Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06728-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-06728-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06728-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-06728-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo López
19 de junio de 2025
Radicación: 11001 03 15 000 2024 06728 01
Accionantes: Dehiner Garrido Murillo y José Willinton Perea Palacios
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2024 06728 01
Accionantes: DEHINER GARRIDO MURILLO Y JOSÉ WILLINTON
PEREA PALACIOS
Accionados: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, MINISTERIO DEL
INTERIOR Y ALCALDÍA MUNICIPAL DE CÉRTEGUI
(CHOCÓ)
Tesis: La acción de tutela es improcedente cuando se dirige en
contra de actos administrativos y no se ha hecho uso de
los medios de defensa judicial ni se configura la
ocurrencia de un perjuicio irremediable.
Hay lugar a amparar el derecho fundamental de petición
cuando el accionante interpuso una solicitud de
revocatoria directa en contra de un acto administrativo
y no está acreditado que la entidad correspondiente le
haya dado respuesta.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante en
contra del fallo de tutela proferido el 21 de febrero de 2025 por la
Subsección C, Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró
improcedente la acción de tutela.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 06728 01
Accionantes: Dehiner Garrido Murillo y José Willinton Perea Palacios
1. SÍNTESIS DEL CASO
Los señores Dehiner Garrido Murillo y José Willinton Perea Palacios,
actuando en calidad de representante legal electo y presidente electo,
respectivamente, de la junta directiva de COCOMACER - Consejo
Comunitario Mayor de Cértegui (Chocó), promovieron acción de tutela en
contra de la Presidencia de la República; el Ministerio del Interior –
Viceministerio para el Diálogo Social, la Igualdad y los Derechos Humanos
• Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas,
Raizales y Palenqueras; y la alcaldía del municipio de Cértegui (Chocó); y
para ello, formularon las siguientes pretensiones1:
“[…] 1. Se conceda la tutela al amparo al derecho fundamental de
petición en conexidad con el debido proceso, la igualdad, y los
derechos de las comunidades étnicas por no contestar
oportunamente la solicitud de apertura del dialogo Social radicado
vía correo electrónico desde la dirección
avocatpalacioscastellan@gmail.com, a las direcciones de e-mail
idalmy.minotta@mininterior.gov.co, de la DACNARP y al e-mail
gabriel.rondon@mininterior.gov.co, del Viceministerio de Dialogo
Social del Ministerio del Interior.
2. CONCEDER la tutela de los derechos fundamentales al debido
proceso y acceso a la administración de justicia propia de las
comunidades étnicas de DEHINER GARRIDO MURILLO (…), JOSE
WILLINTON PEREA PALACIOS (…), y demás integrantes de la Junta
Directiva elegida el día 14 de diciembre de 2022.
3. Conceder la Tutela del derecho fundamental a la libre
determinación y a la consulta previa del Consejo Comunitario de
Cértegui – COCOMACER.
4. ORDENAR al DIRECTOR DE ASUNTOS PARA COMUNIDADES
NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS DEL
MINISTERIO DEL INTERIOR y al ALCALDE DEL MUNICIPIO DE
CÉRTEGUI, INAPLICAR POR INCONSTITUCIONAL las resoluciones
que realizaron el registro del acta de elección de la junta directiva
elegida indebidamente el día 01 de diciembre de 2022, para el
CONSEJO COMUNITARIO DE CÉRTEGUI COCOMACER, y DEVOLVER
LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA a la autoridad tradicional LA
JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DEL CONSEJO DE LA ASAMBLEA
GENERAL Y DE LAS AUTORIDADES ESPIRITUALES EN EL
TERRITORIO del CONSEJO COMUNITARIO COCOMACER, para que
resuelva el conflicto étnico interno surgido con ocasión de la
1
Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 06728 00.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 06728 01
Accionantes: Dehiner Garrido Murillo y José Willinton Perea Palacios
duplicidad de Asambleas Generales y de elección de la Junta
Directiva del Consejo Comunitario General, según sus normas,
procedimientos y nuestro sistema de justicia propia para la
resolución de conflictos, en aplicación de la autonomía y libre
determinación del mencionado Consejo Comunitario General.
5. En su efecto se conmine a la Dirección de Asuntos de
Comunidades Negras, Raizales y Palenquera del Ministerio del
Interior realizar las investigaciones necesarias para evitar que se
continue con la vulneración de los derechos del Consejo Comunitario
de Cértegui por existir irregularidades en el proceso electoral de la
Junta Directiva.
6. ORDENAR al señor DIRECTOR DE ASUNTOS PARA COMUNIDADES
NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS DEL
MINISTERIO DEL INTERIOR y LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE
CÉRTEGUI (CHOCÓ) que procedan a inscribir el acta del día 29 de
septiembre de 2024, mediante la cual la Asamblea General reunida
de manera extraordinaria, resuelve el conflicto étnico interno
surgido con ocasión de la duplicidad de Asambleas Generales y
elecciones de los cargos de la Junta Directiva del mencionado
Consejo Comunitario General
7. ORDENAR al señor DIRECTOR DE ASUNTOS PARA COMUNIDADES
NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS DEL
MINISTERIO DEL INTERIOR y al ALCALDE DEL MNICIPIO DE MEDIO
BAUDÓ (CHOCÓ) que procedan a inscribir el acta de elección
correspondiente, una vez LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DEL
CONSEJO DE LAS AUTORIDADES ESPIRITUALES EN EL TERRITORIO
del CONSEJO COMUNITARIO COCOMACER, resuelva el conflicto
étnico interno surgido con ocasión de la duplicidad de Asambleas
Generales y elecciones de los cargos de la Junta Directiva del
mencionado Consejo Comunitario General
8. Ordenar como medida cautelar, que se suspenda temporalmente
el reconocimiento de la Junta directiva suspendiendo los efectos
reconocidos mediante resolución 098 del 30 de mayo de 2023, hasta
tanto se resuelva mediante la justicia propia el conflicto étnico
interno surgido con ocasión de la duplicidad de Asambleas Generales
9. ORDENAR el cumplimiento de las demás órdenes pertinentes para
la protección de los derechos fundamentales que se estimen
afectados, en uso de los poderes extra y ultra petita
10. PREVENIR a la parte accionada para que no vuelvan a incurrir
en las acciones u omisiones que dieron lugar a la presentación de
esta acción […]”. (Mayúsculas originales del escrito de tutela).
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 06728 01
Accionantes: Dehiner Garrido Murillo y José Willinton Perea Palacios
2. SITUACIÓN FÁCTICA
Los accionantes informaron que el Consejo Comunitario Mayor de
Cértegui (Chocó) - COCOMACER, es una comunidad negra constituida
mediante la Resolución nro. 02728 del 27 de diciembre de 2001, expedida
por el entonces Instituto Colombiano de la Reforma Agraria – INCORA, y
que se encuentra inscrito en la base de datos del Registro Público Único
Nacional de Consejos Comunitarios de la Dirección de Asuntos para
Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del
Ministerio del Interior.
Indicaron que COCOMACER cuenta con asamblea general, asambleas
zonales de consejos comunitarios locales, revisor fiscal, junta directiva,
comité ejecutivo, coordinadores de etnoeducación, etnodesarrollo y
política ambiental, asesoría jurídica y autoridades espirituales.
Manifestaron que el territorio colectivo COCOMACER está dividido en siete
zonas, “LA VARIANTE, RECTALARGA, SICIAPANDU, CERTEGUI, AGUASAL,
LA CANDELARIA, DESECHO Y MEMERA”2, en las cuales se realizan las
asambleas zonales o locales y se llevan a cabo las elecciones de los
representantes locales.
Señalaron que “(…) el día 21 del mes de octubre del año 2022, el
presidente de la junta directiva del Consejo Comunitario de Cértegui, el
señor JOSE WILLINTON PEREA PALACIOS, mediante mensaje de texto vía
WhatsApp, e-mail y/o llamada telefónica, convocó de manera oportuna
legal y de acuerdo al reglamento interno, a la asamblea general para
llevar a cabo las elecciones de la nueva junta directiva por vencerse el
termino legal de la antigua junta directiva, representante legal, tesorero
entre otros cargos del consejo comunitario (…)”3.
2
Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 06728 00.
3
Ibidem.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 06728 01
Accionantes: Dehiner Garrido Murillo y José Willinton Perea Palacios
Anotaron que “(…) entre los días desde el 24 hasta el 28 de noviembre de
2022, se realizaron sucesivas Asambleas de los consejos locales, en las
cuales se renovaron las Juntas Directivas de los mismos, eventos que
contaron con el acompañamiento del señor JOSE WILLINGTON PEREA
PALACIOS, quien en cumplimiento de sus funciones procedió a actualizar
el registro de delegados habilitados para participar en la Asamblea
General para elegir a los integrantes de la Junta Directiva y Representante
legal del Consejo Comunitario Mayor de Cértegui - COCOMACER (…)”4.
Aseveraron que “(…) el registro de delegados habilitados para participar
en la Asamblea General para elegir a los integrantes de la Junta Directiva
y Representante legal del Consejo Comunitario Mayor de Cértegui –
COCOMACER, al cual pertenece desde sus inicios los siete (07) Concejos
Locales adscritos al consejo mayor de Cértegui, que fueron elegidos en el
año 2022 para el periodo 2023-2025; fueron debida inscrito, registrados
y certificados por el entonces alcalde del municipio de Cértegui, YOLICETH
PALACIOS MENA (…)”5.
Relataron que “(…) el día primero de diciembre de 2022, se recibió la
información de la realización a puertas cerradas de una Asamblea General
Ordinaria del Consejo Comunitario Mayor de Cértegui - COCOMACER,
convocada por el señor ERLIN ALVEIRO MURILLO MORENO en su
condición de Representante Legal, a la que no fueron convocados todos
los integrantes de la comunidad aptos para tal fin; es decir, aquellos que
para la fecha, debían estar inscritos en el CENSO interno que ya se había
actualizado los días transcurridos desde el 24 hasta el 28 de noviembre
de 2022, para luego poder participar en el proceso de elección de las
Juntas Directivas de los Consejos Locales, y los electos como integrante
de cualquiera de esas Juntas Directivas de los correspondientes Consejos
Locales, quedaron facultados para participar en la Asamblea General
Ordinaria que formalmente se convocó para elegir a los integrantes de la
Junta Directiva del Consejo Comunitario Mayor de Cértegui - COCOMACER
4
Ibidem.
5
Ibidem.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 06728 01
Accionantes: Dehiner Garrido Murillo y José Willinton Perea Palacios
y su Representante Legal. En consecuencia, es ilegal que aparezca elegido
el señor WALNER PALACIOS MOSQUERA como presidente de la Junta
Directiva del Consejo Comunitario Mayor de Cértegui - COCOMACER, si
no estaba habilitado para elegir ni ser elegido (…)”6.
Agregaron que, al tener conocimiento de las presuntas irregularidades
presentadas, tanto en la convocatoria como en el desarrollo de la
precitada asamblea general organizada por el señor Murillo Moreno, el 4
de diciembre de 2022, el señor José Willinton Perea Palacios presentó
impugnación en contra de dicha asamblea.
Sin perjuicio de lo anterior, expusieron que “(…) cumplido el requisito
procedimental entre los días desde el 24 hasta el 28 de noviembre de
2022 donde se procedió a actualizar el registro de delegados habilitados
para participar en la Asamblea General, y, previa convocatoria de la
Asamblea general de renovación de la Junta Directiva del consejo mayor,
se llevó a cabo La Asamblea general del Consejo Comunitario, el día 14
de diciembre de 2022, en las instalaciones de la Institución Educativa
Matías Trespalacios, en el corregimiento de la variante (…)”7.
Advirtieron que en la mencionada asamblea del 14 de diciembre de 2022,
a la cual asistieron integrantes de las juntas directivas de los consejos
locales, el personero municipal, la defensa civil y una numerosa
participación de la comunidad, se eligió la nueva junta directiva de
COCOMACER conformada de la siguiente manera: Representante legal:
Dehiner Garrido Murillo; Presidente de la Junta Directiva; José Willinton
Perea Palacios; Tesorero: Magcelino Hinestroza; y Revisor Fiscal: James
Abadia Mosquera.
Precisaron que “(…) solo faltaron el Representante legal de turno del
COCOMACER, los restantes miembros de la Junta Directiva del consejo
6
Ibidem.
7
Ibidem.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 06728 01
Accionantes: Dehiner Garrido Murillo y José Willinton Perea Palacios
mayor y la representación de la Alcaldía Municipal, no obstante, se
cumplió con el quorum reglamentario (…)”8.
Resaltaron que “(…) el Acta de la asamblea del 14 de diciembre de 2022,
donde se eligió la nueva la nueva (sic) junta directiva, junto con los demás
documentos que se exigen para el caso, fue radicado en la alcaldía de
Cértegui, el día 14 de diciembre de 2022, en el cual se buscaba el
reconocimiento e inscripción de los integrantes de la nueva Junta Directiva
del consejo comunitario de Cértegui (…)”9.
Adujeron que después de una larga espera, la administración municipal
de Cértegui les comunicó la Resolución nro. 082 del 24 de enero de 2023
por medio de la cual, por una parte, se resolvió la impugnación presentada
el 4 de diciembre de 2022 contra la asamblea realizada el 1 de diciembre
de 2022, accediendo a dicha objeción, razón por la cual no se inscribió la
junta directiva elegida ese día; y por otra, también se negó la inscripción
de la junta directiva elegida el 14 de diciembre de 2022.
Explicaron que, inconformes con la decisión anterior, interpusieron
recurso de reposición y en subsidio apelación; y que mediante las
Resoluciones nro. 197 y 198 del 17 de febrero de 2023, la alcaldía
municipal de Cértegui dispuso no reponer y concedió el recurso de
apelación ante la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior.
Manifestaron que “(…) el día 14 de junio de 2023, la Dirección de Asunto
de Comunidades Negras Raizales y Palenquera, notifica la respuesta al
Recurso de Apelación presentado contra la resolución 082, mediante la
resolución 098 del 30 de mayo de 2023 se pronuncian negando nuestras
solicitudes y reconocen otra Junta Directiva a pesar de que, la alcaldía del
municipio de Cértegui indicó que no la reconocía ni registraba porque
existían irregularidades notorias que impedían su reconocimiento, y, a
8
Ibidem.
9
Ibidem.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 06728 01
Accionantes: Dehiner Garrido Murillo y José Willinton Perea Palacios
pesar que se había realizado previamente unas denuncias de posibles
irregularidades en el proceso electoral de este Consejo Comunitario
(…)”10.
Indicaron que, conforme lo anterior, el 19 de julio de 2023 radicaron una
solicitud de revocatoria directa ante la Dirección de Asuntos de
Comunidades Negras, Raizales y Palenqueras del ministerio del Interior,
contra la Resolución nro. 098 del 30 de mayo de 2023.
Continuaron relatando que, el 29 de septiembre de 2024, en el municipio
de Cértegui se realizó asamblea general extraordinaria en la que, según
aseguraron, se resolvió el conflicto surgido con ocasión de la duplicidad
de asambleas generales y elecciones de los cargos de la junta directiva
de COCOMACER.
Señalaron que “(…) el día 03 de octubre de 2024, teniendo en cuenta que
que (sic) a esa fecha no se había recibido respuesta oportuna a la
revocatoria directa anteriormente mencionada, se radicó vía correo
electrónico ante el viceministerio de Diálogo social y Derechos humanos
del Ministerio del Interior, atendiendo a la misionalidad de esta entidad,
y la Dirección de Asuntos de Comunidades negras, afrocolombianas,
raizales y palenqueras, acompañamiento para que se adelante un espacio
de diálogo institucional-comunidad, con el fin de encontrar mecanismos
de solución alternativa del conflicto (…)”11.
Agregaron que “(…) se radicó el primero de noviembre de 2024 en la
alcaldía el acta de la asamblea general extraordinaria realizada el día 29
de septiembre de 2024, en el municipio de Cértegui mediante la cual, la
mencionada asamblea revoca la Junta directiva elegida el día 01 de
diciembre de 2022 y que fue reconocida por el Ministerio del interior en
su dirección de asuntos de comunidades negras afrocolombianas raizales
y palenquera en su resolución 098 de 2023, pero en el mismo acto de
10
Ibidem.
11
Ibidem.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 06728 01
Accionantes: Dehiner Garrido Murillo y José Willinton Perea Palacios
esta asamblea se reconoce y ratifica la Junta directiva elegida mediante
la asamblea general realizada el 14 de diciembre de 2022 (…)”12.
Reprocharon que “(…) a estas radicaciones como derecho de petición o
solicitud de inscripción del acta en las instituciones mencionadas, no se
les ha recibido respuesta en el Consejo Comunitario COCOMACER, a pesar
de que han transcurrido más de 15 días hábiles desde su radicación,
situación que atenta contra la autodeterminación de las comunidades
negras, la resolución interna de conflictos de estas comunidades, así como
el debido proceso y de acceso a la administración de justicia (…)”13.
Alegaron que “(…) puede estar incurriendo el ministerio del Interior en su
dirección de Asuntos de Comunidades negras Raizales y Palenqueras y el
viceministerio de Diálogo social y Derechos humanos, en vulneración del
derecho al derecho (sic) de petición, al debido proceso, a la
autodeterminación de las comunidades negras y usurpación del derecho
a ejercer sus mecanismos alternativos de solución de conflictos de las
comunidades negras al tomar la determinación de inscribir una junta
directiva por encima de otra que a diferencia de la inscrita si cumplió los
requisitos para la elección de la junta directiva que represente al Consejo
Comunitario (…)”14.
Argumentaron que “(…) puede estar incurriendo el ministerio del Interior
en su dirección de Asuntos de Comunidades negras Raizales y
Palenqueras y el viceministerio de Diálogo social y Derechos humanos, en
vulneración del derecho al derecho (sic) de petición, al debido proceso, a
la autodeterminación de las comunidades negras y usurpación del derecho
a ejercer sus mecanismos alternativos de solución de conflictos de las
comunidades negras al NO REALIZAR EL ESPACIO DE DIALOGO solicitado
entre las partes involucradas por la coexistencia de doble asamblea para
elegir junta directiva, lo que cohíbe a la Asamblea del Consejo
12
Ibidem.
13
Ibidem.
14
Ibidem.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 06728 01
Accionantes: Dehiner Garrido Murillo y José Willinton Perea Palacios
Comunitario hacer uso de sus facultades para la resolución alternativa de
conflictos al interior de las comunidades o el consejo (…)”15.
Sostuvieron que “(…) el hecho de que el director del Ministerio del Interior
hubiera, arbitrariamente dirimido esos conflictos, aunque la resolución
082 del 2023 de la alcaldía daba evidencia de irregularidades en ambas
elecciones, evidencia una vía de hecho administrativa por falta de
aplicación del artículo 28 y 41 del Reglamento Interno del Consejo
Comunitario del Cértegui - COCOMACER, pues en ejercicio de función
administrativa pretermitieron, reemplazaron o sustituyeron la jurisdicción
y competencia de la asamblea general y del Consejo de las autoridades
espirituales en el territorio lo que «vulnera la consulta previa y la
autonomía política, económica, cultural y autogobierno como
manifestación del derecho fundamental a la libre determinación,
autodeterminación o derecho a decidir» del mencionado Consejo
Comunitario, los cuales están ligados al principio de protección de la
diversidad étnica y cultural de la Nación, reconocidos por la Constitución
Política y el Convenio 169 de la OIT (…)”16.
Anotaron que “(…) el hecho de que el Viceministerio de Diálogo Social y
derechos humanos del Ministerio del Interior hubiera, omitió responder la
solicitud de apertura del dialogo social en la comunidad que mediante
derecho de petición y además de no abrir el espacio para dirimir esos
conflictos, evidencia una vía de hecho administrativa por falta de
aplicación del espacio de Diálogo para aplicar lo estipulado en el artículo
28 Y 41 del Reglamento Interno del Consejo Comunitario del Cértegui -
COCOMACER, pues en ejercicio de función administrativa y su
misionalidad tiene como deber abrir los espacios de diálogo y acudir a la
jurisdicción y competencia de la Asamblea y Consejo de las autoridades
espirituales en el territorio (…)”17.
15
Ibidem.
16
Ibidem.
17
Ibidem.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 06728 01
Accionantes: Dehiner Garrido Murillo y José Willinton Perea Palacios
Afirmaron que “(…) se vulneró el debido proceso y de acceso a la
administración de justicia de los señores DEHINER GARRIDO MURILLO
(…) y JOSE WILLINTON PEREA PALACIOS (…), representantes de la Junta
Directiva representativa de las comunidades del municipio de Cértegui,
pertenecientes al Real Concejo Comunitario del Municipio de Cértegui
(COCOMACER), al cual pertenece desde sus inicios los siete (07) Concejos
Locales adscritos al consejo mayor de Cértegui, los cuales fueron elegidos
el año 2022 para el período 2023-2025 (…)”18.
En cuanto a la procedibilidad de la acción de tutela, precisaron que “(…)
la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en la
sentencia de primera instancia, consideró que la solicitud de amparo
presentada no cumplía con el requisito de subsidiariedad, por cuanto los
actos administrativos cuestionados son susceptibles de ser demandados
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en los términos del
parágrafo 2° del artículo 2.5.1.2.9 del Decreto 1066 de 2015, e inclusive
podría solicitarse el decreto de medidas cautelares ante el juez ordinario,
Contrario a lo considerado por el a quo, la Sala considera que la solicitud
de amparo sí cumple con el requisito de subsidiariedad, toda vez que, si
bien resulta posible controvertir la legalidad de los actos administrativos,
no es menos cierto que la Corte Constitucional estableció una excepción
expresa en el caso de los derechos de los pueblos étnicamente
diferenciados, toda vez que se trata de sujetos de especial protección
constitucional, que han enfrentado patrones históricos de discriminación
no superados y cuyos derechos inciden en la satisfacción de los fines
esenciales del Estado (…)”19.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
18
Ibidem.
19
Ibidem.
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 06728 01
Accionantes: Dehiner Garrido Murillo y José Willinton Perea Palacios
3.1. La tutela fue radicada el 4 de diciembre de 202420 a través del
aplicativo de recepción de tutelas en línea de la página web de la Rama
Judicial y correspondió por reparto a la Subsección C, Sección Tercera de
esta Corporación que, por auto del 9 de diciembre de 202421 la admitió,
negó la medida provisional solicitada y dispuso notificar22 a la Presidencia
de la República, al Ministerio del Interior – Dirección de Asuntos para
Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palanqueras; al
Viceministerio del Interior para el Diálogo Social, la Igualdad y los
Derechos Humanos; y a la alcaldía municipal de Cértegui (Chocó), como
parte accionada. En igual sentido, ordenó vincular23, en calidad de
terceros con interés, a los señores Erlin Alveiro Moreno Murillo,
representante legal del Consejo Comunitario Mayor de Cértegui, y Walner
Palacios Mosquera, presidente de la Junta Directiva del Consejo
Comunitario Mayor de Cértegui.
3.2. La delegada del Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República – DAPRE allegó escrito24 en el que solicitó que (i) se desvincule
a dicha entidad del presente trámite tutelar, (ii) se declare improcedente
la acción de tutela ante la inexistencia de una acción u omisión imputable
a la Presidencia de la República y (iii) se nieguen las pretensiones
deprecadas por los accionantes.
Adujo que el DAPRE no tiene la competencia para definir y garantizar el
derecho a la consulta previa, comoquiera que dicha función recae de
manera principal en el Ministerio del Interior, en virtud de lo dispuesto en
el Decreto 2353 de 2019.
20
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 06728 00.
21
Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 06728 00.
22
Esta orden se cumplió el 18 de diciembre de 2024. Visto en el índice 7 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024
06728 00.
23
Esta orden se cumplió el 20 de enero de 2025. Visto en el índice 16 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024
06728 00.
24
Visto en los índices 10, 11 y 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del
proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 06728 00.
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 06728 01
Accionantes: Dehiner Garrido Murillo y José Willinton Perea Palacios
Agregó que “(…) la presente acción de tutela debe ser negada en sus
pretensiones respecto de la Presidencia y Vicepresidencia de la República,
como se indicó en los hechos, luego de verificar el sistema de gestión
documental del Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República se encontró que la comunicación radicada bajo el EXT24-
00177878 fue contestada a través del OFI24-00219598 / GFPU 13150001
del 06 de noviembre de 2024, donde se le informó que la comunicación
se trasladado (sic) al accionante al Ministerio del Interior, para que actúe
conforme a sus competencias, de acuerdo con la normativa vigente (…)”.
3.3. El director jurídico encargado del Ministerio del Interior rindió
informe25 en el que solicitó que se declare la falta de legitimación en la
causa por pasiva, así como la inexistencia de vulneración de derechos por
parte de esa cartera ministerial, y que, en consecuencia, se desvincule a
dicha entidad del presente trámite tutelar.
Al efecto, explicó lo siguiente:
“[…] 4.1. Inexistencia de vulneración de los derechos
fundamentales invocados por parte del Ministerio del Interior
(…)
(…) esta Cartera Ministerial no ha vulnerado ningún derecho a la parte
accionante, como quiera que a los hechos relacionados se tiene que
el Ministerio del Iterior (sic), por intermedio de la Dirección de
Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras adelantó las siguientes acciones:
(…)
4. Que el 1 de diciembre de 2022 mediante el Acta No. 001 de esa
misma anualidad, se eligió por parte de la Asamblea General del
CONSEJO COMUNITARIO MAYOR DEL MUNICIPIO DE CERTEGUI
“COCOMACER” a su Junta y Representante Legal quedando elegido
como representante legal al señor ERLIN ALVEIRO MURILLO MORENO
(…). De igual forma, en esa misma fecha el representante legal electo
realiza la solicitud de inscripción de la nueva junta en el libro de
registro que para tal efecto lleva la Alcaldía Municipal de Cértegui,
Chocó.
25
Visto en el índice 14 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 06728 00.
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 06728 01
Accionantes: Dehiner Garrido Murillo y José Willinton Perea Palacios
5. Que el 1 de diciembre de 2022 el señor JOSE WILLINTON PEREA
PALACIOS presenta escrito de impugnación en contra de la elección
de la nueva junta y representante legal efectuada el 1 de diciembre
de 2022, solicitando la disolución de la junta electa, toda vez que, a
su juicio, la verdadera asamblea eleccionaria tendría lugar el 14 de
diciembre de 2022 (…).
6. Que el 14 de diciembre de 2022, se adelanta asamblea eleccionaria
de junta y representante legal del CONSEJO COMUNITARIO MAYOR
DEL MUNICIPIO DE CERTEGUI COCOMACER, quedando como
representante legal el señor DEHINER GARRIDO MURILLO, quien
solicita en esa misma fecha la inscripción del cuerpo directivo y de
representación legal ya señalado, en el libro de registro que para tal
efecto lleva la Alcaldía Municipal de Cértegui, Chocó (…).
(…)
9. Que una vez allegadas las solicitudes de inscripción de la elección
de junta y representante legal del CONSEJO COMUNITARIO MAYOR
DEL MUNICIPIO DE CERTEGUI - COCOMACER, tanto de la elección
realizada el 1 de diciembre de 2022 y de la que tuvo lugar el 14 de
diciembre de ese mismo año, el ente territorial se pronunció al
respecto mediante la Resolución No. 082 del 24 de enero de 2023
(…).
10. Que mediante radicado SIR del 6 de febrero de 2023 el señor
ERLIN ALVEIRO MURILLO MORENO, interpuso recurso de apelación
en contra de la Resolución No. 082 del 24 de enero de 2023 (…). Acto
seguido, el recurrente requiere revocar la decisión tomada en primera
instancia por la Alcaldía Municipal de Cértegui mediante la resolución
antes mencionada, y en consecuencia solicita la inscripción en el libro
de registro la junta elegida el 1 de diciembre de 2022 (…).
11. Que según el radicado SIR del 6 de febrero de 2023 el señor
BARACK SAPHIR ALUMA LUMUMBA, en calidad de representante legal
de COFRADIA JURIDICA, y en representación de los Consejos
Comunitarios Menores del Municipio de Cértegui, interpuso recurso de
reposición en subsidio de apelación en contra de la Resolución No.
082 del 24 de enero de 2023 (…).
12. Que mediante la Resolución No. 197 del 17 de febrero de 2023
“por medio de la cual la Alcaldía Municipal de Cértegui-Chocó,
resuelve conceder recurso de apelación interpuesto en contra de la
Resolución Número 082 del 24 de enero de 2023, y se dictan otras
disposiciones”, concede el recurso de apelación interpuesto por el
señor ERLIN ALVEIRO MURILLO MORENO ante la Dirección de Asuntos
para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras
del Ministerio del Interior.
13. Que mediante la Resolución No. 198 del 17 de febrero de 2023,
“por medio de la cual la Alcaldía Municipal de Cértegui – Chocó, se
resuelve un recurso de reposición y en subsidio el de apelación
interpuesto en contra de la Resolución No.082 del 24 de enero de
2023 y se dictan otras disposiciones”, decide no reponer la resolución
14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 06728 01
Accionantes: Dehiner Garrido Murillo y José Willinton Perea Palacios
recurrida (…). Así las cosas, la Alcaldía Municipal decide conceder el
recurso de apelación ante la Dirección de Asuntos para Comunidades
Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del
Interior.
(…)
15. Que la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras,
Afrocolombianas, expidió la Resolución Número 098 del 30 de mayo
2023 “Por la cual se decide en segunda instancia el recurso de
apelación interpuesto en contra de la Resolución No. 082 del 24 de
enero de 2023 por medio de la cual la Alcaldía Municipal de Cértegui
– Chocó, decide sobre las solicitudes de impugnación de firma y
registro de actas de elección de la Junta y del Representante Legal
del Consejo Comunitario Mayor del Municipio de Cértegui
COCOMACER periodo 2023-2025 en el libro que lleva este ente
territorial para tal efecto y se dictan otras disposiciones” en la que
resolvió:
"RESUELVE
ARTÍCULO 1°: REVOCAR la Resolución No. 082 del 24 de enero de
2023, emitida por la Alcaldía Municipal Cértegui, Chocó “Por medio de
la cual la Alcaldía Municipal de Cértegui – Chocó, decide sobre las
solicitudes de impugnación de firma y registro de actas de elección de
la Junta y del Representante Legal del CONSEJO COMUNITARIO
MAYOR DEL MUNICIPIO DE CÉRTEGUI “COCOMACER” periodo 2023-
2025 en el libro que lleva este ente territorial para tal efecto y se
dictan otras disposiciones” por las consideraciones expuestas en la
parte motiva de este acto.
ARTICULO 2°: ORDENAR a la Alcaldía Municipal de Cértegui Chocó,
para que el un término no superior a cinco (5) días hábiles, inscriba
en el libro de registro que para tal efecto lleva, a la junta y el
representante legal del CONSEJO COMUNITARIO MAYOR DE
CERTEGUI “COCOMACER” elegidos para el periodo institucional 2023-
2035 según Acta No. 001 del 1 de diciembre de 2022 (…)”.
16. Que mediante consecutivo CONTROL DOC No. 2023-1-004044-
052388 Id: 167671 del 19 de julio de 2023, CONTROL DOC No. 2023-
1-004044-052488 Id: 167844 del 19 de julio de 2023, del el (sic)
señor BARACK SAPHIR ALUMA LUMUMBA, allega a esta Dirección
solicitud de “Revocatoria Directa de la Resolución 098 del 30 de mayo
2023, de la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras”, referente a la decisión del
trámite de impugnación en segunda instancia sobre los actos de
elección del CONSEJO COMUNITARIO MAYOR DEL MUNICIPIO DE
CÉRTEGUI “COCOMACER”.
(…)
18. Que la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio el radicado No.
2024-2-002204-010761 Id: 301636 del 19 de marzo de 2024 emitió
15
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 06728 01
Accionantes: Dehiner Garrido Murillo y José Willinton Perea Palacios
respuesta solicitud revocatoria directa de la Resolución 098 del 30 de
mayo de 2023 de la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras (…).
19. Que mediante la Resolución Numero COCORPUN01782024 DE 21
DE OCTUBRE DE 2024 “Mediante el cual se resuelve la revocatoria
directa de la resolución No. 098 del 30 de mayo del 2023 del Consejo
Comunitario Mayor del Municipio de Certeguí - Chocó “COCOMACER”,
resolvió: “Artículo 1. Declarar improcedente la solicitud de revocatoria
directa presentada por el señor BARACK SAPHIR ALUMA LUMUMBA al
correo eléctrico juridicacofradia@gmail.com, al señor ERLIN ALVEIRO
MORENO MURILLO en calidad de representante legal del CONSEJO
COMUNITARIO MAYOR DE CERTEGUI “COCOMACER” al correo
electrónico cocomacer2@gmail.com, y a la ALCALDÍA MUNICIPAL
CERTEGUI - CHOCÓ, por medio del correo electrónico
contactenos@certegui-choco.gov.co contra la Resolución 098 del 30
del mes de mayo de 2023, por haberse agotado los recursos de la vía
gubernativa (…)”.
(…)
4.1.1. De la competencia de la Dirección de Asuntos para
comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras.
Es preciso señalar que de acuerdo con lo establecido en el artículo 14
del Decreto 2893 de 2011, modificado por el Decreto 714 de 2024, y
el Decreto 1640 de 2020, le corresponde a la Dirección de Asuntos
para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras
del Ministerio del Interior, llevar el Registro Público Único Nacional de
Consejos Comunitarios, Formas y Expresiones Organizativas, y
Organizaciones de Base de Comunidades Negras, Afrocolombianas,
Raizales y Palenqueras, y en este sentido, los Consejos Comunitarios
deben cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 2.5.1.5.2
del Decreto 1640 de 2020 (…).
De conformidad con la norma antes transcrita, uno de los documentos
que debe anexar el consejo comunitario para el Registro ante el
Ministerio del Interior, es el expedido por la Alcaldía Municipal
respectiva. Es de anotar, que la Dirección de Asuntos para
Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del
Ministerio del Interior no tiene competencia alguna para incidir en el
registro del acta de elección de la junta del consejo comunitario,
debido a la norma estableció dicha función en las Alcaldías donde las
comunidades negras tienen la mayor parte de sus territorios.
4.2 FALTA DE LEGITIMACIÓN MATERIAL EN LA CAUSA POR
PASIVA
Sobre el particular, se solicita al despacho se declare a favor de este
Ministerio la falta de legitimación material en la causa por pasiva, por
cuanto no existe nexo de causalidad entre la presunta vulneración de
los derechos fundamentales invocados por la parte actora y la acción
16
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 06728 01
Accionantes: Dehiner Garrido Murillo y José Willinton Perea Palacios
u omisión por parte de este Ministerio, por lo que la vinculación a la
presente acción de tutela se torna improcedente […]”. (Se destaca).
3.4. La alcaldía municipal de Cértegui (Chocó) y los señores Erlin Alveiro
Moreno Murillo y Walner Palacios Mosquera, guardaron silencio.
3.5. Mediante escrito radicado el 27 de febrero de 2025, a través de la
ventanilla virtual de esta Corporación, los accionantes manifestaron lo
siguiente26:
“[…] nos permitimos interponer MEMORIAL DE ALCANCE A LA ACCIÓN
DE TUTELA, para precisar información relacionada con lo decidido a
través de Auto de 9 de diciembre de 2024, proferido por su despacho.
(…)
(…) la Corte Constitucional ha señalado que la medida de suspensión
provisional busca evitar que la amenaza contra el derecho
fundamental se convierta en violación o constatada la violación, esta
se agrave. Por esto, la Corporación avala que la procedencia de las
medidas es viable dentro de todo el proceso de tutela e incluso, al
proferirse sentencia debe ser razonada y no arbitraria, producto de
una valoración sensata y proporcional a la presunta vulneración o
amenaza de los derechos fundamentales alegados, por lo tanto, su
procedencia se determinará debido a la necesidad de la protección, la
inminencia del perjuicio y la gravedad del perjuicio.
(…)
De esta forma, la providencia no resulta clara y genera dudas sobre
el respeto al principio de legalidad y el juicio de razonabilidad
adoptado para solucionar la solicitud y, por ende, la procedencia de
la acción interpuesta, especialmente cuando la providencia hace
referencias expresas a la existencia de un juez natural, una
presunción de acierto y legalidad, que se trata de una decisión
adoptada dentro de un proceso penal y que la acción de tutela es
subsidiaria y residual.
En ese orden, me permito precisar que el análisis de la gravedad, la
urgencia y lo impostergable de la protección que se concede a través
de la medida provisional de urgencia no se realiza a través de ninguno
de esos parámetros, sino que requiere que la autoridad judicial
establezca indicadores para determinar en qué grado puede o no
haber ocurrido el perjuicio grave e inminente.
Adicionalmente, en lo que tiene que ver con el juicio de procedencia
de la acción de tutela, me permito indicar que el escrito presentado
satisface el requisito de subsidiariedad (…). // Este requisito se
26
Visto en el índice 19 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 06728 00.
17
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 06728 01
Accionantes: Dehiner Garrido Murillo y José Willinton Perea Palacios
encuentra acreditado puesto que en el marco de la violación de los
derechos fundamentales de petición y al debido proceso que se alegan
en la presente acción de tutela. En ese orden de ideas, sobre el
derecho de petición, la Corte Constitucional estableció la clara
procedencia de la acción de tutela, debido a que en reiterada
jurisprudencia ha establecido que en el caso del derecho de petición
no existe otro mecanismo de defensa judicial idóneo y eficaz para
obtener su amparo de forma definitiva […]”.
3.6. Por auto del 11 de marzo de 202527, notificado el 14 de marzo de
202528, el despacho ponente de la primera instancia resolvió estarse a lo
resuelto en el auto del 9 de diciembre de 2024 y se abstuvo de dar trámite
al precitado memorial del 27 de febrero de 2025.
4. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
La Subsección C, Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia del
21 de febrero de 202529, notificada el 19 de marzo de 202530, declaró
improcedente la solicitud de amparo.
Para ello, expuso que los accionantes alegan que el Estado intervino
indebidamente en la elección y posesión de las autoridades tradicionales
de su comunidad con la Resolución nro. 098 de 2023, en la que se ordenó
a la alcaldía municipal de Cértegui inscribir a la junta y el representante
legal de COCOMACER elegidos para el periodo institucional 2023-2025
según Acta 001 del 1 de diciembre de 2022.
En ese sentido, sostuvo que “(…) el Ministerio del Interior, en principio,
actuó conforme con su competencia de cara a los recursos elevados por
los interesados en el proceso de elección de la junta directiva del Consejo
Comunitario de Cocomacer, por lo que los actos cuestionados son
susceptibles de ser demandados ante la jurisdicción de lo contencioso
27
Visto en el índice 21 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 06728 00.
28
Visto en el índice 24 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 06728 00.
29
Visto en el índice 20 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 06728 00.
30
Visto en el índice 27 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 06728 00.
18
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 06728 01
Accionantes: Dehiner Garrido Murillo y José Willinton Perea Palacios
administrativo e inclusive podría solicitarse el decreto de medidas
cautelares. Pensarlo de otra manera implicaría que las impugnaciones de
los actos de elección de los consejos comunitarios solamente puedan ser
resueltas por los jueces de tutela (…)”.
Por lo tanto, arguyó que, “(…) con todo, en el presente asunto existe otro
medio de defensa judicial para garantizar los derechos invocados por los
accionantes, quienes además no demostraron la existencia de un perjuicio
irremediable, más allá de su inconformidad con la decisión adoptada por
el Ministerio del Interior, máxime si se tiene en cuenta que las garantías
de la comunidad no se advierten en riesgo ante una eventual ausencia de
gobernabilidad (…)”.
5. EL MOTIVO DE LA IMPUGNACIÓN
5.1. Inconforme con el fallo de primera instancia, los accionantes lo
impugnaron31 señalando lo siguiente:
“[…] I. FUNDAMENTOS.
1.1. En la sentencia que se impugna se negó el amparo solicitado
alegando el incumplimiento del requisito de subsidiariedad de la
acción, con sustento en un argumento fundante: que existe otro
mecanismo de defensa judicial para garantizar los derechos invocados
en la acción de tutela.
1.2. Sobre este argumento fundante para negar la acción de tutela,
es decir, que existe otro mecanismo de defensa judicial para
garantizar los derechos invocados en la acción de tutela, cabe decir
que es jurídicamente incorrecto, porque en el expediente se
encuentran acreditados los supuestos que demuestran el
cumplimiento del requisito de subsidiariedad que extraña la sentencia
impugnada.
(…)
1.3. La decisión de 25 febrero de 2025 constituye un desconocimiento
de precedentes constitucionales previos y aplicables al caso concreto,
en los que se reconoció que es una posición jurídicamente incorrecta
declarar el incumplimiento del principio de subsidiariedad, porque los
actos administrativos eran susceptibles de ser demandados ante la
31
Visto en el índice 30 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 06728 00.
19
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 06728 01
Accionantes: Dehiner Garrido Murillo y José Willinton Perea Palacios
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. En ese orden, la
Sentencia de 19 de abril de 2024. C.P. María Adriana Marín, proferida
por la misma Sección Tercera, Radicación Nº 11001-03-15-000-2023-
03528-01, estableció que “Contrario a lo considerado por el a quo, la
Sala considera que la solicitud de amparo sí cumple con el requisito
de subsidiariedad, toda vez que, si bien resulta posible controvertir la
legalidad de los actos administrativos que inscribieron al señor Ángel
Yomel Mosquera como presidente del Consejo Comunitario con
funciones de representante legal para el período 2023-2025, así como
aquellos que decidieron los recursos interpuestos contra esa
determinación, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
no es menos cierto que la Corte Constitucional estableció una
excepción expresa en el caso de los derechos de los pueblos
étnicamente diferenciados, toda vez que se trata de sujetos de
especial protección constitucional, que han enfrentado patrones
históricos de discriminación no superados y cuyos derechos inciden
en la satisfacción de los fines esenciales del Estado.”
(…)
1.4. La sentencia impugnada incurrió en la falacia argumentativa de
generalización apresurada, porque a partir del aparente ejercicio de
una competencia por parte del ministerio del Interior concluyó que en
todos los casos se puede acudir a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo y que abrir la posibilidad de que el juez de tutela pueda
conocer de estos casos es una situación inconcebible (…).
(…)
Se trata de un razonamiento jurídicamente incorrecto, puesto que el
juez de tutela asumió que el principio de presunción de legalidad de
los actos administrativos es absoluto (…).
(…)
1.5. La sentencia que se impugna desconoce el análisis del requisito
de procedencia en concreto frente a la situación fáctica que rodea la
vulneración de los derechos invocados, se recalca que en la sentencia
se extraña la presencia de un análisis sobre la aplicación del principio
de subsidiariedad frente a cada derecho alegado. Lo anterior, debido
a que no se trata de igual forma una violación al derecho fundamental
de petición, que una violación al derecho fundamental al debido
proceso.
Se pusieron en conocimiento oportuno del juez de tutela los
argumentos que justifican el cumplimiento de este requisito de
procedencia; no obstante, la sentencia de 25 de febrero de 2025 no
hace referencia a tal circunstancia (…).
(…)
Este requisito se encuentra acreditado en el marco de la violación de
los derechos fundamentales de petición y al debido proceso que se
alegan en la presente acción de tutela. En ese orden de ideas, sobre
20
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 06728 01
Accionantes: Dehiner Garrido Murillo y José Willinton Perea Palacios
el derecho de petición, la Corte Constitucional estableció la clara
procedencia de la acción de tutela, debido a que en reiterada
jurisprudencia ha establecido que en el caso del derecho de petición
no existe otro mecanismo de defensa judicial idóneo y eficaz para
obtener su amparo de forma definitiva.
En consecuencia, la Corte Constitucional ha establecido que de
conformidad con el artículo 23 de la Constitución Política, toda
persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas ante las
autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener
una pronta resolución. Esta garantía permite asegurar la efectividad
de otros derechos de rango legal o constitucional, por lo que ha sido
considerada por la jurisprudencia como un derecho de tipo
instrumental, en tanto que es uno de los principales mecanismos con
los que cuenta la ciudadanía para exigir de las autoridades el
cumplimiento de sus deberes. El núcleo de este derecho se encuentra
en tres elementos: (i) la posibilidad de formular la petición, (ii) la
respuesta de fondo y (iii) la resolución dentro del término legal
respectivo (…).
(…)
En el caso concreto, la violación de este derecho fundamental existe
porque no se recibió respuesta dentro del término legal a la petición
(que solicitó la revocatoria directa de la Resolución 098 de 30 de mayo
de 2023) interpuesta el 19 de julio de 2023, por parte de la Dirección
de Asuntos de Comunidades Negras Raizales y Palenqueras del
Ministerio del Interior. Además, pese a la insistencia realizada desde
diversas instituciones, la accionada sigue sin proferir la respuesta
correspondiente.
En tratándose de la violación al derecho fundamental al debido
proceso administrativo, la procedencia de la acción de tutela se
encuentra acreditada, ya que como se demuestra del acervo
probatorio, se ha acudido a la instancia pertinente para que revoque
la providencia de Resolución 098 de 30 de mayo de 2023, sin obtener
respuesta alguna. Aunado a esto, acudir a las instancias del proceso
administrativo resulta excesivamente desproporcionado, ya que en
esta jurisdicción se ha reconocido por diversas instituciones (incluso
la Corte Constitucional) que los tiempos son excesivos para atender
las necesidades de la ciudadanía. En ese sentido, puede consultarse
el estudio de tiempos procesales elaborado por el Consejo Superior
de la Judicatura, que estableció con detalle los tiempos que implica
acudir a todos los procesos ordinarios
(https://www.ramajudicial.gov.co/web/publicaciones/estudiosdetiem
pos-y-costos-procesales). Por tanto, la vía contencioso administrativa
no puede ser exigida como un elemento que configure la procedencia
de la tutela en este caso.
Por otro lado, referido a la violación sustancial del derecho, la Corte
Constitucional en Sentencia SU-121/2022 estableció que la garantía
activa y efectiva del derecho a participación de las comunidades
étnicamente diferenciadas supone, por lo menos, que: “(i) sean
informadas de manera oportuna y completa sobre los [proyectos,
21
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 06728 01
Accionantes: Dehiner Garrido Murillo y José Willinton Perea Palacios
obras o actividades] que se desarrollan en sus territorios y que
podrían llegar a afectarlos, indicándoles cómo la ejecución de los
mismos podrían impactarlos; (ii) se propicien espacios de diálogo y
concertación a los cuales sean convocados; (iii) tengan la posibilidad
de pronunciarse de manera libre y sin interferencias sobre las
ventajas y desventajas, presentar sus dudas e inquietudes; y (iv)
tener incidencia respecto de las decisiones adoptadas”.
(…)
En este orden de ideas, la medida que se reprocha en la presente
acción de tutela implica el desconocimiento de la participación de los
grupos étnicos que conforman el Consejo Comunitario Mayor de
Cértegui, Chocó, que implica una afectación intensa, al punto que
pone en riesgo la subsistencia de la comunidad tradicional, debido a
que pese a haberse puesto en conocimiento de todas las instancias
competententes (sic) la existencia de irregularidades e
inconformidades en la conformación de la junta directiva y el
representante legal, debido a la presencia de irregularidades en los
procesos de elección (como lo fue omitir establecer el calendario del
proceso de elección para las autoridades representativas internas del
Consejo Comunitario para el periodo 2023-2025, dentro de los plazos
establecidos por ley).
(…)
(…) a través de Resolución 082 de 24 de enero de 2023, la Alcaldía
resolvió la impugnación presentada el 4 de diciembre de 2022 en
contra de la asamblea realizada el 1 de diciembre de 2022,
accediendo a la objeción y decidiendo no inscribir a la junta directiva
elegida en esa ocasión y, también, decidió no inscribir a la junta
elegida el 14 de diciembre de 2022, pese a no existir impugnación en
contra de esta, sin ofrecer una justificación plena del motivo que llevó
a su inscripción.
Se trató de una decisión arbitraria, que se apartó del principio de
legalidad y, por tanto, del debido proceso administrativo, que se
traduce en una afectación de los derechos de las comunidades que
integran el Consejo Comunitario Mayor de Cértegui, debido a que la
decisión injustificada sobre lo que no se ha solicitado deviene en un
acto severamente arbitrario, que consiste en la adopción de una
medida excesivamente desproporcionada que implica un altísimo
impacto social, cultural para las comunidades, ya que con esta
decisión se sustrajo a las comunidades de una participación
democrática real, exponiéndolas a un alto riesgo en su subsistencia,
lo cual, es contrario a las normas constitucionales y al precedente
constitucional.
(…)
A través de Resolución 198 de 17 de febrero de 2023, la Alcaldía
ratificó lo decidiso (sic) en la Resolución 082 de 24 de enero de 2023
y procedió a remitir el expediente a la Dirección de Asuntos para
Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del
22
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 06728 01
Accionantes: Dehiner Garrido Murillo y José Willinton Perea Palacios
Ministerio del Interior. Por medio de Resolución 098 de 30 de mayo
de 2023, negó el recurso de apelación y reconoció la junta establecida
en asamblea del 1 de diciembre de 2022, pese a que fue impugnada
y la Alcaldía reconoció que no la reconocía, ni registraba porque
existían irregularidades notorias que impedían su reconocimiento.
Con esto, se contraría abiertamente lo dispuesto en el artículo 29 de
la Constitución Política, que consagra un mandato de obligatorio
cumplimiento, según el cual, las instituciones del Estado están en la
obligación de aplicar el debido proceso en todo tipo de actuaciones.
Al respecto no existe fundamento legal que permita validar lo que que
(sic) fue impugnado y reconocido, y sobre lo que además no se apeló,
se trata de un caso del desconocimiento de la prohibición de reforma
en peor, que afecta la estructura compleja del derecho fundamental,
que se articula como un conjunto de garantías que limitan los poderes
del Estado, para proteger y garantizar la libertad y autonomía del
ciudadano que se encuentre incurso en una actuación judicial o
administrativa y así lograr una correcta administración de justicia (…).
La decisión de la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior,
resulta gravemente arbitraria, debido a que desconoció abiertamente
el principio de legalidad, al reconocer una junta directiva sobre la que
impugnó la votación y se demostró la ocurrencia de graves
irregularidades en su elección, dejando de lado una decisión de fondo
sobre la asamblea de 14 de diciembre de 2022, que se convocó y
adelantó de conformidad con la ley. Asimismo, no convocó ni propició
espacios de diálogo y concertación con las comunidades que
conforman el Consejo Comunitario Mayor, por lo que los miembros de
este no tuvimos la mínima posibilidad de hacer pronunciamientos
libres y sin interferencias sobre las ventajas y desventajas de la
situación alegada, ni tener incidencia sobre las decisiones adoptadas.
Al no hacer esto, se incurrió en una interferencia indebida en la
autonomía propia de las comunidades étnicas.
En este orden de ideas, la procedencia de la tutela no solo está
demostrada, sino que la decisión de la misma debe enfocarse en
garantizar el derecho de petición impetrado y, que el contenido de la
eventual revocatoria directa de la Resolución 098 de 30 de mayo de
2023, proferida por la Dirección de Asuntos de Comunidades Negras,
Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior, materialice la
garantía constitucional de la participación efectiva de las comunidades
étnicas.
(…)
Ahora, la sentencia de 25 de febrero de 2025 estableció que cabía la
solicitud de medidas cautelares dentro del proceso ordinario, pero si
se considerara la procedencia de dichas medidas se somete a una
situación de pendencia indefinida una problemática que requiere una
solución pronta, debido a que ¿sobre qué objeto recaería la medida
cautelar?, ¿Sería el nombramiento de las personas, el ejercicio de la
función, su relación con terceros? Por tratarse de una posición
directiva dentro de una organización minoritaria tales decisiones
23
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 06728 01
Accionantes: Dehiner Garrido Murillo y José Willinton Perea Palacios
cautelares son ineficaces, y por el contrario, se convierten en
talanqueras que amenazan directamente la dirección, y en
consecuencia, la permanencia de la organización étnica. Esto debido
a que si no existe una dirección establecida, cómo se mantiene el
funcionamiento coordinado y apropiado de la institución. Las
decisiones que impliquen suspensión (como son las cautelares -
incluso de tipo innominado-) se traducen en instrumentos de saboteo
para el correcto funcionamiento de la organización étnica.
(…)
Así las cosas, el fallo que se impugna impiden que podamos acudir en
condiciones de igualdad ante los jueces de tutela para buscar la
protección de nuestros derechos, debido a que el juez de tutela no se
sujetó estrictamente a los procedimientos previamente establecidos
por la jurisprudencia constitucional, así como a los precedentes sobre
igual situación fáctica y jurídica que obrantes en el expediente.
II. PETICIONES
PRIMERA. Al juez de primera instancia. Que conceda la
impugnación del fallo de 25 de febrero de 2025, notificado el 19 de
marzo de 2025.
SEGUNDA. Al juez de segunda instancia. Que revoque la
sentencia de 25 de febrero de 2025, notificado el 19 de marzo de
2025 y, en consecuencia, dicte fallo reconociendo la vulneración de
los derechos fundamentales de Dehiner Garrido Murillo y José
Willinton Perea Palacios, y tome las medidas necesarias para
protegerlos […]”. (Mayúsculas y negrillas originales del escrito de
impugnación. Resaltado fuera del texto original).
5.2. Por auto del 4 de abril de 2025 se concedió la impugnación32 y la
misma fue asignada a esta Sección por acta de reparto del 23 de abril de
202533.
6. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de
32
Visto en el índice 32 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 06728 00.
33
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 06728 01.
24
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 06728 01
Accionantes: Dehiner Garrido Murillo y José Willinton Perea Palacios
noviembre de 199134, en concordancia con el numeral 5 del artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 201535, modificado por
el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 2021 36, así como con
fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo nro.080 del 12
de marzo de 201937, modificado por el Acuerdo nro. 434 del 10 de
diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que
regula la distribución de negocios entre las secciones.
6.2. HECHOS RELEVANTES
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente38:
6.2.1. El 20 de enero de 2023, los señores Dehiner Garrido Murillo, José
Willinton Perea Palacios, entre otros miembros del Consejo Comunitario
Mayor de Cértegui – COCOMACER, otorgaron poder especial amplio y
suficiente a COFRADÍA JURÍDICA y a su representante legal, el señor
Barack Saphir Aluma Lumumba, para que “(…) en nombre y
representación de las juntas de los Consejos Comunitarios Menores, junta
directiva mayor y representación legal de COCOMACER Cértegui, del
departamento Chocó, solicite, realice, radique, reciba, renuncia, reasuma,
sustituya y retire cualquier actuación procesal y extraprocesal, en pro de
la comunidad a representar jurídicamente (…)”.
34
El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada
debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente. El juez que conozca de la impugnación,
estudiará el contenido de la misma, cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo.
El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y ordenar la práctica de
pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del expediente.
Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará
de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
35
Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
36
"Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto
1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las
reglas de reparto de la acción de tutela".
37
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
38
Lo que se desprende de las pruebas aportadas por los accionantes. Visto en el índice
2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03
15 000 2024 06728 00.
25
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 06728 01
Accionantes: Dehiner Garrido Murillo y José Willinton Perea Palacios
6.2.2. Mediante Resolución nro. 082 de 202339, la alcaldía municipal de
Cértegui (Chocó), dispuso lo siguiente:
“[…]
39
“Por medio del cual la alcaldía municipal de Cértegui-Chocó, decide sobre las
solicitudes e impugnación de firma y registro de actas de elección de la junta y del
representante legal del Consejo Comunitario Mayor del Municipio de Cértegui
“COCOMACER” período 2023-2025 en el libro que lleva este ente territorial para tal
efecto, y se dictan otras disposiciones”.
26
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 06728 01
Accionantes: Dehiner Garrido Murillo y José Willinton Perea Palacios
[…]”.
La precitada resolución fue notificada el 24 de enero de 2023:
27
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 06728 01
Accionantes: Dehiner Garrido Murillo y José Willinton Perea Palacios
6.2.3. El 6 de febrero de 2023, el señor Barack Saphir Aluma Lumumba,
en representación de los Consejos Comunitarios Menores del municipio de
Cértegui y del Consejo Comunitario Mayor de Céstegui – COCOMACER,
interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación contra la
Resolución nro. 082 del 24 de enero de 2023, expedida por la alcaldía
municipal de Cértegui.
6.2.4. Mediante Resolución nro. 098 del 30 de mayo de 202340, la
Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas,
Raizales y Palenqueras, resolvió lo siguiente:
“[…]ARTÍCULO 1°: REVOCAR la Resolución No. 082 del 24 de
enero de 2023, emitida por la Alcaldía Municipal Cértegui, Chocó
“Por medio de la cual la Alcaldía Municipal de Cértegui – Chocó, decide
sobre la solicitudes de impugnación de firma y registro de actas de
elección de la Junta y del Representante Legal del CONSEJO
COMUNITARIO MAYOR DEL MUNICIPIO DE CÉRTEGUI
“COCOMACER” periodo 2023-2025 en el libro que lleva este ente
territorial para tal efecto y se dictan otras disposiciones” por las
consideraciones expuestas en la parte motiva de este acto.
40
“Por la cual se decide en segunda instancia el recurso de apelación interpuesto en
contra de la Resolución No. 082 del 24 de enero de 2023 por medio de la cual la
Alcaldía Municipal de Cértegui – Chocó, decide sobre las solicitudes de impugnación de
firma y registro de actas de elección de la Junta y del Representante Legal del Consejo
Comunitario Mayor del Municipio de Cértegui COCOMACER periodo 2023-2025 en el libro
que lleva este ente territorial para tal efecto y se dictan otras disposiciones”.
28
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 06728 01
Accionantes: Dehiner Garrido Murillo y José Willinton Perea Palacios
ARTICULO 2°: ORDENAR a la Alcaldía Municipal de Cértegui Chocó,
para que el un término no superior a cinco (5) días hábiles, inscriba
en el libro de registro que para tal efecto lleva, a la junta y el
representante legal del CONSEJO COMUNITARIO MAYOR DE
CERTEGUI “COCOMACER” elegidos para el periodo institucional
2023-2035 según Acta No. 001 del 1 de diciembre de 2022,
según el punto 7 establecido en el orden del día de la siguiente
manera:
ARTICULO 3º: ORDENAR a la Alcaldía Municipal de Cértegui Chocó,
para que un término no inferior a tres (3) días hábiles contados a
partir de la fecha de expedición de la certificación de inscripción de la
nueva junta y el representante legal del CONSEJO COMUNITARIO
MAYOR DE CERTEGUI “COCOMACER” elegidos para el periodo
institucional 2023-2035 según Acta No. 001 del 1 de diciembre
de 2023, remita a la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior al
correo electrónico servicioalciudadano@mininterior.gov.co copia
de dicha certificación.
ARTICULO 4°: NOTIFICAR esta decisión al señor BARACK SAPHIR
ALUMA LUMUMBA al correo eléctrico
juridicacofradia@gmail.com, al señor ERLIN ALVEIRO MORENO
MURILLO en calidad de representante legal del CONSEJO
COMUNITARIO MAYOR DE CERTEGUI “COCOMACER” al correo
electrónico cocomacer2@gmail.com, y a la ALCALDÍA
MUNICIPAL CERTEGUI - CHOCÓ […]”. (Mayúsculas y negrillas
originales de la resolución).
29
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 06728 01
Accionantes: Dehiner Garrido Murillo y José Willinton Perea Palacios
6.2.5. El 19 de julio de 2023, a través de correo electrónico remitido al
Ministerio del Interior, el señor Barack Saphir Aluma Lumumba radicó
escrito en el que solicitó lo siguiente:
“[…] Solicito a usted que, en uso de las facultades legales y
competencias propias de su cargo, proceda a revocar la Resolución
098 del 30 del mes de mayo de 2023 proferida por la Dirección de
Asuntos para Comunidades Negras, y con sustento en las actuaciones
registradas en el proceso, proceder al reconocimiento de las
actuaciones de la comunidad contenidas en el acta de diciembre 14
de 2022.
Ordenar a la Alcaldía Municipal de certegui la actualización del censo
interno para la elección, de la junta directiva y demás instancia de
representación del consejo comunitario acorde con la solicitud
radicada, por el señor JOSE WILLINGTON PEREA PALACIOS […]”.
6.2.6. El 1 de noviembre de 2024, el señor Dehiner Garrido Murillo radicó
ante la alcaldía municipal de Cértegui, escrito dirigido, entre otros, al
presidente de la República, en el que le solicitó lo siguiente:
“[…] A)- Al presidente GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO:
Solicitar a su ministro del Interior (…), que por favor cese la violación
del derecho fundamental a la autonomía o libre determinación, al
derecho al Debido Proceso, y de acceso a la administración de Justicia,
entre otros, con los que, de forma arbitraria, le siguen vulnerando al
Consejo Comunitario Mayor de Cértegui, que en democracia, el 14 de
diciembre de 2022, eligió la Junta Directiva del Consejo Comunitario
Mayor de Cértegui y a su Representante Legal, DEHINER GARRIDO
MURILLO. Así mismo, peticionar a su ministro que, con base en la
Sentencia de Tutela de Segunda Instancia, proferida por el Consejo
de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera -
Subsección A, consejera ponente MARÍA ADRIANA MARÍN, con
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03528-01, le exija a la DACNARP
del Ministerio del Interior, aplicar el Principio Constitucional de la
Igualdad, favorable al Consejo Comunitario de la referencia […]”.
6.3. CUESTIÓN PREVIA
La Sala observa que, pese a que no fue objeto de impugnación, hay dos
solicitudes de desvinculación formuladas por el Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República – DAPRE y el Ministerio
del Interior, en sus informes rendidos en primera instancia, que no fueron
resueltas por el a quo.
30
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 06728 01
Accionantes: Dehiner Garrido Murillo y José Willinton Perea Palacios
Al respecto, la Sala señala que dichas peticiones no son procedentes por
las razones que pasan a explicarse.
(i) Frente a la solicitud presentada por el DAPRE, se advierte que no es
procedente, debido a que, de las pruebas allegadas por los accionantes
se evidencia que el 1 de noviembre de 2024, el señor Dehiner Garrido
Murillo radicó escrito dirigido, entre otros, al presidente de la República,
en el que solicitaba que, por su intermedio, se ordenara al ministro del
interior que “cese la violación del derecho fundamental a la autonomía o
libre determinación, al derecho al Debido Proceso, y de acceso a la
administración de Justicia, entre otros, con los que, de forma arbitraria,
le siguen vulnerando al Consejo Comunitario Mayor de Cértegui, que en
democracia, el 14 de diciembre de 2022, eligió la Junta Directiva del
Consejo Comunitario Mayor de Cértegui y a su Representante Legal”; por
lo tanto, le asiste interés en el presente trámite tutelar.
(ii) En cuanto a la solicitud del Ministerio del Interior, se advierte que
tampoco es procedente, comoquiera que dicha cartera ministerial, a
través de su Dirección de Asuntos para Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, expidió la Resolución nro. 098
del 30 de mayo de 2023, que revocó la Resolución nro. 082 del 24 de
enero de 2023 proferida por la alcaldía municipal de Cértegui (Chocó),
actos administrativos objeto de debate en esta sede constitucional.
6.4. ANÁLISIS DE LA SALA
En el asunto bajo examen, la Subsección C, Sección Tercera del Consejo
de Estado, en fallo de primera instancia proferido el 21 de febrero de
2025, declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir con el
requisito de subsidiariedad, comoquiera que “(…) los actos cuestionados
son susceptibles de ser demandados ante la jurisdicción de lo contencioso
31
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 06728 01
Accionantes: Dehiner Garrido Murillo y José Willinton Perea Palacios
administrativo e inclusive podría solicitarse el decreto de medidas
cautelares (…)”41.
En igual sentido, argumentó que “(…) los accionantes, (…) no
demostraron la existencia de un perjuicio irremediable, más allá de su
inconformidad con la decisión adoptada por el Ministerio del Interior,
máxime si se tiene en cuenta que las garantías de la comunidad no se
advierten en riesgo ante una eventual ausencia de gobernabilidad (…)”42.
A su turno, los accionantes en su escrito de impugnación, por una parte,
alegaron que la tutela sí es procedente en contra de los actos
administrativos cuestionados, y por otra insistieron en que “(…) no se
recibió respuesta dentro del término legal a la petición (que solicitó la
revocatoria directa de la Resolución 098 de 30 de mayo de 2023)
interpuesta el 19 de julio de 2023, por parte de la Dirección de Asuntos
de Comunidades Negras Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior.
Además, pese a la insistencia realizada desde diversas instituciones, la
accionada sigue sin proferir la respuesta correspondiente (…)”43.
De esta manera, se destaca que son dos los reproches formulados por la
parte actora en su escrito de impugnación: (i) la procedencia de la acción
de tutela en contra de las Resoluciones nro. 082 del 24 de enero de 202344
y nro. 098 del 30 de mayo de 202345; y (ii) la falta de respuesta a la
solicitud de revocatoria directa presentada el 19 de julio de 2023, en
contra de la mencionada Resolución nro. 098 del 30 de mayo de 2023.
En ese escenario y circunscribiéndose a lo que es motivo de impugnación,
la Sala analizará por separado cada uno de los precitados reproches.
41
Visto en el índice 20 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 06728 00.
42
Ibidem.
43
Aparte del escrito de impugnación. Visto en el índice 30 de la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 06728 00.
44
Expedida por la alcaldía municipal de Cértegui (Chocó).
45
Expedida por la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas,
Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior.
32
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 06728 01
Accionantes: Dehiner Garrido Murillo y José Willinton Perea Palacios
6.4.1. Frente a la procedencia de la acción de tutela en contra de
las Resoluciones nro. 082 del 24 de enero de 2023 y nro. 098 del
30 de mayo de 2023
El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela
solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable46.
La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que la tutela solo
es procedente (i) cuando no exista otro mecanismo de defensa judicial;
(ii) si existe otro medio, la intervención del juez constitucional es
necesaria para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en
el que, la acción procederá de manera transitoria y, (iii) en el evento en
que los mecanismos de defensa judicial no resultan idóneos o eficaces
para lograr la protección de los derechos presuntamente vulnerados,
evento en el que procede de manera definitiva47.
En ese sentido, la Corte Constitucional ha explicado que, cuando la acción
de tutela está dirigida contra actos administrativos, la excepcionalidad del
recurso de amparo se torna especialmente estricta, en tanto que no es el
mecanismo idóneo para atacarlos ya que, por su propia naturaleza, se
encuentran amparados por el principio de legalidad, “pues se parte del
presupuesto de que la administración al momento de manifestarse a
través de un acto, debe acatar las prerrogativas constitucionales y legales
a la que se encuentra subordinada. De allí que la legalidad del acto
administrativo se presuma obligando a demostrar a quien pretende
controvertirlo que aquel se apartó, sin justificación alguna del
ordenamiento jurídico, debate que se debe adelantar ante la jurisdicción
contenciosa administrativa”48.
46
“Artículo 86 C.P.: (…) Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable (…)”.
47
Corte Constitucional. Sentencia T- 332 de 2018.
48
Ibidem.
33
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 06728 01
Accionantes: Dehiner Garrido Murillo y José Willinton Perea Palacios
Por ello, la Corte Constitucional ha determinado que la acción de tutela
no procede como mecanismo principal para la protección de derechos
fundamentales que resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la
expedición de actos administrativos, salvo que se utilice como mecanismo
transitorio para evitar la configuración de un perjuicio irremediable,
evento en el que el juez de tutela únicamente podrá suspender la
aplicación del acto administrativo mientras se surte el respectivo proceso
ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo49.
Por lo tanto, el ciudadano que presente una acción de tutela contra un
acto administrativo, deberá demostrar que el amparo busca evitar la
configuración de un perjuicio irremediable, elementos que han sido fijados
por la jurisprudencia constitucional así: el perjuicio debe ser inminente o
próximo a suceder; debe ser grave, esto es, que implique la afectación
de un bien susceptible de determinación jurídica, altamente significativo
para la persona; que requiera medidas urgentes para superar el daño y
que las medidas de protección sean impostergables50.
En el caso concreto, los accionantes promovieron la presente acción de
tutela con el fin de cuestionar (i) la Resolución nro. 082 del 24 de enero
202451 expedida por la alcaldía municipal de Cértegui (Chocó) y (ii) la
Resolución nro. 098 del 30 de mayo de 2023, que resolvió el recurso de
apelación presentado en contra de la precitada Resolución nro. 082 del
24 de enero de 2023.
Lo anterior, comoquiera que la parte actora pretende, entre otras cosas,
que a través de este mecanismo constitucional se ordene “al DIRECTOR
DE ASUNTOS PARA COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS,
RAIZALES Y PALENQUERAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR y al ALCALDE
49
Ibidem.
50
Corte Constitucional. Sentencia T-318 de 2017.
51
“Por medio del cual la alcaldía municipal de Cértegui-Chocó, decide sobre las
solicitudes e impugnación de firma y registro de actas de elección de la junta y del
representante legal del Consejo Comunitario Mayor del Municipio de Cértegui
“COCOMACER” período 2023-2025 en el libro que lleva este ente territorial para tal
efecto, y se dictan otras disposiciones”.
34
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 06728 01
Accionantes: Dehiner Garrido Murillo y José Willinton Perea Palacios
DEL MUNICIPIO DE CÉRTEGUI, INAPLICAR POR INCONSTITUCIONAL las
resoluciones que realizaron el registro del acta de elección de la junta
directiva elegida indebidamente el día 01 de diciembre de 2022, para el
CONSEJO COMUNITARIO DE CÉRTEGUI COCOMACER”52 y que, en
consecuencia, “(…) procedan a inscribir el acta del día 29 de septiembre
de 2024, mediante la cual la Asamblea General reunida de manera
extraordinaria, resuelve el conflicto étnico interno surgido con ocasión de
la duplicidad de Asambleas Generales y elecciones de los cargos de la
Junta Directiva del mencionado Consejo Comunitario General (…)”53.
Para ello, en el escrito de impugnación, los accionantes aseveraron que,
“(…) la Resolución 082 de 24 de enero de 2023 (…) se trató de una
decisión arbitraria, que se apartó del principio de legalidad y, por tanto,
del debido proceso administrativo, que se traduce en una afectación de
los derechos de las comunidades que integran el Consejo Comunitario
Mayor de Cértegui (…)”54.
En igual sentido, indicaron que “(…) la decisión de la Dirección de Asuntos
para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del
Ministerio del Interior, resulta gravemente arbitraria, debido a que
desconoció abiertamente el principio de legalidad, al reconocer una junta
directiva sobre la que impugnó la votación y se demostró la ocurrencia de
graves irregularidades en su elección, dejando de lado una decisión de
fondo sobre la asamblea de 14 de diciembre de 2022, que se convocó y
adelantó de conformidad con la ley (…)”55.
Bajo dicho contexto, la Sala considera que, tal como lo indicó el a quo, la
acción de tutela resulta improcedente por no cumplir el requisito de
subsidiariedad, debido a que la parte accionante cuenta con el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho dispuesto en el Código
52
Apare del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 06728 00.
53
Ibidem.
54
Aparte del escrito de impugnación. Visto en el índice 30 de la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 06728 00.
55
Ibidem.
35
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 06728 01
Accionantes: Dehiner Garrido Murillo y José Willinton Perea Palacios
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para
controvertir los referidos actos administrativos y exponer ante el juez
natural de la causa los reproches que formuló en esta sede constitucional.
Adicionalmente, los actores pueden solicitar en el precitado medio de
control, la adopción de medidas cautelares. En este punto, se destaca que
los accionantes en su escrito de impugnación cuestionaron “(…) ¿sobre
qué objeto recaería la medida cautelar? (…)”56. Al respecto, la Sala
advierte que los artículos 230 y 231 del mencionado código estipulan el
contenido y el alcance que pueden tener las medidas cautelares
solicitadas en un proceso judicial.
Por último, no sobra resaltar que los accionantes tampoco alegaron, ni se
encuentra acreditada prima facie, la ocurrencia de un perjuicio
irremediable que permita la procedencia de la solicitud de amparo como
mecanismo transitorio.
En consecuencia, la acción de tutela resulta improcedente por cuanto no
cumple con el requisito general de subsidiariedad, frente al
cuestionamiento de los actos administrativos contenidos en las
Resoluciones nro. 082 del 24 de enero 2024, expedida por la alcaldía
municipal de Cértegui (Chocó), y la nro. 098 del 30 de mayo de 2023,
proferida por la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior.
6.4.2. Frente a la falta de respuesta a la solicitud de revocatoria
directa radicada el 19 de julio de 2023, en contra de la Resolución
nro. 098 del 30 de mayo de 2023
El artículo 93 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, estipula que los actos administrativos
deberán ser revocados, de oficio o a petición de parte, por las mismas
autoridades que los hayan expedido, cuando (i) sean opuestos a la
56
Ibidem.
36
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 06728 01
Accionantes: Dehiner Garrido Murillo y José Willinton Perea Palacios
Constitución y la ley; (ii) cuando no estén conformes con el interés público
o social y atenten contra él; y (iii) cuando con ellos se cause un agravio
injustificado a una persona.
A su turno, el inciso segundo del artículo 95 ibidem, señala que las
solicitudes de revocación directa deberán ser resueltas por la autoridad
competente dentro de los dos (2) meses siguientes a la presentación de
la solicitud; y en cuanto a los efectos, el artículo 96 dispone expresamente
que “ni la petición de revocación de un acto, ni la decisión que sobre ella
recaiga revivirán los términos legales para demandar el acto ante la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, ni darán lugar a la
aplicación del silencio administrativo”.
En el asunto sub examine, se encuentra acreditado que el 19 de julio de
2023, a través de correo electrónico remitido al Ministerio del Interior, el
señor Barack Saphir Aluma Lumumba, actuando en representación57 de
los Consejos Comunitarios Menores del municipio de Cértegui y del
Consejo Comunitario Mayor de Cértegui – COCOMACER, radicó escrito
dirigido a los entonces ministro del interior y viceministra para el diálogo
social, la igualdad y los derechos humanos, en el que les solicitó que
“proceda[n] a revocar la Resolución 098 del 30 del mes de mayo de 2023
proferida por la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, y con
sustento en las actuaciones registradas en el proceso, proceder al
reconocimiento de las actuaciones de la comunidad contenidas en el acta
de diciembre 14 de 2022”58.
El Ministerio del Interior, en el informe rendido en primera instancia,
manifestó que mediante la Resolución COCORPUN01782024 del 21 de
octubre de 2024 se declaró improcedente la solicitud de revocatoria
presentada por el señor ALUMA LUMUMBA y, según aseveró, en dicho acto
administrativo también se ordenó realizar la respectiva notificación “al
57
El poder otorgado al señor Barack Saphir Aluma Lumumba fue suscrito, entre otros,
por los señores Dehiner Garrido Murillo y José Willinton Perea Palacios.
58
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 06728 00.
37
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 06728 01
Accionantes: Dehiner Garrido Murillo y José Willinton Perea Palacios
correo eléctrico juridicacofradia@gmail.com, al señor ERLIN ALVEIRO
MORENO MURILLO en calidad de representante legal del CONSEJO
COMUNITARIO MAYOR DE CERTEGUI “COCOMACER” al correo electrónico
cocomacer2@gmail.com, y a la ALCALDÍA MUNICIPAL CERTEGUI -
CHOCÓ, por medio del correo electrónico contactenos@certegui-
choco.gov.co”60; sin embargo, no aportó copia de la mencionada
resolución, ni soporte de su respectiva notificación a los interesados.
En el escrito de impugnación, los accionantes insistieron que “no se recibió
respuesta dentro del término legal a la petición (que solicitó la revocatoria
directa de la Resolución 098 de 30 de mayo de 2023) interpuesta el 19
de julio de 2023, por parte de la Dirección de Asuntos de Comunidades
Negras Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior. Además, pese a
la insistencia realizada desde diversas instituciones, la accionada sigue
sin proferir la respuesta correspondiente”61.
Bajo dicho contexto, la Sala considera que se ha vulnerado el derecho
fundamental de petición de los accionantes por parte del Ministerio del
Interior, por cuanto no se encuentra acreditado que haya dado respuesta
a la solicitud de revocatoria directa radicada el 19 de julio de 2023.
Frente al derecho de petición, el artículo 23 de la Constitución Política
estableció que todas las personas tienen el derecho de presentar
peticiones por motivos de interés general o particular y a obtener pronta
resolución.
La jurisprudencia constitucional ha precisado que el contenido esencial del
derecho de petición está conformado por “(i) la posibilidad efectiva de
elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que
éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; (ii) la
59
Visto en el índice 14 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 06728 00.
60
Visto en el índice 14 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 06728 00.
61
Aparte del escrito de impugnación. Visto en el índice 30 de la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 06728 00.
38
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 06728 01
Accionantes: Dehiner Garrido Murillo y José Willinton Perea Palacios
respuesta oportuna, esto es, dentro de los términos establecidos en el
ordenamiento jurídico, con independencia de que su sentido sea positivo
o negativo; (iii) una respuesta de fondo o contestación material, lo que
implica una obligación de la autoridad a que entre en la materia propia de
la solicitud, según el ámbito de su competencia, desarrollando de manera
completa todos los asuntos planteados (plena correspondencia entre la
petición y la respuesta) y excluyendo fórmulas evasivas o elusivas” 62. (Se
destaca).
En ese sentido, la falta de acreditación por parte del Ministerio del Interior
de haber notificado la presunta resolución por medio de la cual dio
respuesta a la solicitud de revocatoria presentada, y la insistencia de los
accionantes en el escrito de impugnación de no haber recibido respuesta
alguna, implica la vulneración del derecho fundamental de petición, por
lo que la Sala amparará este derecho y, como una medida para
protegerlo, le ordenará al Ministerio del Interior que dentro de las
cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de la presente decisión,
de respuesta a la solicitud de revocatoria directa en contra de la
Resolución nro. 098 del 30 de mayo de 2023, radicada el 19 de julio de
2023, y que la comunique a los correos electrónicos de los hoy
accionantes.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación formuladas por el
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República – DAPRE
y el Ministerio del Interior, atendiendo a lo señalado en la parte motiva
de esta providencia.
62
Corte Constitucional. Sentencia T – 077 del 2 de marzo de 2018. M.P.: Antonio José
Lizarazo Ocampo.
39
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 06728 01
Accionantes: Dehiner Garrido Murillo y José Willinton Perea Palacios
SEGUNDO: MODIFICAR el fallo de tutela proferido el 21 de febrero de
2025 por la Subsección C, Sección Tercera del Consejo de Estado, el cual
quedará de la siguiente manera:
“[…] PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela
instaurada por los señores Dehiner Garrido Murillo y José Willinton
Perea Palacios, frente a los reproches expuestos en contra de las
Resoluciones nro. 082 del 24 de enero 2024, expedida por la alcaldía
municipal de Cértegui (Chocó) y la nro. 098 del 30 de mayo de 2023,
proferida por la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior.
SEGUNDO: AMPARAR el derecho fundamental de petición de los
señores Dehiner Garrido Murillo y José Willinton Perea Palacios y, en
consecuencia, ORDENAR al Ministerio del Interior que, dentro de las
cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de esta decisión, de
respuesta a la solicitud de revocatoria directa en contra de la
Resolución nro. 098 del 30 de mayo de 2023, radicada el 19 de julio
de 2023, y que la comunique a los correos electrónicos de los hoy
accionantes […]”.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro del término legal.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
40
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.