Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-03329-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2023-03329-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
Acción de tutela contra providencias judiciales: no procede estudio de
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-03329-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2023-03329-00
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
22 de agosto de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., veintidós (22) de agosto de dos mil veintitrés (2023)
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03329-00
Demandante: WILSON ALFONSO ANDRADE
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN QUINTA, Y OTRO
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede estudio de
fondo porque no se cumplió el requisito de relevancia constitucional / RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL – Los argumentos de la demanda buscan convertir la acción de tutela en
instancia adicional del proceso ordinario.
La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Wilson Alfonso Andrade
contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Consejo de Estado, Sección
Quinta.
I. ANTECE DENTES
1. La demanda
1.1. Pretensiones
El 21 de junio de la presente anualidad1, el señor Wilson Alfonso Andrade interpuso
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Consejo de
Estado, Sección Quinta, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia, con ocasión de las
sentencias del 2 de marzo de 2023 y del 23 de marzo siguiente, esta última aclarada
mediante providencia del 13 de abril de la misma anualidad, dictadas, en su orden,
por las autoridades judiciales referidas, en el trámite de la acción de cumplimiento de
normas con fuerza material de ley o de actos administrativos con radicado 76001-23-
33-000-2023-00103-01. Formuló las siguientes pretensiones (se transcriben
textualmente):
1 Se advierte que, el 7 de julio de 2023, el expediente ingresó al despacho de la magistrada ponente,
para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03329-00
Demandante: Wilson Alfonso Andrade
Demandado: Consejo de Estado, Sección Quinta, y otro
Sentencia de tutela de primera instancia
1: Las irregularidades previamente expuestas realizadas por el Honorable
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Honorable Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta que conllevaron a la
CONFUSA decisión de la Sentencia de Segunda Instancia bajo Radicado No.
76001-23-33-010-2023-01023-01, razón por la cual posteriormente ésta fue
cambiada por el Radicado No. 76001-23-33- 000-2023-00103-01 de abril 13 de
2023) que confirma la decisión tomada en la Sentencia de Primera Instancia que
Niega mis pretensiones de hacer que se Ordene el cumplimiento del deber
omitido en el artículo 33 del Decreto 1042 de 1978, demuestra claramente y de
manera inobjetable las violaciones a la Constitución Nacional y las leyes, lo cual
conlleva también a la presunta violación de mis derechos fundamentales del
debido proceso y del derecho a la administración de justicia contemplados en los
artículos 29 y 229 de la Constitución.
2: Con fundamento en las razones previamente expuestas, de la manera más
respetuosa le solicito al Honorable Juez o Tribunal Constitucional que en suerte
corresponda, REVOCAR la Sentencia de Primera Instancia bajo Radicación No.
76-001-23-33-0010-2023-01023-0 de fecha dos (02) de marzo de dos mil
veintitrés (2023) dictada por el Honorable Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, como también REVOCAR la Sentencia de Segunda Instancia bajo
Radicado No. 76001-23-33- 000-2023-00103- 01 de abril 13 de 2023 dictada por
la Honorable Sección Quinta, Contencioso Administrativo representada por los
Honorables Magistrados PEDRO PABLO VANEGAS GIL, ROCIO ARAUJO
OÑATE Y CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO, y ORDENAR al Departamento
Administrativo de la Función Pública en Cabeza de su Director General, doctor
CESAR MANRIQUE como su Máximo Representante, cumplir de manera
irrestricta el deber omitido, ORDEN que debe ser extensiva también a los
servidores públicos de este Organismo en cumplimiento de la jornada laboral de
(44) horas a la semana establecidas en el artículo 33 del Decreto Ley 1042 de
junio 7 de 1978.
Otras inobservancias expuestas en las pretensiones de la demanda que no fueron
contestadas y de las cuales, de la manera más respetuosa exijo respuesta:
3). Si el Departamento Administrativo de la Función Pública posee una ley
expedida por el Congreso de la República, o norma alguna que la exonere del
cumplimiento del mandato establecido en el artículo 33 del Decreto 1042, de la
manera más respetuosa le solicito al Honorable Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, Ordenar su presentación y solicito el favor de suministrarme copia al
respecto. 4). De igual manera, si el Departamento Administrativo de la Función
Pública posee una ley expedida por el Congreso de la República, o norma alguna
que le otorgue la competencia de reducir las cuarenta y cuatro (44) horas del
mandato establecido en la Norma aquí referida, de la manera más respetuosa le
solicito al Honorable Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Ordenar su
presentación y solicito el favor de suministrarme copia al respecto.
1.2. Hechos
De la solicitud de tutela y de los documentos aportados, la Sala extrae los siguientes
hechos jurídicamente relevantes:
En ejercicio del medio de control de cumplimiento de normas con fuerza material de
ley o de actos administrativos, el señor Wilson Alfonso Andrade demandó al
2
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03329-00
Demandante: Wilson Alfonso Andrade
Demandado: Consejo de Estado, Sección Quinta, y otro
Sentencia de tutela de primera instancia
Departamento Administrativo de la Función Pública por el supuesto incumplimiento
del artículo 33 del Decreto 1042 de 1978.
La demanda se fundamentó en que, en criterio del demandante, la norma
supuestamente incumplida establecía que la jornada laboral mínima de los servidores
públicos era de 44 horas semanales, y que, omitiendo tal mandato legal, la
demandada fijó para sus funcionarios una jornada semanal de sólo 42 horas y media.
En primera instancia, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las
pretensiones de la demanda.
La anterior decisión fue objeto de recurso de apelación por la parte demandante y, en
providencia del 23 de marzo de 2023, la Sección Quinta del Consejo de Estado la
revocó parcialmente.
1.3. Argumentos de la tutela
La parte actora sostuvo que la autoridad judicial accionada desconoció una serie de
prerrogativas constitucionales y legales, en virtud de las cuales podía establecerse
objetivamente la existencia del mandato legal supuestamente inobservado por la
entidad demandada en la acción de cumplimiento.
Adujo que en el proceso ordinario también se omitió la aplicación del precedente
jurisprudencial del Consejo de Estado en asuntos de similar condición jurídica.
Señaló que las providencias acusadas adolecen de los defectos orgánico y fáctico. El
primero, en tanto que, a su juicio, las autoridades judiciales «carecen de competencia
para autorizar y avalar la reducción de la jornada laboral de los servidores públicos».
El segundo, debido a que las decisiones adoptadas «carecen de fundamentación
probatoria de norma alguna que autorice la reducción de la jornada laboral de 44 horas
establecidas en el artículo 33 del Decreto 1042».
2. Trámite impartido e intervenciones
Mediante auto del 23 de junio de 2023, el despacho sustanciador admitió la presente
acción de tutela y ordenó notificar a los magistrados que integran la Sección Quinta
del Consejo de Estado, en calidad de parte demandada, y al director del
3
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03329-00
Demandante: Wilson Alfonso Andrade
Demandado: Consejo de Estado, Sección Quinta, y otro
Sentencia de tutela de primera instancia
Departamento Administrativo de la Función Pública, como tercero con interés.
También dispuso notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
2.1. El 26 de junio de 2023, la Sección Quinta del Consejo de Estado que se declarara
improcedente la acción de tutela, por considerar que carece de relevancia
constitucional. En ese sentido, señaló que el actor «no manifestó en qué yerros
incurren las providencias reprochadas, por qué vulneraron sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, sino que
se limitó a indicar que se encuentra en desacuerdo con lo decidido por tener una
postura contraria».
2.2. El director jurídico del Departamento Administrativo de la Función Pública
también pidió que se declarara improcedente la solicitud de amparo, dado que no se
evidencia la presunta vulneración a los derechos fundamentales alegada por el
demandante.
2.3. Los demás intervinientes guardaron silencio.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
1. Problema Jurídico
En primer lugar, la Sala determinará si la solicitud de amparo cumple los requisitos
generales de la tutela contra providencia judicial. De ser así, se abordará el estudio
de fondo del asunto, con el fin de establecer si se configuraron los defectos atribuidos
a las sentencias dictadas el 2 y del 23 de marzo de 2023 por el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca y la Sección Quinta del Consejo de Estado, respectivamente, en
el trámite del medio de control de cumplimiento con radicado 76001-23-33-000-2023-
00103-01.
2. Análisis de la Sala
2.1. Requisitos generales de procedibilidad
2.1.1. De la inmediatez: la tutela cumple con este requisito, toda vez que la providencia
con la que culminó el proceso de cumplimiento fue dictada el 23 de marzo de 2023 y
4
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03329-00
Demandante: Wilson Alfonso Andrade
Demandado: Consejo de Estado, Sección Quinta, y otro
Sentencia de tutela de primera instancia
se notificó el 27 del mismo mes y año 2 , mientras que la solicitud de amparo se
presentó el 21 de junio de la misma anualidad, esto es, dentro de los seis meses
siguientes a la notificación de la decisión. Este término resulta razonable.
2.1.2 La providencia cuestionada no fue proferida en un proceso de tutela.
2.1.3. Del agotamiento de los mecanismos de defensa judicial: la Sala estima que este
requisito está acreditado, puesto que contra la sentencia de segunda instancia no
procede recurso alguno, en tanto que la Ley 393 de 1997 no contempló la procedencia
de recursos extraordinarios en el trámite de la acción de cumplimiento.
2.1.4 De la relevancia constitucional: en sentencia del 5 de agosto de 2014 3, la Sala
Plena de esta Corporación señaló que el requisito de la relevancia constitucional tiene
como finalidad (i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el
juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras
jurisdicciones. De ahí que, para determinar si una solicitud de amparo de tutela tiene
o no relevancia constitucional, es necesario examinar dos elementos.
El primero de ellos consiste en que el actor cumpla su carga argumentativa, esto es,
que justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales. Debe tenerse en cuenta que para ello «[n]o basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad
de la tutela contra providencias judiciales».
El segundo hace referencia a que la acción de tutela no se erija en una instancia
adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, toda vez
que este mecanismo fue creado para proteger derechos fundamentales y no para que
las partes de un proceso judicial ventilen sus discrepancias con las providencias que
allí se dicten.
Esta tesis se ajusta a la jurisprudencia 4 reiterada de la Corte Constitucional que, de
manera consistente y consolidada, expresa que la acción de tutela no puede
convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios, ni en el escenario
2 Así consta en el sistema de consulta de procesos de SAMAI.
3 Expediente número: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
4 Sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103 de 2022 y SU-215 de 2022.
5
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03329-00
Demandante: Wilson Alfonso Andrade
Demandado: Consejo de Estado, Sección Quinta, y otro
Sentencia de tutela de primera instancia
para discutir aspectos de mera legalidad, de índole patrimonial o la interpretación
propia de los jueces naturales.
De suerte que, si la demanda de tutela no cumple con las condiciones señaladas, el
asunto carece de relevancia constitucional, presupuesto que resulta más estricto
cuando recae sobre una providencia judicial dictada por un órgano de cierre, en
atención a su función en la definición e interpretación del derecho y el valor que la
jurisprudencia y el ordenamiento jurídico le otorgan a su contenido.
• Análisis de la relevancia constitucional en el caso concreto
Esta Subsección considera que la solicitud de amparo tutela no cumple con el requisito
de relevancia constitucional, toda vez que los argumentos que en ella se proponen
están dirigidos a convertir la tutela en una instancia adicional del trámite de la acción
de cumplimiento y no se ofrecen elementos que en una dimensión constitucional
justifiquen la intervención del juez constitucional.
Para la Sala, aun cuando los reparos de la parte actora se ajustan a las categorías de
un debate sobre el desconocimiento del precedente jurisprudencial, un defecto fáctico
y uno orgánico, ese hecho es insuficiente para adentrarse en la solución de fondo,
dado que lo que se vislumbra es la clara intención del accionante de reabrir el debate
judicial y continuar la controversia que ya fue zanjada en el proceso de la acción de
cumplimiento.
En suma, la demanda de lo que da cuenta es de su inconformidad con los
razonamientos de los jueces naturales en las providencias acusadas, incluso a partir
de elementos de orden estrictamente legal, para refutar las consideraciones
efectuadas sobre la inexistencia del mandato legal contenido en el artículo 33 del
Decreto 1042 de 1973 y su consecuente incumplimiento por el Departamento
Administrativo de la Función Pública.
En primera instancia, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las
pretensiones de la demanda, por considerar que no se evidenciaba incumplimiento
del artículo 33 del Decreto 1042 de 1978, en tanto que el mandato contenido en
aquella disposición normativa fijaba la jornada laboral máxima semanal para
servidores públicos, sin que ello implicara per se que aquella fuera también la
intensidad horaria mínima; y que, en consecuencia, las resoluciones que fijaban el
6
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03329-00
Demandante: Wilson Alfonso Andrade
Demandado: Consejo de Estado, Sección Quinta, y otro
Sentencia de tutela de primera instancia
horario de trabajo eran simplemente la expresión de la facultad que se le otorga al jef e
de cada entidad para establecer tal condición sin exceder el límite impuesto por la ley.
Señaló que, si bien el ordenamiento jurídico no establece una jornada laboral mínima
para funcionarios públicos, lo cierto es que puede asimilarse que el tiempo mínimo de
permanencia en la institución de los empleados públicos coincida con la jornada de
atención al público de las entidades consagrada en el ordinal 2 del artículo 7 del
CPACA.
Inconforme con la decisión, el demandante interpuso recurso de apelación que
sustentó señalando que el Tribunal desconoció que la determinación de la jornada
laboral tiene reserva legal y que, ante la evidente consagración de aquella en el
Decreto 1042 de 1973, carecía de fundamento afirmar que la entonces demandada
no inobservó la norma en cuestión.
La Sección Quinta del Consejo de Estado confirmó la decisión del fallador de primer
grado. Para tal efecto, luego de rechazar la demanda, en lo atinente al cumplimiento
del inciso 11 de la Ley 734 de 2002, por carecer del requisito de renuencia, y de
determinar la improcedencia del medio de control de cumplimiento respecto de la
sentencia C-1063 de 2000, concluyó que el artículo 33 del Decreto 1042 de 1973 no
contenía el mandato legal que pretendía hacer cumplir el entonces demandante, de
modo que no podía predicarse su inobservancia. Particularmente, señaló los
siguientes puntos relevantes:
42. En otras palabras, del contenido del artículo 33 del Decreto 1042 de 1978
desprende la escala salarial que devengan determinado grupo de servidores
públicos de distintas corporaciones, sin que de ello se pueda predicar que es
deber del DAFP ordenar que todos sus empleados laboren determinada cantidad
de horas. Ahora bien, en cuanto al numeral 12 del artículo 38 de la Ley 1952 de
2019 ni siquiera contempla un deber a cargo de las entidades públicas, sino de
quienes prestan allí sus servicios, sin que se indique tampoco lo relativo a la
cantidad de horas que deben trabajar.
43. Es decir que, lo pretendido por el accionante no está contemplado en las
disposiciones invocadas. De otro lado, si bien precisó que los empleados del
DAFP solo cumplen 40 horas de trabajo, deben ser remunerados como servidores
de tiempo parcial, lo cierto es que los preceptos que le solicitó cumplir, no
establecen la escala salarial para los empleados de la entidad accionada que
laboren 40 horas a la semana como lo aduce el actor, así como tampoco, que los
servidores de la entidad accionada deban laborar 44 horas.
44. No sobra precisar que esta Sala, en otra acción de cumplimiento ejercida por
el actor sobre el acatamiento del artículo 33 del Decreto 1042 de 1978, para que
se le ordene a otra entidad que establezca que el horario de sus trabajadores es
de 44 horas semanales, concluyó que esta norma prevé «la jornada laboral
7
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03329-00
Demandante: Wilson Alfonso Andrade
Demandado: Consejo de Estado, Sección Quinta, y otro
Sentencia de tutela de primera instancia
De esta forma, al examinarse el proceso ordinario, se observa que las pretensiones
del libelo, las razones de inconformismo expuestas en el recurso de apelación contra
la sentencia de primera instancia y la petición de amparo de la demanda de tutela son
coincidentes, por no decir idénticas, tal como se evidencia en el siguiente cuadro:
ACCIÓN CUMPLIMIENTO RECURSO DE APELACIÓN DEMANDA DE
TUTELA
1). Con fundamento en lo PRETENSIONES Con fundamento en
previamente expuesto y de la las razones
manera más respetuosa, le Con fundamento en lo previamente
solicito al Honorable Tribunal previamente expuesto, expuestas, de la
Administrativo del Departamento Presento Recurso de manera más
del Valle, Ordenar al Apelación en contra de la respetuosa le solicito
Departamento Administrativo Sentencia de Primera Instancia al Honorable Juez o
de la Función Pública en con Radicación No. 76-001-23- Tribunal
Cabeza de su Director, doctor 33-0010-2023-01023-00, de Constitucional que
CESAR MANRIQUE como su fecha 02 de marzo de 2023, y en suerte
Máximo Representante, cumplir con el debido respeto, solicito corresponda,
de manera irrestricta el deber su revocación y Ordenar al REVOCAR la
omitido, y ordenar también a los Departamento Sentencia de
servidores públicos de este Administrativo de la Función Primera Instancia
Organismo el estricto Pública en Cabeza de su bajo Radicación No.
cumplimiento de la jornada Director Nacional, doctor 76-001-23-33-0010-
laboral de (44) horas a la CESAR MANRIQUE como su 2023-01023-0 de
semana establecidas en el Máximo Representante, y fecha dos (02) de
artículo 33 del Decreto Ley 1042 demás servidores públicos marzo de dos mil
de junio 7 de 1978, como también de este Organismo, el veintitrés (2023)
cumplir el mandato establecido en cumplimiento del mandato dictada por el
el numeral 11 /Ley 734 de establecido en el artículo 33 Honorable Tribunal
2002/Inciso 12/ del articulo 38/Ley del Decreto 1042 de 1978. (44 Administrativo del
1952 de 2019, orden ésta que horas de labores a la Valle del Cauca,
también debe ser extendida a semana). como también
todas sus dependencias y demás REVOCAR la
organismos adscritos a este Sentencia de
Organismo tanto en el nivel Segunda Instancia
central, como en el resto del País. bajo Radicado No.
76001-23-33- 000-
2). Si el Departamento 2023-00103- 01 de
Administrativo de la Función abril 13 de 2023
Pública posee una ley expedida dictada por la
por el Congreso de la República, o Honorable Sección
norma alguna que la exonere del Quinta, Contencioso
cumplimiento del mandato Administrativo
establecido en el artículo 33 del representada por los
Decreto 1042, de la manera más Honorables
respetuosa le solicito al Honorable Magistrados PEDRO
Tribunal Administrativo del Valle PABLO VANEGAS
del Cauca, Ordenar su GIL, ROCIO
presentación y solicito el favor de ARAUJO OÑATE Y
suministrarme copia al respecto. CARLOS ENRIQUE
MORENO RUBIO, y
3). De igual manera, si el ORDENAR al
Departamento Administrativo de Departamento
la Función Pública posee una ley Administrativo de
expedida por el Congreso de la la Función Pública
8
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03329-00
Demandante: Wilson Alfonso Andrade
Demandado: Consejo de Estado, Sección Quinta, y otro
Sentencia de tutela de primera instancia
República, o norma alguna que le en Cabeza de su
otorgue la competencia de reducir Director General,
las cuarenta y cuatro (44) horas doctor CESAR
del mandato establecido en la MANRIQUE como
Norma aquí referida, de la manera su Máximo
más respetuosa le solicito al Representante,
Honorable Tribunal Administrativo cumplir de manera
del Valle del Cauca, Ordenar su irrestricta el deber
presentación y solicito el favor de omitido, ORDEN
suministrarme copia al respecto. que debe ser
extensiva también
a los servidores
públicos de este
Organismo en
cumplimiento de la
jornada laboral de
(44) horas a la
semana
establecidas en el
artículo 33 del
Decreto Ley 1042
de junio 7 de 1978.
Así pues, inmediatamente se concluye que las razones propuestas en la tutela, según
se anticipó, son una reiteración de la tesis propuesta en la demanda y, especialmente,
en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca.
Nótese que incluso las pretensiones de la demanda de cumplimiento son similares a
las que el accionante formuló en la solicitud de amparo. De modo que la Sala no está
habilitada para pronunciarse sobre el fondo del asunto, pues, de hacerlo así,
convertiría este mecanismo en una suerte de tercera instancia en clara contravía del
presupuesto de relevancia constitucional.
Además, la decisión cuestionada se sustentó en una valoración conjunta, integral y
sistemática de las disposiciones normativas presuntamente inobservadas por la
entidad demandada. En ese análisis, se sostuvo que la norma no establecía el
mandato que el demandante pretendía hacer cumplir y que, por consiguiente, no podía
exigirse su cumplimiento a la entonces demandada.
Compártase o no ese discernimiento, y aun cuando se propusiera una tesis diferente
apoyada en otros argumentos legales o jurisprudenciales, lo cierto es que la mera
discrepancia del demandante con la decisión acusada no es un criterio válido que
faculte al juez de tutela para inmiscuirse en la decisión de instancia, puesto que en
ella no hay visos de irracionalidad, arbitrariedad o capricho.
9
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03329-00
Demandante: Wilson Alfonso Andrade
Demandado: Consejo de Estado, Sección Quinta, y otro
Sentencia de tutela de primera instancia
En suma, lo que ocurre es que el demandante persiste en su consideración en torno
a que el artículo 33 del Decreto 1042 de 1973 contiene un mandato legal que ha sido
inobservado por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública; tesis
que no fue acogida por la autoridad judicial accionada. En estos casos, se reitera, la
diferencia conceptual o de entendimiento sobre ese u otro punto de derecho que no
implique una vulneración de las garantías constitucionales fundamentales, es un
análisis ajeno al juez de tutela.
De ahí que para la Sala sean irrelevantes o poco trascendentes esas diferencias y, en
consecuencia, no puede resolver una cuestión propia del resorte del juez natural, para
determinar la existencia de un mandato legal y, en caso de evidenciar incumplimiento,
ordenar a la entidad demandada su estricta observancia.
De forma que el juez constitucional no funge como superior funcional o revisor de los
jueces ordinarios, ni realiza juicios de corrección 5 de las decisiones proferidas por
estos, salvo casos excepcionalísimos.
Lo anterior, no es más que la materialización del principio del juez natural que se
constituye como una garantía del debido proceso que dimana del artículo 29
constitucional, cuando este se refiere al derecho de ser juzgado «ante juez o tribunal
competente». Ello es así porque la Constitución preserva la labor de cada autoridad u
organismo estatal, para evitar que otras usurpen o asuman funciones que no les han
sido encomendadas.
La ley, en desarrollo de la Carta Política, prevé un proceso y unas autoridades para
dirimir determinadas controversias judiciales, por ende, no podría una autoridad que
no esté investida de competencia resolver litigios que no le han sido asignados. El
juez constitucional no es un juez de lo contencioso administrativo, razón por cual le
está vedado inmiscuirse en los asuntos específicos que a este último se le asignan.
Cualquier intención dirigida a ese fin debe ser contenida, de lo contrario la justicia
constitucional se antepondría a los principios de juez natural, independencia y
autonomía judiciales.
Solo puede abrirse paso a la intervención del juez de amparo, cuando en la
providencia dictada por un órgano de cierre, se advierta capricho, arbitrariedad o
5 En tal sentido, puede consultarse la sentencia SU-128 de 2021, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
10
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03329-00
Demandante: Wilson Alfonso Andrade
Demandado: Consejo de Estado, Sección Quinta, y otro
Sentencia de tutela de primera instancia
irracionalidad que evidencie una flagrante vulneración de derechos fundamentales, de
su interpretación o del alcance del sentido fijado a una disposición constitucional.
Sin embargo, en el sub judice se observa que las decisiones proferidas por los jueces
de instancia fueron adoptadas observando la ley, las pruebas obrantes en el
expediente e interpretando lógica y sistemáticamente la norma contentiva del mandato
presuntamente inobservado; de suerte que, se reitera que el accionante lo que
pretende es continuar el debate judicial que ya fue zanjado por los jueces naturales,
quienes determinaron razonablemente que no podía predicarse el incumplimiento de
un mandato legal inexistente.
Valga considerar que en la sentencia de unificación SU-215 de 2022 la Corte
Constitucional insistió en la relevancia constitucional como un requisito necesario para
la procedencia de la tutela contra providencia judicial, con el objetivo de impedir que
este mecanismo constitucional se convierta en instancia adicional a los procesos o el
escenario en el que se resuelvan aspectos legales, económicos o sin trascendencia
constitucional, que no son propios del juez de tutela. En dicha providencia, se resaltó
que el estudio de este requisito se torna más estricto cuando se discuten decisiones
de una alta corte:
[…]según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia constitucional protege
el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez
de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente legales 6. Para
determinar si este requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto
tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o
determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se
limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una providencia judicial
de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración arbitraria o
violatoria de derechos fundamentales7.
Finalmente, el demandante alega que las providencias acusadas desconocen el
precedente jurisprudencial del Consejo de Estado establecido en las sentencias con
6 Cita original de la providencia: En la sentencia T-131 de 2021, «la Corte resumió los escenarios en
los que un asunto reviste relevancia constitucional, así: (i) se desconoce, a priori, el derecho
fundamental al acceso a la administración de justicia y al debido proceso en su faceta constitucional;
(ii) no se emplea como una tercera instancia judicial para reabrir el proceso; (iii) está orientado a
resolver aspectos que trascienden cuestiones legales; (iv) no tiene la pretensión de cuestionar el criterio
de los árbitros para decidir el caso; (v) pretende cuestionar la falta de aplicación de normas
constitucionales; y (vi) busca evitar la afectación del patrimonio público cuando se cumplen
determinadas condiciones».
7 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.
11
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03329-00
Demandante: Wilson Alfonso Andrade
Demandado: Consejo de Estado, Sección Quinta, y otro
Sentencia de tutela de primera instancia
radicado 2017-00146 y 2016-00482, C.P Sandra Lisset Ibarra Vélez; no obstante la
Sala advierte que el cargo carece de carga argumentativa, toda vez que el
demandante no sustentó, siquiera sumariamente, las razones por las cuales dichas
providencias se erigen como precedente vinculante en el caso en concreto y tampoco
indicó la regla o subregla jurisprudencial presuntamente inobservada por las
autoridades judiciales demandadas.
Valga señalar que en recientes pronunciamientos la Corte Constitucional ha indicado
que, además de los requisitos generales de procedencia de acción de tutela contra
providencia judicial, cuando la decisión acusada ha sido proferida por una alta corte,
como es el presente caso, deben satisfacerse requisitos adicionales. En efecto en
sentencia T-466 de 2022, el alto tribunal constitucional señaló:
La tercera exigencia, que sólo se predica de la acción de tutela contra providencias
de Altas Cortes, implica una “carga interpretativa transversal” para el juez
constitucional, tanto al momento de verificar los requisitos genéricos de
procedencia como al estudiar los defectos específicos que se alegan. Como se
precisa en la Sentencia SU-050 de 2018, “esta Corporación ha reiterado que la
tutela contra providencias judiciales de altas Corporaciones es más restrictiva. En
ese sentido ha señalado que es procedente cuando es definitivamente
incompatible con el alcance y límite de los derechos fundamentales que han sido
desarrollados por la Corte Constitucional o cuando se genera una anomalía de tal
entidad que es necesaria la intervención del juez constitucional.”
Por lo tanto, la tercera exigencia tiene un estándar muy riguroso, diferente
al que se aplica a cualquier acción de tutela contra providencias judiciales.
Se requiere que la providencia judicial sea definitivamente incompatible con
el alcance y límite de los derechos fundamentales que han sido
desarrollados por la Corte o que ella genere una anomalía de tal entidad que
haga necesaria o imperiosa la intervención del juez constitucional.
De manera que, en aquellos casos en los que se pretenda el amparo constitucional
por la presunta vulneración de derechos emanada de una providencia proferida por
una alta corte, al demandante le asiste la obligación de argumentar rigurosamente la
demanda de modo que se pueda establecer el flagrante desconocimiento del alcance
de un derecho ius fundamental definido por la Corte Constitucional.
Es preciso advertir que la mera enunciación de las providencias que el demandante
considera precedente jurisprudencial no basta para determinar que exista un
desconocimiento del mismo; se requiere, como se ha indicado, que se señalen los
motivos por los cuales las providencias que se pretenden aplicar como precedente
deban ser consideradas como tal en el caso concreto, la regla o subregla
jurisprudencial presuntamente desconocida y, por último, tratándose de providencias
12
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03329-00
Demandante: Wilson Alfonso Andrade
Demandado: Consejo de Estado, Sección Quinta, y otro
Sentencia de tutela de primera instancia
proferidas por una alta corte, la indicación de la inobservancia del contenido y alcance
de un derecho fundamental definido por la Corte.
Evidenciada la carencia de tales requisitos en el cargo que nos ocupa, se concluye
que el mismo, como se anticipó, carece de carga argumentativa.
En conclusión, la Sala encuentra que la tutela no cumple el requisito de relevancia
constitucional, razón por la cual se declarará improcedente.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. Declarar improcedente el amparo solicitado por Wilson Alfonso Andrade,
de conformidad con lo razonado en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito
y eficaz.
TERCERO. Si no se impugna, por Secretaría General, envíese el expediente de tutela
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Esta providencia fue discutida en Sala de la fecha del encabezado y firmada
electrónicamente mediante el aplicativo SAMAI. La autenticidad e integridad de su
contenido pueden ser validadas escaneando el código QR que aparece a la
derecha o dirigiéndose el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
13
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.