Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-03690-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2023-03690-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-03690-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-03690-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
20 de noviembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., veinte (20) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03690-00
Accionante: Campo Elías Oviedo Suárez
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y otros
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA – Improcedencia / SUBSIDIARIEDAD – la parte actora
no agotó los mecanismos judiciales idóneos y eficaces previstos por el legislador.
Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro
del proceso de amparo constitucional formulado por Campo Elías Oviedo Suárez
contra la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, el Ministerio de
Defensa Nacional y la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional -Casur-.
I. ANTECEDENTES
A. Demanda y sus fundamentos
1.- El 1º de julio de 2023, el señor Campo Elías Oviedo Suárez instauró demanda
de tutela, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso, defensa y mínimo vital, presuntamente vulnerados con ocasión de
las actuaciones adelantadas en el marco del proceso de nulidad2 que promovió la
señora Leidy Johana Erazo Cruz contra el Ministerio de Defensa Nacional – Grupo
de Prestaciones Sociales.
2.- El referido proceso fue iniciado con el propósito de que se declarara la nulidad
del Acta de 22 de abril de 2014, expedida por la Directora Administrativa y la
Coordinadora del Grupo de Prestaciones Sociales de la Unidad de Gestión General
del Ministerio de Defensa Nacional, a través de la cual se decidió sobre el pago de
la mesada 14 prevista en el Decreto 4433 de 2014, a los miembros de las Fuerzas
Militares pensionados o que se llegasen a pensionar. A su vez, la demandante
1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 Identificado con número de radicado: 11001-03-25-000-2018-01138-00.
1
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03690-00
Accionante: Campo Elías Oviedo Suárez
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
solicitó -como medida cautelar- que se suspendieran provisionalmente los efectos
del acto acusado.
3.- El asunto le correspondió para su conocimiento en única instancia a la Sección
Segunda - Subsección B del Consejo de Estado, autoridad judicial que por auto del
22 de octubre de 2018 resolvió, entre otras cosas, admitir la demanda, notificar de
esa decisión a las partes, así como informar a la comunidad sobre la existencia del
proceso, de conformidad con lo previsto en el artículo 171, numeral 5 º3 de la Ley
1437 de 20114.
4.- Mediante auto del 7 de julio de 2021, el juez contencioso administrativo ordenó
suspender provisionalmente los efectos del acto demandado. Contra esa decisión,
la parte demandada, así como algunos coadyuvantes interpusieron recurso de
súplica, que fue resuelto a través del proveído del 28 de julio de 2022, en el sentido
de confirmar la decisión recurrida. No obstante lo anterior, tras varias solicitudes de
revocatoria de la medida cautelar adoptada, por medio de auto del 11 de julio de
2023, se resolvió revocar la providencia proferida el 7 de julio de 2021.
5.- El accionante manifestó que solo hasta junio del año en curso, en virtud de un
comunicado emitido por el Ministerio de Defensa Nacional, tuvo conocimiento de que
no se le efectuaría el pago de la mesada 14, con ocasión de la medida cautelar que
se había dictado en el referido proceso contencioso administrativo.
6.- Sostuvo que el proceder de la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos
fundamentales, toda vez que la admisión de la demanda no cumplió con “el lleno de
los requisitos de ley”, pues esa decisión así como las demás adoptadas en el marco
de ese proceso no le fueron notificadas, por lo que no tuvo la oportunidad de ejercer
sus derechos de contradicción y defensa, a pesar de tener un interés directo en el
asunto en razón de su derecho adquirido a la mesada 14, ya que en la actualidad
devenga una asignación mensual de retiro vitalicia a cargo de la Casur.
7.- Además, reprochó que al decretar la medida cautelar, la autoridad enjuiciada
indujo al Ministerio de Defensa y a Casur a suspender el pago de su mesada 14,
desconociendo con ello el principio de seguridad jurídica, pues se trata de un derecho
que adquirió antes del 22 de julio de 2005 y que además no puede ser cuestionado
a través de una demanda que se encuentra en curso, pues la misma está viciada de
temeridad.
3 “El juez admitirá la demanda que reúna los requisitos legales y le dará el trámite que le corresponda aunque el
demandante haya indicado una vía procesal inadecuada, mediante auto en el que dispondrá: (…) 5. Que cuando
se demande la nulidad de un acto administrativo en que pueda estar interesada la comunidad, se informe a esta
de la existencia del proceso a través del sitio web de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Lo anterior,
sin perjuicio de que el juez, cuando lo estime necesario, disponga simultáneamente la divulgación a través de
otros medios de comunicación, teniendo en cuenta el alcance o ámbito de aplicación del acto demandado.”
4 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.”
2
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03690-00
Accionante: Campo Elías Oviedo Suárez
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
8.- En ese sentido, las pretensiones están encaminadas a que se ordene a la
autoridad demandada notificar de la admisión de la demanda al accionante “porque
lo que se ha decidido y se decidirá compromete su derecho adquirido”. En su defecto,
solicitó declarar la nulidad de todo lo actuado en el proceso, por haber transgredido
su derecho a la defensa.
B. Trámite procesal y contestación de la demanda
9.- El asunto inicialmente le correspondió para su conocimiento a la Corte Suprema
de Justicia, corporación que por medio de auto del 5 de julio de 2023, dispuso remitir
el expediente a esta Corporación. En virtud de ello, el proceso fue asignado al
Despacho a cargo del Consejero Ponente.
10.- Ante la falta de certeza sobre las razones que motivaron la solicitud de amparo,
mediante auto del 12 de julio de 2023 se inadmitió la demanda, para que el actor
procediera a su corrección, precisando de forma clara la actuación o la omisión en
que presuntamente había incurrido la autoridad judicial accionada, que consideraba
transgresora de sus derechos fundamentales, pues si bien en el escrito inicial de
tutela manifestó una serie de inconformidades respecto a un proceso contencioso
administrativo que aparentemente cursaba en esta Corporación, no indicó
concretamente cuál era el mismo, ni determinó de forma específica la o las
providencias proferidas al interior de dicho asunto que pretendía cuestionar.
11.- Una vez subsanada la demanda de tutela, por auto del 28 de julio de 2023, se
dispuso: (i) su admisión; (ii) notificar de su presentación a las autoridades
demandadas; (iii) vincular en calidad de terceros interesados a la Caja de Retiro de
las Fuerzas Militares -CREMIL-, a la Policía Nacional, al Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, así como a quienes habían sido reconocidos como coadyuvantes en
el proceso ordinario5; (iv) comunicar la decisión a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado para lo de su cargo; y (v) requerir a la Sección Segunda del
Consejo de Estado para que remitiera, en medio magnético, copia del expediente
identificado con el radicado número 11001-03-25-000-2018-01138-00.
12.- Para efectos de la referida notificación, se ordenó -por Secretaría- remitir a las
respectivas direcciones de correo electrónico, copia de la demanda y sus anexos
5 Los señores Leydy Johana Erazo Cruz, Henry Alfredo Bustos Caicedo, Carlos Enrique Forero Sánchez, Carlos
Muñoz Ramírez, Edwin Guzmán Colorado, Diego Mauricio Celemín Romero, Hernando Saavedra Sanabria,
Neftalí Solano Avellaneda, Juan Pablo Cortés Cotes, Pedro Vicente Traslaviña Sánchez, Dany Daniel Melo, José
Orlando Rivas Díaz, Orlando Augusto Ocampo Herrera, Jaime Cáceres Muñoz, William Cañón Velandia, Gustavo
Andrés Ruiz Beltrán, Nikolay Davis Orlando Romanovsky Camacho, Yuldor Einsemhower Morales Carranza,
Wilmar Jonathan Calderón Arias, Sergio Ramírez Cañón, Sandro Andrés Babativa, Sandra Milena Corredor
Álzate, Sair Yezid Buitrago Arias, Óscar Mauricio Madrigal, Martha Liliana Porras, María Margarita Casas, Luis
Antonio Rubiano Ramírez, Jaime Orlando Rojas Fajardo, Fabián Rodolfo Gómez Urrea, Eliacib Vesga Gómez,
Eilen Stefany Cárdenas Corredor, Eduardo Enrique Herazo Machado, Daniel Alexander Reyes Manrique, Camilo
Andrés Díaz y Andersson Sebastián Parra Vega y a la Asociación Nacional de Personal de la Fuerza Pública
Pensionados por el Ministerio de Defensa Nacional “General Gabriel Paris”.
3
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03690-00
Accionante: Campo Elías Oviedo Suárez
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
junto al escrito de subsanación, así como de esa providencia. Lo anterior para que,
en el término de dos (2) días, las demandadas rindieran informe sobre los hechos
objeto de la solicitud de amparo y los terceros con interés hicieran uso de su derecho
a intervenir en el proceso de la referencia. En consideración a ello, se allegaron las
siguientes contestaciones:
(i) Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, William
Cañón Velandia y Nicolay David Orlando Romanovsky Camacho6
13.- En síntesis, la autoridad accionada y los terceros en comento manifestaron que
la acción de tutela carecía de objeto por sustracción de materia, ya que se habían
superado los hechos que el actor consideraba transgresores de sus derechos
fundamentales, pues el 11 de julio de 2023 se resolvió revocar el auto del 7 de julio
de 2021, por el que se había decretado la medida cautelar en el proceso objeto de
reproche constitucional.
(ii) Policía Nacional y Caja de Retiro de las Fuerzas Militares -Cremil-7
14.- Los terceros solicitaron ser desvinculados de la presente acción constitucional
por estimar que carecen de legitimación en la causa por pasiva, ya que no son los
llamadas a responder por la vulneración alegada, pues es la Caja de Retiro de
Sueldos de la Policía Nacional la entidad que tiene la competencia para reconocer y
pagar la asignación de retiro junto a la mesada 14 al accionante.
(iii) Ministerio de Hacienda y Crédito Público8
15.- La cartera ministerial sostuvo que la solicitud de amparo deviene improcedente,
en la medida en que la parte actora pretende reabrir una discusión en torno a la
medida cautelar que fue decretada en el proceso cuestionado, que ya fue zanjada
por la autoridad judicial accionada, así como adelantar el sentido de la decisión de
fondo pendiente de adoptar en ese trámite judicial. Por su parte, aseveró que en el
presente asunto no se advierte la ocurrencia de un perjuicio irremediable, pues se
cuestiona un proceso de nulidad, en el cual no se busca la protección de intereses
subjetivos, sino que se trata del interés de la comunidad en general, por lo que
tampoco reviste relevancia constitucional.
(iv) Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional -Casur-9
16.- La entidad solicitó declarar improcedente la solicitud de amparo, comoquiera
que no ha vulnerado en forma alguna los derechos fundamentales invocados por la
6 Intervenciones digitales contenidas en 5 folios.
7 Intervenciones digitales contenidas en 13 folios.
8 Intervención digital contenida en 4 folios.
9 Intervención digital contenida en 4 folios.
4
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03690-00
Accionante: Campo Elías Oviedo Suárez
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
parte accionante, en tanto realizó el pago de la mesada 14 oportunamente, en
cumplimiento al procedimiento previsto para esos efectos. Además, resaltó que en
ningún momento anunció a los medios que se dejaría de pagar la mesada en
comento, sino que estaba a la espera de decidir la forma en que se pagaría en la
presente anualidad. Al respecto, precisó que debido a las actuaciones que se
surtieron al interior del proceso de nulidad que se cuestiona, se presentó una
eventualidad frente al pago del mencionado emolumento, lo que ocasionó la
necesidad de realizar una modificación a la forma de aplicación de la nómina,
situación que produjo una demora en las consignaciones de la mesada adicional con
respecto a cómo tradicionalmente se realizaban, pero en todo caso, dentro del
periodo legalmente previsto.
17.- Vencido el término señalado previamente, el 14 de septiembre de 2023 el
expediente ingresó al despacho para proferir sentencia. No obstante, se advirtió que
no se había cumplido lo ordenado en el proveído del 28 de julio anterior, pues si bien
la Secretaria General de la Corporación, para efectos de notificar la existencia de la
presente acción constitucional, remitió tanto a las autoridades demandadas como a
los terceros con interés, copia de la demanda y sus anexos, así como el auto
admisorio de la misma, lo cierto es que no envió copia del escrito de subsanación de
la demanda, por lo que tales sujetos procesales no habían tenido la oportunidad de
pronunciarse sobre los reparos y las pretensiones allí formuladas.
18.- En consecuencia, en aras de garantizar los derechos al debido proceso,
defensa y contradicción de las partes y los terceros con interés, por auto del 20 de
septiembre de 2023, se ordenó a la Secretaría General de la Corporación cumplir lo
ordenado en el auto admisorio, en los términos descritos en el numeral 5º del aludido
proveído.
19.- Cumplido lo anterior, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Cremil
reiteraron el informe allegado inicialmente.
20.- Por su parte, el señor Nicolay David Orlando Romanovsky Camacho, además
de reiterar los argumentos expuestos anteriormente, manifestó que el accionante
alegó que la demanda de nulidad fue admitida “sin el lleno del requisito de norma”,
sin indicar el motivo que, según el, ameritaba la inadmisión pues se limitó a sostener
que la accionada incumplió la carga impuesta en la ley procesal por una falta de
notificación, así como la supuesta transgresión de unos “derechos adquiridos” y su
derecho a la defensa, inconformidades que no se estudian en la admisión, sino en la
etapa de juicio, conforme a lo previsto en el artículo 162 de la Ley 1437 de 2011.
21.- Sumado a ello, adujo que el accionante se contradijo pues inicialmente sostuvo
que el acto acusado en el proceso de nulidad “no tiene nada que ver con sus
intereses” pero luego alegó una vulneración de su derecho a la defensa por no
5
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03690-00
Accionante: Campo Elías Oviedo Suárez
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
habérsele notificado la demanda. Al respecto, señaló que es evidente la imposibilidad
de notificar a los más de 116.000 afiliados a Casur, pero además resaltó que el
demandante pasó por alto que la autoridad judicial accionada, al advertir que el
asunto podía involucrar un sector de la ciudadanía, dio cumplimiento a lo previsto en
el numeral 5º del artículo 171 de la Ley 1437 de 2011. No obstante, reprochó que a
pesar de haber tenido la oportunidad, el accionante no acudió al proceso para
manifestar su interés en participar del mismo y ahora pretende subsanar su actuar
omisivo a través de la acción de tutela, que no es el mecanismo idóneo para ventilar
las inconformidades aquí suscitadas.
22.- A su turno, señaló que el hecho de que las entidades demandadas administren
una prestación social a favor del accionante, no les impone la obligación de pedir su
autorización para acudir a procesos judiciales, pues no actúan a nombre de cada
uno de ellos.
23.- Esbozado lo anterior, afirmó que la primera pretensión carece de objeto,
comoquiera que, por auto del 12 de mayo de 2023 se decidió impartir trámite de
sentencia anticipada al interior del asunto cuestionado, por lo que ya se surtió la
etapa de alegatos de conclusión y, en esa medida la parte accionante ya no cuenta
con la posibilidad de realizar alguna actuación en el marco de ese asunto. Frente al
segundo pedimento, sostuvo que también se torna improcedente, considerando que
el demandante omite la forma en que debe proponerse la nulidad en un proceso,
conforme a lo previsto en el Código General del Proceso.
II. CONSIDERACIONES
C. Cuestión previa
24.- La Sala no accederá a las solicitudes de desvinculación formuladas por la
Policía Nacional y la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares -Cremil-, dado que
dichas entidades fueron vinculadas en calidad de terceros con interés al proceso de
nulidad que se cuestiona en sede de tutela y, en esa medida también les asiste un
interés legítimo para intervenir en la presente acción constitucional.
D. Subsidiariedad
25.- La acción de tutela procede cuando el accionante no dispone de otro medio de
defensa salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la configuración
de un perjuicio irremediable. Es decir, los interesados deben hacer uso de todos los
recursos ordinarios y extraordinarios que el ordenamiento jurídico ha dispuesto para
remediar la situación que amenaza o lesiona sus derechos, de modo que se impida
el uso indebido de este mecanismo constitucional como vía preferente o instancia
judicial adicional de protección, pues eso implicaría desconocer abiertamente que la
6
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03690-00
Accionante: Campo Elías Oviedo Suárez
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
Constitución y la ley determinan una serie de mecanismos judiciales igualmente
eficaces e idóneos para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.
26.- Lo anterior, de conformidad con el artículo 8610 de la Constitución Política y el
numeral 1 del artículo 611 del Decreto 2591 de 1991, los cuales prevén como causal
de improcedencia de la acción de tutela la existencia de otros medios de defensa
para la protección de los derechos invocados.
27.- Por lo tanto, para que el juez constitucional estudie una solicitud de tutela, el
interesado debió haber agotado los recursos -idóneos y eficaces- que tenía a su
disposición para lograr el amparo de sus derechos, pues, de lo contrario, la tutela
deviene improcedente.
28.- Según la jurisprudencia constitucional, cuando se trata de cuestionar
decisiones adoptadas al interior de un proceso judicial, la improcedencia de la acción
de tutela por no satisfacer el requisito de subsidiariedad, abarca tres supuestos: (i)
cuando el asunto se encuentra en trámite, (ii) en el evento en que no se han agotado
los mecanismos de defensa judiciales ordinarios y extraordinarios y, (iii) cuando se
usa para revivir etapas procesales en donde se dejaron de emplear las herramientas
jurídicas previstas en el ordenamiento jurídico12.
29.- Éste último, por cuanto la acción de tutela no puede constituirse en un
mecanismo para discutir situaciones jurídicas consolidadas que adquirieron firmeza
por la caducidad de los recursos y acciones que no fueron utilizados oportunamente
por los interesados. En ese sentido, no puede ser considerada una instancia
adicional en el trámite jurisdiccional, ni un medio de defensa que reemplace otros
mecanismos previstos por el legislador.
E. Análisis del caso concreto
30.- En el caso objeto de estudio, la parte actora le atribuye la vulneración de sus
derechos fundamentales a las accionadas ante la supuesta omisión de notificarlo y
correrle traslado sobre la admisión de la demanda de nulidad que promovió la señora
Erazo Cruz, con el fin de que se deje sin efectos el Acta de 22 de abril de 2014,
expedida por la Directora Administrativa y la Coordinadora del Grupo de
10 “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus
derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública. (…) Esta acción solo procederá cuando el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable (…)”. (se destaca).
11 “Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá: 1. Cuando existan otros recursos
o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo
las circunstancias en que se encuentra el solicitante (…)”
12 Corte Constitucional, sentencia T-396 de 2014, MP. Jorge Iván Palacio Palacio.
7
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03690-00
Accionante: Campo Elías Oviedo Suárez
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
Prestaciones Sociales de la Unidad de Gestión General del Ministerio de Defensa
Nacional, a través de la cual se decidió sobre el pago de la mesada 14 prevista en el
Decreto 4433 de 2014, a los miembros de las Fuerzas Militares pensionados o que
se llegasen a pensionar.
31.- Concretamente, reprochó que la falta de vinculación a ese trámite judicial
vulnera su derecho a la defensa, pues a pesar de tener un interés directo en el asunto
dado su “derecho adquirido a la mesada 14” que es objeto de controversia, no le fue
notificada la admisión de la demanda, ni las demás decisiones que se han adoptado
en el curso de ese proceso, por lo que no ha tenido la oportunidad de pronunciarse
y controvertir las mismas.
32.- De entrada, la Sala advierte que el presente asunto carece de subsidiariedad,
toda vez que la parte accionante no agotó los medios ordinarios idóneos y eficaces
que tenía a su alcance para obtener la salvaguarda de los derechos que invoca.
33.- En efecto, revisado el expediente ordinario, se evidencia que el señor Campo
Elías Oviedo Suárez no participó dentro del proceso de nulidad que se cuestiona en
sede de tutela, aun cuando tuvo la oportunidad de hacerlo, pues en cumplimiento del
auto que admitió la demanda, el 25 de enero de 2019 el Consejo de Estado fijó un
aviso en la página web de la Corporación, con el propósito de informar a la
comunidad sobre la existencia del referido proceso, a fin de que cualquier ciudadano
interesado pudiera intervenir en el asunto, conforme a lo previsto en el numeral 5 º,
artículo 171 de la Ley 1437 de 2011. No obstante, el actor optó por no hacerlo sin
justificación válida alguna, a pesar del interés que aduce tener en ese trámite judicial.
34.- Sobre el particular, esta Corporación13 ha sostenido que, por tratarse de una
acción de naturaleza pública, el medio de control de nulidad trasciende la esfera del
interés particular al general, pues su finalidad se encuentra orientada a garantizar la
legalidad de un acto administrativo de carácter general y abstracto, lo que a su vez,
le permitía a la parte accionante intervenir en ese asunto en calidad de coadyuvante
de alguna de las partes a fin de velar por sus intereses y, de esta forma, ejercer los
diferentes recursos jurídicos que tenía a su disposición para controvertir las
decisiones adoptadas en el marco de ese proceso14.
35.- Tan es así, que en el curso de ese proceso, alrededor de 300 personas
solicitaron ser reconocidas como coadyuvantes, algunas a favor de la parte
demandante y otras de la entidad demandada; solicitudes que en su mayoría fueron
admitidas, por lo que tales sujetos tuvieron la oportunidad de interponer los diferentes
recursos que procedían contra las diversas decisiones que se han adoptado en el
13 Consejo de Estado, Sección Primera, Auto del 5 de julio de 2019, exp. 11001-03-24-000-2012-00064-00. C.P.
Nubia Margoth Peña Garzón.
14 Esta Subsección se pronunció en ese mismo sentido en la sentencia de tutela del 9 de agosto de 2023 (exp.
11001-03-15-000-2023-03680-00).
8
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03690-00
Accionante: Campo Elías Oviedo Suárez
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
proceso contencioso administrativo, así como presentar otro tipo de solicitudes, las
cuales, en efecto incoaron.
36.- Ahora, cabe precisar que la autoridad judicial accionada explicó el límite
temporal para presentar las solicitudes de coadyuvancia en ese asunto, teniendo en
cuenta que se resolvió impartirle trámite de sentencia anticipada. Al respecto, señaló
que:
<< (…) En ese sentido, la interpretación armónica de los artículos 182A y 223 de la
Ley 1437 de 2011 permite concluir que, cuando se prescinde de la audiencia inicial
porque se configuran los supuestos para ordenar el trámite de la sentencia anticipada,
la intervención del coadyuvante también procede en este último escenario. En efecto,
a diferencia de la audiencia inicial que es convocada por el magistrado ponente y, por
ende, se notifica con antelación a las partes e incluso a terceros con miras a una
eventual solicitud de coadyuvancia, la decisión de someter el proceso al trámite de la
sentencia anticipada tiene la particularidad de surgir a la vida jurídica con la
configuración de los requisitos del artículo 182A del CPACA, sustentados en la
respectiva providencia. Por lo que, una vez proferido el auto que ordena impartir dicho
trámite sería el momento procesal en que el interesado en coadyuvar tendría
conocimiento de la oportunidad para solicitar su intervención. Por dichas razones, el
límite temporal para tal efecto se extiende hasta el momento en que dicha providencia
adquiere fuerza ejecutoria (…)>>.
37.- El auto que anunció el trámite de sentencia anticipada se profirió el 11 de julio
de 2023 y quedó ejecutoriado el 19 de julio siguiente, por lo que hasta ese momento
los sujetos interesados tuvieron la oportunidad de presentar las solicitudes de
coadyuvancia, fecha para la cual, según adujo el mismo accionante, aquel ya tenía
conocimiento de la existencia del proceso y las decisiones allí adoptadas.
38.- De manera que, si lo que se trataba era de velar por sus intereses, el actor
debió haber acudido al proceso contencioso administrativo, a fin de que pudiera
intervenir en calidad de coadyuvante, pero no lo hizo, so pretexto de que no fue
notificado de la admisión de la demanda, por lo que es evidente que el accionante
busca subsanar sus propias omisiones y revivir etapas procesales previamente
vencidas, acudiendo a la acción constitucional como un reemplazo de las vías
judiciales ordinarias, en una clara invasión de la órbita de competencia del juez
natural, pues la solicitud de amparo no puede ser utilizada como un mecanismo para
subsanar yerros cometidos dentro del proceso que es objeto de reproche.
39.- Por todo lo reseñado anteriormente, la solicitud de amparo que se examina no
acredita el requisito general atinente a la subsidiariedad. De suerte que la Sala habrá
de declarar su improcedencia.
40.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
9
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03690-00
Accionante: Campo Elías Oviedo Suárez
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
III. RESUELVE
PRIMERO. - DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado por las
razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO. - Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
TERCERO. - De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE15
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES (E)
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
15 VF
10
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.