decisión del a quo para lo cual reiteró los
argumentos expuestos en el escrito de tutela, es decir, que la jornada laboral de 44
horas a la semana establecida en el articulo 33 del Decreto 1042 de 1978 también
es aplicable a los servidores públicos de la Procuraduría General de la Nación.
2. Consideraciones
En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración
en el siguiente orden: i) competencia para decidir, ii) cuestión previa, iii) procedencia
de la tutela contra providencia judicial, iv) problema jurídico y v) análisis de la Sala.
2.1. Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1382 de 200010 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 201911, esta Sala es
competente para conocer la presente impugnación contra la sentencia de tutela
proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B.
2.2. Cuestión previa
7 Ver índice 19 de SAMAI expediente 11001031500020230346900. Archivo de denominado
«SENTENCIA(.pdf) NroActua 19»
8 Ver índice 27 de SAMAI en el expediente 11001-03-15-000-2023-03469-01. Archivo denominado
ACLARACIONDEVOTO(.pdf) NroActua 27
9 Ver índice 25 de SAMAI expediente 11001031500020230346900. Archivo de denominado
«RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_IMPUGNACIONSENTENCI(.pdf)NroActua
25»
10 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.
11 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
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Demandante: Wilson Alfonso Andrade
Se advierte que, pese a que en el escrito inicial se cuestiona la legalidad de las
decisiones proferidas por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y del
Consejo de Estado, Sección Quinta, se observa que los argumentos que sustentan
sus pretensiones son similares respecto a una y otra.
Por lo anterior y en atención a que la providencia del 30 de enero del 2023, proferida
en primera instancia fue apelada y el Consejo de Estado, Sección Quinta, desató el
recurso a través de la sentencia del 16 de marzo del 2023, al confirmar lo resuelto
por el a quo, el reclamo constitucional formulado será estudiado solo respecto a esta
última, en tanto fue la que puso fin al proceso.
2.3. Procedencia de la tutela contra providencia judicial
En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo del
Consejo de Estado12 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas
que en su interior se habían desarrollado sobre el tema.13 Al respecto señaló lo
siguiente:
«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional,
de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita,
como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se
esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.
[Resalta la Sala].
Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.
Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena,14 adoptó los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para
establecer la procedencia de la tutela como mecanismo residual y excepcional para
la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86
Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta solicitud se puede presentar
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-
01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
13 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Demandante: Wilson Alfonso Andrade
además contra decisiones de las altas cortes que desconozcan derechos
fundamentales.
Ahora bien, la Corte Constitucional15 ha señalado que la solicitud de amparo debe
cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se
haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado
inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se
hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos
sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será
declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.
A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos,16 el
juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad
de la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno
de los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto
sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales.17
Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad
que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el
debate que se había planteado en la instancia correspondiente.
2.4. Problema jurídico
La Sala deberá definir si: ¿El Consejo de Estado, Sección Quinta, vulneró los
derechos fundamentales de Wilson Alfonso Andrade con ocasión de la sentencia
del 16 de marzo de 2023, a través de la cual confirmó la negativa frente a las
pretensiones de que se ordene aplicar la jornada laboral de 44 horas a la semana
establecida en el artículo 33 del Decreto 1042 de 1978 a los servidores públicos de
la Procuraduría General de la Nación, con lo cual incurrió, presuntamente, en
desconocimiento del precedente y defecto sustantivo?
2.5. Análisis de la Sala
2.5.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de tutela
y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado,
procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.
15 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y
C-590 de 2005.
16 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
17 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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2.5.2. Desconocimiento del precedente judicial
En este punto, en cuanto al desconocimiento de precedente alegado se recuerda
que un análisis sistemático del artículo 230 de la Constitución Política permite
afirmar que los jueces guardan una carga de respetar los precedentes relevantes
como un imperativo derivado del principio de igualdad y un medio para promover la
seguridad jurídica, la confianza de la sociedad en la estabilidad, la predictibilidad de
las decisiones judiciales y la unificación de la interpretación de las normas jurídicas.
Adicionalmente, el principio de legalidad ordena un manejo adecuado de estos,
como medio para erradicar la arbitrariedad de las decisiones judiciales, presupuesto
esencial del Estado Social de Derecho.
La Corte Constitucional ha considerado que el precedente es toda decisión previa
adoptada principalmente por los órganos de cierre de las diferentes jurisdicciones
que, por abordar un problema jurídico originado en hechos idénticos o semejantes
desde un punto de vista jurídicamente relevante al que debe resolver el juez, debe
ser tenido en cuenta como condición de eficacia del principio de igualdad. El
adecuado manejo del precedente conlleva entonces la obligación de seguir el curso
de decisión trazado en la ratio decidendi de una o varias sentencias previas, salvo
si existen razones jurídicas particularmente poderosas que impongan modificarlo.
Esas razones pueden provenir de un cambio en el ordenamiento positivo, de la
modificación de las bases axiológicas del sistema jurídico o de una drástica
transformación de las condiciones sociales en las que se adoptaron aquellas
decisiones, de tal entidad que las torna en injustas o incorrectas en el orden de
cosas actual. De igual manera, el juez puede apartarse del precedente si, pese a la
existencia de algunas similitudes entre uno y otro caso, encuentra diferencias de
mayor peso que justifican un tratamiento diverso a la situación objeto de estudio.
Finalmente, eventos en los que se evidencia una incompatibilidad en el sentido de
decisiones precedentes, relevan al juez de obediencia pues, en términos prácticos,
no existe un precedente claro que lo vincule.
En cualquier caso, el juez debe cumplir una carga de transparencia, identificando
los precedentes relevantes; de suficiencia, dando a conocer las razones que en su
concepto justifican el cambio de dirección decisional, y precisando por qué esa
modificación lleva a una mejor interpretación del orden jurídico además de ello
reporta mayores beneficios que el detrimento en la seguridad jurídica y la igualdad
que se derivara de la desobediencia al precedente.
2.5.3. Defecto sustantivo o material
En cuanto al defecto sustantivo, es importante recordar que la Corte Constitucional
ha señalado que este se presenta cuando, el juez adopta una decisión que desborda
del marco constitucional y legal, al apoyarse en una norma evidentemente
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inaplicable al caso concreto18. En su jurisprudencia, la corporación ha resaltado que
este defecto encuentra su origen en el hecho de que, si bien los jueces gozan de
autonomía e independencia judicial para interpretar y aplicar normas jurídicas, esta
no es una facultad absoluta19, para lo cual precisó que los límites se encuentran en
el orden jurídico preestablecido y los valores, principios, derechos y garantías que
identifican al actual Estado Social de Derecho.
El Alto Tribunal de lo Constitucional ha identificado una serie de situaciones en las
que se detecta el defecto sustantivo, a saber: (i) la sentencia se fundamenta en una
norma que no es aplicable; (ii) a pesar de la autonomía judicial, la interpretación o
aplicación de la norma al caso concreto no está dentro del margen de razonabilidad,
es de forma abierta contra evidente o perjudicial para los intereses legítimos de las
partes o es manifiestamente errada; (iii) no se toman en cuenta sentencias que
hayan definido el alcance de la norma aplicada; (iv) la disposición aplicada se torna
regresiva o contraria a la Constitución; (v) no se efectúa una interpretación sistémica
de la norma y (vi) se desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso.
A partir de lo anterior, es claro que no cualquier diferencia en la interpretación en
que se funde una decisión judicial configura este defecto; pues para tener tal entidad
debe ser considerada irrazonable, desproporcionada, arbitraria o caprichosa.
Además, la irregularidad debe ser de tal gravedad e importancia, que la decisión
proferida por la autoridad judicial obstaculice o lesione la efectividad de los derechos
fundamentales de los sujetos procesales20.
2.5.4. Sobre el caso concreto
Wilson Alfonso Andrade acudió al juez de tutela con el fin de que se ampararan sus
derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efecto la sentencia
proferida el 16 de marzo de 2023 por el Consejo de Estado, Sección Quinta, en
cuanto confirmó la decisión del a quo de negar las pretensiones de la acción de
cumplimiento, respecto de la aplicación de la jornada laboral de 44 horas a la
semana establecidas en el artículo 33 del Decreto Ley 1042 de 1978 a los
funcionarios de la Procuraduría General de la Nación.
Lo anterior, según insistió en el escrito de impugnación, al incurrir en
desconocimiento del precedente21 jurisprudencial de la Corte Constitucional, en
tanto, omitió que «la fijación de los salarios y prestaciones de los funcionarios y
empleados de la Procuraduría y la Fiscalía también tiene influencia sobre las
finanzas públicas, [por lo que] no es coherente que ellos sean apartados de la norma
general y que su remuneración sea fijada directamente por el Congreso»; así como
el del Consejo de Estado22, en lo referente a la fijación de la jornada laboral, la cual
es «de origen legal, es decir, que corresponde al legislador regular sus mínimos y sus
18 Corte Constitucional, sentencias T-008 de 1999 y SU-416 de 2015.
19 Corte Constitucional, sentencias T-757 de 2009 y T-367 de 2018
20 Corte Constitucional, sentencias SU-050 de 2017 y T-367 de 2018
21 C- 312 de 1997
22 Sentencia del 17 de julio de 2019. Expediente 11001-03-25-000-2017-00146- 00(0853-17)
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máximos, mientras que, a los jefes o directores de cada entidad, les corresponde definir lo
relacionado con el «horario», sujetándose, como es obvio, a lo regulado por el legislador
sobre la «jornada»».
Asimismo, consideró que se incurrió en defecto sustantivo, ya que «al Procurador
General de la Nación solamente se le autoriza competencia para establecer el horario de
trabajo en cumplimiento de la jornada laboral y de acuerdo al mandato establecido en el
artículo 22 de la Ley 909 de 2004, en razón al vacío existente en el Decreto 262 de 2000 el
cual carece de una jornada laboral establecida por el Gobierno Nacional, de manera
supletoria este Organismo debe darle cumplimiento al artículo 33 del Decreto 1042 de 1978
cumpliendo jornada laboral de cuarenta y cuatro (44) horas semanales».
Para mayor claridad del asunto, se recuerda que las pretensiones propuestas en la
acción de cumplimiento impetrada por Wilson Alfonso Andrade se dirigían a que se
le ordenará a la Procuraduría General de la Nación dar aplicación a la jornada
laboral establecida en el artículo 33 del Decreto Ley 1042 de 1978, respecto de sus
funcionarios.
El Consejo de Estado, Sección Quinta, mediante sentencia del 16 de marzo de 2023
confirmó la decisión de negar las pretensiones propuestas, al considerar que el
artículo 33 del Decreto 1072 de 1978, no es aplicable al órgano de control
demandado, por cuanto es independiente de la Rama Ejecutiva, conforme con las
previsiones de los artículos 113, 116 y 117 de la Constitución Política.
Expresamente señaló:
«[…] Adicionalmente, la entidad demandada tiene un régimen especial respecto de la
administración de su personal; en esa medida no es posible acceder a lo pretendido por
el actor porque la norma que se dice incumplida está dirigida a la rama ejecutiva tanto
para su nivel nacional y territorial.
Así las cosas, el artículo 33 del Decreto 1072 de 1978 tiene campo de aplicación para
los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos
públicos y unidades administrativas especiales del orden nacional, y prevén la jornada
laboral para quienes desempeñen los empleos que tengan una asignación mensual
fijada en las escalas de remuneración indicadas en ese decreto; sin embargo, del
contenido de la citada disposición no se vislumbra que ello implique que dentro de sus
destinatarios este la procuraduría demandada y menos que ésta deba atender su
contenido y variar los horarios ya establecidos
Por otra parte, en la impugnación el demandante, mencionó que la entidad demandada
incumple el precepto invocado, puesto que el artículo 178 del Decreto Ley 262 de 2000,
hace referencia es al horario de trabajo de los servidores de ese organismo mediante
resolución interna, desconociendo la jornada laboral, que “…representa el número de
horas que el trabajador presta su servicio, mientras que el ‘horario’ hace referencia a la
hora u horas de entrada y/o salida, así de esta manera, la fijación de la jornada laboral
es de origen legal, es decir, que corresponde al legislador regular sus mínimos y sus
máximos, mientras que, a los jefes o directores de cada entidad, les corresponde definir
lo relacionado con el ‘horario, sujetándose, como es obvio, a lo regulado por el legislador
sobre la ‘jornada’”.
Al respecto, se hace necesario señalar que la misma disposición contempla la diferencia
que refiere el accionante para que la rama ejecutiva pueda establecer el horario de
trabajo a partir del límite de la jornada laboral allí prevista, no obstante, si en gracia de
discusión se considerara que el artículo 33 del Decreto 1072 de 1978 fuera aplicable a
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Demandante: Wilson Alfonso Andrade
la demandada, el horario establecido por la Procuraduría es para la atención al público,
sin que ello implique que la jornada laboral del órgano de control sea de 40 horas. ».
Ahora bien, respecto al segundo reproche del demandante frente al supuesto
desconocimiento de precedente del Consejo de Estado y la Corte Constitucional,
para la Sala no es de recibo, en tanto, la situación fáctica estudiada en dichas
oportunidades no es similar a la que ahora se discute, pues pese a que versan sobre
la jornada laboral, de ninguna se deriva la obligatoriedad de la aplicación del artículo
33 del Decreto 1072 de 1978 a los funcionarios de la Procuraduría General de la
Nación.
Como se observa, la autoridad judicial demandada no solamente analizó la jornada
laboral de los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación, quienes
cuentan con un régimen especial, de cara a lo no aplicación del Decreto 1072 de
1978, toda vez que sus destinatarios son los ministerios, departamentos
administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y unidades
administrativas especiales del orden nacional.
A juicio de la Sala, no se evidencia que el Consejo de Estado, Sección Quinta, haya
incurrido en defecto sustantivo ni en desconocimiento del precedente judicial en su
labor de la búsqueda de la verdad, ni que haya pasado por alto la normatividad
aplicable a la jornada laboral de los funcionarios de la Procuraduría General de la
Nación; distinto es, que de acuerdo con la lectura del artículo 33 del Decreto 1072
de 1978, concluyera que la jornada laboral de 44 horas semanales no lee era
aplicable.
En vista de lo anterior, y dado que lo que existe es una inconformidad con el
resultado de la valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela,
en la medida en que aquella visión de los hechos presentada por la autoridad judicial
demandada cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, se
impone negar la solicitud de amparo constitucional pues, se reitera, este mecanismo
no puede convertirse en una tercera instancia.
Conviene insistir en que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica del
juez natural y por lo tanto no le corresponde cuestionar las decisiones adoptadas
dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la vulneración
de derecho fundamental alguno, lo que en el presente caso no se encontró
probado.
En este orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que la
parte demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala revocará la decisión
del a quo para, en su lugar, negar el amparo de los derechos fundamentales de
Wilson Alfonso Andrade, en la solicitud de tutela presentada contra el Consejo de
Estado, Sección Quinta, y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-03469-01
Demandante: Wilson Alfonso Andrade
F A L L A:
Primero. Revocar la sentencia proferida el 18 de septiembre de 2023 por el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección B. En su lugar, negar el amparo de los
derechos fundamentales de Wilson Alfonso Andrade, en la solicitud de tutela
presentada contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Consejo de
Estado, Sección Quinta, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.
Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
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