Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03528-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Acción de tutela
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03528-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-03528-01
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
19 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03528-01
Demandante: PROCURADOR 186 JUDICIAL I PARA ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS DE QUIBDÓ
Demandado: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA
ACCIÓN DE TUTELA / DERECHO FUNDAMENTAL A LA AUTONOMÍA DE LAS
COMUNIDADES ÉTNICAS / Las autoridades demandadas interfirieron de manera
indebida en la elección de las autoridades de gobierno, por cuanto le correspondía
al Consejo de Mayores dirimir esa controversia, de conformidad con lo dispuesto
por el Reglamento Interno del Consejo Comunitario.
La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia
del 21 de noviembre de 2023, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, que declaró improcedente la solicitud de amparo.
I. A N T E C E D E N T E S
1. Demanda
1.1. Pretensiones
El 28 de junio de 2023, el señor Nelson Mario Mejía Ospina, Procurador 186
Judicial I para Asuntos Administrativos de Quibdó interpuso acción de tutela
contra el presidente de la República, el ministro de Justicia y del Derecho, el
ministro del Interior, el director de Asuntos para Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior, y el alcalde
del Municipio de Medio Baudó, por la vulneración de los derechos fundamentales
a la libre determinación, a la consulta previa, al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia tanto del Consejo Comunitario General del río Baudó y
sus afluentes como de los señores Leidy Vanesa Valencia Mosquera, Benyair
Romaña Andrades, Jhoan Javier Palacios Robledo, Enrique Palacios Palacios,
Yirlean Tania Palacios Palacios, Yulis María Zúñiga Moreno, Jharol Antonio
Castro H., y Francis Sirleny Urrutia Potes. Formuló las siguientes pretensiones:
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03528-01
Actor: Procurador 186 Judicial I para Asuntos
Administrativos de Quibdó
Demandado: Presidencia de la República y otros
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
PRIMERA. CONCEDER la tutela de los derechos fundamentales al debido
proceso y acceso a la administración de justicia propia de LEIDY VANESA
VALENCIA MOSQUERA, BENYAIR ROMAÑA ANDRADES, JHOAN JAVIER
PALACIOS ROBLEDO, ENRIQUE PALACIOS PALACIOS, YIRLEAN TANIA
PALACIOS PALACIOS, YULIS MARÍA ZÚÑIGA MORENO, JHAROL
ANTONIO CASTRO H. y FRANCIS SIRLENY URRUTIA POTES.
SEGUNDA. CONCEDER la tutela de los derechos fundamentales a la libre
determinación y a la consulta previa del CONSEJO COMUNITARIO
GENERAL DEL RÍO BAUDÓ Y SUS AFLUENTES (ACABA).
TERCERA. ORDENAR al DIRECTOR DE ASUNTOS PARA COMUNIDADES
NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS DEL
MINISTERIO DEL INTERIOR y al ALCALDE DEL MUNICIPIO DE MEDIO
BAUDÓ (CHOCÓ) INAPLICAR POR INCONSTITUCIONAL las resoluciones
que realizaron el registro del acta de elección de Presidente con funciones de
Representante Legal y redistribuyeron los cargos de la Junta Directiva del
CONSEJO COMUNITARIO GENERAL DEL RÍO BAUDÓ Y SUS
AFLUENTES (ACABA) y DEVOLVER LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA a
la autoridad tradicional CONSEJO DE MAYORES del CONSEJO
COMUNITARIO GENERAL DEL RÍO BAUDÓ Y SUS AFLUENTES (ACABA),
para que resuelva el conflicto étnico interno surgido con ocasión de la
duplicidad de Asambleas Generales y de elección de Presidente con
funciones de Representante Legal; la validez y eficacia de elección del cargo
de Revisor Fiscal y la modificación de la distribución de los cargos de la Junta
Directiva del Consejo Comunitario General, según sus normas,
procedimientos y el sistema de justicia propia para la resolución de conflictos,
en aplicación de la autonomía y libre determinación del mencionado Consejo
Comunitario General.
CUARTA. ORDENAR al señor DIRECTOR DE ASUNTOS PARA
COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y
PALENQUERAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR y al ALCALDE DEL
MNICIPIO DE MEDIO BAUDÓ (CHOCÓ) que procedan a inscribir el acta de
elección correspondiente, una vez el CONSEJO DE MAYORES del
CONSEJO COMUNITARIO GENERAL DEL RÍO BAUDÓ Y SUS
AFLUENTES (ACABA), resuelva el conflicto étnico interno surgido con
ocasión de la duplicidad de Asambleas Generales y elecciones de Presidente
con funciones de Representante Legal; la validez y eficacia de la elección del
cargo de Revisor Fiscal y la modificación de la distribución de los cargos de la
Junta Directiva del mencionado Consejo Comunitario General.
QUINTA. ORDENAR al señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE
COLOMBIA, al señor MINISTRO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO y al señor
MINISTRO DEL INTERIOR el cumplimiento de las siguientes obligaciones de
hacer: (i) realizar un estudio de caracterización del sistema de justicia propia
del CONSEJO COMUNITARIO GENERAL DEL RÍO BAUDÓ Y SUS
AFLUENTES (ACABA) y demás Consejos Comunitarios del país; (ii)
establecer una política pública étnica para el fortalecimiento técnico,
económico, financiero y presupuestal del sistema de justicia propia del
CONSEJO COMUNITARIO GENERAL DEL RÍO BAUDÓ Y SUS
AFLUENTES (ACABA) y demás Consejos Comunitarios del país; (iii)
implementar un protocolo de consulta previa, libre e informada con el
CONSEJO COMUNITARIO GENERAL DEL RÍO BAUDÓ Y SUS
AFLUENTES (ACABA) y demás Consejos Comunitarios del país, para definir
pautas de integración entre las decisiones de las autoridades étnicas internas
de los Consejos Comunitarios encargadas de la resolución de conflictos y
administrar la justicia propia en el territorio colectivo y las decisiones que
puedan afectarlos; y (iv) brindar la asistencia técnica y logística necesarias al
CONSEJO DE MAYORES del CONSEJO COMUNITARIO GENERAL DEL
RÍO BAUDÓ Y SUS AFLUENTES (ACABA) para que resuelva el conflicto
étnico interno surgido con ocasión de la duplicidad de Asambleas Generales y
elecciones de Presidente con funciones de Representante Legal; la validez y
eficacia de elección del cargo de Revisor Fiscal y la modificación de la
distribución de los cargos de la Junta Directiva del Consejo Comunitario
General, con la independencia y libertad debidas.
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Actor: Procurador 186 Judicial I para Asuntos
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Demandado: Presidencia de la República y otros
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
SEXTA. ORDENAR el cumplimiento de las demás órdenes pertinentes para la
protección de los derechos fundamentales que se estimen afectados, en uso
de los poderes extra y ultra petita.
OCTAVA: PREVENIR a la parte accionada para que no vuelvan a incurrir en
las acciones u omisiones que dieron lugar a la presentación de esta acción.
1.2 . Hechos y argumentos de la tutela
El procurador accionante manifestó que el Consejo Comunitario General del río
Baudó y sus afluentes (ACABA) es una comunidad negra constituida mediante
Resolución 01152 del 23 de mayo de 2001, expedida por el INCORA. Este
Consejo Comunitario se encuentra inscrito en la base de datos del Registro
Público Único Nacional de Consejos Comunitarios, en virtud de la Resolución 264
del 10 de septiembre de 2020, expedida por la directora de Asuntos para
Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del
Interior.
Expuso que tienen como autoridades étnicas, representativas y decisorias las
siguientes: Asamblea General, Asambleas Zonales de Consejos Comunitarios
Locales, el revisor fiscal, la Junta Directiva del Consejo Comunitario General, el
presidente que hace las veces de representante legal, el Comité Ejecutivo
conformado por los presidentes de los consejos comunitarios locales, los
coordinadores de etnoeducación, etnodesarrollo, política ambiental y asesoría
jurídica y el Consejo de Mayores.
Explicó que el territorio colectivo está dividido en tres zonas, en las cuales se
realizan las asambleas zonales.
Mediante la Resolución 025 del 30 de septiembre de 2022, la Junta Directiva del
Consejo Comunitario General del río Baudó y sus afluentes estableció el
calendario del proceso de elección para las autoridades representativas internas
del Consejo Comunitario para el período 2023-2025.
Los días 12, 13 y 14 de noviembre de 2022, en los Consejos Comunitarios Locales
de San José de Querá, Batatal y Boca de Apartadó resultaron elegidos 9
integrantes de la Junta Directiva, 9 integrantes del Consejo de Mayores y los
integrantes de los Comités Sectoriales de esa comunidad. Estas designaciones
fueron ratificadas el 13 de diciembre de 2022 en la Asamblea General de
Delegatarios del Consejo Comunitario General.
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Actor: Procurador 186 Judicial I para Asuntos
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Demandado: Presidencia de la República y otros
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
El 14 de diciembre de 2022, mediante Acta de Delegatarios de la Asamblea
General sin número, realizada en el Consejo Comunitario Local de Chachajo fue
elegido con 108 votos la señora Leidy Vanesa Valencia Mosquera como
presidenta con funciones de representante legal y al señor Benyair Romala
Andrades como revisor fiscal de esa comunidad, para el período 2023-2025.
Simultáneamente con la anterior elección, mediante Acta de Delegatarios de la
Asamblea General 0016 del 14 de diciembre de 2022, realizada en el Consejo
Comunitario Local de Chachajo, se eligió con 104 votos al señor Ángel Yomel
Mosquera Manyoma como presidente con funciones de representante legal de esa
comunidad, para el período 2023-2025.
El 20 de diciembre siguiente, el alcalde del Municipio de Medio Baudó reconoció e
inscribió el acto de elección del señor Ángel Yomel Mosquera Manyoma, periodo
2023-2025 como presidente con funciones de representante legal, según la
elección realizada mediante el acta 0016 del 14 de diciembre de 2022. Contra la
anterior decisión la señora Valencia Mosquera presentó los recursos ordinarios
ante el alcalde y el director de Asuntos para Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior, las cuales
confirmaron la inscripción del acto de elección del presidente con funciones de
representante legal.
El 30 de diciembre de 2022, la Junta Directiva de esa comunidad sesionó con
cuórum de 9 miembros y realizó la definición o distribución de cargos de la
siguiente manera:
• Yirlean Tania Palacios Palacios, vicepresidente
• Yulis María Zúñia Moreno, secretaria general
• Francis Sirlenys Urrutia Potes, secretaria suplente
• Enrique Palacios Palacios, tesorero principal
• Jharol Antonio Castro Hinestroza, tesorero suplente
• Jhoan Javier Palacios Robledo, fiscal
• Luciano Marmolejo Mosquera, Vocal
• Jorge Isaac Hurtado Córdoba, Vocal
• Carmen Yaritza Palacios Córdoba, Vocal
El 9 de enero de 2023, sesionaron sin cuórum, con sólo 3 miembros de la Junta y
modificó la distribución de cargos de los miembros de la Junta así:
• Yirlean Tania Palacios Palacios, vicepresidente
• Yulis María Zúñia Moreno, secretaria General
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03528-01
Actor: Procurador 186 Judicial I para Asuntos
Administrativos de Quibdó
Demandado: Presidencia de la República y otros
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
• Francis Sirlenys Urrutia Potes, secretaria suplente
• Enrique Palacios Palacios, Vocal
• Jharol Antonio Castro Hinestroza, Vocal
• Jhoan Javier Palacios Robledo, Vocal
• Luciano Marmolejo Mosquera, tesorero
• Jorge Isaac Hurtado Córdoba, fiscal
• Carmen Yaritza Palacios Córdoba, tesorera suplente
Indicó que el alcalde no registró la distribución de cargos del 30 de diciembre de
2022, ni tampoco la elección de la señora Valencia Mosquera como presidenta y
del señor Romaña Andrades como revisor fiscal, sino que se registró la
designación del señor Ángel Yomel Mosquera Manyoma y la distribución de
cargos del 9 de enero de 2023.
Sostuvo que los conflictos relacionados con la duplicidad de asambleas generales
y elecciones de presidente, así como la validez y eficacia de cargos como el de
revisor fiscal y de la redistribución de cargos de los miembros de la junta directiva
no fueron sometidos al conocimiento, trámite y decisión del Consejo de Mayores
del Consejo Comunitario General del río Baudó y sus afluentes.
Expuso que el hecho de que el alcalde y el director del Ministerio del Interior
hubieran dirimido esos conflictos, evidencia una vía de hecho administrativa por
falta de aplicación de los artículos 42 a 45 del Reglamento Interno del Consejo
Comunitario General del río Baudó y sus afluentes, pues en ejercicio de función
administrativa pretermitieron, reemplazaron o sustituyeron la jurisdicción y
competencia del Consejo de Mayores lo que «vulnera la consulta previa y la
autonomía política, económica, cultural y autogobierno como manifestación del
derecho fundamental a la libre determinación, autodeterminación o derecho a
decidir» del mencionado Consejo Comunitario General, los cuales están ligados al
principio de protección de la diversidad étnica y cultural de la Nación, reconocidos
por la Constitución Política y el Convenio 169 de la OIT.
Agregó que también se vulneró el debido proceso y de acceso a la administración
de justicia de los señores Leidy Vanesa Valencia Mosquera, Benyair Romaña
Andrades, Jhoan Javier Palacios Robledo, Enrique Palacios Palacios, Yirlean
Tania Palacios Palacios, Yulis María Zúñiga Moreno, Jharol Antonio Castro H. y
Francis Sirleny Urrutia Potes, toda vez que se les privó de la oportunidad de que el
conflicto surgido con ocasión de sus elecciones y la redistribución de cargos
hubiera sido sometido a su juez natural, según sus normas y procedimientos
internos.
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Actor: Procurador 186 Judicial I para Asuntos
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Demandado: Presidencia de la República y otros
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
Expuso que no se observa la existencia de una política pública tendiente a
caracterizar, apoyar y financiar el sistema de justicia propia de los Consejos
Comunitarios, que representa una barrera administrativa que impide el
afianzamiento de los espacios de concertación, participación y consulta que
materializan el deber de protección de la diversidad étnica y cultural.
Agregó que falta un protocolo de consulta previa, libre e informada para definir
pautas de integración entre las decisiones de las autoridades étnicas internas de
los Consejos Comunitarios encargadas de la resolución de conflictos y administrar
la justicia propia en el territorio colectivo y las decisiones administrativas que
puedan afectarlos.
2. Trámite impartido e intervenciones
2.1. Mediante auto del 4 de julio de 2023, el magistrado sustanciador del proceso
en primera instancia avocó conocimiento de la solicitud de amparo, la admitió y
ordenó notificar, en calidad de parte demandada a la Presidencia de la República,
al Ministerio de Justicia y del Derecho, a la Dirección de Asuntos para
Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del
Interior, y el Municipio de Medio Baudó, y como terceros con interés, al Consejo
Comunitario General del río Baudó y sus afluentes, al señor Benyair Romaña
Andrades (revisor fiscal del Consejo Comunitario), Ángel Yomel Mosquera
Manyoma (presidente del Consejo Comunitario), Luciano Marmolejo Mosquera
(tesorero del Consejo Comunitario), Jorge Isaac Hurtado Córdoba (fiscal del
Consejo Comunitario), y a Carmen Yaritza Palacios Córdoba (tesorera suplente).
2.2. La Alcaldía del Municipio del Medio Baudó pidió que se declarara
improcedente la solicitud de amparo, por cuanto lo pretendido es contrariar las
resoluciones 829, 832 del 20 de diciembre de 2022 y 079 del 24 de mayo de 2023,
que son actos administrativos, por lo que el actor puede cuestionar su legalidad
ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
Indicó que se presenta el fenómeno de la cosa juzgada constitucional, por cuanto
las actuaciones de la accionante se tornan temerarias previendo que la misma ya
había presentado una acción de tutela, de las cuales existen sentencias
ejecutoriadas por parte de los Juzgados Segundo Civil del Circuito de Istmina, del
9 de marzo de 2023, en el que existe igualdad de partes, sino que se ventilan los
mismos hechos y pretensiones de la presente solicitud de amparo.
2.3. El director de Justicia Formal del Ministerio de Justicia y del Derecho indicó
que el Grupo de Fortalecimiento de la Justicia Étnica, adscrito a la Dirección de
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Demandado: Presidencia de la República y otros
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
Justicia Formal, contempla dentro de sus políticas públicas para el acceso a las
justicia de las comunidades étnicas el fortalecimiento y la caracterización de la
justicia comunitaria o los MASC de los pueblos negros, afrocolombianos, raizales y
palenqueros, por lo que están a disposición de trabajar articuladamente con las
comunidades y autoridades locales.
Expuso que no tiene competencia para intervenir de manera directa en la
resolución de dicho conflicto, sino únicamente brindar las asistencias técnicas que
permitan el fortalecimiento de la justicia comunitaria.
2.4. El señor Ángel Yomel Mosquera Manyoma, en calidad de presidente del
Consejo Comunitario General del río Baudó y sus afluentes indicó que la tutela no
cumple con el requisito de subsidiariedad, por cuanto lo pretendido por el
demandante es cuestionar la legalidad, vigencia y legitimidad de una acción de
autonomía de las organizaciones administrativas, refrendada por el Ministerio del
Interior a través de la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras y, por tanto, se incumple con el requisito
de subsidiariedad.
También indicó que no se cumple con el requisito de inmediatez, por cuanto para
la fecha de presentación de la solicitud de amparo, habían transcurrido cerca de 8
meses de ocurrencia de la acción a la que se le atribuye la vulneración, lo que, a
su juicio, supera el término razonable.
Indicó que la situación que da origen a la presente tutela ya fue sometida a la
jurisdicción constitucional mediante una acción idéntica y, para tal efecto, citó la
sentencia de segunda instancia 0010, del 9 de marzo de 2023, mediante la cual el
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Istmina revocó el fallo de primera instancia
del Juzgado Promiscuo Municipal de Medio Baudó y negó por improcedente la
tutela promovida por la señora Leidy Vanessa Valencia.
2.5. El Ministerio del Interior alegó que no existió vulneración de los derechos
fundamentales de la comunidad demandante, por cuanto el parágrafo 2 del
artículo 2.5.1.2.9 del Decreto 1066 de 2016 estableció la competencia para
conocer en segunda instancia de las solicitudes de impugnación y de hacer el
seguimiento y trámite que se adelante sobre esa materia ante el Tribunal
Administrativo competente.
Sostuvo que la decisión proferida por la Dirección de Asuntos para Comunidades
Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras la adoptó conforme a los
mandatos legales y no vulneró ningún derecho fundamental. Anotó que el
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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
reglamento interno del Consejo Comunitario si bien se les reconoce que hacen
parte de su derecho propio para la respectiva comunidad, no es menos cierto que
todos los ciudadanos incluidos los miembros de esa comunidad tienen la
obligación de cumplir las leyes y, por tanto, los reglamentos internos no pueden
ser contrarios a la Constitución ni la ley.
Expuso que, en esos términos, los procedimientos y plazos para la convocatoria
de la elección de las juntas de los consejos comunitarios están establecidos en el
Decreto 1745 de 1995, compilado en el Decreto 1066 de 2015 y, por esa razón,
los reglamentos internos deben atender lo dispuesto en esa norma.
Argumentó que tampoco se cumple con el requisito de subsidiariedad, toda vez
que para resolver ese tipo de controversias existen los medios de control judiciales
a través de los cuales el accionante puede hacer valer sus derechos
presuntamente vulnerados.
2.6. La Presidencia de la República aclaró que no tiene competencia para
inmiscuirse en la situación planteada en la tutela, por cuanto se trata de un
conflicto al interior del Consejo Comunitario General del río Baudó y sus afluentes,
cuya independencia y autonomía debe ser respetada.
Indicó que no es de su resorte el estudio de caracterización del sistema de justicia,
por cuanto es la Dirección de Justicia Formal del Ministerio de Justicia y del
Derecho, a través del Grupo de Fortalecimiento de la Justicia Étnica, unidad
encargada de formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública de
acceso a la justicia.
Explicó que no se observa en la tutela una omisión o acción que vulnere los
derechos fundamentales por parte de esa entidad, por lo que pidió que se
declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva.
2.7. La señora Yirlean Tania Palacios Palacios, en calidad de vicepresidenta de la
junta directiva electa, reiteró e informó la «violación sistemática de nuestros
derechos fundamentales como directivos electos en asambleas zonales y
ratificados en asamblea general delegataria».
Explicó que el Consejo de Mayores es la autoridad tradicional del Consejo
Comunitario, que se ha encargado de la resolución de los conflictos al interior del
territorio, la cual existe desde 1998 cuando se aprobó el Reglamento Interno para
la autonomía y administración del territorio.
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Demandado: Presidencia de la República y otros
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
Expuso que el conflicto suscitado en la presente solicitud de amparo no fue
sometido ante la autoridad tradicional encargada de la resolución de conflictos que
deja ver el vacío normativo que hay en el artículo 9 del Decreto 1745 de 1995 que
ordena a la alcaldía a registrar las actas de elección en los libros de Consejos
Comunitarios, pues dicha situación «da pie a que las autoridades administrativas
puedan extralimitarse a tal punto que terminen decidiendo por las comunidades».
Manifestó que el señor Ángel Yomel Mosquera «ha venido polarizando y
dividiendo el colectivo a tal punto que cambió los cargos que se habían distribuido
de acuerdo al reglamento interno, y no conforme con lo anterior, convocó a
asamblea general sin previa autorización y diálogo con los miembros de la junta
para la modificación del reglamento interno, olvidando que el Decreto 1745 en su
artículo 4 señala que es la junta directiva quien deberá de convocar a asambleas
generales».
Por lo que solicitó que se suspendan las actuaciones del señor Mosquera
Manyoma hasta que el Consejo de Mayores como autoridad tradicional resuelva el
conflicto allí suscitado.
Finalmente, informó que no solo es el Consejo Comunitario General del río Baudó
y sus afluentes quien se encuentra en esa situación, sino que, son un sinnúmero
de consejos comunitarios que se encuentran en disputa con el Ministerio del
Interior, y que «hasta el día de hoy se están viendo desprotegidas sin
cumplimiento de garantías como comunidades de especial protección».
2.8. El señor Luciano Marmolejo Mosquera, tesorero del Consejo Comunitario,
señaló que la tutela es improcedente por temeridad, dado que el Juzgado
Segundo Civil del Circuito de Istmina, en sentencia del 9 de marzo de 2023,
revocó la sentencia de primera instancia y declaró improcedente la solicitud de
amparo.
Asimismo, alegó que no se cumple con el requisito de subsidiariedad, por cuanto
los accionantes cuenta con los mecanismos ordinarios de defensa ante la
jurisdicción contenciosa.
Finalmente, indicó que el Consejo de Mayores «no goza de competencia para
resolver solicitudes de impugnación de los actos de elección de que trata el
artículo 9 parágrafo 2 del Decreto 1745 de 1995».
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3. Fallo impugnado
En sentencia del 21 de noviembre de 2023, la Subsección B de la Sección Tercera
del Consejo de Estado1 declaró improcedente el amparo solicitado, por
incumplimiento del requisito de subsidiariedad.
En primer lugar, indicó que no se configuró la cosa juzgada por cuanto en el
presente proceso se incluyeron pretensiones contra la Presidencia de la
República, el Ministerio de Justicia y del Derecho y la Dirección de Asuntos para
Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del
Interior. Es decir, que no existe identidad de partes entre presente la acción de
tutela y aquella que decidió el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Istmina.
Que, de hecho, también difieren las pretensiones, por cuanto en la primera tutela
se procuró la inscripción de la señora Valencia Mosquera, mientras que en este
caso se cuestionan los actos de elección del señor Mosquera Manyoma como
representante legal del Consejo Comunitario. Además, en la presente solicitud se
presentaron nuevos hechos, como la expedición de la Resolución 79 de 2023 del
Ministerio del Interior, que confirmó en sede de impugnación el registro del
representante legal y que el juzgado echó de menos cuando declaró
improcedencia la primera acción de tutela por falta de subsidiariedad.
De otra parte, sostuvo que lo cuestionado por el actor son los actos
administrativos que definieron la elección del representante legal del Consejo
Comunitario, proferidos por el Municipio de Medio Baudó (Resoluciones 829 y 832
del 20 de diciembre de 2022) y la Resolución 79 del 24 de mayo de 2023,
proferida por el Ministerio del Interior.
Por último, el a quo consideró que los actos censurados son susceptibles de ser
demandados ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pues la «norma
aplicable expresamente lo señala: una vez agotado el recurso de impugnación
ante el Ministerio del Interior, los actos de elección eran susceptibles de control
1 El magistrado Alberto Montaña Plata salvó su voto y sostuvo que la accionante no cuenta con otro
mecanismo idóneo y eficaz que le permita alegar los reparos planteados en sede de tutela, por
cuanto la Corte Constitucional ha señalado que en temas como el derecho a la consulta previa o
respecto de censos de comunidades negras, la tutela es la única vía judicial que podría otorgar una
respuesta clara, omnicomprensiva y definitiva a la vulneración de los colectivos étnicos, aunado al
hecho de que las comunidades negras son sujetos de especial protección constitucional.
También consideró procedente acceder a la solicitud de amparo del derecho a la libre
determinación, por cuanto es un deber del Estado abstenerse de interferir en la toma de decisiones
que, en desarrollo de la autonomía, correspondía adoptar a los integrantes de comunidades
étnicas. En su criterio, el conflicto debió ser resuelto por el Consejo de Mayores, con fundamento
en el reglamento interno del Consejo Comunitario, y porque «no se presentó una impugnación en
sentido estricto, sino que hubo una elección simultánea de 2 representantes legales del Consejo
Comunitario de ACABA».
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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
judicial e incluso, podría solicitarse el decreto de medidas cautelares ante el juez
ordinario».
4. Impugnación
Inconforme con lo anterior, la parte demandante la impugnó y manifestó que sí se
cumple con el requisito de subsidiariedad, por cuanto el mecanismo ordinario de
defensa no es idóneo para solucionar la problemática planteada y tampoco es
eficaz para garantizar la protección de los derechos que se consideran afectados.
Expuso que la controversia para dirimir el conflicto étnico surgido con ocasión de
la duplicidad de asambleas generales y de elección de presidente con funciones
de representante legal, así como la validez y eficacia de la elección del cargo de
revisor fiscal y la modificación de la distribución de los cargos de la Junta Directiva
del Consejo Comunitario General del río Baudó y sus afluentes «no está enlistada
en los asuntos de conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
de conformidad con el artículo 104 de la Ley 1437 de 2011.
De hacerlo, a su juicio, el juez contencioso terminaría por «reemplazar la justicia
propia de la comunidad étnica que se considera afectada en sus derechos
fundamentales, en contravía de los artículos 93 y 94 de la Constitución Política,
así como el artículo 6, literal a de la Ley 21 de 1991, relativo a los derechos
fundamentales a la consulta y el consentimiento libre, previo e informado y a la
libre determinación del Consejo Comunitario.
Reiteró que el reglamento interno de esa comunidad desarrolla los elementos de
la libre determinación y, a través del autogobierno, se determinan el sistema
judicial propio que incluye la resolución de conflictos por medio de los miembros
del Consejo de Mayores, autoridad interna tradicional que debe investigar, evaluar
y tomar una decisión.
Expuso que el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho no tiene
el alcance de ordenarle al presidente de la República y al ministro de Justicia y del
Derecho en cumplimiento de las obligaciones de hacer pedidas en la tutela, por
cuanto «de su actuación no se predica ningún control judicial de actos
administrativos de contenido particular y concreto, que dicho sea de paso no
existen en el expediente».
Indicó que se incumplió con la regla de flexibilidad del requisito de subsidiariedad
en casos de sujetos de especial protección constitucional, toda vez que los
afrocolombianos de la cual hacen parte los habitantes del Consejo Comunitario, la
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Corte Constitucional precisó que este requisito debe ser más flexible y brindar un
tratamiento diferencial con el fin de verificar si se encuentra en la posibilidad de
ejercer el medio de defensa en igualdad de condiciones al común de la sociedad.
Manifestó que el periodo de las personas que son materia de conflicto interno
étnico según la competencia establecida en los artículos 42 a 45 del Reglamento
Interno de la comunidad es de 3 años, por lo que, exigirles adelantar un proceso
contencioso, además de afectar la regla de flexibilidad de la subsidiariedad, resulta
desproporcionado y no sería eficaz en el tiempo, pues cuando haya decisión de
fondo, ya habría transcurrido ese periodo estatutario.
4.1. El señor Ángel Yomel Mosquera se opuso a los argumentos de la
impugnación y manifestó que el extremo accionante de forma paralela tramita ante
la jurisdicción contencioso administrativa medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, para lo cual «se interpuso ante la Procuraduría 9
Judicial II de Bogotá, bajo radicado E-2023-605190 del 22 de septiembre de 2023
– Interno 23-222, solicitud de conciliación judicial».
En su criterio el medio de control es idóneo, eficaz y ordinario, sino que ya fue
utilizado por quien dice ser agraviada, por lo que no comprende por qué se
impugna la decisión de primera instancia si ya se puso en marcha el aparato
jurisdiccional.
Finalmente, aclaró que, aunque la organización comunitaria que representa no
aparece enlistada entre los citados en la solicitud de conciliación, seguramente
serán vinculados y el efecto procesal pretendido a través de ese medio de control
satisface las pretensiones de los aquí accionantes pues tendría incidencia frente a
la decisión eleccionaria que dispuso su escogencia y posterior inscripción ante la
Dirección de Asuntos de Comunidades Negras del Ministerio del Interior.
II. CONSIDERACIONES
1. Cuestiones previas
1.1. De la legitimación del Procurador 186 Judicial I para Asuntos
Administrativos de Quibdó
El procurador 186 judicial I para asuntos administrativos de Quibdó interpuso la
acción de tutela con fundamento en los artículos 2 y 277.7 de la Constitución
Política; 37 y 38 del Decreto Ley 262 de 2000, y 300 y 303 de la Ley 1437 de
2011, «a solicitud de la parte afectada».
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Para tal efecto, junto con el escrito de tutela aportó dos documentos suscritos por
los señores Jhoan Javier Palacios Robledo, Enrique Palacios Palacios, Yirlean
Tania Palacios Palacios, Yulis María Zúñiga Moreno, Jharol Antonio Castro
Hinestro, Francis Sirleny Urrutia y Leidy Vanesa Valencia Mosquera, quienes en
«calidad de directos afectados pertenecientes al CONSEJO COMUNITARIO
GENERAL DEL RÍO BAUDÓ Y SUS AFLUENTES “ACABA”», le solicitaron que
realizara las acciones que estimara necesarias en defensa de sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la
consulta previa y a la libre determinación del Consejo Comunitario.
De acuerdo con la solicitud presentada ante el referido procurador judicial, las
autoridades demandadas (i) pretermitieron o sustituyeron la instancia interna
tradicional denominada Consejo de Mayores, que está instituida para dirimir
conflictos como el surgido con ocasión de la duplicidad de elecciones del
representante legal de esa comunidad, y (ii) porque la junta directiva hace la
distribución de los cargos y radica el acta ante la alcaldía de Medio Baudó para la
inscripción, «pero la resolución donde se inscribe la junta el alcalde la emite con
unos cargos diferentes sin comprender de dónde salieron esos cargos».
No sobra precisar que el procurador 186 judicial I para asuntos administrativos de
Quibdó, además de solicitar la protección de los derechos fundamentales de las
anteriores personas, reclamó el amparo de los derechos fundamentales a la libre
determinación y a la consulta previa del Consejo Comunitario General del río
Baudó y sus afluentes.
Pues bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 277 de la Constitución
Política, la Procuraduría General de la Nación tiene competencia para intervenir en
los procesos y ante las autoridades judiciales cuando sea necesario en defensa de
los derechos y garantías fundamentales.
De hecho, el artículo 38 del Decreto Ley 262 de 2000 atribuye expresamente la
competencia de la Procuraduría para interponer acciones de tutela, así:
Artículo 38. Funciones preventivas y de control de gestión. Los procuradores
judiciales tienen las siguientes funciones preventivas y de control de gestión:
1. Interponer las acciones (…) de tutela (…) para asegurar la defensa del
orden jurídico, en especial las garantías y los derechos fundamentales,
sociales, económicos, culturales, colectivos o del ambiente o el patrimonio
público.
En la sentencia SU-214 de 2016, la Corte Constitucional expuso que en diversas
oportunidades la Corte ha reconocido que la Procuraduría General de la Nación
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está legitimada por activa para interponer acciones de tutela en defensa de los
derechos fundamentales, por ejemplo de los niños, de personas jurídicas de
derecho público, de los indígenas —entiéndase comunidades étnicas— y de
ciudadanos en el curso de un proceso de expropiación, eventos que tienen un
común denominador: se trata de personas que se encuentran en un estado de
indefensión o de la protección del interés público.
En esos términos, la Sala considera que el Procurador 186 Judicial I para Asuntos
Administrativos de Quibdó sí se encuentra legitimado para interponer la presente
solicitud de amparo, toda vez que, como se expuso con anterioridad, pretende la
protección del derecho fundamental a la consulta previa y a la libre determinación
del Consejo Comunitario General del río Baudó y sus afluentes, así como los de
algunos de sus integrantes. De ahí que el interés para actuar en el presente
proceso radica en la función constitucional y legal consistente en la protección del
interés público y, en especial, por cuanto los pueblos étnicamente diferenciados
gozan de especial protección constitucional, en función del principio superior de
diversidad étnica y cultural de la Nación2.
1.2. De la cosa juzgada
Varios de los intervinientes alegaron que se configuró el fenómeno de la cosa
juzgada, por cuanto ya se interpuso una acción de tutela con identidad de hechos
y pretensiones. Al igual que el a quo, la Sala considera que no se configuró, tal y
como se pasa a explicar.
En efecto, se observa que la señora Leidy Vanesa Valencia Mosquera interpuso
acción de tutela contra el alcalde del Municipio de Medio Baudó, en la que solicitó
la protección de su derecho fundamental al debido proceso y de petición, y, como
consecuencia, que se le ordenara a la autoridad demandada que inscribiera el
acta radicada por la señora María Nellis Waldo Palacios, por medio de la cual se
eligió a la señora Valencia Mosquera como representante legal del Consejo
Comunitario General del río Baudó y sus afluentes “ACABA”. A ese proceso se le
asignó el radicado 27430-40-89-001-2023-00003-00.
En sentencia del 7 de febrero de 2023, el Juzgado Promiscuo Municipal de Medio
Baudó amparó los derechos fundamentales de la accionante, por considerar que
la decisión del alcalde, al darle validez al acta de elección del señor Ángel Yomel
Mosquera Manyoma y dejar de lado el acta de la señora Mosquera Valencia,
desconocía su derecho a la igualdad, en la medida en que «en ambas actas se
evidencian falencias y sumado a ello, en el marco del ejercicio del derecho y
2 Ver, entre otras, la sentencia T-446 de 2021 de la Corte Constitucional.
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respeto a las garantías fundamentales del proceso la administración no debió dar
trámite a la inscripción a ninguna de las actas y remitirlas a la Dirección de
Asuntos para las Comunidades Negras del Ministerio del Interior para que en esa
dependencia surtiera dicho trámite».
La anterior providencia fue recurrida por el Municipio de Medio Baudó y por el
señor Ángel Yomel Mosquera Manyoma.
En sentencia del 9 de marzo de 2023, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de
Istmina revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, declaró
improcedente el amparo solicitado por incumplimiento del requisito de
subsidiariedad.
Como fundamento de su decisión, precisó que los actos de elección de los
miembros del Consejo Comunitario pueden ser impugnados en primera instancia
ante el alcalde municipal y, en segunda, ante la Dirección de Asuntos para las
Comunidades Negras del Ministerio del Interior. Indicó que también tienen
competencia los tribunales administrativos, en los términos del parágrafo 2 del
artículo 9 del Decreto 1745 de 1995.
Precisó que como se encuentra acreditado que contra las Resoluciones 829 y 832
del 20 de diciembre de 2022, «de las cuales emanan los derechos que
fundamentan la presente acción de tutela», la señora Valencia Mosquera interpuso
recurso de reposición y apelación, para la fecha de presentación de la tutela -23
de enero de 2023-, tales actos administrativos no habían cobrado firmeza, y la
misma Administración podía hacer cesar sus efectos, sin que esa circunstancia
configure una violación a los derechos fundamentales.
Y concluyó el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Istmina, que con la
presentación de la solicitud de amparo se persiguen los mismos fines de los
recursos interpuestos contra las referidas resoluciones, medios de impugnación
que en ese momento estaban pendientes de resolverse, lo cual implica que
«dichos actos administrativos no surten efectos jurídicos, y las órdenes en ellos
contenida no se pueden ejecutar, por lo que la intervención como juez de tutela
resulta innecesaria, inconveniente e inconstitucional, pues lo pretendido está
encaminado a detener los efectos de los actos cuestionados, cuando hay un
mecanismo con idéntica finalidad surtiendo trámite».
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Ese proceso de tutela3 fue excluido de revisión por la Corte Constitucional
mediante auto del 28 de abril de 2023, proferido por la Sala de Selección de
Tutelas Número Cuatro. La anterior decisión se notificó por anotación en estado
del 15 de mayo de 2023.
En orden a dilucidar si se configuró la cosa juzgada, conviene recordar que la
Corte Constitucional, en la sentencia SU-168 de 2017, precisó que este fenómeno
se presenta cuando concurren los siguientes elementos: a) identidad de partes, b)
identidad de hechos, c) identidad de pretensiones y d) la ausencia de justificación
en la presentación de la nueva demanda.
Como se pudo observar, si bien las circunstancias fácticas alegadas en la
presente solicitud de amparo tuvieron como origen las mismas situaciones fácticas
de la acción de tutela con radicado 27430-40-89-001-2023-00003-00, lo cierto es
que existen diferencias que impiden a la Sala declarar configurada la cosa
juzgada, tal como lo pretenden algunos de los terceros interesados.
En efecto, se observa que lo pretendido en aquel proceso era la inscripción del
acta de elección de la señora Leidy Vanesa Valencia Mosquera como
representante legal del Consejo Comunitario, mientras que en el presente proceso
las pretensiones están encaminadas a que se inapliquen las resoluciones que
realizaron el registro del acta de elección de presidente con funciones de
representante legal y redistribuyeron los cargos de la junta directiva del Consejo
Comunitario, para que el Consejo de Mayores de esa comunidad resuelva el
conflicto étnico interno surgido con ocasión de la duplicidad de asambleas
generales.
Además, esta solicitud de amparo también busca que se le ordene al presidente
de la República, al ministro de Justicia y del Derecho y al ministro del Interior, que
realicen estudios de caracterización del sistema de justicia propia de esa
comunidad, así como la implementación de un protocolo de consulta previa en el
que se definan las pautas de integración de las decisiones de las autoridades
étnicas internas encargadas de la resolución de conflictos y que se brinde
asistencia al Consejo de Mayores para que resuelva el conflicto étnico interno por
la duplicidad de asambleas.
Finalmente, se observa que, tal como lo sostuvo el a quo, en el período que
transcurrió entre la presentación de aquella solicitud de amparo y la presente
tutela se presentaron circunstancias sobrevinientes, tales como la expedición de la
3 Identificado en la Corte con el radicado T-9.336.882, Sala de Selección integrada por los magistrados Jorge
Enrique Ibáñez Najar y Antonio José Lizarazo Ocampo.
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Resolución 185 del 13 de marzo de 2023, expedida por el alcalde del Municipio de
Medio Baudó, que resolvió la reposición contra las resoluciones 829 y 832 del 20
de diciembre de 2020, y también la Resolución 79 de 2023, emanada de la
Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras del Ministerio del Interior, que confirmó en sede de impugnación el
registro del representante legal Ángel Yomel Mosquera Manyoma.
Ante tales diferencias, la Sala concluye que no se configuró el fenómeno de la
cosa juzgada.
2. Problema jurídico
En los términos de la impugnación, corresponde a la Sala determinar si hay lugar
a confirmar, modificar o revocar la sentencia del 21 de noviembre de 2023,
proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que
declaró improcedente el amparo solicitado. Para tal efecto, en primer lugar, se
deberá establecer si la solicitud de amparo cumple con el requisito de
subsidiariedad. De acreditarse, se determinará si las autoridades demandadas
vulneraron los derechos fundamentales alegados en la demanda.
3. De la subsidiariedad
La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en la sentencia de
primera instancia, consideró que la solicitud de amparo presentada no cumplía
con el requisito de subsidiariedad, por cuanto los actos administrativos
cuestionados son susceptibles de ser demandados ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, en los términos del parágrafo 2° del artículo 2.5.1.2.9
del Decreto 1066 de 2015, e inclusive podría solicitarse el decreto de medidas
cautelares ante el juez ordinario.
Contrario a lo considerado por el a quo, la Sala considera que la solicitud de
amparo sí cumple con el requisito de subsidiariedad, toda vez que, si bien resulta
posible controvertir la legalidad de los actos administrativos que inscribieron al
señor Ángel Yomel Mosquera como presidente del Consejo Comunitario con
funciones de representante legal para el período 2023-2025, así como aquellos
que decidieron los recursos interpuestos contra esa determinación, ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, no es menos cierto que la Corte
Constitucional estableció una excepción expresa en el caso de los derechos de
los pueblos étnicamente diferenciados, toda vez que se trata de sujetos de
especial protección constitucional, que han enfrentado patrones históricos de
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discriminación no superados y cuyos derechos inciden en la satisfacción de los
fines esenciales del Estado.
De hecho, la Corte ha sostenido en jurisprudencia constante, pacífica y uniforme
que la tutela procede como mecanismo preferente para la protección de los
derechos de dichos pueblos. En ese sentido, explicó que existen diferencias entre
el análisis de legalidad sobre el acto administrativo y la defensa de los derechos
fundamentales que se persigue por vía del amparo de estas comunidades.
Asimismo, precisó que, si bien las medidas cautelares permiten proteger los
intereses jurídicos involucrados en el proceso, ocurre que siempre operan en
función del objeto final del trámite, que está centrado en el control de legalidad de
los actos administrativos, y no en la solución de los problemas constitucionales,
como aquellos que involucran los derechos de las comunidades y pueblos
étnicos, aunado al hecho de que su efectividad no «iguala ni supera a la de la
acción de tutela, debido a la congestión de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo».
Por todo lo anterior, la Corte reiteró que la acción de tutela es el medio judicial
idóneo y eficaz para la defensa y protección de los derechos de los pueblos
étnicamente diferenciados, como lo son las comunidades negras o las indígenas 4,
así:
La Sala Plena reitera la subregla descrita en los considerandos precedente: la
acción de tutela es, por regla general, el medio judicial adecuado y preferente
para la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y, en especial, del
derecho a la consulta previa5.
En esas condiciones, como se anticipó, la Sala tendrá por acreditado este
requisito y descenderá al estudio de fondo del asunto con el fin de determinar si
se vulneraron o no los derechos fundamentales invocados en la demanda.
4 Aunque en el aparte citado se hace referencia expresa a los pueblos indígenas, lo cierto es que
esa condición de especial protección constitucional, así como el carácter preferente de la acción de
tutela para resolver conflictos derivados de la vulneración de los derechos fundamentales a la
consulta previa y a la libre determinación, también recae sobre otros grupos étnicamente
diferenciados, como las comunidades negras, afrocolombianas, raizal y palenquera. Una completa línea
jurisprudencial de la Corte Constitucional sobre los aspectos mencionados puede encontrarse, entre otras,
en las sentencias T-446 de 2021, T-281 y T-151 de 2019, SU-123 de 2018, T-005 de 2016, T-196,
T-188 y T-155 de 2015, T-857, T-646 y T-461 de 2014, T-371 de 2003 y T-1105 de 2008.
5 Sentencia SU-217 de 2017. M.P. María Victoria Calle Correa.
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4. Análisis de la Sala
4.1. Del derecho fundamental a la autodeterminación de los grupos
étnicamente diferenciados6
La autonomía política de los pueblos étnicos ha sido concebida por la Corte
Constitucional como la capacidad que tiene un grupo étnico de darse su propia
organización social, económica y política, es decir, que tales pueblos tienen
derecho a decidir por sí mismos los asuntos y aspiraciones propias de su
comunidad, en materia cultural, espiritual, política y jurídica, de conformidad con
sus usos y costumbres, y los límites que señalen la Constitución y la ley.
En el ámbito interno de reconocimiento de la autonomía de estos pueblos, está
relacionado con las formas de autogobierno y de autodeterminación de las reglas
jurídicas en su interior. De ahí que, según la jurisprudencia constitucional, estas
comunidades tienen derecho a: (i) decidir su forma de gobierno, (ii) ejercer
funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, y, (iii) ejercer el derecho
de propiedad de sus resguardos y territorios colectivos, con los límites que
establezca la Constitución y la ley. Y en la sentencia T-151 de 2019, la Corte
Constitucional amplió el catálogo de derechos que le asiste a los grupos
étnicamente diferenciados:
(i)Tener su propia vida cultural, (ii) profesar y practicar su propia religión como
manifestación cultural, (iii) preservar, practicar, difundir y reforzar otros valores
y tradiciones sociales, culturales, religiosas y espirituales, así como sus
instituciones políticas, jurídicas, sociales, culturales, etc. (iv) emplear y
preservar su propio idioma, (v) no ser objeto de asimilaciones forzadas; (vi)
conservar, acceder privadamente y exigir la protección de los lugares de
importancia cultural, religiosa, política, etc. para la comunidad; (vii) conservar
y exigir protección a su patrimonio cultural material e inmaterial; (viii) utilizar y
controlar sus objetos de culto; (ix) revitalizar, fomentar y transmitir a las
generaciones presentes y futuras sus historias, tradiciones orales. Filosofía,
literatura, sistema de escritura y otras manifestaciones culturales; (x) emplear
y producir sus medicinas tradicionales y conservar sus plantas, animales y
minerales medicinales; (xi) participar en la vida cultural de la Nación; (xii)
seguir un modo de vida según su cosmovisión y relación con los recursos
naturales; (xiii) preservar y desarrollar su modos de producción y formas
económicas tradicionales; y (xiv) exigir protección de su propiedad intelectual
relacionada con obras, creaciones culturales y de otra índole.
En relación con la autonomía política o el derecho al autogobierno, la legislación
internacional7 y comparada ha aceptado que los pueblos indígenas y tribales
6 Por considerarlas pertinentes, la Sala adoptará las consideraciones que sobre este derecho se
realizaron en la sentencia T-973 de 2009, proferida por la Corte Constitucional, toda vez que la
Corte analizó una controversia que tuvo su génesis en el conflicto interno de una comunidad étnica,
esto es, el pueblo indígena Kamëntsá Biyá del Municipio de Sibundoy, Putumayo, en diciembre de
2005, en el que se llevaron a cabo dos elecciones para designar al gobernador de la comunidad, lo
cual generó división en esa comunidad.
7 Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que integra el Bloque de
Constitucionalidad, toda vez que fue ratificado por Colombia a través de la Ley 21 de 1991.
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pueden controlar su propio desarrollo político a través de instituciones propias y
autogestionarse en materias internas y locales, de ahí que, independientemente
de las costumbres y creencias de estas comunidades, debe primar un respeto por
su autonomía en estos asuntos, siempre que sea compatible con el ordenamiento
constitucional y legal.
En Colombia, la autonomía política de los pueblos étnicamente diferenciados es
un derecho constitucional, en los términos del artículo 330, el cual, en todo caso,
debe ejercerse dentro de los estrictos parámetros señalados por sus usos y
costumbres, siempre que los mismos no sean contrarios a la Constitución y la ley.
La propia Corte Constitucional ha reconocido que estas comunidades tienen
derecho a regirse por sus propias costumbres y normas en su territorio. Así lo dijo:
La aplicación del principio de la diversidad étnica y cultural no solo
implica reconocer la existencia del grupo étnicamente diferenciado, sino
también el deber de garantizar el ejercicio efectivo tanto de su
autodeterminación, sus instituciones y autoridades de gobierno como la
posibilidad de guiarse por sus propias normas, costumbres, opciones
de desarrollo, visión del mundo y proyectos de vida8.
En esos términos, las facultades de los grupos étnicos en materia política en su
ámbito interno involucran los siguientes derechos: (i) escoger la modalidad de
gobierno que las debe regir, (ii) consolidar y determinar sus instituciones políticas y
sus autoridades tradicionales, (iii) establecer de manera propia y conforme a sus
usos y costumbres y a lo que señale la ley, las funciones que les corresponde
asumir a tales autoridades, (iv) la determinación de los procedimientos y requisitos
de elección de sus autoridades, así como la modificación y actualización de tales
normas, y (v) definir las instancias internas de resolución de sus conflictos
electorales.
Las autoridades tradicionales de los pueblos étnicos son quienes, en buena
medida, detentan el poder comunitario. Entonces, la autodeterminación y control
del destino político de estas comunidades son sumamente importantes para la
preservación de su cultura, ya que el derecho a elegir a sus representantes y a ser
gobernados por autoridades que reconozcan sus usos y costumbres, es una de
las formas de supervivencia étnica y comunitaria, que requieren de medidas
estatales para garantizarlos9.
Entonces, si el Estado interviene indebidamente en los actos de convocatoria,
elección y posesión de las autoridades tradicionales de una comunidad
étnicamente diferenciada, ello podría significar el menoscabo y desconocimiento
8 Sentencia T-446 de 2001.
9 Sentencias SU-383 de 2003 y T-254 de 1994.
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de los derechos fundamentales a la autonomía política y al autogobierno, y,
eventualmente, podría comprometer su diversidad étnica y cultural.
Lo anterior, debido a que el derecho a la autonomía política de estas comunidades
está vinculado con los derechos individuales de sus integrantes a elegir y ser
elegidos, a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, y a
participar en la toma de decisiones que los afecta.
Sin embargo, este derecho no tiene un alcance absoluto, por cuanto desde el
mismo texto constitucional se fijó que la autonomía política y jurídica de las
comunidades étnicas puede ejercerse conforme a sus usos y costumbres, siempre
que los mismos no sean contrarios a la Constitución y a la ley. De esta manera, la
Corte ha establecido algunas reglas generales de interpretación sobre los
alcances y límites de la diversidad cultural y étnica y su ponderación con otros
derechos, así:
• El núcleo esencial de los derechos fundamentales constitucionales
constituye el mínimo obligatorio de convivencia para todos los particulares.
• Maximización de la autonomía: que implica la minimización de las
restricciones, salvo que sean indispensables para salvaguardar intereses
de superior jerarquía, por lo que la protección de la diversidad «solo podrá
producirse en principio, frente a aquellos conflictos que puedan ser
catalogados como internos en las respectivas comunidades».
• A mayor conservación de usos y costumbres, mayor autonomía: la cual
establece que a mayor claridad de las reglas internas de una comunidad
étnica en todo sentido —incluso en materia política y electoral—, menor
será la intervención del Estado en sus designios internos.
• Las normas legales imperativas de orden público priman sobre los usos y
costumbres de estos pueblos, siempre y cuando protejan directamente un
valor constitucional superior al principio de diversidad étnica y cultural.
• Los usos y costumbres de una comunidad priman sobre las normas legales
dispositivas.
• Proporcionalidad: consistente en que, si se debe limitar la autonomía de los
grupos étnicos, la medida que se tome debe ser la menos gravosa para su
autonomía.
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• Pueden concebirse posibles restricciones a la propiedad colectiva de las
comunidades étnicas, por razones de orden público y de seguridad
nacional.
4.2. Caso concreto
El presente asunto la parte actora alegó que el alcalde del Municipio de Medio
Baudó y la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas,
Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior vulneraron el derecho
fundamental a la libre determinación del Consejo Comunitario General del río
Baudó y sus afluentes “ACABA”, por cuanto usurparon la competencia de la
autoridad tradicional encargada de dirimir y resolver los conflictos internos de esa
comunidad, esto es, el Consejo de Mayores, competencia asignada en el artículo
44 del Reglamento Interno de esa comunidad afrodescendiente.
Puntualmente, precisaron que luego de la convocatoria realizada por la Junta
Directiva del Consejo Comunitario, en el mes de diciembre de 2022, se realizaron
de manera simultánea dos asambleas generales, en la que, de una parte, resultó
electo el señor Ángel Yomel Mosquera como presidente con funciones de
representante legal y, de otra parte, la señora Leidy Vanesa Valencia Mosquera,
quien también resultó electa para el mismo cargo.
Por lo anterior, para cada una de las actas en las que constaba la respectiva
elección se solicitó ante el alcalde municipal de Medio Baudó que la registrara, y,
mediante Resolución 029 del 20 de diciembre de 2023, el referido alcalde decidió
inscribir el acta de elección del señor Ángel Yomel Mosquera y se abstuvo de
inscribir la elección de la señora Valencia Mosquera. Contra la anterior decisión,
se interpuso recurso de reposición y de «impugnación» el cual fue resuelto por la
Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras del Ministerio del Interior, quien confirmó las decisiones recurridas.
Pues bien, del análisis del material probatorio que obra en el expediente, la Sala
destaca lo siguiente:
El Reglamento Interno del Consejo Comunitario General del río Baudó y sus
afluentes “Acaba” fue adoptado y aprobado por la primera Asamblea General
realizada en Pie de Pato – Alto Baudó el 31 de enero de 1998, el cual ha tenido
dos reformas: el 4 de diciembre de 2013 y el 17 de diciembre de 2021, orientado
por principios derivados de los mandatos ancestrales, desde el pensamiento y la
visión cultural de la comunidad negra recibidos de sus mayores. El artículo 2 del
referido reglamento determinó los principios, entre ellos el de autonomía,
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entendido como el derecho de «tomar nuestras propias decisiones y acciones
concretizando el autogobierno. Es una facultad fundamental en nuestra
organización como consejo comunitario que se enmarca con nuestra capacidad
política y jurídica para plantear y decidir la administración, el control social,
político, cultural, económico y ambiental de nuestro territorio».
En el capítulo VI se reglamentaron las autoridades tradicionales del Consejo
Comunitario, y, en el artículo 42, se indicó que el Consejo de Mayores es la
máxima autoridad cultural y espiritual tradicional, integrado por los sabedores
representativos de cada una de las actividades espirituales, sociales y culturales
que caracterizan a esa comunidad negra, compuesto por 9 personas «para darle
igual participación a cada una de las zonas y se elegirán en las zonales de
elección de delegados para directivos y se ratificarán en la asamblea general».
En el mismo sentido, el artículo 44 dispuso que el Consejo de Mayores es el
órgano encargado de asesorar a las demás autoridades en el propósito de
recuperar y ampliar el sistema de justicia propia, aplicar los mecanismos
alternativos de resolución de conflictos, y «dirimir las diferencias entre las
autoridades e instancias del Consejo Comunitario y la intermediación para la
resolución pacífica de los conflictos internos que se presenten en el territorio
colectivo».
Asimismo, se tiene que mediante la Resolución 025 del 30 de septiembre de
2022, la Junta Directiva del Consejo Comunitario General del río Baudó y sus
afluentes convocó a la asamblea general, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 47 del Reglamento Interno para elegir a las autoridades étnicas y
representativas (junta directiva, representante legal, revisor fiscal, comités
sectoriales para el etnodesarrollo y consejo de mayores). La Asamblea General
sería realizada los primeros 15 días del mes de diciembre de 2022.
El artículo 4 de la referida resolución, con el fin de proteger las garantías
electorales de los participantes, estableció que, si la Junta Directiva del Consejo
Comunitario encontraba irregularidades en el proceso de inscripción de
candidatos a la junta directiva, representante legal, consejo de mayores, revisor
fiscal y los comités sectoriales, remitiría la novedad «al Consejo de Mayores
para que emita un fallo», en los términos del artículo 53 inciso 11 del
Reglamento Interno.
Ahora bien, mediante Acta sin número, suscrita por las señoras Yenfa Castro
Aspilla -presidenta ad hoc-, y María Nelly Ubaldo Palacios -secretaria ad hoc- de
la Asamblea General del Consejo Comunitario, dejó constancia que la señora
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Leidy Vanesa Valencia Mosquera resultó electa con 108 votos como presidenta
con funciones de representante legal para el período 2023-2025.
Por Acta 0016, suscrita por el señor Rodrigo Portocarrero -presidente ad hoc- de
la Asamblea General del Consejo Comunitario, se consignó que resultó electo con
104 votos el señor Ángel Yomel Mosquera Manyoma como presidente con
funciones de representante legal para el período 2023-2025.
La Resolución 829 del 20 de diciembre de 2022, «por medio de la cual se
reconoce el acto de elección con efectos de representante legal del Consejo
Comunitario General del Río Baudó y sus Afluentes – ACABA», el alcalde del
Municipio de Medio Baudó se abstuvo de registrar el acta de elección pretendida
por la señora Leidy Vanesa Valencia Mosquera, e inscribió en el libro que se lleva
para tal efecto, el acta de elección 0016 de la Asamblea de ACABA, a través del
cual fue elegido el señor Ángel Yomel Mosquera Manyoma, en calidad de
presidente con funciones de representante legal de ACABA, para el período 2023
-2025.
En la mencionada decisión, se expuso que el 15 de diciembre de 2022, la señora
María Nellys Ubaldo Palacios en calidad de secretaria ad hoc auxiliar General de
ACABA radicó el Acta de la Asamblea y la solicitud de inscripción de la elección
desarrollada el 13 y 14 de diciembre de 2022, en la comunidad de Chachajo
«teniendo como resultado una votación de 108 votos a favor de la candidata Leidy
Vanesa Valencia Mosquera».
Asimismo, señaló que el 16 de diciembre de 2022, el señor Rodrigo Portocarrero
Mosquera, en calidad de presidente ad hoc de la Asamblea General realizada del
12 al 15 de diciembre de 2022 del Consejo Comunitario solicitó la inscripción del
acta de elección del señor Ángel Yomel Mosquera Manyoma como representante
legal.
El alcalde precisó que ante la existencia de dos actas de elección para la misma
representación resultaba oportuno «para esta municipalidad resolver la
controversia antes planteada acorde a las normas existentes».
Consideró que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 del reglamento
interno de esa comunidad, y lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 1745 de
1995, le correspondía a la Asamblea General el nombramiento del presidente y
secretario de la Asamblea, cuando se tuvieran que realizar cambios en la junta
directiva.
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Por tanto, en su criterio, se eligió la mesa ad hoc y tenía la obligación de presidirla
como presidente el señor Rudecindo Castro, y como secretarios, los señores
Rosmira Elena Hinestroza y Rodrigo Portocarrero, «tal y como lo ratifica el
representante legal Jair Mosquera Córdoba». Explicó, además, que el señor
Rudecindo Castro renunció a la delegación asignada, y la Asamblea General
determinó nombrar al nuevo presidente – Rodrigo Portocarrero – y como
secretaria a la señora Rosmira Elena Hinestroza.
Sin embargo, expuso que en el acta que pretendía la inscripción de la señora
Leidy Vanessa Valencia Mosquera, se pretendió refrendar «documentos de
elección para el registro en el libro que se lleva para tal efecto en el ente territorial,
pretendiendo constituir documento suficiente para los efectos de representación
legal, violando los derechos constitucionales – políticos de elegir y ser elegido,
vistos como una falta a la verdad».
Concluyó que, «se deja ver una presunta falsedad en documentos dispuesto en la
Ley 599 de 2000, generando vicios de ilegalidad del acto que me impide cumplir
lo pretendido por la señora Yenga Castro Asprilla y María Nelly Ubaldo Palacios,
sin ostentar la calidad para desempeñar los cargos de presidente y secretario ad
hoc, (…) por cuanto se describió en precedencia, vista como insuficiencia de
legitimidad para actuar y partiendo que lo accesorio sigue la suerte de lo principal,
no podría legitimarse la asamblea y menos la elección que aducen los actores
Castro Asprilla y Ubaldo Palacios».
Por su parte, en relación con el acta que pretendía la inscripción del señor Ángel
Yomel Mosquera Manyoma, precisó que no evidenció violación a las garantías
propias de la Constitución Política, la Ley, los Decretos y el Reglamento Interno
del Consejo Comunitario, pues una de las garantías de imparcialidad se observó
en que las personas que intervinieron Rodrigo Portocarrero y Rosmira Elena
Hinestroza, «que comprende no solo la rectitud de este, de manera que no se
inclinaron para favorecer o perjudicar a alguno de los sujetos procesales sino,
además, cumplir con la verificación de quorum y articulados de las normas
existentes para el caso del acto eleccionario».
En la Resolución 832 del 2022, el alcalde del Municipio de Medio Baudó inscribió
al señor Ángel Yomel Mosquera Manyoma como representante legal del Consejo
Comunitario General del río Baudó y sus afluentes “ACABA”.
La señora Leidy Vanesa Valencia Mosquera interpuso recurso de reposición e
impugnación contra las Resoluciones 829 y 832 del 20 de diciembre de 2022.
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A través de la Resolución 010 del 10 de enero de 2023, el alcalde municipal de
Medio Baudó modifico la Resolución 832 del 20 de diciembre de 2023, e incluyó la
distribución de los cargos de la junta directiva del Consejo Comunitario.
Mediante la Resolución 185 del 13 de marzo de 2023, el alcalde del Municipio
de Medio Baudó no repuso la decisión recurrida y remitió el expediente
administrativo a la Dirección de Asuntos para las Comunidades Negras del
Ministerio del Interior, «para que surta el recurso de apelación conforme lo
establece el artículo 9 del Decreto 1745 de 1995».
Mediante la Resolución 079 del 24 de mayo de 2023, por la cual se decide en
segunda instancia el recurso de apelación interpuesto en contra de la Resolución
185 del 13 de marzo de 2023, el director de Asuntos para Comunidades
Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior
confirmó la decisión recurrida.
Para tal efecto, consideró que, de conformidad con el acta aportada por la señora
María Nellys Ubaldo, «se tiene que en la firma de presidente ADHOC y secretaria
ADHOC, estos NO fueron elegidos por la Asamblea General, es decir no se
prueba la legitimidad de las señoras Yenfa Castro Asprilla como presidente
ADHOC y MARÍA NELLY UBALDO PALACIOS secretaria ADHOC, razón por la
cual la Alcaldía Municipal de Medio Baudó no repone las Resoluciones No. 829 y
832 del 20 de diciembre de 2022».
Concluyó que la Asamblea General llevada a cabo del 12 al 15 de diciembre de
2022, fue conforme a los principios y derechos como el de participación, elegir y
ser elegido, toda vez que la convocatoria se ejecutó cumpliendo los preceptos del
Decreto 1066 de 2015.
Luego de analizar en conjunto la totalidad de los elementos probatorios aportados
en el expediente, la Sala considera que, en efecto, el alcalde del Municipio de
Medio Baudó y el director de Asuntos para Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior vulneraron el
derecho fundamental a la autodeterminación del Consejo Comunitario General del
río Baudó y sus afluentes “ACABA”, por cuanto como quedó expuesto con
anterioridad, el conflicto interno suscitado al interior de esa comunidad, con
ocasión de la celebración de dos asambleas generales de manera simultánea, en
la que resultaron electas dos personas diferentes, debía ser resuelto por el
Consejo de Mayores del Consejo Comunitario, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 44 del Reglamento Interno adoptado por la Asamblea General del
Consejo Comunitario.
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Así pues, se advierte que el análisis efectuado por las autoridades demandadas al
momento de decidir la solicitud de inscripción de las actas y, posteriormente,
cuando se resolvieron los recursos presentados por la señora Leidy Vanesa
Valencia Mosquera invadió la competencia del Consejo de Mayores, quien era la
autoridad tradicional designada por la Asamblea General del Consejo Comunitario
para resolver los conflictos internos que se presentaran en esa comunidad.
La Sala no comparte el argumento del alcalde municipal, al adoptar la Resolución
829 del 20 de diciembre de 2022, según el cual, «ante la existencia de dos (2)
actas de elección para la misma representación, resulta oportuno para esta
municipalidad resolver la controversia antes planteada acorde a las normas
existentes», pues, se insiste, que la Asamblea General del Consejo Comunitario,
en ejercicio de su autonomía política y de autogobierno, estableció un reglamento
interno que se encuentra orientado por los principios derivados de los mandatos
ancestrales, en el que se definieron las autoridades encargadas de aplicar los
mecanismos de resolución de conflictos y de «dirimir las diferencias entre las
autoridades e instancias del Consejo Comunitario y la intermediación para la
resolución pacífica de los conflictos internos que se presenten en el territorio
colectivo».
De manera que, si el derecho a la autodeterminación de los pueblos étnicamente
diferenciados implica que puedan decidir por sí mismas los asuntos y aspiraciones
de su comunidad, en los ámbitos material, cultural, espiritual, político y jurídico, de
acuerdo con sus referentes propios y conforme con los límites que señalen la
Constitución y la Ley.
La Sala no comprende por qué las referidas autoridades usurparon esa garantía
constitucional y dirimieron dicha controversia, pues no se advierte que, si dicho
conflicto interno se hubiera sometido para su resolución al Consejo de Mayores,
se hubiera generado un vacío total de poder que implicara una afectación real de
los derechos fundamentales de los integrantes del Consejo Comunitario. Tal y
como lo consideró la Corte en un asunto de contornos similares10:
[S]olo ante la dificultad efectiva y manifiesta de un pueblo indígena de darse
una solución al conflicto interno y luego de agotadas todas las instancias,
podría el Estado intervenir de algún modo en su autonomía política» de igual
modo, la misma Corte precisó que «de las funciones asignadas por la ley a la
Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia no se sigue que la
citada Dirección, sin adelantar la consulta previa respectiva, pueda definir en
un debate entre dos autoridades indígenas, cuál es la que debe regir los
10 Sobre la identidad existente entre los pueblos indígenas y las comunidades negras, en función
del tratamiento especial que la Carta de 1991 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional les
brindan, por tratarse de pueblos étnicamente diferenciados, véase la nota de pie de página 3.
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destinos de la comunidad, cuando aún persiste el enfrentamiento interno. Ni
que pueda tampoco autónomamente, definir vía registro, que una elección es
más legítima que la otra, para concluir que un Gobernador y no el otro, es el
que debe ser designado como autoridad en una comunidad indígena11.
De hecho, en esa misma sentencia, se indicó que la formalidad adquiere una
dimensión particular cuando se trata de decisiones adoptadas por comunidades
étnicas, ya que implica la validación de una determinación definitiva por parte de
toda la comunidad. Sin embargo, el proceso de registro también conlleva
implicaciones institucionales y administrativas, al conferir un «estatus jurídico» a
esas autoridades. Si persiste un conflicto político y la comunidad no logra alcanzar
un consenso, el debate interno continúa. En este contexto, la decisión de registrar
o no a una autoridad tradicional tiene el efecto de institucionalizar a la persona
registrada y puede desestimar, en la práctica, la capacidad autónoma de la
respectiva comunidad para designar a sus propias autoridades tradicionales,
aspecto central de su autonomía política.
Entonces, como se expuso, en los casos en que se requiera limitar el derecho a la
diversidad étnica y cultural, la medida a adoptar por parte del Estado debe ser la
menos gravosa para la autonomía que se les reconoce a las comunidades
étnicas12, por lo que, al identificar la existencia del conflicto interno surgido en el
Consejo Comunitario General del río Baudó y sus afluentes “ACABA”, el alcalde
del Municipio de Medio Baudó y el director de Asuntos para Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior debieron
remitir dichas actuaciones al Consejo de Mayores de esa comunidad para que, en
ejercicio de su autonomía e independencia, dirimiera la controversia suscitada
entre los integrantes de ese grupo.
Adicionalmente, la Corte Constitucional ha considerado que es fundamental para
la preservación de la cultura de los pueblos étnicamente diferenciados, que el
Estado se abstenga de realizar acciones que interfieran de manera indebida en las
decisiones que estos tomen frente a sus autoridades tradiciones y sus
representantes13.
Finalmente, la Sala considera que el argumento del señor Luciano Marmolejo
Mosquera, tesorero del Consejo Comunitario, alegó que el Consejo de Mayores no
tiene competencia para resolver las solicitudes de impugnación de los actos de
elección de que trata el parágrafo 2 del artículo 9 del Decreto 1745 de 1995, no
está llamado a prosperar, por cuanto en el presente proceso no se trató de una
impugnación del acto de elección del señor Ángel Yomel Mosquera Manyoma en
11 Sentencia T-973 de 2009.
12 Sentencia T-349 de 1996.
13 Sentencia T-979 de 2006.
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Actor: Procurador 186 Judicial I para Asuntos
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sentido estricto, sino que, del material probatorio que obra en el expediente, se
advierte que se presentó una elección simultánea de dos representantes legales
del Consejo Comunitario del río Baudó y sus afluentes, por lo que esa controversia
debía ser definida por la autoridad tradicional designada por la Asamblea General
en el Reglamento Interno que adoptaron, esto es, el Consejo de Mayores.
Por todo lo anterior, como quedó acreditado que el alcalde del Municipio de Medio
Baudó y el director de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas,
Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior vulneraron los derechos a la
diversidad e integridad étnica y cultural del Consejo Comunitario General del río
Baudó y sus afluentes “ACABA”, en especial la garantía constitucional a la
autodeterminación, la Sala revocará la sentencia de primera instancia y, en su
lugar, amparará los derechos fundamentales de esta comunidad.
Como consecuencia de lo anterior, se dejarán sin efectos las Resoluciones 829 y
832 del 20 de diciembre de 2022, 010 del 10 de enero de 2023 y 185 del 13 de
marzo de 2023, expedidas por el alcalde del Municipio de Medio Baudó, así como
la Resolución 079 del 24 de mayo de 2023, proferida por el director de Asuntos
para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del
Ministerio del Interior. También se ordenará a dichas autoridades administrativas
que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contado a partir de la
notificación de la presente providencia, remitan el expediente administrativo al
Consejo de Mayores del Consejo Comunitario del río Baudó y sus afluentes
“ACABA”, con el fin de que esa autoridad tradicional asuma la competencia para
dirimir el conflicto interno suscitado en el mes de diciembre de 2022.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
Revocar la sentencia del 21 de noviembre de 2023, proferida por la Subsección B
de la Sección Tercera del Consejo de Estado. En su lugar:
PRIMERO. Amparar el derecho fundamental a la libre determinación del Consejo
Comunitario General del río Baudó y sus afluentes “ACABA”, de conformidad con
lo razonado en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. Dejar sin efectos: (i) la Resolución 079 del 24 de mayo de 2023,
proferida por el director de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas,
Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior, y (ii) las Resoluciones 829 y
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03528-01
Actor: Procurador 186 Judicial I para Asuntos
Administrativos de Quibdó
Demandado: Presidencia de la República y otros
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
832 del 20 de diciembre de 2022, 010 del 10 de enero de 2023 y 185 del 13 de
marzo de 2023, expedidas por el alcalde del Municipio de Medio Baudó, Chocó.
Como consecuencia de lo anterior, se ordena al director de Asuntos para
Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del
Interior y al alcalde del Municipio de Baudó que, en el término de cuarenta y ocho
(48) horas contado a partir de la notificación de la presente providencia, remitan el
expediente administrativo al Consejo de Mayores del Consejo Comunitario
General del río Baudó y sus afluentes “ACABA”, con el fin de que resuelva el
conflicto interno surgido con ocasión de la celebración de la Asamblea General de
2022.
TERCERO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más
expedito y eficaz.
CUARTO. Por Secretaría General, envíese el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
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MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Con salvamento de voto
VF
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