Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-06082-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2022-06082-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-06082-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-06082-00
Consejero ponente: Milton Chaves Garcia
14 de diciembre de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06082-00
Demandante: José Bertulfo Agudelo Betancur
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá D.C., catorce (14) de diciembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06082-00
Demandante: JOSÉ BERTULFO AGUDELO BETANCUR
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN B
Temas: Tutela contra providencia judicial. Contra recurso extraordinario de revisión –
cumplimiento del requisito general de relevancia constitucional.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por José Bertulfo Agudelo Betancur
contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, de conformidad con
lo establecido en el artículo 1° del Decreto 333 de 2021.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
José Bertulfo Agudelo Betancur, en nombre propio, interpuso acción de tutela contra
el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, por considerar vulnerados
los derechos fundamentales a la igualdad, a la salud, a la vida, de acceso a la
administración de justicia y al debido proceso. En consecuencia, formuló la siguiente
pretensión:
“(…) Con fundamento en los hechos narrados y en las consideraciones expuestas
respetuosamente solicito al señor juez constitucional con el fin de que se protejan mis
derechos fundamentales y se dejé sin efectos la sentencia que pone fin al recurso
extraordinario de revisión proferida el 28 de julio de 2022, y en su lugar acepten las suplicas
de la demanda declarando la nulidad de los actos administrativos que dan lugar a mi
declaratoria de insubsistente.”
2. Hechos
De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
El señor José Bertulfo Agudelo Betancur trabajó como médico general en la ESE
Hospital San Vicente de Paul Apía, desde el 3 de julio de 2001.
Señaló que fue víctima de acoso laboral por parte de funcionarios de la entidad y
por ello, sufrió un trastorno ansioso depresivo conocido como el síndrome de
burnout, que le generó incapacitado por más de 503 días. Que, la Junta Nacional
de Calificación de Invalidez le otorgó un porcentaje de pérdida de la capacidad
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06082-00
Demandante: José Bertulfo Agudelo Betancur
laboral del 17.55% por enfermedad de origen profesional y fecha de estructuración
del 27 de junio de 2009.
Mediante la Resolución 039 de 2009, la ESE Hospital San Vicente de Paul Apía
retiró del servicio al señor Agudelo Betancur. Sin embargo, en cumplimiento de un
fallo de tutela1, en el que se amparó el derecho a la estabilidad laboral reforzada,
fue reintegrado a la entidad.
La ESE Hospital San Vicente de Paul Apía solicitó al Ministerio de Trabajo el
permiso para retirar del servicio al actor, quien se encontraba incapacitado por
enfermedad profesional, el cual se autorizó mediante Resolución 254 de 2010.
En Resolución 017 de 7 de mayo de 2010, la ESE referida retiró del servicio al señor
Agudelo Betancur. Contra esta decisión se presentó recurso de reposición el 13 de
mayo de 2010, el cual no fue resuelto por la entidad.
El señor Agudelo Betancur promovió demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho, con el fin de que se declarara la nulidad de las Resoluciones 039 de 24 de
agosto de 2009, 048 de 27 de octubre del mismo año y 017 de 7 de mayo de 2010,
expedidas por la ESE Hospital San Vicente de Paul Apía, mediante las cuales
declaró insubsistente el nombramiento; así como de la Resolución 254 de 2010,
mediante la cual el Ministerio de Trabajo autorizó el despido.
El Juzgado Administrativo en Descongestión Escritural de Pereira, mediante
sentencia dictada el 19 de diciembre de 2014, negó las pretensiones de la demanda,
al considerar que el trámite administrativo adelantado por empleador había sido
adecuado, que la la autorización otorgada por el Ministerio del Trabajo no
desprotegió ni vulneró los derechos del actor, porque pueden ser reconocidos por
la Aseguradora de Riesgos Laborales, como lo prevé el Sistema de Seguridad
Social; y, aunque se alegó la existencia de conductas de acoso laboral, no aportó
documentos que sustentaran ese dicho.
Contra la anterior decisión se interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto
por el Tribunal Administrativo de Risaralda, en sentencia del 8 de abril de 2016, que
confirmó el fallo de primera instancia.
El actor interpuso recurso extraordinario de revisión contra la sentencia de segunda
instancia, para lo cual adujo que se encontraba incurso en las causales previstas en
los numerales 1 2 y 23 del artículo 250 del CPACA.
El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en sentencia del 28 de julio
de 2022, declaró infundado el recurso extraordinario de revisión, al considerar que
no se daban los supuestos de procedencia de las causales invocadas y que
resultaba evidente que la pretensión del actor era configurar una instancia adicional
del proceso contencioso que se adelantó ante los jueces competentes.
1 Fallo de tutela de segunda instancia, del 5 de noviembre de 2009, proferido por el el Juzgado Promiscuo del
Circuito de Apia (Risaralda).
2 “1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales
se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza
mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria”.
3 “5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación”.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06082-00
Demandante: José Bertulfo Agudelo Betancur
3. Argumentos de la acción de tutela
El actor señaló que en el presente caso se cumplen los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela, porque el asunto es de relevancia
constitucional, porque se cuestiona una providencia que, en su sentir, vulnera
derechos fundamentales. Además, no cuenta con otro mecanismo de defensa
ordinario para reclamar la protección de sus derechos, indicó que se interpuso en
un plazo razonable – dos meses después de notificada la sentencia que resolvió el
recurso extraordinario de revisión-; se identificaron de manera razonada los hechos
que generaron la vulneración de sus derechos y no se dirige contra un fallo de tutela.
A juicio del actor, la autoridad judicial accionada incurrió en el defecto procedimental
absoluto, porque no se garantizó los avances en materia de estabilidad laboral
reforzada que goza un empleado en provisionalidad, tampoco los avances que se
han dado en materia Constitucional, la aplicación de tratados internacionales,
cuando se trata de personas que se encuentran incapacitadas, en proceso de
calificación y/o durante un tratamiento médico.
Que no se tuvo en cuenta, que en el proceso se acreditaron las siguientes
irregularidades por parte del Ministerio de Trabajo, al momento de autorizar el
despido, para lo cual relacionó que:
i) No se detuvo a analizar la historia laboral del accionante, donde podía darse cuenta
que estaba capacitado para ocupar cualquier cargo administrativo, pues tenían estudios
en administración y gerencia.
ii) Al momento de dar su autorización, no tuvo en cuenta la estabilidad laboral reforzada
para un empleado en provisionalidad.
iii) Omitió tener en cuenta que se encontraba en un proceso de calificación por
enfermedad profesional, lo cual a nivel constitucional lo ubicaba en un estado de
debilidad manifiesta, circunstancia que conocía el empleador y que, además, estaba en
un tratamiento médico, lo cual, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional implica
un estado de debilidad manifiesta.
iv) Desconoció que ha sido decantada la jurisprudencia, que, en materia constitucional
y laboral, se ha dictado, en el sentido de declarar la ineficacia del despido.
En cuanto a la irregularidades del la ESE Hospital San Vicente de Paul de
Apia, indicó que:
i) El hospital si gozaba de vacantes, que de acuerdo con las capacidades académicas
acreditadas en su hoja de vida, de las que las directivas del Hospital tenían pleno
conocimiento, pudó haber ocupado un cargo mientras se llevaba a cabo el tratamiento
médico, pero, hizo caso omiso.
ii) Al momento del despido, no realizó concurso de mérito alguno, para suplir el cargo
de provisionalidad, en cumplimiento del artículo 53 de la Constitución Política.
iii) Que a pesar de que se encontraba en un tratamiento médico y en estado de
incapacidad por enfermedad de origen profesional y que se trataba de un despido
ineficaz, por no haber realizado un concurso de mérito, no tuvo en cuanta los principios
de favorabilidad en materia laboral en cuanto no podían dar aplicación a una norma que
iba en contra de los principios constitucionales, que lo protegían.
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06082-00
Demandante: José Bertulfo Agudelo Betancur
4. Trámite Previo
En auto del 21 de noviembre de 2022, el despacho sustanciador admitió la acción
de tutela de la referencia, ordenó notificar a las partes, al Tribunal Administrativo de
Risaralda, al Juzgado que asumió los procesos que tramitó el Juzgado
Administrativo en Descongestión Escritural de Pereira, a la E.S.E. Hospital San
Vicente de Paul de Apia y a la Nación – Ministerio de Trabajo, como terceros
interesados en el resultado del proceso, además, ordenó publicar en la página web
del Consejo de Estado el proveído para el conocimiento de los terceros interesados.
5. Oposición
El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, aseguró que, en la
sentencia cuestionada, se declaró infundado el recurso extraordinario de revisión al
no haberse acreditado las causales de revisión invocadas y ello no conlleva a la
violación o afectación de algún derecho del recurrente, ni la configuración del
defecto alegado.
Que, de la lectura de los argumentos expuestos por el tutelante, se observa que
pretende revivir, en sede de tutela, el debate jurídico y probatorio que se suscitó en
el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, relacionado con la estabilidad
laboral reforzada, y ataca la decisión proferida en el recurso extraordinario de
revisión, sin controvertir directamente las razones por las cuales considera que en
dicho asunto excepcional se encontraban probadas las causales invocadas.
6. Tercero interesado
El Ministerio del Trabajo – Dirección Territorial de Pereira pidió que se le
desvinculara del trámite de tutela, porque no tiene legitimación en la causa por
pasiva, toda vez que dentro de las funciones que tiene asignadas, no se encuentran
las de declarar derechos particulares o definir controversias.
Relató que, el 14 de enero de 2010, la ESE Hospital San Vicente de Paul de Apía
solicitó a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social La Virginia – Risaralda
autorización para despedir a una persona en situación de discapacidad. Que
mediante Resolución 007 de 6 de abril de 2010, se negó la petición.
Indicó que, la ESE referida interpuso recurso de apelación contra esa decisión, el
cual fue resuelto por el Grupo de Inspección, Vigilancia, Control y Resolución de
Conflictos – Conciliaciones de la Dirección Territorial de Trabajo y Seguridad Social
de Risaralda del escindido Ministerio de la Protección Social, hoy Ministerio del
Trabajo, mediante Resolución 00254 del 29 de abril de 2010, en la que se revocó la
decisión inicial y se autorizó el retiro del trabajador, que el referido acto
administrativo se sustentó en la normatividad laboral aplicable, los hechos que
presentaron y controvirtieron las partes y las pruebas aportadas y solicitadas.
Que, aunado a ello, no se evidencia que la Resolución 00254 de 2010 sean
contrarios o no hayan dado “(…) aplicación al artículo 18 del Decreto 3135 de 1968, olvidando
la aplicación de tratados y convenios internacionales, los avances en materia constitucional y laboral
(…)”, como lo afirma el actor.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06082-00
Demandante: José Bertulfo Agudelo Betancur
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Procedencia de la acción de tutela
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien
actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
2. Acción de tutela contra providencias judiciales
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia
cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales
fundamentales.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra
4
providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional , para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
5 6
mediante el empleo de las causales generales y específicas de procedencia de la
acción de tutela.
Siendo así, a la Sala le corresponde establecer si en el presente caso se cumplen
los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial
descritos.
4 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después
del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De
ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de
fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos
fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se
destaca)
5 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia
judicial son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan
agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada,
salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla
con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto
determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que
la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que
esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
6 La configuración de una causal especial de procedibilidad supone que la providencia controvertida haya
incurrido en alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material
o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional
que establece el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06082-00
Demandante: José Bertulfo Agudelo Betancur
3. Problema jurídico
Mediante el ejercicio de la presente acción de tutela, la parte actora busca que se
deje sin efecto la sentencia del del 28 de julio de 2022, mediante la cual el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección B, declaró infundado el recurso
extraordinario de revisión promovido contra el fallo del 8 de abril de 2016, del
Tribunal Administrativo de Risaralda.
En consecuencia, la Sala determinará si el presente asunto cumple con los
requisitos generales de procedencia, en particular, los de inmediatez y de relevancia
constitucional y, solo en el evento en que se logre superar dichos requisitos
generales de procedencia, descenderá con el estudio de la configuración de los
defectos alegados por la parte actora.
4. Requisito general de inmediatez como presupuesto general de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
Para esta Sección, por regla general, el plazo razonable para el ejercicio de la
acción de tutela contra providencias judiciales es de seis meses, contado a partir
de la fecha de notificación del proveído acusado. Lo anterior, en atención a la
naturaleza del acto jurisdiccional, a los plazos previstos en la ley para la
interposición de los recursos ordinarios contra aquellos, al derecho a la tutela judicial
efectiva y a la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y
estabilidad.
En relación con la inmediatez, la Corte Constitucional ha señalado en diversas
oportunidades que debe existir un término razonable entre la ocurrencia de la
vulneración o puesta en riesgo de los derechos fundamentales del accionante y la
presentación de la demanda 7, en la medida en que la naturaleza misma de este
medio de defensa judicial no sólo tiene que ver con la urgencia en la protección de
las garantías constitucionales de una persona, sino también con el respeto a la
seguridad jurídica y a los derechos de los terceros afectados.
Lo anterior no implica un término de caducidad que limite el ejercicio de la acción
de tutela. La inmediatez es más bien un requisito que busca que la acción se
presente en un término razonable, esto es, desde el mismo momento en que se
tiene conocimiento de la violación o amenaza de los derechos fundamentales.
Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional para la protección
pronta y eficaz de tales derechos, es que se requiere que la acción se ejerza en un
tiempo razonable, prudencial.
Sobre el particular, la Corte Constitucional ha señalado que para determinar si la
acción de tutela ha sido oportuna y se ha cumplido el requisito de inmediatez, deben
tenerse en cuenta, en cada caso concreto, los siguientes aspectos: (i) si existe un
motivo válido para la inactividad del accionante, (ii) si la inactividad injustificada
podría causar la lesión de derechos fundamentales de terceros de llegarse a adoptar
una decisión en sede de tutela, y (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio
inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los interesados.
Circunstancias que en el caso concreto no se acreditaron.
7 Corte Constitucional. Sentencia T- 123 de 2007.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06082-00
Demandante: José Bertulfo Agudelo Betancur
Del requisito de inmediatez en el caso concreto
De la lectura de los argumentos expuestos por el actor como fundamento de la
presente acción de tutela, se observa que la parte actora plantea inconformidad con
la valoración probatoria en relación con que “en el proceso se acreditaron las siguientes
irregularidades”: (i) por parte del Ministerio de Trabajo y (ii) la ESE Hospital San
Vicente de Paul de Apia.
Al respecto, debe decirse que dichos planteamientos son propios la controversia
suscitada en la sentencia del del 8 de abril de 2016, proferida por el Tribunal
Administrativo de Risaralda, pues tienen que ver con aspectos probatorios propios
del debate de nulidad y restablecimiento del derecho y, en esa medida, esos
repartos no pueden analizarse en esta instancia, porque no cumple con el requisito
general de inmediatez, en tanto, claramente supera el término previsto por la
jurisprudencia para el efecto, pues, la acción de tutela se ejerció en el año 2022.
5. Requisito de la relevancia constitucional como presupuesto general de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía
e independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que
le corresponde resolver a otras jurisdicciones.
En ese sentido, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia constitucional
tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces
de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción
de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio
de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los
derechos fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del
Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, para que
un asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes
elementos:
(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o
vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no
puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos
eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de
discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe
tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es necesario que
el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que
la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06082-00
Demandante: José Bertulfo Agudelo Betancur
demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión
cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda
abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la
propia decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar
o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el
juez natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del
proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más
informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de
derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la
demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los
jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y
conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir
las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso
ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se
ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces
competentes.
Del requisito de relevancia constitucional en el caso concreto
La parte actora sustentó las inconformidades del escrito de tutela en la vulneración
de los derechos fundamentales a la igualdad, salud, vida, acceso a la administración
de justicia y debido proceso, porque, a su juicio, en la providencia cuestionada, se
incurrió en defecto procedimental, por desconocimiento de las normas que se han
desarrollado sobre estabilidad laboral reforzada de empleados en provisionalidad y
personas incapacitadas.
La Sala anticipa que en el presente caso no se cumple con el requisito general de
relevancia constitucional, porque los argumentos expuestos en el escrito de tutela,
no se acompasan con las razones expuestas en la sentencia del 28 de julio de 2022,
en la cual el Estado, Sección Segunda, Subsección B, declaró infundado el recurso
extraordinario de revisión, por lo siguiente:
En la demanda del recurso extraordinario de revisión, el señor Agudelo Betancur
afirmó que la sentencia del 8 de abril de 2016, proferida por el Tribunal
Administrativo de Risaralda, se encontraba incursa en las causales 1° y 5° del
artículo 250 del CPACA.
Respecto a la primera causal indicó que, la sentencia acusada no tuvo en cuenta
unas pruebas 8 que no pudo aportar en primera instancia, porque las había
8 Al respecto enlistó las siguientes pruebas: “Aviso del proceso disciplinario del 2 de noviembre de 2005; Carta
del 16 de julio de 2008, en la cual el Dr. José Bertulfo Agudelo manifiesta la dificultad que le produce el aumento
de turnos a más de 12 horas diarias; Iniciación de un proceso disciplinario por parte de la señora JOHANA
PAOLA POSADA; Queja a la personería municipal de Apía Interpuesta por el Dr. Bertulfo; Versión libre del 25
de mayo de 2007, rendida por la señora POSADA; Sentencia de tutela, de junio de 2007, radicado 2007-042;
Queja instaurada en contra del tribunal de Ética médica del 26 de junio de 2007 y del 21 de junio de 2007,
presentada por la señora Posada, en calidad de gerente del Hospital.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06082-00
Demandante: José Bertulfo Agudelo Betancur
entregado a la Junta Regional de Calificación con las cuales se acreditaba las
conductas de acoso laboral de las que fue víctima y la enfermedad que le
desencadenó como consecuencia de estas. Además, señaló que no se tuvo en
cuenta el peritaje solicitado por el Ministerio del Trabajo que, a su juicio, evidenciaba
que el acto administrativo mediante el cual se autorizó el retiro del servicio, no se
ajustó a los hechos, pruebas, normas legales y constitucionales ni a la
jurisprudencia que se refiere al tema objeto de discusión.
Frente a la causal quinta, refirió que la sentencia era contradictoria, porque en la
parte considerativa habla de la estabilidad laboral reforzada como garantía ius
fundamental, prevista para la protección de aquellos trabajadores que padecen de
algún tipo de limitación física o psicológica que no les permita realizar su trabajo
regularmente, garantizándoles que independientemente del tipo de vinculación que
ostenten, no se terminará su vínculo laboral; sin embargo, en la decisión se negaron
las pretensiones de la demanda.
Al respecto, el argumento referido al debate probatorio relacionado con la omisión
en la valoración de las pruebas aportadas en segunda instancia y la indebida
valoración de otras, así como la incongruencia de la sentencia de segunda instancia
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, se repite en el recurso
extraordinario de revisión y en la demanda de tutela y esto evidencia que la parte
actora lo que pretende es obtener un pronunciamiento diferente al adoptado en las
providencias cuestionadas, es decir, plantea una discusión ajena a lo que se debatió
en el trámite del recurso ordinario al amparo de las causales 1 y 5 del artículo 250
del CPACA, invocadas. Debe decirse que el aludido cuestionamiento fue resuelto
por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, en los siguientes
términos:
Frente a la causal primera invocada por el recurrente señaló:
“Al respecto, la Sala considera que las pruebas sobre las cuales se pretende la configuración
de la causal, reposaban en el trámite adelantado por la Junta Regional de Calificación de
Invalidez, sin embargo, no se expuso la razón por la que presuntamente el señor José
Agudelo no pudo aportarlas oportunamente al proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, sin que se evidencie que existió fuerza mayor, caso fortuito o culpa de la
contraparte para no allegar la documentación, que incluso es anterior a la fecha de
presentación de la demanda ordinaria.
Por el contrario, la Sala observa que las pruebas “recobradas” por el recurrente, no fueron
aportadas, ni solicitadas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, sino
hasta la segunda instancia, cuando ya había precluido la oportunidad probatoria, sin que se
evidencie una imposibilidad en cabeza del interesado, para solicitar el traslado de la prueba,
o la expedición de copias a la autoridad administrativa que tenía en custodia los documentos
señalados por el señor José Agudelo en el recurso extraordinario de revisión.
A juicio de la Sala, no se incurrió en alguna omisión por parte del Tribunal, pues las pruebas
que no fueron valoradas en la sentencia de segunda instancia, se aportaron al proceso
cuando ya se había vencido la oportunidad procesal y, por lo mismo, no fue posible correr
traslado a la parte contraria para que ejerciera el derecho de contradicción contra las
mismas.”
Frente a la causal quinta invocada, refirió:
“(…) Al respecto, se evidencia que el recurrente no indicó en qué consiste la contradicción,
en especial porque el Tribunal cuando hizo referencia a la protección de derechos en los
trabajadores, a la estabilidad laboral reforzada, entre otros aspectos, no hizo alusión directa
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06082-00
Demandante: José Bertulfo Agudelo Betancur
al caso del demandante, sino que, citó la normativa y el desarrollo jurisprudencial proferido
sobre la materia, para luego entrar a establecer si en el asunto que estudiaba era procedente
dicha protección, sin embargo, concluyó que la actuación de la administración se realizó de
acuerdo con las normas aplicables y teniendo en cuenta la situación particular del
demandante, sin que se pueda encontrar contradicción en lo resuelto.
(…)
Pues bien, a juicio de la Sala, los argumentos expuestos por el recurrente no muestran la
configuración de la causal invocada, ni la supuesta contradicción en la que incurrió el
Tribunal, pues se limita a decir que debió haberse accedido a las pretensiones de la
demanda, porque era sujeto de especial protección.
La Sala considera que lo pretendido por el recurrente es que se emita un nuevo
pronunciamiento sobre el fondo del asunto porque considera que en la sentencia recurrida
no se realizó un análisis correcto, ya que debió concluirse que los actos estaban viciados y
que era procedente el reintegro del actor y su reubicación laboral de acuerdo con la pérdida
de la capacidad laboral que le fue declarada; sin embargo, estudiar lo alegado por el señor
Agudelo conlleva a que el recurso extraordinario de revisión se convierta en una “tercera
instancia” para debatir la posición que en criterio de la parte vencida debió adoptarse en el
proceso, sin que se evidencie que dicha situación generó una vulneración del derecho al
debido proceso o de algún derecho del interesado, pues los argumentos demuestran la
inconformidad frente al análisis efectuado por el Tribunal, y no un error de tal magnitud que
haga procedente el análisis de lo alegado a través de este mecanismo.”
De lo anterior, se puede evidenciar que, aunque el actor afirma que se vulneran sus
derechos fundamentales con la sentencia que resolvió el recurso extraordinario de
revisión, lo cierto es que esa inconformidad, es una discusión de naturaleza legal
sobre los actos administrativos, mediante los cuales se autorizó y efectuó su retiro
del servicio como médico de la ESE Hospital San Vicente de Paul Apía, que ya fue
resuelta dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, por lo que
insistir sobre ella en el presente recurso de amparo desconoce el requisito de
relevancia constitucional necesario para el estudio de la tutela contra providencias
judiciales, en tanto se estaría utilizando para variar la discusión del recurso
extraordinario de revisión y además para insistir en las inconformidades que le
merece la decisión del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, frente a
la cuales como se vio, el mecanismo no supera el requisito general de inmediatez.
Entonces, en el presente caso no existe un real cuestionamiento constitucional en
relación con una decisión judicial, sino, simplemente, se emplea el mecanismo para
alegar inconformidad con los argumentos expuestos en el recurso extraordinario de
revisión y para insistir en las inconformidades en sede ordinaria, pero, sin plantear
reparos contra la ratio de la decisión que se cuestiona por esta vía, por lo que el
asunto carece de relevancia constitucional.
Conviene recordar que la tutela es un mecanismo residual y subsidiario de defensa
y que, no puede utilizarse para reabrir debates resueltos por los jueces ordinarios.
En suma, la acción de tutela de la referencia no cumple con los requisitos generales
de procedencia de relevancia constitucional e inmediatez y, en esa medida, se
impone, declarar improcedente el amparo solicitado por el señor José Bertulfo
Agudelo Betancur contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06082-00
Demandante: José Bertulfo Agudelo Betancur
III. FALLA
1. Declarar improcedente la acción de tutela promovida por el señor José
Bertulfo Agudelo Betancur contra el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, acorde con lo expuesto en la parte considerativa.
2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado Electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidenta de la Sección
(Firmado Electrónicamente) (Firmado Electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.