Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2022-01038-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › 2023 › Radicado 76001-23-33-000-2022-01038-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2022-01038-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 76001-23-33-000-2022-01038-01
Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio
16 de marzo de 2023
Demandante: Wilson Alfonso Andrade
Demandados: Procuraduría General de la Nación y otro
Rad: 76001-23-33-000-2022-01038-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Bogotá, D. C., dieciséis (16) de marzo de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 76001-23-33-000-2022-01038-01
Demandante: WILSON ALFONSO ANDRADE
Demandados: PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTRO
Tema: Confirma decisión que niega pretensiones de la demanda,
al no encontrarse mandato exigible.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la impugnación interpuesta por la parte actora
contra la sentencia de 30 de enero de 2023, mediante la cual el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones de la acción de
cumplimiento.
I. ANTECEDENTES
1. La solicitud
En nombre propio y en ejercicio de la acción desarrollada por la Ley 393 de
1997, el señor Wilson Alfonso Andrade presentó demanda contra la
Procuraduría General de la Nación en la que formuló las siguientes
pretensiones:
“…Ordenar a la Señora Procurador General de la Nación, doctora MARGARITA
CABELLO BLANCO como Máximo Representante de este Organismo y demás
servidores públicos de este Organismo:
1). Dar y ordenar a sus subalternos el estricto cumplimiento de la jornada laboral de
(44) horas a la semana establecidas en el artículo 33 del Decreto Ley 1042 de 1978,
orden que debe ser extendida a todas sus dependencias tanto en el nivel central,
incluidos Organismos adscritos y pertenecientes a la Procuraduría General de la
Nación en el resto del País.
2). Si la Procuraduría General de la Nación tiene una ley expedida por el Congreso
de la República, o norma alguna que la exonere del cumplimiento del mandato
establecido en el artículo 33 del Decreto 1042, de la manera más atenta y con el
debido respeto, le solicito al Honorable Tribunal Administrativo del Departamento
del Valle del Cauca, Ordenar a la Señora Procurador General de la Nación, doctora
MARGARITA CABELLO BLANCO como Máximo Representante de este Organismo
que lo demuestre y se me suministre copia al respecto.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
1
Demandante: Wilson Alfonso Andrade
Demandados: Procuraduría General de la Nación y otro
Rad: 76001-23-33-000-2022-01038-01
4). De igual manera, si la Procuraduría General de la Nación tiene una ley expedida
por el Congreso de la República, o norma alguna que le otorgue la competencia de
reducir cuatro (4) horas del mandato establecido en el artículo 33 del Decreto 1042,
de la manera más atenta y con el debido respeto, le solicito al Honorable Tribunal
Administrativo del Departamento del Valle del Cauca, Ordenar a la Señora
Procurador General de la Nación, doctora MARGARITA CABELLO BLANCO como
Máximo Representante de este Organismo que lo demuestre y se me suministre
copia al respecto. (Sic a todo el texto).
2. Hechos
En resumen, el fundamento fáctico de la demanda es el siguiente:
El 7 de noviembre de 2017 solicitó a la Procuraduría Regional del Valle del
Cauca, que se le indicara las razones por las cuales no se da cumplimiento al
artículo 33 del Decreto Ley 1042 de 1978, debido a que la jornada de ese ente
de control es de cuarenta horas semanales distribuidas de lunes a viernes en
ocho horas diarias, quedando pendientes cuatro horas por cumplir el día
sábado de acuerdo con la referida norma.
El 24 de noviembre de 2017, la Procuraduría Regional le remitió “…copia de la
resolución número 290 del 29 de septiembre de 2001, donde se establece el horario de trabajo
de los servidores de la Procuraduría General de la Nación que laboran en la ciudad de
Santiago de Cali y que está vigente”.
El 25 de enero de 2018, la Procuraduría General de la Nación, informó al actor
que:
“…1. El Decreto 1042 de 1978, está dirigido a empleos de los ministerios, departamentos
administrativos, superintendencias, establecimientos púbicos y unidades administrativas
especiales del orden nacional.
2. El numeral 2.º del artículo 3 de la Ley 909 de 2004, ‘Por la cual se expiden normas que
regulan el empleo público la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras
disposiciones’, indica que las disposiciones contenidas en esa ley se aplicarán,
igualmente, con carácter supletorio, en caso de presentarse vacíos en la normatividad
que los rige, a los servidores públicos de las carreras especiales tales como ‘La
Procuraduría General de la Nación.
3. Así las cosas, el Decreto Ley 262 de 2000 regula el RÉGIMEN ESPECIAL de los
servidores de la Procuraduría General de la Nación, el cual en su artículo 178 establece
que ‘El horario de trabajo de los servidores de la Procuraduría General será establecido
por el Procurador General mediante resolución interna’.
Por lo anteriormente expuesto, la Procuraduría General de la Nación en materia de
horarios internos de trabajo se rige por lo que señala el artículo 178 del decreto Ley 262
de 2000 y las demás normas que de él se desprenden, ya que esta entidad tiene un
régimen especial y de aplicación particular para sus servidores (…) me permito remitirle
una relación de los horarios de trabajo establecidos por el señor Procurador General de
la Nación, para el nivel central y demás dependencias del nivel territorial, a partir del 2000
hasta el 2017, los cuales puede consultar en la página principal de la entidad
https:www.procuraduriagov.co/arelatoria/indez.jsp?option=co.gov.pgn.relatoria.frontend.
component.pagefactory.PirelREsolucionesPageFactory, los que son de consulta abierta
al público; esto teniendo en cuenta las políticas ecológicas y de ahorro de papel
implementadas por el Gobierno Nacional”. (Sic a todo el texto).
El 9 de noviembre de 2022, el actor solicitó a la Procuraduría General de la
Nación, el cumplimiento del mandato establecido en el artículo 33 del Decreto
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Demandante: Wilson Alfonso Andrade
Demandados: Procuraduría General de la Nación y otro
Rad: 76001-23-33-000-2022-01038-01
Ley 1042 de 1978, que prevé una jornada de trabajo de cuarenta y cuatro
horas a la semana, al estimar que los servidores públicos de esa entidad, no
cumplen con esa disposición.
El 5 de diciembre de 2022, la entidad demandada le manifestó al accionante
que “La petición cuyo Radicado (sic) se relaciona en el asunto, será contestada a más tardar
el 27 de diciembre de 2022, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1755 de 2015,
parágrafo del articulo 14 y el Decreto Ley 262 de 2000, articulo 138. Lo anterior obedece a la
consecución de la información necesaria para dar una respuesta de fondo a su solicitud”,
procedimiento que, a juicio del actor, no es congruente con lo establecido en
el artículo 8 de la Ley 393 de 1997.
3. Razones del posible incumplimiento
El accionante consideró que la disposición invocada en la demanda debe ser
acatada por la entidad accionada, debido a que ese ente de control solo
cumple con cuarenta horas semanales y la jornada laboral a cumplir por parte
de los servidores públicos en general es de cuarenta y cuatro horas a la
semana, como lo establece el artículo 33 del Decreto Ley 1042 de 1978.
4. Trámite de la solicitud en primera instancia
Mediante providencia del 13 de diciembre de 2022, el magistrado sustanciador
del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca admitió la demanda y ordenó
la notificación a la Procuraduría General de la Nación.
5. Contestación de la demanda
El apoderado judicial de la Procuraduría General de la Nación, se opuso a las
pretensiones de la demanda en cuanto carecen de fundamento fáctico y
jurídico.
Precisó que el Decreto 1042 de 1978, en su campo de aplicación indicó que
esa norma regiría para los empleados públicos que desempañan las distintas
categorías de empleos de los ministerios, departamentos administrativos,
superintendencias, establecimientos públicos y unidades administrativas
especiales del orden nacional, sin que haga mención a la Procuraduría
General de la Nación, circunstancia que fue expuesta al accionante desde el
año 2018.
Explicó que el órgano de control, tiene un régimen especial, conforme con las
previsiones del artículo 3º de la Ley 909 de 2004 que prevé que:
“…2. Las disposiciones contenidas en esta ley se aplicarán, igualmente, con carácter
supletorio, en caso de presentarse vacíos en la normatividad que los rige, a los
servidores públicos de las carreras especiales tales como:
• Rama Judicial del Poder Público.
• Procuraduría General de la Nación y Defensoría del Pueblo.
• Contraloría General de la República y Contralorías Territoriales.
• Fiscalía General de la Nación.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Demandante: Wilson Alfonso Andrade
Demandados: Procuraduría General de la Nación y otro
Rad: 76001-23-33-000-2022-01038-01
• Entes Universitarios autónomos.
• Personal regido por la carrera diplomática y consular.
• El que regula el personal docente”.
En este orden de ideas, resaltó que para la Procuraduría hay una norma
especial y expresa, que es el Decreto 262 de 2000, norma vigente, que
consagra en el artículo 178 que “…El horario de trabajo de los servidores de la
Procuraduría General será establecido por el Procurador General mediante resolución
interna”.
Afirmó que, es evidente el desconocimiento del accionante, toda vez que
según criterio unánime de la doctrina jurídica, las normas especiales
prevalecen sobre las generales, conforme con el ordenamiento legal
colombiano, al preceptuar en el artículo 5 de la Ley 57 de 1887 que “…si en los
códigos que se adoptaron en virtud de la misma ley se hallaren algunas disposiciones
incompatibles entre sí, ‘la disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga
carácter general’”.
Agregó que “…es importante resaltarle al accionante, tal y como lo hizo en su momento el
Secretario General de la PGN en el año 2018, que su argumentada aplicabilidad del Decreto
1042 de 1978 no es posible por cuanto existen normas posteriores y especiales que rigen
para la Procuraduría General de la Nación. Si el accionante considera ‘que no le asiste la
razón’ al Secretario General de la Procuraduría General de la Nación, no es la Acción de
Cumplimiento el mecanismo adecuado e idóneo para resolver su inconformidad con las
disposiciones legales existentes y que le son aplicables a éste ente de control.”.
Manifestó que si lo que pretende el demandante es poner en duda la legalidad
de un acto administrativo, este medio de control no es el idóneo, sino la acción
de nulidad, al que bien puede acudir en procura de sus pretensiones “…pues el
mismo no está debatiendo que la PGN esté cumpliendo o no una norma, sino que no está de
acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Ley 262 de 2000 y considera que debe aplicarse lo
dispuesto en el Decreto 1042 de 1978”.
6. Sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante sentencia del 30 de
enero de 2023, precisó que la Procuraduría General de la Nación no se
encuentra dentro del ámbito de aplicación del Decreto Ley 1042 de 1978, toda
vez que ésta tiene un régimen especial para el sistema de administración de
personal, carrera y nomenclatura, regulado en el decreto Ley 262 de 2000. En
ese orden señaló que:
“...si bien el decreto ley 1042 de 1978 impone una jordana de trabajo, se trata de una
norma de carácter general que no es aplicable a la entidad demanda, al existir un
mandato legal especial donde se faculta al Procurador General a fijarla a través de
resoluciones internas, En esta forma, este requisito no se cumple pues la regla de
procedibilidad supone que el mandato cuyo cumplimiento se solicita le sea exigible a la
demandada, y en este caso la norma no establece un mandato claro frente a la entidad
aquí demandada, pues la misma no le resulta aplicable, por lo tanto, la Sala negará las
pretensiones de la acción de cumplimiento”. (Sic a todo el texto).
En consecuencia, dispuso negar el presente medio de control.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Demandante: Wilson Alfonso Andrade
Demandados: Procuraduría General de la Nación y otro
Rad: 76001-23-33-000-2022-01038-01
7. La impugnación1
El accionante, manifestó que no le asiste razón al Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, toda vez la entidad demandada incumple el precepto
invocado, puesto que:
“…el artículo 178 del Decreto Ley 262 de 2000 le otorga competencia al Señor Procurador
general de la Nación solamente para ‘Que establezca el horario de trabajo de los
servidores de este Organismo mediante resolución interna’. Al respecto hay que tener en
cuenta que la ‘JORNADA LABORAL’ se debe diferenciar del ´’HORARIO DE TRABAJO’,
pues, la ‘jornada’ representa el número de horas que el trabajador presta su servicio,
mientras que el ‘horario’ hace referencia a la hora u horas de entrada y/o salida, así de
esta manera, la fijación de la jornada laboral es de origen legal, es decir, que corresponde
al legislador regular sus mínimos y sus máximos, mientras que, a los jefes o directores
de cada entidad, les corresponde definir lo relacionado con el ‘horario, sujetándose, como
es obvio, a lo regulado por el legislador sobre la ‘jornada’”.
Manifestó que en el fallo de primera instancia se indicó que como la entidad
demandada no forma parte de los organismos gubernamentales referidos en
el campo de aplicación del artículo 1 del Decreto Ley 1042 de 1978, el precepto
invocado no le aplica, tesis que no comparte, en razón a que:
“…el Decreto Ley 262 de 2000 a través del cual debe de regirse la Procuraduría General
de la Nación en cumplimiento de sus actuaciones administrativas, entre otras cosas, le
otorga competencia al Procurador General de la Nación para establecer el horario de
trabajo a través de resoluciones internas, y al no hacer referencia a la cantidad de horas
a cumplir los servidores públicos de este Organismo como jornada laboral, se crea un
“Vacío” en la ley que de acuerdo al numeral 2 del artículo 3 de la Ley 909 de 2004, debe
conllevar de manera SUPLETORIA a la aplicación del artículo 33 del Decreto Ley 1042
de 1978”.
Insistió que no le asiste razón al fallador de primera instancia, en razón a que
de manera inequívoca los servidores públicos de la Procuraduría General de
la Nación deben cumplir con el mandado establecido en el Decreto 1042 de
1978, que ordena una jornada laboral de cuarenta y cuatro horas semanales
y no cuarenta como las señaladas en unas resoluciones expedidas por el
organismo demandado que no son congruentes con la jornada laboral
establecida en el artículo 33 ejusdem.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sección Quinta es competente para decidir la impugnación contra la
sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, según lo
dispuesto en los artículos 150 y 152 del Código de Procedimiento
1 La sentencia del 30 de enero de 2023 fue notificada por correo electrónico del 31 de enero
de 2023, y el escrito de impugnación fue radicado el 2 de febrero de 2023, término que se
encuentra oportuno.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Demandante: Wilson Alfonso Andrade
Demandados: Procuraduría General de la Nación y otro
Rad: 76001-23-33-000-2022-01038-01
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del
Acuerdo 080 de 2019 expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado2.
2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala resolver si confirma, revoca o modifica la decisión
adoptada por la citada corporación judicial en la sentencia de 30 de enero de
2023, que negó la acción constitucional de la referencia.
3. Generalidades de la acción de cumplimiento
La acción de cumplimiento busca la materialización de aquellos mandatos
contenidos en las normas de rango legal y en los actos administrativos.
Con base en la regulación establecida en el artículo 87 de la Constitución y el
desarrollo previsto en la Ley 393 de 1997, dicha posibilidad opera a partir de
la orden que imparte el juez de lo contencioso administrativo a la autoridad
renuente.
Este mecanismo procesal tiene carácter subsidiario, puesto que no procede
cuando el demandante tenga a su alcance otro instrumento judicial para lograr
la efectividad de la norma legal o del acto que estima incumplidos.
Tampoco procede cuando el ejercicio del medio de control pretenda el
cumplimiento de normas legales y de actos administrativos que establezcan
gastos.
De acuerdo con la reiterada jurisprudencia de esta corporación, la prosperidad
de esta acción está sujeta a la observancia de los siguientes presupuestos: (i)
que el deber jurídico cuya observancia se exige esté consignado en normas
con fuerza de ley o en actos administrativos; (ii) que el mandato, la orden, el
deber, la obligatoriedad o la imposición esté contemplada en forma precisa,
clara y actual; (iii) que la norma esté vigente; (iv) que el deber jurídico esté en
cabeza del accionado; (v) que se acredite que la autoridad o el particular en
ejercicio de funciones públicas fue constituido en renuencia frente al
cumplimiento de la norma o acto administrativo cuyo acatamiento pretende la
demanda y (vi) que tratándose de actos administrativos no haya otro
instrumento judicial para lograr su efectivo cumplimiento, ni persiga el
cumplimiento de normas que establezcan gastos.
4. La constitución de la renuencia
En el artículo 8º, la Ley 393 de 1997 señaló que “Con el propósito de constituir la
renuencia, la procedencia de la acción requerirá que el accionante previamente haya
reclamado el cumplimiento del deber legal o administrativo y la autoridad se haya ratificado en
2 Dicho acuerdo estableció la competencia de la Sección Quinta para el conocimiento de las
apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que sean dictadas por los
tribunales administrativos, en primera instancia, en las acciones de cumplimiento.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Demandante: Wilson Alfonso Andrade
Demandados: Procuraduría General de la Nación y otro
Rad: 76001-23-33-000-2022-01038-01
su incumplimiento o no contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación
de la solicitud […]”.
Frente a los alcances de esta norma, la Sala mantiene un criterio reiterado
según el cual “[…] el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición sino una
solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los
fines de la acción de cumplimiento”3.
Esta corporación también ha considerado, reiteradamente, que no puede
tenerse por demostrado el requisito de procedibilidad de la acción en aquellos
casos en que la solicitud “[…] tiene una finalidad distinta a la de constitución en
renuencia”.4
Es importante que el requerimiento permita determinar que lo pretendido por
el interesado es el cumplimiento de un deber legal o administrativo, cuyo
objetivo es la constitución en renuencia de la parte demandada.
Según quedó establecido en el numeral 5º del artículo 10º de la Ley 393 de
1997, la constitución de la renuencia de la entidad accionada deberá
acreditarse con la demanda, so pena de ser rechazada de plano la solicitud.
El accionante aportó copia de la comunicación del 9 de noviembre de 2022,
en la que solicitó a la Procuraduría General de la Nación, el cumplimiento del
mandato establecido en el artículo 33 del Decreto Ley 1042 de 1978, teniendo
en cuenta que la jornada laboral que deben atender los servidores públicos
en general es de cuarenta y cuatro horas a la semana.
El 5 de diciembre de 2022, la entidad demandada le manifestó al accionante
que la petición seria contestada a más tardar el 27 de diciembre de 2022,
conforme con las previsiones del parágrafo del artículo 14 de la Ley 1755 y el
artículo 138 del Decreto Ley 262 de 2000.
En consecuencia, se encuentra probado que la parte accionante constituyó
en renuencia a la Procuraduría General de la Nación respecto del artículo 33
del Decreto Ley 1042 de 1978.
5. De la procedencia de la acción de cumplimiento
La parte actora, con el ejercicio de este medio de control, persigue que se le
ordene a la entidad demandada que cumpla con la jornada laboral de cuarenta
y cuatro horas a la semana de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33
del Decreto Ley 1042 de 1978, lo que torna la presente acción procedente, en
la medida que el actor no cuenta con otros mecanismos de defensa judicial
para lograr dicho fin. Asimismo, el precepto demandado es actualmente
3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia de
octubre veinte (20) de 2011, expediente No. 2011-01063, M.P. Mauricio Torres Cuervo.
4 Sobre el particular pueden verse las providencias de noviembre veintiuno (21) de 2002
dictadas dentro del expediente ACU-1614 y de marzo diecisiete (17) de 2011, expediente
2011-00019.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Demandante: Wilson Alfonso Andrade
Demandados: Procuraduría General de la Nación y otro
Rad: 76001-23-33-000-2022-01038-01
exigible, en cuanto no está derogado o suspendido y su eventual cumplimiento
no implica el establecimiento de gastos.
Por último, se observa que la pretensión del demandante no involucra la
protección de derechos fundamentales.
6. El Caso concreto
Como quedó expuesto, el demandante pretende el cumplimiento del artículo
33 del Decreto 1042 de 1978, por el cual se estableció el sistema de
nomenclatura y clasificación de los empleos de los ministerios, departamentos
administrativos, superintendencia, establecimientos públicos y unidades
administrativas especiales del orden nacional, y se fijaron las escalas de
remuneración correspondientes a esos empleos.
Lo anterior para que la Procuraduría General de la Nación cumpla con la
jornada laboral de cuarenta y cuatro horas a la semana.
Al impugnar la decisión de primera instancia, el demandante insistió en que la
entidad demandada no cumple con la jornada laboral prevista en el artículo 33
del Decreto 1072 de 1978.
El precepto cuya eficacia persigue el actor dispuso lo siguiente:
“ARTÍCULO 33. De la jornada de trabajo. La asignación mensual fijada en las escalas
de remuneración a que se refiere el presente Decreto, corresponde a jornadas de
cuarenta y cuatro horas semanales. A los empleos cuyas funciones implican el desarrollo
de actividades discontinuas, intermitentes o de simple vigilancia podrá señalárseles una
jornada de trabajo de doce horas diarias, sin que en la semana excedan un límite de 66
horas.
Dentro del límite máximo fijado en este artículo, el jefe del respectivo organismo podrá
establecer el horario de trabajo y compensar la jornada del sábado con tiempo diario
adicional de labor, sin que en ningún caso dicho tiempo compensatorio constituya trabajo
suplementario o de horas extras.
El trabajo realizado en día sábado no da derecho a remuneración adicional, salvo cuando
exceda la jornada máxima semanal. En este caso se aplicará lo dispuesto para las horas
extras”.
Advierte la Sala que la citada disposición es clara al establecer que la jornada
de trabajo de cuarenta y cuatro horas semanales corresponde a aquellos
cargos con la asignación mensual fijada en las escalas de remuneración
indicadas en esa norma.
De acuerdo con lo anterior, no se evidencia que la disposición invocada
determine que la jornada laboral de los servidores de la Procuraduría General
de la Nación es de cuarenta y cuatro horas a la semana. En ese orden el
artículo 33 del Decreto 1072 de 1978, no es aplicable al órgano de control
demandado, por cuanto es independiente de la rama ejecutiva, conforme con
las previsiones de los artículos 113, 116 y 117 de la Constitución Política.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Demandante: Wilson Alfonso Andrade
Demandados: Procuraduría General de la Nación y otro
Rad: 76001-23-33-000-2022-01038-01
Adicionalmente, la entidad demandada tiene un régimen especial respecto de
la administración de su personal; en esa medida no es posible acceder a lo
pretendido por el actor porque la norma que se dice incumplida está dirigida a
la rama ejecutiva tanto para su nivel nacional y territorial.
Así las cosas, el artículo 33 del Decreto 1072 de 1978 tiene campo de
aplicación para los ministerios, departamentos administrativos,
superintendencias, establecimientos públicos y unidades administrativas
especiales del orden nacional, y prevén la jornada laboral para quienes
desempeñen los empleos que tengan una asignación mensual fijada en las
escalas de remuneración indicadas en ese decreto; sin embargo, del contenido
de la citada disposición no se vislumbra que ello implique que dentro de sus
destinatarios este la procuraduría demandada y menos que ésta deba atender
su contenido y variar los horarios ya establecidos.
Por otra parte, en la impugnación el demandante, mencionó que la entidad
demandada incumple el precepto invocado, puesto que el artículo 178 del
Decreto Ley 262 de 2000, hace referencia es al horario de trabajo de los
servidores de ese organismo mediante resolución interna, desconociendo la
jornada laboral, que “…representa el número de horas que el trabajador presta su servicio,
mientras que el ‘horario’ hace referencia a la hora u horas de entrada y/o salida, así de esta
manera, la fijación de la jornada laboral es de origen legal, es decir, que corresponde al
legislador regular sus mínimos y sus máximos, mientras que, a los jefes o directores de cada
entidad, les corresponde definir lo relacionado con el ‘horario, sujetándose, como es obvio, a
lo regulado por el legislador sobre la ‘jornada’”.
Al respecto, se hace necesario señalar que la misma disposición contempla la
diferencia que refiere el accionante para que la rama ejecutiva pueda
establecer el horario de trabajo a partir del límite de la jornada laboral allí
prevista, no obstante, si en gracia de discusión se considerara que el artículo
33 del Decreto 1072 de 1978 fuera aplicable a la demandada, el horario
establecido por la Procuraduría es para la atención al público, sin que ello
implique que la jornada laboral del órgano de control sea de 40 horas.
Así las cosas, no se advierte el incumplimiento alegado, pues la norma
invocada no impone un deber u obligación en los términos pretendidos por la
parte actora, razón por la que la Sala confirmará la decisión del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca que negó la acción, por las razones
indicadas en esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley
FALLA
PRIMERO: Confirmar la sentencia del 30 de enero de 2023 del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca que negó las pretensiones de la acción de
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Demandante: Wilson Alfonso Andrade
Demandados: Procuraduría General de la Nación y otro
Rad: 76001-23-33-000-2022-01038-01
cumplimiento, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la
Ley 393 de 1997.
TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.