Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 20001-23-33-000-2023-00175-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 20001-23-33-000-2023-00175-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 20001-23-33-000-2023-00175-01
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
2 de noviembre de 2023
Demandante: Asociación Sindical de Penitenciarios y Carcelario - ASPEC
Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC
Rad: 20001-23-33-000-2023-00175-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá, D.C., dos (2) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 20001-23-33-000-2023-00175-01
Demandante: ASOCIACIÓN SINDICAL DE PENITENCIARIOS Y
CARCELARIO - ASPEC
Demandado: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
• INPEC
Temas: Confirma decisión que niega pretensiones de la demanda.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Decide la Sala la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia
del 19 de septiembre de 2023, mediante la cual el Tribunal Administrativo de
Cesar, negó las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La solicitud
En ejercicio de la acción desarrollada por la Ley 393 de 1997, la Asociación
Sindical de penitenciarios y Carcelario (ASPEC)1 presentó demanda contra el
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) en la cual formularon las
siguientes pretensiones:
…2. Solicitamos muy respetuosamente, se ordene y garantice el cumplimiento del artículo
1º de la Constitución Política en tanto se ordene el cumplimiento efectivo de los artículos
33, 36 Numeral E y artículo 39 del Decreto 1042 de 1978.
3. Solicitamos muy respetuosamente, se declare la renuencia en el cumplimiento del
Decreto 1042 de 1978 al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC en cabeza del
señor Teniente Coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas Director General del Instituto
1 La parte actora allegó certificación del 4 de abril de 2023 de la Coordinación del Grupo Interno
de Trabajo Archivo Sindical del Ministerio de Trabajo, en la que se demuestra que la Asociación
Sindical de Penitenciarios y Carcelarios (ASPEC) aparece inscrita y vigente y que forman parte
de ella los señores Jorge Andrés Arias Camacho como Presidente, Víctor Camilo Ceballos
Meneses como Secretario, Carlos Norberto Roya Sierra, como Fiscal y Luis Carlos Loaiza
Núñez como Tesorero. La Asociación Sindical cuenta con registro ante el Ministerio de Trabajo
de la Dirección Territorial del Cesar.
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Demandante: Asociación Sindical de Penitenciarios y Carcelario - ASPEC
Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC
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Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC y a la Subdirectora de Talento Humano doctora
Luz Myriam Tierradentro Cachaya.
4. Solicitamos muy respetuosamente, una vez se declare renuente al Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario INPEC, se ordene garantizar el cumplimiento de los artículos 33,
36 Numeral E y artículo 39 del Decreto 1042 de 1978 y como consecuencia de esto se
genere acto administrativo estableciendo unos descansos a los funcionarios del Cuerpo de
Custodia y Vigilancia que laboran en las compañías de seguridad Antonio Nariño y apoyo
administrativo Francisco José de Caldas2.
2. Hechos
En resumen, el fundamento fáctico de la demanda es el siguiente:
La parte actora precisó que con el Decreto Reglamentario 400 del 13 de abril
de 20213, se reguló la jornada laboral mediante el sistema de turnos aplicable a
los empleados públicos que presten sus servicios en las entidades y organismos
del sector central y descentralizado de la Rama Ejecutiva del orden nacional y
territorial, exceptuando a las entidades o servidores que cuenten con norma
especial en la regulación de la jornada por el sistema de turnos.
Sostuvo que mediante Resolución 005018 del 15 de julio de 2021, el INPEC
estableció la jornada laboral por el sistema de turnos de trabajo para los
servidores del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria
Nacional, sin que se contemplara el descanso que debe tener un trabajador.
Afirmó que los trabajadores penitenciarios al no contar con un descanso laboral,
están expuestos a riesgos a los que no deberían someterse.
Señaló que después de analizar las condiciones en que laboran, radicó el 15 de
junio de 2023 ante el INPEC solicitud en la que pidió el cumplimiento del
«artículo 33, numeral E, artículo 36 y artículo 39 del Decreto 1042 de 1978»,
para que:
(i) Se conceda la compensación en descanso a los funcionarios del Cuerpo de
Custodia y Vigilancia que laboran en las compañías de seguridad Antonio Nariño
y apoyo administrativo Francisco José de Caldas por el tiempo laborado fuera de
la jornada ordinaria y reconocer en tiempo compensado un día hábil por cada 8
horas de trabajo extra.
(ii) Se conceda un día de descanso compensado a los funcionarios del Cuerpo de
Custodia y Vigilancia que laboren el día domingo o festivo sin perjuicio de la
remuneración ordinaria a que tenga derecho.
(iii) Fundamentar la necesidad del servicio e indicar a los funcionarios la actividad
específica que van a realizar en el tiempo suplementario toda vez que la
Resolución 005018 del 15 de junio de 2021 del INPEC, no mencionó a los
2 Se transcribe tal cual, incluso con posibles errores.
3 «Por el cual se adicionan unos artículos al Capítulo 3 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del
Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, en lo relacionado
con la jornada laboral mediante el sistema de turnos»
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funcionarios del Cuerpo de Custodia y Vigilancia que laboran en las compañías
de seguridad Antonio Nariño y apoyo administrativo Francisco José de Caldas,
quienes en la actualidad trabajan entre 50 y 60 horas semanales.
3. Trámite de la solicitud en primera instancia4
Mediante providencia del 25 de agosto de 2023, el Tribunal Administrativo del
Cesar, admitió la demanda de la Asociación Sindical de Penitenciarios y
Carcelario (ASPEC) y ordenó notificar al Director General del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario (INPEC), al Ministerio Público y a la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado.
5. Contestación de la demanda
El jefe de la Oficina Asesora Jurídica del INPEC, se opuso a las pretensiones
de la demanda y solicitó que se declarara la improcedencia de la acción, toda
vez que «no ha incumplido ninguna norma con fuerza de ley para que prospera
las pretensiones de la Asociación Sindical Penitenciarios y Carcelario ASPEC,
y como quiera que cuenta con otros medios judiciales para acceder a lo
pretendido»5.
Precisó que este mecanismo de control tiene como vocación el cumplimiento de
una ley o un acto administrativo, más no la declaración de derechos y mucho
menos la modificación de leyes.
Afirmó que el INPEC no ha incurrido en incumplimiento de tipo legal ni
constitucional, en razón a que el Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria
y Carcelaria Nacional, presta un servicio público esencial a cargo del Estado
enmarcado «dentro de lo que denominamos “Seguridad Nacional” y entre sus
cualidades tiene que este servicio es permanente 24 horas al día los siete días
de la semana, los 365 días al año; de una forma ininterrumpida, el trabajo es
desarrollado por personas y para personas».
Resaltó que el Decreto 407 de 19946, prevé que las personas que prestan sus
servicios en el INPEC, son empleados públicos con régimen especial7; además,
estableció que el Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria
Nacional cumple un servicio público esencial a cargo del Estado, con el fin de
mantener y garantizar el orden, la seguridad, la disciplina y vigilancia de los
internos, la protección de sus derechos fundamentales y otras garantías
4 Por auto del 28 de junio de 2023, el Juzgado Segundo Administrativo Oral de Valledupar,
admitió la demanda promovida por la Asociación Sindical Penitenciarios y Carcelario y ordenó
la notificación del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC); y en proveído del 14 de
agosto de 2023 el Juzgado Segundo Administrativo de Valledupar, dejó sin efectos el auto del
28 de julio de 2023 que admitió la demanda y las demás actuaciones surtidas, declaró la falta
de competencia para conocer del asunto, y dispuso la remisión del expediente al Tribunal
Administrativo del Cesar.
5 Se transcribe tal cual, incluso con posibles errores.
6 «Por el cual se establece el Régimen de Personal del Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario»
7 Artículo 8 del Decreto 407 de 1994
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Demandante: Asociación Sindical de Penitenciarios y Carcelario - ASPEC
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consagradas en la Constitución Política, en pactos, tratados y convenios
internacionales de Derechos Humanos8; y lo definió9 como «un organismo que
cumple un servicio esencial del Estado, armado, de carácter civil y permanente,
al servicio del [...] INPEC, e integrado por personal uniformado, jerarquizado,
con régimen y disciplina especiales [...]».
Sostuvo que la entidad expidió la Resolución 005018 del 15 de julio de 202110,
en la que se determinó reducir el tiempo de turno y ampliar las jornadas de
descanso bajo la observancia de los principios de la Organización Internacional
del Trabajo OIT.
Destacó que teniendo en cuenta las normas enunciadas, la entidad tiene un
régimen especial, razón por la que no le aplican los artículos 33, 36 literal E y
39 del Decreto 1042 de 1978.
Mencionó que mediante Oficio 8100-DINPE-8210-DICUV-SUCUC–
2023EE0141510 del 1.º de agosto de 2023, se le dio respuesta a la solicitud de
la parte actora del 15 de junio de 2023.
Aseguró que en este caso la asociación demandante formuló en forma
inapropiada este medio de control, por cuanto se presentan diferencias jurídicas
que solo corresponde atender al juez natural, bajo el trámite que el
ordenamiento jurídico haya establecido para ello y con ello evitar la alteración
de las competencias que han sido radicadas en las diferentes jurisdicciones.
6. Sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo del Cesar, en sentencia del 19 de septiembre de
2023, negó las pretensiones de la demanda al advertir que no existe una
obligación clara, expresa y exigible que este siendo desconocida por la entidad
accionada.
Precisó el Tribunal que no encontró que la entidad demandada esté
incumpliendo las normas jurídicas a las que se alude. Al respecto indicó:
[P]ues, existiendo un acto administrativo que reglamenta la jornada especial de trabajo de
sus funcionarios, no es dable acudir en lo concerniente a la jornada laboral y por expresa
disposición del artículo 8 del Decreto 1302 de 1978 y 104 del Decreto 1042 de 1978, a las
normas que establecen el régimen prestacional general aplicable a los servidores públicos
de la rama ejecutiva del orden nacional.
Sumado a lo anterior y en el plano de los hechos probados, las pruebas recaudadas en el
curso del proceso dejan entrever que dichos funcionarios se les está respetando el derecho
al descanso necesario y a recibir la remuneración de ese trabajo habitual y permanente de
acuerdo con la programación mensual, con el sobresueldo que se les reconoce por la
permanente disponibilidad a que están sometidos los integrantes del Cuerpo de Custodia
y Vigilancia de la entidad accionada, más aún cuando dicho acto administrativo por cada
turno de 12 laboradas gozara de un descanso de 24 horas lo cual equivale a un día de
8 Artículo 113 del Decreto 407 de 1994
9 Artículo 117 del Decreto 407 de 1994
10 «Por la cual se establece la jornada laboral por el sistema de turnos de trabajo para los
servidores del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional del INPEC»
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Demandante: Asociación Sindical de Penitenciarios y Carcelario - ASPEC
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descanso compensatorio con lo cual se satisface el contenido del artículo 39, del Decreto
1042 de 1978, que consagra el derecho a disfrutar, un día de descanso compensatorio
(cuya duración mínima debe ser de 24 horas) por trabajo habitual en domingos y festivos,
es decir, en cuanto al descanso compensatorio, éste si fue consagrado en el sistema de
turnos.
7. La impugnación11
La parte actora impugnó la decisión de primera instancia, y solicitó que se
revocara, para que, en su lugar, se accediera a las pretensiones de la demanda.
Señaló que el Decreto 1042 de 1978 no contempla dentro de las excepciones a
los funcionarios del cuerpo de custodia y vigilancia, pues se trata de «un decreto
ordinario». Agregó que el Gobierno nacional no ha expedido una norma que
regule la jornada máxima legal de estos funcionarios, lo que conlleva que
realicen jornadas de trabajo excesivas bajo el presupuesto de que reciben como
compensación el pago del emolumento denominado sobresueldo, previsto en el
Decreto 1302 de 1978.
Adujo que han transcurrido 43 años sin que haya regulación al respecto, razón
por la que «[c]uando una situación no está reglamentada o existe un vacío legal
reglamentario se debe dar aplicabilidad al principio de favorabilidad laboral, así
lo estableció la Corte Constitucional cuando estudio una tutela del régimen
pensional de un funcionario del Cuerpo de Custodia y Vigilancia».
Indicó que el INPEC no sustenta cuál es la necesidad del servicio en la
Resolución 005018 del 15 de julio de 2021, para que sus funcionarios laboren
más de cuarenta y cuatro horas semanales.
Manifestó que el fallador de primera instancia «confunde a estas dos compañías
Antonio Nariño y Francisco José de Caldas con las compañías de vigilancia que
son otras y las cuales tienen una jornada laboral diferente la cual consiste en
laborar 12 horas y les conceden 24 horas de descanso las compañías de
vigilancia son las siguientes de acuerdo al Artículos 1º de la Resolución No.
005018 del 15 de julio de 2021», para lo cual indicó que son:
Destacó que el acto administrativo mencionado, establece dos jornadas
laborales diferentes para los funcionarios del cuerpo de custodia y vigilancia,
unos laboran 12 horas continuas y les conceden 24 horas de descanso y otros
10 horas ininterrumpidas sin que se les otorguen las 24 horas de descanso;
11 La sentencia del 19 de septiembre de 2023, fue notificada electrónicamente el mismo 19 de
septiembre de 2023, y el escrito de impugnación se radicó el 22 de septiembre de la misma
anualidad, es decir, dentro del término oportuno, máxime si se tiene en cuenta que los términos
fueron suspendidos desde el 13 al 20 de septiembre de 2023, inclusive.
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reprochó que, para resolver este medio de control, no se discriminó las jornadas
laborales entre las compañías que prestan apoyo administrativo de las que
prestan seguridad.
Explicó que se ha buscado que la Resolución 005018 del 15 de julio de 2021,
esté en consonancia con las normas que regulan la jornada máxima legal y se
alinee de tal forma que permita a los funcionarios del cuerpo de custodia y
vigilancia que laboran en las compañías de seguridad Antonio Nariño y apoyo
administrativo Francisco José de Caldas disfrutar de un descanso.
Indicó que su reclamo como sindicato es velar por la protección de los derechos
de los trabajadores, para que estos tengan un descanso, por tanto, «el
emolumento salarial denominado a través del Decreto 1302 de 1978 como
sobresueldo no puede ser el pretexto para tener a unos trabajadores laborando
por encima de las 44 horas semanales sin brindarles un descanso».
Manifestó que el Tribunal no respetó la jerarquía de las normas, al sostener que
no es aplicable el Decreto Ley 1042 de 1978, porque existe la Resolución
005018 del 15 de julio de 2021, en ese orden puso el acto administrativo por
encima del decreto con fuerza de ley «limitando el estudio de la acción de
cumplimiento que trata sobre el cumplimiento de normas laborales y se debía
dar aplicabilidad al Principio de Favorabilidad Laboral y Principio de la Primacía
de la Realidad sobre las Formalidad» y desconoció que los funcionarios del
cuerpo de custodia y vigilancia que laboran en las compañías de seguridad
Antonio Nariño y apoyo administrativo Francisco José de Caldas, «NO
LABORAN POR EL SISTEMA DE TURNOS y su jornada laboral es diaria sin
descanso».
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sección Quinta es competente para decidir la impugnación contra la
sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del Cesar, según lo dispuesto
en los artículos 150 y 152 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA) y en el artículo trece del Acuerdo 080 de
2019 expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado12.
2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala resolver si confirma, revoca o modifica la decisión
adoptada por la citada corporación judicial en la sentencia del 19 de septiembre
de 2023, que negó las pretensiones del medio de control de cumplimiento.
12 Dicho acuerdo estableció la competencia de la Sección Quinta para el conocimiento de las
apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que sean dictadas por los
tribunales administrativos, en primera instancia, en las acciones de cumplimiento.
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3. Generalidades de la acción de cumplimiento
La acción de cumplimiento busca la materialización de aquellos mandatos
contenidos en las normas de rango legal y en los actos administrativos.
Con base en la regulación establecida en el artículo 87 de la Constitución y el
desarrollo previsto en la Ley 393 de 1997, dicha posibilidad opera a partir de la
orden que imparte el juez de lo contencioso administrativo a la autoridad
renuente.
Este mecanismo procesal tiene carácter subsidiario, puesto que no procede
cuando el demandante tenga a su alcance otro instrumento judicial para lograr
la efectividad de la norma legal o del acto que estima incumplidos.
Tampoco procede cuando el ejercicio del medio de control pretenda el
cumplimiento de normas legales y de actos administrativos que establezcan
gastos.
De acuerdo con la reiterada jurisprudencia de esta corporación, la prosperidad
de esta acción está sujeta a la observancia de los siguientes presupuestos: (i)
que el deber jurídico cuya observancia se exige esté consignado en normas con
fuerza de ley o en actos administrativos; (ii) que el mandato, la orden, el deber,
la obligatoriedad o la imposición esté contemplada en forma precisa, clara y
actual; (iii) que la norma esté vigente; (iv) que el deber jurídico esté en cabeza
del accionado; (v) que se acredite que la autoridad o el particular en ejercicio de
funciones públicas fue constituido en renuencia frente al cumplimiento de la
norma o acto administrativo cuyo acatamiento pretende la demanda y (vi) que
tratándose de actos administrativos no haya otro instrumento judicial para lograr
su efectivo cumplimiento, ni persiga el cumplimiento de normas que establezcan
gastos.
4. La constitución de la renuencia
En el artículo 8.º, la Ley 393 de 1997 señaló que “[c]on el propósito de constituir
la renuencia, la procedencia de la acción requerirá que el accionante
previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o administrativo y
la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no contestado dentro de
los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud […]”.
Frente a los alcances de esta norma, la Sala mantiene un criterio reiterado
según el cual “[…] el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición
sino una solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito
de la renuencia para los fines de la acción de cumplimiento”13.
Esta corporación también ha considerado que no puede tenerse por
demostrado el requisito de procedibilidad de la acción en aquellos casos en que
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia de
octubre 20 de 2011, expediente No. 2011-01063, M.P. Mauricio Torres Cuervo.
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la solicitud hecha por el interesado “[…] tiene una finalidad distinta a la de
constitución en renuencia”14.
Según el criterio reiterado de la Sala, la renuencia debe entenderse como la
negativa del accionado frente al requerimiento bien porque no brinde respuesta
oportuna o porque, a pesar de ser proferida en tiempo, sea contraria al querer
del ciudadano15.
Es necesario que la solicitud permita determinar claramente que lo pretendido
por el interesado es el efectivo cumplimiento de un deber legal o administrativo,
cuyo objetivo es precisamente la constitución en renuencia de la parte
demandada.
Como fue establecido en el numeral 5.º del artículo 10.º de la Ley 393 de 1997,
el agotamiento del requisito de procedibilidad de la acción respecto de la parte
accionada deberá acreditarse con la demanda, so pena de ser rechazada de
plano.
La parte accionante allegó copia del escrito del 15 de junio de 2023, mediante
el cual le solicitó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario el cumplimiento
del «artículo 33, numeral E, artículo 36 y artículo 39 del Decreto 1042 de 1978»,
para que (i) conceda compensación en descanso a los funcionarios del cuerpo
de custodia y vigilancia que laboran en las compañías de seguridad Antonio
Nariño y apoyo administrativo Francisco José de Caldas por el tiempo laborado
fuera de la jornada ordinaria y reconocer en tiempo compensado un día hábil
por cada 8 horas de trabajo extra; (ii) un día de descanso compensado a los
funcionarios que laboren el domingo o festivo sin perjuicio de la remuneración
ordinaria a que tenga derecho.
El INPEC a través de Oficio del 1.º de agosto de 2023, le manifestó a la parte
actora que con la Resolución 005018 del 15 de julio de 2021, se estableció la
jornada laboral por el sistema de turnos de trabajo para los servidores del
cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria y carcelaria del INPEC, en la que
se determinó reducir el tiempo de turno y ampliar las jornadas de descanso, bajo
la observancia de los principios de la Organización Internacional del Trabajo
OIT.
En consecuencia, se encuentra acreditado que la parte accionante constituyó
en renuencia al INPEC respecto de los artículos 33, 36 literal e) y 39 del Decreto
1042 de 1978.
14 Sobre el particular pueden verse las providencias de noviembre 21 de 2002 dentro del
expediente ACU-1614 y de marzo 17 de 2011, expediente 2011-00019.
15 Sobre el particular pueden consultarse, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de 2015, radicación
25000-23-41-000-2016-02003-01 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, sentencia del 17 de
noviembre de 2016, radicación 15001-33-33-000-2016-00690-01 M.P. Lucy Jeannette
Bermúdez y sentencia del 15 de septiembre de 2016, radicación 15001-23-33-000-2016-00249-
01 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez.
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5. De la procedencia de la acción de cumplimiento
La parte actora, con el ejercicio de este medio de control, persigue que se le
ordene a la entidad demandada que genere un acto administrativo en el que se
establezcan descansos a los funcionarios del Cuerpo de Custodia y Vigilancia
que laboran en las compañías de seguridad Antonio Nariño y apoyo
administrativo Francisco José de Caldas de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 33, 36 literal e) y 39 del Decreto 1042 de 1978, lo que torna en principio
procedente este medio de control, en la medida que para esa obligación de
hacer el actor no cuenta con otros mecanismos de defensa judicial para lograr
dicho fin.
Asimismo, los preceptos demandados son actualmente exigibles, en cuanto no
están derogados o suspendidos y su eventual cumplimiento no implica el
establecimiento de gastos.
Por último, se observa que la pretensión de la asociación demandante no
involucra la protección de derechos fundamentales.
6. El caso concreto
Como quedó expuesto, la parte accionante pretende el cumplimiento de los
artículos 33, 36 literal d) y 39 del Decreto 1042 de 1978, para que el INPEC
expida un acto administrativo en el que se establezcan unos descansos a los
funcionarios del Cuerpo de Custodia y Vigilancia que laboran en las compañías
de seguridad Antonio Nariño y apoyo administrativo Francisco José de Caldas.
Al impugnar la decisión de primera instancia, la asociación accionante insistió
en que el Gobierno nacional no ha expedido una norma que regule la jornada
máxima legal de los funcionarios del Cuerpo de Custodia y Vigilancia lo que
conlleva que realicen jornadas de trabajo excesivas bajo el presupuesto de que
reciben como compensación el pago del emolumento denominado sobresueldo,
previsto en el Decreto 1302 de 1978.
Agregó que el INPEC no sustentó en la Resolución 005018 de 2021, la
necesidad del servicio, para que sus funcionarios laboren más de cuarenta y
cuatro horas semanales; además establece dos jornadas laborales diferentes,
unos laboran 12 horas continuas y les conceden 24 horas de descanso, y otros
10 horas ininterrumpidas sin que se les otorguen las 24 horas de descanso.
La parte accionante invocó como incumplidos los artículos 33, 36 literal e) y 39
del Decreto 1042 de 1978, que disponen:
DECRETO 1042 DE 1978
Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos
de los Ministerios, departamentos administrativos, superintendencias,
establecimientos públicos y unidades administrativas especiales del orden
nacional, se fijan las escalas de remuneración correspondientes a dichos empleos
y se dictan otras disposiciones
[…]
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ARTICULO 33. DE LA JORNADA DE TRABAJO. <Modificado en lo pertinente por los
Artículos 1o. a 3o. del Decreto 85 de 1986; ver Nota de Vigencia. El texto original del
artículo es el siguiente:> La asignación mensual fijada en las escalas de remuneración a
que se refiere el presente Decreto, corresponde a jornadas de cuarenta y cuatro horas
semanales. A los empleos cuyas funciones implican el desarrollo de actividades
discontinuas, intermitentes o de simple vigilancia podrá señalárseles una jornada de trabajo
de doce horas diarias, sin que en la semana excedan un límite de 66 horas
Dentro del límite máximo fijado en este artículo, el jefe del respectivo organismo podrá
establecer el horario de trabajo y compensar la jornada del sábado con tiempo diario
adicional de labor, sin que en ningún caso dicho tiempo compensatorio constituya trabajo
suplementario o de horas extras.
El trabajo realizado en día sábado no da derecho a remuneración adicional, salvo cuando
exceda la jornada máxima semanal. En este caso se aplicará lo dispuesto para las horas
extras.
[…]
ARTICULO 36. DE LAS HORAS EXTRAS DIURNAS. <Artículo modificado por los
Decretos anuales salariales> Cuando por razones especiales del servicio fuere necesario
realizar trabajos en horas distintas de la jornada ordinaria de labor, el jefe del respectivo
organismo o las personas en quienes éste hubiere delegado tal atribución, autorizarán
descanso compensatorio o pago de horas extras.
El pago de horas extras o el reconocimiento del descanso compensatorio se sujetarán a
los siguientes requisitos:
[…]
e) Si el tiempo laborado fuera de la jornada ordinaria superare dicha cantidad, el excedente
se reconocerá en tiempo compensatorio, a razón de un día hábil por cada ocho horas extras
de trabajo.
[…]
ARTICULO 39. DEL TRABAJO ORDINARIO EN DÍAS DOMINICALES Y FESTIVOS. Sin
perjuicio de lo que dispongan normas especiales respecto de quienes presten servicio por
el sistema de turnos, los empleados públicos que en razón de la naturaleza de su trabajo
deban laborar habitual y permanentemente los días dominicales o festivos, tendrán
derecho a una remuneración equivalente al doble del valor de un día de trabajo por cada
dominical o festivo laborado, más el disfrute de un día de descanso compensatorio, sin
perjuicio de la remuneración ordinaria a que tenga derecho el funcionario por haber
laborado el mes completo.
La contraprestación por el día de descanso compensatorio se entiende involucrada en la
asignación mensual.
Los incrementos de salario a que se refieren los artículos 49 y 97 del presente Decreto se
tendrán en cuenta para liquidar el trabajo ordinario en días dominicales y festivos.
Advierte la Sala que las citadas disposiciones establecen que (i) la jornada de
trabajo de cuarenta y cuatro horas semanales corresponde a aquellos cargos
con la asignación mensual fijada en las escalas de remuneración indicadas en
esa normativa, dentro de los que están los ministerios, departamentos
administrativos, superintendencias, establecimientos públicos, y otros,
conforme con el artículo 1.º que dispone el campo de aplicación; (ii) se autoriza
el descanso o el pago de horas extras y el procedimiento para el reconocimiento
en tiempo compensatorio; y (iii) se determina la forma como se compensarán
los dominicales o festivos.
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Demandante: Asociación Sindical de Penitenciarios y Carcelario - ASPEC
Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC
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De acuerdo con lo anterior, no se evidencia que las normas invocadas sean
aplicables a los servidores del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, toda
vez que el Decreto 1042 de 1978 no incluye en su campo de aplicación al
INPEC, máxime que en el artículo 104, dispuso que estarían exceptuados «los
empleados de las entidades que tienen sistemas especiales de remuneración
legalmente aprobados, salvo lo previsto en el artículo 72».
Por otra parte, el Decreto 1302 de 197816, indicó en el artículo 8.º que al
personal penitenciario y carcelario «no le son aplicables las reglas que sobre
jornada de trabajo establecen los artículos 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 40 del
Decreto-Ley 1042 de 1978».
Adicionalmente en la contestación de la demanda se precisó que conforme con
el artículo 8.º del Decreto 407 de 1994, quienes prestan servicios en el INPEC,
son empleados púbicos con régimen especial17.
Con fundamento en lo anterior, las normas invocadas por la parte actora están
dirigidas a la rama ejecutiva tanto para su nivel nacional y territorial y del
contenido de los artículos 33, 36 literal e) y 39 del Decreto 1042 de 1978 no se
vislumbra que dentro de sus destinatarios este el INPEC.
Así las cosas, no se advierte el incumplimiento alegado, pues las normas
invocadas no imponen un deber u obligación a cargo de la entidad accionada,
por lo que no es viable acceder a lo pretendido por la parte accionante, en
consecuencia, se confirmará la decisión del Tribunal Administrativo del Cesar,
por las razones indicadas en esta providencia.
Al margen de lo anterior, se observa que la entidad demandada es el Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, no obstante se denominó como
«Centro Penitenciario y Carcelario – INPEC», por lo que resulta necesario
corregir en SAMAI el nombre de la entidad demandada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley
FALLA
PRIMERO: Confirmar la sentencia del 19 de septiembre de 2023 proferida por
el Tribunal Administrativo del Cesar que negó las pretensiones de la demanda,
según lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
16 «Por el cual se expiden normas sobre la clasificación y remuneración de empleos del personal
carcelario y penitenciario»
17 Sobre el particular pueden consultarse, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 16 de marzo de 2023, radicación
76001-23-33-000-2022-01038-01 M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, y sentencia del 26 de
octubre de 2023, radicación 25000-23-41-000-2023-00701-01 M.P. Rocío Araújo Oñate.
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Demandante: Asociación Sindical de Penitenciarios y Carcelario - ASPEC
Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC
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SEGUNDO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la
Ley 393 de 1997.
TERCERO: Ordenar a la Secretaría General corregir en SAMAI la
denominación de la parte demandada, esto es Instituto Nacional Penitenciario
y Carcelario - INPEC.
CUARTO: En firme esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial
con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx ”
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