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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2012-00064-00

Fecha
8 de mayo de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2012-00064-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR no probadas las excepciones de inepta demanda, cosa juzgada y pleito pendiente, propuestas por el apoderado de la DIMAR, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de las resoluciones núms. 0116 de 7 de abril de 2009, “Por la cual se otorga una concesión al señor JESÚS HORACIO BEDOYA CASTILLO, en su calidad de gerente de la Escuela de Deportes Náuticos-AQUANÁUTICA, en jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Cartagena”; y 0498 de 24 de noviembre de 2009, “Por la cual se modifica la resolución número 0116 del 07 de abril de 2009, por medio de la cual se otorgó una concesión al señor JESÚS HORACIO BEDOYA CASTILLO, en su calidad de gerente de la Escuela de Deportes Náuticos-AQUANÁUTICA, en jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Cartagena”, expedidas por el director de la Dirección General Marítima, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: No condenar en costas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 67 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00064-00 Actora: CARIME PUELLO GUTIÉRREZ CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, archívese la actuación.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-24-000-2012-00064-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

8 de mayo de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., ocho (8) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00064-00
Referencia. Acción de nulidad
Actora: CARIME PUELLO GUTIÉRREZ

TESIS: SE DECLARA LA NULIDAD DE LAS RESOLUCIONES
ACUSADAS, TODA VEZ QUE LA DIMAR NO AGOTÓ EL
PROCEDIMIENTO DE CONSULTA PREVIA PARA SU EXPEDICIÓN, EL
CUAL ESTABA OBLIGADA A ADELANTAR, AL HABER AFECTADO
DIRECTAMENTE LA IDENTIDAD ÉTNICA DE LA COMUNIDAD NEGRA
DE LA BOQUILLA. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La ciudadana CARIME PUELLO GUTIÉRREZ, obrando en su propio

nombre y en ejercicio de la acción de nulidad, prevista en el artículo

84 del Código Contencioso Administrativo, en adelante CCA, presentó

demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener la nulidad de las

resoluciones núms. 0116 de 7 de abril de 2009, “Por la cual se

otorga una concesión al señor JESÚS HORACIO BEDOYA

CASTILLO, en su calidad de gerente de la Escuela de Deportes

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Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00064-00
Actora: CARIME PUELLO GUTIÉRREZ

Náuticos-AQUANÁUTICA, en jurisdicción de la Capitanía de

Puerto de Cartagena”; y 0498 de 24 de noviembre de 2009, “Por

la cual se modifica la resolución número 0116 del 07 de abril

de 2009, por medio de la cual se otorgó una concesión al

señor JESÚS HORACIO BEDOYA CASTILLO, en su calidad de

gerente de la Escuela de Deportes Náuticos-AQUANÁUTICA, en

jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Cartagena”, expedidas

por el director de la Dirección General Marítima.

I.- FUNDAMENTOS DERECHO

En apoyo de sus pretensiones, la parte actora adujo la violación de

los artículos 63 de la Constitución Política; 674 del Código Civil; 166,

169, 170, 171, 172, 174 y 178 del Decreto Ley 2324 de 18 de

septiembre de 19841; 9º de la Ley 9ª de 11 de enero de 19892; 13 de

la Ley 1469 de 30 de junio de 20093; y 6º y 7º del Convenio 169 de

1989 de la OIT.

Explicó el alcance del concepto de la violación, aduciendo, en síntesis,

1
“Por el cual se reorganiza la Dirección General Marítima y Portuaria”, expedido por el Presidente de la
República.
2
“Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de
bienes y se dictan otras disposiciones”.
3
“Por la cual se adoptan medidas para promover la oferta de suelo urbanizable y se adoptan otras
disposiciones para promover el acceso a la vivienda”.

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Actora: CARIME PUELLO GUTIÉRREZ

lo siguiente:

-. PRIMER CARGO: LAS RESOLUCIONES NÚMS. 0116 DE 7 DE
ABRIL DE 2009 Y 0498 DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2009
DESCONOCIERON EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL
DECRETO 2324 DE 1984 Y LA LEY 1469

Señaló que la Dirección General Marítima, a través de la Resolución

núm. 0116 de 7 de abril de 2009, otorgó la concesión de una

playa marítima de 4.000 M2 y de aguas marítimas de 2.000 M2, en el

sector turístico del Corregimiento de La Boquilla, a un particular, -

señor JESÚS HORACIO BEDOYA CASTILLO-, a pesar de que esa

solicitud de concesión carecía de los requisitos previstos en el artículo

169, numeral 1, del Decreto 2324 de 1984, esto es, de la indicación

de la ubicación y linderos del terreno o zona en que se quiere

construir, y su extensión, así como del previsto en el artículo 169,

numeral 2, -la certificación de la Secretaría de Planeación Distrital de

la Alcaldía Mayor del Distrito de Cartagena-.

Agregó que la entidad demandada violó el artículo 171 del Decreto

2324, dado que llevó a cabo la fijación de los edictos (del 16 de junio

a 28 de julio de 2008) de la solicitud de concesión sin que el

peticionario allegara la totalidad de los requisitos que establece el

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artículo 169, esto es, sin que aportara la certificación de la Secretaría

de Planeación de la Alcaldía Mayor del Distrito de Cartagena, la cual

solo fue expedida el 22 de octubre de 2008.

Adujo que la entidad mencionada expidió la Resolución núm. 0498

de 24 de noviembre de 2009, mediante la cual modificó la

Resolución núm. 0116 de 7 de abril de 2009, y accedió a ampliar

las medidas de un kiosko de 4x4 metros con un área de 16 metros a

uno removible de 5.00 metros de ancho por 18 metros de largo y un

segundo nivel de 2x2 metros, sin fijar y publicar los edictos, con lo

cual violó el artículo 171 del Decreto 2324.

Sostuvo que se violó el artículo 13, numeral 3, de la Ley 1469, dado

que la referida concesión, otorgada al señor JESÚS HORACIO

BEDOYA CASTILLO, carece de una licencia de intervención y

ocupación temporal del espacio público de las playas y aguas

marítimas, conforme se encuentra certificado, por la señora

secretaria de Planeación, en el Oficio AMC-OFI-0023751 2012 de 8 de

mayo de 2012.

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-. SEGUNDO CARGO: LAS RESOLUCIONES NÚMS. 0116 Y 0498
DESCONOCEN EL ARTÍCULO 9º DE LA LEY 9ª DE 1989

Alegó que los actos demandados al otorgar la concesión al señor

JESÚS HORACIO BEDOYA CASTILLO de una playa marítima de

4.000 M2 y de aguas marítimas de 2.000 M2, desconocieron el

interés superior, señalado en el artículo 9º de la Ley 9ª de 1989,

debido a que se ha generado un cerramiento, señalización y

demarcación con mojones, estacas y trozos de madera de una zona

de playas y de aguas marítimas, lo cual dificulta e impide el libre

tránsito, la circulación y el uso colectivo de dichos bienes públicos por

la colectividad.

-. TERCER CARGO: LAS RESOLUCIONES NÚMS. 0116 Y 0498 NO
AGOTARON EL TRÁMITE DE LA CONSULTA PREVIA

Afirmó que la Dirección General Marítima, a través de los actos

acusados, le otorgó la concesión a un particular, -al señor JESÚS

HORACIO BEDOYA CASTILLO-, de una playa marítima de 4.000

M2 y un espejo de aguas marítimas de 2.000 M2, en el sector

turístico del Corregimiento de La Boquilla, sin haber agotado el

trámite de consulta previa, conforme lo ordenan los artículos 6º y 7º

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del Convenio 169 de 1989 de la OIT, con lo cual se configura una

violación al derecho fundamental de la comunidad negra de La

Boquilla, tal y como fue señalado en la sentencia T-376 de 18 de

mayo de 2012, proferida por la Corte Constitucional.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

• El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- DIRECCIÓN

GENERAL MARÍTIMA, en adelante DIMAR, mediante apoderado,

propuso las siguientes excepciones:

-Inepta demanda, ya que “[…] la presente demanda no se ajusta a

las exigencias legales ni se da cumplimiento a los requisitos de

procedibilidad. […]”.

-Cosa juzgada, por cuanto la legalidad de los actos demandados

acusados fue objeto de pronunciamiento por el Juzgado Noveno

Administrativo del Circuito de Cartagena, en la sentencia de 23 de

marzo de 2010, dentro del proceso núm. único de radicación 13001-

33-31-009-2009-00249-00, promovido en ejercicio de una acción

popular.

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-Pleito pendiente, toda vez que con este proceso se surte

paralelamente una acción de tutela ante el Tribunal Superior del

Distrito de Judicial de Cartagena, Sala Civil de Familia, núm. único de

radicación 13-001-31-10-004-2013-00174-00, con el objeto de dejar

sin efectos las mismas resoluciones acusadas en este proceso, por

cuanto la DIMAR otorgó la concesión de un bien de uso público al

señor JESÚS HORACIO BEDOYA, sin adelantar la consulta previa a

la comunidad.

Asimismo, se opuso a las pretensiones solicitadas por la parte actora,

por cuanto, a su juicio, carecen de apoyo jurídico.

Señaló que la certificación de la Alcaldía Distrital de Cartagena sí obra

en el expediente del trámite de la concesión. En efecto, fue suscrita el

13 de marzo de 2007 por el alcalde Mayor de Cartagena de Indias,

NICOLÁS CURÍ VERGARA, la cual fue convalidada con la certificación

expedida el 22 de octubre de 2008 por la secretaria de Planeación de

la Alcaldía de Cartagena.

Expresó que, en el caso particular, el peticionario presentó el 15 de

abril de 2008, ante la Capitanía de Puerto de Cartagena de la DIMAR,

la solicitud de concesión de un bien de uso público, la cual acompañó

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con la descripción de su ubicación y linderos aproximados, y cumplió

con el lleno de los requisitos establecidos en el artículo 169 del

Decreto Ley 2324.

Anotó que es claro que la información suministrada por el ciudadano

debe ser determinada técnicamente por un profesional para

establecer con certeza la cabida, linderos, medidas, área y

dimensiones del área objeto de la solicitud de concesión.

Que, por ello, hace parte del trámite de concesión el informe de

jurisdicción realizado por los peritos WILGEN DARÍO PARRA GARCÍA y

HERNANDO CUADROS HINCAPIÉ en el que, respecto de la

localización, medidas, área y linderos, cantidad del área a utilizar en

el proyecto de deportes náuticos, se concluyó que corresponde a

4.000 M2 en playa y 2000 M2 en agua marítima.

Manifestó que la entidad demandada para determinar con precisión el

área de la playa marítima y aguas marítimas concedida al

mencionado particular, lo hizo con base en los estudios técnicos que

forman parte del trámite de solicitud de concesión.

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Agregó que, por solicitud del peticionario, a través de la Resolución

núm. 0498 de 24 de noviembre de 2009, el Director General

Marítimo modificó la Resolución núm. 0116 de 7 de abril de

2009, autorizando el cambio en las dimensiones técnicas de un

kiosko removible, por cuestiones de diseño, dentro del área ya

otorgada en concesión, conforme se desprende del Concepto Técnico

CT núm. 41-A-DILEM-ALIT-613 de 11 de noviembre de 2009, el cual

forma parte integrante de la citada Resolución, por lo que no es de

recibo lo sostenido por la actora, en el sentido de que se están

subsanando yerros de la concesión anterior.

Precisó que la modificación autorizada mediante la Resolución núm.

0498 de 24 de noviembre de 2009 no es del área otorgada en

concesión, sino de las dimensiones de las obras autorizadas a

construir; y que los requisitos y procedimientos, previstos en los

artículos 169 y subsiguientes del Decreto 2324, corresponden al

otorgamiento de la concesión, pero no a una modificación.

Aclaró que la modificación de las condiciones técnicas del kiosko en

nada afecta el área otorgada en concesión. Por el contrario, sigue

siendo la misma y sobre las cuales la Autoridad Portuaria y el

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Ministerio de Comercio, Industria y Turismo certificaron que no iban a

adelantar proyecto alguno.

Indicó que la Secretaría de Planeación de la Alcaldía Distrital de

Cartagena, por escrito de 11 de agosto de 2009, y CARDIQUE,

mediante la Resolución núm. 0690 de 14 de agosto de 2009,

aprobaron, respectivamente, la modificación de las dimensiones del

kiosco, autorizadas a levantar sobre los bienes de uso público

entregados en concesión al señor JESÚS HORACIO BEDOYA

CASTILLO.

Que en la parte considerativa de las resoluciones demandadas fueron

tenidos en cuenta los conceptos y documentos expedidos por las

entidades que dieron viabilidad al proyecto, como la Alcaldía Distrital

de Cartagena, el Ministerio de Transporte, CARDIQUE, Ministerio de

Comercio, Industria y Turismo.

Afirmó que, además, la Capitanía de Puerto de Cartagena de la

DIMAR cumplió con la publicación de los edictos dentro del trámite

de concesión adelantado por el señor JESÚS HORACIO BEDOYA

CASTILLO, para el funcionamiento del establecimiento de comercio

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AQUANÁUTICA, de conformidad con las normas legales y

reglamentarias.

Que, por lo tanto, la entidad demandada en ningún momento

pretermitió el cumplimiento de un procedimiento ni requisitos legales,

en la concesión, para el uso y goce de un bien de uso público,

solicitada por el señor JESÚS HORACIO BEDOYA CASTILLO.

Sostuvo, en cuanto a que con los actos acusados se ha propiciado el

aislamiento, demarcación y delimitación del espacio, que el área

otorgada en concesión no impide la libre circulación de los

ciudadanos, además de que es el resultado de los estudios técnicos

realizados sobre el área.

.- El señor JESÚS HORACIO BEDOYA CASTILLO, quien fue

vinculado como tercero con interés directo en las resultas del

proceso, a pesar de que fue notificado en debida forma, conforme

consta en el proceso, no contestó la demanda.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN

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A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario,

en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en

lista, probatoria y alegaciones.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Tanto las partes, como el tercero con interés directo en las resultas

del proceso y el Ministerio Público, en esta oportunidad, guardaron

silencio.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cuestión previa

De manera preliminar, la Sala antes de entrar a considerar el fondo

del asunto, debe pronunciarse sobre las excepciones de inepta

demanda, cosa juzgada y pleito pendiente, propuestas por la entidad

demandada.

-Inepta demanda

La DIMAR propuso la excepción de inepta demanda, al considerar que

“[…] la presente demanda no se ajusta a las exigencias legales ni se

da cumplimiento a los requisitos de procedibilidad. […]”.

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Al respecto, debe ponerse de presente que si bien es cierto que la

entidad demandada al proponer la citada excepción no especificó

cuáles exigencias legales ni requisitos de procedibilidad incumple la

demanda, objeto de estudio en el presente proceso, también lo es

que de la lectura integral de la misma la Sala observa que la parte

actora cumplió con todos los requisitos establecidos en el artículo 137

del CCA4 y, específicamente, en lo que respecta a lo previsto en el

numeral 4 de dicha disposición, indicó tanto las normas violadas

como la explicación del concepto de su violación, lo cual es suficiente

para proceder a realizar el examen de legalidad de los actos

acusados, amén de que en los eventos en que se hace uso de la

acción de nulidad, como en este caso, no hay lugar a agotar

requisitos de procedibilidad.

4
“[…] Artículo 137. Toda demanda ante la jurisdicción administrativa deberá dirigirse al Tribunal
competente y contendrá:
1. La designación de las partes y de sus representantes.
2. Lo que se demanda.
3. Los hechos u omisiones que sirvan de fundamento de la acción.
4. Los fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando se trate de la impugnación de un
acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su
violación.
5. La petición de pruebas que el demandante pretende hacer valer. […]” (Destacado fuera de texto).

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Al efecto, es del caso traer a colación la sentencia de 24 de

septiembre de 20095, en la que esta Sección señaló que constituye

una razón más que suficiente para que se proceda al examen de

legalidad del acto cuestionado el hecho de que en la demanda se

invoque una norma violada y se exprese el concepto de su violación,

así este sea incorrecto, ambiguo o impreciso. Sobre dicho asunto se

consideró lo siguiente:

“[…] Sobre el particular, observa la Sala que la demanda
presenta en efecto un importante grado de precariedad en el
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 137-4
del C.C.A, especialmente en lo que atañe a la explicación del
concepto de la violación, tal como lo pusiera de presente el
agente del Ministerio Público en su concepto. No obstante lo
anterior y a pesar de que el libelo radicado no puede calificarse
propiamente como un prototipo de buena técnica jurídica, no
puede soslayarse el hecho de que en su texto aparecen
relacionadas las disposiciones de rango constitucional
que la Asociación actora estima infringidas, y se exponen
además, aunque sea de manera vaga e imprecisa,
algunas explicaciones relativas a su violación. Esa
circunstancia constituye una razón más que suficiente
para que se proceda al examen de legalidad del acto
cuestionado, a partir de los cargos propuestos por la
ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DEL CAMBIO DE BOGOTÁ Y
CUNDINAMARCA, pues al fin y al cabo el requisito
establecido en el numeral 4° del artículo 137 del C.C.A.,
se entiende cumplido con el hecho de invocar una
norma violada y expresar el concepto de su violación,
así éste sea incorrecto, ambiguo o impreciso. Por lo
mismo no hay lugar a declarar en el caso sub examine
la ineptitud de la demanda, tal como lo propone la DIAN y

5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de
septiembre de 2009, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, núm. único de radicación 1101-03-24-000-
2006-00198-00. Criterio reiterado en sentencia de 25 de marzo de 2022 (Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 11001-03-24-
000-2010-00335-00).

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por lo mismo la decisión que ponga fin a este proceso no
podrá ser inhibitoria […]” (Destacado fuera de texto)

Además, no puede perderse vista que en una acción pública de

nulidad en que está en juego el interés público de la comunidad, así

como la garantía del derecho de acceso a la administración de

justicia, el Juez Contencioso Administrativo debe proceder con

amplitud en la interpretación de la demanda, en orden a ejercitar el

control que tiene asignado6.

Por lo tanto, no prospera la excepción de inepta demanda.

-Cosa Juzgada

En relación con la excepción de cosa juzgada, por cuanto la legalidad

de los actos demandados acusados fue objeto de pronunciamiento

por el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Cartagena, en la

sentencia de 23 de marzo de 2010, proferida dentro del proceso núm.

único de radicación 13001-33-31-009-2009-00249-00, promovido en

ejercicio de la acción popular, la Sala considera lo siguiente:

6
Ver sentencia de 25 de marzo de 2022 (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P.
Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2010-00335-00).

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De acuerdo con el artículo 303 de la Ley 1564 de 12 de julio de

20127, aplicable en virtud del artículo 267 del CCA, la sentencia

ejecutoriada proferida en un proceso contencioso tiene fuerza de cosa

juzgada, siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo

objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre

ambos procesos haya identidad jurídica de partes.

La cosa juzgada es una institución de naturaleza procesal, en virtud

de la cual los asuntos respecto de los que exista una sentencia

ejecutoriada no pueden volver a ser ventilados ante la jurisdicción,

razón por la cual esa decisión resulta inmutable, inimpugnable y

obligatoria, lo que hace que el asunto sobre el cual ella decide no

pueda volver a debatirse en el futuro, ni dentro del mismo proceso, ni

dentro de otro entre las mismas partes y que persiga igual objeto8.

En cuanto a la identidad jurídica de partes, se observa que en el

proceso promovido en ejercicio de la acción popular, las partes son

CONSTRUCCIONES Y URBANISMOS EL FUTURO S.A.

(demandante) y la DIMAR, -Capitanía de Puerto de Cartagena-

7
“Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.
8
Ver auto de 12 de abril de 2019 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2013-00546-
00).

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(demandada)9; mientras que en el caso sub examine las partes son

CARIME PUELLO GUTIÉRREZ (demandante) y la DIMAR

(demandada), razón por la cual hay identidad de parte demandada,

pero no de la parte demandante, la cual en las acciones populares y

de nulidad no resulta relevante, habida cuenta que el interés para

demandar lo ostenta cualquier persona.

Respecto a la identidad de objeto, no la hay, toda vez que en el

proceso radicado con el núm. 13001-33-31-009-2009-00249-0010, la

demanda se tramitó, en ejercicio de la acción popular, por

CONSTRUCCIONES Y URBANISMOS EL FUTURO S.A. en contra

de la DIMAR, -Capitanía de Puerto de Cartagena-, tendiente a la

protección de los derechos colectivos a la moralidad

administrativa, existencia del equilibrio ecológico y al goce del

espacio público, la cual fue decidida a través de la sentencia de 23

de marzo de 2010, por el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito

de Cartagena.

Y en el presente caso, la actora, CARIME PUELLO GUTIÉRREZ,

presentó demanda, en ejercicio de la acción de nulidad, prevista en el

9
Folios 181 a 199 del C. Principal.
10
Folios 181 a 199 del C. Principal.

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18

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00064-00
Actora: CARIME PUELLO GUTIÉRREZ

artículo 84 del CCA, con el objeto de obtener la declaratoria nulidad de

las resoluciones núms. 0116 de 7 de abril de 2009, “Por la cual

se otorga una concesión al señor JESÚS HORACIO BEDOYA

CASTILLO, en su calidad de gerente de la Escuela de Deportes

Náuticos-AQUANÁUTICA, en jurisdicción de la Capitanía de Puerto de

Cartagena”; y 0498 de 24 de noviembre de 2009, mediante la

cual se modificó la resolución anterior.

Frente a la identidad de causa petendi, se estima que, de acuerdo

con lo anterior, la causa de los procesos es diferente, en tanto están

encaminados a fines distintos.

Como se puede apreciar, ambos expedientes se tramitan por vías

procesales diferentes, además no versan sobre el mismo objeto ni se

fundan en la misma causa.

Al respecto, cabe mencionar que la acción popular no se instituyó

como el mecanismo a través del cual se puedan reemplazar los

procesos ordinarios o especiales, ni como una instancia adicional a las

existentes, de modo que resulta improcedente para obtener la

declaratoria de nulidad de actos administrativos, por cuanto el juicio

de legalidad de ellos escapa al procedimiento constitucional.

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19

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00064-00
Actora: CARIME PUELLO GUTIÉRREZ

Al efecto, la Sala prohíja lo señalado en el auto de 12 de abril de

201911, en el cual se precisó que la acción popular no es el

mecanismo para controvertir la legalidad de un acto administrativo,

en los siguientes términos:

“[…] En efecto, el Despacho recuerda que la acción popular no
es el mecanismo para controvertir la legalidad de un acto
administrativo, por cuanto el constituyente consagró el
principio de separación de jurisdicciones como garantía para
la seguridad jurídica y para permitir el efectivo acceso a la
Administración de Justicia, tal y como se desprende de los
artículos 228, 234 a 248 de la Carta Política.

De esta forma, se puede sostener que la acción popular no se
instituyó como el mecanismo a través del cual se puedan
reemplazar los procesos ordinarios o especiales, ni como una
instancia adicional a las existentes, de modo que resulta
improcedente para obtener la declaratoria de nulidad de actos
administrativos, por cuanto el juicio de legalidad de ellos
escapa al procedimiento constitucional.

No debe olvidarse que el análisis del acto administrativo que
presuntamente afecta un derecho o interés de naturaleza
colectiva no es el mismo cuando se realiza mediante la acción
popular que cuando se hace a través de la acción contenciosa
administrativa, dado que mientras que en el primero se hace
un estudio constitucional del derecho o interés presuntamente
amenazado o vulnerado, en el segundo se coteja el acto
administrativo con la disposición que la fundamenta o
sustenta, sin examinar el derecho colectivo, porque el objeto
de la acción ordinaria es exclusivamente la defensa de la
legalidad.

11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto de 12 de abril de
2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2013-00546-
00.

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20

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00064-00
Actora: CARIME PUELLO GUTIÉRREZ

Así, como consecuencia del estudio de legalidad del acto
demandado por medio de la acción ordinaria, el juez de
instancia puede llegar a decretar la nulidad del mismo,
contrario sensu, en la acción constitucional sólo se puede
simplemente ordenar la suspensión de su ejecución o
aplicación, porque, se repite, a través de ella no se define la
legalidad de aquellos, por no ser su procedimiento natural ni
específico. […]”.

En consecuencia, no se configura el fenómeno jurídico de la cosa

juzgada y, por ende, no tiene vocación de prosperidad dicha

excepción.

-Pleito pendiente

Respecto de la excepción de pleito pendiente, propuesta por la

entidad demandada, la cual se sustenta en el hecho de que con este

proceso se surte paralelamente una acción de tutela ante el Tribunal

Superior del Distrito de Judicial de Cartagena, Sala Civil de Familia,

núm. único de radicación 13001-31-10-004-2013-00174-00, con el

objeto de dejar sin efectos las mismas resoluciones acusadas en este

proceso, por cuanto la DIMAR otorgó la concesión de un bien de uso

público al señor JESÚS HORACIO BEDOYA, sin adelantar la consulta

previa a la comunidad, es preciso señalar que tanto la demanda de

nulidad como la acción tutela resultan ser medios de control

independientes.

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21

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00064-00
Actora: CARIME PUELLO GUTIÉRREZ

Además, cabe mencionar que el objeto o finalidad de esta excepción

previa es evitar, no solo la existencia de dos o más juicios con

idénticas pretensiones y entre las mismas partes, sino la ocurrencia

de juicios contradictorios frente a iguales aspiraciones, razón por la

cual los elementos concurrentes y simultáneos para su configuración

y declaratoria son: que exista otro proceso en curso; que las

pretensiones sean idénticas; que las partes sean las mismas; y que

al haber identidad de causa, los procesos estén soportados en los

mismos hechos.

En este sentido, debe ponerse de presente que para la configuración

de la excepción de pleito pendiente, de conformidad con lo dispuesto

en el numeral 8 del artículo 100 del CGP, se requiere el cumplimiento

de unos requisitos, a saber: identidad de partes e identidad de

asunto12.

En relación con la identidad de asunto, se advierte que el proceso

núm. único de radicación 13001-31-10-004-2013-00174-0013 fue

promovido en ejercicio de la acción de tutela, con el objeto de que se

12
Ver auto de 28 de enero de 2021 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2017-00420-
00).
13
Folios 251 a 263.

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22

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00064-00
Actora: CARIME PUELLO GUTIÉRREZ

amparen los derechos fundamentales al mínimo vital, trabajo,

consulta previa, debido proceso; mientras que en el presente proceso

las pretensiones están referidas a la nulidad de las resoluciones

núms. 0116 de 7 de abril de 2009, “Por la cual se otorga una

concesión al señor JESÚS HORACIO BEDOYA CASTILLO, en su calidad

de gerente de la Escuela de Deportes Náuticos-AQUANÁUTICA, en

jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Cartagena”; y 0498 de 24

de noviembre de 2009, mediante la cual se modificó la resolución

anterior, razón por la cual no se cumple este requisito.

Y sobre la identidad de partes tampoco se cumple este

presupuesto, debido a que en el proceso iniciado en ejercicio de la

acción de tutela la parte accionante es OSMÁN RAMÍREZ MORALES

y la accionada es la DIMAR14, mientras que en el caso bajo estudio

las partes son CARIME PUELLO GUTIÉRREZ (demandante) y la

DIMAR (demandada).

Lo anterior pone en evidencia que tanto el asunto, como las partes,

en uno y otro proceso son diferentes y, por ende, no se cumplen los

requisitos de identidad de asunto y de partes.

14
Folios 251 a 263.

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23

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00064-00
Actora: CARIME PUELLO GUTIÉRREZ

Como estos requisitos no se cumplen, no es necesario descender en

el estudio de los demás requisitos, de modo que no se dan los

supuestos de que trata el artículo 100, numeral 8, del CGP, para la

procedencia de la excepción de pleito pendiente propuesta por la

entidad demandada.

Aunado a lo anterior, cabe mencionar que el proceso promovido, en

ejercicio de la acción de tutela ante el Tribunal Superior del Distrito

de Judicial de Cartagena, Sala Civil de Familia, núm. único de

radicación 13001-31-10-004-2013-00174-00 fue decidido, en

segunda instancia, mediante sentencia de 11 de junio de 201315, lo

que quiere decir que no se trata de un pleito pendiente.

Por tal motivo, esta excepción tampoco prospera.

Precisado lo anterior, la Sala observa que el presente asunto se

contrae a establecer la legalidad de las resoluciones núms. 0116 de

7 de abril de 2009, “Por la cual se otorga una concesión al señor

JESÚS HORACIO BEDOYA CASTILLO, en su calidad de gerente de la

Escuela de Deportes Náuticos-AQUANÁUTICA, en jurisdicción de la

15
Folios 251 a 263 del C. Principal.

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24

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00064-00
Actora: CARIME PUELLO GUTIÉRREZ

Capitanía de Puerto de Cartagena”; y 0498 de 24 de noviembre de

2009, “Por la cual se modifica la resolución número 0116 del 07 de

abril de 2009, por medio de la cual se otorgó una concesión al señor

JESÚS HORACIO BEDOYA CASTILLO, en su calidad de gerente de la

Escuela de Deportes Náuticos-AQUANÁUTICA, en jurisdicción de la

Capitanía de Puerto de Cartagena”, expedidas por el director de la

Dirección General Marítima.

Las resoluciones acusadas son del siguiente tenor:

“[…] REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL MARÍTIMA

RESOLUCIÓN NÚMERO 0116
(7 DE ABRIL DE 2009)

Por la cual se otorga una concesión al señor JESÚS
HORACIO BEDOYA CASTILLO, en su calidad de gerente de
la Escuela de Deportes Náuticos-AQUANÁUTICA, en
jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Cartagena

EL DIRECTOR GENERAL MARÍTIMO

En ejercicio de sus facultades legales en los numerales 21 y
22 del artículo 5º del Decreto Ley 2324 de 1984 y numerales
1º y 3º del artículo 2º del Decreto 1561 de 2002 y,

CONSIDERANDO

Que mediante oficio sin número del 15 de abril de 2008, el
señor JESÚS HORACIO BEDOYA CASTILLO, identificado con
la cédula de ciudadanía número … de Darien- Valle, en su
calidad de gerente de la Escuela de Deportes Náuticos-
AQUANÁUTICA, presentó solicitud formal de concesión para uso

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25

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00064-00
Actora: CARIME PUELLO GUTIÉRREZ

y goce de un bien de uso público, localizado en jurisdicción de
la Capitanía de Puerto de Cartagena.

Que mediante oficio número 15200805877 MD-DIMAR-CP05-
Litorales-065 de 2008, la Capitanía de Puerto de Cartagena
remitió a la Sede Central de la Dirección General Marítima, una
solicitud de concesión presentada por el señor JESÚS
HORACIO BEDOYA CASTILLO, en su calidad de gerente de la
Escuela de Deportes Náuticos- AQUANÁUTICA.

Que con la solicitud formal de concesión fueron allegados los
siguientes documentos e información:

a) Certificación sin número del 22 de diciembre de 2008,
proferida por la doctora ZAIDA SALAS FRANCO, Secretaría de
Planeación Distrital de Cartagena, mediante la cual hace
constar que el área solicitada por el señor JESÚS HORACIO
BEDOYA CASTILLO, en su calidad de gerente de la Escuela de
Deportes Náuticas- AQUANÁUTICA, no se encuentra ocupada,
no está destinada a ningún uso oficial y no ofrece
inconvenientes para el Distrito.

b) Certificación número DM-018/2007 del 28 de mayo de 2007,
proferida por el doctor VICTOR RAFAEL HERNÁNDEZ ÁVILA,
Coordinador del Grupo de Planificación y Desarrollo Sostenible
del Turismo, donde hace constar que la Nación a través del
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo no adelanta en la
actualidad ningún proyecto turístico que pudiera requerir el uso
del terreno donde AQUANÁUTICA pretende adelantar el
proyecto para la práctica de deportes náuticos, al lado del
edificio Los Morros 922, ubicado en la carrera 9 No. 22-802,
anillo vial de la ciudad de Cartagena de Indias, Departamento
de Bolívar.

c) Certificación del 05 de junio de 2007, proferida por el doctor
FIDEL BOHÓRQUEZ CUARTAS, director de Infraestructura
del Ministerio de Transporte, donde hace constar que sobre
dicha área no existe proyecto de desarrollo portuario, concesión
portuaria otorgada, ni otro trámite para el otorgamiento de
concesión marítima, permiso o licencia portuaria.

d) Certificación número 001419 del 24 de abril de 2007,
proferida por la Corporación Autónoma Regional del Canal del
Dique- CARDIQUE, donde hace constar que la actividad que
desarrolla la Escuela de Deportes Náuticas- AQUANÁUTICA es
viable ambientalmente.

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26

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00064-00
Actora: CARIME PUELLO GUTIÉRREZ

e) Certificado de Carencia de Informes por Tráfico de
Estupefacientes número 30933 del 15 de mayo de 2007.

f) Informe pericial de jurisdicción de DIMAR número 23-AG-07
del 23 de agosto de 2007, elaborado por los peritos
HERNANDO CUADROS MANCIPE y WILGEN DARÍO PARRA
GARCÍA, en el cual se concluye que el área terrestre es de
cuatro mil metros (4.000.00 m2) y el área marítima es de dos
mil metros cuadrados (2.000.00 m2); se trata en su totalidad
de un bien de uso público que se encuentra por completo bajo
la jurisdicción de la Dirección General Marítima.

g) Licencia de Explotación Comercial a nombre de
AQUANÁUTICA expedida por la Dirección General Marítima.

h) Certificado de Existencia y Representación expedido por la
Cámara de Comercio de Cartagena del 14 de abril de 2008.

i) Concepto del Grupo de Señalización Marítima del Caribe del
18 de julio de 2007.

j) Copia del edicto fijado el 16 de junio de 2008, a las ocho
horas (0800R) y desfijado el 28 de julio de 2008, a las
dieciocho horas (1800R).

k) Copia de los tres (3) edictos publicados en el periódico “EL
UNIVESAL”, los días 03, 08 y 10 de julio de 2008, realizadas
durante el término de fijación y desfijación del mismo,
relacionado en el literal anterior.

l) Anexo “A” de la Capitanía de Puerto de Cartagena del 23 de
abril de 2008.

Que la División de Litorales y Áreas Marinas de esta Dirección,
emitió el concepto técnico número CT.08-A-DILEM-ALIT-613 del
16 de marzo de 2009, contenido en seis (06) folios, mediante el
cual se conceptuó favorablemente la solicitud de concesión de
un área de seis mil metros cuadrados (6.000 m2), distribuida
de la siguiente manera: un área de dos mil metros cuadrados
(2.000 m2) correspondiente a aguas marítimas y un área de
cuatro mil metros (4.000 m2) correspondiente a terrenos de
bajamar y playas relacionadas en el punto 6º del mencionado
concepto técnico.

Que teniendo en cuenta que el solicitante ha dado
cumplimiento a los requisitos exigidos para tal fin, esta
Dirección otorgará una concesión en un área de bien de uso

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Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00064-00
Actora: CARIME PUELLO GUTIÉRREZ

público establecida en el concepto técnico antes mencionado, el
cual forma parte integral de la presente resolución, aclarándose
que una vez tenga lugar la reversión de las obras allí
construidas, el señor JESÚS HORACIO BEDOYA CASTILLO,
en su calidad de gerente de la Escuela de Deportes Náuticos-
AQUANÁUTICA, no podrá exigir indemnización por ningún
concepto, prima, retribución, contraprestación, ni el pago de
suma alguna de dinero a cargo de la Nación- Ministerio de
Defensa Nacional- Dirección General Marítima.

Que corresponde a la Dirección General Marítima expedir los
actos y realizar las operaciones para el cumplimiento de sus
funciones, así mismo autorizar y controlar las concesiones y
permisos en las aguas, terrenos de bajamar, playas y demás
bienes de uso público de las áreas de su jurisdicción.

Que en mérito de lo anterior, el Director General Marítimo,

RESUELVE

ARTÍCULO 1º. Otorgar en concesión al señor JESÚS
HORACIO BEDOYA CASTILLO, en su calidad de gerente de la
Escuela de Deportes Náuticos- AQUANÁUTICA, un área de seis
mil metros cuadrados (6.000 m2), distribuida de la siguiente
manera: un área de dos mil metros cuadrados (2.000 m2)
correspondiente a aguas marítimas y un área de cuatro mil
metros (4.000 m2) correspondiente a terrenos de bajamar y
playas, de conformidad con lo descrito en el numeral 6º del
concepto técnico número CT-08-A-DILEM-ALIT-613 del 16 de
marzo de 2009, emitido por la División de Litorales y Áreas
Marinas de la Dirección General Marítima, el cual forma parte
integral de la presente resolución.

ARTÍCULO 2º. Fijar el término de la concesión en diez (10)
años, el cual se contará a partir de la ejecutoria de la presente
resolución. Una vez vencido el término, el área entregada en
concesión y las obras construidas, revertirán a la Nación sin que
haya de causarse con cargo a la Nación- Ministerio de Defensa
Nacional- Dirección General Marítima, como así se expresó en
los considerandos, suma alguna de dinero a favor del señor
JESÚS HORACIO BEDOYA CASTILLO, en su calidad de
gerente de la Escuela de Deportes Náuticos- AQUANÁUTICA.

PARÁGRAFO 1º. Para efectos de revertir el área otorgada en
concesión, bien sea por vencimiento del término de la misma o
por otra causal diferente, la Dirección General Marítima

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Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00064-00
Actora: CARIME PUELLO GUTIÉRREZ

determinará las condiciones en que se recibirá el terreno y las
obras construidas.

PARÁGRAFO 2º. La concesión, que por medio de este acto
administrativo se otorga bajo el principio de gratuidad, está
sometida a las modificaciones del régimen jurídico tarifario que
implemente el Gobierno Nacional para la administración de los
bienes de uso público bajo jurisdicción de la Dirección General
Marítima. […]”16.

“[…] REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL MARÍTIMA

RESOLUCIÓN NÚMERO 0498
(24 DE NOVIEMBRE DE 2009)

Por la cual se modifica la resolución número 0116 del 07 de
abril de 2009, por medio de la cual se otorgó una concesión al
señor JESÚS HORACIO BEDOYA CASTILLO, en su calidad
de gerente de la Escuela de Deportes Náuticos-
AQUANÁUTICA, en jurisdicción de la Capitanía de Puerto de
Cartagena

EL DIRECTOR GENERAL MARÍTIMO

En ejercicio de sus facultades legales en los numerales 21 y
22 del artículo 5º del Decreto Ley 2324 de 1984 y numerales
1º y 3º del artículo 2º del Decreto 1561 de 2002 y,

CONSIDERANDO

Que mediante resolución 0116 del 07 de abril 2009, la
Dirección General Marítima otorgó en concesión al señor JESÚS
HORACIO BEDOYA CASTILLO, identificado con la cédula de
ciudadanía número … de Darien- Valle, en su calidad de gerente
de la Escuela de Deportes Náuticos- AQUANÁUTICA, un área de
seis mil metros cuadrados (6.000 m2), distribuida de la
siguiente manera: un área de dos mil metros cuadrados (2.000
m2) correspondiente a aguas marítimas y un área de cuatro mil
metros (4.000 m2) correspondiente a terrenos de bajamar y
playas.

16
Folios 2 a 5 del C. Principal.

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29

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00064-00
Actora: CARIME PUELLO GUTIÉRREZ

Que mediante oficio sin número del 09 de septiembre de 2009,
el señor JESÚS HORACIO BEDOYA CASTILLO, identificado
con la cédula de ciudadanía número … de Darien- Valle, en su
calidad de gerente de la Escuela de Deportes Náuticos-
AQUANÁUTICA, presentó a la Capitanía de Puerto de Cartagena
solicitud formal de ampliación de la concesión a él entregada
para uso y goce de un bien de uso público, localizado en
jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Cartagena.

Que mediante oficio número 15200904126 MD-DIMAR-CP05-
Litorales-061 del 18 de septiembre de 2009, la Capitanía de
Puerto de Cartagena remitió a la Sede Central de la Dirección
General Marítima, una solicitud de ampliación de concesión
presentada por el señor JESÚS HORACIO BEDOYA
CASTILLO, en su calidad de gerente de la Escuela de Deportes
Náuticos- AQUANÁUTICA.
[…]

Que la División de Litorales y Áreas Marinas de esta Dirección,
emitió el concepto técnico número CT.41-A-DILEM-ALIT-613 del
11 de septiembre de 2009, contenido en cinco (05) folios,
mediante el cual se conceptuó favorablemente la solicitud de
ampliación de concesión elevada por el señor JESÚS HORACIO
BEDOYA CASTILLO, identificado con la cédula de ciudadanía
número … de Darien- Valle, en su calidad de gerente de la
Escuela de Deportes Náuticos- AQUANÁUTICA, en el sentido de
modificar las medidas de un kiosko de cuatro metros por cuatro
metros (4x4 m) con un área de dieciséis metros cuadrados
(16.00 m2), por un kiosko removible de madera de cinco
metros (5.00m) de ancho por dieciocho (18.00 m) de largo con
un área de noventa metros cuadrados (90.00 m2) y un
segundo nivel de dos metros por dos metros (2 x2 m).

Que corresponde a la Dirección General Marítima expedir los
actos y realizar las operaciones para el cumplimiento de sus
funciones, así mismo, autorizar y controlar las concesiones y
permisos en las aguas, terrenos de bajamar, playas y demás
bienes de uso público de las áreas de su jurisdicción.

Que en mérito de lo anterior, el Director General Marítimo,

RESUELVE

ARTÍCULO 1º. Modificar la resolución número 0116 del 07 de
abril de 2009, en el sentido de ampliar las medidas de un
kiosko de cuatro metros por cuatro metros (4x4 m) con un área

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Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00064-00
Actora: CARIME PUELLO GUTIÉRREZ

de dieciséis metros cuadrados (16.00 m2), por un kiosko
removible de madera de cinco metros (5.00m) de ancho por
dieciocho (18.00 m) de largo con un área de noventa metros
cuadrados (90.00 m2) y un segundo nivel de dos metros por
dos metros (2 x2 m), manteniendo la misma área otorgada
en concesión, de conformidad con lo establecido en el
numeral 7º del concepto técnico CT.41-A-DILEM-ALIT-613 del
11 de septiembre de 2009, el cual forma parte integral de la
presente resolución.

ARTÍCULO 2º. Las demás disposiciones contenidas en la
resolución número 0116 del 07 de abril de 2009 quedan
plenamente vigentes. […]”17.

Expuesto lo anterior, la Sala procede a resolver los cargos de la

demanda, en aras de establecer la legalidad de los actos acusados.

En primer término, la Sala debe analizar si la DIMAR debía agotar el

trámite de consulta previa, conforme lo ordenan los artículos 6º y 7º

del Convenio 169 de 1989 de la OIT, antes de expedir los actos

acusados, a través de los cuales concedió a un particular, -al señor

JESÚS HORACIO BEDOYA CASTILLO-, una playa marítima de

4.000 M2 y un espejo de aguas marítimas de 2.000 M2, en el sector

turístico del Corregimiento de La Boquilla, pues, a juicio de la parte

actora, debió adelantarse dicho trámite y al no hacerlo, se configuró

una violación al derecho fundamental de consulta previa de la

comunidad negra del corregimiento La Boquilla, tal y como fue

17
Folios 6 a 7 del C. Principal.

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31

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00064-00
Actora: CARIME PUELLO GUTIÉRREZ

señalado en la sentencia T-376 de 18 de mayo de 2012, proferida por

la Corte Constitucional.

En cuanto a la consulta previa de las comunidades

afrodescendientes e indígenas y su desarrollo en el Convenio

núm. 169 de la OIT, en sentencia de 28 de octubre de 202118, esta

Sección precisó lo siguiente:

“[…] Marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental a la Consulta Previa de las comunidades
indígenas

32. A nivel constitucional, el derecho fundamental a la
consulta previa tiene relación directa con el carácter
democrático, participativo y pluralista de la Carta Política
(artículo 1); el reconocimiento de la diversidad étnica y
cultural de la nación colombiana (artículos 7, 8, 9 y 70); y los
principios de autodeterminación (artículos 9 y 286), la
propiedad colectiva de los territorios ancestrales (artículo 63),
el reconocimiento del derecho propio (artículos 246 y 330) y
la participación de los grupos indígenas y tribales en los
asuntos públicos que les conciernen (artículos 40, 171, 176,
329 y 330).

33. Al respecto, es preciso indicar que, vía bloque de
constitucionalidad, en sentido estricto, el derecho a la
consulta previa establecido en el Convenio núm. 169 de
la Organización Internacional del Trabajo – OIT, sobre
Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes,
el cual fue aprobado por Colombia, mediante la Ley
núm. 21 de 4 de marzo de 199119, se convirtió en un

18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 28 de octubre de 2021, C.P.
Hernando Sánchez Sánchez, núm. 11001-03-15-000-2021-03407-01 (AC).
19
“Por medio de la cual se aprueba el Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países
independientes, adoptado por la 76a. reunión de la Conferencia General de la O.I.T., Ginebra 1989”.

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mecanismo directo de protección de los derechos
humanos de los pueblos indígenas y tribales20.

34. Asimismo, este derecho fundamental guarda relación con
otros instrumentos del derecho internacional de los derechos
humanos que tratan sobre la libre autodeterminación de los
pueblos, dentro de los cuales se destacan el Pacto
Internacional sobre los Derechos, Civiles y Políticos, el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales21, la Convención Americana de los Derechos
Humanos “Pacto San José de Costa Rica”22 y la Convención
para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
Racial23.

35. Sobre el particular, se advierte que la Corte
Constitucional, mediante sentencia T – 955 de 17 de
octubre de 200324 sostuvo que el Convenio núm. 169 de
la OIT y las disposiciones constitucionales que protegen
a los pueblos indígenas y tribales reivindican con
claridad “[…] el derecho de las comunidades
afrocolombianas a ser tenidas como pueblos,
atendiendo las condiciones sociales, culturales y
económicas que las distinguen de otros sectores de la
colectividad nacional […]”.

36. En ese sentido, es preciso indicar que el artículo 6 del
Convenio núm. 169 de la OIT dispuso:

“[…] 1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los
gobiernos deberán:

(a) consultar a los pueblos interesados, mediante
procedimientos apropiados y en particular a través de

20
Corte Constitucional, sentencia T – 002 de 17 de enero de 2017. M.P. Alberto Rojas Ríos. Referencia:
Expediente No. T- 5.635.565.
21
Los cuales fueron aprobados, mediante la Ley 74 de 26 de diciembre de 1968, por la cual se aprueban
los "Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de Derechos Civiles y
Políticos, así como el Protocolo Facultativo de este último, aprobados por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en votación unánime, en Nueva York, el 16 de diciembre de 1966".
22
La cual fue aprobada, mediante la Ley 16 de 30 de diciembre de 1972, “por medio de la cual se
aprueba la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", firmado
en San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969".
23
La cual fue aprobada, mediante la Ley 22 de 22 de enero de 1981, “por medio de la cual se aprueba
"La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial",
adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en Resolución 2106 (XX) del 21 de diciembre
de 1965, y abierta a la firma el 7 de marzo de 1966”.
24
Corte Constitucional, sentencia T – 955 de 17 de octubre de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
Referencia: expediente T-562887.

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sus instituciones representativas, cada vez que se
prevean medidas legislativas o administrativas
susceptibles de afectarles directamente;

(b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos
interesados puedan participar libremente, por lo menos en la
misma medida que otros sectores de la población, y a todos
los niveles en la adopción de decisiones en instituciones
electivas y organismos administrativos y de otra índole
responsables de políticas y programas que les conciernan;

(c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las
instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos
apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin.

2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este
Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una
manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad
de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento
acerca de las medidas propuestas. […]” (Resaltado por la
Sala).

37. El artículo 6º del Convenio referido no constituye
una disposición aislada, teniendo en cuenta que debe
leerse en armonía con el conjunto de sus disposiciones
que se dirigen a asegurar la participación de las
comunidades indígenas en toda decisión que les
concierna y a fomentar relaciones de diálogo y
cooperación entre los pueblos interesados y los Estados
parte, entre las cuales se encuentran:

“[…] Artículo 4. […] 1. Deberán adoptarse las medidas
especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las
instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio
ambiente de los pueblos interesados.

2. Tales medidas especiales no deberán ser contrarias a
los deseos expresados libremente por los pueblos
interesados. […].

Artículo 5. Al aplicar las disposiciones del presente
Convenio: (a) deberán reconocerse y protegerse los
valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y
espirituales propios de dichos pueblos y deberá
tomarse debidamente en consideración la índole de los
problemas que se les plantean tanto colectiva como
individualmente […].

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Artículo 7. […] 1. Los pueblos interesados deberán tener
el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que
atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que
éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y
bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan
de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo
posible, su propio desarrollo económico, social y
cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en
la formulación, aplicación y evaluación de los planes y
programas de desarrollo nacional y regional
susceptibles de afectarles directamente. […]”. (Resaltado
por la Sala)

38. El enfoque de diversidad y autonomía es uno de los
elementos principales para una adecuada interpretación y
aplicación de las normas y principios asociados con la garantía
de los derechos de las comunidades cultural o étnicamente
diversas, en la medida que dispone que las culturas indígenas
o afrodescendientes poseen vocación de permanencia y que
los Estados deben respetar al máximo su derecho a
definir sus prioridades y asuntos propios, como
manifestación del principio de autodeterminación de los
pueblos25.

39. De conformidad con lo anterior, se observa que el
Convenio núm. 169 de la OIT establece que los lineamientos
sobre cómo se debe realizar la consulta previa, entre los
cuales se encuentran: i) la consulta a los pueblos indígenas
debe realizarse a través de procedimientos apropiados,
de buena fe, y a través de sus instituciones representativas;
ii) los pueblos involucrados deben tener la oportunidad
de participar libremente en todos los niveles en la
formulación, implementación y evaluación de medidas y
programas que les conciernen directamente; y iii) uno de los
componentes importantes del concepto de consulta es el
de representatividad. Si no se desarrolla un proceso de
consulta apropiado con las instituciones u organizaciones
verdaderamente representativas de esos pueblos, entonces
las consultas no cumplirían con los requisitos del Convenio.

40. En este orden, el derecho a la consulta previa
impide que la sociedad mayoritaria adopte decisiones

Corte Constitucional, Sentencia T – 766 de 16 de diciembre de 2015, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
25

Martelo, Referencia: expediente T-4.327.004.

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que tienen incidencia en la existencia y desarrollo de
las comunidades étnicas, sin contar con su
participación, y con ello se garantiza que estos grupos
definan, en forma libre y autónoma, las medidas más
convenientes para su supervivencia y para su
desarrollo económico, social y cultural. También se
logra que participen en la formulación, aplicación y
evaluación de los planes y programas de desarrollo
nacional y regional que puedan afectarlos
directamente26.

41. Sobre el particular, se advierte que, en los términos
planteados por la Corte Constitucional, en la sentencia T –
550 de 26 de agosto de 2015, “[…] el criterio más
relevante para determinar si un pueblo o individuo
puede ser considerado indígena o tribal es el de auto
identificación. Como colectividades humanas, los pueblos
indígenas y tribales tienen una trayectoria social propia que
se adapta a los cambios históricos y se reconfigura
continuamente y que los derechos concedidos a las
colectividades étnicamente diferenciadas no se pierden por el
hecho de que algunos de sus integrantes vivan con menos
apego que otros a sus tradiciones culturales […]”.27
(Destacado fuera de texto).

42. De igual forma, la sentencia de unificación SU – 123 de
15 de noviembre de 201828 proferida por la Corte
Constitucional resaltó que “[…] (i) el objetivo de la consulta
previa es intentar lograr en forma genuina y por un diálogo
intercultural el consentimiento con las comunidades indígenas
y tribales sobre las medidas que las afecten; (ii) el principio
de buena fe debe guiar la actuación de las partes; (iii) por
medio de la consulta se debe asegurar una
participación activa y efectiva de los pueblos
interesados; (iv) la consulta debe ser un proceso
intercultural de diálogo en el que el Estado debe
entonces tomar las medidas necesarias para reducir las
desigualdades fácticas de poder que puedan tener los
pueblos étnicos; (v) en este diálogo intercultural ni el
pueblo tiene un derecho de veto ni el Estado un poder

26
Artículo 7 del Convenio 169 de la OIT.
27
Asimismo, la Corte sostuvo que respecto de los grupos tribales “Es la conciencia de la identidad
colectiva la que se considera fundamental para identificar a los destinatarios de las disposiciones del
Convenio”.
28
Corte Constitucional, Sentencia SU – 123 de 15 de noviembre de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos y
Rodrigo Uprimny Yepes, Referencia: Expediente No. T- 4.926.682.

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arbitrario de imposición de la medida prevista; (vi) la consulta
debe ser flexible, es decir, adaptarse a las necesidades de
cada asunto; (vii) la consulta debe ser informada, esto es
dispensar a los pueblos indígenas y tribales la información
suficiente para que ellos emitan su criterio; (viii) la consulta
debe respetar la diversidad étnica y cultural lo que permitirá
encontrar mecanismos de satisfacción para ambas partes […]”
(Destacado fuera de texto).

Asimismo, frente al presupuesto clave para la activación del deber de

consulta previa, la citada sentencia consideró que esta procede

cuando existe evidencia razonable de que una medida es

susceptible de afectar directamente a un pueblo indígena o a

una comunidad afrodescendiente, sobre las condiciones

sociales, económicas, ambientales o culturales que

constituyen la base de la cohesión social de una determinada

comunidad étnica, de la siguiente manera:

“[…] 7.1. Para determinar qué debe consultarse a las
comunidades étnicas la jurisprudencia constitucional ha
indicado29, de conformidad con el Convenio 169 de la OIT y
con los desarrollos del derecho internacional, que deben
consultarse las medidas legislativas o administrativas que
tengan la susceptibilidad de impactar directamente a los
pueblos étnicos. El presupuesto clave para la activación
del deber de consulta previa es entonces que una
determinada medida sea susceptible de afectar
directamente a un pueblo étnico. Por economía de
lenguaje suele hablarse del concepto de “afectación
directa”30, que si bien es un concepto indeterminado, no
significa que carezca de contenido, pues ha sido delimitado

29
Cita del texto original: “Corte Constitucional Sentencia T-236 de 2017. Pueden además consultarse las
decisiones SU-383 de 2003, C-030 de 2008, C-075 de 2009, C-175 de 2009, T-661 de 2015, T-226 de
2016, T-080 de 2017 y SU-217 de 2017”.
30
Cita del texto original: “Corte Constitucional Sentencia SU-217 de 2017”.

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por el Convenio 169 de la OIT, por la legislación interna, y por
la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Corte IDH.

7.2. La jurisprudencia constitucional, en armonía con el
derecho internacional, ha definido la afectación directa
como el impacto positivo31 o negativo32 que puede
tener una medida sobre las condiciones sociales,
económicas, ambientales o culturales que constituyen
la base de la cohesión social de una determinada
comunidad étnica33. Procede entonces la consulta
previa cuando existe evidencia razonable de que una
medida es susceptible de afectar directamente a un
pueblo indígena o a una comunidad afro descendiente.

7.3. La Corte ha explicado que, entre otros, existe
afectación directa a las minorías étnicas cuando: (i) se
perturban las estructuras sociales, espirituales, culturales, en
salud y ocupacionales34; (ii) existe un impacto sobre las
fuentes de sustento ubicadas dentro del territorio de la
minoría étnica35; (iii) se imposibilita realizar los oficios de los
que se deriva el sustento36 y (iv) se produce un
reasentamiento de la comunidad en otro lugar distinto a su
territorio37. Igualmente, según la jurisprudencia, la consulta
previa también procede (v) cuando una política, plan o
proyecto recaiga sobre cualquiera de los derechos de los
pueblos indígenas o tribales; (vi) cuando la medida se oriente
a desarrollar el Convenio 169 de la OIT; (vii) asimismo si se
imponen cargas o atribuyen beneficios a una comunidad, de
tal manera que modifiquen su situación o posición jurídica;
(viii) o por la interferencia en los elementos definitorios de la
identidad o cultura del pueblo concernido […]”.38 (Resaltado
por la Sala) […]” (Destacado fuera de texto).

31
Cita del texto original: “Un ejemplo del impacto positivo de una afectación directa se estudió en la
sentencia T-201 de 2017 en el que se demandó la procedencia de la consulta previa para la ejecución de
los programas de alimentación en el Consejo comunitario de negritudes Julio Cesar Altamar”.
32
Cita del texto original: “Dentro de los casos de afectación directa por un impacto negativo se puede
citar, entre otras, la sentencia T-704 de 2016 que estudió la procedencia de la consulta previa en el caso
del pueblo Media Luna Dos por la ampliación del puerto de la empresa Cerrejón”.
33
Cita del texto original: “Corte Constitucional. Sentencias T 733/2017, T 236/2017, T 080/2017, SU
217/2017”.
34
Cita del texto original: “Sentencia T-1045A de 2010, T-256 de 2015 y SU-133 de 2017”.
35
Cita del texto original: “Sentencia T-733 de 2017”.
36
Cita del texto original: “Sentencia T-1045A de 2010”.
37
Cita del texto original: “Sentencia T-256 de 2015”.
38
Corte Constitucional, sentencia SU-123 de 15 de noviembre de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos y
Rodrigo Uprimny Yepes.

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38

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Y en lo concerniente a la posición de esta Sala, en torno a la

consulta previa y las medidas administrativas susceptibles de

afectar directamente a las comunidades indígenas, la sentencia

de 26 de septiembre de 201939 puntualizó, con fundamento en la

sentencia C-175 de 2009 de la Corte Constitucional, que el derecho

de consulta previa resulta exigible cuandoquiera que las medidas

administrativas o legislativas a adoptarse afecten directamente a las

comunidades indígenas, esto es, cuando inciden razonable y

objetivamente en la definición de identidad étnica de dicha

población, en los siguientes términos:

“[…] En este sentido, en el análisis que de este mecanismo de
concertación efectuó esta Sala en la pluricitada providencia de
2 de diciembre de 201040, quedó fijada su posición en torno a
la consulta previa, el que ahora se prohíja así:

“[…] En primer lugar, la Sala advierte que pese a que la
sentencia antes citada hace referencia únicamente a las
medidas legislativas, guardando silencio acerca de las
medidas administrativas susceptibles de afectar
directamente a los comunidades indígenas, lo dicho
sobre las primeras resulta plenamente aplicable a las
segundas, más aún porque tratándose de proyectos de
ley el criterio de interpretación del derecho de consulta
previa a los pueblos indígenas, es indudablemente más
estricto que aquel que pudiera aplicarse respecto de las
medidas administrativas, dadas las notorias diferencias
de alcance y fuerza vinculante entre una y otra.

39
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de
septiembre de 2019, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación11001-03-24-000-2005-
00380-00.
40
Cit., sentencia de 2 de diciembre de 2010, número único de radicado 11001-03-24-000-2004-00214-
00, Consejera ponente María Claudia Rojas Lasso.

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Ahora bien, según se desprende de la sentencia C-175 de
2009, el derecho de consulta previa resulta exigible
cuando quiera que las medidas legislativas o
administrativas a adoptarse afecten directamente a las
comunidades indígenas, esto es, cuando inciden
razonable y objetivamente en la definición de identidad
étnica de dicha población. La Corte Constitucional, incluso,
advierte que no puede alegarse la violación de tal derecho en
aquellos casos en los que la medida a adoptarse “(…) no
pueda predicarse de forma particular a los pueblos indígenas
y tribales”. […]” (Destacado fuera de texto).

En efecto, la Corte Constitucional en sentencia C-175 de 200941,

señaló que para acreditar la exigencia de la consulta previa, debe

determinarse si la materia de la medida legislativa o administrativa

tiene un vínculo necesario con la definición del ethos o de la identidad

étnica de las comunidades indígenas y afrodescendientes, así:

“[…] La consulta previa es un derecho fundamental de las
comunidades indígenas y afrodescendientes, reconocido y
protegido por el ordenamiento constitucional y, en
consecuencia, exigible judicialmente. Este derecho está
estrechamente relacionado con la salvaguarda de la
identidad diferenciada de estas comunidades,
presupuesto para el cumplimiento del mandato superior
de reconocimiento y protección de la diversidad étnica
y cultural de la Nación. La consulta previa, en tal
sentido, es un instrumento jurídico imprescindible para
evitar la afectación irreversible de las prácticas
tradicionales de las comunidades diferenciadas, que
constituyen sus modos particulares de sobrevivencia
como comunidades diferenciadas.

Sobre el particular, la Corte ha insistido en que “el derecho
fundamental a la subsistencia de los grupos étnicos se puede
ver drásticamente afectado por los cambios abruptos, de

41
Corte Constitucional, sentencia C-175 de 18 de marzo de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

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índole social, cultural y medioambiental, inducidos por la
realización de proyectos en territorios indígenas que no han
sido debidamente consultados y sobre cuyas condiciones no
se ha llegado a un acuerdo con las comunidades directa y
específicamente afectadas.
[…]

En armonía con estas consideraciones, el deber de
consulta previa respecto de medidas legislativas,
resulta jurídicamente exigible cuando las mismas
afecten directamente a las comunidades indígenas y
afrodescendientes. Ello sucede cuando la materia del
proyecto está relacionada con aspectos que tienen una
vinculación intrínseca con la definición de la identidad
étnica de dichos grupos. Por ende, no existirá deber de
consulta cuando la medida legislativa no pueda predicarse de
forma particular a los pueblos indígenas y tribales y, a su vez,
el asunto regulado no tenga relación con aspectos que,
razonable y objetivamente, conformen la identidad de la
comunidad diferenciada.

Así, de acuerdo con el precedente constitucional
estudiado en esta sentencia, para acreditar la exigencia
de la consulta previa, debe determinarse si la materia
de la medida legislativa tiene un vínculo necesario con
la definición del ethos de las comunidades indígenas y
afrodescendientes. En otras palabras, el deber
gubernamental consiste en identificar si los proyectos de
legislación que pondrá a consideración del Congreso contienen
aspectos que inciden directamente en la definición de la
identidad de las citadas indígenas y, por ende, su previa
discusión se inscribe dentro del mandato de protección de la
diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana. Como
se señaló en la sentencia C-030/08, uno de los parámetros
para identificar las medidas legislativas susceptibles de
consulta es su relación con las materias reguladas por el
Convenio 169 de la OIT […]”42 (Destacado fuera de texto).

42
Corte Constitucional, sentencia C-175 de 18 de marzo de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

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41

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Por su parte, la Corte Constitucional, en sentencia T- 376 de 18 de

mayo de 201243, precisó que la consulta procede frente a medidas

de cualquier índole, de carácter legislativo o administrativo,

incluyendo normas, programas, proyectos o políticas públicas que

afecten directamente a las comunidades originarias o

afrodescendientes, en los siguientes términos:

“[…] 16. La posición sostenida por la Sala Plena de la Corte
Constitucional es coincidente con los artículos 6º del Convenio
169 de la OIT y 19 de la Declaración de las Naciones Unidas
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, de acuerdo con
los cuales la consulta procede frente a cualquier medida
de carácter legislativo o administrativo que las afecte.
Además, resulta relevante indicar que las normas del DIDH
plantean el contenido mínimo de protección, razón por la cual
la jurisprudencia colombiana ha ampliado el alcance de
la obligación, al plantear que la consulta procede frente
a medidas de cualquier índole, incluyendo normas,
programas, proyectos o políticas públicas que afecten
directamente a las comunidades originarias o
afrodescendientes.

17. En síntesis, el ámbito material de aplicación de la consulta
no se ciñe a supuestos hipotéticos concretos. Los eventos
explícitamente mencionados en la Constitución Política y los
documentos relevantes del DIDH deben considerarse
especialmente relevantes, pero no agotan la obligación
estatal. […]” (Destacado fuera de texto).

Asimismo, en la citada sentencia T- 376 de 2012, la Corte

determinó los siguientes estándares de la afectación directa objeto

de consulta previa:

43
Corte Constitucional, sentencia T-376 de 18 de mayo de 2009, M.P. María Victoria Calle Correa

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“[…] 22. De la exposición realizada hasta este punto se
desprenden entonces diversos estándares para la
determinación de la afectación directa. (i) De los fallos de
revisión de tutela y unificación reiterados en el acápite
precedente, se desprende que la afectación directa hace
alusión a la intervención que una medida (política, plan o
proyecto) determinada presenta sobre cualquiera de los
derechos de los pueblos indígenas; a su turno, las sentencias
de constitucionalidad recién reiteradas plantean como
supuestos de afectación directa, (ii) el hecho de que la
medida se orienta a desarrollar el Convenio 169 de la OIT, y
(iii) la imposición de cargas o atribución de beneficios a una
comunidad, de tal manera que modifique su situación o
posición jurídica. Finalmente, (iv) el Relator de las Naciones
Unidas sobre la situación de derechos de los indígenas plantea
que la afectación directa consiste en una incidencia diferencial
de la medida frente a los pueblos indígenas y en comparación
con el resto de la población. […]”.

En cuanto a la referida sentencia T- 376 de 2012, debe destacarse

que la misma resolvió, de manera concreta, un caso similar al bajo

estudio, en el que la accionante promovió acción de tutela, por

cuanto consideró que la DIMAR desconoció el derecho fundamental

de la comunidad negra a la que pertenecía, al no agotar el trámite de

consulta previa, en la concesión entregada a Inversiones Talamare

S.C.A. sobre el área de playa de Cielo Mar, en el corregimiento de La

Boquilla.

En dicha oportunidad, la Corte consideró:

“[…] Análisis de fondo del segundo problema jurídico.
La Dimar desconoció el derecho fundamental a la
consulta previa de la comunidad negra de La Boquilla.
La concesión otorgada sobre el sector de playa de Cielo
Mar afecta directamente a la comunidad negra

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accionante.

70. Contexto cultural y etnográfico. La comunidad negra de La
Boquilla.

[…] todos los grupos humanos, es decir, la comunidad
mayoritaria, los pueblos indígenas, las comunidades
afrodescendientes, raizales y población rom conviven bajo el
mismo orden constitucional y son titulares de iguales
derechos. Esas premisas generan una paradoja normativa
entre igualdad y diversidad, varias veces destacada por la
Corte Constitucional. La paradoja sin embargo no debe
eliminarse; el reto para el intérprete es asegurar el respeto
por cada uno de sus extremos. Para hacerlo, es preciso un
acercamiento, caso a caso, a cada una de las culturas. Sus
puntos de vista sobre cada asunto, su forma de vida, sus
prioridades pueden incidir en el balance constitucional
adecuado frente a cada problema jurídico. Por ese motivo, la
Corte suele acudir a conceptos etnográficos, antropológicos y
toma siempre en cuenta, como razones de primer orden para
su decisión, la intervención de las comunidades concernidas.

La Sala presenta a continuación algunas consideraciones
etnográficas sobre la Comunidad Negra de La Boquilla, que
servirán de contexto para el análisis constitucional sobre la
decisión de la Dimar, objeto de controversia.44

70.2. Recientemente, el Incoder expidió la resolución 0467 de
2012, por la cual se reconoce el título colectivo a la
Comunidad de La Boquilla45. En el acápite del acto
administrativo referente a los datos etnográficos, tomando
como fuente la tradición oral de la propia comunidad, se
explica su proceso histórico, las trasformaciones que han
tenido lugar en su seno, y la forma en que el entorno ha
incidido en su forma de vida. A continuación, se presenta una

44
De similar manera ha actuado la Corte en un amplio conjunto de casos. Ver, por ejemplo, las
sentencias T-903 de 2009, en la que se destacó la situación del pueblo kankuamo, como marco de
decisión, de un conflicto jurídico entre dos comuneros, en relación con la sucesión de una mejora. Las
sentencias T-244 de 2011 y T-348 de 2011 (ambas con ponencia del magistrado Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub), sobre la situación de comunidades de pescadores afectadas por decisiones asociadas al uso del
espacio público), La sentencia T-1253 de 2008 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), sobre la división de
dos comunidades de la etnia coyaima-natagaima en el Tolima. La situación de división dentro del pueblo
tutelante llevó a la Corte a privilegiar los medios propios de solución de conflicto, sobre una intervención
del juez constitucional.
45
Por la cual se adjudican en calidad de “Tierras de las Comunidades Negras” los terrenos baldíos rurales
ocupados colectivamente por las Comunidades Negras integradas en el Consejo Comunitario de la
Comunidad Negra del Gobierno Rural de La Boquilla, correspondiente a la Localidad de la Virgen y
Turística del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, departamento de Bolívar.

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síntesis de esa información, acompañada de las conclusiones
extraídas en recientes estudios antropológicos sobre La
Boquilla y la situación de sus pobladores, ‘los boquilleros’.

“La tradición oral del pueblo de mar de La Boquilla, reconoce
tres momentos históricos: el primero comienza entre finales
del siglo XVII y principios del XIX, cuando los pueblos en
principio esclavos, inician un proceso de adaptación a las
actividades pesqueras en la Ciénaga de la Virgen que
definirían su condición y vocación económica. […] para
entender la transición, rupturas o continuidades poblacionales
entre el cimarrón y [los] esclavos que venían a la Ciénaga a
pescar Mojarras, Lebranches y Róbalos para satisfacer el
paladar de los amos en casas señoriales aledañas […] Ambos
grupos tomaron presencia activa como fundadores de lo que
ahora es La Boquilla. Esta memoria, además soporta y
legitima la condición homogénea […] de ser comunidades
negras, a pesar de los orígenes heterogéneos en la pasada
condición de libertad personal.
[…]

El segundo momento es durante el siglo XIX, cuando […]
empiezan a llegar nuevas familias […] estos nuevos
habitantes sólo llegan a jornadas de pesca por temporadas
[…] En la transición entre el siglo XIX al XX, ocurre lo que los
Boquilleros reconocemos como la prosperidad económica
[ligada a la construcción del Canal de Panamá], que
igualmente permite una transición en nuestras ocupaciones
económicas, generando capital de inversión para algunos
trabajadores migrantes. La comercialización de productos
pesqueros, especialmente por mujeres y la incursión en la
ganadería fueron los principales renglones económicos para
estos Boquilleros inversionistas.
[…]

En esta época también se consolidan prácticas culturales que
son reflejo hasta cierto punto de las condiciones materiales en
La Boquilla; así, la inexistencia de centros de salud,
educación, agua potable o energía eléctrica promueve la
autogestión hacia el curanderismo y la profesión de partera
[…] La ausencia de escuelas oficiales promueve los banquitos,
primera escuela gestionada por la señora Isabel Ariza
Castillo46.

46
También surgen métodos autóctonos de aprovisionamiento de agua, [como] las Casimbas, cavando en
la arena e introduciendo medio tanque de hierro de doce latas para impedir que se derrumbaran las

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El tercer momento [… va] desde la década de 1920 hasta la
década de los 60, [y está] marcado por el inicio de conflictos
alrededor de la tenencia de la tierra. Cuando arriban en 1920
a La Boquilla tres extranjeros de distintas nacionalidades (un
español, un jamaiquino y un inglés), introducen nuevas
técnicas para la pesca en la Ciénaga de la Virgen. Es así,
mediante el trolling y el arrastre, se logra transformar el arte
de la pesca impulsando aumento en la producción y
excedente económico para los Boquilleros. Asociado a esto,
está la consolidación de roles de género […] donde los
hombres pescan y las mujeres son las encargadas de hallar
nuevas formas de procesar y comerciar el producto […] en la
ciudad de Cartagena.
[…]

Un último período reciente, comienza –y no ha concluido- en
1991, cuando nuevas oleadas de migración del interior del
país, combinados con la necesidad de expandir el espacio
para las viviendas, exacerban conflictos explícitos entre la
autoridad ambiental, los intereses privados, y algunas
instituciones del Gobierno. || Es año en que algunos
habitantes realizan tomas activas de tierras reservadas que
ellos consideraron siempre como legítimamente suyas; […] La
combinación entre factores como la ausencia de regulación
política para el desarrollo apropiado de los Boquilleros, la
demanda de espacios de expansión económica generando
competencia desigual entre intereses privados turísticos y
habitantes, la preocupación por la degradación ecológica,
crean conflictos por la forma de propiedad acordes con el
territorio, es decir, con las bocas conectando ciénaga y mar.
|| La diversidad de los actores con capacidad económica y
poder político desiguales, sugieren converger sobre planes
dialogados desde el territorio, tomando en cuenta la forma y
ciclos hídricos, para adaptar la forma de propiedad donde el
beneficio de uno no signifique el perjuicio del otro.”

orillas de la arena [de donde brotaba el agua, o] recolectando agua lluvia en los alares de las casas. Para
el alumbrado doméstico, primero fueron confeccionadas mechas de tela sumergidas en manteca de
cerdo luego […] aparecen unos recipientes de latón funcionando con petróleo o gas y que dependiendo
de su capacidad se les llamaba mechones para más de un ligero y guarichas, los más pequeños. [Por]
estos tipos peculiares de iluminación nocturna, se precia el Boquillero de explicar su extraordinaria
agudeza visual.

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70.3. En similar sentido, en reciente investigación sobre la
situación actual de la Comunidad de La Boquilla, se aportan
los siguientes elementos de análisis:

“Los boquilleros emplean múltiples estrategias que se
complementan entre sí, para lograr su subsistencia en medio
de la escasez. Estas estrategias son tradicionales como la
pesca y su comercialización, y recientes como las actividades
vinculadas a la economía informal del turismo y los oficios
poco calificados que realizan en Cartagena como albañiles,
vigilantes y empleadas domésticas. De esta manera, las
diferentes actividades que realizan los boquilleros son
diversas formas de usar y apropiar los mismos lugares. […]

[L]os boquilleros reafirman su relación con su territorio,
demarcándolo y apropiándolo en el ámbito simbólico,
mediante prácticas como las Fiestas del Pescador, las cuales
se celebran durante la última semana de junio, cuando tiene
lugar el solsticio de verano. Como parte de estas
celebraciones se realizan varias actividades como la procesión
de San Juan Bautista, patrono de los pescadores, que recorre
toda la población, un fandango y un desfile de carrozas por la
playa, una regata en el mar, y un concurso de belleza en el
cual cada sector, el de arriba, el de abajo y el del medio
tienen su representante. Todas estas actividades se dan en
lugares que son importantes dentro de la vida de la población,
como sus calles, la playa, y el mar. || Por otra parte, las
Fiestas del Pescador son muy importantes para sus
habitantes, porque en ellas se reafirman las relaciones entre
los miembros de la comunidad y el territorio, pues, es un
evento en el cual manifiestan con mayor claridad su identidad
como boquilleros. (Streicker, 1997: 117).
[…]

La Boquilla es un territorio estratégico […] porque varios
actores sociales han construido y transformado el espacio y el
paisaje mediante sus conocimientos, prácticas, usos y
representaciones. La valorización que se ha dado en la zona
en las dos últimas décadas ha ocasionado que sea estratégica
desde diferentes puntos de vista para cada uno de los
actores. Para los boquilleros, es la garantía de una vida
digna y de seguir existiendo como comunidad; para los
empresarios es una zona de potencial desarrollo
turístico y urbano; y para las instituciones locales, es
un ecosistema que debe ser conservado para beneficio
de todos los ciudadanos. || [L]os boquilleros consideran
que su ocupación y aprovechamiento de los recursos es

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legítima porque son nativos –personas nacidas en La Boquilla
y que pertenecen a una de las familias extensas– […] Las
autoridades distritales [parten de] la designación de las
playas y los terrenos de bajamar como bienes […] de uso
público [y] la definición del ecosistema de manglar de la
Ciénaga de la Virgen, como un ecosistema de gran
importancia ecológica […] [L]a población de La Boquilla se
encuentra actualmente en una estrecha franja de tierra [que]
limita por el norte con la Hacienda Los Morros (propiedad
privada). Por el oriente [con] la Ciénaga de la Virgen […] por
el sur (con) el Hotel Las Américas Resort […] conjuntos
residenciales, casas de veraneo y el restaurante Don Blas del
Teso. Al sur […] está la Bocana Estabilizadora, un canal
artificial construido para disminuir la contaminación de la
Ciénaga de la Virgen, el Aeropuerto Internacional Rafael
Núñez, y por último el barrio residencial de Crespo. Por el
occidente se encuentra el Mar Caribe y sus amplias playas.”47

70.4. A partir de lo expuesto, puede sostenerse que la
comunidad de La Boquilla refleja una cultura, modos de
producción y organización social propios, construidos
en un proceso histórico que los ha definido como grupo
culturalmente diverso. Esa cultura tradicionalmente ha

47
Cfr. Rodeados por las murallas. Ángela Buitrago, en Revista Memorias. Universidad del Norte.
Barranquilla. Número 5, Año 3. (Investigación realizada entre los años 2003 y 2005). La investigadora
María Aurea de Oliveira a su turno plantea: “El corregimiento de La Boquilla tiene poblamiento raizal de
pescadores asentados en zona histórica y turística; en consecuencia, por su condición de Paisaje Cultural
Pesquero merece constituirse en Parque Natural por su privilegiada ubicación entre la ciénaga de la
Virgen y el mar Caribe. || Es menester abordar el problema de la permanencia en las zonas. Al subir la
estratificación con el aumento de los impuestos y el alza de los servicios públicos, sus legítimos
pobladores o moradores se ven obligados a abandonar su cultura ancestral, lo que se traduce en
abandono de sus tierras y costumbres. Los nuevos habitantes, no raizales, generalmente ya son
poseedores de varios inmuebles. A muy bajo precio adquieren propiedades en estas zonas turísticas,
afectando a familias enteras de pescadores […] Hace falta una visión clara de para dónde queremos que
se mueva el Caribe colombiano, y esta visión debe ser compartida por los principales agentes del poder:
la Alcaldía de Cartagena, la Corporación Turismo Cartagena, la comunidad, la prensa, los particulares y
los inversionistas. La ausencia de consenso entre los intereses de las clases altas y bajas y entre el
sector dirigente y las comunidades nativas sobre el manejo de la economía y la inversión social para
equilibrar la iniquidad (…) puede generar situaciones de conflicto, alto desgaste y pérdida económica
para todos los interesados (…) Los empresarios y técnicos del sector hotelero deben asociarse y aliarse
con las comunidades operadoras turísticas en la formulación de políticas y diseño de micro y
megaproyectos, estableciendo sinergias que propicien el crecimiento del producto interno bruto del país
para beneficio de los sectores interesados y de la población en general. El centro y la razón de ser del
turismo étnico y cultural deben ser favorecer la consolidación y el fortalecimiento del patrimonio
humano, de los recursos naturales y se su inclusión en la repartición de los dividendos de la
macroeconomía.” Comunidad de La Boquilla: lo patrimonial en el escenario global, en “Afro-
reparaciones: memorias de la esclavitud y justicia reparativa para negros, afrocolombianos y raizales.
Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias Humanas, Centro de Estudios Sociales, Bogotá,
2007.

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girado en torno a la pesca, aunque los boquilleros en el
transcurso de la historia han incursionado en otras
actividades en atención a la modificación de su entorno,
lo que a su vez ha incidido en su organización social.
[…]

70.5. Desde el punto de vista geográfico, la Comunidad Negra
de La Boquilla, se encuentra entre la ciénaga de La Virgen, el
mar Caribe y los complejos turísticos y habitacionales que
actualmente se construyen en el lugar. Según se desprende
de la información etnográfica recién presentada, la calificación
de las playas como bienes de uso público (acompañada de la
efectiva entrega de concesiones para su uso), y la
caracterización de la ciénaga de la Virgen como espacio de
biodiversidad sujeto a estrictas regulaciones ambientales, han
llevado a la comunidad a una suerte de encerramiento natural
y jurídico (incluso producido por normas de rango legal y
constitucional) que se convierte en una barrera de acceso a
los medios tradicionales de subsistencia del grupo y amenaza,
aun en el corto plazo, el mínimo vital de sus miembros y las
condiciones de subsistencia material del grupo.

El desarrollo del sector a través del turismo y la
construcción, acompañado del cierre de los espacios
usualmente utilizados por la Comunidad en virtud de
los elementos enunciados, permite apreciar cómo los
boquilleros se ubican en una situación de debilidad
económica y exclusión social. En otros términos, el
desarrollo del corregimiento de La Boquilla al margen
de las actividades tradicionales de los boquilleros
genera una amenaza seria para el mínimo vital de sus
miembros y, en términos colectivos, para la
subsistencia material de la comunidad.
[…]

Ese tipo de movilidad laboral, aunque permitida por la
Constitución Política, en virtud del libre desarrollo de la
personalidad, la libertad contractual y la libertad de escoger
profesión y oficio, representa sin embargo un costo
importante para la forma de vida de la comunidad
negra de La Boquilla, en la medida en que su cultura
gira en torno a la pesca realizada en los sectores
adyacentes a su territorio. El abandono de espacios
comunes de trabajo, con significados espirituales,
religiosos y culturales, afecta a su vez la cohesión de
los boquilleros como grupo humano que defiende su
diversidad.

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72. Los hechos recién mencionados ilustran entonces cómo el
destino del corregimiento de La Boquilla avanza por un
camino distinto al de la comunidad afrodescendiente del
mismo nombre, a pesar de que los principios de
pluralismo, participación, igualdad material y
diversidad étnica y cultural deberían orientar las
actuaciones públicas a convertirla en actor protagónico
en la construcción del mismo. Esa premisa guiará el
análisis del caso concreto.

Sin embargo, antes de adelantar la respuesta constitucional al
problema jurídico propuesto, es necesario despejar algunos
aspectos que fueron objeto de discusión en las instancias,
como la existencia de la Comunidad Negra de La Boquilla y la
supuesta apropiación de un bien de uso público, argumentada
por las accionadas.

73. La comunidad negra de La Boquilla existe, y
también existía plena prueba de ello, por lo menos,
desde el año 2004. Es un contrasentido afirmar que un
reconocimiento del Estado crea o constituye
comunidades originarias que materialmente han
habitado su territorio.

73.1. En el trámite de las instancias surgió una controversia
sobre la existencia de la comunidad negra de La Boquilla. Esa
controversia se cifró en determinar si había sido reconocida
antes o después de iniciado el trámite de concesión. Al
respecto, es oportuno recordar que la existencia de una
comunidad negra o indígena depende de la presencia
de un grupo social que evidencia factores objetivos
constitutivos de una cultura diversa y, muy
especialmente, de su conciencia como grupo
étnicamente diferenciado.48

73.2. El reconocimiento estatal solamente contribuye a
facilitar un medio de prueba sobre su existencia y, por
lo tanto, a propiciar el acceso del grupo a los beneficios
derivados de su condición, así como a los mecanismos
de defensa de sus derechos fundamentales, pero no es
un hecho constitutivo del derecho a la identidad
cultural. La ausencia de reconocimiento o la imposición de

48
Al respecto, ver el artículo 1º del Convenio 169 de 1989 de la OIT, así como la sentencia T-282 de
2011. (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).

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trámites ineficaces o ineficientes para lograrlo, en cambio,
comportan serias violaciones de sus derechos fundamentales.
En otras palabras, como la existencia de una
comunidad indígena es una cuestión material y
puramente fáctica, puede probarse por cualquier medio
que resulte adecuado para forjar la convicción del juez,
en virtud del principio de libertad probatoria, el cual
adquiere mayor fuerza en sede de tutela, debido a la
informalidad de la acción y la prevalencia del derecho
sustancial.

73.3. En síntesis, cabe resaltar que (i) la existencia de
una comunidad indígena o afrodescendiente no
depende de un acto expreso de las autoridades públicas
sino (ii) de los hechos constitutivos de la diversidad
cultural y el auto reconocimiento del grupo. Sin
embargo, (iii) el reconocimiento oficial facilita la
prueba de la existencia de la comunidad ante la
administración y la jurisdicción y, por lo tanto, el
acceso a los servicios del Estado y la protección de los
derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes.

Con todo, (iv) observa la Sala que, en el caso concreto, la
Alcaldía de Cartagena había inscrito los Consejos
Comunitarios de la Comunidad Negra de La Boquilla49
aproximadamente cuatro años antes de la expedición de la
Resolución 0497 de 2009 (Dimar)50, lo que cerraba cualquier
eventual discusión sobre su existencia y dará lugar a una
orden de prevención dirigida a la Alcaldía Distrital de
Cartagena, sobre su deber de acreditar la existencia de
comunidades de las cuales tenga conocimiento sin que ello
dependa de un acto formal del Distrito o del nivel central.
[…]

76. Naturaleza de la medida adoptada por la Dimar.

En el orden jurídico colombiano, las playas son bienes de uso
público y hacen parte del espacio público. Las características
del espacio público, desde el punto de vista constitucional, se
concretan en (i) su afectación al interés general y (ii) su
utilización en beneficio de la comunidad. Esos elementos
operan como objetivos constitucionales a los que deben

49
Cfr- Folios 73 a 75.
50
Por la cual se otorga una concesión a la sociedad Inversiones Talamare & Cía. S.C.A., en jurisdicción
de la Capitanía de Puerto de Cartagena.

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ceñirse las autoridades al definir las políticas públicas, o
adoptar medidas específicas sobre el manejo del espacio
público, incluidas las concesiones otorgadas a particulares
para su uso y aprovechamiento.51

En el caso de las concesiones sobre las playas, su fundamento
normativo directo se encuentra en el Decreto Ley 2324 de
1984, “Por el cual se reorganiza la Dirección General Marítima
y Portuaria”, norma de carácter reglamentario que establece
esa función en cabeza de la Dirección Marítima. No
corresponde a la Sala pronunciarse sobre la validez de esa
norma (por su carácter reglamentario). Sin embargo, sí debe
advertirse que, al ejercer esa competencia, la Dirección
Marítima está obligada a respetar los fines
constitucionales previstos en el artículo 82 de la
Constitución Política para el espacio público (recién
recordados), y abstenerse de afectar de forma
irrazonable o desproporcionada los derechos de los
ciudadanos, especialmente, si se trata de grupos
vulnerables.

En el caso concreto, la concesión otorgada al Hotel Las
Américas Global Resort o a Talamare SCA para el uso
exclusivo de la playa del sector de Cielo Mar, corregimiento de
La Boquilla, se enmarca dentro de las políticas de desarrollo
de la ciudad encaminadas a solucionar problemas asociados
con la ocupación de las playas por comerciantes informales y,
en términos más amplios, como una decisión relacionada con
la promoción del turismo como prioridad de desarrollo del
distrito52.

Dentro de ese marco, la pregunta a resolver en esta
oportunidad es si la entrega de la concesión a
Inversiones Talamare SCA representa una afectación
directa para la comunidad negra de La Boquilla, grupo

51
Sobre la obligación de preservar los bienes de uso público para el uso de la colectividad, ver artículo
82 CP, y sentencias SU-360 de 1999 y T-331 de 2011.
52
Al respecto, en relación con la gestión del espacio público, se expresó en el Plan de Desarrollo 2008-
2011, atículo 4º: “Este programa pretende garantizar la preservación del espacio público libre de
apropiaciones privadas, en condiciones físicas que permitan su disfrute y aseguren su accesibilidad para
todos y todas y con el equipamiento necesarios para su uso (…) Co este propósito de se deberá: a)
Adelantar las acciones necesarias para recuperar el espacio indebidamente ocupado por actividades
comerciales, vehículos estacionados en lugares prohibidos de conformidad con lo dispuesto por el Código
de Tránsito, cerramiento y obstáculos que impidan o dificulten la movilidad, publicidad exterior visual sin
autorización y otras maneras de ocupación indebida. || En los casos de recuperación de espacios
públicos ocupados por vendedores informales, garantizar a quienes gozan de confianza legítima que se
les ofrezca una alternativa para el ejercicio de su actividad o de otra de generación de ingresos (…) con
preferencia por la reconversión económica que facilite su inserción en la economía formal.

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cultural y étnicamente diverso, que alega tener interés
en el uso de la playa, tanto para la obtención de bienes
de subsistencia como para la realización de actividades
culturales y religiosas o espirituales y la prestación de
servicios turísticos. Para solucionarla, la Sala utilizará dos
herramientas planteadas en los fundamentos de la decisión:
con base en el concepto de afectación directa, analizará la
forma en que la medida incide en la vida de la
Comunidad de La Boquilla; con base en la aplicación de las
subreglas sobre el derecho general de participación, consulta
y consentimiento de las comunidades indígenas, determinará
el alcance de la decisión.

77. La concesión otorgada a Inversiones Talamare SCA es una
medida que afecta directamente a la Comunidad Negra de La
Boquilla.

Según se recordó en el fundamento 22 de esta decisión, los
estándares para valorar si una medida afecta directamente a
un grupo indígena son los siguientes: (i) la afectación directa
hace alusión a la intervención que una medida (política, plan
o proyecto) determinada presenta sobre cualquiera de los
derechos de los pueblos indígenas; (ii) el hecho de que la
medida se orienta a desarrollar el Convenio 169 de la OIT; el
análisis acerca de si la medida impone cargas o establece
beneficios para la comunidad, de tal manera que modifique su
situación o posición jurídica y (iv) la incidencia diferencial de
la medida frente a los pueblos indígenas, en comparación con
el resto de la población.

Durante el trámite de instancia, la Comunidad Negra de
La Boquilla planteó que la concesión afecta el mínimo
vital de los miembros que actualmente ejercen labores
turísticas y obstaculiza el ejercicio de las labores de
pesca tradicionales de la comunidad, para las cuales es
necesario el uso de la playa. La información etnográfica
ilustra que las playas del corregimiento también son
transitadas por la Comunidad en algunas de sus
celebraciones tradicionales.

En tanto la concesión otorgada a Inversiones Talamare
SCA de forma gratuita por la Dimar no prevé ninguna
medida para preservar esos concretos usos
tradicionales de la playa, o evitar que se produzca una
restricción desproporcionada en derechos
fundamentales de la Comunidad Negra de La Boquilla,
sin importar si se trata de actividades permanentes

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(como la pesca) o esporádicas (como las celebraciones
culturales aludidas), resulta claro que la concesión
produce una afectación directa en la comunidad: le
impone cargas, incide en la eficacia de sus derechos
fundamentales, y todo ello de una manera que puede
considerarse diferencial, en comparación con el resto
de la población.

La situación se asemeja a la planteada en el caso decidido por
sentencia T-348 de 2012: en esa oportunidad, la construcción
de un tramo de carretera en el sector de Crespo ocasionó la
afectación a la forma de vida de una comunidad de
pescadores que involucró el acceso a los lugares desde donde
se inicia la pesca, la afectación de la vida marítima y por lo
tanto, una amenaza para la seguridad alimentaria de la
comunidad y al ejercicio de labores asociadas a su modo de
producción, al derecho al trabajo y a la libertad de escoger
profesión u oficio.

En este asunto, al adoptar una decisión administrativa
sobre el espacio público, enmarcada dentro de la visión
de desarrollo del ente territorial, tal como la concesión
sobre el sector de playa de Cielo Mar entregada a
Inversiones Talamare SCA, se pasaron por alto los
intereses de una comunidad que posee una cultura
construida en torno a la pesca, y que viene utilizando
tradicionalmente la playa para el ejercicio de
actividades asociadas a sus tradiciones ancestrales,
como grupo afrocolombiano. Además, esa decisión
limita el acceso a recursos necesarios para la
subsistencia de la comunidad e implica una limitación
material sobre el ejercicio de los derechos al trabajo y a
la libertad de ejercer profesión u oficio.

Esa medida no cuenta con estudios de impacto
ambiental ni social sobre la comunidad (o bien, en caso
de que cuente con estos, no fueron puestos en
conocimiento de la comunidad afectada). Y, además de
lo expuesto, se adoptó sin asegurar la participación de
la comunidad para conocer su punto de vista sobre un
asunto propio del corregimiento que habita, en
contravía con lo expresado en los planes de desarrollo
del Distrito Turístico de Cartagena sobre la creación de
una comunidad incluyente, basada en la participación
de todos y, especialmente de los grupos vulnerables, y
que privilegia la protección de las comunidades negras
y afrodescendientes en sus estrategias de desarrollo.

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La omisión de garantías al derecho de participación de la
comunidad se traduce, además, en un obstáculo para la
articulación del concepto de desarrollo del grupo a las
políticas públicas del Distrito, en contra de las intenciones
plasmadas por los Estados en la Declaración de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, donde el
derecho al desarrollo de las comunidades, con respeto de sus
prioridades, constituye una preocupación central para ampliar
el rango de eficacia o el goce efectivo de los derechos de los
pueblos interesados.

En ese marco, la afectación directa se concreta de
diversas maneras: en primer término, debido a que la
concesión inconsulta sobre la playa creó una amenaza
cierta para el mínimo vital de algunos de sus miembros
(concretamente, los que vienen ejerciendo labores en
la playa) pero también para la comunidad, considerada
en su conjunto, debido a la presión que ejerció sobre el
ejercicio de la pesca, como modo de vida y forma de
producción esencial de los boquilleros.

En segundo término, debido a la creación de barreras
de acceso a lugares que guardan un significado cultural
y religioso para la comunidad. Sobre el particular, la Sala
observa que ninguna limitación se planteó en la concesión
para el aprovechamiento de la playa por parte de Inversiones
Talamare SCA destinada, por ejemplo, a garantizar que las
comunidades étnicas y culturalmente diversas no vean
restringidos sus derechos culturales asociados a las
celebraciones tradicionales que celebran en las playas del
sector, desconociendo así uno de los límites constitucionales
al ejercicio de la potestad de entrega de concesiones: la
preservación de los derechos fundamentales y los intereses
de los grupos interesados, más aún cuando son vulnerables y
han sido reconocidos como sujetos de especial protección
constitucional.

Y ello permite confirmar la importancia de la
participación, la consulta y el consentimiento (según el
caso) de las comunidades indígenas, como condición
para la protección de intereses de relevancia
constitucional en determinadas decisiones de las
autoridades públicas. Básicamente, porque sin
participación no es posible para las autoridades
conocer todos los aspectos relevantes para la toma de

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decisiones enfocadas en derechos y respetuosas de los
principios y valores constitucionales.

Finalmente, la afectación directa se concreta en la
exclusión de la comunidad en la implantación de
medidas destinadas al uso del espacio público y, lo que
resulta más preocupante desde el punto de vista
constitucional, la imposibilidad de defender sus
prioridades en la elección de su destino, en virtud del
principio de autodeterminación y el derecho de
autonomía, con la consecuente desarticulación de la
visión de las comunidades a la política pública del
tránsito, asociada al turismo y el manejo de las playas.

En ese marco, la Sala determinará el alcance de la protección.
[…]

En este evento, por el contrario, la parte tutelante es la
comunidad negra de La Boquilla, titular del derecho y se ha
demostrado la afectación directa. Por ello, el balance
constitucionalmente adecuado está representado por la regla
general de consulta, la cual deberá realizarse con base en los
pronunciamientos reiterados en esta oportunidad.

En ese orden de ideas, la Sala dejará sin efectos la Resolución
0497 de 2009, debido a que no se surtió el trámite de
consulta previa con la Comunidad Negra de La Boquilla. En
consecuencia, se ordenará a la Dimar que inicie un proceso de
concertación con las partes interesadas destinado a establecer
las condiciones de un trámite consultivo, a desarrollarse con
base en las reglas reiteradas en esta oportunidad.

Ahora bien, de acuerdo con las consideraciones previamente
realizadas, el proceso de consulta está destinado a establecer
el alcance de la concesión, entendida como un proyecto o
medida que hace parte de una política pública adelantada en
el Distrito Turístico de Cartagena, asegurando en todo
momento la participación de todos los interesados, pero muy
especialmente de las comunidades étnicas que mantienen un
contacto culturalmente significativo con el lugar, como ocurre
con la Comunidad Negra de la Boquilla, según la exposición
efectuada.

Por ese motivo, en caso de que se conceda una nueva
concesión por parte de la Dimar, esta deberá observar,
por lo menos, los siguientes límites constitucionales: (i)
la definición precisa del alcance y límites de la

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concesión; (ii) que no se altere la calidad de espacio
público de la playa ni se transgreda (jurídica o
materialmente) la prohibición de que las playas se
conviertan en propiedad privada; (iii) que se preserve
todo uso tradicional que la Comunidad de la Boquilla
efectúe sobre el sector de Cielo Mar; y (iv) que se
asegure el derecho al tránsito a favor de la colectividad.

Con el propósito de que el proceso de consulta se lleve a cabo
adecuadamente, la Sala solicitará a la Alcaldía de Cartagena,
la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior, la
Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo,
para que, en el marco de sus funciones, concurran a la
realización del procedimiento consultivo. […]”

De conformidad con la jurisprudencia antes transcrita, cuyas

consideraciones resultan aplicables para resolver el caso bajo estudio,

esto es, si la concesión otorgada por la DIMAR a un particular sobre

la playa marítima afectó directamente a la Comunidad Negra de La

Boquilla y, por ende, debía ser objeto de consulta previa, resulta

relevante tener en cuenta lo siguiente:

En primer lugar, la existencia de una comunidad indígena o

afrodescendiente no depende de un acto expreso de las autoridades

públicas, sino de los hechos constitutivos de la diversidad cultural y el

auto reconocimiento del grupo. Sin embargo, el reconocimiento oficial

facilita la prueba de la existencia de la comunidad ante la

administración y la jurisdicción y, por lo tanto, el acceso a los

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servicios del Estado y la protección de los derechos de los pueblos

indígenas y afrodescendientes.

En segundo lugar, en el caso de las concesiones sobre las playas, la

DIMAR, al ejercer esa competencia, está obligada a respetar los

fines constitucionales previstos en el artículo 82 de la Constitución

Política para el espacio público y abstenerse de afectar de forma

irrazonable o desproporcionada los derechos de los

ciudadanos, especialmente, si se trata de grupos vulnerables.

En tercer lugar, cuando una concesión otorgada por la DIMAR a un

particular no prevé ninguna medida para preservar usos tradicionales

de la playa, o para evitar que se produzca una restricción

desproporcionada en derechos fundamentales de la Comunidad Negra

de La Boquilla, sin importar si se trata de actividades permanentes

(como la pesca) o esporádicas (como las celebraciones culturales

aludidas), resulta claro que la concesión produce una

afectación directa en la comunidad: le impone cargas, incide en

la eficacia de sus derechos fundamentales, y todo ello de una manera

que puede considerarse diferencial, en comparación con el resto de la

población.

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Para la Corte, en la sentencia citada en precedencia, al adoptar una

decisión administrativa sobre el espacio público, enmarcada dentro de

la visión de desarrollo del ente territorial, (como la concesión sobre el

sector de playa de Cielo Mar entregada a un particular), se pasaron

por alto los intereses de una comunidad que posee una cultura

construida en torno a la pesca, y que viene utilizando

tradicionalmente la playa para el ejercicio de actividades asociadas a

sus tradiciones ancestrales, como grupo afrocolombiano. Además, esa

decisión limita el acceso a recursos necesarios para la subsistencia de

la comunidad e implica una limitación material sobre el ejercicio de

los derechos al trabajo y a la libertad de ejercer profesión u oficio.

Ello, en tanto dicha medida no cuenta con estudios de impacto

ambiental ni social sobre la comunidad; se adoptó sin asegurar la

participación de la comunidad para conocer su punto de vista sobre

un asunto propio del corregimiento que habita, en contravía con lo

expresado en los planes de desarrollo del Distrito Turístico de

Cartagena sobre la creación de una comunidad incluyente; es decir,

basada en la participación de todos, especialmente de los grupos

vulnerables, y que privilegia la protección de las comunidades negras

y afrodescendientes en sus estrategias de desarrollo.

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En cuarto lugar, la afectación directa a la Comunidad Negra de La

Boquilla, por la concesión entregada de una playa marítima por la

DIMAR a un particular, se concreta de diversas maneras:

En primer término, debido a que la concesión inconsulta sobre la

playa creó una amenaza cierta para el mínimo vital de algunos de

sus miembros (concretamente, los que vienen ejerciendo labores en

la playa) pero también para la comunidad, considerada en su

conjunto, por la presión que ejerció sobre el ejercicio de la pesca,

como modo de vida y forma de producción esencial de los

boquilleros.

En segundo término, debido a la creación de barreras de acceso a

lugares que guardan un significado cultural y religioso para la

comunidad.

Y, finalmente, se concreta en la exclusión de la comunidad en la

implantación de medidas destinadas al uso del espacio público y la

imposibilidad de defender sus prioridades en la elección de su

destino, en virtud del principio de autodeterminación y el derecho de

autonomía, con la consecuente desarticulación de la visión de las

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comunidades a la política pública del tránsito, asociada al turismo y

el manejo de las playas.

Caso concreto

En virtud de lo anterior, la Sala considera que, en el presente caso, la

decisión, a través de la cual la DIMAR otorgó la concesión de una

playa marítima de 4.000 M2 y un espejo de aguas marítimas de

2.000 M2, en el sector turístico del Corregimiento de La Boquilla, al

señor JESÚS HORACIO BEDOYA CASTILLO, afectó directamente a

la Comunidad Negra de La Boquilla, esto es, incidió razonable y

objetivamente en la definición de su identidad étnica.

Ello, en tanto que, de conformidad con lo señalado por la sentencia

antes transcrita de la Corte, aplicable a este caso, se creó una

amenaza cierta para el mínimo vital de algunos de sus miembros y

para la comunidad, en su conjunto, por la presión que ejerció sobre el

ejercicio de la pesca, como modo de vida y forma de producción

esencial de los boquilleros; se crearon barreras de acceso a lugares

que guardan un significado cultural y religioso para la comunidad; y

se excluyó a la comunidad en la implantación de medidas destinadas

al uso del espacio público y la imposibilidad de defender sus

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prioridades en la elección de su destino, en virtud del principio de

autodeterminación y el derecho de autonomía, con la consecuente

desarticulación de la visión de las comunidades a la política pública

del tránsito, asociada al turismo y el manejo de las playas.

Además, no puede perderse de vista, como lo sostuvo la Corte

Constitucional, que cuando una decisión de carácter administrativa,

como la concesión de una playa marítima otorgada a un particular, no

prevé ninguna medida para evitar que se produzca una restricción

desproporcionada en derechos fundamentales de una comunidad,

como lo fue en este caso, la de la Comunidad Negra de La Boquilla,

resulta claro que la referida concesión produce una afectación

directa en la comunidad, toda vez que “[…] le impone cargas,

incide en la eficacia de sus derechos fundamentales, y todo ello de

una manera que puede considerarse diferencial, en comparación con

el resto de la población […]”.

En efecto, en el caso particular, la Resolución núm. 0116 de 7 de

abril de 2009, acusada, no estableció ninguna medida para

preservar usos tradicionales de la playa, o para evitar que se

produzca una restricción desproporcionada en derechos

fundamentales de la Comunidad Negra de La Boquilla, pues de

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su lectura se observa que el beneficiario de la concesión solo se

comprometió a cumplir las siguientes obligaciones:

“[…] ARTÍCULO 4º. […] el beneficiario de la concesión se
obliga a lo siguiente:

1. Dar estricto cumplimiento a lo dispuesto sobe la materia en
los artículos 166 y subsiguientes del Decreto Ley 2324 de
1984, y demás normas concordantes.
2. Tomar y mantener todas las medidas preventivas
necesarias a fin de evitar que en las zonas de playas, terrenos
de bajamar y terrenos aledaños a las áreas otorgadas en
concesión se depositen basuras, desechos o cualquier otro
producto contaminante o potencialmente contaminante.
3. No efectuar obras de protección como rompeolas,
tajamares, espolones, muros de contención u otra clase de
construcción adicional o complementaria en el área objeto de
la presenten concesión, ni en las zonas aledañas a ésta. En
caso de requerirlas, deberá presentar la solicitud respectiva
por intermedio de la Capitanía de Puerto de Cartagena previo
el lleno de los requisitos exigidos, con el fin de obtener la
autorización respectiva.
4. Aceptar la designación de los inspectores que fueren
nombrados por la Dirección General Marítima o por la
Capitanía de Puerto de Cartagena, con el fin de verificar que
las obras se mantengan de conformidad a lo autorizado.
5. Dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la certificación
número 01419 del 24 de abril de 2007, expedida por la
Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique-
CARDIQUE.
6. Dar estricto cumplimiento a las recomendaciones
establecidas en el concepto técnico Ct.08-DILEM-ALT-613 del
16 de marzo de 2019, emitido por la División de Litorales y
Áreas Marinas de la Dirección General Marítima. […]”53.

En tal sentido, la Sala pone de manifiesto que como quedó

demostrado que la decisión tomada, en los actos acusados, afectó

53
Folio 4 del C. Principal.

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directamente la identidad étnica de la comunidad negra de La

Boquilla, porque se trató de una medida que incidió en la eficacia de

sus derechos fundamentales, debió agotarse el procedimiento de

consulta previa para su expedición, de conformidad con lo previsto

en el literal a) del artículo 6º54 y en el artículo 7º55 del Convenio núm.

169 de 1989, para asegurar la participación de la comunidad y

conocer su punto de vista sobre un asunto propio del corregimiento

que habita, y con ello garantizar que definieran, en forma libre y

autónoma, las medidas más convenientes para su supervivencia y

para su desarrollo económico, social y cultural.

De allí que, en el caso sub lite, cuando la DIMAR, a través de los actos

acusados, le otorgó la concesión a un particular, -señor JESÚS

HORACIO BEDOYA CASTILLO-, de una playa marítima de 4.000 M2

y un espejo de aguas marítimas de 2.000 M2, en el sector turístico

del Corregimiento de La Boquilla, sin haber agotado el trámite de una

consulta previa, desconoció los artículos 6º y 7º del Convenio núm.

54
“[…] Artículo 6º. 1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:
a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a
través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o
administrativas susceptibles de afectarles directamente; […]” (Destacado fuera de texto).
55
“[…] Artículo 7º. […] 1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias
prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas,
creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y
de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además,
dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas
de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente. […]”.

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169 de 1989 de la OIT y se configuró una violación al derecho

fundamental de consulta previa de la referida comunidad negra de La

Boquilla, conforme fue señalado en la sentencia T-376 de 18 de mayo

de 2012, proferida por la Corte Constitucional, y lo adujo la parte

actora.

En este orden de ideas, este cargo tiene vocación de prosperidad.

Ante la prosperidad del cargo de nulidad examinado anteriormente, la

Sala se releva de estudiar los demás cargos alegados en la demanda,

criterio adoptado en otras ocasiones, entre ellas, en sentencia de 11 de

febrero de 201656, en la que se precisó:

“[…] Al haber prosperado los cargos formulados en la
demanda en contra del artículo 2º del Decreto 1070 de
31 de marzo de 2009, la Sala se releva de estudiar los
relacionados con la infracción de las normas que consagran
la obligación de consultar los derechos de las comunidades
indígenas cuando con la decisión resulten desconocidos sus
derechos […]” (Destacado fuera de texto).

En consecuencia, habrá de declararse la nulidad de las resoluciones

núms. 0116 de 7 de abril de 2009, “Por la cual se otorga una

56
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de
febrero de 2016, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001-03-24-000-2009-
00457-00.

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concesión al señor JESÚS HORACIO BEDOYA CASTILLO, en su calidad

de gerente de la Escuela de Deportes Náuticos-AQUANÁUTICA, en

jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Cartagena”; y 0498 de 24

de noviembre de 2009, “Por la cual se modifica la resolución

número 0116 del 07 de abril de 2009, por medio de la cual se otorgó

una concesión al señor JESÚS HORACIO BEDOYA CASTILLO, en su

calidad de gerente de la Escuela de Deportes Náuticos-

AQUANÁUTICA, en jurisdicción de la Capitanía de Puerto de

Cartagena”, expedidas por el director de la Dirección General

Marítima, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta

providencia.

Ahora, en cuanto a la condena en costas, la Sala considera que de

conformidad con el artículo 171 del CCA y atendiendo la conducta

asumida por las partes no se evidenció temeridad ni mala fe en la

actuación procesal, razón por la cual no hay lugar a ello.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando

Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

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F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR no probadas las excepciones de inepta

demanda, cosa juzgada y pleito pendiente, propuestas por el

apoderado de la DIMAR, por las razones expuestas en la parte motiva

de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de las resoluciones núms. 0116

de 7 de abril de 2009, “Por la cual se otorga una concesión al señor

JESÚS HORACIO BEDOYA CASTILLO, en su calidad de gerente de la

Escuela de Deportes Náuticos-AQUANÁUTICA, en jurisdicción de la

Capitanía de Puerto de Cartagena”; y 0498 de 24 de noviembre de

2009, “Por la cual se modifica la resolución número 0116 del 07 de

abril de 2009, por medio de la cual se otorgó una concesión al señor

JESÚS HORACIO BEDOYA CASTILLO, en su calidad de gerente de la

Escuela de Deportes Náuticos-AQUANÁUTICA, en jurisdicción de la

Capitanía de Puerto de Cartagena”, expedidas por el director de la

Dirección General Marítima, por las razones expuestas en la parte

motiva de esta providencia.

TERCERO: No condenar en costas, por las razones expuestas en la

parte motiva de esta providencia.

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CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, archívese la actuación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 8 de mayo de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes
de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.

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