Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2023-00096-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2023-00096-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 76001-23-33-000-2023-00096-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
23 de marzo de 2023
Demandante: Wilson Alfonso Andrade
Demandado: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Radicación No.: 76001-23-33-000-2023-00096-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., veintitrés (23) de marzo de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 76001-23-33-000-2023-00096-01
Accionante: WILSON ALFONSO ANDRADE
Accionado: MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
Tema: Confirma primera instancia que negó pretensiones.
.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala conoce de la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia de 27 de febrero de 2023, dictada por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca.
I. ANTECEDENTES
1. Demanda
1. El señor Wilson Alfonso Andrade, actuando en nombre propio, ejerció
acción de cumplimiento contra el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Su
solicitud tiene como fin que se le ordene el acatamiento del artículo 33 del Decreto
1042 de 19781.
2. Como consecuencia del obedecimiento de la norma invocada, pidió a título
de pretensiones, las siguientes:
1). Teniendo en cuenta que en nuestro ordenamiento jurídico la fijación de la
«jornada laboral» es de origen legal, es decir, que corresponde al legislador regular
sus mínimos y sus máximos, mientras que, a los jefes o directores de cada entidad,
les corresponde definir lo relacionado con el HORARIO sujetándose como es
obvio, a lo regulado por el legislador sobre la «JORNADA» y que los funcionarios
del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio no le da cumplimiento a la jornada
laboral de cuarenta y cuatro horas semanales como lo establece el articulo 33 del
Decreto 1042 de 1978, de la manera más respetuosa le solicito al Honorable
Tribunal Administrativo del Departamento del Valle del Cauca, Ordenar al
Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio en Cabeza de su Ministra, doctora
CATALINA VELASCO como su Máximo Representante, el cumplimiento del deber
1 “Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de los
ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y
unidades administrativas especiales del orden nacional, se fijan las escalas de remuneración
correspondientes a dichos empleos y se dictan otras disposiciones”.
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Demandante: Wilson Alfonso Andrade
Demandado: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
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omitido, Orden que debe de ser extendida a todas las dependencias adscritas a
este Organismo, tanto en el nivel central como en el resto del País.
2). Si el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio posee una ley expedida por el
Congreso de la República, Sentencia o Pronunciamiento algunos de los Altos
Tribunales que le otorgue la competencia, o la facultad de exoneración del
cumplimiento del mandato establecido en el artículo 33 del Decreto 1042 de 1978,
de la manera más respetuosa le solicito al Honorable Tribunal Administrativo de
Valle del Cauca Ordenar su presentación y rogaría el favor de suministrarme copia
al respecto2.
2. Hechos
3. Mediante la Resolución N.° 0336 de 30 de junio de 2021, el entonces
ministro de trabajo estableció la jornada laboral y el horario de la cartera
accionada. En cuanto a lo primero, dispuso que sería de 40 horas semanales a
partir del 1 de julio de 2021. Frente al segundo, determinó de forma continua, así:
a. De lunes a viernes: 7:00 a.m. a 4:00 p.m.
b. De lunes a viernes: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
c. De lunes a viernes: 9:00 a.m. a 6:00 p.m.
4. A juicio del accionante, lo anterior no es congruente con lo dispuesto en el
artículo 33 del Decreto 1042 de 1978. Manifestó que esa norma se ha incumplido
desde la Resolución 033 de 20113, y las que posteriormente la han modificado,
esto es, las Resoluciones 0026 de 2013 y 0235 de 2017, dado que en estas se
estableció una jornada de 42 horas semanales.
5. Precisó que, se debe tener en cuenta que los funcionarios públicos de la
cartera ministerial accionada forman parte del sistema de nomenclatura,
clasificación y remuneración de acuerdo al artículo 1° del Decreto 1042 de 1978,
y que las escalas de remuneración que devengan corresponde con las jornadas
de 44 horas semanales. En ese sentido, aludió que el Ministerio debe demostrar
cual escala salarial le rige y le permite pagar todas las prestaciones sociales y
salariales de aquellos servidores que prestan sus servicios por 44 horas
semanales, laborando solo 40.
6. El 22 de noviembre de 2022, le digirió una petición a la ministra de
Vivienda, Ciudad y Territorio en la que le solicitó dar cumplimiento a lo establecido
en el artículo 33 del Decreto 1042 de 1978. En consecuencia, le requirió que
disponga una jornada laboral de 44 horas semanales para sus servidores. Así las
cosas, si se tiene en cuenta que se puede optar por no trabajar los sábados, las
horas se deben compensar en el transcurso de la semana y ello implicaría que el
horario sea de 8 horas y 48 minutos diarios.
2
La cita se transcribió del escrito de la demanda, con posibles errores mecanográficos y ortográficos.
3
“Por la cual se establece el horario de trabajo para los funcionarios del Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio”.
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Demandante: Wilson Alfonso Andrade
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7. Por medio del Oficio 2022ER0144036 de 16 de diciembre de 2022, el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio le indicó que, de conformidad con el
artículo 33 del Decreto 1042 de 1978, el límite máximo para establecer la jornada
laboral era de 44 horas, pero el jefe respectivo de cada organismo puede
establecer el horario de acuerdo con las necesidades de cada entidad.
8. Expuso que, dando aplicación a la norma invocada, al artículo 7 de la Ley
1437 de 2011 y al acuerdo colectivo que suscribió con el Sindicato de
Trabajadores de la cartera ministerial, contempló los horarios de trabajo dentro
de los límites legales establecidos por el legislador. Así, fijó un mínimo de 40 y
un máximo de 44 horas semanales. Añadió que la flexibilización de la jornada
laboral no conlleva a que decrezca la efectividad de las funciones que
desempeña, ya que las labores de los servidores están vigiladas por los
respectivos controles.
3. Actuaciones procesales
9. Mediante auto de 16 de febrero de 2023, el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca admitió la demanda de cumplimiento. En consecuencia, ordenó
notificar al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
4. Intervención del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
10. Arguyó que no se le constituyó en renuencia en debida forma, sino que
simplemente se le presentó un derecho de petición. Adicionó que respondió
dentro de la oportunidad legal pertinente.
11. Reiteró los argumentos que le expuso al accionante en el Oficio
2022ER0144036 de 16 de diciembre de 2022. En ese sentido, manifestó que la
norma invocada fija un límite máximo de jornada laboral, pero dispone que el jefe
del respectivo organismo puede establecer el horario de acuerdo con las
necesidades de la entidad. Asimismo, que en virtud del artículo 7° de la Ley 1437
de 2011 y el Acuerdo Sindical suscrito con el Sindicato de los Trabajadores,
determinó la jornada laboral en 40 horas semanales, dentro del límite legal
permitido.
12. Señaló que la flexibilización de la jornada laboral no supone que se
disminuya la efectividad laboral de las funciones legal y constitucionalmente
asignadas a la entidad. Aludió que, ello permite potencializar las capacidades y
habilidades de los empleados públicos, al tiempo que favorece el equilibrio entre
el lapso dedicado al aspecto profesional y al familiar, generando mayor
rendimiento y productividad.
13. Por último, sostuvo que se encuentra acatando el precepto objeto de la
presente acción.
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5. Fallo de primera instancia
14. En sentencia de 27 de febrero de 2023, el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca negó las pretensiones planteadas. Explicó que el artículo 33 del
Decreto 1042 de 1978 establece un límite máximo de 44 horas para delimitar la
jornada laboral de los servidores públicos, pero dentro de dicho margen los jefes
de cada organismo pueden establecer el horario a cumplir.
15. Refirió que, si bien en el ordenamiento jurídico no se estipuló la jornada
mínima, se puede tener como referente el artículo 7° de la Ley 1437 de 2011, que
dispone que se debe garantizar la atención al público de por lo menos 40 horas
semanales. Teniendo en cuenta que, por medio de la Resolución N.° 0336 de
2021, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio estableció que a partir del 1°
de julio de 2021 sus servidores cumplirían los horarios que a continuación se
exponen, de forma continua, no se configura el incumplimiento alegado.
a. De lunes a viernes: 7:00 a.m. a 4:00 p.m.
b. De lunes a viernes: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
c. De lunes a viernes: 9:00 a.m. a 6:00 p.m.
6. Impugnación
16. El señor Wilson Alfonso Andrade impugnó la decisión del a quo. Iteró que,
tanto el artículo 33 del Decreto 1042 de 1978, como “los pronunciamientos de los
Altos Tribunales y del Departamento Administrativo de la Función Pública” (en
adelante DAFP), contienen conceptos que difieren de lo que es jornada laboral y
horario de trabajo. Es cierto que los jefes de los distintos organismos tienen la
potestad de establecer el horario de trabajo, pero de acuerdo con las 44 horas
dispuestas en el artículo 33 del Decreto 1042 de 1978, en el caso del Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio.
17. Señaló que el DAFP ha expedido varios conceptos en los que ha
estipulado que la jornada de los servidores públicos en Colombia es de 44 horas
semanales, las cuales pueden ser cumplidas bajo los horarios que los
nominadores consideren, de acuerdo a las necesidades del servicio. Adicionó
que en la sentencia con radicado N.° 11001-03-25-000-2017-00146-00 de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, se diferenció la jornada laboral del
horario de trabajo.
18. Alegó que, el Tribunal “da a entender que ningún organismo
gubernamental está obligado a cumplir la jornada laboral de cuarenta y cuatro
horas a la semana…” y que ello abre las puertas a que se fijen jornadas laborales
de 20 o 30 horas semanales.
19. Iteró que, la norma objeto de estudio determina que los servidores públicos
que laboren para la cartera ministerial accionada deben trabajar 44 horas por
semana. De aceptarse lo contrario, significaría que existe un régimen salarial y
prestacional para esta entidad.
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20. A modo de conclusión, argumentó que, si los servidores del Ministerio
accionado solo cumplen 40 horas de trabajo semanales, su escala de
remuneración debe ser la establecida para “empleos de tiempo parcial clasificado
en el artículo 22 de la Ley 909 de 2004 y el artículo 2.2.1.3.1 del Decreto 1083
de mayo 26 de 2015…”.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
21. Esta Sección es competente para resolver la impugnación presentada por
el señor Wilson Alfonso Andrade contra la sentencia de 27 de febrero de 2023,
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Lo anterior de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 1254, 1505 y 2436 de la Ley 1437
de 20117, así como del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena
del Consejo de Estado que establece la competencia de la Sección Quinta de
esta Corporación para conocer de “…las apelaciones contra las providencias
susceptibles de ese recurso que se dicten por los Tribunales Administrativos en
primera instancia en las acciones de cumplimiento”.
2.2. Generalidades sobre la acción de cumplimiento
22. La finalidad de la presente acción, consagrada en el artículo 87 de la
Constitución Política, a la cual puede acudir cualquier persona natural o jurídica,
es hacer efectivo el cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de
un acto administrativo que impone determinada actuación u omisión a la
autoridad. Su objeto es la observancia del ordenamiento jurídico existente.
23. En desarrollo de este mandato constitucional, la Ley 393 de 1997, que
reglamenta esta acción, exige como requisito de procedibilidad “la renuencia”
(artículo 8°), esto es, haber reclamado en sede administrativa antes de ejercitar
la demanda la atención de la norma o del acto administrativo que se considera
desacatado, y que la autoridad no responda transcurridos 10 días o se niegue a
atender su cumplimiento.
24. Para que la demanda proceda, se requiere:
4 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 20.
5 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 26 .
6 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 62.
7 Artículo 150.Artículo modificado por del artículo 615 de la Ley 1564 de 2012. Inciso modificado
por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de
este medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule contra
decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código.
[..].
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(i) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo
1.º]8.
(ii) Que el mandato que se solicita atender esté radicado en cabeza de la
autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas, encargado
de ello (artículos 5.º y 6.º).
(iii) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad o el particular accionado frente
al obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción
u omisión del exigido o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir
su inminente incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este
requisito “(…) cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de
sufrir un perjuicio irremediable (…)” caso en el cual deberá ser sustentado en la
demanda (artículo 8.º).
(iv) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta
que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un
perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.
(v) Pretender la protección de derechos fundamentales que puedan ser
garantizados a través de la tutela (artículo 9.º).
(vi) El acatamiento de normas que establezcan gastos a la administración
(artículo 9.º).
2.3. De la renuencia
25. La procedencia de la acción de cumplimiento se supedita a la constitución
en renuencia de la autoridad, que consiste en el reclamo previo y por escrito que
debe elevarle el interesado exigiendo atender un mandato legal o consagrado en
acto administrativo con citación precisa de éste9 y que ésta se ratifique en el
incumplimiento o no conteste en el plazo de diez días siguientes a la presentación
de la solicitud.
26. Para el cumplimiento de este requisito de procedibilidad la Sala, ha
señalado que “…el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición
sino una solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de
la renuencia para los fines de la acción de cumplimiento”10.
8 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general
consagran principios y directrices.
4. Sobre el particular esta Sección ha dicho: “La Sala también ha explicado que con el fin de
constituir en renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio
de funciones públicas, es necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o
administrativo, para lo cual se deberá precisar la norma o normas en que se consagró su
deber inobjetable y, por ende, exigible, pues lo contrario conduce a la improcedencia de la
acción por carecer del requisito de renuencia.(Negrita fuera de texto)
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 20
de octubre de 2011, Exp. 2011-01063, M.P. Dr. Mauricio Torres Cuervo.
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27. Sobre este tema, esta Sección11 ha dicho que:
Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.
El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que
incumple la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está
sometida a formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos
contener: La petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de
ley o de un acto administrativo; el señalamiento preciso de la disposición
que consagra una obligación y la explicación del sustento en el que se funda
el incumplimiento.
Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación
a la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la
acción prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.
Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario
del deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento
reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido
de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el demandante,
pues, como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el
procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza material
de ley o actos administrativos12. (Negrillas fuera de texto).
28. En efecto, el inciso 2.° del artículo 8º de la Ley 393 de 1997 establece lo
siguiente:
Con el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá
que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o
administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no
contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud.
29. Por otra parte, para dar por satisfecho este requisito no es necesario que
el solicitante, en su petición, haga mención explícita y expresa de que su objetivo
es constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8° de la Ley 393 de 1997
no lo prevé así; por ello, basta con advertir del contenido de la petición que lo
pretendido es el cumplimiento de un deber legal o administrativo y que, de este,
pueda inferirse el propósito de agotar el requisito en mención.
30. En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el
requisito de procedibilidad cuando la petición “…tiene una finalidad distinta a la
11 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 9 de junio de 2011,
expediente 47001-23-31-000-2011-00024-01. Magistrada Ponente: Susana Buitrago Valencia.
12 Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24 de junio de 2004, exp.
ACU-2003-00724, M.P.: Darío Quiñones Pinilla
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de constitución en renuencia”.13
31. La parte actora probó que le remitió una petición al Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio el 22 de noviembre de 2022, en la que le solicitó atender “el
mandato establecido en el artículo 33 del Decreto 1042 de 1978”. Ello, dado que
considera que la cartera ministerial accionada incumple el precepto al establecer
que los funcionarios laboran 40 horas semanales.
32. Mediante el Oficio 2019EE116332 de 16 de diciembre de 2022, el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio le indicó que el artículo invocado
dispone la jornada máxima de trabajo de los servidores públicos y el Grupo
Interno de Talento Humano es el encargado de elaborar la nómina para los
respectivos pagos.
33. Así las cosas, no hay duda que previo a acudir al ejercicio de la presente
acción de cumplimiento, la parte actora agotó en debida forma el requisito de la
renuencia.
2.5. De la procedencia de la acción de cumplimiento
34. El señor Alfonso Andrade solicita que se le ordene al Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio atender lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto
1042 de 1978. En consecuencia, pide que esta entidad disponga que sus
servidores públicos deben laborar 44 horas semanales.
35. En este orden de ideas, la Sala manifiesta que el precepto que se pide
acatar, esto es, el artículo 33 del Decreto 1072 de 1978 es actualmente exigible.
Adicionalmente, no conlleva al establecimiento de gasto, en la medida en que, lo
perseguido a través de esta acción consiste en que la cartera ministerial
accionada establezca que sus servidores deben prestar determinadas horas de
trabajo.
36. Tampoco se evidencia que lo pretendido por el accionante involucre la
protección de derechos fundamentales que puedan ser invocados vía acción de
tutela. En ese sentido, esta acción satisface los requisitos de procedencia de la
acción de cumplimiento.
37. Por lo anterior, la Sala procederá a analizar si confirma, modifica o revoca
la decisión de primera instancia que negó las pretensiones propuestas por el
señor Alfonso Andrade.
2.6. Caso concreto
38. Como se estableció, el señor Alfonso Andrade solicita que se le ordene al
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio acatar el artículo 30 del Decreto 1042
13 Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencias del 21 de noviembre de 2002,
exp. ACU-1614 y del 17 de marzo de 2011, exp. 2011-00019.
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de 1978. En consecuencia, que dicha entidad establezca que la jornada laboral
de los servidores que allí laboran es de 44 horas por semana.
39. El precepto que se pide atender, es del siguiente tenor:
ARTÍCULO 33. De la jornada de trabajo. La asignación mensual fijada en
las escalas de remuneración a que se refiere el presente Decreto,
corresponde a jornadas de cuarenta y cuatro horas semanales. A los
empleos cuyas funciones implican el desarrollo de actividades discontinuas,
intermitentes o de simple vigilancia podrá señalárseles una jornada de
trabajo de doce horas diarias, sin que en la semana excedan un límite de
66 horas.
Dentro del límite máximo fijado en este artículo, el jefe del respectivo
organismo podrá establecer el horario de trabajo y compensar la jornada
del sábado con tiempo diario adicional de labor, sin que en ningún caso
dicho tiempo compensatorio constituya trabajo suplementario o de horas
extras.
El trabajo realizado en día sábado no da derecho a remuneración adicional,
salvo cuando exceda la jornada máxima semanal. En este caso se aplicará
lo dispuesto para las horas extras
40. La disposición citada contiene la escala de remuneración para los empleos
de distintas categorías fijadas dentro del Decreto 1042 de 1978, dentro de los
ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos
públicos, y otros, de conformidad con el artículo 1°, el cual delimita el campo de
aplicación del compendio normativo referido.
41. Establecido lo anterior, para la Sala es claro que la norma no indica que la
jornada laboral de los servidores públicos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio deba ser de 44 horas semanales. Dicho en otras palabras, del contenido
el artículo 33 del Decreto 1042 de 1978 se desprende la escala salarial que
devengan determinado grupo de servidores públicos de distintas entidades, sin
que de ello se pueda predicar que es deber de, por ejemplo, las carteras
ministeriales, determinar que todos sus empleados laborarán cierta cantidad de
horas.
42. Es decir que, lo pretendido por el accionante no está contemplado en la
norma invocada. De otro lado, si bien precisó en su escrito de impugnación que
si los empleados del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio solo cumplen 40
horas de trabajo, deben ser remunerados de conformidad con el artículo 22 de la
Ley 909 de 2004 y el artículo 2.2.1.3.1 del Decreto 1083 de mayo 26 de 2015, lo
cierto es que la disposición que le solicitó cumplir al Ministerio accionado y que
se pidió ordenar acatar, no establece la escala salarial para los empleados de la
entidad accionada que laboren 40 horas a la semana como lo aduce el actor, ni
tampoco, que los servidores de la entidad accionada deban laborar 44 horas.
43. No sobra precisar que esta Sala, en otra acción de cumplimiento ejercida
por el actor sobre el acatamiento del artículo 33 del Decreto 1042 de 1978, para
Calle 12 No. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Wilson Alfonso Andrade
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que se le ordene a otra entidad que establezca que el horario de sus trabajadores
es de 44 horas semanales, concluyó que esta norma prevé «la jornada laboral
para quienes desempeñen los empleos que tengan una asignación mensual
fijada en las escalas de remuneración indicadas en ese decreto; sin embargo, del
contenido de la norma no se vislumbra que ello implique que la procuraduría
demandada deba atender esa disposición y variar los horarios ya establecidos»14.
Es decir, que el hecho de que se atienda al público 40 horas a la semana no
implica que se desconozca la jornada laboral a que están atados los servidores
públicos de la entidad demandada.
2.7. Conclusión
44. De conformidad con lo expuesto, esta Sala confirmará la sentencia de 27
de febrero de 2023 del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que negó las
pretensiones de la demanda. Ello, dado que, del artículo 33 del Decreto 1042 de
1978 no desprende el mandato que solicita que se ordene atender el señor
Alfonso Andrade.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 27 de febrero de 2023, dictada por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la
Ley 393 de 1997.
TERCERO: En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
14 Sentencia de 16 de marzo de 2023, exp. 76001-23-33-000-2022-01038-01 (AC), M.P. Carlos
Enrique Moreno Rubio.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Demandante: Wilson Alfonso Andrade
Demandado: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Radicación No.: 76001-23-33-000-2023-00096-01
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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