Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-06184-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-06184-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-06184-00
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
14 de diciembre de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06184-00
Demandante: Humberto Obando Velasco
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá D.C., catorce (14) de diciembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-06184-00
Demandante: HUMBERTO OBANDO VELASCO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Requisito de inmediatez
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor Humberto Obando Velasco, en nombre propio, contra el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en la que pide el amparo
constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia y a la igualdad real y efectiva, supuestamente
vulnerados con la emisión de la sentencia de 19 de febrero de 2020, mediante la
cual se confirmó la decisión de 18 de febrero de 2019, proferida por el Juzgado
Primero Administrativo Mixto del Circuito de Buenaventura, que negó las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho iniciada por
el actor contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Armada Nacional.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
El señor Humberto Obando Velasco indicó que en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho presentó demanda contra la Nación,
Ministerio de Defensa Nacional, Armada Nacional, con el fin de que se declarara la
nulidad de los oficios Nos. 422/MD-CGFM-CARMA-SECAR-JEDHU-JUCLA 2.25
de 9 de marzo de 2016 y 002/MD-CGFM-CARMA-SECAR-JEDHU-JUCLA-2 de 20
de enero de 2016, mediante los cuales se le informó la decisión del Comité de
Ascenso de Suboficiales y del Comité de Ratificación o Modificación de Lista de
Calificación de no recomendar su ascenso al grado de Marinero Primero (rad. No.
76109-33-31-001-2016-00109-01).
Afirmó que la demanda correspondió por reparto al Juzgado Primero
Administrativo Mixto del Circuito de Buenaventura, que por sentencia de 18 de
febrero de 2019 negó las pretensiones de la demanda, bajo el argumento de que
al haber sido clasificado el actor en la lista 4 para ascenso, por tener una
calificación de “regular” en los ítems de cultura física y ética militar no era
procedente que se recomendara su ascenso, por no cumplir con los requisitos
previstos en los literales b y e del artículo 54 del Decreto 1790 de 2000.
La providencia fue confirmada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
en sentencia de 19 de febrero de 2020, en el sentido de negar las pretensiones,
pero por otras razones. Precisó que de acuerdo con las pruebas allegadas al
1
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expediente el demandante debió ser clasificado en la lista 3 para ascenso y no en
la lista 4, pues se le otorgó una calificación “regular” por concepto de “calidad
física”, cuando en realidad le correspondía la calificación de “bueno”. No obstante,
advirtió que los ascensos de los miembros de las Fuerzas Militares son de
potestad discrecional del nominador por lo que a pesar de que se cumplan todos
los requisitos no está en la obligación de realizarlo.
Por último, el actor sostuvo que al estar en desacuerdo con la decisión, el 14 de
julio de 2021 interpuso recurso extraordinario de revisión amparado en la causal
contenida en el numeral 5° del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, esto es,
“existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no
procede recurso de apelación”. Sin embargo, el recurso fue rechazado por
improcedente en providencia de 2 de mayo de 2022 de la Sección Segunda,
Subsección “B” del Consejo de Estado, al encontrar que el mismo se elevó con el
fin de que “se revisen los elementos fácticos jurídicos y probatorios que se
desarrollaron en el proceso originario y de esa forma crear una tercera instancia
(…)”.
2. Fundamentos de la acción
El actor interpuso acción de tutela con el fin de que se amparen sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la
igualdad real y efectiva, supuestamente vulnerados por el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca con la emisión de la sentencia de 19 de febrero de 2020, la
cual, a su juicio, resulta incongruente y carece de motivación teniendo en cuenta
que aun cuando reconoce que el acto administrativo demandado incurrió en error
al haberle otorgado una calificación “regular” en cuanto al ítem de cultura física,
cuando en realidad la que le correspondía era la de “buena”, se negó a declarar su
nulidad.
Además, aseveró que debió tenerse en cuenta que el suboficial que fue ascendido
se encontraba en las mismas condiciones que él pues ingresó al escalafón de
suboficiales al mismo tiempo y también fue calificado con lista 3, por lo que de
haberse efectuado la calificación correctamente también debió ser ascendido.
Enseguida refirió que no cuenta con otro medio de defensa judicial para la
satisfacción de sus intereses dado que ya interpuso el recurso extraordinario de
revisión, el cual fue rechazado por improcedente en providencia de 2 de mayo de
2022.
Por lo anterior, sostuvo que la solicitud de amparo cumple con el requisito de la
inmediatez, en tanto fue interpuesta dentro de los seis (6) meses siguientes a la
emisión de la providencia que resolvió el recurso extraordinario de revisión.
3. Pretensiones
En el escrito de tutela se formularon las siguientes:
“PRIMERO: Comedidamente, pido Tutelar los derechos fundamentales que se
encuentren quebrantados por los Accionados.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, pido dejar sin efectos la sentencia de 19
de febrero de 2021 o, en su defecto, modificar la misma.
TERCERO: Solicito emanar un nuevo fallo para que en su parte motiva, considerativa y
resolutiva, se subsanen los yerros puestos en conocimiento al Alto Tribunal para que los
Honorables magistrados ordenen a la Armada Nacional modificar la calificación del lapso
evaluable y se me restituya mi antigüedad, tiempo de servicio a como debió haber estado
en el año 2016 y diferencia de salarios con el indexo de los intereses”.
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4. Pruebas relevantes
Mediante correo electrónico de 24 de noviembre de 2022, el Juzgado Primero
Administrativo Mixto del Circuito de Buenaventura allegó copia digital del
expediente contentivo del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho radicado bajo el No. 76109-33-31-001-2016-00109-01.
5. Trámite procesal
Por auto de 22 de noviembre de 2022, el despacho de la magistrada
sustanciadora admitió la acción de tutela y ordenó notificar a la parte demandante,
a la autoridad judicial demandada, así como al Juzgado Primero Administrativo
Mixto del Circuito de Buenaventura y a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional,
Armada Nacional, como terceros interesados en el resultado del proceso.
En el mismo auto se ofició al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y al
Juzgado Primero Administrativo Mixto del Circuito de Buenaventura, para que
allegaran copia digitalizada del expediente de nulidad y restablecimiento del
derecho No. 76109-33-31-001-2016-00109-01
La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios de notificación
electrónica Nos. 122456 a 122461 de 24 de noviembre de 2022, con el fin de darle
cumplimiento a la referida decisión1.
6. Oposición
6.1. Respuesta del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
En escrito de 28 de noviembre de 2022, el magistrado ponente pidió que se
declare improcedente la acción de tutela, teniendo en cuenta que fue elevada
como una instancia adicional.
Refirió que en la sentencia demandada se efectuó un análisis exhaustivo de la
normatividad aplicable al caso, en particular, de aquella que se invocó en el
recurso de apelación, concluyendo que la entidad incurrió en error en la
calificación y, por tal motivo, no estaría inhabilitado para el ascenso.
No obstante, aseguró que, al margen de lo anterior, lo relevante es que de
conformidad con el concepto de 3 de julio de 2015, proferido por la Sala de
Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado2, “(...) los ascensos de los
miembros de las Fuerzas Militares son una potestad discrecional que implica que
pese a que se cumplan todos los requisitos para el ascenso, la Institución no tiene
la obligación de realizar el mismo, por cuanto debe tener en cuenta varias
circunstancias (...)”.
Indicó que la providencia no es incongruente porque explicó de forma suficiente
las razones por las que se negaron las pretensiones del actor. A lo que agregó,
que en las consideraciones de la misma no se analizó lo relacionado con la
“ausencia de vacantes”, en tanto no fue un argumento propuesto en el recurso de
apelación.
1
El accionante, la autoridad judicial demandada y los terceros interesados fueron notificados a las
siguientes direcciones de correo electrónico: humbertotma@hotmail.com
s01tadvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co s02tadvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co
tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co dasleg@armada.mil.co
j01admbtura@cendoj.ramajudicial.gov.co notificaciones.tutelas@mindefensa.gov.co
2
Rad. No. 11001-03-06-000-2015-00042- 00, C.P. William Zambrano Cetina.
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6.2. Respuesta del Juzgado Primero Administrativo Mixto del Circuito de
Buenaventura
Mediante memorial de 28 de noviembre de 2022, la titular del despacho judicial
solicitó que se nieguen las pretensiones de la acción de tutela, al considerar que
los argumentos jurídicos de la sentencia cuestionada decidieron el fondo del
asunto y que no se acreditó el defecto alegado.
Aseguró que las razones expuestas por la parte accionante buscan reabrir el
debate jurídico y probatorio ventilado en las dos instancias, frente a lo cual la
acción de tutela resulta improcedente pues no puede ser elevada a modo de
tercera instancia.
Por último, manifestó que la sentencia cuestionada proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca efectuó un estudio jurídico juicioso, razonado y
congruente con lo planteado en el recurso de apelación, a partir del cual concluyó
que si bien el actor sí debió ser clasificado en lista 3 y estaba habilitado para su
ascenso, la entidad contaba con la facultad discrecional de decidir si lo ascendía o
no al cargo que pretendía el actor.
6.3. El Ministerio de Defensa Nacional, Armada Nacional, guardó silencio aun
cuando fue notificado debidamente del auto admisorio de la acción de tutela.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.
2. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar si la acción de tutela fue presentada
oportunamente con el fin de cuestionar la decisión de 19 de febrero de 2020,
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante la cual se
confirmó el fallo de 18 de febrero de 2019, emitido por el Juzgado Primero
Administrativo Mixto del Circuito de Buenaventura, que negó las pretensiones de
la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho iniciada por el actor contra
la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Armada Nacional, con el fin de que se
declarara la nulidad de los actos administrativos que decidieron no recomendar su
ascenso al rango de Marinero Primero, y si vulneró los derechos fundamentales al
debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la igualdad real y
efectiva, porque es una providencia incongruente y carente de motivación.
3. Requisito de la inmediatez como presupuesto general de procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales
El artículo 86 de la Constitución Política establece que “toda persona tendrá
acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante
un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales”.
Ahora bien, aun cuando la Carta Política hace uso de la expresión “en todo
momento y lugar”, lo que podría dar a entender que la acción de amparo puede
solicitarse en cualquier tiempo, sin importar la urgencia, ni la relevancia de los
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derechos vulnerados, lo único cierto es que se trata de un requisito que se debe
valorar en cada caso concreto.
Sin embargo, la Corte Constitucional3 ha señalado que si bien no es posible
establecer un término de caducidad que limite el ejercicio de la acción de tutela,
ésta no puede presentarse en cualquier tiempo y por lo tanto debe existir un
término razonable entre la ocurrencia de la vulneración o puesta en riesgo de los
derechos fundamentales del actor y la presentación de la demanda, en la medida
en que la naturaleza misma de este medio de defensa judicial no sólo tiene que
ver con la urgencia en la protección de las garantías constitucionales de una
persona, sino también con el respeto de la seguridad jurídica y de los derechos de
los terceros afectados.
En este orden de ideas, la inmediatez es más bien una condición que busca que la
acción se presente en un término razonable contado desde el momento en que se
tuvo conocimiento de la violación o amenaza de los derechos fundamentales y no
un término de caducidad. Justamente, porque la acción de tutela es un medio
excepcional para la protección pronta y eficaz, es que se requiere que se ejerza en
un tiempo prudencial. Por ello, el presupuesto de la inmediatez constituye un
requisito para habilitar el estudio de fondo de la acción de tutela, pues se evita “el
uso de este mecanismo constitucional como herramienta que consienta la
negligencia o indiferencia de los actores, o que propicie la inseguridad jurídica.” 4
La jurisprudencia constitucional ha identificado cinco criterios orientadores para
que el juez de tutela pueda determinar5, en cada caso, si se ha cumplido con el
requisito de la inmediatez. Tales criterios se precisaron en la sentencia SU-391 de
20166, así: “(i) La situación personal del peticionario: debe analizarse la situación
personal del peticionario, pues en determinados casos esta hace
desproporcionada la exigencia de presentar la acción de tutela en un término
breve; (ii) El momento en el que se produce la vulneración: pueden existir casos
de vulneraciones permanentes a los derechos fundamentales. En estos casos,
para analizar la inmediatez el juez de tutela no debe contar el término desde el
momento en el que la vulneración o amenaza inició hasta la fecha de presentación
de la tutela, sino que debe tomar en cuenta el tiempo por el que esta se prolongó;
(iii) La naturaleza de la vulneración: existen casos donde se presenta un nexo
causal entre el ejercicio inoportuno de la acción de tutela y la vulneración de los
derechos de los interesados. De acuerdo con este criterio, el juez debe analizar si
la demora en la presentación de la tutela guarda relación con la situación de
vulneración de derechos fundamentales que alega el peticionario; (iv) La actuación
contra la que se dirige la tutela: la jurisprudencia constitucional ha señalado que el
análisis de la inmediatez puede variar dependiendo de la actuación que se
identifica como vulneratoria de los derechos invocados en la tutela.
Específicamente, ha señalado que este análisis debe ser más estricto tratándose
de acciones de tutela contra providencias judiciales y (v) Los efectos de la
tutela: la Corte ha considerado que, aún si se encuentra un motivo que justifique la
demora en la interposición de la tutela, el juez debe tener en cuenta los efectos
que esta tendría en los derechos de terceros si se declarara procedente” 7
3
Corte Constitucional, sentencia T- 123 de 2007, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
4
Ibídem.
5
Ver al respecto: Corte Constitucional, sentencia SU 391 de 2016 M.P. Alejandro Linares Cantillo,
sentencia T-246 de 2015 M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez, sentencia T-594 de 2008 M.P.
Jaime Córdoba Triviño , sentencia T-158 de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, sentencia
T-1110 de 2005 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, sentencia SU-961 de 1999 M.P. Vladimiro
Naranjo Mesa.
6
Corte Constitucional. M. P. Alejandro Linares Cantillo.
7
Ibídem.
5
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Específicamente, en torno a la verificación de este presupuesto cuando la tutela
que se analiza está dirigida contra una providencia judicial, la Sala Plena de esta
Corporación mediante sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 8
estableció, como regla general, que el mecanismo de amparo debe promoverse en
un plazo máximo de seis (6) meses contados a partir de la notificación o ejecutoria
de la sentencia o providencia objeto de reproche constitucional, límite temporal
que también ha sido acogido por la Corte Constitucional9.
4. Estudio y solución del caso concreto
De manera previa a cualquier consideración respecto del fondo del asunto, la Sala
estima necesario verificar si la presente acción de tutela cumple el requisito de
inmediatez, pertinente para la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales.
Al respecto, se observa que de conformidad con la información suministrada por el
Sistema de Consulta de Procesos Nacional Unificada, la sentencia de segunda
instancia proferida el 19 de febrero de 2020, por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, se notificó personalmente el 12 de junio de 2020, como se
observa a continuación:
Lo anterior, permite concluir que la decisión objeto de reproche constitucional se
notificó el 12 de junio de 2020, mientras que la solicitud de amparo fue promovida
el 21 de noviembre de 2022, es decir, transcurrieron dos (2) años, cinco (5)
meses y nueve (9) días entre el momento de la notificación y el de la
interposición de la acción constitucional, término que desborda el plazo razonable
establecido jurisprudencialmente por la Sala Plena de esta Corporación, acogido
igualmente por la Corte Constitucional.
Al respecto, cabe resaltar que la Corte Constitucional en decisiones recientes ha
ratificado la posición jurisprudencial de esta Corporación, al indicar que el plazo
razonable para interponer la acción de tutela, si bien no es un término fijo, puede
entenderse como un periodo prudencial de seis (6) meses, el cual debe analizarse
en general, “en relación con el hecho generador de la tutela, las condiciones del
accionante y los derechos que subyacen en la pretensión”10, respecto del cual ha
precisado “que (…) ha entendido que seis meses es un plazo razonable para
satisfacer el requisito de inmediatez sin que ello signifique que dicho término es
perentorio”11.
En este mismo sentido, en la sentencia T-619 de 2019, la Corte estimó que “el
juez debe ser muy cuidadoso en la constatación de este requisito por estar en
riesgo la seguridad jurídica y, aunque se ha destacado un periodo determinado (6
8
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ)
9
T-031 de 2016, M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez y T-619 de 2019, M. P. Antonio José
Lizarazo Ocampo.
10
Sentencia T-422 de 2018, M.P. Carlos Bernal Pulido.
11
Sentencia T-338 de 2018, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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meses), lo cierto es que también se ha extendido dicho lapso, pues para su
fijación se debe acudir a criterios como el de razonabilidad y proporcionalidad en
cuya valoración le corresponde al juez tener en cuenta las circunstancias que
caractericen al caso concreto”12.
Es cierto que no siempre el simple transcurso del tiempo puede llevar al juez a
concluir que la tutela se ha presentado de forma tardía, toda vez que pueden
existir circunstancias especiales que no solo justifiquen que la acción de tutela no
se haya presentado en un término razonable, sino que demuestren que el hecho o
la omisión que vulnera el derecho fundamental sean permanentes, persisten en el
tiempo, y hacen que la violación sea siempre actual.
En el presente caso, no se presentaron circunstancias especiales que permitan
excepcionar este presupuesto objetivo de procedencia, a lo que se debe agregar
que si bien el actor manifestó que el 14 de julio de 2021 formuló recurso
extraordinario de revisión, el cual fue rechazado en providencia de 23 de mayo de
2022, emitida por la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado,
notificada el mismo día, por lo que considera que la solicitud de amparo se
interpuso de forma oportuna, lo cierto es que el plazo razonable para interponer la
acción de tutela no puede contabilizarse a partir de la notificación de dicha
providencia, sino de aquella frente a la cual se dirigen los reproches en el escrito
de tutela, es decir, de la notificación de la sentencia de 19 de febrero de 2020 del
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
Lo anterior, teniendo en cuenta que el recurso extraordinario de revisión no puede
considerarse como una instancia adicional al medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, por lo que se trata de un proceso independiente. Así
lo precisó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación en
sentencia de 7 de abril de 201513, en la que indicó:
“[…] El recurso extraordinario de revisión es un medio extraordinario de impugnación
de las sentencias, que procede ante la configuración de alguna de las causales
especiales contempladas (…). Dado que su objeto es ‘el rompimiento de la cosa
juzgada’, en caso de prosperar el recurso, ‘hay lugar a que el sentenciador
extraordinario sustituya la decisión adoptada en la sentencia que por tal razón
resulte infirmada’. Por tanto, su finalidad, como lo ha precisado la Sala, es: ‘conciliar
nociones esenciales del ordenamiento legal, como lo son la seguridad jurídica que
representa el principio de inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas, o la cosa
juzgada material y el principio de restablecimiento de la justicia material que persigue
asegurar la vigencia de un orden justo, propuesto por el Preámbulo de la Constitución
Política’. En atención a su carácter extraordinario, no es una “tercera instancia”
en la que puedan plantearse, nuevamente, argumentos de fondo en relación con
la sentencia que se pretende revisar. Por tal razón, las pretensiones deben
limitarse a demostrar la configuración de alguno de los supuestos
contemplados en las causales para su procedencia. […]”. (Resaltado y subrayado
por la Sala).
En este orden de ideas, como quiera que el recurso extraordinario de revisión es
un proceso independiente al de nulidad y restablecimiento del derecho, el cual fue
decidido mediante la sentencia objeto de reproche constitucional, proferida el 19
de febrero de 2020, por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, es claro
que la acción de tutela se interpuso por fuera del plazo razonable establecido por
la jurisprudencia constitucional y la de esta Corporación. A lo que se agrega, que
no se probó la existencia de alguna circunstancia excepcional que le hubiese
impedido al accionante acudir con anterioridad al mecanismo constitucional.
12
M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
13Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala núm. 13 Especial de Decisión,
sentencia de 7 de abril de 2015, exp. No 11001-03-15-000-2006-00318-00, C.P.: Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
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Demandante: Humberto Obando Velasco
Por las razones expuestas, la acción de tutela fue presentada con
desconocimiento del requisito de inmediatez y, en esa medida, se debe declarar
su improcedencia.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,
RESUELVE:
Primero.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el
señor Humberto Obando Velasco, por las razones aquí expuestas.
Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.
Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de
eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA
8
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