Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2023-00074-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2023-00074-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 76001-23-33-000-2023-00074-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
13 de abril de 2023
Demandante: Wilson Alfonso Andrade
Demandado: Ministerio de Educación Nacional
Radicación: 76001-23-33-000-2023-00074-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D. C., trece (13) de abril de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 76001-23-33-000-2023-00074-01
Demandante: WILSON ALFONSO ANDRADE
Demandado: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
Tema: Confirma negativa – El artículo cuyo obedecimiento se
pretende no contiene un mandato imperativo e inobjetable
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por el actor contra la sentencia de 3 de
marzo de 2023. En la desición mencionada, el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca negó las pretensiones de la acción de cumplimiento.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de cumplimiento
En ejercicio de la acción desarrollada por la Ley 393 de 1997, el señor Wilson
Alfonso Andrade demandó al Ministerio de Educación Nacional (MEN). En el
escrito se pretendió el obedecimiento del artículo 33 del Decreto 1042 de 19781,
de la siguiente manera:
Teniendo en cuenta que en nuestro ordenamiento jurídico la fijación de la «jornada
laboral» es de origen legal, es decir, que corresponde al legislador regular sus
mínimos y sus máximos, mientras que, a los jefes o directores de cada entidad, les
corresponde definir lo relacionado con el HORARIO sujetándose como es obvio, a lo
regulado por el legislador sobre la «JORNADA» y que los funcionarios del Ministerio
de Educación Nacional NO le da cumplimiento a la jornada laboral de cuarenta y
cuatro horas semanales como lo establece el artículo 33 del Decreto 1042 de 1978,
de la manera más respetuosa le solicito al Honorable Tribunal Administrativo del
Departamento del Valle del Cauca, Ordenar al Ministerio de Educación Nacional en
Cabeza de su Ministro, doctor ALEJANDRO GAVIRIA URIBE como su Máximo
Representante y demás servidores públicos de este Organismo, el cumplimiento del
deber omitido, jornada laboral de cuarenta y cuatro (44) horas semanales. Orden
que debe de ser extendida a todas las dependencias adscritas a este Organismo,
tanto en el nivel central como en el resto del País.
1
«Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de los
Ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y
unidades administrativas especiales del orden nacional, se fijan las escalas de remuneración
correspondientes a dichos empleos y se dictan otras disposiciones».
1
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Demandante: Wilson Alfonso Andrade
Demandado: Ministerio de Educación Nacional
Radicación: 76001-23-33-000-2023-00074-01
Observación: No sobra señalar que los actos administrativos a través de los cuales
el Ministerio de Educación Nacional ha establecido sus jornadas laborales, sólo los
tomo como referencia sobre la jornada laboral que este Organismo ha establecido
para sus servidores públicos, jornada laboral que no hace congruencia con la
jornada laboral establecida en el artículo 33 del Decreto 1042 de 1978 expedida por
el Presidente de la República, doctor ALFONSO LÓPES MICHELSEN, de la cual yo
exijo su cumplimiento ya que hasta estas calendas Ésta se encuentra vigente [2].
2. Hechos
2.1. El demandante presentó una petición en noviembre de 2019 al MEN, con el fin
de conocer si la entidad se encontraba cumpliendo el artículo 33 del Decreto 1042
de 1978. En ese sentido, le solicitó a la accionada que le suministrara copia de los
actos administrativos a través de los cuales se han creado las jornadas laborales.
2.2. Mediante oficio de 26 de noviembre de 2019, la entidad respondió y entregó
copia de las Resoluciones 810 de 23 de abril de 2003, 02064 de 16 de febrero de
2017 y 13139 de 10 de julio de 2017. En el último acto administrativo en mención
se estableció que la jornada ordinaria sería de lunes a jueves de 8:00 a.m. a 5:00
p.m. y el viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. de forma continua. Por otra parte, se
dispuso como horario flexible el de lunes a viernes entre las 7:00 a.m. y las 4:00
p.m. y de las 7:30 a.m. a 4:30 p.m. En todo caso, la decisión administrativa señaló
que los funcionarios tendrían derecho a una hora de descanso o de almuerzo.
2.3. El accionante alegó que los horarios dispuestos por el MEN son de 8 horas,
teniendo en cuenta el lapso para almorzar o descansar. Así, al multiplicar las
horas que trabajan cada día por los 5 días de la semana, arroja 40 horas, pese a
que deben trabajar 44, de conformidad con las normas invocadas.
2.4. Por lo anterior, mediante una nueva petición presentada el 21 de diciembre de
2022, el actor solicitó al MEN que acatara el artículo 33 del Decreto 1042 de 1978.
Ello, con el fin de que disponga que sus funcionarios deben cumplir con la jornada
laboral de 44 horas semanales.
2.5. El 29 de enero de 2023, la entidad atendió el requerimiento en el sentido de
indicar que no incumple con la disposición invocada3. A juicio del actor, la
respuesta es incongruente porque la asignación mensual que devengan los
funcionarios del MEN aplica para aquellos servidores públicos que presten sus
servicios por 44 horas a la semana. En caso contrario, es decir, si laboran menos
cantidad de horas como lo expuso, deberían ser remunerados como empleados
de tiempo parcial.
2
Se transcribe tal cual incluso con posibles errores.
3
Según documental aportada por el actor, oficio identificado de la siguiente manera «Radicación
relacionada: 2022-ER-851474». Índice 2 de SAMAI.
2
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3. Admisión de la demanda y decreto de pruebas
En auto de 6 de febrero de 2023, el magistrado ponente del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca admitió la demanda y ordenó la notificación de
lo decidido al demandante y al Ministerio de Educación Nacional. La entidad
accionada guardó silencio.
Posteriormente, en providencia de 21 de febrero de 2023 se tuvo como pruebas
las aportadas por el accionante y se solicitó a la accionada que informara sobre el
acto administrativo por medio de la cual fijó la jornada de trabajo en dicha entidad
y que resulta aplicable en la actualidad4. El 2 de marzo de 2023, la demandada
indicó que la jornada laboral fue prevista en la Resolución 13139 del 10 de julio de
2017.
4. Sentencia de primera instancia
Por medio de decisión de 3 de marzo de 2023, el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca negó las pretensiones de la demanda. Explicó que el artículo 33 del
Decreto 1042 de 1978 fijó un límite máximo de 44 horas para establecer la jornada
laboral de los servidores públicos, pero dentro de dicho margen los jefes de cada
organismo pueden disponer el horario a cumplir5. En consecuencia, teniendo en
cuenta que, por medio de la Resolución 13139 del 10 de julio de 2017, el MEN
estableció las jornadas y horarios de trabajo en los que deben laborar sus
servidores y estos no exceden la jornada máxima permitida, ni tampoco incumplen
con la prestación del servicio al público, no encuentra que se haya desatendido la
disposición invocada.
5. Impugnación
El actor impugnó la decisión del a quo y solicitó que se acceda a su pretensión.
Manifestó que el Tribunal «… olvida que la jornada de cuarenta (40) horas
mínimas de atención personal al público establecidas en el numeral 2 del artículo
7 del Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, son derivadas de la jornada laboral establecidas en cuarenta y
cuatro (44) horas semanales».
El impugnante insistió en que los servidores públicos del Ministerio de Educación
Nacional deben cumplir una jornada laboral de 44 horas semanales, ya que no
4
Por medio de auto de 1º de marzo de 2023 se otorgó el termino perentorio de 3 horas a la
accionada para que aportara la prueba que se le requirió en el auto que las decretó.
5
Al respecto el Tribunal citó «SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A CONSEJERO PONENTE:
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ providencia del quince (15) de septiembre de dos mil veintidós
(2022) Radicación: 25000-23-42-000-2017-00212-01 (2263-2020). 8 Ver entre otras, sentencia de
la SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B - Consejero ponente: CESAR PALOMINO CORTES,
providencia del once (11) de noviembre del año dos mil dieciséis (2016) Radicación número:
25000-23-25-000-2011-00201- 01(1906-15)».
3
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existe la posibilidad de reducirla. Alegó que si esto es permitido otras entidades
estatales pueden establecer 15, 20 o 30 horas. A su juicio, la situación descrita
conlleva a un nuevo régimen prestacional y salarial, lo cual sería contrario a lo
previsto en los artículos 107 del Decreto Ley 1042 de 1978, 10.º de la Ley 4.ª de
1992, 25 del Decreto 051 de 1993 y 22 del Decreto 2025 de 1995. Concluyó que la
escala de remuneración debería de ser la establecida para los empleos de tiempo
parcial clasificado en el artículo 22 de la Ley 909 de 2004 y el artículo 2.2.1.3.1 del
Decreto 1083 de mayo 26 de 2015.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sección es competente para resolver la impugnación contra la sentencia de 3
de marzo de 2023 del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 3.º de la Ley 393 de 1997 , 125, 150 y 243 del
CPACA, así como en el artículo 13, numeral 7.º, del Acuerdo núm. 080 del 12 de
marzo de 2019 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que establece la
competencia de la Sección Quinta de esta corporación para conocer de «… las
apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que se dicten por
los Tribunales Administrativos en primera instancia en las acciones de
cumplimiento».
2. Problema jurídico a resolver
Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia de 3
de marzo de 2023. Para lo anterior, la Sala plantea los siguientes problemas
jurídicos a resolver:
¿La parte actora cumplió con el requisito de procedibilidad de la constitución en
renuencia a la demandada respecto del artículo 33 del Decreto 1042 de 1978, de
conformidad con lo previsto en el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997?
¿En el presente caso se cumplen los presupuestos de procedencia de la acción?
¿El artículo 33 del Decreto 1042 de 1978 contiene el mandato imperativo e
inobjetable que se pretendió por el actor?
3. Razones jurídicas de la decisión
La Sala analizará los siguientes temas: (i) generalidades de la acción; (ii) requisito
de procedibilidad de la renuencia; (iii) requisitos de procedencia en el caso
concreto y (iv) el fondo del asunto, esto es, el estudio de la impugnación y lo
concluido por el Tribunal a quo.
4
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3.1. Generalidades
La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución
Política, como un mecanismo6 para que toda persona pueda «… acudir ante la
autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto
administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la
autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido». En igual sentido, el artículo
1.º de la Ley 393 de 1997 precisa que «[t]oda persona podrá acudir ante la
autoridad judicial definida en esta Ley para hacer efectivo el cumplimiento de
normas aplicables con fuerza material de Ley o actos administrativos».
Teniendo en cuenta que Colombia es un Estado Social de Derecho y que dentro
de sus fines esenciales está el de garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitución; y que las autoridades de la
República están instituidas, entre otros, para asegurar el obedecimiento de los
deberes sociales del Estado y de los particulares (artículo 2.º de la Constitución
Política), el medio de control permite la realización de este postulado para lograr la
eficacia material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las
diferentes autoridades en atención de sus funciones públicas.
De este modo, constituye el instrumento adecuado para demandar de las
autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas, la efectividad de
las normas con fuerza material de ley y de los actos administrativos. La Corte
Constitucional señaló.
[E]l objeto y finalidad de esta acción es otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e
incluso a los servidores públicos, la posibilidad de acudir ante la autoridad judicial
para exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto
administrativo y que es omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este
carácter. De esta manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y
efectividad material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la
concreción de principios medulares del Estado Social de Derecho, que tienden a
asegurar la vigencia de un orden jurídico, social y económico justo7.
Sin embargo, para la prosperidad del medio de control, del contenido de la Ley
393 de 1997, se desprende que se deben cumplir los siguientes requisitos
mínimos:
6
Al respecto, pueden consultarse, entre otras, las siguientes providencias: Consejo de Estado,
Sección Quinta, sentencia de 10 de noviembre de 2016, radicación n.º 20001-23-33-000-2016-
00371-01 (ACU), sentencia de 15 de diciembre de 2016, radicación n.º 25000-23-41-000-2016-
00814-01 (ACU), M.P. Alberto Yepes Barreiro, sentencia de 2 de febrero de 2017, radicación n.º
11001-33-42-048-2016-00636-01 (ACU). M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (E) y sentencia
de 23 de junio de 2022, radicación n.º 25000-23-41-000-2022-00203-01 (ACU), M.P. Luis Alberto
Álvarez Parra.
7
Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-157 de 1998. M.P. Antonio Barrera Carbonell y Hernando
Herrera Vergara.
5
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(i) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al
obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción u
omisión o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su imperioso
incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito «…
cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio
irremediable» caso en el cual corresponde ser sustentado en la solicitud [artículo
8.º]. La falta de acreditación de este presupuesto implica el rechazo de la acción
de cumplimiento.
(ii) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo
1.º]8.
(iii) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta
que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un
perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.
(iv) Pretender la protección de derechos que puedan ser garantizados a través de
la tutela o el acatamiento de normas que establezcan gastos a la administración
[artículo 9.º]. Si se advierte la configuración de alguno de los tres puntos descritos,
la decisión conlleva a la declaratoria de improcedencia del medio de control.
Finalmente, si los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos, la Sala
precisa que el estudio del fondo del asunto corresponde al de determinar si existe
o no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella autoridad pública o
del particular en ejercicio de funciones públicas y frente a los cuales se haya
dirigido la acción, a partir de la/s disposición/es invocada/s, [artículos 5.º y 6.º]. Por
tanto, del referido análisis se concluirá la prosperidad o no de la/s pretensión/es
formulada/s.
3.2. Normas contra las que procede la acción
Se ha establecido que las fuentes del derecho sobre las cuales recae el medio de
control tanto la ley en sentido formal como material, esto último desde la óptica de
aquellos decretos con fuerza de ley o con vocación legislativa dictados por el
presidente de la República, en desarrollo de las facultades conferidas por los
artículos 150.10, 212, 213, 215 y 341 de la Constitución Política9.
8
Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general
consagran principios y directrices.
9
Cfr. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, M.P. Flavio Augusto Rodríguez Arce,
providencia de 21 de enero de 1999, radicado n.º ACU-546.
6
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Sin dejar a un lado, la procedencia contra los actos administrativos de contenido
general o particular, bajo el entendido que éstos reflejan la voluntad unilateral de la
administración de producir efectos jurídicos, se precisa que no es dable este
mecanismo constitucional para pretender la observancia de normas
constitucionales «… pues el propio Constituyente la diseñó para exigir la
efectividad de normas de inferior jerarquía. De hecho, a esta misma conclusión
llegó la Corte Constitucional en sentencia C-193 de 1998, al concluir que no
procede [e]sta acción constitucional para exigir el cumplimiento de normas
supremas»10.
Ahora bien, frente al requisito de la renuencia, resulta pertinente manifestar que el
mismo se constituye en una exigencia de procedibilidad y, para ello, es necesario
que el demandante previo a acudir a la jurisdicción, haga una solicitud expresa de
cumplimiento del deber omitido a la autoridad pública o al particular que ejerce
funciones públicas sobre la ley o el acto administrativo objeto de requerimiento, lo
cual puede realizarse a través del derecho de petición pero enfocado al fin
reseñado11.
Por su parte, la subsidiariedad implica la improcedencia, si se cuenta con otros
mecanismos de defensa jurídica para lograr el efectivo acatamiento de la ley o del
acto administrativo, salvo que se esté en presencia de una situación gravosa o
urgente, que desplace el instrumento judicial ordinario, como salvaguarda de un
perjuicio irremediable. Igual a lo que acaece frente a la tutela, pues se trata de
instrumentos judiciales residuales y no principales. Lo anterior, se explica en:
[G]arantizar que la resolución de las diferencias jurídicas sea efectuada por el juez
natural, bajo el trámite que el ordenamiento jurídico ha establecido para ello y evitar
la alteración de las competencias que han sido radicadas en las diferentes
jurisdicciones. No puede entenderse que el Constituyente haya creado la acción de
cumplimiento como un instrumento paralelo a los medios judiciales ordinarios; por
ello la causal señalada, le imprime a la acción de cumplimiento el carácter de
mecanismo residual y subsidiario. En el evento consagrado como excepción, la
norma habilita al Juez de la acción de cumplimiento para que, pese a la existencia
de un instrumento judicial, se pronuncie de fondo en relación con la solicitud, pero
siempre y cuando se acrediten los presupuestos de necesidad, urgencia, gravedad
e inminencia del perjuicio12.
Asimismo, por expresa disposición legislativa la acción no se puede incoar frente a
normas que generen gastos,13 a menos que estén apropiados;14 o cuando se
10
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 3 de junio de 2004, radicación n.º 44001-
23-31-000-2004-0047-01(ACU), M.P. Darío Quiñones Pinilla.
11
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 9 de mayo de 2012, radicación n.º 76001-
23-31-000-2011-00891-01 (ACU), M.P. Susana Buitrago Valencia (E).
12
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 1 de noviembre de 2012, radicación n.º
76001-23-31-000-2012-00499-01(ACU), M.P. Alberto Yepes Barreiro.
13
Cfr. Consejo de Estado, sentencia del 15 de marzo de 2001, expediente, radicación n.º 05001-
23-31-000-2000-4673-01(ACU). M.P. Darío Quiñones Pinilla.
7
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pretenda la protección de derechos fundamentales, en este último caso, el juez
competente deberá convertir el trámite en el mecanismo previsto por el artículo 86
superior15.
3.3. De la renuencia
El requisito de la constitución en renuencia consiste en el reclamo previo y por
escrito que debe presentar el interesado a la autoridad exigiendo atender un
mandato legal o previsto en un acto administrativo con citación precisa de este16 y
que la autoridad se ratifique en el incumplimiento o no conteste en el plazo de diez
días siguientes a la presentación de la solicitud.
Sobre este requisito de procedibilidad, la Sala ha señalado que «… el reclamo en
tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente
hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la
acción de cumplimiento»17. Igualmente, esta Sección18 ha dicho que:
Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.
El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple
la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está sometida
a formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos contener: La
petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto
administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que consagra una
obligación y la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento.
Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación a
la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la acción
prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.
Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario
del deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento
reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido
14
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 14 de mayo de 2015, radicación n.º
25000-23-41-000-2015-00493-01 (ACU), M.P. Alberto Yepes Barreiro.
15
Sentencia antes citada.
16
Sobre el particular esta Sección ha dicho «[l]a Sala también ha explicado que con el fin de
constituir en renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio
de funciones públicas, es necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o
administrativo, para lo cual se deberá precisar la norma o normas en que se consagró su deber
inobjetable y, por ende, exigible, pues lo contrario conduce a la improcedencia de la acción por
carecer del requisito de renuencia».
17
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia de 20 de octubre de 2011, radicación n.º
2011-01063 (ACU), M.P. Mauricio Torres Cuervo.
18
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 9 de junio de 2011, radicación n.º 47001-
23-31-000-2011-00024-01 (ACU), M.P. Susana Buitrago Valencia.
8
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de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el demandante,
pues, como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el
procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza material de
ley o actos administrativos [19] (Negrillas fuera de texto).
En efecto, el inciso segundo del artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 establece que
«[c]on el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá
que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o
administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no
contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la
solicitud».
Por otra parte, para dar por satisfecho este presupuesto no es necesario que el
solicitante, en su petición, haga mención explícita y expresa que su objetivo es
constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 no
lo prevé así; por ello, basta con advertir del contenido de la petición que lo
pretendido es el obedecimiento de un deber legal o administrativo y que, de este,
pueda inferirse el propósito de agotar el requisito en mención.
En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el requisito de
procedibilidad cuando la petición «… tiene una finalidad distinta a la de
constitución en renuencia». Resulta relevante para la Sala precisar que la
renuencia debe entenderse como la negativa del ente accionado frente a la
solicitud de cumplimiento de la disposición, bien porque no dé respuesta
oportunamente o porque, aunque sea emitida en tiempo, resulte contraria al
querer del ciudadano»20
En el caso concreto, con la demanda se acompañó copia del escrito de 21 de
diciembre de 2022 en el que el actor solicitó al MEN el obedecimiento del artículo
33 del Decreto 1042 de 1978. En el documento se indicó que, según la Resolución
13139 del 10 de julio de 2017, los funcionarios de la entidad laboran 40 horas a la
semana; por tanto, pidió a la entidad que disponga que la jornada laboral de sus
servidores es de 44 horas por semana de acuerdo con el artículo invocado.
A su turno, el 29 de enero de 202321, la entidad atendió el requerimiento en el
sentido de indicar que no incumple con la disposición porque el horario dispuesto
no excede la jornada máxima permitida ni con la prestación del servicio al público.
19
[En la providencia se citó «Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24
de junio de 2004, exp. ACU-2003-00724, MP.: Darío Quiñones Pinilla»].
20
Lo mismo se reitera en Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de
2015, radicación n.º 25000-23-41-000-2016-02003-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección Quinta,
sentencia del 17 de noviembre de 2016, radicación n.º 15001-33-33-000-2016-00690-01 (ACU);
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de septiembre de 2016, radicación n.º 15001-
23-33-000-2016-00249-01(ACU), en todas, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, entre otras.
21
Según documental aportada por el actor, oficio identificado de la siguiente manera «Radicación
relacionada: 2022-ER-851474». Índice 2 de SAMAI.
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Demandado: Ministerio de Educación Nacional
Radicación: 76001-23-33-000-2023-00074-01
Lo anterior, resulta suficiente para que la Sala entienda agotado el requisito de
constitución en renuencia respecto del artículo invocado en la pretensión de la
demanda. Habida cuenta de que la respuesta emitida por la accionada resulta
contraria al querer del demandante.
3.4. Procedencia de la acción.
La Sala reitera que este mecanismo procura por hacer efectivo el obedecimiento
de una norma con fuerza material de ley o de un acto administrativo que impone
determinada actuación u omisión a la respectiva autoridad, es decir, su objeto es
la observancia del ordenamiento jurídico vigente. El demandante invocó como
disposición incumplida el artículo 33 del Decreto 1042 de 1978 que dispone lo
siguiente:
DECRETO 1042 DE 1978
(junio 07)
Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los
empleos de los Ministerios, departamentos administrativos,
superintendencias, establecimientos públicos y unidades administrativas
especiales del orden nacional, se fijan las escalas de remuneración
correspondientes a dichos empleos y se dictan otras disposiciones
[…]
ARTICULO 33. DE LA JORNADA DE TRABAJO. <Modificado en lo pertinente por
los Artículos 1o. a 3o. del Decreto 85 de 1986; […]> La asignación mensual fijada en
las escalas de remuneración a que se refiere el presente Decreto, corresponde a
jornadas de cuarenta y cuatro horas semanales. A los empleos cuyas funciones
implican el desarrollo de actividades discontinuas, intermitentes o de simple
vigilancia podrá señalárseles una jornada de trabajo de doce horas diarias, sin que
en la semana excedan un límite de 66 horas
Dentro del límite máximo fijado en este artículo, el jefe del respectivo organismo
podrá establecer el horario de trabajo y compensar la jornada del sábado con
tiempo diario adicional de labor, sin que en ningún caso dicho tiempo compensatorio
constituya trabajo suplementario o de horas extras.
El trabajo realizado en día sábado no da derecho a remuneración adicional, salvo
cuando exceda la jornada máxima semanal. En este caso se aplicará lo dispuesto
para las horas extras.
De acuerdo con lo anterior, se tiene que se pidió el acatamiento de una norma,
cuya vigencia no se advierte afectada por otra disposición normativa o decisión
judicial. Por tanto, el primer requisito para la procedencia de la acción se
encuentra satisfecho.
Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 9.º de la Ley 393 de
1997, este mecanismo constitucional no procederá cuando el afectado tenga o
haya tenido otro instrumento de defensa judicial para lograr el efectivo
obedecimiento de la norma o acto administrativo, salvo que se cause un perjuicio
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Radicación: 76001-23-33-000-2023-00074-01
grave e inminente para el accionante. Igualmente, esta Sección en reiterada
jurisprudencia22 ha desarrollado «… la existencia de otro mecanismo judicial»,
como causal de improcedencia, en aquellos casos en los que no se acredite un
perjuicio irremediable.
En este asunto, la Sala considera que la parte actora no cuenta con otro medio
judicial efectivo para lograr que se ordene el acatamiento del artículo 33 del
Decreto 1072 de 1978. Asimismo, lo solicitado no involucra la protección de
derechos fundamentales toda vez que no fueron invocados en las pretensiones de
la demanda. Tampoco la disposición implica un gasto no presupuestado, en la
medida en que, lo perseguido a través de esta acción consiste en que MEN ordene
a sus servidores desempeñar sus labores durante determinadas horas de trabajo.
En consecuencia, como los presupuestos mínimos se cumplen, la Sala procederá
al estudio del fondo de la materia pretendida.
3.5. De la existencia de un mandato imperativo e inobjetable
La finalidad de la acción de cumplimiento es que toda persona pueda acudir ante la
autoridad judicial competente para hacer efectivo el obedecimiento de una ley o de
un acto administrativo, tal como lo dispone el artículo 87 constitucional. Sin
embargo, a través de esta acción no es posible ordenar ejecutar toda clase de
disposiciones, sino aquellas que contienen prescripciones que se caracterizan
como deberes23.
Los deberes legales o administrativos que pueden ser cumplidos a través de las
órdenes del juez constitucional son los que albergan un mandato perentorio, claro y
directo a cargo de determinada autoridad, imperativo e inobjetable en los términos
de los artículos 5.º, 7.º, 15, 21 y 25 de la Ley 393 de 1997. Así, por ejemplo, si la
norma prevé una facultad o su ejercicio es discrecional, no se cumplirá el requisito
bajo estudio y no prosperarán las pretensiones de la demanda.
Como se señaló en los antecedentes, el demandante solicita que se le ordene al
MEN acatar el artículo 33 del Decreto 1042 de 1978. En consecuencia, que dicha
entidad determine que la jornada laboral de los servidores que allí laboran es de
44 horas por semana.
El artículo 33 del Decreto 1072 de 1978 tiene campo de aplicación para los
ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos
públicos y unidades administrativas especiales del orden nacional, y prevén la
22
Cfr. Sentencia de 24 de mayo de 2012, radicado No 05001-23-31-000-2010-02067-01(ACU),
MP. Alberto Yepes Barreiro, Sentencia de 23 de agosto de 2012, radicado n° 25000-23-31-000-
2012-00425-01(ACU). M.P. Mauricio Torres Cuervo, Sentencia de 21 de junio de 2012, radicado n°
05001-23-31-000-2006-01095-01(ACU). MP. Mauricio Torres Cuervo.
23
Deber: Aquello a que está obligado el hombre por los preceptos religiosos o por las leyes
naturales o positivas. (Diccionario de la Real Academia Española).
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jornada laboral para quienes desempeñen los empleos que tengan una asignación
mensual fijada en las escalas de remuneración indicadas en ese decreto; sin
embargo, si bien dicho decreto encuentra como destinatario a la entidad
accionada, lo cierto es que de la disposición invocada no se vislumbra que ello
implique que el MEN deba atender su contenido y variar los horarios ya
establecidos.
En efecto, para la Sala es claro que del contenido del artículo 33 del Decreto 1042
de 1978 se desprende la jornada máxima laboral de determinado grupo de
servidores públicos de distintas corporaciones, sin que de ello se pueda predicar
que es deber del MEN ordenar que todos sus empleados deben atender esa
cantidad de horas. Es decir, solo contempla un máximo no un mínimo. Por tanto,
lo pretendido por el accionante no está previsto en el precepto normativo de forma
perentoria.
De otro parte, si bien el presunto incumplimiento que se enrostró radica en que los
empleados del MEN solo cumplen 40 horas de trabajo y deben ser remunerados
como servidores de tiempo parcial, lo cierto es que el artículo 33 del Decreto 1042
de 1978, no establece la escala salarial para los empleados de la entidad
accionada que laboren 40 horas a la semana como lo infiere el actor, así como
tampoco, que los servidores de la entidad accionada deban atender al público 44
horas.
No sobra precisar que esta Sala, en otras acciones de cumplimiento ejercidas por
el aquí accionante sobre el acatamiento del artículo 33 del Decreto 1042 de 1978,
para que se le ordenara a otras entidades que establezca que el horario de sus
trabajadores es de 44 horas semanales, concluyó que esta norma prevé «la
jornada laboral para quienes desempeñen los empleos que tengan una asignación
mensual fijada en las escalas de remuneración indicadas en ese decreto; sin
embargo, del contenido de la norma no se vislumbra que ello implique que […]
deba atender esa disposición y variar los horarios ya establecidos»24. Es decir,
que el hecho de que se atienda al público 40 horas a la semana no conlleva ni
prueba que se desconozca la jornada laboral de los servidores públicos de la
entidad demandada. Lo anterior, se trae a colación en respuesta a la
argumentación que se alude en la impugnación.
De conformidad con lo expuesto, esta Sala confirmará la sentencia de 3 de marzo
de 2023 del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que negó las pretensiones
de la demanda, pero por las razones expuestas en esta decisión.
24
En este sentido pueden consultarse Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencias de 16 y 23
de marzo de 2023, radicados n.º 76001-23-33-000-2022-01038-01, 76001-23-33-000-2022-00912-
01, 76001-23-33-010-2023-01023-01 y 76001-23-33-000-2023-00096-01, MP Carlos Enrique
Moreno Rubio, Roció Araújo Oñate y Pedro Pablo Vanegas Gil, respectivamente.
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Radicación: 76001-23-33-000-2023-00074-01
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley
III. FALLA:
PRIMERO. Confirmar la sentencia de 3 de marzo de 2023 del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca.
SEGUNDO. Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley
393 de 1997.
TERCERO. En firme esta sentencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081
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