Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2022-00912-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 76001-23-33-000-2022-00912-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2022-00912-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 76001-23-33-000-2022-00912-01
Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate
23 de marzo de 2023
Demandante: Wilson Alfonso Andrade
Demandado: Contraloría General de la República
Rad: 76001-23-33-000-2022-00912-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá D.C., veintitrés (23) de marzo de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 76001-23-33-000-2022-00912-01
Accionante: WILSON ALFONSO ANDRADE
Accionado: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Temas: Confirma decisión que negó la acción de cumplimiento
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia
de 21 de noviembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, que negó la acción de cumplimiento de la referencia.
1. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de cumplimiento
1. Con escrito presentado el 21 de octubre de 2022, por medio de la ventanilla
virtual, el señor Wilson Alfonso Andrade, ejerció la acción de cumplimiento contra
la Contraloría General de la República; con el fin de reclamar el acatamiento de la
jornada laboral prevista en el artículo 33 del Decreto 720 de 1978, es decir,
cuarenta y cuatro horas a la semana.
1.2. Pretensiones de la demanda
1). De la manera más respetuosa, le solicito al Honorable Juez Constitucional que
corresponda, que, haciendo justicia en nombre del pueblo, Ordene a la Contraloría General
de la República en Cabeza del Señor Contralor General de la República, doctor CARLOS
HERNAN RODRIGUEZ cumplir y que Éste ordene también a sus subalternos, el estricto
cumplimiento del mandato establecido en el artículo 33 del Decreto 720 de 1978 referido a
cuarenta y cuatro (44) horas de labores a la semana. Orden que debe ser extendida a todas
sus dependencias tanto en el nivel central, incluidos los organismos territoriales en el resto
del País.
2) Teniendo en cuenta lo manifestado por la Contraloría General de la República en la
respuesta a mi derecho de petición donde manifiesta: “Por lo tanto, la referencia normativa al
artículo 33 del Decreto 1042 de 1978 no resulta aplicable a la Contraloría General de la
1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Wilson Alfonso Andrade
Demandado: Contraloría General de la República
Rad: 76001-23-33-000-2022-00912-01
República, habida cuenta que esta tiene un régimen especial”. En razón a que no es esta la
norma a que debe acogerse este Organismo, pero que si debe acogerse al artículo 33 del
Decreto 720 de 1978 el cual fue el soporte principal en mi petición en la exigencia del
cumplimiento del deber omitido, con el debido respeto le solicito al Honorable Juez
Constitucional, Ordenar a la Contraloría General de la República a través del Contralor
General de la República, doctor CARLOS HERNAN RODRIGUEZ, el cumplimiento del
mandato establecido en el artículo 33 del Decreto 720 de 1978 (jornada laboral de cuarenta
y cuatro (44) horas semanales.
1.3. Hechos probados y/o admitidos
2. Mediante el radicado 2022ER0168978 del 11 de octubre de 2022, el
demandante le solicitó al contralor general de la República que cumpliera la
jornada laboral de cuarenta y cuatro horas establecida en “el artículo 33 del
Decreto 720 de 1978 y/o el artículo 33 del Decreto 1042 de 1978”.
3. A través del Oficio del 13 de octubre de 2022, la gerente de Talento
Humano de la entidad contestó la petición anterior en forma negativa. Esto bajo el
argumento de que a la Contraloría General de la República no le es aplicable el
artículo 33 del Decreto 1042 de 1978, porque cuenta con un régimen especial
previsto en el Decreto 720 de 1978. En virtud de aquel:
La asignación mensual fijada en las escalas de remuneración a que se refiere el presente
Decreto, corresponde a jornadas de 44 horas semanales. A los empleos cuyas funciones
implican el desarrollo de actividades discontinuas, intermitentes o de simple vigilancia podrá
señalárseles una jornada de trabajo hasta de 12 horas diarias.
Dentro el límite máximo fijado en este artículo, el Contralor General de la República podrá
establecer la jornada de trabajo.
4. En el mismo oficio la accionada afirmó que “[e]l régimen especial contiene
en forma expresa y clara los parámetros para fijar la jornada laboral. Por lo tanto,
no existe un vacío jurídico que permita acudir al régimen general; pues en lugar de
ello, lo que existe es una regulación distinta, propia del régimen especial de la
Contraloría General de la República, en virtud del cual, se contempló una forma
distinta para fijar la jornada”. En ese contexto, concluyó que el contralor general de
la República fijó una jornada laboral de cuarenta horas.
5. El actor señaló que la accionada es consciente de que está incumpliendo el
artículo 33 del Decreto 720 de 1978, al haber fijado una jornada de cuarenta
horas, omitiendo cuatro horas de labores a la semana.
1.4. Actuaciones procesales relevantes
1.4.1. Admisión de la demanda
6. Por auto del 26 de octubre de 2022, el magistrado ponente del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca admitió la demanda y ordenó notificar a la
Contraloría General de la República
2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Wilson Alfonso Andrade
Demandado: Contraloría General de la República
Rad: 76001-23-33-000-2022-00912-01
1.4.2. Aceptación de la manifestación de impedimento
7. Mediante auto del 23 de febrero de 2023, la Sala de Decisión de la Sección
Quinta declaró fundado el impedimento que presentó el magistrado Luis Alberto
Álvarez Parra, para conocer del presente asunto. Esto porque se consideró que
aquel se encontraba incurso en la causal prevista en el numeral 3 del artículo 130
de la Ley 1437 de 2011.
1.4.3. Contestación de la demanda
8. La Contraloría General de la República se opuso a las pretensiones. En
este sentido explicó que las cuarenta y cuatro horas que refiere el demandante
constituyen un límite máximo que no puede superarse, pero sí reducirse de
acuerdo con el inciso segundo del artículo 33 del Decreto 720 de 1978.
1.4.3. Fallo impugnado
9. Mediante la sentencia de 21 de noviembre de 2022, el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones presente acción porque
no se ha incumplido ninguna norma.
10. Para sustentar la decisión, en primer lugar, el a quo aludió a las reglas
generales de la acción de cumplimiento y, en segundo lugar, explicó el marco
jurídico de la accionada. En concreto, explicó que mediante el Decreto 720 de
1978, el Gobierno Nacional estableció “el sistema de clasificación y nomenclatura
de los empleos de la Contraloría General de la República, se fijan las escalas de
remuneración correspondientes a dichos empleos y se dictan otras disposiciones”.
11. En tercer lugar, refirió que el artículo 33 del Decreto 720 de 1978 establece
que la jornada será de cuarenta y cuatro horas, luego, en el inciso final, la misma
disposición normativa autoriza al contralor general de la República a fijar la
jornada de trabajo dentro del límite máximo fijado. En consecuencia, la jornada
actual de cuarenta horas se ajusta al ordenamiento jurídico.
12. En cuarto lugar, el tribunal le advirtió al demandante que si “no comparte la
regulación interna porque la considera violatoria del régimen laboral general, debe
acudir al medio de control de nulidad para obtener la declaratoria de ilegalidad”.
1.4.4. Impugnación
13. El actor impugnó el anterior proveído. El demandante afirmó que la tesis del
a quo es que no se incumplió el artículo 33 del Decreto 720 de 1978 porque “los
distintos Contralores Generales que han dirigido la entidad, (…) han interpretado
de manera ‘pacifica’ que el inciso segundo les permite reducir el monto máximo de
44 ‘semanas’ para los servidores de la Contraloría General de la República”. En
contraste con lo anterior, el accionante afirmó que la jornada laboral de cuarenta
3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Wilson Alfonso Andrade
Demandado: Contraloría General de la República
Rad: 76001-23-33-000-2022-00912-01
horas no guarda congruencia con la fijada en el acto normativo cuyo acatamiento
se reclama.
Además, reiteró las pretensiones de la demanda y agregó lo siguiente:
Considero que utilizar como soporte legal el artículo 33 del Decreto 720 de 1978 el cual
establece una jornada laboral de cuarenta y cuatro (44) a la semana en la expedición de
unas resoluciones que establecen una jornada laboral de cuarenta (40) horas a la semana,
no sé de qué manera esta irregular actuación prueba el cumplimiento de la jornada laboral
establecida en el artículo 33 del Decreto 720 de 1978.
Ahora bien, no sobra recordarle a este Honorable Tribunal Administrativo, que dentro de mis
pretensiones entre otras cosas en los numerales 4, 5 y 6 también solicité “Que si la
Contraloría era poseedora de alguna norma expedida por legislador que le autorizara la
reducción de cuatro horas de la jornada laboral establecida para los funcionarios de la
Contraloría General de la República, Ordenara su presentación y me suministrara una copia,
de lo cual no he recibido nada y tampoco se hace mención al respecto en el pronunciamiento
emitido y notificado a mi persona. Sin embargo, veo que este Honorable Tribunal sin haber
recibido prueba alguna que autorice a la Contraloría General de la República la reducción de
cuatro horas de la jornada laboral establecida en el Decreto Ley 720 de 1978, manifiesta
“Que el Organismo aquí demandado si puede reducir cuatro horas de la jornada laboral
establecida en la ley”.
14. El ciudadano añadió que no propone cuestionar la legalidad de los actos
administrativos mediante los cuales el contralor general de la República ha fijado
la jornada laboral, puesto que su pretensión es que se cumpla el mandato de las
cuarenta y cuatro horas semanales, por lo que considera “ilógico y fuera de lugar”
que el Contralor General de la República tenga “libre albedrio para establecer una
jornada laboral que él quisiera la cual también podrían ser 20, 30 o 35 horas a la
semana, lo cual puede estar ocurriendo, puesto que en dicho caso estaríamos
frente a un vacío en la ley que sería llenado con el artículo 33 del Decreto 1042 de
1978”.
15. Para finalizar, el peticionario formuló las siguientes conclusiones:
1). Considero que el Honorable Tribunal Administrativo del Valle del Cauca tiene una
apreciación errada al negar mis pretensiones bajo el argumento de que “Se probó que esta
disposición ha sido cumplida a través de las resoluciones expedidas por los distintos
Contralores Generales que han dirigido la entidad, quienes han interpretado de manera
“pacifica” que el inciso segundo les permite reducir el monto máximo de 44 “semanas” para
los servidores de la Contraloría General de la República”.
2). La manifestación hecha por el Honorable Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
carece de un fundamento legal que contradiga el mandato a cumplir por parte de los
servidores públicos de la Contraloría General de la República establecido en el artículo 33
del Decreto 720 de 1978, referido a una jornada laboral de cuarenta y cuatro (44) horas a la
semana. A este Honorable Tribunal parece que se le olvida que la jornada laboral para los
funcionarios públicos de la Contraloría General de la República fue establecida en el año
1978 por el Presidente de la República de la época, doctor ALFONSO LÓPES MICHELSEN
y por ende, Ésta es de origen legal, es decir, que corresponde al legislador regular sus
mínimos y sus máximos, mientras que a los jefes o directores de cada entidad les
corresponde definir lo relacionado con la reglamentación del «horario de trabajo»,
sujetándose, como es obvio a lo regulado por el legislador sobre la «jornada».
4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Wilson Alfonso Andrade
Demandado: Contraloría General de la República
Rad: 76001-23-33-000-2022-00912-01
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
16. Esta Sala es competente para conocer la impugnación presentada contra la
sentencia de primera instancia del 21 de noviembre de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, de conformidad con lo establecido en
los artículos 3.º de la Ley 393 de 19971, 125, 150 y 152 de la Ley 1437 de 20112,
y el Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de
Estado, que establece la competencia de la Sección Quinta de la Corporación
para conocer de las “apelaciones contra las providencias susceptibles de ese
recurso que se dicten por los Tribunales Administrativos en primera instancia en
las acciones de cumplimiento”.
2.2. Problemas jurídicos a resolver en la presente acción de cumplimiento
17. Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la
sentencia del 21 de noviembre de 2022 dictada por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la acción de cumplimiento.
2.3. Razones jurídicas de la decisión
18. Para resolver el problema jurídico planteado, se analizarán los siguientes
temas: (i) naturaleza de la acción de cumplimiento; (ii) requisito de procedibilidad;
y (iii) análisis del caso concreto.
2.3.1. Naturaleza de la acción de cumplimiento
19. La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la
Constitución Política; como un mecanismo para que toda persona pueda, "acudir
ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto
administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la
autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido". En igual sentido, el artículo
1° de la Ley 393 de 1997 precisa que, "Toda persona podrá acudir ante la
1 “ARTÍCULO 3o. COMPETENCIA. <Ver Notas del Editor> De las acciones dirigidas al cumplimiento de
normas con fuerza material de Ley o Acto Administrativo, conocerán en primera instancia los Jueces
Administrativos con competencia en el domicilio del accionante. En segunda instancia será competente el
Tribunal Contencioso Administrativo del Departamento al cual pertenezca el Juzgado Administrativo.
PARÁGRAFO. Las Acciones de Cumplimiento de que conozca el Consejo de Estado, serán resueltas por la
sección o subsección de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la cual haga parte el Consejero a quien
corresponda en reparto. Su trámite se hará a través de la correspondiente Secretaría. El reparto se efectuará
por el presidente de la Corporación, entre todos los Magistrados que conforman la Sala de lo Contencioso
Administrativo, en forma igualitaria.
PARÁGRAFO TRANSITORIO. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> Mientras entran en funcionamiento los
Jueces Administrativos, la competencia en primera instancia se radicará en los Tribunales Contenciosos
Administrativos y la segunda en el Consejo de Estado tratándose de acciones dirigidas al cumplimiento de
un Acto Administrativo.”.
2 Modificado por la Ley 2080 de 2021.
5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Wilson Alfonso Andrade
Demandado: Contraloría General de la República
Rad: 76001-23-33-000-2022-00912-01
autoridad judicial definida en esta Ley para hacer efectivo el cumplimiento de
normas aplicables con fuerza material de Ley o actos administrativos".
20. Colombia es un Estado Social de Derecho, y dentro de sus fines esenciales
está el de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución; teniendo en cuenta lo anterior y que las
autoridades de la República están instituidas, entre otras cosas, para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares (artículo 2°
de la Constitución Política), la acción en estudio permite la realización de este
postulado, logrando la eficacia material de la ley y de los actos administrativos
expedidos por las diferentes autoridades en cumplimiento de sus funciones
públicas.
21. De este modo, la acción de cumplimiento constituye el instrumento
adecuado para demandar a las autoridades o los particulares que ejercen
funciones públicas, ante el inminente incumplimiento; la efectividad de las normas
con fuerza material de ley y de los actos administrativos.
22. Como lo señaló la Corte Constitucional:
“el objeto y finalidad de esta acción es otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e incluso
a los servidores públicos, la posibilidad de acudir ante la autoridad judicial para exigir la
realización o el cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto administrativo y que
es omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este carácter. De esta manera, la
referida acción se encamina a procurar la vigencia y efectividad material de las leyes y de
los actos administrativos, lo cual conlleva la concreción de principios medulares del Estado
Social de Derecho, que tienden a asegurar la vigencia de un orden jurídico, social y
económico justo” 3 (Subrayado por fuera del texto).
23. Sin embargo, para que la acción de cumplimiento prospere, del contenido
de la Ley 393 de 1997, se desprende que, se deben acreditar los siguientes
requisitos mínimos:
a. Que el deber que se pide hacer cumplir se encuentre consignado en
normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes
(Art. 1.º)4.
b. Que el mandato sea imperativo e inobjetable, y que esté radicado en
cabeza de aquella autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones
públicas que deba cumplir; y frente a los cuales se haya dirigido la acción de
cumplimiento.
c. Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al
cumplimiento del deber, antes de formular la demanda, bien sea por acción u
3 Corte Constitucional, sentencia C-157 de 1998. Magistrados Ponentes Antonio Barrera Carbonell y
Hernando Herrera Vergara.
4 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general consagran
principios y directrices.
6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Wilson Alfonso Andrade
Demandado: Contraloría General de la República
Rad: 76001-23-33-000-2022-00912-01
omisión del exigido o por la ejecución de actos o hechos que permitan
deducir su inminente incumplimiento (Art. 8.º).
d. El artículo 8.° señala que, excepcionalmente, se puede prescindir de
este requisito “cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de
sufrir un perjuicio irremediable”, caso en el cual deberá ser sustentado en la
demanda.
e. Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento
judicial para lograr el efectivo cumplimiento del deber jurídico o
administrativo omitido, salvo el caso que, de no proceder el juez, se
produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción,
circunstancia esta que hace procedente la acción. Por tanto, es
improcedente la acción que persigue la protección de derechos que puedan
ser garantizados a través de la acción de tutela; o se pretenda el
cumplimiento de normas que establezcan gastos a la administración (Art.
9.º).
2.3.2. De la renuencia
24. El inciso segundo del artículo 8.° de la Ley 393 de 1997, en concordancia
con el numeral 5.° del artículo 10 ibídem, estableció como requisito de
procedibilidad de esta acción constitucional, que con la demanda el accionante
aporte la prueba de haber pedido a la entidad accionada en forma directa y con
anterioridad al ejercicio de la acción, el cumplimiento del deber legal o
administrativo presuntamente desatendido por aquella y, que la autoridad
requerida se ratifique en el incumplimiento o guarde silencio frente a la solicitud;
de esta manera, quedará acreditada la renuencia de la respectiva autoridad
administrativa y el actor podrá ejercer la acción de cumplimiento.
25. Por lo tanto, la Sala debe estudiar si la parte actora cumplió con su carga
de probar que constituyó en renuencia a la Contraloría General de la República,
antes de instaurar la demanda.
26. En efecto, junto con la demanda de cumplimiento, el demandante aportó el
escrito del 10 de octubre 2022, mediante el cual le solicitó al contralor general de
la República, lo siguiente:
En el ejercicio que me consagra el articulo 23 y 93 de la Constitución Colombiana y el
numeral 7 del artículo 5 de la Ley 1437 de 2011 (El Nuevo Código Administrativo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo) entre otras, y con el
debido respeto que usted merece, me dirijo a su persona por las siguientes razones:
PRIMERA: Por considerar que los servidores públicos de la Contraloría General de la
República pudieran no estar cumpliendo con el mandato establecido en el artículo 33 del
Decreto 720 de 1978 y/o el artículo 33 del Decreto 1042 de 1978 y con el ánimo de
confirmar mis presunciones, a través de derecho de petición fechado octubre 24 de 2019
dirigido al doctor, CARLOS FELIPE CORDOBA LARRARTE, Contralor General de la
7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Wilson Alfonso Andrade
Demandado: Contraloría General de la República
Rad: 76001-23-33-000-2022-00912-01
República de la época, al cual le correspondieron los Radicados No. 2019ER0117834 y
2019ER0117833, entre otras cosas solicité a este Organismo copia de los actos
administrativos que rigen la jornada laboral para sus servidores públicos desde el año 2000
hasta el año 2019.
SEGUNDA: Con Radicado 2019EE0136494 recibí respuesta a mi petición, donde se me
aportan algunas resoluciones y actos administrativos referidos a la jornada laboral de este
Organismo, los cuales me inclinan hacía la presunción de que los servidores públicos de la
Contraloría General de la República, pudieran estar incumpliendo la jornada laboral de (44)
a la semana establecidas como deber para los servidores públicos establecidas como
mandato en el artículo 33 del decreto 720 de 1978, y/o en el artículo 33 del Decreto 1042 de
1978.
TERCERA: La Contraloría General de la República me responde lo siguiente: Con el
propósito de atender su requerimiento se adjunta copia de los siguientes actos
administrativos en los que se establece la jornada de trabajo de la entidad que, coincide con
el horario de atención al público, así:
A. Resolución 09691 del 24 de septiembre de 1982 "Por la cual se establece la jornada de
trabajo y se modifica el horario de la Contraloría General de la República".
B. Resolución 05575 del 14 de mayo de 2004 "Por la cual se modifica la Resolución 9691
del 24 de septiembre de 1982 y se dictan otras disposiciones".
C. Resolución Reglamentaria 0121 del 21 de diciembre de 2010 "Por la cual se reglamenta
la jornada de trabajo de la Contraloría General de la República y se deroga la Resolución
5575 del 14 de mayo de 2014".
D. Resolución Reglamentaria 0123 del 07 de febrero de 2010 "Por la cual se modifica el
artículo 1 ° de la Resolución 0121 del 21 de diciembre de 2010".
E. Resolución 0140 del 01 de noviembre de 2011 "Por la cual se unifican la Resolución
Orgánica No. 05575 del 14 de mayo de 2004 y las Resoluciones Reglamentarias Nos.
F. Resolución OGZ-306-2015 del 24 de septiembre de 2015 "Por la cual se modifica el
artículo tercero de la Resolución Reglamentaria 0140 de 2011".
G. Resolución OGZ-371-2016 del 01 de febrero de 2016 "Por la cual se modifica el artículo
tercero de la Resolución Reglamentaria 0140 de 2011".
H. Resolución OGZ-0656-2019 de 08 de mayo de 2018 "Por la cual se fija la jornada de
trabajo de la Contraloría General de la República y se dictan otras disposiciones".
I. Resolución ORD-03427 del 14 de agosto de 2019 "Por la cual se implementa una prueba
piloto de horario flexible en el nivel central de la Contraloría General de la República".
J. Resolución OGZ-0715 del 20 de agosto de 2019 "Por la cual se modifica temporalmente
el horario de trabajo de las Gerencias Departamentales de Bolívar, Magdalena, meta,
Quindío y Valle del Cauca".
CUARTA: La Resolución Orgánica No. 05575 de mayo 14 de 2004 y la Resolución unificada
en la Resolución No. 140 de 2011, publicada Ésta en el Diario Oficial No. 48.241 de 2 de
noviembre de 2011 entre otras: Todas las Resoluciones aquí referidas, a pesar de haber
sido expedidas bajo soporte legal del artículo 33 del Decreto 720 de abril de 1978, el cual
establece una jornada laboral de 44 horas a la semana para los servidores públicos de la
Contraloría General de la República, de manera extraña, la Contraloría General de la
República desatendiendo el mandato establecido en el aquí referido artículo, Ésta estableció
en las aquí referidas Resoluciones un mandato a cumplir de cuarenta (40) horas laborales a
la semana para los servidores públicos de la Contraloría General omitiendo cuatro (4) horas
de labores. Ahora bien, por otro lado, tenemos el artículo 33 del decreto 1042 de junio 7 de
1978 el cual, rige la jornada de trabajo para los servidores públicos a nivel general, el cual
también establece una jornada de trabajo de cuarenta y cuatro (44) horas, lo cual ha sido
8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Wilson Alfonso Andrade
Demandado: Contraloría General de la República
Rad: 76001-23-33-000-2022-00912-01
ratificado por los Altos Tribunales a través de algunas Sentencias como la 1063 del año
2000 de la Honorable Corte Constitucional. Sentencia 3594 del 19 de febrero de 2015 del
Honorable Consejo de Estado. Sentencia 1999 – 01547 del año 2020 del Honorable
Concejo de Estado.
QUINTA: De acuerdo a lo previamente expuesto, con el debido respeto que me merece este
Organismo, no creo que le asista la razón al restarle cuatro (4) horas a la jornada laboral de
cuarenta y cuatro (44) horas semanales como lo establece el artículo 33 del Decreto 720 de
1978, y/o el artículo 33 del Decreto Ley 1042 de 1978. Ahora bien, lo que, si puede hacer el
Contralor General de la República, jefe o director de cualquier organismo, es establecer el
horario laboral de acuerdo a las necesidades del establecimiento.
27. Para el cumplimiento de este requisito de procedibilidad es importante
tener en cuenta, como lo ha señalado la Sala, que, “el reclamo en tal sentido no
es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente hecha con el
propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la acción de
cumplimiento”5.
28. Según se observa, el 23 de octubre de 2022, la gerente de Talento Humano
de la entidad contestó la anterior solicitud, en los siguientes términos:
El Decreto – Ley 268 de 2000, determina, entre otros aspectos, lo siguiente: 71
“ARTICULO 45. ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE
LA REPÚBLICA. Las normas con base en las cuales se administrará el personal de la
Contraloría serán las contenidas en las normas generales que rigen para la rama ejecutiva
en el ámbito nacional, cuando ello sea necesario y en todo lo que no contradiga lo dispuesto
en el presente decreto y demás normas especiales propias de la Contraloría General de la
República.”
Por lo tanto, la referencia normativa al artículo 33 del Decreto 1042 de 1978 no resulta
aplicable a la Contraloría General de la República, habida cuenta que esta tiene un régimen
especial.
En efecto, comparativamente se tiene:
Decreto 720 de 1978 Por el cual se Decreto 1042 de 1978 “Por el cual se establece el
establece el sistema de clasificación y sistema de nomenclatura y clasificación de los
nomenclatura de los empleos de la empleos de los ministerios, departamentos
Contraloría General de la República, se administrativos, superintendencias,
fijan las escalas de remuneración establecimientos públicos y unidades
correspondientes a dichos empleos y se administrativas especiales del orden nacional, se
dictan otras disposiciones. fijan las escalas de remuneración correspondientes
a dichos empleos y se dictan otras disposiciones”.
ARTÍCULO 33. DE LA JORNADA DE ARTÍCULO 33. De la jornada de trabajo. La
TRABAJO. La asignación mensual fijada en asignación mensual fijada en las escalas de
las escalas de remuneración a que se remuneración a que se refiere el presente Decreto,
refiere el presente Decreto, corresponde a corresponde a jornadas de cuarenta y cuatro horas
jornadas de 44 horas semanales. A los semanales. A los empleos cuyas funciones implican
empleos cuyas funciones implican el el desarrollo de actividades discontinuas,
desarrollo de actividades discontinuas, intermitentes o de simple vigilancia podrá
intermitentes o de simple vigilancia podrá señalárseles una jornada de trabajo de doce horas
señalárseles una jornada de trabajo hasta diarias, sin que en la semana excedan un límite de
de 12 horas diarias. 66 horas. Dentro del límite máximo fijado en este
Dentro el límite máximo fijado en este artículo, el jefe del respectivo organismo podrá
artículo, el Contralor General de la establecer el horario de trabajo y compensar la
República podrá establecer la jornada de jornada del sábado con tiempo diario adicional de
trabajo. labor, sin que en ningún caso dicho tiempo
compensatorio constituya trabajo suplementario o
5 Sección Quinta, providencia del 20 de octubre de 2011, Exp. 2011-01063, M.P. Mauricio Torres Cuervo.
9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Wilson Alfonso Andrade
Demandado: Contraloría General de la República
Rad: 76001-23-33-000-2022-00912-01
de horas extras. El trabajo realizado en día sábado
no da derecho a remuneración adicional, salvo
cuando exceda la jornada máxima semanal. En
este caso se aplicará lo dispuesto para las horas
extras.
Tal como se ha visto, el régimen especial contiene en forma expresa y clara los parámetros
para fijar la jornada laboral. Por lo tanto, no existe un vacío jurídico que permita acudir al
régimen general; pues en lugar de ello, lo que existe es una regulación distinta, propia del
régimen especial de la Contraloría General de la República, en virtud del cual, se contempló
una forma distinta para fijar la jornada.
Todo lo expuesto, en concordancia con el principio de inescindibilidad de la norma que
supone la aplicación íntegra de un régimen o precepto, lo que implica la imposibilidad de
acogerse a una parte de ellos despreciando la otra, o fundir normas o regímenes, para
obtener uno nuevo más favorable.
Al respecto ha manifestado el Consejo de Estado, Consejero Ponente Gustado Eduardo
Gómez Aranguren, en Sentencia del 8 de mayo de 2008, Expediente 1371-07, lo siguiente:
“No obstante, al principio de favorabilidad aplicado por el a quo le secunda el principio de
inescindibilidad de la Ley, en virtud del cual la norma que se adopte debe ser aplicada en su
integridad, quedando prohibido dentro de una sana hermenéutica, el desmembramiento de
las normas legales para tomar aspectos favorables que uno y otro régimen ofrezca. De esta
manera, quien invoca un ordenamiento que le beneficia y quien en efecto lo aplica, no
puede recoger las prebendas contenidas en el uno para incrustarlas en la aplicación del
otro.”
Acudiendo a la interpretación gramatical de la expresión “máximo”, se tiene que conforme al
Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, por la misma se entiende: 2. m.
Límite superior o extremo a que puede llegar algo.”
Significa lo anterior, que dentro de ese rango el contralor puede fijar la escala laboral como
en efecto lo ha hecho al referir que al interior de la entidad la jornada es de 40 horas.
Por lo expuesto, la entidad no considera procedente modificar la jornada laboral de los
funcionarios, habida cuenta que la misma fue establecida conforme a las expresas
facultades del Contralor General de la República.
29. Por lo anterior, se entiende cumplido este requisito, dado que la entidad
atendió lo pedido en forma negativa.
2.3.3. Procedencia de la acción de cumplimiento
30. La parte actora, con el ejercicio de este medio de control, persigue que se le
ordene a la entidad demandada que cumpla con la jornada laboral de cuarenta y
cuatro horas a la semana de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del
Decreto Ley 1042 de 1978 y/o del artículo 33 del Decreto 720 de 1978, lo que
torna la presente acción procedente, en la medida que el actor no cuenta con otros
mecanismos de defensa judicial para lograr dicho fin. Asimismo, los preceptos
demandados son actualmente exigibles, en cuanto no están derogado o
suspendidos y su eventual cumplimiento no implica el establecimiento de gastos.
31. Por último, se observa que la pretensión del demandante no involucra la
protección de derechos fundamentales.
10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Wilson Alfonso Andrade
Demandado: Contraloría General de la República
Rad: 76001-23-33-000-2022-00912-01
2.3.4. Caso concreto
32. Según quedó expuesto en los antecedentes, el demandante pretende que,
a través de este mecanismo constitucional, se ordene cumplir el “el artículo 33 del
Decreto 720 de 1978 y/o el artículo 33 del Decreto 1042 de 1978”. Los artículos
aludidos, establecen lo siguiente:
Decreto 1042 de 1978
“Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de los
ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y
unidades administrativas especiales del orden nacional, se fijan las escalas de remuneración
correspondientes a dichos empleos y se dictan otras disposiciones”.
ARTÍCULO 33. De la jornada de trabajo. La asignación mensual fijada en las escalas de
remuneración a que se refiere el presente Decreto, corresponde a jornadas de cuarenta y
cuatro horas semanales. A los empleos cuyas funciones implican el desarrollo de actividades
discontinuas, intermitentes o de simple vigilancia podrá señalárseles una jornada de trabajo
de doce horas diarias, sin que en la semana excedan un límite de 66 horas. Dentro del límite
máximo fijado en este artículo, el jefe del respectivo organismo podrá establecer el horario
de trabajo y compensar la jornada del sábado con tiempo diario adicional de labor, sin que
en ningún caso dicho tiempo compensatorio constituya trabajo suplementario o de horas
extras. El trabajo realizado en día sábado no da derecho a remuneración adicional, salvo
cuando exceda la jornada máxima semanal. En este caso se aplicará lo dispuesto para las
horas extras”.
33. En primer lugar, debe precisarse que el artículo 33 del Decreto 1042 de
1978, no le es aplicable a la Contraloría General de la República ya que la entidad
se rige por las normas especiales previstas en el Decreto 720 de 1978. En
consecuencia, la accionada no es destinataria de aquellas, por lo que mal podría
exigírsele el acotamiento de las mismas. En este sentido, recientemente, en la
sentencia del 16 de marzo de 2023, exp. 2022-01038-01, la Sección Quinta, en un
caso similar, concluyó lo siguiente:
De acuerdo con lo anterior, no se evidencia que la disposición invocada determine que la
jornada laboral de los servidores de la Procuraduría General de la Nación es de cuarenta y
cuatro horas a la semana. En ese orden el artículo 33 del Decreto 1072 de 1978, no es
aplicable al órgano de control demandado, por cuanto es independiente de la rama ejecutiva,
conforme con las previsiones de los artículos 113, 116 y 117 de la Constitución Política.
Adicionalmente, la entidad demandada tiene un régimen especial respecto de la
administración de su personal; en esa medida no es posible acceder a lo pretendido por el
actor porque la norma que se dice incumplida está dirigida a la rama ejecutiva tanto para su
nivel nacional y territorial.
Así las cosas, el artículo 33 del Decreto 1072 de 1978 tiene campo de aplicación para los
ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y
unidades administrativas especiales del orden nacional, y prevén la jornada laboral para
quienes desempeñen los empleos que tengan una asignación mensual fijada en las escalas
de remuneración indicadas en ese decreto; sin embargo, del contenido de la citada
disposición no se vislumbra que ello implique que dentro de sus destinatarios este la
procuraduría demandada y menos que ésta deba atender su contenido y variar los horarios
ya establecidos.
Por otra parte, en la impugnación el demandante, mencionó que la entidad demandada
incumple el precepto invocado, puesto que el artículo 178 del Decreto Ley 262 de 2000,
11 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Wilson Alfonso Andrade
Demandado: Contraloría General de la República
Rad: 76001-23-33-000-2022-00912-01
hace referencia es al horario de trabajo de los servidores de ese organismo mediante
resolución interna, desconociendo la jornada laboral, que “…representa el número de horas
que el trabajador presta su servicio, mientras que el ‘horario’ hace referencia a la hora u
horas de entrada y/o salida, así de esta manera, la fijación de la jornada laboral es de origen
legal, es decir, que corresponde al legislador regular sus mínimos y sus máximos, mientras
que, a los jefes o directores de cada entidad, les corresponde definir lo relacionado con el
‘horario, sujetándose, como es obvio, a lo regulado por el legislador sobre la ‘jornada’”.
Al respecto, se hace necesario señalar que la misma disposición contempla la diferencia que
refiere el accionante para que la rama ejecutiva pueda establecer el horario de trabajo a
partir del límite de la jornada laboral allí prevista, no obstante, si en gracia de discusión se
considerara que el artículo 33 del Decreto 1072 de 1978 fuera aplicable a la demandada, el
horario establecido por la Procuraduría es para la atención al público, sin que ello implique
que la jornada laboral del órgano de control sea de 40 horas.
34. En segundo lugar, la Sala observa que el artículo 33 del Decreto 720 de
1978, cuyo cumplimiento se reclama en esta acción, establece lo siguiente:
DECRETO 720 DE 1978
(Abril 20)
Por el cual se establece el sistema de clasificación y nomenclatura de los empleos de la
Contraloría General de la República, se fijan las escalas de remuneración correspondientes
a dichos empleos y se dictan otras disposiciones.
ARTÍCULO 33. DE LA JORNADA DE TRABAJO. La asignación mensual fijada en las
escalas de remuneración a que se refiere el presente Decreto, corresponde a jornadas de 44
horas semanales. A los empleos cuyas funciones implican el desarrollo de actividades
discontinuas, intermitentes o de simple vigilancia podrá señalárseles una jornada de trabajo
hasta de 12 horas diarias.
Dentro el límite máximo fijado en este artículo, el Contralor General de la República podrá
establecer la jornada de trabajo.
35. En tercer lugar, esta corporación comparte la lectura que hicieron de la
norma tanto la Contraloría General de la República como el a quo. Porque si bien
el artículo 33 del Decreto 720 de 1978 se encuentra vigente y surtiendo efectos; y
es aplicable a los servidores de la Contraloría General de la República; lo cierto es
que no contiene la orden que el demandante pretende que hacer cumplir.
36. Lo anterior porque el artículo 33 del Decreto 720 de 1978 establece que la
asignación mensual fijada en las escalas de remuneración corresponde a jornadas
de cuarenta y cuatro horas semanales. Sin embargo, la misma disposición
normativa, en el segundo inciso, autoriza al contralor general a establecer una
jornada que no supere el límite máximo ya descrito.
37. Esto quiere decir que la accionada podría establecer una jornada de hasta
cuarenta y cuatro horas, lo cual, no obsta para que a través de los reglamentos
establezca una inferior.
38. En este caso, se observa que, a través de distintos actos administrativos, el
contralor general de la República ha establecido una jornada de cuarenta horas,
por ejemplo; la Resolución 9692 de 1981, la Resolución Orgánica 5575 de 2004,
12 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Wilson Alfonso Andrade
Demandado: Contraloría General de la República
Rad: 76001-23-33-000-2022-00912-01
las Resoluciones Reglamentarias 121 de 2010, 123 de 2011, 140 de 2011 y la
Resolución Organizacional OGZ-656 de 2018.
39. En criterio de la Sala, las actuaciones del contralor general de la República
se han ajustado a las previsiones del artículo 33 del Decreto 720 de 1978 que lo
autoriza a fijar una jornada laboral que no exceda las cuarenta y cuatro horas
semanales.
40. Así las cosas, no se advierte el incumplimiento alegado, pues la norma
invocada no impone un deber u obligación en los términos pretendidos por la parte
actora, razón por la que la Sala confirmará la decisión del Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca que negó la acción, por las razones indicadas en esta
providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 21 de noviembre de 2022 del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la acción de
cumplimiento formulada por el señor Wilson Alfonso Andrade contra la Contraloría
General de la República.
SEGUNDO: Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley
393 de 1997.
TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
Con impedimento aceptado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
13 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Wilson Alfonso Andrade
Demandado: Contraloría General de la República
Rad: 76001-23-33-000-2022-00912-01
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y
efectos jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364
de 2012.
14 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.