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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-00980-00

Fecha
11 de abril de 2024
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-00980-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Negar el amparo de los derechos fundamentales de Wilson Alfonso Andrade, en la solicitud de tutela presentada contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Consejo de Estado, Sección Quinta, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2024-00980-00

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

11 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., once (11) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00980-00
Demandante: Wilson Alfonso Andrade
Demandado: Consejo de Estado, Sección Quinta y otro.

Temas: Tutela contra providencia judicial / Acción de cumplimiento frente
al artículo 33 del Decreto Ley 1042 de 1978, sobre la jornada de
trabajo de los empleados públicos de la Defensoría del Pueblo /
Defectos fáctico y orgánico

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Decide la Sala la solicitud formulada por Wilson Alfonso Andrade, en ejercicio de la
acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, y desarrollada
en los decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015 y 333 de 2021.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud1

Wilson Alfonso Andrade promovió solicitud de tutela con el fin de que se ampararan
sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de
justicia, los cuales consideró vulnerados con ocasión de la sentencia proferida el 9
de noviembre de 2023 por el Consejo de Estado, Sección Quinta, en la acción de
cumplimiento identificada con el radicado 76001-23-33-000-2023-00187-01.

Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:

i) Solicitó ante la Defensoría del Pueblo el cumplimiento a la jornada laboral de 44
horas a la semana establecidas como mandato obligatorio para los servidores
públicos en el artículo 33 del Decreto 1042 de 1978, frente a la cual recibió
contestación negativa.

ii) Presentó, en ejercicio del medio de control de acción de cumplimiento, demanda
contra la referida entidad, con el fin de lograr el acatamiento de las disposiciones de
la norma antes mencionada.

1 Ver índice 2 de SAMAI del expediente 11001031500020240098000. Archivo denominado
«3ED_2ESCRITODETUTELAPDF(.pdf) NroActua 2»
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-00980-00
Demandante: Wilson Alfonso Andrade

ii) El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en sentencia del 21 de abril de 2023
negó las súplicas de la demanda, al considerar que el mandato cuyo cumplimiento
se exigió, no es inobjetable y la Defensoría del Pueblo, reguló el horario de acuerdo
con el límite máximo de 44 horas establecido allí. En contra de esta decisión la parte
demandante interpuso recurso de apelación.

iii) El Consejo de Estado, Sección Quinta en sentencia del 9 de noviembre de 2023
confirmó lo resuelto por el a quo, al considerar que no existió mandato exigible a la
Defensoría del Pueblo, pues, la entidad tiene un régimen especial, toda vez que
está sometida a lo establecido en el Decreto Ley 25 de 20142.

iv) En relación con esa decisión, consideró que la corporación judicial demandada
vulneró sus derechos fundamentales al incurrir defecto orgánico ante la falta de
competencia de los órganos judiciales para avalar la reducción de la jornada laboral,
cuando esto es exclusivo del legislativo y del Gobierno Nacional, según lo dispuesto
en el párrafo segundo del numeral 10 del artículo 150 de la Constitución Política.

Asimismo, en defecto fáctico por cuanto carece de fundamento probatorio de cara
a una norma que autorice la reducción de la jornada laboral establecida en el artículo
33 del Decreto 720 de 1978.

1.1.2. Pretensiones

Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó lo siguiente:

«[…] 1. Amparar mis derechos fundamentales al debido proceso (art. 29/Const.), al
acceso a la administración de justicia (art. 229/Const.), a la dignidad humana, al trabajo
(art. 25/Const.), al de recibir información verás (art. 20/Const.), al de la igualdad (art.
13/Const.), impetrados a través de esta acción de tutela contra providencia judicial a
favor del demandante, ciudadano WILSON ALFONSO ANDRADE, identificado con
cedula de ciudadanía No. 16, 474 829. 16 17.

2. Dejar sin efectos la Sentencia de Acción de Cumplimiento de Segunda Instancia
Contra la Defensoría del Pueblo dictada por la Honorable Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta del Consejo de Estado bajo Radicación No. 76001-23-
33-000-2023-00187-01 de nueve (9) de noviembre de dos mil veintitrés (2023), y
Sentencia de Primera Instancia bajo Radicación 76001-23-33-000-2023-00187-00 de
veintiuno (21) de abril de dos mil veintitrés (2023) dictada por el Honorable Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca.

3. Ordenar a la Sala de Decisiones que corresponda, que profiera nueva sentencia, en
la cual se haga una valoración adecuada del precedente judicial en el tema de acuerdo
a las reglas jurisprudenciales Y NO DE MANERA CAPRICHOSAS, ARBITRARIA Y
VIOLATORIAS DE MIS DERECHOS FUNDAMENTALES como ha ocurrido con las
decisiones erróneas tomadas inobservando la Constitución y la ley […]» [sic].

1.2. Informes rendidos en el proceso

2 Por el cual se modifica la estructura orgánica y se establece la organización y funcionamiento de la

Defensoría del Pueblo
2

Radicado: 11001-03-15-000-2024-00980-00
Demandante: Wilson Alfonso Andrade

1.2.1. El Consejo de Estado, Sección Quinta3 solicitó se declarara la
improcedencia de la solicitud de amparo, en tanto no se acreditó el cumplimiento de
los requisitos generales de procedibilidad, específicamente el de relevancia
constitucional, pues la verdadera intención del demandante era reabrir un debate ya
finalizado en debida forma.

De encontrarlo satisfecho, solicitó se negara el amparo, pues no se configuró
ninguno de los defectos alegados y tampoco la vulneración de derecho fundamental
alguno, al contrario, la controversia se decidió conforme a las normas aplicables al
caso.

1.2.2. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca4, si bien allegó copia del
expediente digital, guardó silencio frente a la petición de amparo.

1.2.3. La Defensoría del Pueblo5 guardó silencio.

2. Consideraciones

En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas que
obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el
siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) cuestión previa; iii) procedencia de
la tutela contra providencia judicial; iv) determinación del problema jurídico; y v)
análisis de la Sala.

2.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
numeral 7 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el
artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 2021,6 esta Sala es competente para
conocer de la presente solicitud de amparo contra el Consejo de Estado, Sección
Quinta y otro.

2.2. Cuestión previa

Se advierte que, pese a que en el escrito inicial se cuestiona la legalidad de las
decisiones proferidas por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Consejo
de Estado, Sección Quinta, se observa que los argumentos que sustentan sus
pretensiones son similares respecto a una y otra.

3 Ver índice 8 de SAMAI del expediente 11001031500020240098000. Archivo denominado
«9CONTESTACIONDE_CONTESTACIONTUTELA20(.pdf) NroActua 8»
4 Ver índice 10 de SAMAI del expediente 11001031500020240098000. Archivo denominado

«10RECIBEPRUEBAS_MEMORIALES_76001233300020230018(.zip) NroActua 10»
5 Mediante auto del 4 de marzo de 2024 fue vinculada como tercero con interés
6 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción
de tutela.
3

Radicado: 11001-03-15-000-2024-00980-00
Demandante: Wilson Alfonso Andrade

Por lo anterior y en atención a que la providencia del 21 de abril de 2023, proferida
en primera instancia fue apelada y el Consejo de Estado, Sección Quinta desató el
recurso a través de la sentencia del 9 de noviembre de 2023, el reclamo
constitucional formulado será estudiado solo respecto a esta última, en tanto fue la
que puso fin al proceso.

2.3. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo del
Consejo de Estado7 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas
que en su interior se habían desarrollado sobre el tema.8 Al respecto señaló lo
siguiente:

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional,
de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita,
como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se
esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.
[Resalta la Sala].

Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo9 adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta
solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes que
desconozcan derechos fundamentales.

Ahora bien, la Corte Constitucional10 ha señalado que la solicitud de amparo debe
cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea

7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-

01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
8 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
10 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y

C-590 de 2005.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-00980-00
Demandante: Wilson Alfonso Andrade

relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se
haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado
inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se
hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos
sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será
declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos,11 el
juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad
de la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno
de los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto
sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales.12

Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad
que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el
debate que se había planteado en la instancia correspondiente.

2.4. Problema jurídico

La Sala deberá definir si: ¿el Consejo de Estado, Sección Quinta vulneró los
derechos fundamentales de Wilson Alfonso Andrade con ocasión de la sentencia
del 9 de noviembre de 2023, a través de la cual confirmó la negativa frente a las
pretensiones de que se ordene aplicar la jornada laboral de 44 horas a la semana
establecida en el artículo 33 del Decreto 1042 de 1978 a los servidores públicos de
la Defensoría del Pueblo, con lo cual incurrió, presuntamente, en defectos orgánico
y fáctico?

2.5. Análisis de la Sala

2.5.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de tutela
y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado,
procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.

2.5.2. Defecto fáctico

El defecto fáctico, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional,13 tiene una
dimensión negativa y otra positiva.

11 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
12 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
13 Corte Constitucional, sentencias SU-159 de 2002, T-781 de 2011, T-267 de 2013, SU-172 de 2015,

T-605 de 2015, T-463 de 2016 y T-643 de 2016 entre otras.
5

Radicado: 11001-03-15-000-2024-00980-00
Demandante: Wilson Alfonso Andrade

La primera se configura cuando en desarrollo de la actividad probatoria el juez omite
la «valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos
analizados por el juez»,14 «o cuando sin razón valedera da por no probado el hecho
o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente».15 La segunda,
se acredita cuando el operador judicial «aprecia pruebas que no ha debido admitir
ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas»16.

Empero, la intervención del juez constitucional en el análisis de las pruebas que
adelanta el juez natural, solo se justifica cuando resulta en una manifiesta vía de
hecho y, tiene una clara incidencia en el sentido de la decisión; por supuesto, en
vigencia y garantía de los derechos constitucionales fundamentales.

2.5.3. Defecto orgánico

En cuanto al defecto orgánico, es importante recordar que la Corte Constitucional
ha señalado17 que este se presenta cuando, el juez que profirió la sentencia
impugnada carece, de forma absoluta, de competencia legal para ello.

El Alto Tribunal de lo Constitucional ha identificado el carácter del defecto orgánico,
a saber: «(i) funcional, cuando la autoridad judicial extralimita de forma manifiesta
el ámbito de las competencias otorgadas tanto por la Carta Política como por la ley;
o (ii) temporal, cuando los jueces a pesar de contar con ciertas atribuciones para
realizar determinada conducta, lo hace por fuera del término consagrado para ello.
Por lo anterior, cuando un operador judicial desconoce los límites temporales y
funcionales de la competencia, configura un defecto orgánico y en consecuencia
vulnera el derecho fundamental al debido proceso»18.

En cualquier caso, el juez no puede desbordar su órbita de competencia al emitir
pronunciamientos, en la medida que esto configuraría una vulneración al debido
proceso de las partes, máxime, cuando las competencias están reguladas por el
ordenamiento jurídico y existe una confianza legítima en ello.

2.5.4. Sobre el caso concreto

Wilson Alfonso Andrade acudió al juez de tutela con el fin de que se ampararan sus
derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos la sentencia
proferida el 9 de noviembre de 2023 por el Consejo de Estado, Sección Quinta, en
cuanto confirmó la decisión del a quo de negar las pretensiones de la acción de
cumplimiento respecto de la aplicación de la jornada laboral de 44 horas a la semana

14 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
15 Sentencia SU-159 de 2002, MP. Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Jaime Araujo Rentería,
Rodrigo Escobar Gil y Alfredo Beltrán Sierra.
16 Sentencia T-538 de 1994.
17
Sentencia SU128/21, T-019/21
18
Sentencia T-267/13
6

Radicado: 11001-03-15-000-2024-00980-00
Demandante: Wilson Alfonso Andrade

establecidas en el artículo 33 del Decreto Ley 1042 de 1978 a los funcionarios de la
Defensoría del Pueblo.

Lo anterior, al incurrir en defecto orgánico ante la falta de competencia de los
órganos judiciales para avalar la reducción de la jornada laboral, cuando esto es
competencia exclusiva del legislativo y del Gobierno Nacional, según lo dispuesto
en el párrafo segundo del numeral 10 del artículo 150 de la Constitución Política19.

Asimismo, en defecto fáctico por cuanto la decisión judicial carece de fundamento
probatorio de norma legal que autorice la reducción de la jornada laboral establecida
en el artículo 33 del Decreto 720 de 1978.

Para mayor claridad del asunto, en cuanto al defecto fáctico endilgado, la Sala
precisa que, si bien el demandante indicó que existe ausencia de fundamento
probatorio, lo cierto es que no indicó cuál o cuáles pruebas se dejaron de valorar o
se valoraron de manera caprichosa y arbitraria, razón por la cual no es posible emitir
un pronunciamiento de fondo respecto a este defecto.

Ahora bien, el Consejo de Estado, Sección Quinta en sentencia del 9 de noviembre
de 2023 confirmó la decisión de negar las pretensiones propuestas, al considerar
que el artículo 33 del Decreto 1072 de 1978 no es aplicable a la Defensoría del
Pueblo, por cuanto es independiente de la Rama Ejecutiva y está sometida a las
disposiciones del Decreto Ley 25 de 201420. Expresamente señaló:

«[…] 33. El Decreto 1042 de 1978 establece la escala de remuneración para los empleos
de distintas categorías fijadas en dicho cuerpo normativo, dentro de los ministerios,
departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos, y otros,
de conformidad con el artículo 1°, el cual dispone el campo de aplicación.

34. Dicho esto, para la Sala es claro que la norma objeto de estudio no indica que la
jornada laboral de los servidores públicos de la Defensoría del Pueblo deba ser de 44
horas semanales.

35. En otras palabras, del contenido del artículo 33 del Decreto 1042 de 1978 se
desprende la escala salarial que devengan determinado grupo de servidores públicos de
distintas corporaciones, sin que de ello se pueda predicar que es deber de la Defensoría
del Pueblo ordenar que todos sus empleados laboren determinada cantidad de horas.

36. Es decir que, lo pretendido por el accionante no está contemplado en la disposición
invocada. De otro lado, si bien precisó que los empleados de la Defensoría del Pueblo
solo cumplen 40 horas de trabajo, deben ser remunerados como servidores de tiempo
parcial, lo cierto es que los preceptos que le solicitó cumplir, no establecen la escala
salarial para los empleados de la entidad accionada que laboren 40 horas a la semana
como lo aduce el actor, así como tampoco, que los servidores de la entidad accionada
deban laborar 44 horas.

37. No sobra precisar que esta Sala, en otra acción de cumplimiento ejercida por el actor
sobre el acatamiento del artículo 33 del Decreto 1042 de 1978, para que se le ordene a

19
[…] El Congreso podrá, en todo tiempo y por iniciativa propia, modificar los decretos leyes
dictados por el Gobierno en uso de facultades extraordinarias […].
20
Por el cual se modifica la estructura orgánica y se establece la organización y funcionamiento de
la Defensoría del Pueblo.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-00980-00
Demandante: Wilson Alfonso Andrade

otra entidad que establezca que el horario de sus trabajadores es de 44 horas
semanales, concluyó que esta norma prevé «la jornada laboral para quienes
desempeñen los empleos que tengan una asignación mensual fijada en las escalas de
remuneración indicadas en ese decreto; sin embargo, del contenido de la norma no se
vislumbra que ello implique que la procuraduría demandada deba atender esa
disposición y variar los horarios ya establecidos» . Es decir, que el hecho de que se
atienda al público 40 horas a la semana no implica que se desconozca la jornada laboral
a que están atados los servidores públicos de la entidad demandada.

38. Finalmente es preciso resaltar que la normativa indicada tampoco aplica a la
Defensoría del Pueblo que cuenta con un régimen especial, toda vez que está sometida
a lo establecido en el Decreto Ley 25 de 2014 […]» [sic].

Como se observa, la autoridad judicial demandada analizó la jornada laboral de los
funcionarios de la Defensoría del Pueblo, quienes cuentan con un régimen especial,
de cara a la no aplicación del Decreto 1072 de 1978, toda vez que sus destinatarios
son los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias,
establecimientos públicos y unidades administrativas especiales del orden nacional.

Para la Sala no es cierto que, como lo pretende hacer ver el demandante, la
autoridad judicial demandada extralimitara sus competencias al proferir el fallo de la
acción de cumplimiento, toda vez que debe conocer de estos asuntos como lo
establece, entre otros, el numeral 7 del artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo
de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado21. Ahora bien, que el demandante
erróneamente interprete que la corporación judicial demandada avaló la «reducción
de la jornada laboral», no es un argumento de recibo, pues, la sentencia esta
debidamente sustentada en las normas y la jurisprudencia que regula el horario
laboral de los servidores de la Defensoría del Pueblo, pues, es precisamente el
Decreto Ley 25 de 2014 el que estipuló que en todo caso, corresponderá al jefe del
respectivo organismo establecer el horario de trabajo con observancia de los límites
legales fijados.

A juicio de la Sala, no se evidencia que el Consejo de Estado, Sección Quinta haya
pasado por alto la normatividad aplicable a la jornada laboral de los funcionarios de
la Defensoría del Pueblo; distinto es, que de acuerdo con la lectura del artículo 33
del Decreto 1072 de 1978, concluyera que la jornada laboral de 44 horas semanales
no le era aplicable.

En vista de lo anterior, y dado que lo que existe es una inconformidad con el
resultado de la valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela,
en la medida en que aquella visión de los hechos presentada por la autoridad judicial
demandada cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, se
impone negar la solicitud de amparo constitucional pues, se reitera, este mecanismo
no puede convertirse en una tercera instancia.

21
Distribución de los procesos entre las secciones: […] Sección Quinta: 7. Las apelaciones contra
las providencias susceptibles de ese recurso que se dicten por los Tribunales Administrativos en
primera instancia en las acciones de cumplimiento […].
8

Radicado: 11001-03-15-000-2024-00980-00
Demandante: Wilson Alfonso Andrade

Conviene insistir en que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica del
juez natural y por lo tanto no le corresponde cuestionar las decisiones adoptadas
dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la vulneración
de derecho fundamental alguno, lo que en el presente caso no se encontró
probado.

En este orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que la
parte demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala negará el amparo de
los derechos fundamentales invocados por Wilson Alfonso Andrade, en la solicitud
de tutela presentada contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el
Consejo de Estado, Sección Quinta.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Negar el amparo de los derechos fundamentales de Wilson Alfonso
Andrade, en la solicitud de tutela presentada contra el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca y el Consejo de Estado, Sección Quinta, de conformidad con la
parte motiva de esta providencia.

Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

9

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