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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-03329-01

Fecha
26 de octubre de 2023
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-03329-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia del 22 de agosto de 2023, dictada por la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado, dadas las razones expuestas en esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2023-03329-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

26 de octubre de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2023-03329-01
Demandante: Wilson Alfonso Andrade

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., veintiséis (26) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2023-03329-01
Demandante WILSON ALFONSO ANDRADE
Demandado CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN QUINTA Y TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Falta de requisito de
relevancia constitucional. Acción de cumplimiento. Jornada de trabajo
Decreto Ley 1042 de 1978.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por el señor Wilson Alfonso Andrade
contra la sentencia del 22 de agosto de 2023, proferida por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A, que dispuso:
“PRIMERO. Declarar improcedente el amparo solicitado por Wilson Alfonso Andrade, de
conformidad con lo razonado en la parte motiva de esta providencia.”

ANTECEDENTES

1. Pretensiones
El 20 de junio de 20231, el señor Wilson Alfonso Andrade interpuso acción de tutela,
en nombre propio, contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Consejo
de Estado, Sección Quinta, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales
al debido proceso y de acceso a la administración de justicia con ocasión de las
sentencias del 2 y 23 de marzo de 2023, esta última aclarada mediante providencia
del 13 de abril de la misma anualidad, dentro del trámite de la acción de
cumplimiento Nro. 76001-23- 33-000-2023-00103-00/01.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“1: Las irregularidades previamente expuestas realizadas por el Honorable Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca y el Honorable Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Quinta que conllevaron a la CONFUSA decisión de
la Sentencia de Segunda Instancia bajo Radicado No. 76001-23-33-010-2023-01023-01,
razón por la cual posteriormente ésta fue cambiada por el Radicado No. 76001-23-33-
000-2023-00103-01 de abril 13 de 2023) que confirma la decisión tomada en la Sentencia
de Primera Instancia que Niega mis pretensiones de hacer que se Ordene el cumplimiento
del deber omitido en el artículo 33 del Decreto 1042 de 1978, demuestra claramente y de
manera inobjetable las violaciones a la Constitución Nacional y las leyes, lo cual conlleva
también a la presunta violación de mis derechos fundamentales del debido proceso y del
derecho a la administración de justicia contemplados en los artículos 29 y 229 de la
Constitución.
2: Con fundamento en las razones previamente expuestas, de la manera más respetuosa
le solicito al Honorable Juez o Tribunal Constitucional que en suerte corresponda,

1 Samai, índice 2. Expediente Nro. 11001-03-15-000-2023-03329-00.
1

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-03329-01
Demandante: Wilson Alfonso Andrade

REVOCAR la Sentencia de Primera Instancia bajo Radicación No. 76-001-23-33-0010-
2023-01023-0 de fecha dos (02) de marzo de dos mil veintitrés (2023) dictada por el
Honorable Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, como también REVOCAR la
Sentencia de Segunda Instancia bajo Radicado No. 76001-23-33- 000-2023-00103- 01
de abril 13 de 2023 dictada por la Honorable Sección Quinta, Contencioso Administrativo
representada por los Honorables Magistrados PEDRO PABLO VANEGAS GIL, ROCIO
ARAUJO OÑATE Y CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO, y ORDENAR al
Departamento Administrativo de la Función Pública en Cabeza de su Director General,
doctor CESAR MANRIQUE como su Máximo Representante, cumplir de manera
irrestricta el deber omitido, ORDEN que debe ser extensiva también a los servidores
públicos de este Organismo en cumplimiento de la jornada laboral de (44) horas a la
semana establecidas en el artículo 33 del Decreto Ley 1042 de junio 7 de 1978.
Otras inobservancias expuestas en las pretensiones de la demanda que no fueron
contestadas y de las cuales, de la manera más respetuosa exijo respuesta:
3). Si el Departamento Administrativo de la Función Pública posee una ley expedida por el
Congreso de la República, o norma alguna que la exonere del cumplimiento del mandato
establecido en el artículo 33 del Decreto 1042, de la manera más respetuosa le solicito al
Honorable Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Ordenar su presentación y solicito
el favor de suministrarme copia al respecto.
4). De igual manera, si el Departamento Administrativo de la Función Pública posee una ley
expedida por el Congreso de la República, o norma alguna que le otorgue la competencia
de reducir las cuarenta y cuatro (44) horas del mandato establecido en la Norma aquí
referida, de la manera más respetuosa le solicito al Honorable Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, Ordenar su presentación y solicito el favor de suministrarme copia al
respecto.” (Sic a toda la cita)

2. Hechos
Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. El señor Wilson Alfonso Andrade presentó dos peticiones ante el
Departamento Administrativo de la Función Pública, la primera, con la finalidad
de conocer la jornada de trabajo de los empleados de esa entidad, y la
segunda, para solicitar se diera cumplimiento a la jornada laboral establecida
en el artículo 33 del Decreto 1042 de 1978. Respecto de la segunda petición
manifestó no haber recibido respuesta.
2.2. El 14 de febrero de 2023, el señor Andrade radicó acción de cumplimiento
contra el Departamento Administrativo de la Función Pública, para que se diera
cumplimiento al artículo 33 del Decreto 1042 de 1978, el numeral 11 de la Ley
734 de 2002, el numeral 12 del artículo 38 de la Ley 1952 de 2019 y la
sentencia C-1063 de 2000 dictada por la Corte Constitucional, pues en su
concepto, las normas presuntamente incumplidas establecían que la jornada
laboral máxima de los servidores públicos era de 44 horas semanales, y que,
omitiendo tal mandato legal, la demandada fijó para sus funcionarios una
jornada semanal de sólo 42 horas y media.
2.3. El mencionado proceso fue tramitado con el radicado Nro. 76001-23-33-010-
2023-01023-00/012, y en primera instancia lo conoció el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, autoridad que, a través de sentencia del 2 de marzo de
2023, negó las pretensiones de la demanda.

2 De conformidad con algunas providencias dictadas en la acción de cumplimiento, entre ellas el fallo de
primera y segunda instancia, el número de radicado con el que se le identificó fue: 76001-23-33-010-2023-
01023-00. No obstante, en providencia del 13 de abril de 2023, la Sección Quinta del Consejo de Estado
ordenó modificar el número de radicación en el entendido que le correspondía en Nro. 76001-23-33-000-
2023-00103-00/01.
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Esto al considerar, que el artículo 33 del Decreto 1042 de 1978 señala que el
límite máximo de una jornada laboral para empleados públicos es de 44 horas
semanales, y dentro de ese límite el jefe de cada organismo, en atención a la
facultad que le ha sido otorgada, puede establecer el horario de trabajo como
en efecto se fijó en las Resoluciones Nro. 250 del 7 de mayo de 2007 (artículo
1° y 2) y 633 del 18 de agosto de 2016 (artículo 1°). Lo que se encuentra en
consonancia con el mínimo de 40 horas semanales, para atención al público,
señalado en el artículo 7 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, razón por la cual se estableció que no existía
incumplimiento normativo.
Esta decisión fue apelada por el demandante.
2.4. De la alzada conoció el Consejo de Estado, Sección Quinta que, mediante
sentencia del 23 de marzo del 2023, revocó la decisión de primera instancia y
en su lugar rechazó la acción frente al numeral 11 de la ley 734 de 2002, por
no haber agotado el requisito de renuencia, dado que no identificó a qué
artículo pertenecía ese inciso; declaró la improcedencia en lo relacionado con
la sentencia C-1063 de 2000 por tratarse de un pronunciamiento judicial y no
de una norma o acto administrativo; y en lo demás confirmó la decisión de
negar las pretensiones.
Respecto de los aspectos confirmados, estimó que las normas de las cuales
se exigía el cumplimiento no indicaban que la jornada laboral de los servidores
públicos del Departamento Administrativo de la Función Pública debía ser de
44 horas, por lo que, el cumplimiento pretendido por el accionante no estaba
contemplado en las disposiciones invocadas. Así mismo, en ninguna de las
normas se establecía la escala salarial que devengarían los servidores que
cumplían con 40 o 44 horas de trabajo semanal, por lo que no era posible dar
cumplimiento al precepto reconociendo como servidor de tiempo parcial, al que
labora menos de las 44 horas como lo pretendía el demandante.
Finalmente, argumentó que el hecho de que se atendiera al público 40 horas
a la semana no implicaba que se desconociera la jornada laboral en esa
entidad.
2.5. Con auto del 13 de abril de 2023, la Sección Quinta resolvió la solicitud de
aclaración presentada por el accionante contra la redacción de la parte
resolutiva de la sentencia del 23 de marzo de 2023, al respecto la Sección
Quinta aclaró la providencia señalando que se revocaba parcialmente la
sentencia del 2 de marzo de 2023, así:
“[…] PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia de 2 de marzo de 2023, dictada
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, así:
RECHAZAR la acción de cumplimiento frente al «inciso 11 de la Ley 734 de 2002» por no
agotar en debida forma el requisito de la renuencia, DECLARAR IMPROCEDENTE lo que
tiene que ver con la sentencia C-1063 de 2000 y CONFIRMAR en lo demás la primera
instancia que negó las pretensiones relativas a los artículos 33 del Decreto 1042 de 1978 y el
numeral 12 del artículo 38 de la Ley 1952 de 2019.”

3. Fundamentos de la acción

El accionante realizó un recuento de las circunstancias que se dieron desde que
presentó las peticiones ante el Departamento Administrativo de la Función Pública,
seguido, narró el trámite impartido en la acción de cumplimiento, finalmente reiteró
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Demandante: Wilson Alfonso Andrade

los argumentos y el sustentó jurisprudencial presentado ante los jueces que
conocieron de la acción de cumplimiento, haciendo énfasis en su pretensión de que
se dé cumplimiento a la jornada laboral de las 44 horas semanales contempladas
en el artículo 33 del Decreto 1042 de 1978 en el Departamento Administrativo de la
Función Pública.

En la parte final del escrito de tutela, añadió que con las providencias cuestionadas
se incurrió en defecto fáctico en tanto que, según su consideración, las decisiones
tomadas carecen de fundamentación probatorio de norma legal que autorice la
reducción de la jornada laboral de 44 horas establecidas en el artículo 33 del
Decreto 1042 de 1978 para los servidores públicos del nivel nacional.

A su vez, también indicó la existencia de un defecto orgánico por cuanto, a su juicio,
las autoridades judiciales, hoy accionadas, carecen de competencia para autorizar
y avalar la reducción de la jornada laboral de los servidores públicos del
Departamento Administrativo de la Función Pública. Precisó que la autoridad judicial
accionada desconoció una serie de prerrogativas constitucionales y legales, en
virtud de las cuales podría establecerse objetivamente la existencia del mandato
legal supuestamente inobservado por la entidad demandada en la acción de
cumplimiento.

Finalmente, señaló que los hoy accionados no tuvieron en cuenta el precedente
jurisprudencial del Consejo de Estado en asuntos de similar condición jurídica.

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. Mediante auto de 23 de junio de 20233, se admitió la acción de tutela
interpuesta por el señor Wilson Alfonso Andrade contra la Sección Quinta del
Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca; se ordenó
vincular en calidad de tercero al Departamento Administrativo de la Función
Pública; y se dispuso a efectuar las notificaciones correspondientes.

4.2. El Consejo de Estado, Sección Quinta4, solicitó que se declarara
improcedente la tutela en estudio, toda vez que no se cumple con el requisito
de la relevancia constitucional dado que el accionante no cumplió con una
carga argumentativa mínima de especificar en cuál o cuáles defectos incurrió
la decisión cuestionada, y las razones que los fundamentan, en los términos
de la sentencia C-590 de 2005. Señaló que el accionante se limitó a indicar
que se encuentra en desacuerdo con las decisiones judiciales.

Más aun, cuando la providencia debatida es dictada por un órgano de cierre y
el análisis del requisito en cuestión se hace más estricto en procura de
salvaguardar los principios de seguridad jurídica y uniformidad de criterios.

4.3. El Departamento Administrativo de la Función Pública5, indicó que no se
presentaron suficientes fundamentos fácticos y jurídicos que permitan
demostrar la violación de los derechos constitucionales fundamentales
presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas, así como
tampoco se configuró un perjuicio irremediable.

3 Samai, índice 4. Expediente Nro. 11001-03-15-000-2023-03329-00.
4 Samai, índice 8. Expediente Nro. 11001-03-15-000-2023-03329-00.
5 Samai, índice 9. Expediente Nro. 11001-03-15-000-2023-03329-00.
4

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En consecuencia, solicitó que se declarara improcedente la tutela de la
referencia, pues el accionante cuestionó la autonomía judicial y la seguridad
jurídica que son pilares del Estado Social de Derecho.

Finalmente, adujo que no tenía legitimación en la causa por pasiva.

4.4. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca a pesar de ser notificado en
debida forma guardó silencio en el curso de la tutela.

5. Providencia impugnada

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, en sentencia de 22 de
agosto de 2023 declaró improcedente la solicitud de amparo, por considerar que se
incumplía con el requisito general de relevancia constitucional.

Lo anterior, toda vez que los argumentos planteados por el actor buscan convertir a
la acción de tutela en una instancia adicional al trámite de la acción de cumplimiento,
pues se advierte la inconformidad del actor con la decisión del juez natural, para el
efecto allegó un cuadro en el que comparó un aparte de los escritos presentados
por el señor Andrade en la acción de cumplimiento, en el recurso de apelación, y en
el escrito de tutela, para mostrar la similitud entre ellas.

Así mismo, en criterio de la autoridad judicial respecto del defecto por
desconocimiento del precedente señaló que no basta con mencionarlo, sino que se
deben indicar los motivos por los cuales las providencias que se pretenden aplicar
como precedente deben ser consideradas como tal, e indicar la regla y subregla
presuntamente desconocida, lo que en esta acción no ocurrió. Declarando en
primera instancia improcedente la acción.

6. Impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la parte
accionante manifestó impugnar6 el fallo de primera instancia.

Para el efecto el actor allegó copia de la mencionada sentencia.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19917, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

6 Samai, índice 17. Expediente Nro. 11001-03-15-000-2023-03329-00.
7 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
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2. La acción de tutela contra providencia judicial de altas Corporaciones

La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales8
y especiales9 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales la acción.

De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional10 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso.

Por lo anterior, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige un
mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial
objeto de tutela y que el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe
restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el
proceso.

Ahora bien, cuando por vía de tutela se cuestiona una providencia judicial proferida
por la Corte Suprema de Justicia o por el Consejo de Estado, la procedencia de la
acción de amparo es más restrictiva debido a que estas Corporaciones son las
encargadas de unificar la jurisprudencia en sus respectivas jurisdicciones, por lo que
los principios de autonomía e independencia judicial adquieren mayor relevancia.

Es así como, la Corte Constitucional ha indicado que, como presupuesto adicional
para admitir la procedencia de la acción de tutela, la providencia judicial atacada
debe contener un error ostensible, manifiesto y flagrante que riña de manera directa
con la Constitución Política y que justifique la intervención del juez constitucional.

Según lo anterior, en los eventos en que por vía de tutela se cuestione una
providencia proferida por una Alta Corporación, corresponde al juez de tutela
verificar el cumplimiento de: (i) los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales; (ii) la existencia de una o varias causales
especiales de procedibilidad; y (iii) la configuración de un defecto en la providencia
judicial acusada que haga que esta riña de manera abierta con la Constitución
Política y sea incompatible con la jurisprudencia constitucional.

8 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado
todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos
fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez);
iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en
sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada.
9 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto
por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii)
defecto por violación directa de la Constitución.
10 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo
de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
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3. Planteamiento del problema jurídico

De acuerdo con la impugnación, corresponde a la Sala determinar si le asistió razón
al juez de primera instancia al declarar improcedente la acción de tutela por no
superar el requisito general de procedencia de este mecanismo constitucional
contra providencias judiciales de la relevancia constitucional.
De superar el anterior estudio y en caso de que se cumplan los restantes requisitos
de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, la Sala deberá verificar
si en las providencias cuestionadas se incurrió en defecto fáctico, defecto orgánico
y por desconocimiento del precedente.

4. Requisito de relevancia constitucional

La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y la
independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para reemplazar
al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su labor, entonces, está
orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados y a proferir órdenes
encaminadas a su restablecimiento.

Con base en esta premisa, la procedencia de la tutela contra providencias judiciales
está condicionada a que el asunto sea de evidente relevancia constitucional. Y
aunque no siempre es sencillo dilucidar la línea que separa aquellos casos que son
de relevancia constitucional y los que no, esta Sala de Decisión, a partir de lo
señalado por la Sala Plena del Consejo de Estado en Sentencia de unificación de 5
de agosto de 2014 y por la Corte Constitucional en la Sentencia T–248 de 2018, ha
fijado algunos criterios orientadores para determinar si una solicitud de amparo de
tutela cumple o no con este requisito:

(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración
de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse
para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente
económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de
la acción de tutela.

(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en
cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales». Es necesario que el interesado exponga de manera clara las
razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los
derechos fundamentales.

(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones
de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela
debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener
relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una
expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.

(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que
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sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales,
el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo
agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.
Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en
los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos
por los jueces competentes.

La Corte Constitucional ha dicho que la relevancia constitucional es el primer
presupuesto genérico de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Su corroboración exige que el juez constitucional evidencie de manera
diáfana, que la cuestión que se presenta tiene una marcada importancia
constitucional que afecte derechos fundamentales. Desde esta perspectiva, el
presupuesto de relevancia constitucional lo que persigue es que el juez de tutela
evite inmiscuirse en asuntos que carezcan de importancia iusfundamental y que
corresponde decidir de manera exclusiva al juez natural11.

Con base en el último de los criterios expuestos, hay lugar a afirmar que la
relevancia constitucional supone que la tutela no se emplee para insistir en las
inconformidades ya resueltas por el juez de la causa. Es deber del juez de tutela,
entonces, verificar que la acción no se esté utilizando como una instancia adicional
al proceso en el cual se profirió la providencia atacada. Para tal propósito, se estudia
si los cargos expuestos en el proceso en que se profirió la providencia cuestionada
y los desarrollados en el escrito de tutela son iguales. En caso de que se trate de
los mismos argumentos es factible que el juez de tutela concluya que el mecanismo
constitucional se está empleando como una instancia adicional.

En ese supuesto, se evidencia que lo perseguido por el tutelante es insistir en los
argumentos planteados ante el juez natural, con la esperanza de que el juez de
tutela, a diferencia del primero, sí acceda a sus pretensiones.

5. Análisis del caso

El accionante considera que con las sentencias del 2 y 23 de marzo de 2023 y el
auto del 13 de abril de la misma anualidad, se incurrió en: (i) defecto fáctico, por
cuanto las “decisiones tomadas carecen de fundamentación probatoria de norma legal alguna que
autorice la reducción de la jornada laboral de cuarenta y cuatro (44) horas establecidas en el artículo
33 del Decreto 1042 de 1978 para los servidores públicos del nivel nacional, de lo cual yo he
solicitado prueba alguna y no se me respondió nada al respecto.”; en (ii) defecto orgánico por
la “falta de competencia de los organismos judiciales para autorizar y avalar la reducción de la
jornada laboral por parte de los servidores públicos del Departamento Administrativo de la Función
Pública.”.

Sin bien el actor de forma taxativa no mencionó el defecto por desconocimiento del
precedente, lo cierto es que dentro de las inconformidades del escrito de tutela se
indica que el juez natural no aplicó lo dictado en las siguientes providencias:
decisión del 17 de julio de 2019 dictada dentro del expediente Nro. 11001-03-25-
000-2017-00146-00 (C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez), y decisión judicial del 12 de
mayo de 2022 dentro del expediente Nro. 11001-03-25-000-2016-00482-00 (C.P.
Sandra Lisset Ibarra Vélez). Por lo que se tendrá como planteado este defecto.

11 Al respecto se pueden consultar las siguientes providencias de la Corte Constitucional: SU-139 de 2019, T-
422 de 2018, T- 715 de 2016, C-590 de 2005.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-03329-01
Demandante: Wilson Alfonso Andrade

Ahora bien, en la primera instancia constitucional, la Sección Tercera, Subsección
A del Consejo de Estado, en sentencia de 22 de agosto de 2023, declaró
improcedente la solicitud de amparo, luego de considerar que no se cumplió con el
requisito de la relevancia constitucional, habida cuenta de que los argumentos
“…están dirigidos a convertir la tutela en una instancia adicional del trámite de la acción de
cumplimiento y no se ofrecen elementos que en una dimensión constitucional justifiquen la
intervención del juez constitucional […]”. Al respecto, comparó una parte de los escritos
presentados por el señor Wilson Alfonso Andrade en la acción de cumplimiento, en
el recurso de apelación, y en el escrito de tutela, mostrando así cierta similitud.

La Sala considera que la decisión de primera instancia del juez de tutela fue
acertada, toda vez que en efecto la acción de tutela analizada se está empleando
como una instancia adicional, pues esta última es una reiteración de los argumentos
presentados en la acción de cumplimiento y en el recurso de apelación presentado
contra la sentencia de primera instancia. Para corroborar la identidad entre los
cargos presentados por el señor Wilson Alfonso Andrade en el trámite de la acción
de cumplimiento y el escrito de tutela se realizará un cuadro comparativo. Veamos
algunos de ellos:
Recurso de apelación contra la
Escrito acción de cumplimiento sentencia de primera instancia en Escrito de Tutela
la acción de cumplimiento

“[…] Con fundamento en lo “[…] 1). Con fundamento en lo “[…] 2: Con fundamento en las
previamente expuesto y de la manera previamente expuesto y de la manera razones previamente expuestas, de la
más respetuosa, le solicito al más respetuosa, le solicito al manera más respetuosa le solicito al
Honorable Tribunal Administrativo del Honorable Tribunal Administrativo del Honorable Juez o Tribunal
Departamento del Valle, Ordenar al Departamento del Valle, Ordenar al Constitucional que en suerte
Departamento Administrativo de la Departamento Administrativo de la corresponda, REVOCAR la Sentencia
Función Pública en Cabeza de su Función Pública en Cabeza de su de Primera Instancia bajo Radicación
Director, doctor CÉSAR MANRIQUE Director, doctor CESAR MANRIQUE No. 76-001-23-33-0010-2023-01023-0
como su Máximo Representante, como su Máximo Representante, de fecha dos (02) de marzo de dos mil
cumplir de manera irrestricta el deber cumplir de manera irrestricta el deber veintitrés (2023) dictada por el
omitido, y ordenar también a los omitido, y ordenar también a los Honorable Tribunal Administrativo del
servidores públicos de este servidores públicos de este Valle del Cauca, como también
Organismo el estricto cumplimiento de Organismo el estricto cumplimiento de REVOCAR la Sentencia de Segunda
la jornada laboral de (44) horas a la la jornada laboral de (44) horas a la Instancia bajo Radicado No. 76001-
semana establecidas en el artículo 33 semana establecidas en el artículo 33 23-33- 000-2023-00103-01 de abril 13
del Decreto Ley 1042 de junio 7 de del Decreto Ley 1042 de junio 7 de de 2023 dictada por la Honorable
1978, como también cumplir el 1978, como también cumplir el Sección Quinta, Contencioso
mandato establecido en el numeral 11 mandato establecido en el numeral 11 Administrativo representada por los
/Ley 734 de 2002/Inciso 12/ del /Ley 734 de 2002/Inciso 12/ del Honorables Magistrados PEDRO
artículo 38/Ley 1952 de 2019, orden artículo 38/Ley 1952 de 2019, orden PABLO VANEGAS GIL, ROCIO
ésta que también debe ser extendida ésta que también debe ser extendida ARAUJO OÑATE Y CARLOS
a todas sus dependencias y demás a todas sus dependencias y demás ENRIQUE MORENO RUBIO, y
organismos adscritos a este organismos adscritos a este ORDENAR al Departamento
Organismo tanto en el nivel central, Organismo tanto en el nivel central, Administrativo de la Función Pública
como en el resto del País.[…]” como en el resto del País. en Cabeza de su Director General,
doctor CESAR MANRIQUE como su
Máximo Representante, cumplir de
manera irrestricta el deber omitido,
ORDEN que debe ser extensiva
también a los servidores públicos de
este Organismo en cumplimiento de la
jornada laboral de (44) horas a la
semana establecidas en el artículo 33
del Decreto Ley 1042 de junio 7 de
1978.

“2). Si el Departamento Administrativo “2). Si el Departamento Administrativo “3). Si el Departamento Administrativo
de la Función Pública posee una ley de la Función Pública posee una ley de la Función Pública posee una ley
expedida por el Congreso de la expedida por el Congreso de la expedida por el Congreso de la
República, o norma alguna que la República, o norma alguna que la República, o norma alguna que la
exonere del cumplimiento del mandato exonere del cumplimiento del mandato exonere del cumplimiento del mandato
establecido en el artículo 33 del establecido en el artículo 33 del establecido en el artículo 33 del
Decreto 1042, de la manera más Decreto 1042, de la manera más Decreto 1042, de la manera más
respetuosa le solicito al Honorable respetuosa le solicito al Honorable respetuosa le solicito al Honorable
Tribunal Administrativo del Valle del Tribunal Administrativo del Valle del Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, Ordenar su presentación y Cauca, Ordenar su presentación y Cauca, Ordenar su presentación y

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-03329-01
Demandante: Wilson Alfonso Andrade

Recurso de apelación contra la
Escrito acción de cumplimiento sentencia de primera instancia en Escrito de Tutela
la acción de cumplimiento
solicito el favor de suministrarme copia solicito el favor de suministrarme copia solicito el favor de suministrarme copia
al respecto. al respecto. al respecto.
3). De igual manera, si el 3). De igual manera, si el 4). De igual manera, si el
Departamento Administrativo de la Departamento Administrativo de la Departamento Administrativo de la
Función Pública posee una ley Función Pública posee una ley Función Pública posee una ley
expedida por el Congreso de la expedida por el Congreso de la expedida por el Congreso de la
República, o norma alguna que le República, o norma alguna que le República, o norma alguna que le
otorgue la competencia de reducir las otorgue la competencia de reducir las otorgue la competencia de reducir las
cuarenta y cuatro (44) horas del cuarenta y cuatro (44) horas del cuarenta y cuatro (44) horas del
mandato establecido en la Norma aquí mandato establecido en la Norma aquí mandato establecido en la Norma aquí
referida, de la manera más respetuosa referida, de la manera más respetuosa referida, de la manera más respetuosa
le solicito al Honorable Tribunal le solicito al Honorable Tribunal le solicito al Honorable Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, Administrativo del Valle del Cauca, Administrativo del Valle del Cauca,
Ordenar su presentación y solicito el Ordenar su presentación y solicito el Ordenar su presentación y solicito el
favor de suministrarme copia al favor de suministrarme copia al favor de suministrarme copia al
respecto.” respecto.” respecto.”

“De acuerdo al campo de aplicación “[…] el Departamento Administrativo “[…] De acuerdo al campo de
del Decreto 1042 de 1978 como lo de la Función Pública en la expedición aplicación del Decreto 1042 de 1978
establece en su artículo 1, y que de de los actos administrativos que como lo establece en su artículo 1, y
acuerdo al artículo 33 del aquí referido establecen su jornada laboral, este que de acuerdo al artículo 33 del aquí
Decreto, la asignación mensual fijada Organismo utiliza como soporte legal referido Decreto, la asignación
en las escalas de remuneración el artículo 33 del Decreto 1042 de mensual fijada en las escalas de
correspondería a jornadas laborales 1978 pero no le da el estricto remuneración correspondería a
de cuarenta y cuatro (44) horas cumplimiento ya que solamente jornadas laborales de cuarenta y
semanales, pero en vista de que los establece una jornada laboral de cuatro (44) horas semanales, pero en
funcionarios públicos del cuarenta y dos horas y media (42.30), vista de que los funcionarios públicos
Departamento Administrativo de la restando una hora y media (1.30) cada del Departamento Administrativo de la
Función Pública solamente cumplen semana para el cabal cumplimiento de Función Pública solamente cumplen
una jornada laboral de cuarenta y dos las cuarenta y cuatro (44) horas una jornada laboral de cuarenta y dos
(42.30 ) horas y medias semanales, en establecidas en la ley, de la manera (42.30 ) horas y medias semanales, en
dicho caso considero que su escala de más respetuosa, le solicito al dicho caso considero que su escala de
remuneración debería de ser la Honorable Tribunal Administrativo del remuneración debería de ser la
establecida para los empleos de Valle del Cauca, Ordenar al establecida para los empleos de
tiempo parcial clasificado en el artículo Departamento Administrativo de la tiempo parcial clasificado en el artículo
22 de la Ley 909 de 2004 y el artículo Función Pública en Cabeza de su 22 de la Ley 909 de 2004 y el artículo
2.2.1.3.1 del Decreto 1083 de mayo 26 Director, doctor CESAR MANRIQUE 2.2.1.3.1 del Decreto 1083 de mayo 26
de 2015.” como su Máximo Representante, la de 2015. […]”
reposición o restitución del tiempo
dejado de laborar, o en cambio que se
ordene los respectivos descuentos
económicos […]”

“[…] Hay que tener presente que la “[…]Veo que este Honorable Tribunal “[…] Hay que tener presente que la
jornada laboral de (44) horas no es Administrativo ignora con consciencia jornada laboral de (44) horas no es
negociable ya que es de origen legal, que, en nuestro ordenamiento jurídico, negociable ya que es de origen legal,
es decir; que CORRESPONDE AL la fijación de la jornada laboral» es de es decir; que CORRESPONDE AL
LEGISLADOR REGULAR SUS origen legal, es decir, que corresponde LEGISLADOR REGULAR SUS
MÍNIMOS Y SUS MÁXIMOS, al legislador regular sus mínimos y sus MÍNIMOS Y SUS MÁXIMOS,
mientras que a los jefes y directores máximos, mientras que, a los jefes o mientras que a los jefes y directores
de cada entidad les corresponde directores de cada entidad, les de cada entidad les corresponde
definir lo relacionado con el corresponde definir lo relacionado con definir lo relacionado con el
“Horario” sujetándose como es el «horario», sujetándose, como es “Horario” sujetándose como es
obvio a lo regulado por el obvio, a lo regulado por el obvio a lo regulado por el
Legislador sobre la “Jornada” como legislador sobre la «jornada. […]” Legislador sobre la “Jornada” como
lo aclara la Sección Segunda del lo aclara la Sección Segunda del
Consejo de Estado. […]” Consejo de Estado […]”

En este punto, conviene destacar que al revisar con detenimiento los argumentos
esgrimidos por el accionante en el escrito de tutela, se advierte que los mismos
guardan identidad con los expuestos en el marco de la acción de cumplimiento,
tanto en la demanda, como en la apelación de la sentencia. Aspecto que, de
antemano, supone que el asunto versa sobre una situación que resultó desfavorable
a la parte accionante y que se limita a poner de presente su inconformidad con la
decisión.
En ese sentido, de los argumentos traídos al caso objeto de análisis no se advierte
porque el juez constitucional debe irrumpir en la esfera de autonomía del juez

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Demandante: Wilson Alfonso Andrade

natural de la causa, para revaluar los fundamentos que lo llevaron a adoptar la
decisión en concreto. Esto, en la medida que no se advierte prima facie una
afectación de las garantías fundamentales de la parte actora de conformidad con la
providencia reprochada.

De manera que, es posible concluir que el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca y la Sección Quinta del Consejo de Estado, como jueces naturales, ya
resolvieron los puntos que presentó el señor Andrade en su escrito de tutela, esto
dentro del trámite ordinario de la acción de cumplimiento Nro. 2023-00103-00/01.

Valga recordar que, en abundante jurisprudencia del máximo tribunal constitucional
se ha enfatizado que la tutela no es una instancia o recurso adicional para reabrir
debates meramente legales. “(…) la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios”, pues la competencia del juez
de tutela se restringe “a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los
derechos fundamentales y no a problemas de carácter legal”12

En ese sentido, para esta Sala es viable concluir que la parte accionante pretende
plantear en sede de tutela nuevamente una discusión surtida en el marco de la
acción de cumplimiento, sin que se esgriman elementos de orden constitucional que
habiliten la interferencia del juez de la tutela en las decisiones de las autoridades
competentes para definir el asunto. Más aún cuando una de las providencias
discutidas es el fallo de segunda instancia dictado por la Sección Quinta del Consejo
de Estado, pues de acuerdo con lo reiterado por la Corte Constitucional para discutir
una providencia de un órgano de cierre debe advertirse la existencia de un error
ostensible, manifiesto y flagrante que riña de manera directa con la Constitución
Política y que justifique la intervención del juez constitucional, situación que el
accionante no puso de presente.

En armonía con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha reiterado que la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales está sujeta al cumplimiento
de una serie de requisitos. Si los generales no se cumplen, no hay lugar a estudiar
el asunto de fondo. Es condición imprescindible para analizar los defectos
propuestos por la parte actora que todos los presupuestos generales se cumplan a
cabalidad

Es por esta razón que, al no evidenciarse el cumplimiento de uno de los requisitos
de procedencia de tutela contra providencia judicial, en este caso el de la relevancia
constitucional, no es posible verificar aspectos relacionados con el fondo del asunto,
razón por la que la Sala deberá confirmar la decisión de tutela de primera instancia
que declaró improcedente la presente acción conforme con las razones que han
quedado expuestas.

6. Conclusión

En ese orden de ideas, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia, por
considerar que la tutela bajo estudio no cumple el requisito de la relevancia
constitucional.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
12 Corte Constitucional, Sentencia SU-128 de 2021.
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Demandante: Wilson Alfonso Andrade

FALLA

1. Confirmar la sentencia del 22 de agosto de 2023, dictada por la Sección
Tercera, Subsección A del Consejo de Estado, dadas las razones expuestas
en esta providencia.

2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

12

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