Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-03687-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-03687-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2023-03687-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
26 de octubre de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03687-01
Demandante: Carol Johana Pérez Linares
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá D.C., veintiséis (26) de octubre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2023-03687-01
Demandante CAROL JOHANA PÉREZ LINARES
Demandado JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ, CON
FUNCIONES DE CONOCIMIENTO
Temas Acción de tutela. Nombramiento cargo de secretario en juzgado.
Persona en lista de elegibles y traslados solicitados. Ponderación
juez. Actos administrativos. Requisitos de procedencia de la acción
de tutela: la subsidiariedad.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por Carol Johana Pérez Linares, contra
la sentencia del 10 de agosto de 2023, proferida por el Consejo de Estado, Sección
Quinta, que resolvió:
“SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la tutela formulada por la señora Carol Johana
Pérez Linares contra el Juzgado Segundo Penal Municipal de Zipaquirá con Funciones de
Conocimiento”.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 6 de julio de 20231, Carol Johana Pérez Linares, interpuso acción de tutela contra
el Juzgado Segundo Penal Municipal de Zipaquirá con Funciones de Conocimiento,
por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y al
mérito.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“1. Amparar mis derechos constitucionales al mérito en conexidad con el debido proceso, al
advertir que el nombramiento efectuado en el cargo de secretario del Juzgado Segundo
penal Municipal de Zipaquirá, no cumple con los requisitos de ley ni se encuentra
motivado en debida forma. Como consecuencia de lo anterior se solicita:
2. Declarar la nulidad del procedimiento administrativo realizado por el Juzgado Segundo
Penal Municipal de Zipaquirá, a partir del recibo del oficio del Consejo Seccional de la
Judicatura de Cundinamarca, por medio del cual, remite la lista de elegibles conformada
y la solicitud de traslado para que proceda a dar inicio a la actuación en cumplimiento del
marco constitucional del art 29 de la Constitución Política de Colombia y el bloque de
constitucionalidad.
3. De no accederse a lo anterior, se deje sin efecto las resoluciones 6 y 7 expedidas por el
Juzgado Segundo Penal Municipal de Zipaquirá, el 1° y 30 de junio de 2023,
respectivamente y se ordene en consecuencia, la emisión de una resolución en la que se
designe a un empleado en carrera en la que se evalúe la totalidad de los criterios objetivos
1 Fecha de radicación al correo de la Secretaría General de la Corporación.
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que componen el principio o derecho al mérito, tal como lo ha señalado la normativa legal
y constitucional, resolviendo claramente las solicitudes de traslado y la tensión
presentada ante la existencia de una lista de elegibles.
Finalmente es del caso, precisar que en mi opinión la presente acción constitucional
procede formalmente para ser resuelta de fondo, en específico frente al requisito de
subsidiariedad, en tanto que, a pesar de la existencia del procedimiento administrativo, el
contenido de este conflicto dada la prevalencia del principio del mérito se torna
constitucional y no legal”.
2. Hechos
En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. El Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca remitió el Acuerdo
CSJCUA23-6 del 1º de febrero de 2023, contentivo de la lista de elegibles “para
los cargos de la Convocatoria Nro. 4 con ocasión de las opciones de sede del mes de
enero de 2023” para el cargo de Secretario del Juzgado Segundo Penal
Municipal de Zipaquirá con Funciones de Conocimiento, en el que figuraba
como única aspirante la señora Jenifer Carolina Barón Cortés.
2.2. Posteriormente el 16 de mayo de 2023, el Consejo Seccional de la Judicatura
de Cundinamarca remitió al Juzgado Segundo Penal Municipal de Zipaquirá
con Funciones de Conocimiento, la lista de elegibles para traslado en el cargo
de secretario en ese despacho judicial, compuesto por 3 personas:
▪ Jimena del Pilar Lizarazo, Secretario Grado Nominado del Juzgado Promiscuo
Municipal de Cogua.
▪ Daniel Alejandro Ortiz, Secretario Grado Nominado del Juzgado Promiscuo
Municipal de Guatavita.
▪ Carol Johana Pérez Linares <<accionante>>, Secretaria en propiedad del
Juzgado Penal Municipal que actualmente se desempeña en el empleo de
Oficial Mayor en el Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes de
Zipaquirá.
2.3. como única aspirante la señora Jenifer Carolina Barón Cortés.
2.4. Mediante la Resolución Nro. 05 del 18 de mayo de 2023, el juzgado accionado
solicitó las hojas de vida, calificación de servicios y convocó a entrevista a los
4 interesados en ocupar el cargo de secretario del juzgado: Jimena del Pilar
Lizarazo, Daniel Alejandro Ortiz, Carol Johana Pérez Linares y Jenifer Carolina
Barón Cortés.
2.5. Mediante la Resolución Nro. 06 del 1º de junio de 2023, el juzgado nombró en
propiedad a la señora Jenifer Carolina Barón Cortés en el cargo de Secretario
de dicho despacho judicial.
Esta decisión expuso varios motivos, entre ellos, la ponderación de cada uno
de los que se postulaban al empleo, bien por traslado o por concurso de
méritos, encontrando el despacho accionado que, ninguno de los traslados
solicitados había sido por temas de salud, caso en el que eventualmente
hubiera primado este tipo de solicitud por encima incluso del derecho al mérito.
Además, encontró que la señora Jenifer Carolina Barón Cortés superaba
frente a los demás aspirantes, aspectos tales como la experiencia, los estudios
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y el conocimiento que se consideraba óptimo para el desempeño de la labor
en el despacho que contaba con una amplia carga laboral.
2.6. Contra la anterior decisión la accionante presentó recurso de reposición, el que
fue resuelto en forma negativa por el juzgado mediante la Resolución Nro. 07
del 30 de junio de 2023, comunicada en esa misma fecha a la actora Carol
Johana Pérez Linares.
3. Fundamentos de la acción
La parte actora expuso que en el recurso de reposición que interpuso contra la
decisión por la que se nombró a la señora Jenifer Carolina Barón Cortés, puso de
conocimiento a la juez que el acto administrativo no se ajustaba a derecho por varias
circunstancias, entre ellas, que no se aplicó ningún parámetro de ponderación
objetivo, que la conclusión a la que llegó para establecer que la persona que estaba
en la lista de elegibles era la única que superaba los requisitos mínimos para
acceder al cargo desconocía el mecanismo para la provisión de los empleos en el
Estado y que los aspectos revisados ya habían sido objeto de verificación en los
correspondientes concursos de méritos, entre otras.
Que para la juez solo la experiencia por ella valorada era la condición suficiente y
relevante para ocupar el cargo vacante, lo que desvirtuaba la objetividad y
transparencia del trámite administrativo y vulneraba el derecho al debido proceso
ya que el presupuesto del concurso de méritos mencionaba que solo se requería 1
año de experiencia relacionada.
De la entrevista realizada dijo que se trató de un nuevo examen de conocimientos
y que tuvo como objetivo establecer los conocimientos previos sobre el
funcionamiento de un despacho judicial de la categoría municipal, por lo que la única
persona con capacidad de asumir la carga era la misma empleada de hace 3 años
en el despacho judicial.
Sostuvo que estos argumentos, pese haberse puesto de presente en el recurso de
reposición presentado, no fueron desarrollados en su totalidad en el acto
administrativo Nro. 07 del 30 de junio de 2023, por el que se resolvió el recurso
presentado en forma desfavorable, a excepción del punto relacionado con la
entrevista, lo que, en todo caso, no respondió a sus inquietudes puntuales.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. Por auto del 10 de julio de 2023 el juez de tutela de primera instancia admitió
la presente acción de tutela, ordenó notificar a las partes accionante y
accionada y dispuso vincular como terceros con interés a la señora Jenifer
Carolina Barón Cortés, Daniel Alejandro Ortiz Bonilla, al Consejo Seccional de
la Judicatura de Cundinamarca, a la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Cundinamarca, a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial Nivel Central y al Consejo Superior de la Judicatura,
Unidad Administrativa de Carrera Judicial.
4.2. El Juzgado Segundo Penal Municipal de Zipaquirá con Función de
Conocimiento, rindió informe en el que manifestó que el asunto se
circunscribía a la inconformidad de la accionante frente al trámite llevado a
cabo para efectuar un nombramiento en propiedad en el empleo de Secretario
en el despacho.
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De los argumentos concretos que presentó, manifestó que se trataba de una
reiteración de los fundamentos del recurso de reposición que presentó en su
momento y que fue resuelto con suficiencia, de manera que la tutela no podía
ser tenida como una tercera instancia para discutir aspectos ya analizados,
apoyándose en la presunta vulneración de derechos fundamentales, en este
caso al debido proceso y al mérito, razón por la que pidió se declarara
improcedente la acción.
4.3. La Dirección Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca, se
pronunció e indicó que no se habían vulnerado derechos fundamentales a la
actora por parte de la dirección, que no había ninguna solicitud que hubiera
sido presentada por la accionante y que tampoco la entidad era la encargada
de resolver temas de traslados del personal de carrera de los despachos
judiciales, ni de ningún otro trámite administrativo al respecto. En ese orden
de ideas, manifestó que se configuraba una falta de legitimación en la causa
por pasiva.
4.4. El Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de
Carrera Judicial, rindió informe en el que manifestó que no debió ser
vinculado a la presente acción por no tener legitimación por pasiva dentro del
presente, toda vez que se trató de un asunto de carácter administrativo a cargo
del juzgado accionado y que en nada tenía que ver la unidad de carrera. Por
lo anterior pidió ser desvinculado de la presente acción o negar el amparo
solicitado.
4.5. La señora Jenifer Carolina Barón Cortés, presentó informe dentro del
presente trámite constitucional en el que manifestó que la tutela era
improcedente para cuestionar un acto administrativo que podía ser
controvertido ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
También manifestó ser un tercero de buena fe que pasó por las mismas etapas
que la accionante y los demás servidores que se presentaron ante la juez,
superando los requisitos y contando con la idoneidad que el cargo exigía,
además, que a diferencia de la accionante y los demás aspirantes que eran de
carrera administrativa, ella no contaba con esa posibilidad y poder ser
nombrada en propiedad producto del concurso de méritos era lo que esperaba.
4.6. El señor Daniel Alejandro Ortiz Bonilla, envió correo electrónico en el que
manifestó: “Por medio de la presente me permito informar que el suscrito también
inició acción constitucional número de radicado 11001-03-15-000-2023-03874-00.
Envío adjunta tutela interpuesta y anexos en un solo documento”.
5. Providencia impugnada
En sentencia del 10 de agosto de 2023, el Consejo de Estado, Sección Quinta,
declaró improcedente la solicitud de amparo.
Advirtió que, en el caso no se cumplía con el requisito de subsidiariedad, pues que
lo que buscaba la parte actora era cuestionar por esta vía la Resolución Nro. 6 de
2023 expedida por el juzgado accionado, acto administrativo que era susceptible de
control judicial a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, mecanismo en el que podía solicitar las medidas cautelares que
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considerara del caso y que, tampoco acreditó la posible existencia de un perjuicio
irremediable.
6. Impugnación
La parte actora impugnó la decisión, para lo cual, reiteró los argumentos del escrito
de tutela.
Insistió en su inconformidad con los actos administrativos por los que se hizo el
nombramiento de la lista de elegibles y por el que se resolvió el recurso de
reposición por ella interpuesto.
Sostuvo que el perjuicio irremediable solo se analizaba cuando existiera un
mecanismo eficaz e idóneo que no existía en relación con su derecho al mérito. Dijo
que en el acápite relacionado con la procedencia de la acción constitucional solicitó
que se tuvieran en cuenta los pronunciamientos dados por la Corte Constitucional
relacionados con la procedencia definitiva de la acción constitucional advirtiendo
dicha petición no fue analizada.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19912, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. Planteamiento del problema jurídico.
Corresponde a la Sala verificar si asistió razón al juez de tutela de primera instancia
en declarar improcedente la presente acción por no encontrar acreditado el requisito
general de procedencia de la subsidiariedad.
De encontrar superado el anterior estudio, con fundamento en los antecedentes del
caso y los argumentos del escrito de impugnación, corresponderá analizar si hay
lugar a dejar sin efectos el procedimiento adoptado por el Juzgado Segundo Penal
Municipal de Zipaquirá con Funciones de Conocimiento para la provisión de la
vacante de secretario entre las personas que aspiraban a ser trasladadas y la
persona que estaba en lista de elegibles, así como también si es posible dejar sin
efecto el acto administrativo por el que se dispuso el nombramiento de la persona
en lista de elegibles, así como el acto por el que se resolvió el recurso de reposición
contra esa decisión.
2 Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
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3. Análisis del presupuesto de la subsidiariedad en el caso concreto
3.1. De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, uno de los
requisitos generales de procedibilidad es el de subsidiariedad. Norma que
señala que la solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga
de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable.”
A su turno, el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de
tutela es improcedente cuando existen otros medios de defensa judicial, a
menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Que la acción de tutela sea un mecanismo subsidiario de protección de
derechos fundamentales implica que los mecanismos ordinarios de defensa
para la protección de los derechos no pueden ser desplazados o suplantados
por la acción de tutela, siempre que estos sean idóneos y eficaces. Por tanto,
la acción de tutela solo procede cuando no existen otros medios de defensa
para amparar los derechos fundamentales invocados o, en su defecto, siempre
que ello sea necesario para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable,
caso en el cual procederá como mecanismo transitorio de protección.
Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe
probar que se agotaron y finalizaron los recursos que tenía a su disposición,
pues de lo contrario la tutela deviene improcedente.
La tesis de la Sección expuesta en diversas sentencias3, consiste en que, por
regla general, cuando existe otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz no
es procedente la acción de tutela. Por supuesto, la idoneidad y eficacia del
medio de defensa se definen en función del caso concreto, atendiendo a las
circunstancias en que se encuentra el solicitante y, además, dependen de la
existencia o no de un perjuicio irremediable.
Tanto la Constitución Política como el Decreto 2591 de 1991 dan la posibilidad
al juez de tutela de valorar las circunstancias particulares de cada caso y
determinar si la acción es procedente, o si por el contrario, existen otros
medios que permiten satisfacer los derechos fundamentales del actor.
3.2. En el presente caso, tal como lo indicó el juez de tutela de primera instancia,
no se satisface el requisito general de la subsidiariedad, como quiera que la
accionante cuenta con otros mecanismos de defensa idóneos y eficaces, para
garantizar la protección de sus derechos, ya que puede acudir al medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, o al medio de control de
nulidad electoral contemplados en los artículos 138 y 139 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
3 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 24 de octubre de
2019. Radicación No. 11001-03-15-000-2019-00429-01. M.P. Milton Chávez García; sentencia del 2 de
octubre de 2019. Radicación No. 20001-23-33-000-2019-00185-0. M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto;
Sentencia del 25 de septiembre de 2019. Radicación 11001-03-15-000-2019-03851-00. M.P. Julio Roberto
Piza; Sentencia del 12 de septiembre de 2019. Radicación 11001-03-15-000-2019-03851-00. M.P. Jorge
Octavio Ramírez R.
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Demandante: Carol Johana Pérez Linares
En ambos escenarios la accionante cuenta con la posibilidad de cuestionar la
legalidad de la Resolución Nro. 07 del 30 de junio de 2023, comunicada en
esa misma fecha a la actora Carol Johana Pérez Linares, por la que se resolvió
en forma desfavorable el recurso de reposición presentado contra la
Resolución Nro. 06 del 1º de junio de 2023 por la que se nombró en el empleo
de secretario del juzgado a la señora Jenifer Carolina Barón Cortés.
Lo anterior, considerando que lo realmente pretendido por la accionante es
cuestionar los argumentos de fondo de las Resoluciones Nro. 06 del 1º de junio
de 2023 y Nro. 07 del 30 de junio de 2023.
La anterior afirmación no significa que la Sala desconozca que existen casos
excepcionales en los que, a pesar de la existencia de otro medio de defensa
judicial, es posible que la tutela proceda como mecanismo transitorio, pues, la
existencia de un medio judicial ordinario no significa automáticamente la
improcedencia de la acción de tutela. Sin embargo, en el caso de la actora no
se configuran los eventos excepcionales que habiliten la intervención del juez
de tutela, debido a que los medios de control antes referidos resultan idóneos
y eficaces para controvertir este tipo de actos. Y es así porque el legislador,
justamente, creó esa vía procesal para cuestionar la legalidad de esa clase de
actos administrativos.
3.3. Adicionalmente, y en el supuesto de que existiera un perjuicio de vasta
magnitud, originado por la decisión del Juzgado Segundo Penal Municipal de
Zipaquirá con Funciones de Conocimiento de nombrar en propiedad en el
cargo de secretaria a la señora Jenifer Carolina Barón Cortés, quien hacía
parte de la lista de elegibles para esa vacante, las medidas cautelares
previstas en la Ley 1437 de 2011 garantizan la idoneidad y celeridad del medio
de control referido.
Sobre el tema, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado sostuvo lo siguiente:
«i) lo que ahora se discute a través de la acción de tutela se podrá discutir promoviendo el
proceso de nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho, teniendo en cuenta que: ii) que
la suspensión provisional del nuevo código tiene la misma prontitud y eficacia protectora que
la acción de tutela, por varias razones: a) porque se decide al iniciar el proceso, b) procede
para evitar un “perjuicio irremediable”; y iii) porque la contradicción que se exige para
suspender el acto administrativo ya no tiene el rigor y la exigencia del pasado: que sea
ostensible; de hecho se puede hacer un estudio complejo para concluirlo»4.
3.4. Así, además de tratarse de un mecanismo eficaz e idóneo, en el caso no existe
un perjuicio irremediable en los términos dispuestos por la jurisprudencia
constitucional, es decir una afectación grave, inminente y que requiera
medidas impostergables. Y esto obedece a que la decisión de la autoridad
demandada no constituye una actuación que ocasione un riesgo cierto y real
que amenace o afecte un derecho fundamental y que amerite la intervención
urgente e inmediata del juez de tutela.
El perjuicio irremediable que hace procedente la acción de tutela como
mecanismo transitorio de protección no debe verse solamente desde la
4 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de marzo de 2014.
Radicado 25000-23-42-000-2013-06871-01. Actor: Gustavo Francisco Petro Urrego. Demandado:
Procuraduría General de la Nación.
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perspectiva de las consecuencias nocivas, adversas, perjudiciales, que
pueden producir las decisiones de la administración.
En esa medida, no porque una decisión resulte desfavorable a los intereses
de los administrados debe asumirse que existe un perjuicio irremediable que
deba evitarse mediante la acción de tutela. De lo contrario, todos los actos
administrativos que establecen situaciones desfavorables a los destinatarios
tendrían que ser suspendidos por vía de tutela.
Explicado lo anterior, se considera que en el caso no se configuran las
condiciones necesarias para que la tutela proceda como mecanismo
transitorio. Esto, dado que no se advierte la falta de idoneidad o ineficacia del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, ni existe un
perjuicio que cumpla con las características dispuestas por la jurisprudencia
constitucional para ser considerado como irremediable.
A causa de lo anterior, se debe concluir que no existe razón válida que permita
la procedencia excepcional de la tutela en el caso particular.
3.5. En la impugnación, la actora sostuvo que en el fallo de primera instancia no se
refirió a la manifestación que hizo en el escrito de tutela relativa a la
procedencia del presente mecanismo constitucional.
Al respecto debe precisarse que, si bien la actora pide que se tenga en cuenta
la sentencia T-059 de 2019 que se refirió al principio al mérito como garantía
de acceso a la función pública y, a la sentencia T-443 de 2022 también
relacionada con el principio al mérito, la discusión que se propone en sede de
tutela radica en su inconformidad con el acto administrativo de nombramiento
de una persona que superó el concurso de méritos y se encontraba incluida
en la lista de elegibles, y al procedimiento surtido por la titular del despacho
para seleccionar entre los 4 aspirantes al cargo vacante, por lo que resulta
claro que la acción de tutela no es procedente en casos en que se
controvierten actos administrativos.
4. Conclusión
Por las razones expuestas, la Sala confirmará la decisión de tutela de primera
instancia proferida por el Consejo de Estado, Sección Quinta, que declaró
improcedente la presente acción por no cumplir con el requisito de la subsidiariedad.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Confirmar la decisión impugnada, proferida el del 10 de agosto de 2023 por
el Consejo de Estado, Sección Quinta, por las razones expuestas en la
presente providencia.
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
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3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
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