Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-03693-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-03693-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2023-03693-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
13 de diciembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., trece (13) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03693-01
Accionante: Jesús Antonio Méndez Acuña
Accionado: Sección Primera del Consejo de Estado y otro
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA / CONFIRMA por IMPROCEDENCIA / RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL - la parte actora pretende reabrir un debate ya surtido y crear
una instancia adicional al no estar de acuerdo con lo decidido en el proceso.
Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por el señor Jesús Antonio
Méndez Acuña accionantes en contra de la sentencia del 11 de agosto de 2023,
proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
mediante la cual se negó el amparo de los derechos fundamentales al debido
proceso, a elegir y ser elegido y a la igualdad.
I. ANTECEDENTES
A. Demanda y sus fundamentos
1.- El 6 de julio de 2023, el señor Jesús Antonio Méndez Acuña, actuando en
nombre propio, presentó acción de tutela por la presunta vulneración de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a elegir y ser elegido, así como a la
igualdad. Su pretensión es que se deje sin efectos la sentencia de segunda instancia
proferida el 1 de diciembre de 20221 por la Sección Primera del Consejo de Estado,
en el marco del proceso de pérdida de investidura2 que promovió Manuel Salvador
Ospino Flórez en su contra, luego de ser designado concejal del municipio de San
1 Notificada el 23 de enero de 2023.
2 Identificado con número de radicado: 47001-23-33-000-2021-00025-00
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03693-01
Accionante: Jesús Antonio Méndez Acuña
Accionado: Sección Primera del Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
Zenón (Magdalena) con fundamento en lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 1909
de 20183.
2.- En aquel proceso, el señor Manuel Salvador Ospino Flórez argumentó que el
accionante se retractó de aceptar el cargo de concejal del municipio de San Zenón
(Magdalena), motivo por el que no tomó posesión del mismo dentro del término
previsto en el ordenamiento jurídico, incurriendo en una de las causales previstas
para la pérdida de investidura, en particular la dispuesta en el numeral 3 del artículo
48 de la Ley 617 de 20004.
3.- El asunto correspondió por reparto al Tribunal Administrativo del Magdalena,
autoridad judicial que mediante sentencia del 11 de agosto de 20215, decretó la
pérdida de investidura del accionante. En concreto, argumentó que (i) se encontró
acreditado el supuesto objetivo previsto en el numeral 3 del artículo 48 de la Ley
617 de 2000, por cuanto el concejal no se posesionó en el cargo dentro de los 3
días siguientes a la fecha de instalación de la corporación y, (ii) asimismo, estaba
probado que al accionante se le consultó de si era de su interés aceptar el cargo de
concejal al cual tenía derecho por haber ocupado el segundo lugar en las elecciones
para alcalde municipal, propuesta que aceptó.
4.- Interpuesto el recurso de apelación, la Sección Primera del Consejo de Estado,
en sentencia del 1 de diciembre de 2022 confirmó la decisión del A quo de decretar
la pérdida de investidura, negó una solicitud de nulidad y declaró la cosa juzgada
frente a 4 de los cargos6. Consideró que, de conformidad con lo previsto en el
artículo 2 de la Resolución 2276 de 20197 expedida por el Consejo Nacional
Electoral, una vez el candidato que obtuvo la segunda votación acepta la curul en
la correspondiente corporación pública, no puede posteriormente retractarse; lo que
implica que aquel deberá posesionarse en el cargo dentro de los términos previstos
3 “Por medio de la cual se adoptan el Estatuto de la Oposición Política y algunos derechos a las organizaciones
políticas independientes”.
4 “Artículo
48. Pérdida de investidura de diputados, concejales municipales y distritales y de miembros
de juntas administradoras locales. Los diputados y concejales municipales y distritales y miembros de juntas
administradoras locales perderán su investidura: (…) // 3. Por no tomar posesión del cargo dentro de los tres
(3) días siguientes a la fecha de instalación de las asambleas o concejos, según el caso, o a la fecha en que
fueren llamados a posesionarse. (…)”.
5 Expediente digital, proceso identificado con radicado 47001-23-33-000-2021-00025-00, sentencia de primera
instancia, folios 1-37.
6 Expediente digital, proceso identificado con radicado 47001-23-33-000-2021-00025-01, sentencia de segunda
instancia, folios 1-47.
7 “Por medio de la cual se establecen medidas para la aplicación del artículo 25 de la Ley 1909 de 2018”.
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03693-01
Accionante: Jesús Antonio Méndez Acuña
Accionado: Sección Primera del Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
en la Ley 617 de 20008. En segundo lugar, precisó que de acuerdo con lo señalado
por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado es posible
deducir que “quien acepta la designación como concejal porque ha quedado en
segundo lugar en la votación para la alcaldía, queda a partir de ese momento sujeto
a todas las causales de pérdida de investidura que taxativamente estén previstas
para los concejales, precisamente porque, a partir del momento de la aceptación,
ya tiene vocación de desempeñarse en ese cargo, y no en otro, en condiciones de
igualdad con los demás concejales”.
5.- Como consecuencia de lo anterior, la parte accionante señala que dicha
decisión vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, a elegir y a ser
elegido y a la igualdad, comoquiera que no se valoraron adecuadamente las
pruebas y se violó el carácter restrictivo de las normas electorales.
6.- Respecto de lo primero, que podría ser considerado un cargo en contra de la
sentencia por incurrir en un defecto fáctico, indicó que los despachos “erraron en
su apreciación de la valoración de las pruebas, y hubo un exceso ritual manifiesto”,
pues omitieron valorar que (i) se inscribió como candidato a la alcaldía del municipio
de San Zenón (Magdalena) y no al cargo de concejal, y (ii) si bien en principio se
aceptó el cargo de concejal al cual tenía derecho de acceder por virtud del estatuto
de la oposición, lo cierto es que de manera posterior decidió desistir del mismo, pero
esa comunicación no fue tramitada por la corporación.
7.- En cuanto al segundo argumento, el cual puede ser considerado como un
defecto sustantivo, manifestó que la Sección Primera del Consejo de Estado aplicó
una causal de pérdida de investidura que se encuentra prevista para los concejales
a un candidato que accedió a ese cargo por virtud del estatuto de la oposición y no
porque esa haya sido la voluntad del electorado, por lo que a su parecer, no es
posible aplicar la causal dispuesta en el numeral 3 del artículo 48 de la Ley 617 de
2000 en uno y otro caso por igual, en particular al advertir que las normas electorales
deben ser aplicadas de manera restrictiva.
B. Sentencia de primera instancia
8 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 9 de junio de 2022. Expediente
radicación nro. 08001-23-33- 000-2020-00573-01.
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03693-01
Accionante: Jesús Antonio Méndez Acuña
Accionado: Sección Primera del Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
8.- La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia
del 11 de agosto de 2023, negó el amparo de los derechos fundamentales
invocados, al considerar que la sentencia de la Sección Primera del Consejo de
Estado no incurrió en defecto alguno. En ese sentido, argumentó que, aunque la vía
a través de la cual el accionante accedió al cargo es atípica pues se deriva de lo
dispuesto en la Ley 1909 de 2018, ello no implica que no esté sometido a las
causales objetivas de pérdida de investidura previstas en la Ley 617 de 2000.
9.- En ese orden de ideas, concluyó que la simple inconformidad en la valoración
efectuada por el juez natural del asunto no puede constituir una razón suficiente
para cuestionar la legalidad de una providencia judicial a través del ejercicio de la
acción de tutela, en particular cuando se advierte que la sentencia accionada está
debidamente razonada y justificada.
C. La impugnación9
10.- En escrito de 3 de octubre de 2023, el demandante impugnó la sentencia de
tutela de primera instancia, insistiendo en los mismos argumentos expuestos en el
escrito de tutela. Adicionalmente, puso de presente que a su juicio, la aplicación
restrictiva de las normas de naturaleza electoral, impedía que la Sección Primera
del Consejo de Estado interpretara la Ley 1909 de 2018, pues en dicha norma
jurídica no se dispuso de manera textual que las causales de pérdida de investidura
previstas en la Ley 617 de 2000 podían ser extendidas a los candidatos que
accedieran a las corporaciones públicas en aplicación del estatuto de la oposición.
II. CONSIDERACIONES
D. Competencia
11.- La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 199110.
E. La acción de tutela contra providencias judiciales
9 Mediante auto del 26 de octubre de 2023, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado
concedió la impugnación propuesta.
10 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03693-01
Accionante: Jesús Antonio Méndez Acuña
Accionado: Sección Primera del Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
12.- La Sala advierte que la acción de tutela de la referencia tiene por objeto
cuestionar la sentencia de segunda instancia dictada por la Sección Primera del
Consejo de Estado, proferida en el marco de un medio de control de pérdida de
investidura. Teniendo en cuenta que el artículo 86 de la Constitución prevé que las
personas pueden acudir a la acción de tutela cuando quiera que sus derechos
resulten vulnerados por “cualquier autoridad pública”, la jurisprudencia de la Corte
Constitucional ha admitido la procedencia excepcional de este mecanismo contra
sentencias, en aras de salvaguardar la seguridad jurídica y la autonomía judicial11.
13.- El Consejo de Estado ha indicado de manera consistente y reiterada que, los
requisitos generales alusivos a la procedencia formal del mecanismo de defensa de
los derechos fundamentales, son los siguientes12: (i) que la cuestión que se discuta
resulte de evidente relevancia constitucional, (ii) que se hayan agotado todos los
medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable, (iii) que se cumpla el requisito de inmediatez, (iv) cuando se trate de
una irregularidad procesal, debe quedar claro que esta tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora, (v) que la accionante identifique, de manera
razonable, tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que
esto hubiere sido posible, y (vi) que no se trate de sentencias de tutela.
14.- De otro lado, una vez acreditados los requisitos genéricos de procedencia de
la acción de tutela, se deberá verificar al menos una de las causales específicas de
procedibilidad del amparo constitucional interpuesto en contra de una providencia
judicial sistematizadas en la jurisprudencia constitucional13.
11 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005.
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 23 de febrero de
2017, exp. 11001-03-15-000-2016-03336-00 (AC).
13 En sentencia C-590 de 2005 la Corte Constitucional delimitó las siguientes causales específicas de
procedibilidad: “a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia
impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del
procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese
engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03693-01
Accionante: Jesús Antonio Méndez Acuña
Accionado: Sección Primera del Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
15.- La relevancia constitucional, como requisito general de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales, supone la presentación de un
conflicto que trascienda las discusiones legales ante el juez constitucional, puesto
que tiene como objetivo (i) garantizar la independencia y la competencia de los
jueces ordinarios, evitando que el juez constitucional se inmiscuya en la esfera de
acción de las demás jurisdicciones, y (ii) impedir que el amparo constitucional sea
utilizado como una instancia adicional para cuestionar decisiones judiciales, que
conduzca a trasformar la estructura de los procesos y que lleve a infringir las formas
propias de cada juicio14.
16.- Concordante con la exigencia antes referida, se impone que el accionante
acredite una carga mínima de argumentación, pues le asiste el deber de identificar
los hechos que generaron la presunta vulneración de los derechos fundamentales,
así como los cuales adolece la providencia censurada. En ese sentido, si bien la
acción de tutela se caracteriza por su informalidad, lo cierto es que tratándose de
un amparo constitucional interpuesto en contra de una providencia judicial es
necesario que se indique en qué consiste la vulneración de los derechos
fundamentales alegados y, en particular, que se explique de qué forma la
providencia censurada se constituyó en una actuación contraria al orden jurídico, en
la medida en que resultaría desproporcionado exigir al juez constitucional que revise
integralmente un proceso judicial para determinar si, por alguna razón, se
transgredió una prerrogativa de carácter fundamental.
17.- Precisamente, en la sentencia SU-081 de 2020, la Corte Constitucional
consideró, a propósito de la carga de argumentación de la acción de tutela
interpuesta en contra de una providencia judicial, que “(…) el análisis por vía de
tutela solo puede estructurarse si previamente se precisan por el interesado las
circunstancias concretas que dan lugar a la afectación del derecho y se logra
establecer su nivel de influencia en la decisión cuestionada, pues de esta forma se
entiende delimitado el campo de acción en el que le es posible actuar al juez tutela,
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los
fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa
la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente
dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución”.
14 Corte Constitucional, Sentencia SU-573 de 2019.
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03693-01
Accionante: Jesús Antonio Méndez Acuña
Accionado: Sección Primera del Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
no solo en respeto de las esferas propias de los jueces ordinarios, sino también
acorde con el carácter breve y sumario que caracteriza al recurso de amparo”.
F. Análisis del caso concreto
18.- Revisados los planteamientos de la demanda de tutela, así como el escrito de
impugnación que presentó la parte actora contra la sentencia proferida el 11 de
agosto de 2023 por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
se advierte que la acción de tutela interpuesta por el señor Jesús Antonio Méndez
Acuña es improcedente, en la medida en que esta no acredita el requisito de
relevancia constitucional, de acuerdo con lo que pasa a exponerse.
19.- En lo que tiene que ver con el defecto fáctico, es claro que no se cumple con
la carga de argumentación mínima y, por ende no se advierte la relevancia
constitucional del asunto, en la medida en que más allá de cuestionar de manera
general la valoración probatoria realizada por la Sección Primera del Consejo de
Estado en su sentencia, no explica con claridad cuáles fueron las pruebas que no
se tuvieron en cuenta o, en su defecto en qué consistió la valoración arbitraria que
se hizo de la mismas.
20.- En ese sentido, a juicio de esta corporación, la acreditación del requisito de
relevancia constitucional no puede constituir una afirmación generalizada acerca de
la transgresión de las normas constitucionales, sino que impone una carga en el
accionante relacionada con explicar de manera clara cuáles fueron los defectos o
yerros cometidos, así como la relación que estos tienen con la presunta vulneración
de las garantías previstas en la Constitución, en particular con el debido proceso.
Por ende, el desarrollo de un argumento en el que se pretende demostrar la
configuración de un defecto fáctico exige, por parte del accionante, indicar con
claridad cómo se materializó el mismo y cuál es su incidencia en la providencia
censurada.
21.- De manera particular, en este caso, el accionante pretende cuestionar la forma
en que la Sección Primera del Consejo de Estado estudió el hecho de que aquel no
se presentó a las elecciones como candidato al concejo municipal, así como el
documento el que, de manera posterior, decidió desistir de aceptar una curul en el
concejo municipal como representante de la oposición a la administración municipal.
Sin embargo, los argumentos expuestos en la tutela no permiten que el juez
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03693-01
Accionante: Jesús Antonio Méndez Acuña
Accionado: Sección Primera del Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
constitucional advierta por qué la valoración de los elementos probatorios no
consulta la sana crítica y las reglas de la experiencia.
22.- Aunado a lo anterior, la Sala encuentra que tanto el Tribunal Administrativo de
Magdalena como la Sección Primera del Consejo de Estado, estudiaron de manera
razonable los elementos materiales probatorios recaudados al interior del proceso
judicial, puesto que tenían claro que el accionante no se presentó a las elecciones
para optar por un cargo en el concejo municipal, sino que ese derecho derivó de
haber obtenido la segunda votación para ser elegido alcalde municipal. De otro lado,
respecto del desistimiento presentado por el accionante, ambas corporaciones
judiciales concluyeron que, si bien era cierto que luego de haber aceptado el cargo,
el demandante decidió retractarse a través de un escrito, aquel no se tramitó de
conformidad con lo previsto en el artículo 2 de Resolución 2276 de 2019 proferida
por el Consejo Nacional Electoral.
23.- En lo relacionado al defecto sustantivo por indebida aplicación de las normas
de carácter electoral, la Subsección considera que tampoco se acredita la relevancia
constitucional del asunto, por cuanto el accionante no expone claramente en qué
consistió el yerro endilgado a la autoridad judicial.
24.- Lo que se puede inferir del escrito de tutela presentado es que el accionante
no comparte los fundamentos jurídicos que llevaron a la decisión adoptada en la
segunda instancia del proceso de pérdida de investidura, pues desde su punto de
vista, ni el Tribunal Administrativo del Magdalena ni la Sección Primera del Consejo
de Estado, podían interpretar las normas jurídicas de la Ley 1909 de 2018 para
concluir que a los funcionarios que accedan a cargos en corporaciones públicas, en
virtud del estatuto de la oposición, le son aplicables las causales objetivas de
pérdida de investidura.
25.- Sin embargo, más allá de la inconformidad con la ratio decidendi de la
sentencia cuestionada a través de la acción de tutela, el accionante no explica por
qué la interpretación de la Sección Primera del Consejo de Estado resulta
irrazonable, inconstitucional o desproporcionada. Por demás, la lectura de la
providencia permite advertir el desarrollo de una línea argumentativa coherente que
deriva en una conclusión que no solo se antoja razonable y ponderada, sino que se
encuentra soportada en las leyes 1909 de 2018 y 617 de 2000, así como en la
jurisprudencia de esta corporación y de la Corte Constitucional, por lo que es claro
que en este caso no estamos frente a una decisión caprichosa o arbitraria.
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03693-01
Accionante: Jesús Antonio Méndez Acuña
Accionado: Sección Primera del Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
26.- En esos términos, la Sala constata que la solicitud de amparo no sólo carece
de carga argumentativa, sino que tiene como propósito reabrir el debate que se
surtió en las instancias del proceso de pérdida de investidura.
27.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
III.- RESUELVE
PRIMERO. – MODIFICAR la sentencia de tutela proferida por la Subsección B de
la Sección Segunda del Consejo de Estado el 11 de agosto de 2023. En su lugar,
DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por el señor Jesús
Antonio Méndez Acuña.
SEGUNDO. - NOTIFICAR la presente decisión a las partes e interesados, por el
medio más expedito.
TERCERO. - ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE15
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES (E)
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
15 VF
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