Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-03694-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-03694-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-03694-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
3 de agosto de 2023
Demandante: Clara López Celis
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03694-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., tres (3) de agosto de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03694-00
Demandante: CLARA LÓPEZ CELIS
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN B Y OTRO
Temas: Tutela contra providencia judicial – improcedente por no
superar el requisito general de la relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala resuelve el instrumento constitucional de la referencia, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y los Decretos 2591
de 1991 y 1069 de 20151.
I. ANTECEDENTES
1.1. La tutela
1. La señora Clara López Celis, actuando por conducto de apoderado
judicial, presentó acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C2. Con su solicitud de amparo pretende que se le protejan sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al mínimo vital y a la
seguridad social.
2. Las anteriores garantías, a su juicio, fueron vulneradas con ocasión de las
providencias dictadas por las autoridades judiciales accionadas respectivamente,
el 28 de julio de 2021 y el 19 de enero de 2023, en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 25000-23-42-000-2019-01588-00/1.
En las decisiones objeto de reproche se negaron las pretensiones de
reconocimiento pensional propuestas por la tutelante.
1 Modificado por el artículo 1º del Decreto Nacional 333 de 2021.
2 El escrito de tutela fue enviado el 6 de julio de 2023 a través de correo electrónico.
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Demandante: Clara López Celis
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otro
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1.2. Pretensiones
3. La parte actora solicitó lo siguiente:
PRIMERO: Comprobado cómo están los elementos axiológicos para la
prosperidad de la acción, respetuosamente solicito SE DEJE SIN EFECTOS la
sentencia emitida por el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO
– ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B de fecha 19 de
enero de 2023, mediante la cual se CONFIRMO la sentencia emitida por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN C, del 28 de julio del 2021, Sentencia que desconoce lo
establecido en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, solicito respetuosamente al
Honorable Consejo de Estado se ORDENE al CONSEJO DE ESTADO SALA DE
LO CONTENCIOSO – ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN
B a proferir sentencia de fondo ordenando al FONDO DE PRESTACIONES
SOCIALES DEL MAGISTERIO a RECONOCER LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN
POR APORTES a la señora CLARA LOPEZ CELIS identificada con la Cédula de
Ciudadanía N° 39.530.787 expedida en Bogotá, con la inclusión de todos las
cotizaciones efectuadas al sistema pensional de conformidad con la ley 71 de 1988
y Ley 91 de 1989.
(…) (Sic a toda la cita).
1.3. Hechos
4. La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la
referencia, de la siguiente manera:
5. La señora Clara López Celis nació el 29 de mayo de 1963. Se desempeñó
como docente interina del 30 de enero de 2002 al 12 de diciembre de 2003,
posteriormente fue nombrada en provisionalidad del 23 de enero de 2004 al 11
de julio de 2010 y del 12 de julio al 2 de septiembre de 2019 estaba vinculada
propiedad.
6. Con ocasión de lo anterior, solicitó ante el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (en adelante FOMAG) el reconocimiento de una pensión
de jubilación, de conformidad con las Leyes 71 de 1988 y 91 de 1989, pues se
vinculó al servicio docente antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.
Sin embargo, la entidad le negó lo pedido, con fundamento en que su vinculación
en propiedad ocurrió el 23 de enero de 2004. En consecuencia, consideró que le
era aplicable el régimen de prima media dispuesto en la Ley 100 de 19933.
7. Inconforme con lo anterior, la señora López Celis presentó demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación – Ministerio de
3 Mediante las resoluciones 8604 de 5 de septiembre de 2019 y 9358 del día 27 del mismo mes
y año.
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Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(FOMAG). En el referido medio de control pidió que, para efectos del
reconocimiento pensional, se tuvieran en cuenta los tiempos que laboró para la
Secretaría de Educación de Bogotá del 30 de enero de 2002 al 12 de diciembre
de 2003, por ser anteriores a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003.
8. Mediante sentencia de 28 de julio de 2021, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B negó las pretensiones
planteadas. Precisó que la Ley 812 de 2003 no diferenció entre los docentes en
propiedad o en provisionalidad, sino que exigió que la vinculación para ser
cobijados con la legislación anterior fuera previa a la expedición de dicha norma.
No obstante, consideró que, dado que la señora López Celis prestó sus servicios
en calidad de interina, antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, no se
podía entender como vinculada y ello conllevaba a que no fuera destinataria de
la transición establecida por la multicitada norma.
9. La accionante, ahora tutelante, impugnó la decisión del a quo. Alegó, entre
otras cosas, que en la interinidad desempeñó el cargo en las mismas condiciones
que el titular. En ese sentido, ello no le resta valor a la naturaleza de la
vinculación.
10. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B confirmó la
decisión de primer grado el 19 de enero de 2023. Expuso que la accionante no
estaba amparada por el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, pues para
el 1.º de abril de 1994 tenía 30 años de edad y 11 de servicio. Sin embargo, dado
que su vinculación es anterior a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003,
tomando el 30 de enero de 2002 – cuando se desempeñó en interinidad – a su
situación pensional les son aplicables las Leyes 33 de 1985 y 91 de 1989.
11. Pese a lo anterior, le negó el reconocimiento de la prestación, porque para
el 8 de junio de 2021, «última fecha de la que se tiene conocimiento que se
encontraba activa en el servicio, no colmaba el requisito de los 20 años de
labores, exigido en la aludida norma para obtener la pensión de jubilación, pues
acreditó 19 años, 2 meses y 27 días (…)». Para el efecto, tuvo en cuenta el
artículo 1.º de la Ley 33 de 1985.
12. Finalmente, aclaró que las consideraciones a las que arribó no obstaban
para que en el futuro consolidara los requisitos para acceder a su pensión, caso
en el cual, debería solicitarlo nuevamente a la administración.
1.4. Sustento de la vulneración
13. La parte actora aseveró que la sentencia objeto de esta tutela adolece de
los defectos sustantivo y de desconocimiento del precedente.
14. Sobre el primero, acotó que su vinculación ocurrió con anterioridad a la
entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. En ese sentido, se le debieron tener
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en cuenta las previsiones de la Ley 91 de 1989, que remite a la Ley 71 de 1988.
Así las cosas, con 60 años en el caso de los hombres, y 55 en el de las mujeres,
y 20 años de servicio acumulados en una o varias entidades, tenía derecho a que
se le reconociera la pensión de vejez sobre el 75% de los ingresos devengados
en el último año laboral.
15. Puso de presente que se encontraba dentro del grupo de los excluidos de
la aplicación de la Ley 100 de 1993, de conformidad con el artículo 279 de la
misma norma y el Acto Legislativo 01 de 2005. Agregó que tampoco la cobijaba
la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018 de la Sección Segunda del
Consejo de Estado.
16. Señaló que, de conformidad con el concepto de 10 de septiembre de 2009
de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado le era aplicable la
Ley 91 de 1989, pues su vinculación es anterior al 27 de junio de 2003.
17. Sobre el segundo cargo, estableció que, según las sentencias de «10 de
agosto4, 6 de septiembre5 y 23 de noviembre de 20176»7, hay una regulación
especial que establece los derechos pensionales de los docentes. Asimismo, la
sentencia de tutela del 14 de mayo de 20188 dispuso que el régimen aplicable
para los docentes vinculados antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de
2003, es la Ley 91 de 1989, que junto con la Ley 71 de 1989 exigía 20 años de
servicio y 60 o 55 años de edad.
18. Puso de presente que, en la sentencia de 27 de junio de 2018 de la
Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, la interinidad es
entendida como «el mecanismo mediante el cual la administración, ante la
imposibilidad de contar con docentes de carrera, designa con carácter transitorio
a personas instruidas en el ejercicio de la referida actividad (…). Lo anterior, en
todo caso, constituye una forma de vinculación a la administración (…)».
1.5. Trámite de primera instancia
19. Por auto de 10 de julio de 2023, el ponente de esta decisión admitió la
solicitud de amparo. En consecuencia, ordenó notificar en calidad de accionados
al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C. Asimismo,
vinculó en calidad de terceros con interés al FOMAG, a la Fiduprevisora S.A., a
Colpensiones, al Ministerio de Educación Nacional y a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado.
4 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, rad. 11001-03-15-000-2017-00901-01.
5 M.P. Alberto Yepes Barreiro, rad. 11001-03-15-000-2017-01898-00, postura que fue rectificada.
6 M.P. Rocío Araújo Oñate, rad. 11001-03-15-000-2017-02760-00.
7 Todas fueron dictadas dentro de expedientes de tutela.
8 Rad. 11001-03-15-000-2019-00647-00.
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1.6. Intervenciones
1.6.1. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
20. Manifestó que se atenía a lo que se demostrara en el trámite tutelar.
Asimismo, que las razones que sirvieron de fundamento para adoptar la decisión
cuestionada se encuentran allí contempladas.
1.6.2. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C
21. Sostuvo que comparte la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales. En consecuencia, solicitó que se tenga como prueba la
sentencia que dictó, la cual fue confirmada por el Consejo de Estado. Precisó que
en el referido documento se observaría que no hubo vulneración de los derechos
sobre los que se invoca la protección.
1.6.3. Ministerio de Educación Nacional
22. Expuso que, para que sea procedente este mecanismo se deben haber
agotado todos los recursos judiciales de defensa diseñados por el legislador.
23. Añadió que deben considerarse los criterios de independencia y
autonomía judicial.
24. Por último, resaltó los requisitos generales y específicos de procedibilidad
y solicitó que se declare improcedente este instrumento constitucional ante la
inexistencia de la vulneración alegada.
1.6.4. Colpensiones
25. Arguyó que se debe declarar que este proceso es improcedente por
ausencia de cumplimiento de los criterios de procedibilidad. Agregó que lo que
se pretende someter a debate ya fue analizado por las autoridades judiciales
tuteladas. En ese sentido, la decisión reprochada goza del carácter de cosa
juzgada.
26. Aseveró que el juez constitucional no puede invadir la órbita de los jueces
ordinarios.
27. Por último, indicó que no tiene responsabilidad en los hechos alegados.
Por ello, solicitó que se le desvincule, bajo el argumento de que carece de
legitimación en la causa por pasiva.
1.6.5. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado fue notificada en
debida forma, pero guardó silencio.
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
28. Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de
tutela presentada por la parte actora contra el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección C. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el
Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto 1069 de 2015 modificado
por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del
Consejo de Estado.
2.2. Cuestión previa
29. El Ministerio de Educación Nacional solicitó que se le desvincule, dado que
carece de legitimación en la causa por pasiva.
30. La Sala aclara que la cartera mencionada fue vinculada como tercera con
interés, sin que ello implique que debe satisfacer de alguna forma lo pedido. Lo
anterior se efectuó a partir de la tesis mayoritaria de la Sección Quinta del
Consejo de Estado que establece que a los tramites tutelares contra providencia
judicial se deben notificar en la misma calidad a quienes hayan conformado las
partes, intervinientes y jueces de instancia del proceso en cuestión. Por ende, se
negará su solicitud.
31. De otro lado, pese a que la tutela se dirige contra las sentencias de primera
y segunda instancia, en caso de que se encuentren superados los requisitos de
procedibilidad, el estudio se centrará en la sentencia de 19 de enero de 2023, por
ser la que finalizó el proceso ordinario.
2.3. Legitimación en la causa
32. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento
de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea
el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).
33. Con fundamento en lo expuesto, la Sala advierte que la señora Clara
López Celis promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 25000-23-42-000-2019-01588-00/1. Por tanto, es la titular
de los derechos fundamentales cuya protección reclama. En consecuencia, goza
de legitimación en la causa por activa.
34. Por otro lado, la Sala evidencia que las autoridades judiciales accionadas
se encuentran legitimadas en la causa por pasiva. Lo anterior, por ser las
autoridades que dictaron las providencias objeto de reproche.
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2.4. Problemas jurídicos
35. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el
material probatorio recaudado y el informe presentado; los problemas jurídicos a
resolver en el caso concreto son los siguientes:
● ¿Se superan los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales?
36. De resultar afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará
lo siguiente:
● ¿El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B vulneró los
derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, al mínimo vital
y a la igualdad de la parte actora al proferir la sentencia de 19 de enero de 2023?
37. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, (ii) los requisitos generales de procedibilidad, y de superarse los
anteriores supuestos, (iii) el caso concreto.
2.5. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
38. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 20129. Lo anterior, porque hasta ese
momento, las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes
posturas sobre este tema10. En la referida sentencia se estableció que la tutela
contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos
especiales y excepcionales11.
39. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 2014 12. En esta sentencia
se establecieron seis requisitos adjetivos de procedencia13 y ocho defectos
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de
2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
10 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena
antes reseñado.
11 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto
de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
13 Los seis criterios adjetivos establecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto del
2014 son: i). Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) Que
se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance
de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere
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especiales en los que puede incurrir una providencia judicial14.
40. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y determinar si se
configuran los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los
siguientes requisitos generales de procedencia:
i) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) efecto decisivo de la irregularidad procesal.
41. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice
el fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
estudiar si se configura uno o más de los defectos especiales de procedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la Sala ha
establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se
requerirá:
i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de
tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión, y,
ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
42. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración.
iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto
decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en
el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de sentencias de
tutela.
14 Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando
el funcionario judicial que profirió́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́
completamente al margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el
juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la decisión; iv). Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con
base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el
juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma
de una decisión que afecta derechos fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos
de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de
su órbita funcional; vii). Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario
aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa de la Constitución.
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interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
43. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar si en el caso concreto
concurren los requisitos de procedibilidad. En caso de encontrarlos superados,
se resolverá si la sentencia censurada incurrió en los defectos aludidos.
2.6. Estudio del requisito general de procedibilidad de la relevancia
constitucional
44. Al respecto, esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de 2022
modificó la postura que venía manejando sobre el estudio del requisito de
relevancia constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se hace
evidente que los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico, sin
que se pueda advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una
posible vulneración de una garantía constitucional15.
45. De esta manera, en esa oportunidad, se planteó que el estudio de la
relevancia constitucional debía estar acompasado con los criterios establecidos
por la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022, los cuales fueron
acogidos por esta Corporación. En concreto, estos presupuestos se refieren a:
i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;
ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo sólo está instituido para proteger derechos fundamentales y no para
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende,
no debe ser un debate exclusivamente legal; y
iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración
ostensible de un derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias
corresponde definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse
en una tercera instancia.
46. Adicionalmente, en el fallo de unificación referenciado la Corte explicó que,
dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se
interponga un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial
“el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”.
47. Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29
de septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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alta corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta
que la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no solo tienen relevancia
en términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la
búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y,
por esta vía, en la materialización del principio de igualdad”.
48. Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la
acción de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no
una corrección del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este
instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o
formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo
anterior como un eje fundamental para «lograr un correcto entendimiento de los
hechos y del problema jurídico, pues así se previene la irrupción del juez de tutela
en asuntos que no son de su competencia y se garantiza que la cuestión sea
analizada a la luz de la Constitución».
49. Conforme a lo decidido en anteriores oportunidades, la Sala entrará a
decidir si en el presente caso el asunto reviste o no de relevancia constitucional,
de conformidad con los criterios antes planteados y atendiendo a los fines
acogidos por la Corte Constitucional y esta Corporación.
2.6.1. Relevancia constitucional en el caso concreto
50. La parte actora cuestiona la sentencia de 19 de enero de 2023, en la que
la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado le negó el
reconocimiento pensional solicitado.
51. En principio, teniendo en cuenta el asunto en cuestión, se podría superar
la relevancia constitucional. Puntualmente, porque cuando se niega el acceso a
una prestación social periódica como la pensión de jubilación, se tocan aspectos
constitucionalmente importantes como el derecho al mínimo vital de un adulto de
la tercera edad, los cuales han sido catalogados como sujetos de especial
protección.
52. No obstante lo anterior, en esta oportunidad no se logra superar el requisito
bajo examen por las razones que pasan a exponerse.
53. Los reproches de la tutelante se enmarcan dentro de los defectos
sustantivo y de desconocimiento del precedente. Sin embargo, del análisis
exhaustivo de los sustentos de la vulneración, se advierte que su
cuestionamiento en particular consiste en que, al haber estado vinculada como
docente interina entre el 30 de enero de 2002 y el 12 de diciembre de 2003, cabe
dentro de los docentes que prestaron sus servicios antes de la entrada en
vigencia de la Ley 812 de 2003. Por ende, considera que se le debió reconocer
su pensión de vejez, de conformidad con las Leyes 71 de 1988 y 91 de 1989.
54. En otras palabras, en su sentir, se desconoció el periodo que laboró
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anterior a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 y le fueron negadas sus
pretensiones por considerar que estuvo vinculada a partir de que se desempeñó
en un cargo docente en propiedad.
55. De la revisión de la providencia enjuiciada, se advierte que, luego del
análisis juicioso del régimen pensional de los docentes, la Sección Segunda,
Subsección B del Consejo de Estado encontró que la señora López Celis estuvo
vinculada desde el 30 de enero de 2002. Es decir, que sí se tuvo en cuenta el
periodo que laboró antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.
Inclusive, la autoridad judicial concluyó que a la accionante no la cobijaba el
régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y que tenía derecho a que se
analizara su caso a partir de las Leyes 33 de 1985 y 91 de 1989.
56. Cosa distinta es que luego de analizar los requisitos de las normas
mencionadas para el reconocimiento pensional, se encontrara que ella no los
acreditaba. Nótese que, como la misma tutelante lo puso de presente, requería
de 20 años de servicio para que se accediera a la pensión. No obstante, la
autoridad judicial censurada encontró que para el 8 de junio de 2021, «última
fecha de la que se tiene conocimiento que se encontraba activa en el servicio, no
colmaba el requisito de los 20 años de labores, (…) pues acreditó un total de 19
años, 2 meses y 27 días (…)».
57. No sobra precisar que, lo relativo al tiempo laborado o a las semanas
cotizadas no fue cuestionado a través de esta acción constitucional.
58. Así las cosas, de la anterior exposición se extrae que lo que persigue la
tutelante con este instrumento judicial es reabrir etapas judiciales ya concluidas.
Como se puso de presente, no es cierto que se haya desconocido el tiempo que
laboró antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003 como lo alude en su
demanda. Lo que conllevó a que se negaran sus pretensiones fue la falta del
cumplimiento de tiempo laborado, pese a que la autoridad judicial coincidió con
que no le es aplicable la Ley 100 de 1993, sino que su derecho pensional se debe
examinar a partir de las normas que ella predica. Particularmente, de la Ley 91
de 1989.
59. Así las cosas, contrario a la proposición de un cargo contra la providencia
objeto de reproche, se evidencia que la señora López Celis no está conforme con
la decisión a la que se arribó en el medio de control que propuso. En otras
palabras, a partir del escrito de tutela se desarrollan una serie de acusaciones
que apuntan a desacuerdos por no haberle reconocido su pensión de vejez.
60. Se resalta que, cuando se pretenden cuestionar providencias judiciales
proferidas por el órgano de cierre en la materia, en este caso, la Sección Segunda
del Consejo de Estado se exige una mayor rigurosidad en cuanto a los cargos a
estudiar. No obstante, se itera, lo que desprende del escrito tutelar son
inconformidades frente a lo decidido sin que se observe un verdadero reproche
constitucional con fundamentos jurídicos suficientes para abordar el estudio
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pretendido.
61. De conformidad con lo anterior, para la Sala lo que pretende la accionante
es reabrir el debate normativo y probatorio zanjado al interior del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 2019-01588-01, con el fin de
que le sea reconocida su pensión de jubilación, pese a no haber acreditado el
lleno de los requisitos. Desde otra perspectiva, pretende utilizar este mecanismo
constitucional como una instancia procesal adicional en la que sean favorables
las súplicas de la demanda en la que fungió como accionante.
62. Se resalta que, la corporación judicial reprochada aclaró que, con
posterioridad, la accionante podría cumplir con el tiempo requerido y acudir
nuevamente a la administración a solicitar el reconocimiento de su prestación.
63. En vista de lo esbozado, corresponde declarar que este mecanismo
judicial es improcedente porque no reviste relevancia constitucional. Lo anterior,
se reitera, porque los cargos de esta tutela se dirigen a señalar que se desconoció
un régimen normativo que se estableció como el aplicable para el caso en
cuestión, pero lo que conllevó a que se negaran las pretensiones fue la falta de
acreditación de los requisitos de dicha norma.
2.7. Conclusión
64. Se declarará improcedente la tutela de la referencia. Lo anterior, porque la
parte actora pretende utilizar este mecanismo judicial como una tercera instancia
en la que se acceda a su pensión de jubilación.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación del Ministerio de Educación
Nacional.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la tutela formulada por la señora
Clara López Celis contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
y otro por no superar el requisito de la relevancia constitucional.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de
su ejecutoria.
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”
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