Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-00697-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-00697-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2024-00697-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
11 de abril de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00697-00
Demandante: Wilson Alfonso Andrade
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá D.C., once (11) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2024-00697-00
Demandante WILSON ALFONSO ANDRADE
Demandado CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN QUINTA Y TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Causales generales de
procedibilidad. La inmediatez. Medio de control de cumplimiento de
normas con fuerza material de ley o de actos administrativos. Horario
servidores públicos. Artículo 33 del Decreto 720 de 1978.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado decidir en primera instancia
la acción de tutela instaurada por el señor Wilson Alfonso Andrade, de conformidad
con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 12 de febrero de 20241, el señor Wilson Alonso Andrade, en nombre propio,
interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y la
Sección Quinta del Consejo de Estado por considerar que las sentencias emitidas
en la primera y segunda instancia de la acción de cumplimiento nro. 76001-23-33-
000-2022-00912-00/01, vulneran sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
dignidad humana, al trabajo, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«1. Amparar mis derechos fundamentales al debido proceso (art. 29/Const.), al acceso a la
administración de justicia (art. 229/Const.), a la dignidad humana, al trabajo (art.
25/Const.), al de recibir información verás (art. 20/Const.), al de la igualdad (art.
13/Const.), impetrados a través de esta acción de tutela contra providencia judicial a favor
del demandante, ciudadano WILSON ALFONSO ANDRADE, identificado con cedula de
ciudadanía No. 16, 474 829.
2. Dejar sin efectos la Sentencia de Acción de Cumplimiento de Segunda Instancia Contra
la Contraloría General de la Nación dictada por la Honorable Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta del Consejo de Estado bajo Radicado No. 76001-23-33-
000-2022-00912-01 de veintitrés (23) de marzo de dos mil veintitrés (2023) y la Sentencia
de Primera Instancia No. 230 de veintiuno (21) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
dictada por el Honorable Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
3. Ordenar a la Sala de Decisiones que corresponda, que profiera nueva sentencia, en la
cual se haga una valoración adecuada del precedente judicial en el tema de acuerdo a
las reglas jurisprudenciales Y NO DE MANERA CAPRICHOSAS, ARBITRARIA Y
VIOLATORIAS DE MIS DERECHOS FUNDAMENTALES como ha ocurrido con las
decisiones erróneas tomadas inobservando la Constitución y la ley»2.
2. Hechos
En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
1 La acción de tutela se radicó a través de correo electrónico. Samai, índice 2.
2 Páginas 16 y 17 del escrito de subsanación de la acción de tutela. Samai, índice 2.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-00697-00
Demandante: Wilson Alfonso Andrade
2.1. El señor Wilson Alfonso Andrade promovió acción de cumplimiento frente al
Decreto 720 de 1978 en el cual se estableció el sistema de clasificación y
nomenclatura de los empleados de la Contraloría General de la República, las
escalas de remuneración de esos empleos y la jornada de trabajo.
Dijo que la CGR soslaya la aplicación del artículo 33 de la mencionada
normativa, relativa a la jornada laboral de 44 horas semanales y la redujo de
la manera arbitraria a 40 horas a la semana. La disposición normativa
mencionada es del siguiente tenor:
«Artículo 33. De la jornada de trabajo. La asignación mensual fijada en las escalas de
remuneración a que se refiere el presente Decreto, corresponde a jornadas de 44 horas
semanales. A los empleos cuyas funciones implican el desarrollo de actividades discontinuas,
intermitentes o de simple vigilancia podrá señalárseles una jornada de trabajo hasta de 12
horas diarias.
Dentro el límite máximo fijado en este artículo, el Contralor General de la República podrá
establecer la jornada de trabajo.»
2.2. El conocimiento del asunto en primera instancia correspondió al Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca (expediente Nro. 76001-23-33-000-2022-
00912-00) que, en sentencia del 21 de noviembre de 2022, negó las
pretensiones de la demanda, por lo siguiente:
«La Sala negará las pretensiones porque la accionada no incumplió la norma señalada porque
ella establece que la jornada laboral es de 44 horas, pero explicita eventos especiales de su
aplicación: la primera, en atención a la naturaleza de las funciones y la segunda, en el inciso
final, atendiendo la facultad discrecional del nominador dentro del límite máximo establecido.
Ahora, si el demandante discute la legalidad de las normas internas de la Contraloría General
de la República debe acudir al medio de control de nulidad».
2.3. La sentencia fue apelada por el demandante. Y la Sección Quinta del Consejo
de Estado resolvió el recurso en sentencia del 23 de marzo de 2023 en el
sentido de confirmar la decisión del Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca.
Como fundamento de su determinación, expuso que, si bien el artículo 33 del
Decreto 720 establece que la asignación mensual fijada en las escalas de
remuneración allí indicadas corresponde a jornadas de 44 horas semanales;
lo cierto es, que el inciso segundo de ese artículo autorizó al contralor general
para fijar una jornada diferente, siempre y cuando no superara la jornada
laboral antes descrita. Luego, «la accionada podría establecer una jornada de hasta
cuarenta y cuatro horas, lo cual, no obsta para que a través de los reglamentos establezca
una inferior».
Destacó que el contralor estableció la jornada laboral de 40 horas semanales
en diferentes actos administrativos y que estas determinaciones se ajustan a
las facultades otorgadas en el artículo 33 del Decreto 720 de 1978.
Esta sentencia se notificó a través de mensaje de datos remitido a los buzones
de notificaciones de las partes, el 27 de marzo de 20233.
2.4. El 10 de abril de 2023, el señor Wilson Alfonso Andrade interpuso recurso
extraordinario de revisión contra la sentencia del 23 de marzo de 2023
invocando la causal 8° del artículo 250 del CPACA. El proceso fue identificado
con la radicación 11001-03-15-000-2023-01717-00 y asignado por reparto al
despacho del magistrado Martín Bermúdez Muñoz.
En el proceso, se registraron las siguientes actuaciones relevantes:
3 Histórico de actuaciones acción de cumplimiento nro. 76001-23-33-000-2022-00912-01. Samai, índice 21.
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Demandante: Wilson Alfonso Andrade
• En auto del 25 de abril de 2023, el despacho ponente inadmitió la demanda
porque no fue enviada junto con los anexos a la entidad demandada y porque no
se presentó a través de abogado titulado.
• En auto del 29 de mayo de 2023, el despacho ponente aceptó el amparo de
pobreza solicitado por el demandante y le asignó un curador ad litem para
representar sus intereses en el proceso.
• En auto del 12 de diciembre de 2023, se ordenó archivar el proceso con
fundamento en el memorial de la apoderada del actor, donde indicó que el
recurso era inviable porque el fallo censurado no estaba incurso en ninguna de
las causales del artículo 250 del CPACA4.
3. Fundamentos de la acción
En lo que respecta al fondo del asunto, el accionante dijo que las decisiones
judiciales proferidas en la acción de cumplimiento vulneran el principio de legalidad
y que decidieron de manera caprichosa, arbitraria, violatoria a la Constitución y a
sus derechos fundamentales. Esta afirmación, se observa fundamentada en las
siguientes consideraciones:
3.1. Las sentencias emitidas en el curso de la acción de cumplimiento
desconocieron el artículo 150. 19, literales e y f de la Constitución Política
donde se consagra que corresponde al gobierno nacional fijar el régimen
salarial y prestacional de los empleados públicos. Situación que está
íntimamente ligada con la jornada laboral.
3.2. El inciso segundo del artículo 33 del Decreto 720 de 10978 no contempla la
reducción de la semana laboral de 44 horas, como erradamente lo hace creer
la autoridad judicial accionada.
3.3. Las providencias que decidieron la acción de cumplimiento incurrieron en
defecto orgánico porque no corresponde a «los organismos judiciales autorizar y
avalar la reducción de la jornada laboral, lo cual es competencia del legislativo y del
Gobierno Nacional en Cabeza del presidente de la República».
3.4. «Como defecto factico tenemos que las decisiones tomadas carecen de fundamentación
probatoria de norma legal alguna que autorice la reducción de la jornada laboral de
cuarenta y cuatro (44) horas establecidas en el artículo 33 del Decreto 720 de 1978.»
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. En auto del 22 de febrero de 2024, el despacho sustanciador admitió la acción
de tutela interpuesta por el señor Wilson Alfonso Andrade, quien actúa en
nombre propio, contra la Sección Quinta del Consejo de Estado y el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca. Asimismo, vinculó, como terceros
interesados, a la Contraloría General de la República, autoridad demandada
en la acción de cumplimiento estudiada y a la Sala Séptima Especial de
Decisión del Consejo de Estado, autoridad que profirió el auto archivando el
recurso extraordinario de revisión.
En la providencia también se requirió al Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca y a la Sección quinta del consejo de Estado para que remitieran en
medio digital el expediente de la acción de cumplimiento sub examine.
4
Consejo de Estado, Sala Séptima Especial de Decisión. Auto del 12 de diciembre de 2023. M.P. Martín
Bermúdez Muñoz. Radicación: 11001-03-15-000-2023-01717-00. Recurso extraordinario de revisión.
Recurrente: Wilson Alfonso Andrade. En la providencia se resolvió: “PRIMERO: ARCHÍVASE la presente
actuación ante la manifestación de inviabilidad jurídica efectuada por la curadora ad litem. […]
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4.2. El magistrado Martín Bermúdez Muñoz manifestó que no participaría en esta
acción de tutela, pero que estaría atento para acatar las decisiones que aquí
se adopten.
4.3. La Secretaría de la Sección Quinta del Consejo de Estado y la Secretaría del
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca atendieron los requerimientos de
remisión de los expedientes digitales de la acción de cumplimiento y del
recurso extraordinario de revisión.
4.4. La Sección Quinta del Consejo de Estado5, el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca6 y la Contraloría General de la República7 no presentaron informe
frente a la acción de tutela, aunque se les notificó el auto admisorio de la
misma.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19918, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales9
y especiales10 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.
De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional11 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
5 Fue notificada al buzón electrónico de la Secretaría de la Sección Quinta, al correo personal de los
magistrados que la componen. Samai, índice 7
6 Fue notificado a los siguientes buzones electrónicos: s01tadvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co y
s02tadvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co
7 Fue notificada al siguiente buzón electrónico: notificacionesjudiciales@contraloria.gov.co
8 Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
9 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado
todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos
fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez);
iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en
sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada.
10 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto
por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii)
defecto por violación directa de la Constitución.
11 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo
de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
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cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Por ello, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige
un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial
objeto de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse
únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.
3. Problema jurídico
Según los antecedentes expuestos y por ser una acción de tutela contra providencia
judicial, corresponde a la Sala establecer si la solicitud de amparo cumple con los
requisitos generales de procedibilidad.
De superar dicho análisis, se determinará si la Sección Quinta del Consejo de
Estado y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca incurrieron en los defectos
sustantivo, fáctico, orgánico y por violación directa a la Constitución al proferir las
sentencias que decidieron en primera y segunda instancia la acción de cumplimiento
nro. 76001-23-33- 000-2022-00912-00/01.
4. Requisito de la inmediatez como presupuesto formal de procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales
La inmediatez es un requisito general que el juez debe examinar, antes de pasar al
estudio de las causales específicas de tutela contra providencia judicial, con el fin
de determinar si la demanda se ha presentado de manera oportuna. En todo caso,
no es un término de caducidad que limite el ejercicio de la acción de la tutela. Es
más bien un requisito que busca que la acción se presente en un término razonable,
esto es, desde el mismo momento en que el afectado tiene conocimiento de la
violación o amenaza de los derechos fundamentales.
La Corte Constitucional12 ha señalado que si bien no es posible establecer un
término de caducidad que limite el ejercicio de la acción de la tutela, debe existir un
término razonable entre la ocurrencia de la vulneración o puesta en riesgo de los
derechos fundamentales del actor y la presentación de la demanda, ya que la
naturaleza misma de este medio de defensa judicial no sólo tiene que ver con la
urgencia en la protección de las garantías constitucionales de una persona, sino
también con el respeto de la seguridad jurídica y de los derechos de los terceros
afectados13.
En este orden de ideas, la inmediatez es más bien una condición que busca que la
acción se presente en un término razonable contado desde el momento en que se
tuvo conocimiento de la violación o amenaza de los derechos fundamentales y no
un término de caducidad. Justamente, porque la tutela es un medio excepcional
para la protección pronta y eficaz, es que se requiere que se ejerza en un tiempo
prudencial.
Precisamente, en razón a que el análisis de la procedencia de tutela contra
providencias judiciales debe ser más riguroso, la Sala Plena del Consejo de
Estado14 fijó como plazo razonable para la interposición de la acción, un
término de seis meses contados a partir de la notificación de la providencia
judicial enjuiciada, por considerarlo un término prudencial para que el interesado
12 Sentencia T-123 de 2007
13 Sentencia T-594 de 2008: “el requisito de inmediatez tiene una relevancia particular en los casos de tutela
contra providencias judiciales, de manera que la verificación de su cumplimiento debe ser aún más estricta
que en otros casos, por cuanto la firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la
incertidumbre indefinidamente”.
14 Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia de 5 de agosto de 2014. Consejero Ponente: Jorge Octavio
Ramírez R. Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
5
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interponga la acción. Límite temporal que también ha sido acogido por la Corte
Constitucional15.
Sin embargo, dicha providencia también acudió a unas pautas, para examinar las
excepciones a esa regla general, indicando que “además de tener como pauta el término
de seis meses, se debe analizar también:“(…) (i) si existe un motivo válido para la inactividad
de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de
terceros afectados con la decisión; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de la
acción y la vulneración de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de
la acción de tutela surgió después de acaecida la actuación violatoria de los derechos
fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposición.”.
Sobre este punto, en la sentencia SU-391 de 2016, la Corte Constitucional aseguró
que “No existen reglas estrictas e inflexibles para la determinación de la razonabilidad del
plazo, sino que es al juez de tutela a quien le corresponde evaluar, a la luz de las circunstancias
de cada caso concreto, lo que constituye un término razonable”16. Por ende, para analizar
si este requisito se cumple o no, la Corte Constitucional brindó cinco criterios: i) la
situación personal del peticionario; ii) si la vulneración de derechos fundamentales
se extiende en el tiempo; iii) la naturaleza de la vulneración; iv) la actuación contra
la que se dirige la tutela; y v) los efectos de la tutela.
Dicho término razonable para ejercer la acción de tutela se estableció en
consideración a “la naturaleza del acto jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la
interposición de los recursos ordinarios y extraordinarios contra las mismas, el derecho a la
tutela judicial efectiva y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y
estabilidad”17.
5. Análisis del caso concreto
5.1. Los argumentos de la tutela se orientan a cuestionar la decisión de las
autoridades judiciales accionadas de negar la acción de cumplimiento incoada
contra la Contraloría General de la República para que cumpliera con la
jornada laboral en los términos del artículo 33 del Decreto 720 de 1978. Luego,
se discute la sentencia del 21 de noviembre de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca y confirmada el 23 de marzo de 2023 por la
Sección Quinta del Consejo de Estado.
El análisis del plazo razonable en eventos de acción de tutela contra
providencias judiciales inicia con la notificación de la providencia que, se alega,
vulneró los derechos invocados por el actor y concluye con la radicación del
escrito de tutela. Como la acción de cumplimiento es de doble instancia, el
cómputo de la inmediatez inicia, por regla general, cuando se notifique la
sentencia que resolvió el litigio en segunda instancia.
La Sala advierte que, en el caso examinado, la sentencia del 23 de marzo de
2023, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, se notificó a
través de mensaje de datos remitido al buzón de notificaciones de las partes
el 27 de marzo de 202318, es decir, que la notificación se entiende surtida el
29 de ese mes y año19.
15 Sentencia T-031 de 2016.
16 Sentencia SU-391 de 2016.
17 Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia de 5 de agosto de 2014.
18 Óp. cit. 3.
19 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Auto de unificación jurisprudencial del 29 de
noviembre de 2022. Proceso nro. 68001-23-33-000-2013-00735-02 (68177). M.P. Stella Jeannette Carvajal
Basto.
«De acuerdo con lo expuesto, se adoptará la siguiente regla de unificación jurisprudencial: «La notificación
de las sentencias por vía electrónica prevista en el inciso primero del artículo 203 del CPACA se entenderá
realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos
empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación, de conformidad con lo dispuesto en el
numeral 2 del artículo 205 del CPACA».
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Establecido lo anterior, se concluye que el actor tenía hasta el 30 de
septiembre de 2023 para interponer la acción de tutela; sin embargo, la
presentó hasta el 12 de febrero de 2024. Esto implica que, entre la notificación
de la providencia cuestionada, y la interposición del amparo constitucional
trascurrieron 10 meses y 13 días, situación que supera el plazo razonable de
seis meses a que alude la jurisprudencia de esta alta corte. Además. No se
presentó una justificación que permita de algún modo, flexibilizar el lapso que
se ha considerado razonable.
5.2. En este punto conviene precisar que, aunque se interpuso recurso
extraordinario de revisión contra la sentencia del 23 de marzo de 2023, la
inmediatez no puede computarse a partir de la notificación de la decisión del
recurso extraordinario de revisión que propuso el accionante, ya que aquel es
un proceso independiente a la acción de cumplimiento no una instancia
adicional Así lo precisó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta
Corporación en sentencia de 7 de abril de 201520 y lo ha reiterado esta Sección
en diferentes oportunidades21.
Se extracta el aparte pertinente de la sentencia del 7 de abril de 2015:
«(…) El recurso extraordinario de revisión es un medio extraordinario de impugnación de las
sentencias, que procede ante la configuración de alguna de las causales especiales
contempladas (…). Dado que su objeto es ‘el rompimiento de la cosa juzgada’, en caso de
prosperar el recurso, ‘hay lugar a que el sentenciador extraordinario sustituya la decisión
adoptada en la sentencia que por tal razón resulte infirmada’.
Por tanto, su finalidad, como lo ha precisado la Sala, es: ‘conciliar nociones esenciales del
ordenamiento legal, como lo son la seguridad jurídica que representa el principio de
inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas, o la cosa juzgada material y el principio de
restablecimiento de la justicia material que persigue asegurar la vigencia de un orden justo,
propuesto por el Preámbulo de la Constitución Política’.
En atención a su carácter extraordinario, no es una “tercera instancia” en la que puedan
plantearse, nuevamente, argumentos de fondo en relación con la sentencia que se pretende
revisar. Por tal razón, las pretensiones deben limitarse a demostrar la configuración de alguno
de los supuestos contemplados en las causales para su procedencia. (…)» (Subraya la Sala)
5.3. De acuerdo con lo anterior, el recurso extraordinario de revisión es un medio
de impugnación excepcional de las sentencias ejecutoriadas, que permite el
rompimiento del principio de cosa juzgada para restablecer tanto el imperio de
la justicia como del ordenamiento jurídico que suelen resultar desconocidos
por hechos externos al proceso judicial, por lo que no está previsto para
cuestionar los fundamentos jurídicos de las providencias ni la actividad
interpretativa del juez, sino para discutir y ventilar ciertos hechos procesales
externos a la labor funcional del juez que afectan el principio de justicia.
Es por lo anterior por lo que, la existencia de este recurso extraordinario no
afecta el término de inmediatez en materia de tutela y, por lo tanto, se reitera:
la acción de amparo en el caso concreto no fue interpuesta dentro del plazo
razonable establecido por la jurisprudencia constitucional y contenciosa.
5.4. Se insiste, cuando se cuestionan providencias judiciales, la oportunidad de la
solicitud de amparo se determina a partir del momento en que se notifica la
providencia acusada, pues esa es la forma en que las partes tienen
conocimiento de las decisiones judiciales.
20 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala núm. 13 Especial de Decisión,
sentencia de 7 de abril de 2015, exp. No 11001-03-15-000-2006-00318-00, C.P.: Jorge Octavio Ramírez R.
21 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia de tutela del 9 de
febrero de 2023. Proceso nro. 11001-03-15-000-2022-06248-00. M.P. Myriam Stella Gutiérrez Arguello:
Sentencia de tutela del 26 de enero de 2023. Proceso nro. 11001-03-15-000-2022-03325-01. M.P. Stella
Jeannette Carvajal Basto; sentencia de tutela del 14 de diciembre de 2022. Proceso nro. 11001-03-15-000-
2022-06082-00. M.P. Milton Chaves García; sentencia de tutela del 14 de diciembre de 2022. Proceso nro.
11001-03-15-000-2022-06184-00. M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
7
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Demandante: Wilson Alfonso Andrade
Además, cuando la acción de tutela se interpone contra una sentencia judicial,
la carga de diligencia en la interposición de la acción es más estricta, dado que
el paso del tiempo reafirma la legitimidad de las decisiones judiciales y
consolida los efectos de las sentencias22. Por consiguiente, a fin de encontrar
un equilibrio entre la posibilidad de dejar una decisión judicial sin efectos y
tales principios, es imperativo que se cumplan con rigor cada uno de los
requisitos generales señalados jurisprudencialmente, y por lo menos uno de
los defectos o requisitos especiales de la acción. Lo que no aconteció en el
presente asunto.
5.5. Establecido lo anterior, para la Sala es innecesario adelantar un estudio
adicional frente a la procedencia general de la acción de tutela, pues basta con
que uno de los presupuestos generales se cumpla para relevarse del estudio
de los demás.
6. Conclusión
La Sala encontró que la tutela contra la sentencia del 23 de marzo de 2023, no se
interpuso dentro del lapso prudencial establecido por la jurisprudencia de esta
Corporación y al no observar una justificación para dicha dilación por parte del
tutelante, se declarará su improcedencia por incumplir con el requisito de
inmediatez.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Declarar improcedente la acción de tutela promovida por el señor Wilson
Alfonso Andrade, conforme las razones expuestas en esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. De no ser impugnada la presente providencia, enviarla a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador
22 Corte Constitucional. Sentencia T-576 de 2010. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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