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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2023-00187-01

Fecha
9 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2023-00187-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 21 de abril de 2023, dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997. TERCERO: En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 76001-23-33-000-2023-00187-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

9 de noviembre de 2023

Demandante: Wilson Alfonso Andrade
Demandado: Defensoría del Pueblo
Radicación No.: 76001-23-33-000-2023-00187-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D. C., nueve (9) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 76001-23-33-000-2023-00187-01
Accionante: WILSON ALFONSO ANDRADE
Accionado: DEFENSORÍA DEL PUEBLO

Tema: Confirma decisión de negar las pretensiones. Jornada
laboral de empleados públicos

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala conoce de la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia del 21 de abril de 2023, dictada por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca.

I. ANTECEDENTES

1.1. Demanda

1. El señor Wilson Alfonso Andrade, actuando en nombre propio, ejerció la
acción de cumplimiento contra la Defensoría del Pueblo. Su solicitud tiene como
fin que se le ordene el acatamiento del artículo 33 del Decreto 1042 de 19781.

2. Como consecuencia del obedecimiento de la norma invocada, pidió a título
de pretensiones, la siguiente:

1). De la manera más atenta y con el debido respeto, le solicito al Honorable
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Ordenar a la Defensoría del Pueblo
Central Bogotá en Cabeza del Defensor del Pueblo, doctor CARLOS ERNESTO
CAMARGO ASIS como su Máximo Representante, y demás servidores públicos
de este Organismo tanto en el Nivel Central como en las demás Sedes en el resto
del País que cumplan de manera irrestricta el mandato establecido en el artículo
33 del Decreto Ley 1042 de 1978. (44 horas de labores a la semana). (Sic a todo
el texto).

1 “Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de los

ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y
unidades administrativas especiales del orden nacional, se fijan las escalas de remuneración
correspondientes a dichos empleos y se dictan otras disposiciones”.

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Demandante: Wilson Alfonso Andrade
Demandado: Defensoría del Pueblo
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1.2. Hechos

3. El actor manifestó que, con el fin de conocer si la Defensoría del Pueblo
se encontraba cumpliendo el artículo 33 del Decreto 1042 de 1978, le presentó
una petición el 15 de septiembre de 2022. En ese sentido, le solicitó a la entidad
accionada que le suministrara copia “de los actos administrativos a través de los
cuales se han creado las jornadas laborales (…) desde el año 2000 hasta la
fecha”.

4. Mediante el Oficio 2020050053093972 de 6 de octubre de 2022, la entidad
le respondió y le aportó las Resoluciones N.° 1039 de 2000, 331 de 2016 y 1179
de 2022. En dichos actos administrativos se estableció que la jornada sería de
lunes a viernes con una intensidad diaria de ocho (8) horas de trabajo, más una
hora de almuerzo.

5. Por lo anterior, mediante una nueva petición presentada el 8 de febrero de
2023, le solicitó a la Defensoría del Pueblo que acatara lo dispuesto en el artículo
33 del Decreto 1042 de 1978. Ello, con el fin de que disponga que sus
funcionarios deben cumplir con la jornada laboral de 44 horas semanales.

6. Alegó que los horarios dispuestos por la Defensoría del Pueblo son de 8
horas. Así, al multiplicar las horas que trabajan cada día por los 5 días de la
semana, arroja 40 horas, pese a que deben trabajar 44, de conformidad con lo
establecido en la norma referida con antelación.

7. Asimismo, manifestó la escala de remuneración debería ser la establecida
para los empleos de tiempo parcial.

1.3. Actuaciones procesales

8. Mediante auto de 23 de marzo de 2023, el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca admitió la demanda de cumplimiento. En consecuencia, ordenó
notificar a la Defensoría del Pueblo.

9. La autoridad demandada guardó silencio, pese a ser notificada en debida
forma.

1.4. Fallo de primera instancia

10. En sentencia de 21 de abril de 2023, el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca negó las pretensiones planteadas. Explicó que el artículo 33 del
Decreto 1042 de 1978 fijó un límite máximo de 44 horas para establecer la
jornada laboral de los servidores públicos, pero dentro de dicho margen los jefes
de cada organismo pueden disponer el horario.

11. Manifestó que la norma que se pretendía hacer cumplir no contenía un
mandato imperativo e inobjetable, pues esta no indicaba que fueran 44 horas
semanales la jornada mínima de trabajo. En este sentido, se dispuso negar las

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pretensiones por cuanto no correspondía al juez de cumplimiento determinar la
jornada laboral de los empleados de la Defensoría del Pueblo, pues dicha
facultad recaía sobre el jefe o director de la entidad, quien debía establecer el
horario de trabajo conforme a las necesidades del servicio.

12. Adicionalmente indicó que, si el demandante no compartía la regulación
interna de la Defensoría del Pueblo, por considerarla violatoria del régimen
laboral general, debía acudir al medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho pata obtener la declaratoria de ilegalidad.

1.6. Impugnación

13. El señor Wilson Alfonso Andrade impugnó la decisión del a quo. Iteró que
sus pretensiones son que la Defensoría del Pueblo acate el artículo 33 del
Decreto 1042 de 1978.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

14. Esta Sección es competente para resolver la impugnación presentada por
el señor Wilson Alfonso Andrade contra la sentencia de 21 de abril de 2023,
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Lo anterior de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 1252, 1503 y 2434 de la Ley 1437
de 20115, así como del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena
del Consejo de Estado que establece la competencia de la Sección Quinta de
esta Corporación para conocer de «…las apelaciones contra las providencias
susceptibles de ese recurso que se dicten por los Tribunales Administrativos en
primera instancia en las acciones de cumplimiento».

2.2. Generalidades sobre la acción de cumplimiento

15. La finalidad de la presente acción, consagrada en el artículo 87 de la
Constitución Política, a la cual puede acudir cualquier persona natural o jurídica,
es hacer efectivo el cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de
un acto administrativo que impone determinada actuación u omisión a la
autoridad. Su objeto es la observancia del ordenamiento jurídico existente.

16. En desarrollo de este mandato constitucional, la Ley 393 de 1997, que
reglamenta esta acción, exige como requisito de procedibilidad “la renuencia”

2 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 20.
3 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 26 .
4 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 62.
5 Artículo 150.Artículo modificado por del artículo 615 de la Ley 1564 de 2012. Inciso modificado

por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de
este medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule contra
decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código.
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(artículo 8°), esto es, haber reclamado en sede administrativa antes de ejercitar
la demanda la atención de la norma o del acto administrativo que se considera
desacatado, y que la autoridad no responda transcurridos 10 días o se niegue a
atender su cumplimiento.

17. Para que la demanda proceda, se requiere:

(i) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo
1.º]6.

(ii) Que el mandato que se solicita atender esté radicado en cabeza de la
autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas, encargado
de ello (artículos 5.º y 6.º).

(iii) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad o el particular accionado frente
al obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción
u omisión del exigido o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir
su inminente incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este
requisito “(…) cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de
sufrir un perjuicio irremediable (…)” caso en el cual deberá ser sustentado en la
demanda (artículo 8.º).

(iv) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta
que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un
perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.

(v) Pretender la protección de derechos fundamentales que puedan ser
garantizados a través de la tutela (artículo 9.º).

(vi) El acatamiento de normas que establezcan gastos a la administración
(artículo 9.º).

2.3. De la renuencia

18. La procedencia de la acción de cumplimiento se supedita a la constitución
en renuencia de la autoridad, que consiste en el reclamo previo y por escrito que
debe elevarle el interesado exigiendo atender un mandato legal o consagrado en
acto administrativo con citación precisa de éste7 y que ésta se ratifique en el
incumplimiento o no conteste en el plazo de diez días siguientes a la presentación

6 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general

consagran principios y directrices.
4. Sobre el particular esta Sección ha dicho: “La Sala también ha explicado que con el fin de

constituir en renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio
de funciones públicas, es necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o
administrativo, para lo cual se deberá precisar la norma o normas en que se consagró su
deber inobjetable y, por ende, exigible, pues lo contrario conduce a la improcedencia de la
acción por carecer del requisito de renuencia.(Negrita fuera de texto)

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de la solicitud.

19. Para el cumplimiento de este requisito de procedibilidad la Sala, ha
señalado que “…el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición
sino una solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de
la renuencia para los fines de la acción de cumplimiento”8.

20. Sobre este tema, esta Sección9 ha dicho que:

Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.

El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que
incumple la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está
sometida a formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos
contener: La petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de
ley o de un acto administrativo; el señalamiento preciso de la disposición
que consagra una obligación y la explicación del sustento en el que se funda
el incumplimiento.

Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación
a la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la
acción prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.

Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario
del deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento
reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido
de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el demandante,
pues, como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el
procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza material
de ley o actos administrativos10. (Negrillas fuera de texto).

21. En efecto, el inciso 2.° del artículo 8º de la Ley 393 de 1997 establece lo
siguiente:

Con el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá
que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o
administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no
contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud.

22. Por otra parte, para dar por satisfecho este requisito no es necesario que
el solicitante, en su petición, haga mención explícita y expresa de que su objetivo

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 20
de octubre de 2011, Exp. 2011-01063, M.P. Dr. Mauricio Torres Cuervo.
9 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 9 de junio de 2011,
expediente 47001-23-31-000-2011-00024-01. Magistrada Ponente: Susana Buitrago Valencia.
10 Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24 de junio de 2004, exp.

ACU-2003-00724, M.P.: Darío Quiñones Pinilla

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es constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8° de la Ley 393 de 1997
no lo prevé así; por ello, basta con advertir del contenido de la petición que lo
pretendido es el cumplimiento de un deber legal o administrativo y que, de este,
pueda inferirse el propósito de agotar el requisito en mención.

23. En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el
requisito de procedibilidad cuando la petición “…tiene una finalidad distinta a la
de constitución en renuencia”.11

24. La parte actora probó que le remitió una petición a la Defensoría del Pueblo
el 8 de febrero de 2023, en la que le solicitó cumplir con lo dispuesto en el artículo
33 del Decreto 1042 de 1978. En consecuencia, que disponga que la jornada
laboral de sus servidores es de 44 horas por semana.

25. La entidad respondió mediante Oficio 20230050100740661 del 1 de marzo
de 2023. En este indicó que la Defensoría del Pueblo al expedir la Resolución
331 del 2016, por cual fijó el horario de la jornada laboral dentro de los máximos
legales, dio cumplimiento a la normativa vigente en la materia, en aplicación de
la facultad contenida en el numeral 1 del artículo 5 del Decreto Ley 025 de 2014.

26. Dicho lo anterior, no hay duda que previo a acudir al ejercicio de la
presente acción de cumplimiento, la parte actora agotó en debida forma el
requisito de la renuencia.

2.5. De la procedencia de la acción de cumplimiento

27. El señor Alfonso Andrade solicita que se le ordene a la Defensoría del
Pueblo atender lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto 1042 de 1978. En
consecuencia, pide que esta entidad disponga que sus servidores públicos deben
laborar 44 horas semanales.

28. La Sala encuentra que el artículo 33 del Decreto 1042 de 1978 es
actualmente exigible. Adicionalmente, no conlleva al establecimiento de gasto,
en la medida en que, lo perseguido a través de esta acción consiste en que la
entidad accionada ordene a sus servidores desempeñar sus labores durante
determinadas horas de trabajo.

29. Tampoco se evidencia que lo pretendido por el accionante involucre la
protección de derechos fundamentales que puedan ser invocados vía acción de
tutela. En ese sentido, este mecanismo satisface los requisitos de procedencia
de la acción de cumplimiento.

30. Por lo anterior, la Sala procederá a analizar si confirma, modifica o revoca
la decisión de primera instancia que negó las pretensiones propuestas por el
señor Wilson Alfonso Andrade.

11 Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencias del 21 de noviembre de 2002,

exp. ACU-1614 y del 17 de marzo de 2011, exp. 2011-00019.

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2.6. Caso concreto

31. Como se estableció, el señor Wilson Alfonso Andrade solicita que se le
ordene a la Defensoría del Pueblo acatar el artículo 33 del Decreto 1042 de 1978.
En consecuencia, que dicha entidad determine que la jornada laboral de los
servidores que allí laboran es de 44 horas por semana.

32. El precepto que se pide atender, es del siguiente tenor:

• Decreto 1042 de 1978:

ARTÍCULO 33. De la jornada de trabajo. La asignación mensual fijada en las escalas
de remuneración a que se refiere el presente Decreto, corresponde a jornadas de
cuarenta y cuatro horas semanales. A los empleos cuyas funciones implican el
desarrollo de actividades discontinuas, intermitentes o de simple vigilancia podrá
señalárseles una jornada de trabajo de doce horas diarias, sin que en la semana
excedan un límite de 66 horas.

Dentro del límite máximo fijado en este artículo, el jefe del respectivo organismo podrá
establecer el horario de trabajo y compensar la jornada del sábado con tiempo diario
adicional de labor, sin que en ningún caso dicho tiempo compensatorio constituya
trabajo suplementario o de horas extras.

El trabajo realizado en día sábado no da derecho a remuneración adicional, salvo
cuando exceda la jornada máxima semanal. En este caso se aplicará lo dispuesto para
las horas extras.

33. El Decreto 1042 de 1978 establece la escala de remuneración para los
empleos de distintas categorías fijadas en dicho cuerpo normativo, dentro de los
ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos
públicos, y otros, de conformidad con el artículo 1°, el cual dispone el campo de
aplicación.

34. Dicho esto, para la Sala es claro que la norma objeto de estudio no indica
que la jornada laboral de los servidores públicos de la Defensoría del Pueblo
deba ser de 44 horas semanales.

35. En otras palabras, del contenido del artículo 33 del Decreto 1042 de 1978
se desprende la escala salarial que devengan determinado grupo de servidores
públicos de distintas corporaciones, sin que de ello se pueda predicar que es
deber de la Defensoría del Pueblo ordenar que todos sus empleados laboren
determinada cantidad de horas.

36. Es decir que, lo pretendido por el accionante no está contemplado en la
disposición invocada. De otro lado, si bien precisó que los empleados de la
Defensoría del Pueblo solo cumplen 40 horas de trabajo, deben ser remunerados
como servidores de tiempo parcial, lo cierto es que los preceptos que le solicitó
cumplir, no establecen la escala salarial para los empleados de la entidad
accionada que laboren 40 horas a la semana como lo aduce el actor, así como
tampoco, que los servidores de la entidad accionada deban laborar 44 horas.

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37. No sobra precisar que esta Sala, en otra acción de cumplimiento ejercida
por el actor sobre el acatamiento del artículo 33 del Decreto 1042 de 1978, para
que se le ordene a otra entidad que establezca que el horario de sus trabajadores
es de 44 horas semanales, concluyó que esta norma prevé «la jornada laboral
para quienes desempeñen los empleos que tengan una asignación mensual
fijada en las escalas de remuneración indicadas en ese decreto; sin embargo, del
contenido de la norma no se vislumbra que ello implique que la procuraduría
demandada deba atender esa disposición y variar los horarios ya establecidos»12.
Es decir, que el hecho de que se atienda al público 40 horas a la semana no
implica que se desconozca la jornada laboral a que están atados los servidores
públicos de la entidad demandada.

38. Finalmente es preciso resaltar que la normativa indicada tampoco aplica a
la Defensoría del Pueblo que cuenta con un régimen especial, toda vez que está
sometida a lo establecido en el Decreto Ley 25 de 201413.

2.7. Conclusión

39. De conformidad con lo expuesto, esta Sala confirmará la sentencia de 21
de abril de 2023 del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que negó las
pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 21 de abril de 2023, dictada por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la
Ley 393 de 1997.

TERCERO: En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

12 Sentencia de 16 de marzo de 2023, exp. 76001-23-33-000-2022-01038-01 (AC), M.P. Carlos

Enrique Moreno Rubio.
13 “Por el cual se modifica la estructura orgánica y se establece la organización y funcionamiento

de la Defensoría del Pueblo.”

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Radicación No.: 76001-23-33-000-2023-00187-01

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo dispuesto
en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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