Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 63001-23-33-000-2018-00206-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 63001-23-33-000-2018-00206-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 63001-23-33-000-2018-00206-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 63001-23-33-000-2018-00206-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
6 de junio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA- SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá D.C., seis (6) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Radicado : 63-001-2333-000-2018-00206-01 (3452-2023)
Demandante : Víctor Hugo Gómez Franco y otros
Demandada : Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -
INPEC
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema : Adecuación de lo pagado por sobresueldo
Decreto 1302 de 1978 a la jornada laboral
ordinaria del decreto – Ley 1042 de 1978
Decisión : Sentencia de segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 3 de noviembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del
Quindío1, que negó las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda2.
1.1. Pretensiones.
El señor Diego Fernando Alayon Gómez, Richard Alvear Castro, José Giovanni
Angulo Ramos, Andrés Eduardo Arenas Oviedo, Jhon Jairo Barrero Ordoñez,
Jonathan Jamer Bernal Giraldo, Hoover Alonso Buitrago Ruiz, Jhon Jairo Carrillo
Ampudia, Andrés Eduardo Carvajal Pérez, Jhon Mario Castaño Buitrago, Jhon Darío
Castro Poloche, Diana Lorena Escobar Ceballos, Eder Alfonso García Caballero,
Luís Fabio García Quiceno, Julio Cesar Giraldo Bañol, Pablo Cesar Gómez Botero,
Rosario Angélica Gómez Dorado, Víctor Hugo Gómez Franco, Luís Fernando
Hernández Díaz, Dilver Leandro Jaramillo Murcia, Diego Fernando Laverde Bernal,
José Fernando Leal Ospina, Juan Pablo Librado López, Carlos Andrés Londoño
Espitia, Oscar Leonardo Londoño Méndez, Robinson López Guerrero, Jairo Yobani
López Ortegón, Diego Andrés Lozano Calvo, Víctor Hugo Marín Franco, Alexander
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Magistrados que conforman la Sala Alejandro Londoño Jaramillo, Luis Javier Rosero Villota y Luis Carlos Marín Pulgarín
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Expediente digital – archivo 004
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Numero interno: 3452-2023
Demandante: Víctor Hugo Marín Franco y Otros
Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC
Marín Idarraga, José Normando Marín Restrepo, Luís Fernando Mendoza Orozco,
Alexander Montealegre Ramírez, Carlos Horacio Neiva Monroy, Alexander Nieto
Holguín, Ana Milena Orejarena Martínez, Jhon Fredy Orozco Cardona, Hernando
Orozco Flórez, Jhon Alexander Osorno Gómez, Rodolfo Pabón Calderón, Frankli
Yecith Pachón Fuentes, Yeimy Osmara Parra Urrego, Rubén Darío Posada
Jaramillo, Néstor William Quintero Salcedo, Zulay Cleotilde Ramírez Palencia, John
Fabio Restrepo Chavarría, Edison Antonio Rincón Pedraza, Jhon Alexander Riveros
Molano, Donairo Javier Romero Martínez, Jhon Faber Sabogal Lozano, William
Fernando Salinas Baquero, Oscar Mauricio Serna Guzmán, Nini Johana Silva
Beltrán, Leonardo Fabio Suárez Sánchez, Pablo Humberto Tobón Vallejo, Carlos
Mario Torres Jiménez, Jorge Weimar Torres Rodríguez, Julián Andrés Ulloa
Saavedra, Oscar Iván Uribe Hincapié, Derly Costanza Valderrama Cortés, José Jair
Vallejo Marín, Wilber Vargas Atehortua, Pablo Darío Vela Girón y Jorge Libio
Zuluaga Giraldo, por intermedio de apoderado judicial, acudieron a la jurisdicción en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en
el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), para solicitar la nulidad del Oficio 8100-DINPE-SUTAH-
001094 de 29 de mayo de 2018, por medio del cual, se negó el reconocimiento y
pago del reajuste del sobresueldo, de manera proporcional a la jornada laboral de
cada uno de los demandantes, teniendo en cuenta lo establecido en los artículos 33
a 39 del Decreto Ley 1042 de 1978.
A título de restablecimiento del derecho, pidió que se: (i) ordene a la entidad
demandada adecuar la jornada laboral de los demandantes de manera que sea
proporcional al sobresueldo que se les paga mensualmente; ii) condene a la parte
demandada a reconocer, liquidar y pagar a cada uno de los demandantes, en forma
retroactiva, a partir de 26 de abril de 2015 y hasta la fecha de cumplimiento de la
sentencia, la diferencia entre lo pagado a título de sobresueldo y lo que realmente
debieron recibir en proporción a la cantidad de trabajo realizado, conforme a lo
establecido en los artículos 33 a 39 del Decreto Ley 1042 de 1978; iii) condene a la
parte demandada a que el mayor valor que se reconoce por concepto de
sobresueldo sea tenido en cuenta como factor salarial para reliquidar todas las
prestaciones sociales de los demandantes y se realicen los aportes al sistema de
seguridad social en pensiones; iv) condene a la parte demandada a que los valores
reconocidos sean ajustados conforme al índice de precios al consumidor según lo
dispuesto en el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011; v) condene a la parte
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Numero interno: 3452-2023
Demandante: Víctor Hugo Marín Franco y Otros
Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC
demandada al pago de intereses de mora de conformidad a lo establecido en el
artículo 195 de la Ley 1437 de 2011 y condena en costas a la parte demandada.
Los hechos en que se fundan las pretensiones son los siguientes:
Los demandantes fueron nombrados y posesionados como empleados públicos
adscritos al INPEC, en el cargo de dragoneante, el cual desempeñan actualmente
en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Armenia.
El INPEC de manera unilateral estableció que los miembros del cuerpo de custodia
y vigilancia adscritos a esa entidad, tendrían la siguiente jornada laboral: i) de lunes
a sábado: en turnos de 24 horas diarias de servicio continuo por 24 horas de
descanso, desarrolladas desde las 7:00 horas a las 7:00 horas del día siguiente; ii)
domingo y festivos: en turnos de 24 horas diarias de servicio continuo, desarrolladas
desde las 7:00 horas del día domingo o festivo o las 7:00 horas del día siguiente.
Como contraprestación a los servicios prestados por los demandantes dentro del
sistema de turnos de 24 horas de servicio por 24 horas de descanso señalado por
el INPEC, además de la asignación básica, reciben una suma mensual fija
denominada sobresueldo, conforme a lo establecido en los artículos 1 ,2 y 3 del
Decreto 1302 de 1978.
Mediante escrito presentado ante el INPEC el día 26 de abril de 2018, los
demandantes solicitaron se adecuara la jornada laboral de tal forma que la misma
sea proporcional al sobresueldo que mensualmente se les reconoce y, de igual
forma, solicitaron que se les pagara la diferencia monetaria entre lo pagado a título
de sobresueldo y lo que debiesen recibir por los diferentes conceptos referidos en
los artículos 33 a 39 del Decreto ley 1042 de 1978.
A través del Oficio 8100-DINPE-SUTAH-001094 de 29 de mayo de 2018, el INPEC
negó lo solicitado por los demandantes
1.2. Normas violadas y concepto de violación.
Artículos 4, 13, 25 y 53 de la Constitución Política de Colombia; Decreto-Ley 1042
de 1978; Decreto 1302 de 1978; Decreto 446 de 1994; Ley 909 de 2004. Principios
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Demandante: Víctor Hugo Marín Franco y Otros
Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC
de favorabilidad, condición más beneficiosa, proporcionalidad del salario, primacía
de la realidad sobre las formalidades.
Indicó que, el acto administrativo demandado adolece de falta de motivación, ya que
se limita a afirmar que el cuerpo de custodia y vigilancia del INPEC constituye un
servicio público esencial, permanente e ininterrumpido, lo cual somete a sus
miembros a un régimen especial. Sin embargo, aduce, no se evidencia una razón
suficiente para negar los derechos reclamados por los demandantes. Además, la
entidad, al establecer el sobresueldo y la jornada laboral en turnos de 24 horas de
servicio por 24 de descanso, no realizó un estudio técnico que permitiera determinar
si el quantum del sobresueldo era proporcional a la carga laboral, actuando de
manera discrecional.
2. Contestación de la demanda
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC se opone a todas y cada
una de las pretensiones de la parte demandante, por cuanto el acto administrativo
demandado se ajusta a la Ley y no incurre en ninguna de las causales de nulidad
de falta de motivación o falsa motivación, en razón que es un acto administrativo
que fue suscrito por las directivas del INPEC, motivado en las normas que regulan
el tema, y conforme al régimen especial que les aplica.
Manifiesta que lo que pretenden es revivir los términos de prescripción y caducidad
de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, de un decreto Ley 1302 de
1978, que regula el sobresueldo para el personal y funcionarios del cuerpo y
custodia que integran el INPEC.
Propuso como excepciones: i) la inexistencia de una norma legal: fundamentada
en que la remuneración percibida por los demandantes a título de sobresueldo,
cubre los servicios que hayan de prestarse, por razón de trabajo o de disponibilidad
en tiempo que corresponda a los conceptos enlistados en el artículo 3 del Decreto
1302 de 1978, que cobijan la jornada ordinaria nocturna, horas extras diurnas o
nocturnas, trabajo ordinario y ocasional, normativa que, aduce, no ha sido declarada
nula, por lo tanto, no ha perdido validez.
Manifiesta que, al tener regulación especial en el Decreto 1302 de 1978 no es viable
aplicar a los miembros de cuerpo de custodia y vigilancia del Decreto 1042 de 1978.
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Demandante: Víctor Hugo Marín Franco y Otros
Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC
Argumenta que, la fijación del sobresueldo y su remuneración no está en cabeza
del INPEC, sino del Gobierno Nacional a través de una ley y/o acto administrativo,
razón por la cual, en su criterio, existiría una falta de legitimación en la causa por
pasiva.
ii) Falta de legitimación por activa en relación a los turnos, labor, tiempo de
servicio y actividades en favor del empleador:
Dice que se afirma en la demanda que todos los demandantes prestaron turno 24
horas de trabajo por 24 horas de descanso, pero manifiesta que dicha afirmación
no es cierta ya que el personal adscrito a otras sedes como la de Caldas prestan
servicios de 9 horas diarias de 07:00 a las 12:00 y de 13:00 a las 17.00 horas. Sin
contar que algunos de los demandantes prestan solo 8 horas, por tener horario
especial de padre o madre cabeza de familia, descansan los fines de semana y
festivos y sólo prestan una disponibilidad cada (15) quince días, de un día (1) del fin
de semana en el horario de 07:00 a las 12:00 y de las 13:00 a ·las 16:00 horas.
iii) Inexistencia del acto administrativo:
Considera que la respuesta dada, en sí mismo no es un acto administrativo que
queda sujeto al medio de control, pues el documento requiere aspectos formales y
materiales, ya que desde el punto formal no hay una situación administrativa que
defina una situación jurídica.
iv) Falta de legitimación por pasiva
Manifiesta que el Decreto 1302 de 1978 fue suscrito por el ministro de Hacienda y
Crédito Público, y el jefe del Departamento Administrativo del Servicio Civil,
encargado, por lo que, en su criterio, no se le puede endilgar al director del INPEC,
como representante legal, una facultad que no tiene asignada por ley, como es la
de fijar la cuantía de la asignación del sobresueldo como pretende la parte
demandada.
Sostiene que el Decreto ley 1302 del 26 de julio de 1978, expresamente consagra
la no aplicabilidad del Decreto 1042 de 1978 para el personal de custodia y vigilancia
que se encuentra vinculado al INPEC.
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3. La sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Quindío mediante sentencia del 3 de noviembre 2022,
negó las pretensiones de la demanda, sin condena en costas.
Sustentó su decisión en que no es cierto que exista un vacío normativo en cuanto a
la jornada laboral de los demandantes, pues existe una regulación especial que
indica que la misma estará sujeta a las necesidades del servicio, por lo tanto, los
trabajadores siempre deberán estar disponibles.
Señaló que, no se encuentra probado que se les esté vulnerando dicho derecho
constitucional, máxime cuando la parte demandante tampoco demuestra de forma
clara y precisa que lo devengado por cada uno de los demandantes no es
proporcional a la cantidad y calidad del trabajo. Simplemente se limita a indicar que
no perciben los mismos conceptos que los demás servidores públicos de la Rama
Ejecutiva del orden nacional, y con base en ello sostiene que el sobresueldo debe
reajustarse, para lo cual realiza una operación matemática general, sin tener en
cuenta las particularidades de cada demandante ni las horas efectivamente
laboradas por cada uno de ellos. Además, dichos conceptos establecidos en el
Decreto 1072 de 1978 no les son aplicables.
Finalmente, debe indicarse que, si bien existe un pronunciamiento de la Sección
Segunda del Consejo de Estado sobre la jornada laboral máxima del Cuerpo de
Custodia de la Cárcel de Varones y Anexo de Mujeres de Bogotá, se trata de una
institución que no depende del INPEC, sino de la Secretaría de Seguridad y
Convivencia del Distrito Capital de Bogotá. Por tanto, no obedece a los mismos
supuestos fácticos y jurídicos que se analizan en este caso.
4. Fundamento del recurso de apelación
4.1. Por la parte demandante3
Inconforme con la decisión de primera instancia, manifiesta que el a-quo planteó un
problema jurídico en la audiencia inicial y otro en la sentencia, siendo distantes por
cuanto no relaciona “si la remuneración de los demandantes es proporcional a la cantidad de
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00002 Samai
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Demandante: Víctor Hugo Marín Franco y Otros
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trabajo que realizan, esto es bajo el sistema de turnos de 24x24”; por lo que considera que no
se resolvió y fue modificado de forma unilateral lo fijado en la audiencia inicial.
Manifiesta que, el Tribunal entre las normas que relaciona está el Decreto Ley 1042
de 1978, en la cual hizo énfasis por su no aplicabilidad con fundamento en su
artículo 104 en su numeral H, pero aduce que, de acuerdo al Diario Oficial del 15 de
junio de 1978, dicho artículo no cuenta con ese numeral, solo llega al numeral “G”,
como lo muestra en la imagen adjunta de dicho documento.
Por tal razón, enrostra que el numeral H del artículo 104 del Decreto-Ley 1042 de
1978 no goza de legalidad o en otras palabras no se puede predicar su existencia,
y por ende no puede ser el fundamento de un juez de la República para establecer
que dicha norma no sea aplicable para los miembros del Cuerpo de Custodia y
Vigilancia Carcelaria del INPEC, más cuando el derecho reclamado, mediante el
presente medio de control es de tanta relevancia para tantos empleados públicos
que ocupan el cargo de dragoneante dentro del INPEC, los cuales bajo el principio
de la realidad sobre las formalidades, están siendo vulnerados en diferentes niveles
por la entidad demandada.
Por otra parte, se demostró y es claro que el sobresueldo devengado por los
demandantes no cubre la totalidad del servicio prestado y bajo los principios de
realidad sobre las formalidades y condición más favorable del trabajador, tienen
derecho a que se acceda a las pretensiones.
De igual manera, se precisa que ha sido el mismo Consejo de Estado quien ha
precisado que si se requiere un estudio técnico previo para establecer una jornada
laboral, requisito con el cual no cumplió la demandada en palabras de esta misma.
No se puede entender que se disponga aplicar el Decreto - Ley 1042 de 1978 en
los apartes que le son favorables, pero para lo demás se señale que no es aplicable.
Se demostró de manera clara y precisa el detrimento al que han sido sometidos mis
demandantes con ocasión del denominado sobresueldo y de estar en un régimen
especial que de especial no tiene nada.
Por lo anterior, solicita revocar la sentencia del Tribunal y acceder a las
pretensiones.
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5. Trámite del recurso de la Ley 2080 de 2021
Con auto de 22 de marzo de 20234, el consejero sustanciador admitió el recurso de
apelación conforme a lo previsto en el numeral 3° del artículo 67 de la Ley 2080 de
2021; sin embargo, por no existir pruebas que decretar en segunda instancia, se
prescindió del periodo para que las partes alegaran de conclusión.
II. Consideraciones
1. Competencia.
De conformidad con el artículo 150 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo
25 de Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones
contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos.
La Sala resolverá las razones expuestas con el recurso de apelación.
2.2. Problema jurídico
De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación interpuesto
por la parte actora, le corresponde a la Sala determinar si en el caso en concreto,
resulta pertinente aplicarle al personal de custodia y vigilancia carcelaria del INPEC
la jornada laboral contemplada en los artículos 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 40 del
Decreto - Ley 1042 de 1978.
Además, si es viable acudir al literal h del artículo 104 del mismo Decreto, para
negar dicho pedimento, pues en sentir del apelante dicha norma no está
contemplada.
2.2.1. Marco normativo y jurisprudencial sobre la jornada laboral y la
remuneración del trabajo suplementario de los miembros del cuerpo de
custodia y vigilancia carcelaria del INPEC.
4 Índice 005 SAMAI
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Frente a la competencia para fijar el régimen salarial y prestacional de los
empleados públicos tanto del nivel nacional como territorial, el artículo 150 de la
Constitución Política de Colombia estableció:
“Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes
funciones:
19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los
cuales debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos:
(...) e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los
miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública. (...)” (Negrita fuera de
texto)
Por lo visto, en la competencia para fijar el régimen salarial y prestacional de los
empleados públicos a partir de la Constitución de 1991, confluyen: el Congreso de
la República fijando los criterios y objetivos generales que habrá de tener en cuenta
el Gobierno Nacional para su determinación.
Así las cosas, la competencia para determinar los factores salariales y
prestacionales aplicables a los empleados públicos, a los miembros del Congreso
de la República y a la Fuerza Pública recae en el Gobierno Nacional, en el marco
de los parámetros generales definidos por el Congreso de la República en ejercicio
de su atribución.
Esta competencia dual y concurrente fue delimitada por la Sala de Consulta y
Servicio Civil del Consejo de Estado así5:
“Tal como fue señalado en la Sentencia C-432 de 2004, esta última consideración
significa, en el caso particular que aquí se analiza, que «es el Congreso el llamado a
establecer, a través del procedimiento democrático de adopción de las leyes, el marco
general y los objetivos y criterios que orientan al Presidente de la República para fijar
el régimen salarial y prestacional de los distintos servidores públicos del Estado»
[énfasis fuera de texto]. En este orden de ideas, si bien el Presidente debe ajustar la
reglamentación que expide a los lineamientos dispuestos por el Congreso de la
República, se concluye que corresponde a estas dos autoridades públicas determinar
de forma mancomunada el régimen aplicable en la materia. De particular interés para
el tema bajo análisis resulta la determinación de los límites que cada uno de estos
poderes públicos debe observar en el ejercicio de sus competencias. Según se verá
más adelante, en gran medida la solución del problema jurídico que se aborda en el
presente concepto depende de la extensión de dichos márgenes. En lo que se refiere
al Congreso de la República, de acuerdo con el criterio expresado por la Corte
Constitucional en la Sentencia C-723 de 2007, las leyes marco constituyen un límite a
la cláusula general de competencia normativa de la que es titular el Legislador. Dicha
cláusula, que encuentra fundamento en la amplia legitimidad democrática que le otorga
a esta Corporación el hecho de que su elección sea realizada por voto popular, le
permite ocuparse de la reglamentación de los temas que estime pertinentes, para lo
cual puede utilizar las fórmulas normativas que considere más adecuadas.
Naturalmente, el ejercicio de la función legislativa debe realizarse atendiendo los
5
C.P.: Oscar Darío Amaya Navas, doce (12) de agosto de dos mil diecinueve (2019) Radicación interna: 2404 Número Único:
11001-03-06-000-2018-00232-00
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parámetros normativos establecidos en la Constitución. Sin embargo, la exhaustividad
de las normas expedidas por el Legislador —que es la peculiaridad que desea destacar
ahora la Sala— queda sometida a su criterio, por lo que, en términos generales, solo a
él le corresponde establecer el grado de detalle con el que habrán de ser aprobadas
las leyes de la República. Pues bien, en el caso especial de las leyes marco la
restricción de la aludida cláusula implica que «el Legislativo no puede regular
exhaustivamente la materia, sino [que debe] circunscribirse a fijar pautas generales»
(Sentencia C860 de 2007). Por tanto, so pena de incurrir en una usurpación de
competencias, el Congreso debe limitar el alcance de la reglamentación de manera que
en ella únicamente se fijen los lineamientos generales que habrá de desarrollar el
Presidente de la República. De manera correlativa, el Gobierno nacional disfruta de
una mayor amplitud en el ejercicio de sus funciones normativas. A diferencia de lo que
ocurre con la facultad reglamentaria ordinaria, el Presidente no solo se encuentra
llamado a garantizar la cumplida ejecución de la ley mediante la regulación de los
aspectos que no fueron desarrollados por el Legislador. En este caso, los decretos
expedidos por el Presidente de la República dan alcance a las directrices generales
que se encuentran esbozadas en la ley especial. En ese sentido, tales decretos no
reglamentan los preceptos contenidos en la ley marco; los materializan mediante la
aprobación de normas en las que el Ejecutivo hace uso de un amplio margen de
autonomía3.”
Partiendo de lo analizado en precedencia, y ante la competencia concurrente del
Congreso de la República con el Gobierno Nacional para fijar los emolumentos
económicos de los empleados públicos, descendemos frente a los relativos de los
empleados del INPEC.
El INPEC es creado a partir del Decreto6 2160 de 1992. Justamente en su artículo
primero se dice:
FUSIÓN. Fusiónase la Dirección General de Prisiones Ministerio de Justicia con el
Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia, entidad que se denominará en adelante
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC.
En lo referente al régimen de los empleados de la recién creada entidad, el citado
decreto señala:
“ARTÍCULO 30. NORMAS LABORALES DEL CUERPO DE CUSTODIA Y
VIGILANCIA. Los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria
Nacional de la Dirección General de Prisiones del Ministerio de Justicia que se
incorporen a la planta de personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -
INPEC-, conservarán el mismo régimen laboral que les es aplicable al momento en
que se efectúen las incorporaciones. Así mismo dicho régimen laboral le será
aplicable a los funcionarios que en el futuro se vinculen a esta entidad.”
Y siguiendo el recuento, tenemos que la Ley7 32 de 1986, en su artículo primero
señala que el propósito de esta normatividad es regular: “…todo lo relativo al
ingreso, formación, capacitación, ascensos, traslados, retiros, administración y
régimen prestacional del personal de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional.”
6
“Por el cual se fusiona la Dirección General de Prisiones del Ministerio de Justicia con el Fondo Rotatorio del Ministerio de
Justicia.”
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Por la cual se adopta el Estatuto Orgánico del Cuerpo de Custodia y Vigilancia
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En lo atinente al régimen prestacional y salarial del personal de custodia y vigilancia
penitenciaria nacional, se reunió dicha regulación a partir del título VI denominado
de las prestaciones y otras garantías.
En desarrollo de lo dispuesto por la Ley 4 de 1992, el Gobierno Nacional profirió el
Decreto8 446 de 1994.
Ahora bien, en lo atinente al sobresueldo, nos tenemos que remitir a la Ley9 5 de
1978, pues con fundamento en ella se emitió el Decreto10 1302 de 1978, que en el
artículo primero lo creó.
Es así que en el artículo primero de ese cuerpo normativo se indica:
“Los Mayores, Capitanes, Tenientes, Sargentos, Cabos y Guardianes de los
establecimientos carcelarios y penitenciarios que dependen del Ministerio de Justicia,
lo mismo que los Directores y Subdirectores de dichos establecimientos deberán
laborar o estar disponibles durante todo el tiempo que lo requieran las necesidades
propias del servicio.”
Y a partir de este, el artículo segundo indica:
“Establécese para el personal a que se refiere el artículo anterior una contraprestación
mensual fija denominada sobresueldo”.
El tercero por su parte señala:
“El sobresueldo constituye factor de salario y cubre la totalidad de la remuneración de
los servicios que hayan de prestarse, por razón de trabajo o de disponibilidad en
tiempo que corresponda a cualquiera de los siguientes conceptos:
a). Jornada ordinaria nocturna.
b). Horas extras diurnas o nocturnas.
c). Trabajo ordinario u ocasional diurno en días dominicales o festivos.
d). Trabajo ordinario u ocasional nocturno en los mismos días a que se refiere la letra
ordinal c).”
Esta normatividad fue replicada tanto en los artículos11 86 de la Ley 32 de 1986 y
1712 del Decreto 446 de 1994, y por lo tanto garantizada para el personal del INPEC
a partir del Decreto 2160 de 1992, estatuto que la creó.
8
“por el cual se establece el régimen prestacional de los servidores públicos del Instituto Nacional Penitenciario y carcelario,
Inpec”
9
por la cual se reviste al Presidente de la República de facultades extraordinarias para modificar escalas de remuneración,
revisar sistemas de clasificación y nomenclatura de empleos, y dictar otras disposiciones en materia de administración de
personal.
10
Por el cual se expiden normas sobre la clasificación y remuneración de empleos del personal carcelario y penitenciario.
11
Sobresueldo. Los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional, deberán laborar y estar
disponibles durante todo el tiempo que lo requieran las necesidades propias del servicio. Como contraprestación tendrán una
asignación mensual fija denominada sobresueldo que constituye factor de salario y que se pagará de acuerdo con lo
establecido en los Decretos 1302 de 1978 y 447 de 1984, o en los que los modifique o sustituya.
12
Sobresueldo. Los Directores, Subdirectores y los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria
Nacional, deberán laborar y estar disponibles durante todo el tiempo que lo requieran las necesidades propias del servicio.
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Debe tenerse en cuenta, que es una prestación que se reconoce al personal del
INPEC que de acuerdo a sus funciones deben estar disponibles por las necesidades
propias del servicio. En razón de esa disponibilidad surge esa retribución, la cual
constituye un factor salarial.
De ahí que el Consejo de Estado lo haya definido13:
El sobresueldo establecido como una contraprestación mensual fija:
• Se reconoce al personal del Cuerpo de Custodia y Vigilancia y a los Directores y
Subdirectores de los establecimientos carcelarios.
• Bajo la condición de que trabajen o estén disponibles durante todo el tiempo requerido
según las necesidades del servicio.
• Constituye factor salarial. (Dto. Ley 1302/78, arts. 1o., 2o. y 3o., Ley 32 /86, art. 84 y
Dto. 446/94, art. 17).
Esta definición surge de una comprensión de la función del personal adscrito al
INPEC, como aquella que por su naturaleza implica continuidad y por tal razón no
puede equipararse a una jornada ordinaria de donde surge un trato diferencial.
Teniendo en cuenta el anterior contexto normativo se procede a hacer referencia a
las pruebas para posteriormente analizar el caso concreto.
2.2.2. Hechos probados
Obra certificación suscrita por la subdirectora de Talento Humano del INPEC en la
que se hace constar la vinculación de los demandantes con la entidad así14 :
• Diego Fernando Gómez Alayon, Dragoneante, fecha de posesión: 13 de enero de
2006
• Richard Alvear Castro, Inspector, fecha de posesión: 09 de noviembre de 1995.
• José Giovanni Angulo Ramos, Teniente, fecha de posesión: 01 de enero de 2000.
• Andrés Eduardo Arenas Oviedo, Dragoneante, fecha de posesión: 14 de
noviembre de 1997.
• Jhon Jairo Barrero Ordoñez, Teniente, Fecha de posesión: 13 de marzo de 1995.
• Jonathan James Bernal Giraldo, Dragoneante, fecha de posesión: 23 de
noviembre de 2009.
• Hoover Alonso Buitrago Ruiz, Dragoneante, fecha de posesión: 20 de diciembre
de 1990, retirado el 31 de enero de 2018.
• Jhon Jairo Carrillo Ampudia, Dragoneante, fecha de posesión: 9 de noviembre de
2001.
noviembre de 2001.
Como contra prestación tendrán una asignación mensual fija denominada sobre sueldo que constituye factor de salario y que
se pagará de acuerdo con lo establecido en los Decretos 1302 de 1978 y 447 de 1984, o en los que modifiquen o sustituyan:
13
Sala de Consulta y Servicio Civil. Consejero ponente: Luís Fernando Álvarez Jaramillo Bogotá, D.C., veinte (20) de mayo
de dos mil diez (2010). Radicación número: 11001-03-06-000-2010-00038-00(1995)
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Numero interno: 3452-2023
Demandante: Víctor Hugo Marín Franco y Otros
Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC
• Andrés Eduardo Carvajal Pérez, Dragoneante, fecha de posesión: 27 de abril de
2011.
• Jhon Mario Castaño Buitrago, Dragoneante, fecha de posesión: 30 de abril 1997,
retirado el 31 de diciembre de 2017.
• Jhon Darío Castro Poloche, Dragoneante, fecha de posesión: 01 de enero de 2000.
• Diana Lorena Escobar Ceballos, Dragoneante, fecha de posesión: 27 de abril de
2011.
• Eder Alfonso García Caballero, Dragoneante, fecha de posesión: 18 de enero de
2008.
• Luís Fabio García Quiceno, Inspector, fecha de posesión: 26 de diciembre de
1994, retirado el 31 de diciembre de 2017.
• Julio César Giraldo Bañol, Dragoneante, fecha de posesión: 25 de julio de 1996,
retirado el 30 de septiembre de 2018.
• Pablo Cesar Gómez Botero, Dragoneante, fecha de posesión: 19 de enero de
2001.
• Rosario Angélica Gómez Dorado, Dragoneante, fecha de posesión: 29 de agosto
de 1994.
• Víctor Hugo Gómez Franco, Inspector, fecha de posesión: 09 de febrero de 1999,
retirado el 30 de julio de 2019.
• Luís Fernando Hernández Díaz, Teniente, fecha de posesión: 01 de enero de
2000.
• Dilver Leandro Jaramillo Murcia, Dragoneante, fecha de posesión: 09 de octubre
de 2013.
• Diego Fernando Laverde Bernal, Dragoneante, fecha de posesión: 30 de diciembre
de 1998.
• José Fernando Leal Ospina, Dragoneante, fecha de posesión: 30 de diciembre de
1998.
• Juan Pablo Librado López, Dragoneante distinguido. Fecha de posesión 1 de
enero de 2000, retirado el 30 de agosto de 2020.
• Carlos Andrés Londoño Espitia, Dragoneante, fecha de posesión 14 de agosto de
2003.
• Oscar Leonardo Londoño Méndez, Dragoneante, fecha de posesión 10 de
diciembre de 2002.
• Robinson López Guerrero, Dragoneante, fecha de posesión 19 de enero de 2001.
• Jairo Yobani López Ortegón, Inspector, fecha de posesión 01 de enero de 2000.
• Diego Andrés Lozano Calvo, Dragoneante, fecha de posesión 16 de enero de
2006.
• Víctor Hugo Marín Franco, Dragoneante, fecha de posesión 09 de octubre de
2013.
• Alexander Marín Idarraga, Dragoneante, fecha de posesión 24 de octubre de 1996.
• José Normando Marín Restrepo, Dragoneante, fecha de posesión 27 de junio de
1996, retirado el 31 de julio de 2017.
• Luís Fernando Mendoza Orozco, Dragoneante, fecha de posesión 06 de
septiembre de 1989.
• Alexander Montealegre Ramírez, Dragoneante, fecha de posesión 28 de julio de
1994.
• Carlos Horacio Neiva Monroy, Dragoneante, fecha de posesión 28 de agosto de
1995.
• Alexander Nieto Holguín, Dragoneante, fecha de posesión 09 de noviembre de
1995, retirado el 31 de marzo de 2017.
• Ana Milena Orejarena Martínez, Dragoneante, fecha de posesión 27 de abril de
2011.
• Jhon Fredy Orozco Cardona, Dragoneante, fecha de posesión: 30 de diciembre de
1998.
• Hernando Orozco Flórez, Dragoneante, fecha de posesión: 25 de julio de 1996.
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Numero interno: 3452-2023
Demandante: Víctor Hugo Marín Franco y Otros
Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC
• Jhon Alexander Osorno Gómez, Dragoneante, fecha de posesión: 14 de agosto
de 2003.
• Rodolfo Pabón Calderón, Inspector, fecha de posesión: 24 de mayo de 1982,
retirado el 30 de agosto de 2011.
• Frankli Yecith Pachón Fuentes, Inspector Jefe, fecha de posesión: 01 de enero de
2000.
• Yeimy Osmara Parra Urrego, Dragoneante, fecha de posesión: 05 de abril de 2000.
• Rubén Darío Posada Jaramillo, Dragoneante, fecha de posesión: 06 de febrero
de 2003.
• Néstor William Quintero Salcedo, Dragoneante, fecha de posesión: 10 de
diciembre de 2002.
• Zulay Cleotilde Ramírez Palencia, Dragoneante, fecha de posesión: 28 de febrero
de 1997, retirada el 30 de abril de 2019.
• John Fabio Restrepo Chavarria, Dragoneante, fecha de posesión: 25 de julio de
1996.
• Edison Antonio Rincón Pedraza, Dragoneante, fecha de posesión: 05 de abril de
2000.
• Jhon Alexander Riveros Molano, Dragoneante, fecha de posesión: 30 de abril de
1998.
• Donairo Javier Romero Martínez, Inspector jefe, fecha de posesión: 12 de enero
de 1994.
• Jhon Faber Sabogal Lozano, Dragoneante, fecha de posesión: 30 de abril de 1997.
• William Fernando Salinas Baquero, Dragoneante, fecha de posesión: 21 de
diciembre de 2001.
• Oscar Mauricio Serna Guzmán, Dragoneante, Fecha de posesión 12 de diciembre
de 2002.
• Nini Johana Silva Beltrán, Dragoneante, fecha de posesión: 09 de noviembre de
2001.
• Leonardo Fabio Suárez Sánchez, Dragoneante, fecha de posesión: 01 de enero
de 2000.
• Pablo Humberto Tobón Vallejo, Dragoneante, fecha de posesión: 13 de agosto de
1999.
• Carlos Mario Torres Jiménez, Dragoneante, fecha de posesión: 16 de enero de
2006.
• Jorge Weimar Torres Rodríguez, Dragoneante, fecha de posesión: 24 de octubre
de 1996.
• Julián Andrés Ulloa Saavedra, Dragoneante, fecha de posesión: 03 de noviembre
de 2009.
• Oscar Iván Uribe Hincapié, Dragoneante, fecha de posesión: 11 de diciembre de
2001.
• Derly Costanza Valderrama Cortés, Dragoneante, fecha de posesión: 01 de enero
de 2000.
• José Jair Vallejo Marín, Dragoneante, fecha de posesión: 13 de agosto de 2004.
• Wilber Vargas Atehortua, Dragoneante, fecha de posesión: 11 de diciembre de
2001.
• Pablo Darío Vela Girón, Dragoneante, fecha de posesión: 28 de agosto de 1995,
retirado el 31 de diciembre de 2017.
• Jorge Libio Zuluaga Giraldo, Teniente, fecha de posesión: 05 de febrero de 1999,
retirado el 29 de julio de 2019.
Reposa certificación del INPEC sobre la jornada laboral de los demandantes de la
cual se extrae que15:
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Numero interno: 3452-2023
Demandante: Víctor Hugo Marín Franco y Otros
Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC
• Los siguientes demandantes laboraron bajo el sistema de turnos de 24 horas de
trabajo por 24 horas de descanso, con vacaciones de 30 días calendario al año:
Diego Fernando Gómez Alayon, Richard Alvear Castro, Andrés Eduardo Arenas
Oviedo, Jonathan James Bernal Giraldo, Dragoneante, Hoover Alonso Buitrago
Ruiz, Jhon Jairo Carrillo Ampudia, Andrés Eduardo Carvajal Pérez, Jhon Mario
Castaño Buitrago, Eder Alfonso García Caballero, Julio Cesar Giraldo Bañol, Víctor
Hugo Gómez Franco, Dilver Leandro Jaramillo Murcia, José Fernando Leal Ospina,
Carlos Andrés Londoño Espitia, Dragoneante, Robinson López Guerrero, Diego
Andrés Lozano Calvo, Víctor Hugo Marín Franco, Luís Fernando Mendoza Orozco,
Jhon Fredy Orozco Cardona, Hernando Orozco Flórez, Jhon Alexander Osorno
Gómez, Frankli Yecith Pachón Fuentes, Rubén Darío Posada Jaramillo, Néstor
William Quintero Salcedo, Zulay Cleotilde Ramírez Palencia, Edison Antonio Rincón
Pedraza, Jhon Alexander Riveros Molan, Donairo Javier Romero Martínez, Jhon
Faber Sabogal Lozano, Oscar Mauricio Serna Guzmán, Leonardo Fabio Suárez
Sánchez, Pablo Humberto Tobón Vallejo, Carlos Mario Torres Jiménez, Jorge
Weimar Torres Rodríguez, Julián Andrés Ulloa Saavedra, Oscar Iván Uribe
Hincapié, José Jair Vallejo Marín.
• Los siguientes demandantes tuvieron una jornada laboral diurna desde las 7:00
horas a las 12:00 horas y de las 13:00 horas a las 17:00 horas de lunes a viernes y
debían tener disponibilidad de servicio sábado y domingo de forma alternada cada
15 días en el horario de 7:00 horas a 16:00 horas: Jhon Jairo Barrero Ordoñez, Jhon
Darío Castro Poloche, Pablo Cesar Gómez Botero, Rosario Angélica Gómez
Dorado, Luís Fernando Hernández Díaz, Diego Fernando Laverde Bernal, Juan
Pablo Librado López, Oscar Leonardo Londoño Méndez, Alexander Marín Idarraga,
Alexander Montealegre Ramírez, Carlos Horacio Neiva Monroy, Yeimy Osmara
Parra Urrego, John Fabio Restrepo Chavarría, William Fernando Salinas Baquero,
Nini Johana Silva Beltrán, y Wilber Vargas Atehortúa.
• Se aportaron minutas y órdenes del día de los establecimientos penitenciarios y
carcelarios a los que se encuentran adscritos los demandantes.16
Desprendibles de pago de los salarios y prestaciones sociales a los demandantes,
de los cuales se extrae que todos devengaron sobresueldo17.
Actuación administrativa
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Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC
Los demandantes mediante petición del 26 de abril de 2018, solicitaron a la entidad
se adecuara la jornada laboral de tal forma que la misma sea proporcional al
sobresueldo que mensualmente se les reconoce y de igual forma solicitaran se les
pagara la diferencia monetaria existente entre lo pagado por sobresueldo y lo que
debiesen recibir por los diferentes conceptos referidos en los artículos 33 al 39 del
Decreto- Ley 1042 de 1978.
• La entidad a través del oficio N° 8100-DINPE-SUTAH-001094 de 29 de mayo de
2018, resolvió de manera desfavorable lo pretendido.
2.2.3. Caso concreto
Los accionantes solicitan que el INPEC liquide nuevamente el sobresueldo
contemplado en el Decreto 1302 de 1978, tomando en cuenta los artículos 33 a 39
del Decreto Ley 1042 de 1978.
El Tribunal Administrativo del Quindío negó las pretensiones de la demanda al
estimar que el reclamo formulado deja de lado que se está ante una diferenciación
dispuesta directamente por el legislador con fundamento en la naturaleza de las
funciones asignadas a los servidores públicos del Inpec, quienes deben cumplir con
una disponibilidad permanente, en la medida en que así lo exijan las necesidades
del servicio. En ese sentido, para ellos no existe una distinción entre días hábiles e
inhábiles, por lo cual resulta improcedente la aplicación de disposiciones previstas
para empleados públicos cuya jornada laboral puede estar sujeta a dicha
clasificación.
Los demandantes se oponen a esta consideración porque el sustento normativo del
que se sirvió la sentencia censurada, literal h del artículo 104 del Decreto Ley 1042
de 1978, no está consagrado dentro del ejemplar del Diario Oficial 30.035 de fecha
15 de junio de 1978 y que por tal razón afincar en esa norma el razonamiento del
fallo atacado resulta improcedente.
A partir de lo anterior, refiere que existe incongruencia en lo afirmado en el fallo
pues el Decreto 1042 de 1978 corresponde a un decreto con fuerza de ley (decreto-
ley), lo que le confiere, conforme a nuestro ordenamiento jurídico, el mismo rango
que una ley formal. En contraste, el Decreto 1302 de 1978 es un decreto ordinario,
cuya jerarquía normativa es inferior tanto a las leyes como a los decretos con fuerza
17
Numero interno: 3452-2023
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de ley. En consecuencia, conforme al principio de jerarquía normativa, en caso de
presentarse una contradicción entre el Decreto-Ley 1042 de 1978 y el Decreto 1302
de 1978, deberá prevalecer el primero.
Asimismo, enrostra que el a quo sostiene que los miembros del Cuerpo de Custodia
y Vigilancia del INPEC tienen un régimen laboral especial. Sin embargo, dicha
interpretación es errónea, pues la normatividad alude a la especialidad del servicio
de guardia, no a la condición jurídica del servidor público, quien sigue estando sujeto
al Decreto-Ley 1042 de 1978. Aunque se reconoce la singularidad del servicio que
prestan, no puede inferirse de ello una disponibilidad absoluta y permanente —los
365 días del año, 24 horas al día—, ya que ello implicaría desconocer derechos
fundamentales como el derecho al descanso y a condiciones laborales dignas.
Los recurrentes señalan que el Inpec reconoció que no existe un estudio previo que
justifique la jornada laboral asignada al Cuerpo de Custodia y Vigilancia, la cual ha
sido determinada de manera consuetudinaria con base en la necesidad del servicio.
Esto evidencia una aplicación parcial y discrecional del artículo 33 del Decreto-Ley
1042 de 1978, invocándolo únicamente cuando resulta favorable a la entidad, lo que
vulnera su aplicación íntegra y coherente.
Y por último refiere que el Tribunal de instancia ha quebrantado el precedente al no
acatar la jornada laboral del cuerpo de custodia de la cárcel de varones y anexo de
mujeres de Bogotá.
Para la Sala el reajuste salarial y prestacional deprecado por los accionantes es
improcedente porque precisamente atendiendo el Decreto Ley 1042 de 1978, en
especial los artículos 33 a 39 del mismo Estatuto, no consulta la naturaleza propia
de la labor de quienes ejercen labores como los directores, subdirectores y los
miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional.
Pero antes de darle contenido argumentativo a esta conclusión, es del caso
referirnos al reproche formulado con la alzada en cuanto a que el fallo censurado
se sustentó en una norma inexistente, literal h) del artículo 104 del Decreto Ley 1042
de 1978, y por ende no hay lugar a sustentar la negativa a las súplicas del escrito
introductorio.
El literal discutido es:
18
Numero interno: 3452-2023
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“h) Al personal carcelario y penitenciario de que trata el Decreto 27 de 1989.”
Para esta Subsección, la censura de los reclamantes es parcialmente cierta luego
que no existe referencia legal que adicione el plurimencionado literal.
Aserto que resulta de consultar la página oficial https://www.suin-
juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1732444, en el que se verifica el Decreto –
Ley 1042 de 1978. Antes de citarlo, nos referiremos al portal https://www.suin-
juriscol.gov.co/suinjuriscol.html , quien de acuerdo a la reseña institucional se define
asimismo como:
“Es el Sistema Único de Información Normativa del Estado colombiano, que permite
ubicar de forma rápida y gratuita, normas de carácter general y abstracto como las
constituciones desde 1886, actos legislativos, leyes, decretos, directivas
presidenciales, resoluciones, circulares, entre otros, a partir de 1864, con sus
respectivas afectaciones normativas y jurisprudenciales. Igualmente se pueden realizar
consultas de jurisprudencia de control de constitucionalidad y de legalidad proferidas
por la anterior Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia desde 1910 hasta
1991, por el Consejo de Estado y por la Corte Constitucional.
Este sistema se ha implementado a través de la Dirección de Desarrollo del Derecho y
del Ordenamiento Jurídico del Ministerio de Justicia y del Derecho, en cumplimiento de
sus funciones de conformidad con el artículo 18, numerales 1, 2, 3, 7 y 8 del Decreto
1427 de 2017. El sistema contiene información de más de 98.000 disposiciones
normativas y jurisprudenciales.”
Se sigue entonces que dentro de la competencia del Ministerio de Justicia y del
Derecho, según el artículo 18 del Decreto18 1427 de 2017, y que están relacionadas
con la administración del portal Sistema Único de Información Normativa - SUIN –
Juriscol, son las siguientes:
Funciones de la Dirección de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico. Son
funciones de la Dirección de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico, las
siguientes:
1. Proponer lineamientos para la formulación de política y metodologías para asegurar
que la producción normativa de la administración pública sea coherente, racional y
simplificada, con el propósito de ofrecer seguridad jurídica.
2. Administrar el Sistema Único de Información Normativa - SUIN - Juriscol o el sistema
que haga sus veces y coordinar la aplicación de la política normativa del sistema.
3. Dirigir la recopilación y actualización de normas y doctrina jurídica con destino al
Sistema Único de Información Normativa - SUIN - Juriscol o el sistema que haga sus
veces.
…
7. Hacer seguimiento y verificación de la evolución normativa y de las providencias
judiciales que incidan en el ordenamiento jurídico y actualizar periódicamente un
registro jurisprudencial que permita conocer el estado del ordenamiento jurídico y su
vigencia.
18 Por el cual se modifica la estructura orgánica y se determinan las funciones de las dependencias
del Ministerio de Justicia y del Derecho.
19
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Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC
8. Diseñar las políticas de divulgación del sistema normativo y de socialización de la
información jurídica, así como difundir las modificaciones que se introduzcan al
ordenamiento jurídico colombiano.
Así pues, dentro del plexo funcional del Ministerio de Justicia y del Derecho, le
corresponde, además de administrar el sistema Único de Información Normativa -
SUIN – Juriscol, orientar de manera ordenada la compilación de las normas y
providencias judiciales para así identificar la vigencia del ordenamiento jurídico.
Competencia que ejecuta a través de su dependencia denominada Dirección de
Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico.
Siguiendo con el hilo de la discusión, tenemos que el artículo 104 del citado Decreto
que reposa en el portal es del siguiente tenor:
“DE LAS EXCEPCIONES A LA APLICACIÓN DE ESTE DECRETO. Las normas del
presente Decreto no se aplicarán a las siguientes personas, cuya remuneración se
establecerá en otras disposiciones:
a) A los empleados públicos del Ministerio de Relaciones Exteriores que prestan
servicios en el exterior.
b) Al personal docente de los distintos organismos de la Rama Ejecutiva.
c) A los empleados de las entidades que tienen sistemas especiales de remuneración
legalmente aprobado, salvo lo previsto en el artículo 72.
d) Al personal de las fuerzas militares y a los empleados civiles del Ministerio de
Defensa Nacional que no se rigen por el Decreto 540 de 1977.
e) Al personal de la Policía Nacional y a los empleados civiles al servicio de la misma.
f) A los empleados del sector técnico - aeronáutico del Departamento Administrativo de
Aeronáutica Civil.
g) A los empleados del Departamento Nacional de Planeación.”
Así las cosas, la norma objeto de discusión, no tiene el aludido literal h.
Esta conclusión se sustenta al revisar que cuando se ha analizado este artículo por
las Altas Cortes, se hizo referencia a la versión sin el literal h, para ello nos
remitimos, por ejemplo, a la sentencia C-566 de 1997 emitida por la Corte
Constitucional.
Sumado a que de la lectura del Decreto19 27 de 1989 no hay mención directa a su
adición al Decreto- Ley 1042 de 1978.
Quiere decir que atenernos a la versión del Decreto Ley 1042 de 1978 que descansa
en https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=66581,
19
Por el cual se fija la remuneración para los empleos del Personal Carcelario y Penitenciario, y se dictan otras disposiciones
en materia salarial.
20
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Demandante: Víctor Hugo Marín Franco y Otros
Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC
resulta imprecisa porque contiene un aparte del que no existe constancia de su
adición a este cuerpo normativo.
Esta conclusión si bien le da la razón al accionante porque se tomó como
fundamento una norma de la que no existe constancia de su adición, no le da cuerpo
a su reclamo luego que a partir de otros artículos del mismo Decreto ley 1042 de
1978, se puede deducir que no resultan aplicables los artículos 33 a 39 a los
empleados del INPEC.
En efecto, los mencionados artículos 3320 de la jornada de trabajo; 3421 de la jornada
ordinaria nocturna; 3522 de las jornadas mixtas; 3623 de las horas extras diurnas;
3724. de las horas extras nocturnas; 3825. de las excepciones a límite para el
reconocimiento de horas extras; y 3926, del trabajo ordinario en días dominicales y
20
<Modificado en lo pertinente por los Artículos 1o. a 3o. del Decreto 85 de 1986; ver Nota de Vigencia. El texto original del
artículo es el siguiente:> La asignación mensual fijada en las escalas de remuneración a que se refiere el presente Decreto,
corresponde a jornadas de cuarenta y cuatro horas semanales. A los empleos cuyas funciones implican el desarrollo de
actividades discontinuas, intermitentes o de simple vigilancia podrá señalárseles una jornada de trabajo de doce horas diarias,
sin que en la semana excedan un límite de 66 horas
Dentro del limite máximo fijado en este artículo, el jefe del respectivo organismo podrá establecer el horario de trabajo y
compensar la jornada del sábado con tiempo diario adicional de labor, sin que en ningún caso dicho tiempo compensatorio
constituya trabajo suplementario o de horas extras. El trabajo realizado en día sábado no da derecho a remuneración adicional, salvo cuando exceda la jornada máxima semanal. En este caso se aplicará lo dispuesto para las horas extras. 21
Se entiende por jornada ordinaria nocturna la que de manera habitual empieza y termina entre las 6:00 p.m. y las 6:00 a.
m. del día siguiente. Sin perjuicio de lo que dispongan normas especiales para quienes trabajan por el sistema de turnos, los empleados que
ordinaria o permanentemente deban trabajar en jornada nocturna tendrán derecho a recibir un recargo del treinta y cinco por
ciento sobre el valor de la asignación mensual. No cumplen jornada nocturna los funcionarios que después de las 6:00 p.m. completan su jornada diurna hasta con una hora
de trabajo. Los incrementos de salario a que se refiere los artículos 49 y 97 del presente Decreto se tendrán en cuenta para liquidar el
recargo de que trata este artículo. 22
Sin perjuicio de lo dispuesto en normas especiales para los funcionarios que trabajen ordinariamente por el sistema de
turnos, cuando las labores se desarrollen ordinaria o permanentemente en jornadas que incluyan horas diurnas y horas
nocturnas, la parte del tiempo trabajado durante estas últimas se remunerará con el recargo del treinta y cinco por ciento,
pero podrá compensarse con períodos de descanso. Los incrementos de salario a que se refieren los artículos 49 y 97 del presente Decreto se tendrán en cuenta para liquidar el
recargo de que trata este artículo. 23
<Artículo modificado por los Decretos anuales salariales> Cuando por razones especiales del servicio fuere necesario
realizar trabajos en horas distintas de la jornada ordinaria de labor, el jefe del respectivo organismo o las personas en quienes
éste hubiere delegado tal atribución, autorizarán descanso compensatorio o pago de horas extras. …
24
Se entiende por trabajo extra nocturno el que se ejecuta excepcionalmente entre las 6:00 p.m. y las 6:00 a.m. del día
siguiente por funcionarios que de ordinario laboran en jornada diurna. Este trabajo se remunerará con un recargo del setenta y cinco por ciento sobre la asignación básica mensual. Los incrementos de salario a que se refieren los artículos 49 y 97 del presente Decreto se tendrán en cuenta para liquidar las
horas extras. En todos los demás aspectos el trabajo extra nocturno se regulará por lo dispuesto en el artículo anterior. 25
DE LAS EXCEPCIONES A LÍMITE PARA EL RECONOCIMIENTO DE HORAS EXTRAS. Las restricciones de tiempo y de
monto total por concepto de horas extras de que trata el artículo 36, no se aplicarán respecto de los siguientes funcionarios:
a) Los empleados subalternos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público que tengan la obligación de participar en los
trabajos ordenados para la preparación y elaboración del Presupuesto de Rentas y Ley de Apropiaciones, su liquidación y las
demás labores anexas al cierre e iniciación de cada vigencia fiscal.
b) Los auditores de impuestos.
Los empleados subalternos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público que tengan la
obligación de participar en trabajos ordenados para la preparación y elaboración del presupuesto de rentas y ley de
apropiaciones, su liquidación y demás labores anexas al cierre e iniciación de cada vigencia fiscal, podrán devengar horas
extras, dominicales y festivos, siempre y cuando estén comprendidos en los siguientes niveles: El nivel operativo; el nivel Administrativo hasta el grado s 19 inclusive; el nivel Técnico hasta el grado 12 inclusive; el nivel
Profesional hasta el grado 10 inclusive, y el nivel Ejecutivo hasta el grado 09 inclusive. En ningún caso podrá pagarse mensualmente por el total de horas extras, dominicales y festivos, más del 40% de la
remuneración de cada funcionario
26
Sin perjuicio de lo que dispongan normas especiales respecto de quienes presten servicio por el sistema de turnos, los
empleados públicos que en razón de la naturaleza de su trabajo deban laborar habitual y permanentemente los días
dominicales o festivos, tendrán derecho a una remuneración equivalente al doble del valor de un día de trabajo por cada
dominical o festivo laborado, más el disfrute de un día de descanso compensatorio, sin perjuicio de la remuneración ordinaria
a que tenga derecho el funcionario por haber laborado el mes completo. La contraprestación por el día de descanso compensatorio se entiende involucrada en la asignación mensual.
21
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Demandante: Víctor Hugo Marín Franco y Otros
Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC
festivos, aluden en su conjunto a aquellos empleados que los cobija y para ellos el
norte es el artículo primero del mismo estatuto:
“DEL CAMPO DE APLICACIÓN. El sistema de nomenclatura, clasificación y
remuneración de cargos que se establece en el presente Decreto regirá para los
empleados públicos que desempeñan las distintas categorías de empleos de los
ministerios, departamentos, administrativos, superintendencias, establecimientos
públicos y unidades administrativas especiales del orden nacional, con las
excepciones que se establecen más adelante.” (la negrilla y el subrayado es nuestro)
Y el mismo literal c del artículo 104 de la misma norma indica:
“DE LAS EXCEPCIONES A LA APLICACIÓN DE ESTE DECRETO. Las normas del
presente Decreto no se aplicarán a las siguientes personas, cuya remuneración se
establecerá en otras disposiciones:
…
c) A los empleados de las entidades que tienen sistemas especiales de
remuneración legalmente aprobado, salvo lo previsto en el artículo 72.” (la negrilla y
el subrayado es nuestro)
De modo que a este Decreto solo podemos acudir en la medida en que los
empleados no tengan un sistema especial de remuneración.
Es decir, el personal del Inpec así no este expresamente excluido del Decreto Ley
1042 de 1978, tiene un sistema especial de remuneración y por ese motivo debe
recurrirse a el y no al general como pretende la demanda.
Bien lo ha dicho la Corte Constitucional, en distintas providencias, por ejemplo, en
la sentencia T-195 de 2015:
“La Sala comienza por señalar que la jornada laboral de los funcionarios del INPEC
obedece a reglas especiales, en las que, a cambio de un turno extendido se les otorga
un sobresueldo27. No le corresponde en esta oportunidad pronunciarse sobre esta
modalidad de trabajo, pero sí debe advertir que si el Legislador crea una excepción a
la jornada máxima de trabajo, esta debe ser leída de forma restringida, y aplicada
rigurosamente.”
Lo cual fue reiterado en la sentencia C-103/21.
De ahí que, en el caso de los empleados del INPEC, como tienen un sistema
especial de remuneración no se les aplica el Decreto Ley 1042 de 1978.
Los incrementos de salario a que se refieren los artículos 49 y 97 del presente Decreto se tendrán en cuenta para liquidar el
trabajo ordinario en días dominicales y festivos.
27
El artículo 17 del Decreto 446 de 1994, establece: “SOBRESUELDO. Los Directores, Subdirectores y los miembros del
Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional, deberán laborar y estar disponibles durante todo el
tiempo que lo requieran las necesidades propias del servicio. Como contra prestación tendrán una asignación mensual fija
denominada sobre sueldo que constituye factor de salario y que se pagará de acuerdo con lo establecido en los Decretos
1302 de 1978 y 447 de 1984, o en los que modifiquen o sustituyan”.
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Por eso es que el Decreto 1302 de 1978, en su artículo 9, niega de forma tajante
que los artículos relativos a la jornada de trabajo según el Decreto Ley 1042 de
1978, no le son aplicable al personal destinatario del mismo que no son otros de
acuerdo al artículo 30 del Decreto 2160 de 1993, los empleados del Inpec.
A su vez, el estatuto que regula íntegramente el régimen de personal del Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario, Decreto28 407 de 1994, refiere que sus
servidores son empleados29 públicos del régimen especial.
Luego establece de manera clara que, en cuanto al régimen prestacional y salarial,
en su artículo 185 que:
“los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Carcelaria tienen derecho a las
prestaciones sociales que se enuncian a continuación, reconocidas por la Ley 32 de
1986 y en las normas que el Gobierno Nacional expida en desarrollo de la Ley 4º de
1992: prima de navidad, prima de vacaciones, prima de servicios, prima de instalación
y alojamiento, prima de capacitación, prima de clima, prima extracarcelaria, prima de
seguridad, prima de riesgo y prima de vigilantes instructores; adicionalmente tendrán
derecho a pasajes y gastos de transporte, a los subsidios de transporte, alimentación
y familiar, así como al pago del sobresueldo establecido en los Decretos 1302 de 1978
y 447 de 1984.
El personal administrativo del Instituto Nacional Penitenciario, y Carcelario, tendrá
derecho a las prestaciones reconocidas a los empleados públicos nacionales y las que
el Gobierno Nacional establezca en desarrollo de la Ley 4º de 1992.”
En suma, pese a que el Decreto Ley 1042 de 1978, no cobija expresamente al
personal del INPEC, el recuento normativo y jurisprudencial evidencian que dicha
supuesta omisión, no tiene el alcance requerido para predicar como lo sugiere la
demanda que se aplique el régimen de la jornada laboral allí contenido entre los
artículos 33 a 39, por cuanto al tener un sistema de remuneración especial a el
corresponde regirse.
Es más, aunque en otro medio de control, esta misma Corporación, ya había
indicado que los artículos 33 a 39 del Decreto Ley 1042 de 1978 no era aplicable a
los empleados del INPEC. De ese pronunciamiento30 traemos algunos apartes:
“Advierte la Sala que las citadas disposiciones establecen que (i) la jornada de trabajo
de cuarenta y cuatro horas semanales corresponde a aquellos cargos con la
asignación mensual fijada en las escalas de remuneración indicadas en esa
28
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por el artículo 172 de
la Ley 65 de 1993, y oída la Comisión Asesora,
29
ARTICULO 8º. CARACTER DE SUS SERVIDORES. Las personas que prestan sus servicios en el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario, INPEC, son empleados públicos con régimen especial.
Las personas a quienes el Gobierno confiera su representación en el Consejo Directivo, Juntas, Consejos o Comisiones del
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, no tienen por ese sólo hecho el carácter de empleados públicos.
30
Sección Quinta, C.P.: Omar Joaquín Barreto Suárez, dos (2) de noviembre de dos mil veintitrés (2023), Referencia: acción
de cumplimiento, radicación: 20001-23-33-000-2023-00175-01, demandante: Asociación Sindical De Penitenciarios Y
Carcelario – Aspec, demandado: Instituto Nacional Penitenciario Y Carcelario – Inpec.
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normativa, dentro de los que están los ministerios, departamentos administrativos,
superintendencias, establecimientos públicos, y otros, conforme con el artículo 1.º
que dispone el campo de aplicación; (ii) se autoriza el descanso o el pago de horas
extras y el procedimiento para el reconocimiento en tiempo compensatorio; y (iii) se
determina la forma como se compensarán los dominicales o festivos.
De acuerdo con lo anterior, no se evidencia que las normas invocadas sean aplicables
a los servidores del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, toda vez que el
Decreto 1042 de 1978 no incluye en su campo de aplicación al INPEC, máxime que
en el artículo 104, dispuso que estarían exceptuados «los empleados de las entidades
que tienen sistemas especiales de remuneración legalmente aprobados, salvo lo
previsto en el artículo 72».
Por otra parte, el Decreto 1302 de 1978, indicó en el artículo 8.º que al personal
penitenciario y carcelario «no le son aplicables las reglas que sobre jornada de trabajo
establecen los artículos 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 40 del Decreto-Ley 1042 de 1978».
Adicionalmente en la contestación de la demanda se precisó que conforme con el
artículo 8.º del Decreto 407 de 1994, quienes prestan servicios en el INPEC, son
empleados púbicos con régimen especial.
Con fundamento en lo anterior, las normas invocadas por la parte actora están
dirigidas a la rama ejecutiva tanto para su nivel nacional y territorial y del contenido
de los artículos 33, 36 literal e) y 39 del Decreto 1042 de 1978 no se vislumbra que
dentro de sus destinatarios este el INPEC.
Así las cosas, no se advierte el incumplimiento alegado, pues las normas invocadas
no imponen un deber u obligación a cargo de la entidad accionada, por lo que no es
viable acceder a lo pretendido por la parte accionante, en consecuencia, se
confirmará la decisión del Tribunal Administrativo del Cesar, por las razones indicadas
en esta providencia.”
En tal contexto, aun cuando el Decreto Ley 1042 de 1978 no haga una exclusión
expresa de los empleados del INPEC, no es procedente recurrir a la jornada laboral
allí regulada dado que desconocería el régimen especial de remuneración que los
cobija.
De suerte que alegar que existe incongruencia al darle prevalencia a un Decreto
Ley en vez de un Decreto ordinario, 1042 y 1302, no es recibo porque justamente
el primero establece que no es aplicable a aquellos servidores que tienen un
régimen de remuneración especial y el personal del INPEC, según se vio tiene uno
que se distingue del general.
Tampoco constituye una tesis válida para declarar la nulidad el hecho que no exista
un estudio previo que justifique la jornada laboral asignada al Cuerpo de Custodia y
Vigilancia, ya que lo determinante en este caso es que, al tratarse de un régimen
especial, su jornada laboral difiere de la ordinaria.
Y por último, en cuanto al quebrantamiento del precedente, radicación: 25000-23-
42-000-2014-03661-01 (1420-2017), Demandante: Juan Carlos Vanegas Aldana,
Demandada: Distrito Capital de Bogotá, Secretaría Distrital de Seguridad,
Convivencia y Justicia, Dirección de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de
Mujeres de Bogotá, debe decirse que se comparte la decisión del Tribunal de
instancia en vista que la situación fáctica analizada allí no es equiparable a la acá
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estudiada al tomarse en cuenta que los reclamantes estaban vinculados a entidades
de diferente orden, lo que implica que su jornada laboral se reconoce con
fundamento en normas diferentes.
Como en el caso que se enrostra como no atendido, nos referimos a empleados
públicos de orden territorial, el Decreto Ley 1042 de 1978 es aplicable por la
remisión de la Ley 27 de 1992.
Según se ha explicado con suficiencia a largo de la providencia en el sub-lite, los
reclamantes son servidores del INPEC, lo que significa que no es procedente por
tener un sistema de remuneración especial.
Estas razones son suficientes para desestimar el recurso de apelación y en
consecuencia confirmar la sentencia apelada.
2.3 Sobre la condena en costas
No habrá lugar a la condena en costas, ya que no se cumplen los presupuestos
exigidos por el artículo 188 del CPACA, pues esta Sala ha sostenido que dichas
normas otorgan al juez la facultad de valorar la procedencia de las costas, lo cual
implica examinar la actuación procesal de la parte vencida, verificar con certeza su
causación y constatar que la conducta desplegada revele temeridad o mala fe. No
es suficiente el simple resultado adverso del proceso.
En esos términos, en el caso concreto, tras revisar la actuación de las partes a lo
largo del proceso, no se evidencia temeridad ni mala fe. Por lo tanto, se abstendrá
de imponerlas en esta sede.
III. DECISIÓN
Visto lo anterior, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia del Tribunal
Administrativo del Quindío, que negó las pretensiones de la demanda.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,
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RESUELVE
PRIMERO. - CONFIRMAR la sentencia del 3 de noviembre de 2022, proferida por
el Tribunal Administrativo de Quindío - Sala tercera de decisión -, que negó las
súplicas de la demanda promovida por el señor Víctor Hugo Gómez Franco y otros
en contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. - Sin condena en costas en esta instancia.
TERCERO. - Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen. La
anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Ausente en comisión Aclara voto
Cfr. Rad. AV. 05001-23-33-000-2020-00472-01
(1251-2024)
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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