Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2022-01023-01
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2022-01023-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 76001-23-33-000-2022-01023-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
5 de junio de 2025
Demandante: Wilson Alfonso Andrade
Demandado: Ministerio de Trabajo
Radicación No.: 76001-23-33-000-2022-01023-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá, D.C., cinco (5) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 76001-23-33-000-2022-01023-01
Accionante: WILSON ALFONSO ANDRADE
Accionado: MINISTERIO DE TRABAJO
Tema: Revoca: declara improcedencia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala conoce de la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia de 25 de enero de 2023, dictada por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca.
I. ANTECEDENTES
1.1. Demanda
1. El señor Wilson Alfonso Andrade, actuando en nombre propio, ejerció
acción de cumplimiento contra el Ministerio de Trabajo. Su solicitud tiene como
fin que se le ordene el acatamiento del artículo 33 del Decreto 1042 de 1978 1.
2. Como consecuencia del obedecimiento de la norma invocada, pidió a título
de pretensiones, que se le ordene a la cartera del trabajo cumplir con la jornada
laboral.
1.2. Hechos
3. Mediante la Resolución 3802 del 27 de septiembre de 2019 el ministro de
trabajo estableció la jornada laboral y el horario de la cartera accionada. En
cuanto a lo primero, dispuso que sería de 40 horas semanales; frente a lo
segundo, determinó que esta se cumpliría de forma continua, así:
1 “Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de los
ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y
unidades administrativas especiales del orden nacional, se fijan las escalas de remuneración
correspondientes a dichos empleos y se dictan otras disposiciones”.
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Demandante: Wilson Alfonso Andrade
Demandado: Ministerio de Trabajo
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El horario de trabajo para los servidores públicos del Nivel Central del Ministerio
de Trabajo es de lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 4:00 p.m y el horario de atención
al usuario y recibo de correspondencia física es de lunes a viernes de 7:30 a.m.
a 3:30 p.m., en jornada continua.
4. A juicio del accionante, lo anterior no es congruente con lo dispuesto en el
artículo 33 del Decreto 1042 de 1978.
5. Precisó que, se debe tener en cuenta que los funcionarios públicos de la
cartera ministerial accionada forman parte del sistema de nomenclatura,
clasificación y remuneración de acuerdo con el artículo 1 del Decreto 1042 de
1978, y que las escalas de remuneración que devengan corresponden con las
jornadas de 44 horas semanales. En ese sentido, aludió que el Ministerio debe
demostrar cuál escala salarial le rige y le permite pagar todas las prestaciones
sociales y salariales de aquellos servidores que prestan sus servicios por 44
horas semanales, laborando solo 40.
6. El 3 de noviembre de 2022, le digirió una petición al Ministerio del Trabajo,
en la que le solicitó dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 33 del Decreto
1042 de 1978. En consecuencia, le requirió que dispusiera una jornada laboral
de 44 horas semanales para sus servidores.
7. Por medio del Oficio 08SE2022420100000057922 del 28 de noviembre de
2022, el Ministerio de Trabajo le indicó que, de conformidad con el artículo 33 del
Decreto 1042 de 1978, el límite máximo para establecer la jornada laboral era de
44 horas, pero el jefe respectivo de cada organismo puede establecer el horario
de acuerdo con las necesidades de cada entidad por disposición del artículo 22
de la ley 909 de 2004.
1.3. Actuaciones procesales
8. Mediante auto del 7 de diciembre de 2022, el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca admitió la demanda de cumplimiento. En consecuencia, ordenó
notificar al Ministerio de Trabajo.
9. El expediente fue archivado el 25 de enero de 2023. No obstante, mediante
memorial radicado el 23 de abril de 2025 la parte actora solicitó información sobre
el trámite de la impugnación, por lo que la secretaría de dicha colegiatura
desarchivó el proceso en la misma fecha.
10. En auto del 28 de abril de 2025, el despacho ponente de primera instancia
concedió la impugnación presentada por el señor Andrade en contra del fallo del
25 de enero de 2023. Esto, tras advertir que la misma fue presentada en tiempo,
aunque no a una dirección habilitada por la corporación para tal fin, en atención
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Demandante: Wilson Alfonso Andrade
Demandado: Ministerio de Trabajo
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a la vacancia judicial. Sin perjuicio de ello y, en aras de garantizar el derecho de
acceso a la administración de justicia del usuario, decidió darle trámite a la
alzada.
1.4. Intervención del Ministerio de Trabajo
11. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, con
fundamento en que el actor desconoce el contenido del inciso segundo del
artículo 33 del Decreto 1042 de 1978, según el cual, el jefe del organismo puede
establecer el horario dentro del límite máximo fijado; esto es, de 44 horas
semanales.
12. Refirió que le han dado cumplimiento a lo dispuesto en la norma invocada
con la demanda, pues, mediante Resolución 3802 del 27 de septiembre de 2019
fijó las políticas y directrices en materia de gestión del talento humano para todos
los servidores públicos de la cartera del trabajo y en aquella se desarrollan las
diferentes normas nacionales y los acuerdos producto de las negociaciones
sindicales.
13. De otro lado, refirió que la Resolución 3802 de 2019 goza de presunción
de legalidad, en la medida que no ha sido desvirtuada ni cuestionada. Por
consiguiente, afirmó que la mentada disposición surte plenamente sus efectos y
si se quiere cuestionar su ilegalidad, la demanda deviene como improcedente.
1.5. Fallo de primera instancia
14. En sentencia de 25 de enero de 2023, el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca negó las pretensiones planteadas. Explicó que el artículo 33 del
Decreto 1042 de 1978 establece un límite máximo de 44 horas para delimitar la
jornada laboral de los servidores públicos, pero dentro de dicho margen los jefes
de cada organismo pueden establecer el horario a cumplir.
15. Por ende, adujo que la Resolución 3802 del 27 de septiembre de 2019 no
implica un incumplimiento por parte de la cartera accionada.
1.6. Impugnación
16. El señor Wilson Alfonso Andrade impugnó la decisión del a quo. Iteró que,
tanto el artículo 33 del Decreto 1042 de 1978, como «los pronunciamientos de
los Altos Tribunales y del Departamento Administrativo de la Función Pública»
(en adelante DAFP), contienen conceptos que difieren de lo que es jornada
laboral y horario de trabajo. Es cierto que los jefes de los distintos organismos
tienen la potestad de establecer el horario de trabajo, pero de acuerdo con las 44
horas dispuestas en el artículo 33 del Decreto 1042 de 1978, en el caso del
Ministerio de Trabajo.
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17. Señaló que el DAFP ha expedido varios conceptos en los que ha
estipulado que la jornada de los servidores públicos en Colombia es de 44 horas
semanales, las cuales pueden ser cumplidas bajo los horarios que los
nominadores consideren, de acuerdo a las necesidades del servicio. Adicionó
que en la sentencia con radicado 11001-03-25-000-2017-00146-00 de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, se diferenció la jornada laboral del horario de
trabajo.
18. Alegó que el Tribunal «da a entender que ningún organismo
gubernamental está obligado a cumplir la jornada laboral de cuarenta y cuatro
horas a la semana…» y que ello abre las puertas a que se fijen jornadas laborales
de 20 o 30 horas semanales.
19. Iteró que la norma objeto de estudio determina que los servidores públicos
que laboren para la cartera ministerial accionada deben trabajar 44 horas por
semana. De aceptarse lo contrario, significaría que existe un régimen salarial y
prestacional para esta entidad excepcional.
20. A modo de conclusión, argumentó que, si los servidores del ministerio
accionado solo cumplen 40 horas de trabajo semanales, su escala de
remuneración debe ser la establecida para «empleos de tiempo parcial
clasificado en el artículo 22 de la Ley 909 de 2004 y el artículo 2.2.1.3.1 del
Decreto 1083 de mayo 26 de 2015…».
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
21. Esta Sección es competente para resolver la impugnación presentada por
el señor Wilson Alfonso Andrade contra la sentencia de 25 de enero de 2023,
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Lo anterior de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 1252, 1503 y 2434 de la Ley 1437
de 20115, así como del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena
del Consejo de Estado que establece la competencia de la Sección Quinta de
esta Corporación para conocer de “…las apelaciones contra las providencias
2 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 20.
3 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 26 .
4 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 62.
5 Artículo 150.Artículo modificado por del artículo 615 de la Ley 1564 de 2012. Inciso modificado
por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de
este medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule contra
decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código.
[..].
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susceptibles de ese recurso que se dicten por los Tribunales Administrativos en
primera instancia en las acciones de cumplimiento”.
2.2. Generalidades sobre la acción de cumplimiento
22. Conforme a lo dispuesto en el artículo 87 de la Constitución Política,
cualquier persona, natural o jurídica, puede promover esta acción para hacer
efectivo el cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto
administrativo que impone determinada actuación u omisión a la autoridad. Su
objeto es, entonces, la observancia del ordenamiento jurídico existente.
23. En desarrollo de este mandato constitucional, la Ley 393 de 1997, que
reglamenta esta acción, exige como requisito de procedibilidad «la renuencia»
(artículo 8), esto es, haber reclamado en sede administrativa antes de ejercer la
demanda la atención de la norma o del acto administrativo que se considera
desacatado, y que la autoridad no responda transcurridos 10 días o se niegue a
atender su cumplimiento.
24. Para que la demanda proceda, se requiere:
(i) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes
(artículo 1)6.
(ii) Que el mandato que se solicita atender esté radicado en cabeza de la
autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas,
encargado de ello (artículos 5 y 6).
(iii) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad o el particular accionado
frente al obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea
por acción u omisión del exigido o por la ejecución de actos o hechos que
permitan deducir su inminente incumplimiento. Excepcionalmente, se puede
prescindir de este requisito «[…] cuando el cumplirlo a cabalidad genere el
inminente peligro de sufrir un perjuicio irremediable […]» caso en el cual
deberá ser sustentado en la demanda (artículo 8).
(iv) Que el afectado no tenga o no haya podido ejercer otro instrumento judicial
para lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo,
circunstancia esta que la hace improcedente, salvo el caso que, de no
proceder, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la
acción.
6 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general
consagran principios y directrices.
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(v) Que la acción no persiga la protección de derechos fundamentales que
puedan ser garantizados a través de la tutela (artículo 9).
(vi) Que la acción no tenga por objeto el acatamiento de normas que
establezcan gastos a la administración (artículo 9).
25. En caso de que no se acredite el cumplimiento de la constitución en
renuencia, procederá el rechazo de la demanda. Sin embargo, el incumplimiento
de alguno de los otros requisitos de procedibilidad conlleva la declaratoria de
improcedencia del medio de control.
2.3. De la renuencia
26. La procedencia de la acción de cumplimiento se supedita a la constitución
en renuencia de la autoridad, que consiste en el reclamo previo y por escrito que
debe elevarle el interesado exigiendo atender un mandato legal o consagrado en
acto administrativo con citación precisa de éste7 y que ésta se ratifique en el
incumplimiento o no conteste en el plazo de diez días siguientes a la presentación
de la solicitud.
27. En efecto, el inciso segundo del artículo 8 de la Ley 393 de 1997 establece
lo siguiente:
Con el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá
que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o
administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no
contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud.
28. Para el cumplimiento de este requisito de procedibilidad la Sala, ha
señalado que «el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición sino
una solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de la
renuencia para los fines de la acción de cumplimiento»8.
29. Sobre este tema, esta Sección9 ha dicho que:
Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.
4Sobre el particular esta Sección ha dicho: “La Sala también ha explicado que con el fin de
constituir en renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio
de funciones públicas, es necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o
administrativo, para lo cual se deberá precisar la norma o normas en que se consagró su
deber inobjetable y, por ende, exigible, pues lo contrario conduce a la improcedencia de la
acción por carecer del requisito de renuencia.(Negrita fuera de texto)
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 20
de octubre de 2011. Rad. 2011-01063, M.P. Dr. Mauricio Torres Cuervo.
9 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 9 de junio de 2011,
expediente 47001-23-31-000-2011-00024-01. Magistrada Ponente: Susana Buitrago Valencia.
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El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que
incumple la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que, si bien no está
sometida a formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos
contener: La petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de
ley o de un acto administrativo; el señalamiento preciso de la disposición
que consagra una obligación y la explicación del sustento en el que se funda
el incumplimiento.
Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación
a la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la
acción prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.
Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario
del deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento
reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido
de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el demandante,
pues, como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el
procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza material
de ley o actos administrativos10. (Negrillas fuera de texto).
30. De lo anterior se colige que, para dar por satisfecho este requisito, no es
necesario que el solicitante, en su petición, mencione de forma explícita y expresa
que su objetivo es constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8 de la
Ley 393 de 1997 no lo prevé así. Basta con advertir del contenido de la petición
que lo pretendido es el cumplimiento de un deber legal o administrativo y que, de
este, pueda inferirse el propósito de agotar el requisito en mención.
31. En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el
requisito de procedibilidad cuando la petición «tiene una finalidad distinta a la de
constitución en renuencia»11.
32. En el sub judice, la parte actora probó que le remitió una petición al
Ministerio de Trabajo el 3 de noviembre de 2022, en la que le solicitó atender el
mandato establecido en el artículo 33 del Decreto 1042 de 1978.
33. De otro lado, consta el oficio 08SE2022420100000057922 del 28 de
noviembre de 2022, mediante el cual el Ministerio de Trabajo le indicó que, de
conformidad con el artículo 33 del Decreto 1042 de 1978, el límite máximo para
10 Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24 de junio de 2004. EXP.
2003-00724. M.P.: Darío Quiñones Pinilla
11 Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencias del 21 de noviembre de 2002,
EXP. ACU-1614 y del 17 de marzo de 2011, EXP. 2011-00019.
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establecer la jornada laboral era de 44 horas, pero el jefe respectivo de cada
organismo puede establecer el horario de acuerdo con las necesidades de cada
entidad por disposición del artículo 22 de la ley 909 de 2004.
34. Así las cosas, no hay duda de que previo a acudir al ejercicio de la
presente acción de cumplimiento, la parte actora agotó en debida forma el
requisito de la renuencia.
2.4. De la procedencia de la acción de cumplimiento
35. El señor Alfonso Andrade solicita que se le ordene al Ministerio de Trabajo
atender lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto 1042 de 1978. En
consecuencia, pide que la entidad disponga que sus servidores públicos deben
laborar 44 horas semanales.
36. En este orden de ideas, la Sala manifiesta que el precepto que se pide
acatar, esto es, el artículo 33 del Decreto 1042 de 1978 es actualmente exigible.
Adicionalmente, no conlleva el establecimiento de gasto, en la medida en que, lo
perseguido a través de esta acción consiste en que la cartera ministerial
accionada establezca que sus servidores deben prestar determinadas horas de
trabajo.
37. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala estima que la parte actora cuenta con
otro mecanismo para ventilar sus pretensiones.
38. Al respecto, debe recordarse que el origen de la inconformidad del señor
Andrade tiene su génesis en la Resolución 3802 del 27 de septiembre de 2019
del Ministerio de Trabajo, mediante la cual se fijaron las políticas y directrices en
materia de gestión del talento humano para todos los servidores públicos de dicha
cartera. En particular, porque la misma habría fijado una jornada laboral inferior
a la establecida en el artículo 33 del Decreto 1042 de 1978.
39. La disposición citada contiene la escala de remuneración para los empleos
de distintas categorías fijadas dentro del Decreto 1042 de 1978, dentro de los
ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos
públicos, y otros, de conformidad con el artículo 1°, el cual delimita el campo de
aplicación del compendio normativo referido.
40. En ese orden de ideas, la Sala considera que lo pretendido por la parte
actora es cuestionar el contenido de la Resolución 3802 de 2019, porque la
misma es contraria a las normas en que debería fundarse, aspecto que debe ser
debatido a través del medio de control de nulidad siempre, por ser competencia
del juez de lo contencioso-administrativo.
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41. Al respecto, dispone el artículo 137 del CPACA:
Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare
la nulidad de los actos administrativos de carácter general.
Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en
que deberían fundarse, o sin competencia, o en forma irregular, o con
desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa
motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió.
[Énfasis de la Sala]
42. De lo expuesto, es claro que los reparos del señor Andrade encuadran
dentro de los supuestos que el legislador dispuso para el medio de control de
nulidad simple. De ahí que, al contar con un mecanismo judicial idóneo para
ventilar sus pretensiones, la demanda se torne improcedente.
43. En este punto conviene destacar que en anteriores oportunidades en las
que está Sala de Decisión conoció de acciones de cumplimiento encaminadas al
cumplimiento del articulo 33 del Decreto 1042 de 1978, se determinó que las
demandas eran procedentes, al no tener otros mecanismos para debatir lo aquí
solicitado12.
44. No obstante, de la demanda de la referencia, se advierte que el
incumplimiento se predica de la expedición de la Resolución 3802 del 27 de
septiembre de 2019 del Ministerio de Trabajo, aspecto que impone un análisis de
legalidad que no es susceptible de esta instancia procesal.
2.5. Conclusión
45. De conformidad con lo expuesto, esta Sala revocará la sentencia de 25 de
enero de 2023 del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que negó las
pretensiones de la demanda. En su lugar, se declarará la improcedencia de la
solicitud de amparo, dado que, el señor Alfonso Andrade tiene a su disposición
otros mecanismos judiciales para debatir sus pretensiones.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
12 Véase: Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia de 16 de marzo de 2023, exp. 76001-
23-33-000-2022-01038-01 (AC), M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio y sentencias del 23 de marzo
de 2023, Rad: 76001-23-33-010-2023-01023-01 y 76001-23-33-000-2023-00096-01. M.P. Pedro
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III. FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 25 de enero de 2023 proferida por la Sala
Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Caldas. En su lugar,
DECLARAR IMPROCEDENTE la acción, por las razones aquí expuestas.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la
Ley 393 de 1997.
TERCERO: En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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