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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-05022-01

Fecha
4 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Claudia Rodríguez Velásquez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-05022-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia del 2 de octubre de 2025, proferida por la Sección Primera de esta Corporación, objeto de impugnación. 2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. 4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo. La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2025-05022-01

Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez

4 de diciembre de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05022-01
Demandante: Javier Hernando Eraso Villota, en representación de la menor M.E.D.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Bogotá D.C., cuatro (4) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05022-01
Demandante: Javier Hernando Eraso Villota, en representación de la menor
M.E.D1.
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración
de la Carrera Judicial y otro

Temas: Tutela contra actos administrativos. Requisitos generales de
procedibilidad. Subsidiariedad.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante contra la
providencia de 2 de octubre de 2025, dictada por el Consejo de Estado, Sección
Primera, que resolvió:

«PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Consejo Seccional
de la Judicatura de Nariño, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las razones
expuestas en esta providencia.»

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 13 de agosto de 2025, el señor Javier Hernando Eraso Villota, en representación
de la menor M.E.D., interpuso acción de tutela contra el Consejo Seccional de la
Judicatura de Nariño y el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
Administración de la Carrera Judicial, por estimar vulnerados los derechos
fundamentales de los niños y de protección a la familia. En consecuencia, formuló la
siguiente pretensión:

«En consecuencia, ordenar a la SALA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO SECCIONAL
DE LA JUDICATURA DE NARIÑO y a la UNIDAD DE ADMINSTRACIÓN DE LA
CARRERA JUDICIAL DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA emitir concepto
favorable de traslado por razones de salud para el cargo de Juez primero penal municipal
de adolescentes de Pasto con función de control de garantías, conforme a la solicitud
elevada el 7 de marzo de 2025.»

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

1
En atención a que se trata de una menor de edad, se siguen de cerca las pautas de anonimización desarrolladas por la Corte
Constitucional en la Circular Interna No. 10 de 2022.
1
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05022-01
Demandante: Javier Hernando Eraso Villota, en representación de la menor M.E.D.

De la situación de salud de la menor M.E.D.

La menor M.E.D., hija del señor Javier Hernando Eraso Villota, nació el 11 de enero
de 2016. Desde el 19 de agosto de 2016, fue diagnosticada con una enfermedad
neurológica crónica denominada «epilepsia rolándica», que le genera episodios
convulsivos recurrentes.

Según la valoración por neuropediatría del 7 de marzo de 2025, aunque la menor ha
tenido una evolución favorable tras el manejo farmacológico, persiste el riesgo de
recaídas y dificultades de aprendizaje. El médico tratante prescribió explícitamente la
necesidad de «acompañamiento permanente de sus padres» para la vigilancia estricta
diurna y nocturna, incluso durante las etapas de sueño, calificando como perentoria la
«cercanía de sus padres para poder ejercer este monitoreo y acompañamiento médico».

De la situación laboral y los trámites administrativos del señor Javier Hernando
Eraso Villota

Desde el 27 de agosto de 2012, el señor Eraso Villota se desempeña en propiedad
como Juez Promiscuo Municipal de San Francisco (Putumayo). Su núcleo familiar
(cónyuge e hija) reside en la ciudad de Pasto (Nariño).

El 7 de marzo de 2025, el accionante solicitó ante el Consejo Seccional de la
Judicatura de Nariño su traslado al cargo de Juez Primero Penal Municipal para
Adolescentes con Función de Control de Garantías de Pasto (que se encuentra con
vacante definitiva). La petición se fundamentó de manera principal en razones de
salud (por la enfermedad de su hija) y, subsidiariamente, por razones de carrera
(inscripción en el escalafón, antigüedad en el cargo y desempeño satisfactorio).

El 31 de marzo de 2025, mediante el Oficio CSJNAOP25-42, el Consejo Seccional de
la Judicatura de Nariño emitió concepto favorable por razones de carrera, al verificar
el cumplimiento de los requisitos de antigüedad y evaluación de servicios. Sin
embargo, emitió concepto desfavorable por razones de salud, porque, tras la entrada
en vigencia de la Ley 2430 de 2024 (artículo 70), se eliminó la posibilidad de traslado
por enfermedad de familiares, restringiéndose esta causal exclusivamente a la salud
del propio servidor judicial.

El 9 de abril de 2025, el actor interpuso recurso de reposición, y en subsidio apelación,
frente al traslado por salud, con fundamento que la interpretación restrictiva de la
nueva ley desconocía el precedente constitucional establecido en la sentencia C-295
de 2002 y los derechos prevalentes de los niños.

El 29 de abril de 2025, mediante la Resolución CSJNAR25-166, el Consejo Seccional
de la Judicatura de Nariño decidió no reponer la decisión y concedió el recurso de
apelación, con base en la aplicación estricta del principio de legalidad y la vigencia
inmediata de la Ley 2430 de 2024.

El 17 de julio de 2025, La Unidad de Administración de la Carrera Judicial expidió la
Resolución CJR25-0245, mediante la cual confirmó el concepto desfavorable por
razones de salud. Sostuvo que la administración actúa con competencia reglada y que
no existe habilitación legal para conceder traslados por salud de familiares,

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considerándose derogadas las disposiciones de acuerdos anteriores (Acuerdo
PCSJA17-10754 de 2017) que fueran contrarias a la nueva Ley Estatutaria.

El 6 de agosto de 2025, el Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño remitió al
Tribunal Superior de Pasto el listado de conceptos favorables (incluido el del
accionante solo por carrera) para la provisión del cargo.

3. Argumentos de la acción de tutela

La parte actora cuestionó que el Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño y la
Unidad de Carrera Judicial fundamentaran su negativa en la tesis según la cual la
nueva Ley Estatutaria, al modificar el artículo 134 de la Ley 270 de 1996, eliminó la
posibilidad de conceder traslados por la enfermedad de familiares del servidor judicial.

A juicio del accionante, dicha interpretación constituye una regresión injustificada
frente a los avances logrados con la Ley 771 de 2002 y la jurisprudencia constitucional,
específicamente la sentencia C-295 de 2002. Al respecto, argumentó que, si bien la
nueva norma no reproduce textualmente la causal de salud de familiares, una
interpretación sistemática y teleológica permite concluir que situaciones graves de
salud en el entorno familiar hacen imposible la continuidad del funcionario en su sede
actual, pues lo obligan a elegir entre su desempeño profesional y el bienestar de sus
hijos.

Asimismo, destacó que los Acuerdos PCSJA17-10754 de 2017 y PCSJA22-11956 de
2022, que reglamentan la materia, no fueron derogados expresamente por la Ley 2430
de 2024 y, por tanto, mantienen su vigencia en lo que respecta a la protección de
situaciones de debilidad manifiesta.

En ese sentido, afirmó que la administración debió aplicar el principio de favorabilidad
o, en su defecto, la excepción de inconstitucionalidad para salvaguardar las garantías
de su hija menor, quien padece una condición neurológica que exige la presencia
permanente de ambos padres.

Afirma que la negativa institucional ignora que el Estado tiene la obligación de remover
los obstáculos que impidan la unidad familiar, máxime cuando está de por medio la
salud de un sujeto de especial protección constitucional.

Por otra parte, el accionante precisó que, aunque obtuvo un concepto favorable por
razones de carrera para la misma vacante, dicho acto resulta insuficiente para
garantizar los derechos de la menor. Explicó que la emisión del concepto favorable
por salud es indispensable para que el Tribunal Superior de Pasto, en su calidad de
autoridad nominadora, pueda valorar la condición de vulnerabilidad de la niña como
un criterio de acción afirmativa al momento de decidir el nombramiento.

Por lo anterior, insistió en que la omisión de este concepto impide que el nominador
pondere adecuadamente la situación humana frente a otros factores meramente
objetivos, como la antigüedad o el rendimiento.

En cuanto a la procedencia del mecanismo constitucional, el actor argumentó que la
acción de tutela es la vía idónea para resolver la controversia, pues los actos
cuestionados son de trámite y preparatorios, lo cual impide su control ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo.
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Demandante: Javier Hernando Eraso Villota, en representación de la menor M.E.D.

Añadió que, aun si procediera el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, este carecería de eficacia material debido a la perentoriedad de los términos
para la provisión del cargo, pues el nombramiento debe efectuarse en un plazo de
ocho días una vez recibidos los conceptos, circunstancia que configura un riesgo de
perjuicio irremediable ante la inminente pérdida de la oportunidad para que la situación
de salud sea considerada en el proceso de selección.

Finalmente, solicitó como medida provisional la suspensión inmediata del proceso de
nombramiento para el cargo de Juez Primero Penal Municipal de Adolescentes de
Pasto con Función de Control de Garantías.

Fundamentó esta petición en la necesidad de evitar la configuración de un daño
consumado. Argumentó que la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la
Judicatura de Nariño ya había remitido al Tribunal Superior de Pasto (autoridad
nominadora) los conceptos de traslado vigentes. Por tanto, existía un riesgo inminente
de que el nominador procediera a proveer la vacante sin contar con el concepto
favorable por razones de salud, lo cual impediría que la condición de vulnerabilidad
de su hija menor fuera valorada como un criterio decisivo en la designación.

• Memorial de 26 de septiembre de 2025

El 26 de septiembre de 2025, el accionante radicó escrito en el que alegó dos
situaciones fácticas adicionales que consideró debían ser consideradas para decidir
el presente asunto, así:

(i) En el año 2019, el Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño ya había
emitido un concepto favorable de traslado por la salud de su hija para una
vacante distinta (Juzgado Promiscuo Municipal de Nariño).

(ii) Que el Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño negó, mediante
decisiones de 2023 y 2025, permiso especial de residencia en la ciudad de
Pasto, realizado con fundamento en el artículo 159 del Decreto 1660 de
1978, por razones de salud de la menor M.E.D.

Por lo anterior, solicitó que no se declarara la improcedencia de la acción y se emitiera
un fallo de fondo, al considerar que existe una omisión legislativa y una regresividad
en la Ley 2430 de 2024 que pone en riesgo los derechos fundamentales de un sujeto
de especial protección constitucional.

4. Trámite previo

El 21 de agosto de 2025, la Sección Primera del Consejo de Estado admitió la acción
de tutela y ordenó notificar a la Unidad de Administración de la Carrera Judicial del
Consejo Superior de la Judicatura y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado. Además, vinculó al trámite al Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño
para que rindiera informe sobre los hechos.

Por otro lado, negó la medida provisional solicitada tras analizar el cumplimiento de
los requisitos jurisprudenciales de fumus boni iuris (apariencia de buen derecho),
periculum in mora (peligro en la demora) y proporcionalidad.

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Demandante: Javier Hernando Eraso Villota, en representación de la menor M.E.D.

En síntesis, expresó que: (i) no se advertía una arbitrariedad evidente en la actuación
administrativa, porque los conceptos se expidieron tras el análisis de las pruebas y la
aplicación de la norma vigente; (ii) no se acreditó una vulneración inmediata y cierta
de los derechos fundamentales invocados; y (iii) evaluó el impacto de la medida
solicitada y concluyó que acceder a la suspensión del proceso de nombramiento
resultaría desproporcionado.

5. Oposiciones

La Unidad de Administración de la Carrera Judicial solicitó negar el amparo por la
inexistencia de vulneración de derechos fundamentales y, subsidiariamente, declarar
la improcedencia del mecanismo al no cumplir con el requisito de subsidiariedad.

Sostuvo que los actos administrativos cuestionados gozan de presunción de legalidad,
por el cual la controversia planteada debe dirimirse ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo mediante el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, en el que incluso puede solicitar medidas cautelares.

Además, resaltó que en el presente caso no se lograra acreditar la inminencia de un
perjuicio irremediable que habilite la intervención transitoria del juez constitucional.

Sobre el fondo del asunto, la entidad resaltó la legalidad de la Resolución CJR25-0245
del 17 de julio de 2025, al explicar que la administración actúa bajo una competencia
reglada. En ese sentido, señaló que el artículo 134 de la Ley 270 de 1996 fue
modificado por el artículo 70 de la Ley 2430 de 2024, norma que redefinió los
requisitos para el traslado por salud y suprimió la posibilidad de concederlo con
fundamento en la situación médica del cónyuge o de los descendientes.

Afirmó que, al no cumplirse los presupuestos de la nueva ley, la cual exige que las
razones de salud «le hagan imposible al servidor de la Rama Judicial continuar en el cargo»,
resultaba inviable acceder a la pretensión.

Finalmente, precisó que el artículo 92 de la Ley 2430 de 2024 derogó todas las
disposiciones que le fueran contrarias, por lo cual se entiende que cualquier norma
anterior, incluidos los acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura que reconocían
causales no contempladas en el nuevo régimen, perdió vigencia en lo que resulta
incompatible.

Concluyó que acceder a la solicitud de traslado implicaría desconocer el principio de
legalidad y el derecho a la igualdad de los demás servidores judiciales que se someten
a las reglas vigentes.

El Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño solicitó su desvinculación del
presente trámite constitucional.

Advirtió que, si bien no desconoce las condiciones de salud de la menor hija, el
derecho al traslado no opera de manera automática, sino que depende del estricto
cumplimiento de los requisitos legales.

Explicó que la solicitud de traslado se radicó el 7 de marzo de 2025, fecha posterior a
la entrada en vigencia de la Ley 2430 de 2024 (9 de octubre de 2024), por lo que la
administración tenía el deber de aplicar la norma vigente al momento de la petición, la
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cual restringió la figura del traslado por salud exclusivamente a las enfermedades que
padezca el servidor judicial.

Anotó que no es procedente aplicar el principio de favorabilidad ni ultraactividad de
normas anteriores, dado que la regla general es la irretroactividad de la ley y su
aplicación inmediata. En consecuencia, sostuvo que la nueva Ley Estatutaria produjo
una derogatoria tácita de los acuerdos reglamentarios de 2017 y 2022 en lo referente
a la salud de familiares, ante la evidente incompatibilidad jerárquica.

Para concluir, la vinculada destacó que acceder a las pretensiones del actor mediante
el mecanismo de tutela implicaría una modificación del alcance de la ley por una vía
no prevista, situación que pondría en riesgo los derechos de carrera de otros
funcionarios que aspiran legítimamente a ocupar la vacante y que sí cumplen con los
requisitos de ley.

6. Sentencia de primera instancia

El 2 de octubre de 2025, la Sección Primera del Consejo de Estado declaró la
improcedencia de amparo, porque la tutela no cumplió con el requisito de
subsidiariedad.

Explicó que la controversia planteada gira en torno a la legalidad de los actos
administrativos mediante los cuales se emitió el concepto de traslado. De modo que,
el actor cuenta con una vía judicial idónea para su resolución, esta es, el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, en el cual incluso puede solicitar
medidas cautelares para proteger sus derechos mientras se dirime el fondo del asunto.

En cuanto a la posible configuración de un perjuicio irremediable, concluyó que, si bien
el actor manifestó situaciones relacionadas con el estado de salud de su hija menor y
las dificultades de su núcleo familiar, no acreditó una afectación grave, actual e
inminente que demostrara una vulneración cierta de los derechos fundamentales
invocados.

En criterio de la Sala, los hechos narrados no satisfacen los presupuestos de urgencia
e impostergabilidad requeridos por la jurisprudencia para desplazar al juez natural de
la causa.

7. Impugnación

El accionante cuestionó que el juez de primera instancia omitiera pronunciarse sobre
dos escenarios fácticos expuestos mediante memorial del 26 de septiembre de 2025,
los cuales, a su juicio, resultaban determinantes para comprender la gravedad de la
vulneración de los derechos invocados.

Señaló que el Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño le negó en dos
oportunidades el permiso de residencia en la ciudad de Pasto, decisión que lo obliga
a permanecer en el municipio de San Francisco y le impide asistir a diario a su hija en
su delicada situación médica. Asimismo, destacó que esa misma Corporación emitió
en el año 2019 un concepto favorable de traslado bajo los mismos supuestos fácticos
y de salud de la menor, lo cual evidencia una contradicción en el actuar administrativo
que el fallo apelado pasó por alto.

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Por otro lado, advirtió que el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho carece de idoneidad y eficacia en el caso concreto, pues la jurisdicción de lo
contencioso administrativo tarda aproximadamente entre uno y dos años en emitir una
sentencia definitiva.

Anotó que, durante ese lapso, su hija menor de edad sufriría de manera indiscutible
la falta de acompañamiento paterno en una etapa decisiva de su infancia, situación
agravada por la patología neurológica que la aqueja. En ese sentido, afirmó que
someter la protección de los derechos de una niña a los tiempos de la justicia ordinaria
consolida un daño que el juez constitucional tiene el deber de evitar.

Asimismo, insistió en la configuración de un perjuicio irremediable, el cual calificó
como cierto y evidente, dado que recae sobre los derechos fundamentales de un
sujeto de especial protección constitucional.

Explicó que el daño no es meramente hipotético, sino actual, pues se viene
produciendo desde hace varios años ante la imposibilidad de ejercer su labor de
asistencia, y es a su vez inminente, ya que la negativa del traslado lesiona de forma
efectiva la unidad familiar y la salud de la menor.

Por ello, consideró que no eran eficaces las medidas cautelares pues podrían
prolongar indefinidamente la transgresión e incluso afectar a terceros aspirantes al
cargo, lo cual hace urgente la intervención del juez de tutela.

Aclaró que su pretensión no se limita a un amparo transitorio, sino que busca una
decisión definitiva que permita al Tribunal Superior de Pasto, en su calidad de
nominador, conocer y valorar la situación de salud de su hija al momento de proveer
el cargo, y no con posterioridad.

Finalmente, reiteró su solicitud de un análisis en lo relativo a la regresividad de los
derechos laborales y fundamentales generados por la aplicación restrictiva de la Ley
2430 de 2024.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si se debe confirmar, revocar o modificar la decisión
de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela que ejerció el actor

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contra la Unidad de Administración de la Carrera Judicial y el Consejo Seccional de la
Judicatura de Nariño.

La Sala advierte que confirmará la providencia impugnada que declaró la
improcedencia de la acción, porque la solicitud de amparo resulta anticipada, en la
medida en que el actor ya cuenta con un concepto favorable de traslado por razones
de carrera que actualmente se encuentra surtiendo trámite ante la autoridad
nominadora, sin que a la fecha se haya definido su situación particular de manera
negativa.

Además, frente a la inconformidad con los actos administrativos que negaron el
traslado por razones de salud, se advierte que el peticionario cuenta con el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho para debatir la legalidad de dichas
decisiones.

Entonces, en el estudio del presente caso se abordará en los siguientes términos:

De la inexistencia de una amenaza actual e inminente en el presente caso

Dentro de las pretensiones de la acción de tutela, la parte actora solicita que se ordene
a las entidades accionadas la emisión de un concepto favorable de traslado por
razones de salud, con el fin de que sea tenido en cuenta por el nominador para la
provisión del cargo de Juez Primero Penal Municipal para Adolescentes de Pasto. En
otras palabras, cuestiona la legalidad de los actos administrativos mediante los cuales
se negó el concepto previo favorable de traslado por razones de salud con fundamento
en la Ley 2430 de 2024.

De la lectura de dichos actos proferidos por el Consejo Seccional de la Judicatura de
Nariño y la Unidad de Carrera Judicial se extrae que no se conceptuó solamente de
forma negativa el traslado del accionante. Por el contrario, las entidades accionadas
efectuaron un escrutinio diferenciado de la petición: por una parte, emitieron concepto
favorable por razones de carrera, tras verificar el cumplimiento de los requisitos de
antigüedad y evaluación de servicios; y por otra, profirieron concepto desfavorable
exclusivamente frente a la causal de salud, con fundamento en las disposiciones de
la Ley 2430 de 2024.

Como consecuencia de ese concepto favorable por carrera, el nombre del accionante
fue incluido en la lista de elegibles remitida al Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Pasto, autoridad nominadora encargada de proveer la vacante. En otras palabras, el
actor actualmente tiene una expectativa legítima de ser trasladado, pues su hoja de
vida ya se encuentra a disposición del nominador para ser valorada en igualdad de
condiciones junto con los demás aspirantes.

En este escenario, si la pretensión de la tutela se dirige a obtener el nombramiento,
dicha solicitud resulta, a todas luces, anticipada. Lo anterior, toda vez que, a la fecha
de este fallo, no se ha proferido el acto administrativo definitivo que provea la vacante
con una persona distinta al señor Eraso Villota, ni se ha materializado una exclusión
del proceso de selección que haga nugatoria su aspiración.

Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia T-883 de 2008, sostuvo que la
existencia de una conducta vulneradora es un requisito para la procedencia de la
acción, razón por la cual el mecanismo no resulta procedente cuando se acude a él
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bajo una «mera suposición, conjetura, o hipotética trasgresión a los derechos
fundamentales». En esa misma línea, en la sentencia T-279 de 1997, estableció que la
acción «no protege derechos fundamentales sobre la suposición de que llegarían a
vulnerarse por hechos o actos futuros».

De modo que, el amparo no puede prosperar sobre la base de actos o hechos que
aún no han ocurrido, como lo sería en este caso la presunción de que el nominador
no elegirá al actor.

Por tanto, la Sala advierte que el presunto daño alegado carece del requisito de
certeza, pues se basa en un supuesto sobre un hecho futuro e incierto, consistente en
que el Tribunal Superior no lo elegirá por la ausencia del concepto de salud.

Dicha circunstancia impide la intervención del juez constitucional, pues no existe una
amenaza actual o inminente que materialice la afectación de los derechos
fundamentales. En otras palabras, acceder al amparo implicaría que el juez de tutela
dicte una determinación con fundamento en una vulneración que no ha ocurrido.

De la procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos –
Resolución núm. 191 del 24 de diciembre de 2024

Por otro lado, se advierte que, en el presente caso, no se satisface el requisito general
de la subsidiariedad2, comoquiera que el demandante cuenta con otros mecanismos
de defensa idóneos y eficaces, para garantizar la protección de sus derechos.

En el caso objeto de estudio, se evidencia que los actos que pretende controvertir el
accionante son el Concepto CSJNAOP25-42 del 31 de marzo de 2025 y la Resolución
CJR25-0245 del 17 de julio de 2025, por medio de los cuales el Consejo Seccional de
la Judicatura de Nariño y la Unidad de Administración de la Carrera Judicial,
respectivamente, negaron el concepto favorable de traslado por razones de salud.

Justamente, para cuestionar la validez de esas decisiones el actor puede acudir al
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contemplado en el artículo
138 del CPACA.

Además, en dicho medio de control, el demandante cuenta con la posibilidad de
cuestionar la legalidad de los referidos actos administrativos e incluso solicitar la
suspensión provisional de sus efectos o cualquier otra medida cautelar innominada
para evitar la consumación de un perjuicio, sin que sea procedente desplazar la
competencia del juez administrativo a través de la acción de tutela.

La Sala recuerda que en casos3 con similitud fáctica al caso objeto de estudio ha

2
La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo restrictivo de aplicación, se convierta en un
mecanismo principal de protección de los derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que la Constitución y
la ley estipulan una serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e idóneos para garantizar el ejercicio pleno de los
derechos.
No en vano los artículos 86 de la Constitución Política y el 6, numeral 1, del Decreto 2591 de 1991 prevén como causal de
improcedencia de la acción de tutela la existencia de otros medios de defensa para la protección de los derechos invocados. De
manera que la acción de tutela sólo puede utilizarse cuando se han agotado los mecanismos de protección que el ordenamiento
jurídico ha dispuesto para la protección idónea y eficaz de los derechos fundamentales.
Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe, por lo menos, probar que se agotaron los recursos
que tenía a su disposición, pues, de lo contrario, la tutela deviene improcedente. El requisito de subsidiariedad no solo involucra
la interposición de los recursos que proceden, sino también que en éstos se cuestionen las decisiones que, en concreto, se
atacan en la acción de tutela.
3 Ver fallo de tutela del 26 de octubre de 2023, dictado por la Sección Cuarta del Consejo de Estado en la acción de tutela con
radicado: 11001-03-15-000-2023-03687-01, consejera ponente: Myriam Stella Gutiérrez.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05022-01
Demandante: Javier Hernando Eraso Villota, en representación de la menor M.E.D.

indicado que: «lo anterior, no significa que la Sala desconozca que existen casos
excepcionales en los que, a pesar de la existencia de otro medio de defensa judicial, es posible
que la tutela proceda como mecanismo transitorio, pues, la existencia de un medio judicial
ordinario no significa automáticamente la improcedencia de la acción de tutela».

Adicionalmente, tal como lo ha dicho esta sección en anterior oportunidad 4,«si la
demandante considera que existe un perjuicio originado con el acto administrativo que
pretende controvertir, al interior de los medios de control que tiene la posibilidad de
ejercer podrá solicitar las medidas cautelares previstas en la Ley 1437 de 2011
garantizan la idoneidad y celeridad del medio de control referido».

Sobre el tema, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
sostuvo lo siguiente5:

«i) lo que ahora se discute a través de la acción de tutela se podrá discutir promoviendo el
proceso de nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho, teniendo en cuenta que: ii)
que la suspensión provisional del nuevo código tiene la misma prontitud y eficacia
protectora que la acción de tutela, por varias razones: a) porque se decide al iniciar el
proceso, b) procede para evitar un “perjuicio irremediable”; y iii) porque la contradicción
que se exige para suspender el acto administrativo ya no tiene el rigor y la exigencia del
pasado: que sea ostensible; de hecho se puede hacer un estudio complejo para concluirlo.

Así, además de tratarse de un mecanismo eficaz e idóneo, en el caso no existe un perjuicio
irremediable los términos dispuestos por la jurisprudencia constitucional, es decir una
afectación grave, inminente y que requiera medidas impostergables. Y esto obedece a que
la decisión de la autoridad demandada no constituye una actuación que ocasione un riesgo
cierto y real que amenace o afecte un derecho fundamental y que amerite la intervención
urgente e inmediata del juez de tutela.

El perjuicio irremediable que hace procedente la acción de tutela como mecanismo
transitorio de protección no debe verse solamente desde la perspectiva de las
consecuencias nocivas, adversas, perjudiciales, que pueden producir las decisiones de la
administración.

En este punto, es necesario resaltar que no porque una decisión resulte desfavorable a
los intereses de los administrados debe asumirse que existe un perjuicio irremediable que
deba evitarse mediante la acción de tutela. De lo contrario, todos los actos administrativos
que establecen situaciones desfavorables a los destinatarios tendrían que ser suspendidos
por vía de tutela.»

Sobre la configuración de un perjuicio irremediable o una situación excepcional, la
Sala concluye que este no se acredita, porque el accionante ya forma parte de la lista
de elegibles remitida al nominador (en virtud del concepto favorable por carrera), por
lo que su expectativa de traslado se mantiene vigente y en trámite. De modo que, el
concepto negativo de traslado por razones de salud no ha excluido del proceso de
selección al señor Eraso Villota.

Finalmente, en cuanto a los argumentos expuestos por el accionante en el memorial
radicado el 26 de septiembre de 2025, referentes a la negativa de permisos de
residencia en años anteriores y a la existencia de un concepto favorable emitido en
2019 bajo supuestos fácticos similares. Se encuentra que, dichos planteamientos no
tienen la vocación de alterar la conclusión de improcedencia, por las siguientes
razones:

4 Ibídem
5
Consejo de Estado, Sala Plena. Providencia del 5 de marzo de 2014. Expediente No. 25000-23- 42-000-2013-06871-01.
Demandante: Gustavo Francisco Petro Urrego.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05022-01
Demandante: Javier Hernando Eraso Villota, en representación de la menor M.E.D.

Frente a las decisiones administrativas de 2023 y 2025 que negaron el permiso
especial de residencia en la ciudad de Pasto, se advierte que se trata de actos
administrativos independientes y distintos a los que hoy son objeto de reproche. Si el
actor consideraba que dichas negativas vulneraban sus derechos o se apartaban del
ordenamiento jurídico, pudo cuestionar su legalidad mediante los medios de control
ordinarios.

Respecto al antecedente del año 2019, en el cual se otorgó concepto favorable por
razones de salud, la Sala precisa que la administración dictó dicha decisión de
conformidad con el marco normativo vigente. De modo que, el hecho de que en esa
ocasión se haya accedido a la petición, no genera un derecho adquirido o una
expectativa legítima para el accionante.

Por lo tanto, se confirmará la decisión de tutela de primera instancia del 2 de octubre
de 2025, proferida por la Sección Primera de esta Corporación, objeto de
impugnación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la sentencia del 2 de octubre de 2025, proferida por la Sección Primera
de esta Corporación, objeto de impugnación.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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