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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-00697-01

Fecha
23 de mayo de 2024
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-00697-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 11 de abril de 2024, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2024-00697-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

23 de mayo de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintitrés (23) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Radicación: 11001-03-15-000-2024-00697-01
Accionante: WILSON ALFONSO ANDRADE
Accionados: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN QUINTA Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Se confirma el fallo
impugnado – Se declara improcedente el mecanismo de amparo por no cumplir
con el requisito general de procedencia de inmediatez.

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por el señor Wilson Alfonso Andrade
contra la sentencia de 11 de abril de 2024, proferida por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. Elseñor Wilson Alfonso Andrade solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la dignidad humana, al trabajo y al
acceso a la administración de justicia, cuya vulneración le atribuyó a las sentencias
de 21 de noviembre de 2022 y 23 de marzo de 2023, proferidas por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca y el Consejo de Estado - Sección Quinta,
respectivamente, dentro del proceso de acción de cumplimiento de normas con
fuerza material de ley o de actos administrativos, con número de radicación 76001-
23-33-000-2022-00912-00/01.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Informó que instauró la demanda de acción de cumplimiento de normas con fuerza
material de ley o de actos administrativos núm. 76001-23-33-000-2022-00912-00/01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicación: 11001-03-15-000-2024-00697-01
Accionante: Wilson Alfonso Andrade

contra la Contraloría General de la República para lograr el cumplimiento de la
jornada laboral prevista en el artículo 33 del Decreto 720 de 20 de abril de 19781.

2.2. Indicó que los funcionarios de la Contraloría General de la República se apartaron
de lo señalado en el artículo 33 del Decreto 720 de 1978, el cual dispone una jornada
laboral de 44 horas semanales, reduciéndolas de manera arbitraria a 40 horas
semanales.

2.3. Refirió que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia de
21 de noviembre de 2022, negó las pretensiones de la demanda.

2.4. Señaló que apeló el fallo de primera instancia y que, mediante sentencia de 23 de
marzo de 2023, el Consejo de Estado - Sección Quinta confirmó la decisión recurrida.

2.5. Adujo que el 10 de abril de 2023 interpuso recurso extraordinario de revisión, por
la causal prevista en el numeral 8 del artículo 250 de la Ley 1437 de 18 de enero de
20112.

2.6. Refirió que el anterior proceso fue conocido por la Sala Séptima Especial de
Decisión del Consejo de Estado, y que mediante auto del 25 de abril de 2023
inadmitió la demanda por no haberse acreditado de manera correcta el envío del
recurso y sus anexos a la entidad demandada.

2.7. Puntualizó que, mediante auto de 12 de diciembre de 2023, la Sala Séptima
Especial de Decisión del Consejo de Estado dispuso archivar el recurso
extraordinario de revisión, en virtud de la solicitud del representante judicial del
demandante, en la que afirmó que el fallo censurado no se encontraba incurso en
ninguna de las causales de revisión.

2.8. Indicó que las sentencias proferidas por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca y el Consejo de Estado - Sección Quinta vulneraron sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la dignidad humana, al trabajo y al
acceso a la administración de justicia al incurrir en los defectos fáctico y orgánico.

2.9. Frente al defecto fáctico señaló que “[…] las decisiones carecen de
fundamentación probatoria de norma legal alguna que autorice la reducción la [sic]
jornada laboral de 44 horas establecidas en el artículo 33 del Decreto 720 de 1978
para los servidores públicos de la Contraloría General de la República (con algunas
excepciones) […]”.

2.10. Respecto al defecto orgánico manifestó que existe una “[…] falta de competencia
de los organismos judiciales para autorizar y avalar la reducción de la jornada laboral,
lo cual es competencia del legislativo y del Gobierno Nacional en Cabeza del
presidente de la República como lo establece el párrafo segundo del numeral 10 del
1
“Por el cual se establece el sistema de clasificación y nomenclatura de los empleos de la Contraloría General de la República,
se fijan las escalas de remuneración correspondientes a dichos empleos y se dictan otras disposiciones”.
2
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-00697-01
Accionante: Wilson Alfonso Andrade

artículo 150 de la Constitución el cual dice: “El Congreso podrá, en todo tiempo y por
iniciativa propia, modificar los decretos leyes dictados por el Gobierno en uso de
facultades extraordinarias” […]”.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] 1. 1. Amparar mis derechos fundamentales al debido proceso (art.
29/Const.), al acceso a la administración de justicia (art. 229/Const.), a la
dignidad humana, al trabajo (art. 25/Const.), al de recibir información verás [sic]
(art. 20/Const.), al de la igualdad (art. 13/Const.), impetrados a través de esta
acción de tutela contra providencia judicial a favor del demandante, ciudadano
WILSON ALFONSO ANDRADE, identificado con cedula [sic] de ciudadanía
No. 16, 474 829.

2. Dejar sin efectos la Sentencia de Acción de Cumplimiento de Segunda
Instancia Contra la Contraloría General de la Nación dictada por la Honorable
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta del Consejo de Estado
bajo Radicado No. 76001-23-33-000-2022-00912-01 de veintitrés (23) de marzo
de dos mil veintitrés (2023) y la Sentencia de Primera Instancia No. 230 de
veintiuno (21) de noviembre de dos mil veintidós (2022) dictada por el Honorable
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

3. Ordenar a la Sala de Decisiones que corresponda, que profiera nueva
sentencia, en la cual se haga una valoración adecuada del precedente judicial
en el tema de acuerdo a las reglas jurisprudenciales Y NO DE MANERA
CAPRICHOSAS, ARBITRARIA Y VIOLATORIAS DE MIS DERECHOS
FUNDAMENTALES como ha ocurrido con las decisiones erróneas tomadas
inobservando la Constitución y la ley […]”. [Negrilla y mayúscula original del
texto].

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 22 de febrero de 2024, el magistrado a cargo de la sustanciación
del proceso del Consejo de Estado - Sección Cuarta, admitió la presente acción de
tutela. Asimismo, ordenó vincular en calidad de terceros con interés el resultado del
proceso a la Contraloría General de la República y a la Sala Séptima Especial de
Decisión del Consejo de Estado.

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuadas las notificaciones a las autoridades accionadas y a las
vinculadas, se allegó el siguiente informe:

5.1. La Sala Séptima Especial de Decisión del Consejo de Estado, a través del
magistrado sustanciador del recurso extraordinario de revisión, manifestó que “[…]
no participaría en la tutela de la referencia como parte ni como tercero y acatará
estrictamente las disposiciones que se adopten en ella […]”.

4

Radicación: 11001-03-15-000-2024-00697-01
Accionante: Wilson Alfonso Andrade

VI. EL FALLO IMPUGNADO

6. Mediante sentencia de tutela de 11 de abril de 2024, la Sección Cuarta del Consejo
de Estado declaró improcedente la presente acción de tutela por no cumplir con el
requisito de inmediatez, en tanto que consideró que “[…] el actor tenía hasta el 30
de septiembre de 2023 para interponer la acción de tutela; sin embargo, la presentó
hasta el 12 de febrero de 2024. Esto implica que, entre la notificación de la
providencia cuestionada, y la interposición del amparo constitucional trascurrieron 10
meses y 13 días, situación que supera el plazo razonable de seis meses a que alude
la jurisprudencia de esta alta corte. Además. No se presentó una justificación que
permita de algún modo, flexibilizar el lapso que se ha considerado razonable […]”.

7. Por último, señaló lo siguiente:

“[…] En este punto conviene precisar que, aunque se interpuso recurso
extraordinario de revisión contra la sentencia del 23 de marzo de 2023, la
inmediatez no puede computarse a partir de la notificación de la decisión del
recurso extraordinario de revisión que propuso el accionante, ya que aquel es un
proceso independiente a la acción de cumplimiento no una instancia adicional
Así lo precisó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta
Corporación en sentencia de 7 de abril de 20153 y lo ha reiterado esta Sección
en diferentes oportunidades4.

[…]

Es por lo anterior por lo que, la existencia de este recurso extraordinario no afecta
el término de inmediatez en materia de tutela y, por lo tanto, se reitera: la acción
de amparo en el caso concreto no fue interpuesta dentro del plazo razonable
establecido por la jurisprudencia constitucional y contenciosa […]”.

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

8. La parte accionante impugnó la decisión de primera instancia al considerar que
“[…] el PLAZO RAZONABLE para interponer la tutela inició a partir de la fecha en
que fui notificado del archivo del recurso extraordinario de revisión y no a partir de la
notificación de la sentencia de Segunda Instancia […]”.

9. Reiteró que interpuso recurso extraordinario de revisión por considerar
equivocadas tanto la decisión de primera instancia proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca y la de segunda instancia de la Sección Quinta
del Consejo de Estado.

3
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala núm. 13 Especial de Decisión, sentencia de 7 de abril
de 2015, exp. No 11001-03-15-000-2006-00318-00, C.P.: Jorge Octavio Ramírez R
4
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia de tutela del 9 de febrero de 2023.
Proceso nro. 11001-03-15-000-2022-06248-00. M.P. Myriam Stella Gutiérrez Arguello: Sentencia de tutela del 26 de enero de
2023. Proceso nro. 11001-03-15-000-2022-03325-01. M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; sentencia de tutela del 14 de
diciembre de 2022. Proceso nro. 11001-03-15-000-2022-06082-00. M.P. Milton Chaves García; sentencia de tutela del 14 de
diciembre de 2022. Proceso nro. 11001-03-15-000-2022-06184-00. M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.

5

Radicación: 11001-03-15-000-2024-00697-01
Accionante: Wilson Alfonso Andrade

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

10. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela,
de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre
de 19915, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26
de mayo de 20156, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333 de 6 de abril
de 20217, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20198.

VIII.2. Problemas jurídicos

11. El extremo accionante le atribuyó la vulneración de sus derechos fundamentales
a las sentencias de 21 de noviembre de 2022 y 23 de marzo de 2023, proferidas por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Consejo de Estado - Sección
Quinta, respectivamente. Sin embargo, la Sala sólo analizará si la providencia de 23
de marzo de 2023, proferida en segunda instancia por el Consejo de Estado, vulneró
los derechos fundamentales de la parte accionante porque esta decisión fue la que
finiquitó la litis e hizo tránsito a cosa juzgada.

12. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado9, la Sala debe establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se
deberá:

b) Determinar si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante, al haber incurrido,
presuntamente, en un defecto orgánico y fáctico.

13. Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, se harán previamente algunos
planteamientos respecto de: (i) los requisitos generales y especiales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales; procediendo posteriormente a
(ii) resolver el caso concreto relacionado con los defectos alegados, siempre y
cuando se superen los requisitos generales y/o exigencias adjetivas.

5
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
6
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
7
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
8
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
9
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

6

Radicación: 11001-03-15-000-2024-00697-01
Accionante: Wilson Alfonso Andrade

VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

14. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 201210, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

15. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para que
proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

16. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia
de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se
trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia
objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de
vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción no se dirija contra un
fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

17. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial11, la sentencia C-590 de 2005
estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental absoluto,
fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución12.

18. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de

10
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
11
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
12
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o que
presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-00697-01
Accionante: Wilson Alfonso Andrade

análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”13 que encaje en dichos
parámetros.

19. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento
excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores
constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica
e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

20. El
criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.

VIII.4. El caso concreto

21. Elseñor Wilson Alfonso Andrade solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la dignidad humana, al trabajo y al
acceso a la administración de justicia, cuya vulneración le atribuyó a las sentencias
de 21 de noviembre de 2022 y 23 de marzo de 2023, proferidas por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca y el Consejo de Estado - Sección Quinta,
respectivamente, dentro del proceso de acción de cumplimiento de normas con
fuerza material de ley o de actos administrativos, con número de radicación 76001-
23-33-000-2022-00912-00/01.

22. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos generales
de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, en especial, el
requisito de inmediatez.

VIII.4.1. Del incumplimiento del requisito general de procedencia de inmediatez

23. En cuanto al requisito general de inmediatez, se debe señalar que la acción de
tutela no tiene un plazo específico para su interposición. Sin embargo, la Corte
Constitucional ha dicho, refiriéndose a este requisito, que la acción de tutela debe
ser interpuesta: “[…] en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que
originó la vulneración14. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela
proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones
judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como
mecanismos institucionales legítimos de solución de conflictos […]”15.

24. Al respecto, la jurisprudencia constitucional16, ha señalado lo siguiente:

13
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
14
Ver entre otras, Sentencia T-315 de 2005.
15
Sentencia C-590 de 2005, T-743 de 2008, T-343 de 2012.
16
Corte Constitucional, Sentencia T-739 de 2010.

8

Radicación: 11001-03-15-000-2024-00697-01
Accionante: Wilson Alfonso Andrade

“[…] En el caso específico de tutelas contra providencias judiciales, el requisito
de inmediatez adquiere una connotación aún más precisa y exigente, pues
el carácter excepcional de esta figura obedece precisamente a la
necesidad que existe de conciliar la protección de derechos
fundamentales con los principios constitucionales de seguridad jurídica y
autonomía judicial, que podrían comprometerse si la tutela contra
providencias judiciales se convierte en práctica generalizada. De ahí que
la jurisprudencia de la Corte Constitucional haya sido particularmente
reiterativa en considerar que el principio de inmediatez es particularmente
importante cuando se trata de examinar la procedencia de tutelas contra
providencias judiciales. En la citada sentencia C-590 de 2005, se afirmó que
“de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad
jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos
de resolución de conflictos” […]”17. [Cursiva original del texto y negrilla fuera del
texto]

25. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante
sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, fijó una regla jurisprudencial según
la cual el plazo considerado como razonable era de seis (6) meses, contados a partir
de la notificación de la decisión judicial objeto de tutela. Ello con sustento en el
siguiente raciocinio:

“[…] Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional para la
protección pronta y eficaz de tales derechos, se requiere que la acción se
ejerza en un tiempo razonable, prudencial, requisito que garantiza la
realización del principio de seguridad jurídica y, por ende, el de la cosa
juzgada, al asegurar que la decisión judicial alcance el grado de certeza
material, que la hace definitiva e inmutable.

Anotase que el término o plazo de inmediatez no es único. Eso explica que las
diversas secciones del Consejo de Estado hayan fijado pautas diferentes sobre
este aspecto. Por eso, la Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de
seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia,
según el caso, para determinar si la acción de tutela contra providencias
judiciales se ejerce oportunamente.

Se ha estimado como aceptable ese plazo, teniendo en cuenta la naturaleza del
acto jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la interposición de los
recursos ordinarios y extraordinarios contra las mismas, el derecho a la tutela
judicial efectiva y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren
certeza y estabilidad. La regla general del plazo de seis meses se acoge,
además, teniendo en cuenta: i) que el plazo ha sido considerado como
razonable por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y; (ii) se trata de
una decisión judicial adoptada en un proceso jurisdiccional […]”18. [Negrilla
fuera del texto]

17
Ibidem.
18
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de 2014, expediente 11001-03-
15-000-2012-02201-01, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

9

Radicación: 11001-03-15-000-2024-00697-01
Accionante: Wilson Alfonso Andrade

26. La jurisprudencia constitucional19 ha establecido excepciones a la aplicación del
requisito de inmediatez, las cuales deberán demostrarse y justificarse por el
accionante en cada caso particular20, así:

“[…] La acción de tutela sería procedente cuando fuere promovida transcurrido
un extenso espacio entre el hecho que generó la vulneración, siempre que: i)
exista un motivo válido para la inactividad de los accionantes, por ejemplo, el
estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad
física, entre otros; ii) la inactividad injustificada vulnere el núcleo esencial de los
derechos de terceros afectados con la decisión; iii) exista un nexo causal entre
el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los
interesados; o iv) cuando se demuestre que la vulneración es permanente en el
tiempo y que, pese a que el hecho que la originó es muy antiguo respecto de la
presentación de la tutela, la situación desfavorable del actor derivada del
irrespeto por sus derechos, continúa y es actual […]”21.

27. Descendiendo al caso objeto de estudio, se observa que el juez de primera
instancia declaró improcedente el presente mecanismo de amparo, luego de
considerar que no cumplía con el requisito de la inmediatez.

28. El accionante en el escrito de impugnación enfatizó que “[…] el plazo razonable
para interponer la tutela inicio a partir de la fecha en que fue notificado del archivo
del recurso extraordinario de revisión y no a partir de la fecha de la sentencia de
segunda instancia […]”.

29. Con fundamento en lo anterior, la Sala pone de relieve que el fallo que motivó la
interposición de la presente acción de tutela fue notificado por correo electrónico
enviado el 27 de marzo de 202322, por lo que debe entenderse que tal acto se surtió
el día 29 de ese mismo mes año23. Por su parte, la presente solicitud de amparo se
radicó al correo electrónico habilitado por la Secretaría General de esta Corporación
el día 13 de febrero de 202424.

30. Así las cosas, y comoquiera que la solicitud de amparo fue radicada el 13 de
febrero de 2024, se observa que la misma se ejerció una vez transcurridos 10 meses
y 15 días desde la notificación del fallo objeto de esta acción.

31. Por último, el accionante adujo en su escrito de impugnación que “[…] el plazo
razonable para interponer la tutela inicio a partir de la fecha en que fue notificado del
archivo del recurso extraordinario de revisión y no a partir de la fecha de la sentencia
de segunda instancia […]”. Sin embargo, la jurisprudencia de esta Corporación ha

19
Sentencia T-584 de 2011.
20
Sentencia T-695 de 2017 de la Corte Constitucional. Cfr. Sentencia de Unificación proferida por la Sala Plena del Consejo
de Estado el 5 de agosto de 2014. Exp. 2012-02201-01 (IJ).
21
Sentencia T-246 de 2015, Corte Constitucional.
22
Índice 00021 de SAMAI, envió de notificación, radicado núm. 76001-23-33-000-2022-00912-01, Consejo de Estado Sección
Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate.
23
En aplicación de los artículos 203 y 205 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011.
24
Índice 00001 de SAMAI, Expediente Digital, "ED_1CORREOELECTRONIC", radicado núm. 11001031500020240069700.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-00697-01
Accionante: Wilson Alfonso Andrade

sido pacífica en sostener que la interposición de recursos abiertamente improcedentes
o inoportunos no flexibiliza la aplicación del requisito de inmediatez25.

32. En este caso, el accionante presentó un recurso extraordinario de revisión que,
posteriormente, fue objeto de desistimiento al advertir que no estaba configurada
ninguna de las causales de revisión que se habían enunciado.

33. Por lo anterior, y al no observar otra causal adicional que justifique la demora en
la interposición de la presente acción constitucional, la Sala considera que no se
satisfizo el requisito general de procedibilidad de inmediatez, resaltándose que
tampoco se cumplen los presupuestos para acceder a la aplicación de la sentencia
SU-354 de 201726, proferida por la Corte Constitucional.

34. Por lo expuesto, se confirmará el fallo impugnado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 11 de abril de 2024, proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Sentencia de 18 de abril de 2024. Exp. núm.
11001-03-15-000-2023-07260-01. C.P.: Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
26
Corte Constitucional. Sala Plena. Exp. T. 5.882.857, M.P. Iván Humberto Escrucería Mayolo.

11

Radicación: 11001-03-15-000-2024-00697-01
Accionante: Wilson Alfonso Andrade

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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