Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2023-00701-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2023-00701-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 25000-23-41-000-2023-00701-01
Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate
26 de octubre de 2023
Demandante: Jhomny Urrea Bautista
Demandado: Contraloría General de la República
Radicado: 25000-23-41-000-2023-00701-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá D.C., veintiséis (26) de octubre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 25000-23-41-000-2023-00701-01
Accionante: JHOMNY URREA BAUTISTA
Accionado: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Tema: Revoca la decisión de primera instancia.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia del
14 de julio de 2023, proferida por la Subsección C de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca1, que declaró la improcedencia de la acción de
cumplimiento.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de cumplimiento
1. El señor Jhomny Urrea Bautista, presentó acción de cumplimiento en contra de la
Contraloría General de la República, con el fin de obtener, a su juicio, el acatamiento
de los artículos 3-2, 11-h y 24 de la Ley 909 de 2004.
1.2. Pretensiones de la demanda
« [S]e le obligue a cumplir el numeral 2 del artículo 3 de la Ley 909 de 2004 (primera
norma reclamada), integrada al articulo 13 del Decreto 268 de 2000, y realice los
encargos al interior de la Contraloría General de la República con sujeción al régimen
general de la carrera administrativa contenido en el artículo 24 de la Ley 909 de 2004
(segunda norma reclamada) y las circulare instructivas expedidas por la Comisión
Nacional del Servicio Civil, en virtud del literal h del artículo 11 de la Ley 909 de 2004
(tercera norma reclamada), ante los vacíos del régimen especial de carrera de la
Contraloría General de la República, consistentes en la falta de calificación del
encargo como derecho preferencia de carrera administrativa (artículo 24 de la Ley
909 de 2004 (segunda norma reclamada), de un procedimiento para seleccionar al
encargado dentro de un numero plural de aspirantes (ibid..), de la no exigencia de
verificación de antecedentes disciplinarios dentro del año anterior (ibid.), de la no
exigencia de la última evaluación de servicio sobresaliente y/o similar (ibid..) y de la
no exigencia de que el encargo deba recaer en un empleado que se encuentre
desempeñando el cargo inmediatamente inferior de la planta de personal de la
1 Sala Dual
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Demandante: Jhomny Urrea Bautista
Demandado: Contraloría General de la República
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entidad (ibid..)2»
1.3. Hechos probados y/o admitidos
2. La Contraloría General de la República, cuenta con un sistema de carrera
administrativa especial, de rango constitucional, regulado en el Decreto Ley 268 de
2000.
3. El demandante es empleado de la Contraloría General de la República,
perteneciente al régimen especial de carrera administrativa.
4. El accionante solicitó al órgano de control fiscal que, en materia de encargos se
aplique el régimen general de carrera administrativa previsto en la Ley 909 de 2004.
1.4. Actuaciones procesales relevantes
5. Mediante auto del 8 de junio de 2023, el magistrado ponente del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda, ordenó notificar a la accionada,
y tener como medio de prueba la documentación allegada con aquella por el actor.
6. El 23 siguiente, se profirió auto por el que se dio por contestada la demanda3 y se
negó el decreto de algunas pruebas requeridas por el demandante.
1.4.1. Contestación de la demanda
7. El apoderado judicial de la Contraloría General de la República, se opuso a las
pretensiones de la demanda y solicitó declarar la improcedencia de la acción. En
síntesis, señaló que ese órgano de control cuenta con un sistema de carrera especial
de rango constitucional, que no contiene vacíos jurídicos en materia de encargos, ni
contempla las previsiones de la Ley 909 de 2004.
8. Respecto de la provisión de los cargos en dicha entidad, advirtió que se encuentra
regulada en los artículos 13 y 14 del Decreto Ley 268 de 2000.
9. Una vez efectuó un comparativo en materia de encargos entre la ley general de
carrera administrativa y el régimen especial de carrera administrativa de la
Contraloría General de la República, indicó que son diferentes y en la entidad se
acude al propio.
10. En relación con la provisión de los empleos, sostuvo que es el Contralor
General de la República quien, para asegurar la prestación del servicio decide si es
necesario proveer los empleos a través del encargo y con quien, siempre y cuando
cumpla con los requisitos para el cargo.
11. Concluyó que para tal provisión no hay una facultad discrecional sino una
2 Transcripción del texto original con posibles errores ortográficos.
3 Se ordenó tener como medio de prueba las documentales allegadas con la misma.
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potestad reglada en el régimen de carrera administrativa especial, en la que no se
requiere acudir al régimen general.
1.4.2. Concepto Ministerio Público
12. La procuradora primera judicial II administrativa, señaló que de la lectura del
oficio del 13 de abril de 2023, con el cual el accionante pretende demostrar el
agotamiento de la renuencia, no se evidencia que efectivamente se de a conocer en
forma clara el deber incumplido, como quiera que solo se limita a pedir el
cumplimiento del numeral 2 del artículo 3 y el artículo 24 de la Ley 909 de 2004,
normas que en interpretación del actor deben aplicarse respecto de los encargos, al
interior de la Contraloría General de la República.
13. Para el ministerio público, en el asunto conocido no existe un mandato
imperativo, inobjetable, preciso y exigible a la Contraloría General de la República a
su juicio lo que se pretende es que se efectúe un análisis para establecer si el
Decreto 268 de 2000 presenta un vacío frente a la regulación de la figura del encargo
y por tanto sea necesario acudir a lo dispuesto en la Ley 909 de 2004 y en las
directrices fijadas por la Comisión Nacional del Servicio Civil.
1.4.3. Fallo de primera instancia
14. Mediante sentencia del 14 de julio de 2023, la Sala Dual de la Subsección C de
la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la
improcedencia de la acción.
15. En primer término, advirtió que el accionante no cumplió de manera completa y
adecuada el requisito de renuencia, como quiera que el escrito con el que se
pretendió acreditar su cumplimiento no hizo referencia a los artículos 11-h4 y 24 de
la Ley 909 de 2004.
16. En relación con el artículo 45 del Decreto Ley 268 de 2000 y el numeral 2 del
artículo 3 de la Ley 909 de 2004, señaló que dicha normativa no establece algún
deber frente al Contralor General de la República, ya que las mismas regulan un
régimen general de carrera aplicable a todos aquellos que no cuentan con uno
especial.
1.4.4. Impugnación
17. A juicio del recurrente, el Tribunal incurrió en exceso de ritual manifiesto al
exigirle que la constitución de la renuencia se diera en forma «precisa, literal y
detallada».
18. Para el actor, si existe un mandato cierto, claro e inobjetable en las normas que
pretende hacer cumplir. Advirtió que radicó escrito requiriendo el cumplimiento de la
4 Que consagra un deber en cabeza de la Comisión Nacional del Servicio Civil.
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disposición el 13 de abril de 2023; la demanda el 16 de mayo del mismo año,
mientras que la respuesta a su petición5 se otorgó el 10 de mayo de 2023, por lo que
considera fue extemporánea.
19. Para el impugnante, la entidad accionada no cumple con el artículo 24 de la Ley
909 de 2004, ni con las circulares de la Comisión Nacional del Servicio Civil, porque
según el órgano de control fiscal, no hay vacío normativo en el régimen especial de
carrera (artículos 13 y 14 del Decreto 268 de 2000).
20. Según el actor, está probado el requisito de agotamiento de la renuencia, al
punto que a su juicio la demandada confesó que no aplica las mencionadas normas,
lo que considera suficiente para acreditarlo.
21. Así mismo, refiere que las normas reclamadas en cumplimiento si contienen un
mandato inobjetable, perentorio y exigible, ante el vacío de la ley especial de carrera
de la Contraloría General de la República, el cual se suple precisamente con la ley
general y las circulares instructivas de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Razón
por la que el contralor general debe acatar el artículo 3 de la Ley 909 de 2004.
22. Advirtió que la demandada reconoce en la contestación que en lugar de las
normas de las que se pretende el cumplimiento se aplica la voluntad arbitraria del
Contralor General de la República, efecto para el que cita parte de la respuesta
ofrecida por el órgano de control6.
1.4.5. Del impedimento
23. Por reparto, le correspondió el conocimiento del asunto al despacho del
magistrado Luis Alberto Álvarez Parra, quien con sustento en la causal contenida en
el numeral 3 del artículo 130 de la Ley 1437 de 2011, manifestó estar impedido para
adelantar el trámite.
24. Mediante proveído del 30 de agosto de 2023, la Sala7 declaró fundado el
impedimento y dispuso separarlo de la causa. Razón por la que el expediente pasó
a este despacho.
25. Por sorteo8, los doctores José Rodrigo Vargas del Campo y Humberto Antonio
Sierra Porto, fueron designados como conjuez principal, el primero y suplente el
segundo.
5 Refiriéndose a la del 13 de abril de 2023.
6 «Finalmente, es claro que es el Contralor General de la República quién con el fin de asegurar la
prestación del servicio decide si es necesario surtir los encargos, como también es quien
determina con quien surtirlos, siempre que se cumpla con las condiciones legales para el efecto,
esto es, que el candidato cumpla con los requisitos del cargo. Luego, no existe una facultad
discrecional, sino una potestad reglada en el régimen de carrera administrativa especial, sin que
sea necesario recurrir al régimen general»
7 Conformada por los doctores Pedro Pablo Vanegas Gil, Carlos Enrique Moren Rubio y quien hoy
funge como ponente en este asunto.
8 Del 12 de octubre de 2023.
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26. No obstante lo anterior, ante la nueva composición de la Sala9 y la conformación
del quórum para deliberar y decidir, resulta inane la designación efectuada, debiendo
fallarse la actuación por los magistrados titulares que la conforman.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
27. Esta Sala es competente para conocer la impugnación presentada contra la
sentencia de primera instancia del 14 de julio de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con lo establecido en los artículos
3.º de la Ley 393 de 199710, 125, 150 y 152 de la Ley 1437 de 201111, y el Acuerdo
080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que establece
la competencia de la Sección Quinta de la Corporación para conocer de las
“apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que se dicten por los
Tribunales Administrativos en primera instancia en lasacciones de cumplimiento”.
2.2. Problemas jurídicos a resolver en la presente acción de cumplimiento
28. Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia
del 14 de julio de 2023 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que declaró la
improcedencia de la acción de cumplimiento, para lo cual se resolverá el siguiente
problema jurídico:
29. ¿La parte actora cumplió con la constitución en renuencia de la Contraloría
General de la República, de conformidad con lo previsto en el artículo 8.º de la Ley
393 de 1997?
30. De ser afirmativa la respuesta, ¿Hay lugar a ordenar a la autoridad accionada
el cumplimiento a los artículos 3 numeral 2, 11 literal h y 24 de la Ley 909 de 2004?
2.3. Razones jurídicas de la decisión
31. Para resolver el problema jurídico planteado, se analizarán los siguientes temas:
(i) naturaleza de la acción de cumplimiento; (ii) requisito de procedibilidad;y (iii)
análisis del caso concreto.
9 Posesión del doctor Omar Joaquín Barreto Suárez como magistrado de la Sección Quinta del Consejo
de Estado
10
“ARTÍCULO 3o. COMPETENCIA. De las acciones dirigidas al cumplimiento de normas con fuerza material de
Ley o Acto Administrativo, conocerán en primera instancia los Jueces Administrativos con competencia en el
domicilio del accionante. En segunda instancia será competente el Tribunal Contencioso Administrativo del
Departamento al cual pertenezca el Juzgado Administrativo. PARÁGRAFO. Las Acciones de Cumplimiento de
que conozca el Consejo de Estado, serán resueltas por la sección o subsección de la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la cual haga parte el Consejero a quien corresponda en reparto. Su trámite se hará a través de
la correspondiente Secretaría. El reparto se efectuará por el presidente de la Corporación, entre todos los
Magistrados que conforman la Sala de lo Contencioso Administrativo, en forma igualitaria.
PARÁGRAFO TRANSITORIO. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> Mientras entran en funcionamiento los Jueces
Administrativos, la competencia en primera instancia se radicará en los Tribunales Contenciosos Administrativos
y la segunda en el Consejo de Estado tratándose de acciones dirigidas al cumplimiento deun Acto Administrativo.”
11 Modificado por la Ley 2080 de 2021.
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2.3.1. Naturaleza de la acción de cumplimiento
32. La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución
Política; como un mecanismo para que toda persona pueda, «acudir ante la autoridad
judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un actoadministrativo. En caso de
prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento del deber
omitido». En igual sentido, el artículo1° de la Ley 393 de 1997 precisa que, «[t]oda
persona podrá acudir ante la autoridad judicial definida en esta Ley para hacer efectivo el
cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de Ley o actos administrativos».
33. Colombia es un Estado Social de Derecho, y dentro de sus fines esenciales está
el de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en
la Constitución; teniendo en cuenta lo anterior y que las autoridades de la República
están instituidas, entre otras cosas, para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares (artículo 2° de la Constitución Política), la
acción en estudio permite la realización de este postulado, logrando la eficacia
material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes
autoridades en cumplimiento de sus funciones públicas.
34. De este modo, la acción de cumplimiento constituye el instrumento adecuado
para demandar a las autoridades o los particulares que ejercen funciones públicas,
ante el inminente incumplimiento; la efectividad de las normas con fuerza material de
ley y de los actos administrativos.
35. Como lo señaló la Corte Constitucional «el objeto y finalidad de esta acción es
otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e incluso a los servidores públicos, la posibilidad
de acudir ante la autoridad judicial para exigir la realización o el cumplimiento del deber que
surge de la ley o del acto administrativo y que es omitido por la autoridad, o el particular
cuando asume este carácter. De esta manera, la referida acción se encamina a procurar la
vigencia y efectividad material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la
concreción de principios medulares del Estado Social de Derecho, que tienden a asegurar
la vigencia de un orden jurídico, social y económico justo»12 (Subrayado por fuera del
texto).
36. Sin embargo, para que la acción de cumplimiento prospere, del contenido de la
Ley 393 de 1997, se desprende que, se deben acreditar los siguientes requisitos
mínimos:
a. Que el deber que se pide hacer cumplir se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes (art. 1.º)13.
b. Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al
cumplimiento del deber, antes de formular la demanda, bien sea por acción u
12
Corte Constitucional, sentencia C-157 de 1998. Magistrados Ponentes Antonio Barrera Carbonell y Hernando Herrera
Vergara.
13
Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general consagran
principios y directrices.
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omisión del exigido o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir
su inminente incumplimiento (art. 8.º).
c. El artículo 8.° señala que, excepcionalmente, se puede prescindir de este
requisito «cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un
perjuicio irremediable», caso en el cual deberá ser sustentado en la demanda.
d. Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial
para lograr el efectivo cumplimiento del deber jurídico o administrativo omitido,
salvo el caso que, de no proceder el juez, se produzca un perjuicio grave e
inminente para quien ejerció la acción, circunstancia esta que hace procedente
la acción. Por tanto, es improcedente la acción que persigue la protección de
derechos que puedan ser garantizados a través de la acción de tutela; o se
pretenda el cumplimiento de normas que establezcan gastos a la
administración (art. 9.º).
2.3.2. De la renuencia
37. El inciso segundo del artículo 8.° de la Ley 393 de 1997, en concordancia con el
numeral 5.° del artículo 10 ibidem, estableció como requisito de procedibilidad de
esta acción constitucional, que con la demanda el accionante aporte la prueba de
haber pedido a las entidades accionadas en forma directa y con anterioridad al
ejercicio de la acción, el cumplimiento del deber legal o administrativo presuntamente
desatendido por aquélla y, que la autoridad requerida se ratifique en el
incumplimiento o guarde silencio frente a la solicitud; de esta manera, quedará
acreditada la renuencia de la respectiva autoridad administrativa y el actor podrá
ejercer la acción de cumplimiento.
38. Al respecto esta Sección ha señalado que:
Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.
El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple
la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está sometida a
formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos contener: La
petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto
administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que consagra una
obligación y la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento.
Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación a la
aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la acción
prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.
Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario del
deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento reclamado.
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Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido de la petición
de cumplimiento que previamente debió formular el demandante, pues, como se dijo,
aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el procedimiento judicial para
exigir el cumplimiento de normas con fuerza material de ley o actos administrativos [14]
(Negrillas fuera de texto).
39. Por lo tanto, la Sala debe estudiar si la parte actora cumplió con su carga de
probar que constituyó en renuencia a la accionada, antes de instaurar la demanda.
40. Para el cumplimiento de este requisito de procedibilidad es importante tener en
cuenta, como lo ha señalado la Sala, que, «el reclamo en tal sentido no es un
simple derecho de petición sino una solicitud expresamente hecha con el propósito
de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la acción de cumplimiento»15,
ya que no se ha dado por demostrado su agotamiento cuando la petición «tiene una
finalidad distinta a la de constitución en renuencia».
41. Resulta relevante para la Sala precisar que la renuencia debe entenderse como
la negativa del ente accionado frente a la solicitud de cumplimiento de la disposición,
bien porque no dé respuesta oportunamente o porque, aunque sea emitida en
tiempo, «resulte contraria al querer del ciudadano»16
42. En el presente asunto, la parte actora reclama el cumplimiento del numeral 2 del
artículo 3, del literal h del artículo 11 y el artículo 24 de la Ley 909 de 2004.
43. Revisado el expediente, se tiene que, el escrito al que hizo referencia el actor,
como constitutivo de la renuencia, es el del 13 de abril de 2023 17, con número de
radicado de la Contraloría General de la República 2023ER0059879, que en punto al
tema textualmente indicó:
III. REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY
En virtud de lo normado en el inciso 2 del artículo 8 de la Ley 393 de 1997 y el artículo
145 de la Ley 1437 de 2011 reclamo el cumplimiento de la ley en calidad de
ciudadano:
3.1. Hechos constitutivos del incumplimiento: Mediante memorando No.
2020IE0013719 de 12 de febrero de 2020, la entonces Gerente del Talento Humano
de la Contraloría General de la República, dirigiéndose a todos los “funcionarios de
carrera administrativa especial de la Contraloría General de la República” situación
14 [En la providencia se citó «Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24
de junio de 2004, exp. ACU-2003-00724, MP.: Darío Quiñones Pinilla»]
15 Sección Quinta, providencia del 20 de octubre de 2011, Exp. 2011-01063, M.P. Mauricio Torres
Cuervo.
16 Lo mismo se reitera en Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de
2015, radicación n.º 25000-23-41-000-2016-02003-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección Quinta,
sentencia del 17 de noviembre de 2016, radicación n.º 15001-33-33-000-2016-00690-01 (ACU);
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de septiembre de 2016, radicación n.º 15001-
23-33-000-2016-00249-01(ACU), en todas, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, entre otras.
17 Del que recibió respuesta por una parte de la Directora de Carrera Administrativa y por otra de la
Gerente de Talento Humano de la Entidad.
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vigente a la fecha, práctica diaria en esta Entidad, señaló que la característica especial
de régimen de la entidad en materia de encargos es la “facultad potestativa y
exclusiva del nominador” esto es que los cargos de carrera administrativa se
proveen en encargo por libre nombramiento y absoluta discrecionalidad del nominador:
(…)
En resumen, que la expresión “podrá”, es potestativa, no imperativa, convierte un
cargo de carrera administrativa en uno de libre nombramiento cuando se trata de
proveerlo por encargo, con absoluta discrecionalidad.
Solicito se tenga como prueba el documento mencionado que ya reposa al interior de
la CGR. Así mismo, se tenga como prueba la relación, que pido desde ya, de todas
las respuestas que invocaron el mencionado memorando, dadas a los funcionarios
de la Contraloría General de la República que pidieron encargo.
3.2. Requerimiento de cumplimiento
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3.2.1. Primer requerimiento: Requiero respetuosamente, al señor Contralor
General de la República (determinación de la autoridad incumplida),
respetuosamente cumplir el artículo 45 del Decreto Ley 268 de 2000 y el numeral 2
del artículo 3 de la Ley 909 de 2004, normas que integran el artículo 13 del Decreto
268 de 2000 y proceder a realizar los encargos al interior de la Contraloría General
de la República con sujeción al régimen general de carrera administrativa, ante el
vacío sobre una reglamentación del régimen especial de carrera de la Contraloría
General de la República.
(…)
Justificación del primer requerimiento:
En el presente caso la Administración indica que el régimen especial de carrera
administrativa de la Contraloría General de la República no tiene vacíos dado que la
norma especial (artículo 12 del Decreto Ley 268 de 2000) establece una facultad
“facultad potestativa y exclusiva del nominador” para realizar encargos.
El señor Contralor General de la República puede hacer encargos, eso es cierto,
pero no según su voluntad, sino según se lo permita la ley. Si no hay una regulación
al interior del régimen especial de la Contraloría General de la República el señor
Contralor puede hacer encargos cumpliendo el régimen general.
La “facultad potestativa y exclusiva del nominador” que alega la Administración
para hacer encargos, entonces, no es más que (…)18.
44. De lo anterior, claramente se concluye que en relación con la demanda, el
accionante sólo exigió el acatamiento del numeral segundo del artículo 3 de la Ley
909 de 2004, disposición frente a la cual se acredita el requisito de procedibilidad. En
relación con los artículos 11 literal h y 24 de la Ley 909 de 2004, se rechazará la acción
al no haber constituido en debida forma la renuencia.
2.4. Procedencia de la acción de cumplimiento
45. Teniendo en cuenta lo señalado en precedencia, se abordará el estudio en
relación con la acción de cumplimiento respecto de la norma, frente a la cual se agotó
el requisito de procedibilidad previsto en la ley.
46. En el presente caso, el actor pretende que se «obligue» a la Contraloría
General de la República a cumplir con el numeral 2 del artículo 3 de la Ley 909 de
2004 y en consecuencia se realicen los encargos en la entidad con sujeción al
régimen general de la carrera administrativa del referido órgano de control fiscal.
47. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró improcedente el
mecanismo constitucional invocado, por considerar que la norma reclamada no
establecía ningún deber al Contralor General de la República, como quiera que ella
regula un régimen general de carrera aplicable a aquellos que no cuentan con uno
especial, razón por la que no es objeto del medio de control.
48. Por su parte, el apelante señala que las normas reclamadas en cumplimiento
si contienen un mandato inobjetable, perentorio y exigible, ante el vacío que a su
18 Se transcribe tal cual, incluyendo los posibles errores ortográficos del demandante.
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Demandante: Jhomny Urrea Bautista
Demandado: Contraloría General de la República
Radicado: 25000-23-41-000-2023-00701-01
juicio, tiene la ley especial de carrera de la Contraloría General de la República, que
se suple precisamente con la Ley 909 de 2004, razón por la que el contralor general
debe acatar el artículo 3 de la misma.
49. Advierte que la demandada reconoce en la contestación que en lugar de las
normas de las que se pretende el cumplimiento se aplica la voluntad arbitraria del
Contralor General de la República, efecto para el que cita parte de la respuesta
ofrecida por el órgano de control en la contestación de la demanda, según la cual
«es claro que es el Contralor General de la República quién con el fin de asegurar la
prestación del servicio decide si es necesario surtir los encargos, como también es
quien determina con quien surtirlos, siempre que se cumpla con las condiciones legales
para el efecto, esto es, que el candidato cumpla con los requisitos del cargo. Luego, no
existe una facultad discrecional, sino una potestad reglada en el régimen de carrera
administrativa especial, sin que sea necesario recurrir al régimen general».
50. Revisado el expediente, se observa que los fundamentos fácticos expuestos por
el demandante se sustentan en el memorando No. 20201E0013719 del 12 de febrero
de 2020, signado por la Gerente de Talento Humano del órgano de control, dirigido
a todos los funcionarios de carrera administrativa de la Contraloría General de la
República19, en el que según aquel, por instrucción del Contralor General de la
República, se les indicó que la característica especial del régimen de la entidad en
materia de encargos es la «facultad potestativa y exclusiva del nominador», que a
su juicio significa que los cargos de carrera administrativa se proveen en encargo
«por libre nombramiento» y absoluta discrecionalidad del nominador. En palabras
del actor, se convirtieron los cargos de carrera administrativa en cargos de libre
nombramiento.
51. En el mismo relato, señaló nuevamente como prueba del incumplimiento otro
memorando del año 202220 y un oficio del 202321, en los que, de acuerdo a su dicho,
la gerencia de talento humano ratifica que la provisión de los empleos en encargo se
realiza por un acto discrecional del nominador, siempre que se cuente con los
requisitos del cargo.
52. De acuerdo con lo anterior, es claro que, el actor considera que en el régimen de
carrera especial de la Contraloría General de la Nación, en materia de encargos hay
un vacío normativo, pues la provisión de los empleos bajo dicha figura se hace por
criterio del nominador, sin que medie regulación, por ello demanda a través de esta
acción que se aplique el numeral 2 del artículo 3 de la Ley 909 de 200422.
49.Sin embargo, la Sala no observa que esta norma imponga un deber a la entidad
demandada, tampoco que contenga una obligación a su cargo, como quiera que la
19 Que a la fecha de la presentación de la demanda estaba vigente
20 memorando 20221E0059698 de 28 de junio de 2022
21 oficio 2023EE0027162 de 24 de febrero de 2023
22
Según el cual, las disposiciones de la ley general se aplicarán de forma supletoria, en caso de que
existan vacíos en los sistemas especiales de carrera, entre ellos, el del mencionado órgano de control
fiscal.
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disposición resultaría aplicable de manera supletoria en el evento de que se presente
algún vacío en el régimen especial de rango constitucional que la rige. Situación que
sólo se podrá verificar cuando se presenten situaciones de carácter concreto en las
que la accionada encuentre la necesidad de acudir al régimen general de carrera
administrativa.
53. Es preciso recordar, que por mandato constitucional la Contraloría General de la
República goza de un régimen especial de carrera administrativa, concebido como
sistema técnico de administración del talento humano, regulado por el Decreto Ley
268 de 2000, que se encuentra vigente.
54. Concluye la Sala, que ante la ausencia de un mandato imperativo, inobjetable y
exigible contenido el numeral 2 del artículo 3 de la Ley 909 de 2004, a cargo de la
entidad accionada, no es viable ordenar su cumplimiento perseguido por el actor.
55. De acuerdo con lo expuesto se revocará la decisión adoptada por el a quo para
en su lugar rechazar la demanda respecto de los artículos 11 literal h y 24 de la Ley
909 de 2004, por cuanto no se agotó en debida forma la renuencia y negar las
pretensiones, en relación con el numeral 2 del artículo 3 de la mencionada ley.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la Ley,
FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 14 de julio de 2023, proferida por la
Subsección C de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
que declaró la improcedencia de la acción de cumplimiento, para en su lugar,
RECHAZAR la acción de cumplimiento promovida por el señor Jhomny Urrea
Bautista, respecto de los artículos 11 literal h y 24 de la Ley 909 de 2004 y NEGAR
las pretensiones invocadas, en relación con el numeral segundo del artículo 3 de la
Ley 909 de 2004, conforme a lo señalado en la parte motiva de esta decisión.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley
393 de 1997.
TERCERO: En firme esta sentencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
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OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a
lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364de 2012.
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