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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2023-00103-01

Fecha
23 de marzo de 2023
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2023-00103-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 2 de marzo de 2023, dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, así: RECHAZAR la acción de cumplimiento frente al «inciso 11 de la Ley 734 de 2002» por no agotar en debida forma el requisito de la renuencia, DECLARAR IMPROCEDENTE lo que tiene que ver con la sentencia C-1063 de 2000 y CONFIRMAR en lo demás la primera instancia que negó las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997. TERCERO: En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 76001-23-33-000-2023-00103-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

23 de marzo de 2023

Demandante: Wilson Alfonso Andrade
Demandado: Departamento Administrativo de la Función Pública
Radicación No.: 76001-23-33-010-2023-01023-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., veintitrés (23) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 76001-23-33-010-2023-01023-01
Accionante: WILSON ALFONSO ANDRADE
Accionado: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA

Tema: Revoca primera instancia.
.
.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala conoce de la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia de 2 de marzo de 2023, dictada por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca.

I. ANTECEDENTES

1.1. Demanda

1. El señor Wilson Alfonso Andrade, actuando en nombre propio, ejerció la
acción de cumplimiento contra el Departamento Administrativo de la Función
Pública (en adelante DAFP). Su solicitud tiene como fin que se le ordene el
acatamiento del artículo 33 del Decreto 1042 de 19781, el «inciso 11 de la Ley
734 de 2002», el numeral 12 del artículo 38 de la Ley 1952 de 2019 y la sentencia
C-1063 de 2000 de la Corte Constitucional.

2. Como consecuencia del obedecimiento de las normas invocadas, pidió a
título de pretensiones, las siguientes:

1). Con fundamento en lo previamente expuesto y de la manera más respetuosa,
le solicito al Honorable Tribunal Administrativo del Departamento del Valle,
Ordenar al Departamento Administrativo de la Función Pública en Cabeza de su
Director, doctor CESAR MANRIQUE como su Máximo Representante, cumplir de
manera irrestricta el deber omitido, y ordenar también a los servidores públicos de
este Organismo el estricto cumplimiento de la jornada laboral de (44) horas a la

1 “Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de los
ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y
unidades administrativas especiales del orden nacional, se fijan las escalas de remuneración
correspondientes a dichos empleos y se dictan otras disposiciones”.

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semana establecidas en el artículo 33 del Decreto Ley 1042 de junio 7 de 1978,
como también cumplir el mandato establecido en el numeral 11 /Ley 734 de
2002/Inciso 12/ del articulo 38/Ley 1952 de 2019, orden ésta que también debe ser
extendida a todas sus dependencias y demás organismos adscritos a este
Organismo tanto en el nivel central, como en el resto del País.

2). Si el Departamento Administrativo de la Función Pública posee una ley
expedida por el Congreso de la República, o norma alguna que la exonere del
cumplimiento del mandato establecido en el artículo 33 del Decreto 1042, de la
manera más respetuosa le solicito al Honorable Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, Ordenar su presentación y solicito el favor de suministrarme copia al
respecto.

3). De igual manera, si el Departamento Administrativo de la Función Pública posee
una ley expedida por el Congreso de la República, o norma alguna que le otorgue
la competencia de reducir las cuarenta y cuatro (44) horas del mandato establecido
en la Norma aquí referida, de la manera más respetuosa le solicito al Honorable
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Ordenar su presentación y solicito el
favor de suministrarme copia al respecto. (Sic a todo el texto).

1.2. Hechos

3. El actor manifestó que, con el fin de conocer si el DAFP se encontraba
cumpliendo el artículo 33 del Decreto 1042 de 1978, le presentó una petición el
5 de diciembre de 2022. En ese sentido, le solicitó a la entidad accionada que le
suministrara copia “de los actos administrativos a través de los cuales se han
creado las jornadas laborales (…) desde el año 2010 hasta la fecha”.

4. Mediante el Oficio 2022040450721 de 12 de diciembre de 2022, la entidad
le respondió y le aportó la Resolución N.° 250 de 2007. En dicho acto
administrativo se estableció que la jornada sería de lunes a viernes de 8:00 a.m.
a 5:30 p.m. de forma continua. Asimismo, que los funcionarios tendrían derecho
a una hora de descanso o de almuerzo que se tomaría entre 12:00 a.m. y 1:00
p.m. y 1:00 p.m. y 2:00 p.m., de conformidad con la organización dispuesta por
el jefe inmediato.

5. A través del Oficio referido, la entidad adicionó que estableció como
horarios flexibles, los siguientes, mediante la Resolución N.° 033 de 2016:

a). De lunes a viernes de 7: 00 a.m. a 4:30 p.m. Incluida una (1) horas de
almuerzo.
b). De lunes a viernes de 7: 30 a.m. a 5:00 p.m. Incluida una (1) horas de
almuerzo.
c). De lunes a viernes de 9: 00 a.m. a 6: 30 p.m. Incluida una (1) horas de
almuerzo.

6. Alegó que los horarios dispuestos por el DAFP son de 8.30 horas, teniendo
en cuenta el lapso que se descuenta para almorzar o descansar. Así, al
multiplicar las horas que trabajan cada día por los 5 días de la semana, arroja

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43.30 horas, pese a que deben trabajar 44, de conformidad con las normas
invocadas.

7. Por lo anterior, mediante una nueva petición presentada el 21 de diciembre
de 2022, le solicitó al DAFP que acatara los preceptos mencionados. Ello, con el
fin de que disponga que sus funcionarios deben cumplir con la jornada laboral de
44 horas semanales. Refirió que la entidad no les respondió este requerimiento.

8. Expuso que la asignación mensual que devengan los funcionarios del
DAFP aplica para aquellos servidores públicos que presten sus servicios por 44
horas a la semana. En caso contrario, es decir, si laboran menos cantidad de
horas, deberían ser remunerados como empleados de tiempo parcial.

1.3. Actuaciones procesales

9. Mediante auto de 17 de febrero de 2023, el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca admitió la demanda de cumplimiento. En consecuencia, ordenó
notificar al Departamento Administrativo de la Función Pública.

1.4. Intervención del Departamento Administrativo de la Función Pública

10. Arguyó que no se le constituyó en renuencia en debida forma, sino que
simplemente se le presentó un derecho de petición. Adicionó que el requisito
debía extenderse a la Presidencia de la República y al Ministerio de Trabajo,
dado que están legitimados en la causa por pasiva porque intervinieron en la
expedición de la Resolución N.° 250 de 2007.

11. Refirió que las normas invocadas no se encuentran desatendidas y que ha
cumplido con regular la jornada laboral sin exceder el máximo establecido por el
legislador.

12. Señaló que se presenta una «indebida integración del litisconsorcio
necesario», porque la Presidencia de la República y el Ministerio del Trabajo
deben ser vinculados y frente a ellos se debe agotar el requisito de procedibilidad.
Propuso la excepción genérica de inepta demanda, con fundamento en que de
la acción no desprende ninguna pretensión.

13. Por último, solicitó que se declare improcedente el cumplimiento invocado,
o en su lugar, se denieguen las súplicas.

1.5. Fallo de primera instancia

14. En sentencia de 2 de marzo de 2023, el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca negó las pretensiones planteadas. Explicó que el artículo 33 del
Decreto 1042 de 1978 fijó un límite máximo de 44 horas para establecer la
jornada laboral de los servidores públicos, pero dentro de dicho margen los jefes
de cada organismo pueden disponer el horario a cumplir.

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15. Refirió que, si bien en el ordenamiento jurídico no se estipuló la jornada
mínima, se puede tener como referente el artículo 7° de la Ley 1437 de 2011, que
dispone que se debe garantizar la atención al público de por lo menos 40 horas
semanales.

16. Así, teniendo en cuenta que, por medio de las Resoluciones 250 de 2007
y 633 de 2016, el DAFP estableció las jornadas y horarios de trabajo en los que
deben laborar sus servidores y estos no exceden la jornada máxima permitida, ni
tampoco incumplen con la prestación del servicio al público, no encuentra que se
hayan desatendido las disposiciones invocadas. A ello se suma que es facultad
del jefe de cada organismo establecer el horario de trabajo.

1.6. Impugnación

17. El señor Wilson Alfonso Andrade impugnó la decisión del a quo. Iteró que
sus pretensiones son que el DAFP acate el artículo 33 del Decreto 1072 de 1978,
«el inciso 11 de la Ley 734 de 2002», el numeral 12 del artículo 38 de la Ley 1952
de 2019 y la sentencia C-1063 de 2000 de la Corte Constitucional. Asimismo, que
en caso de que exista una norma que exonere al DAFP de cumplir con el mandato
contemplado en las disposiciones objeto de esta acción, lo ponga en su
conocimiento.

18. Alegó que, el Tribunal «da a entender que ningún organismo
gubernamental está obligado a cumplir la jornada laboral de cuarenta y cuatro
horas a la semana…» y que ello abre las puertas a que se fijen jornadas laborales
de 20, 25 o 30 horas semanales.

19. Por último, solicitó que se revoque la sentencia del a quo y se acceda a
sus pretensiones.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

20. Esta Sección es competente para resolver la impugnación presentada por
el señor Wilson Alfonso Andrade contra la sentencia de 2 de marzo de 2023,
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Lo anterior de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 1252, 1503 y 2434 de la Ley 1437
de 20115, así como del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena
del Consejo de Estado que establece la competencia de la Sección Quinta de

2 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 20.
3 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 26 .
4 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 62.
5 Artículo 150.Artículo modificado por del artículo 615 de la Ley 1564 de 2012. Inciso modificado

por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de
este medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule contra
decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código.
[..].

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esta Corporación para conocer de «…las apelaciones contra las providencias
susceptibles de ese recurso que se dicten por los Tribunales Administrativos en
primera instancia en las acciones de cumplimiento».

2.2. Generalidades sobre la acción de cumplimiento

21. La finalidad de la presente acción, consagrada en el artículo 87 de la
Constitución Política, a la cual puede acudir cualquier persona natural o jurídica,
es hacer efectivo el cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de
un acto administrativo que impone determinada actuación u omisión a la
autoridad. Su objeto es la observancia del ordenamiento jurídico existente.

22. En desarrollo de este mandato constitucional, la Ley 393 de 1997, que
reglamenta esta acción, exige como requisito de procedibilidad “la renuencia”
(artículo 8°), esto es, haber reclamado en sede administrativa antes de ejercitar
la demanda la atención de la norma o del acto administrativo que se considera
desacatado, y que la autoridad no responda transcurridos 10 días o se niegue a
atender su cumplimiento.

23. Para que la demanda proceda, se requiere:

(i) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo
1.º]6.

(ii) Que el mandato que se solicita atender esté radicado en cabeza de la
autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas, encargado
de ello (artículos 5.º y 6.º).

(iii) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad o el particular accionado frente
al obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción
u omisión del exigido o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir
su inminente incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este
requisito “(…) cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de
sufrir un perjuicio irremediable (…)” caso en el cual deberá ser sustentado en la
demanda (artículo 8.º).

(iv) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta
que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un
perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.

(v) Pretender la protección de derechos fundamentales que puedan ser
garantizados a través de la tutela (artículo 9.º).

6 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general

consagran principios y directrices.

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(vi) El acatamiento de normas que establezcan gastos a la administración
(artículo 9.º).

2.3. De la renuencia

24. La procedencia de la acción de cumplimiento se supedita a la constitución
en renuencia de la autoridad, que consiste en el reclamo previo y por escrito que
debe elevarle el interesado exigiendo atender un mandato legal o consagrado en
acto administrativo con citación precisa de éste7 y que ésta se ratifique en el
incumplimiento o no conteste en el plazo de diez días siguientes a la presentación
de la solicitud.

25. Para el cumplimiento de este requisito de procedibilidad la Sala, ha
señalado que “…el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición
sino una solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de
la renuencia para los fines de la acción de cumplimiento”8.

26. Sobre este tema, esta Sección9 ha dicho que:

Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.

El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que
incumple la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está
sometida a formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos
contener: La petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de
ley o de un acto administrativo; el señalamiento preciso de la disposición
que consagra una obligación y la explicación del sustento en el que se funda
el incumplimiento.

Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación
a la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la
acción prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.

Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario
del deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento
reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido
de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el demandante,

4. Sobre el particular esta Sección ha dicho: “La Sala también ha explicado que con el fin de

constituir en renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio
de funciones públicas, es necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o
administrativo, para lo cual se deberá precisar la norma o normas en que se consagró su
deber inobjetable y, por ende, exigible, pues lo contrario conduce a la improcedencia de la
acción por carecer del requisito de renuencia.(Negrita fuera de texto)
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 20
de octubre de 2011, Exp. 2011-01063, M.P. Dr. Mauricio Torres Cuervo.
9 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 9 de junio de 2011,
expediente 47001-23-31-000-2011-00024-01. Magistrada Ponente: Susana Buitrago Valencia.

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pues, como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el
procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza material
de ley o actos administrativos10. (Negrillas fuera de texto).

27. En efecto, el inciso 2.° del artículo 8º de la Ley 393 de 1997 establece lo
siguiente:

Con el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá
que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o
administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no
contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud.

28. Por otra parte, para dar por satisfecho este requisito no es necesario que
el solicitante, en su petición, haga mención explícita y expresa de que su objetivo
es constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8° de la Ley 393 de 1997
no lo prevé así; por ello, basta con advertir del contenido de la petición que lo
pretendido es el cumplimiento de un deber legal o administrativo y que, de este,
pueda inferirse el propósito de agotar el requisito en mención.

29. En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el
requisito de procedibilidad cuando la petición “…tiene una finalidad distinta a la
de constitución en renuencia”.11

30. La parte actora probó que le remitió una petición al Departamento
Administrativo de la Función Pública el 21 de diciembre de 2022, en la que le
solicitó cumplir con lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto 1072 de 1978, «el
inciso 11 de la Ley 734 de 2002», el numeral 12 del artículo 38 de la Ley 1952 de
2019 y la sentencia C-1063 de 2000. En consecuencia, que disponga que la
jornada laboral de sus servidores es de 44 horas por semana.

31. Se precisa que, si bien el actor le solicitó a la demandada el acatamiento
del «inciso 11 de la Ley 734 de 2002», no mencionó cual artículo de dicha norma
contiene el inciso 11 que se solicita atender por esta vía. A ello se suma que la
presunta disposición desacatada no fue transcrita en la demanda ni en la petición
de renuencia extendida a la entidad y que de la revisión del compendio normativo
no se evidenció ningún inciso 11. Así las cosas, se rechazará la demanda frente
a este presunto precepto ante la imposibilidad de identificarlo dentro del
compendio normativo que aduce el actor que lo contiene.

32. La entidad no respondió. Sin embargo, no hay duda que previo a acudir al
ejercicio de la presente acción de cumplimiento, la parte actora agotó en debida
forma el requisito de la renuencia.

10 Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24 de junio de 2004, exp.

ACU-2003-00724, M.P.: Darío Quiñones Pinilla
11 Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencias del 21 de noviembre de 2002,

exp. ACU-1614 y del 17 de marzo de 2011, exp. 2011-00019.

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2.5. De la procedencia de la acción de cumplimiento

33. El señor Alfonso Andrade solicita que se le ordene al Departamento
Administrativo de la Función Pública atender lo dispuesto en el artículo 33 del
Decreto 1042 de 1978, el numeral 12 del artículo 38 de la Ley 1952 de 2019 y la
sentencia C-1063 de 2000. En consecuencia, pide que esta entidad disponga que
sus servidores públicos deben laborar 44 horas semanales.

34. Esta Sala anticipa que declarará improcedentes las pretensiones
relacionadas con la decisión judicial invocada, en la medida en que esta acción
fue diseñada para el cumplimiento de normas o actos administrativos con fuerza
material de ley y un pronunciamiento judicial no se cataloga como tal.

Frente al artículo 33 del Decreto 1042 de 1978 y el numeral 12 del artículo 38 de
la Ley 1952 de 2019, la Sala encuentra que son actualmente exigibles.
Adicionalmente, no conllevan al establecimiento de gasto, en la medida en que,
lo perseguido a través de esta acción consiste en que la entidad accionada
ordene a sus servidores desempeñar sus labores durante determinadas horas de
trabajo.

35. Tampoco se evidencia que lo pretendido por el accionante involucre la
protección de derechos fundamentales que puedan ser invocados vía acción de
tutela. En ese sentido, esta acción satisface los requisitos de procedencia de la
acción de cumplimiento.

36. Por lo anterior, la Sala procederá a analizar si confirma, modifica o revoca
la decisión de primera instancia que negó las pretensiones propuestas por el
señor Alfonso Andrade.

2.6. Caso concreto

37. Como se estableció, el señor Alfonso Andrade solicita que se le ordene al
Departamento Administrativo de la Función Pública acatar el artículo 33 del
Decreto 1042 de 1978 y el numeral 12 del artículo 38 de la Ley 1952 de 2019. En
consecuencia, que dicha entidad determine que la jornada laboral de los
servidores que allí laboran es de 44 horas por semana.

38. Los preceptos que se piden atender, es del siguiente tenor:

• Decreto 1042 de 1978:

ARTÍCULO 33. De la jornada de trabajo. La asignación mensual fijada en las escalas
de remuneración a que se refiere el presente Decreto, corresponde a jornadas de
cuarenta y cuatro horas semanales. A los empleos cuyas funciones implican el
desarrollo de actividades discontinuas, intermitentes o de simple vigilancia podrá
señalárseles una jornada de trabajo de doce horas diarias, sin que en la semana
excedan un límite de 66 horas.

Dentro del límite máximo fijado en este artículo, el jefe del respectivo organismo podrá
establecer el horario de trabajo y compensar la jornada del sábado con tiempo diario

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adicional de labor, sin que en ningún caso dicho tiempo compensatorio constituya
trabajo suplementario o de horas extras.

El trabajo realizado en día sábado no da derecho a remuneración adicional, salvo
cuando exceda la jornada máxima semanal. En este caso se aplicará lo dispuesto para
las horas extras.

• Ley 1952 de 2019

ARTÍCULO 38. Deberes. Son deberes de todo servidor público:
(…)
12. Dedicar la totalidad del tiempo reglamentario de trabajo al desempeño de las
funciones encomendadas, salvo las excepciones legales.

39. La primera disposición citada establece la escala de remuneración para
los empleos de distintas categorías fijadas en dicho cuerpo normativo, dentro de
los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias,
establecimientos públicos, y otros, de conformidad con el artículo 1°, el cual
dispone el campo de aplicación.

40. La segunda, esto es, el numeral 12 del artículo 38 de la Ley 1952 de 2019,
fija un deber en cabeza de los servidores públicos, consistente en que cumplan
el tiempo reglamentario de trabajo.

41. Establecido lo anterior, para la Sala es claro que las normas objeto de
estudio no indican que la jornada laboral de los servidores públicos del
Departamento Administrativo de la Función Pública deba ser de 44 horas
semanales.

42. En otras palabras, del contenido del artículo 33 del Decreto 1042 de 1978
desprende la escala salarial que devengan determinado grupo de servidores
públicos de distintas corporaciones, sin que de ello se pueda predicar que es
deber del DAFP ordenar que todos sus empleados laboren determinada cantidad
de horas. Ahora bien, en cuanto al numeral 12 del artículo 38 de la Ley 1952 de
2019 ni siquiera contempla un deber a cargo de las entidades públicas, sino de
quienes prestan allí sus servicios, sin que se indique tampoco lo relativo a la
cantidad de horas que deben trabajar.

43. Es decir que, lo pretendido por el accionante no está contemplado en las
disposiciones invocadas. De otro lado, si bien precisó que los empleados del
DAFP solo cumplen 40 horas de trabajo, deben ser remunerados como
servidores de tiempo parcial, lo cierto es que los preceptos que le solicitó cumplir,
no establecen la escala salarial para los empleados de la entidad accionada que
laboren 40 horas a la semana como lo aduce el actor, así como tampoco, que los
servidores de la entidad accionada deban laborar 44 horas.

44. No sobra precisar que esta Sala, en otra acción de cumplimiento ejercida
por el actor sobre el acatamiento del artículo 33 del Decreto 1042 de 1978, para
que se le ordene a otra entidad que establezca que el horario de sus trabajadores
es de 44 horas semanales, concluyó que esta norma prevé «la jornada laboral

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Demandante: Wilson Alfonso Andrade
Demandado: Departamento Administrativo de la Función Pública
Radicación No.: 76001-23-33-010-2023-01023-01

para quienes desempeñen los empleos que tengan una asignación mensual
fijada en las escalas de remuneración indicadas en ese decreto; sin embargo, del
contenido de la norma no se vislumbra que ello implique que la procuraduría
demandada deba atender esa disposición y variar los horarios ya establecidos»12.
Es decir, que el hecho de que se atienda al público 40 horas a la semana no
implica que se desconozca la jornada laboral a que están atados los servidores
públicos de la entidad demandada.

2.7. Conclusión

45. De conformidad con lo expuesto, esta Sala revocará la sentencia de 2 de
marzo de 2023 del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que negó las
pretensiones de la demanda. En consecuencia, se rechazará este medio de
control en lo que tiene que ver con el «inciso 11 de la Ley 734 de 2002» y se
declararán improcedentes las pretensiones relativas a la sentencia C-1063 de
2000 de la Corte Constitucional, y se confirmará en lo demás la negativa de las
pretensiones.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 2 de marzo de 2023, dictada por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, así:

RECHAZAR la acción de cumplimiento frente al «inciso 11 de la Ley 734 de
2002» por no agotar en debida forma el requisito de la renuencia, DECLARAR
IMPROCEDENTE lo que tiene que ver con la sentencia C-1063 de 2000 y
CONFIRMAR en lo demás la primera instancia que negó las pretensiones de la
demanda.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la
Ley 393 de 1997.

TERCERO: En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

12 Sentencia de 16 de marzo de 2023, exp. 76001-23-33-000-2022-01038-01 (AC), M.P. Carlos

Enrique Moreno Rubio.

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Demandante: Wilson Alfonso Andrade
Demandado: Departamento Administrativo de la Función Pública
Radicación No.: 76001-23-33-010-2023-01023-01

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y
efectos jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto
2364 de 2012.

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