Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03713-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03713-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-03713-00
Consejero ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas
29 de julio de 2024
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Radicado número 11001031500020230371300 PI
Sentencia de primera instancia
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA DIECISIETE ESPECIAL DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA
Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de julio de dos mil veinticuatro (2024)
Radicado número: 11001031500020230371300
Demandante: Teresita Hinestroza Serna
Demandado: Diógenes Quintero Amaya
Referencia: Pérdida de Investidura
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala Diecisiete Especial de Decisión, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
1881 de 20181, procede a resolver en primera instancia la solicitud de pérdida de
investidura que presentó la ciudadana Teresita Hinestroza Serna en contra de
Diógenes Quintero Amaya, en su condición de Representante a la Cámara por las
Circunscripciones Transitorias de Paz -CITREP2 4 para el período constitucional 2022-
2026.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de pérdida de investidura
En ejercicio de la acción de pérdida de investidura, prevista en el artículo 143 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y regulada
ahora por la Ley 1881 de 2018, Teresita Hinestroza Serna solicitó que se despoje de
la investidura de Representante a la Cámara por Circunscripciones Transitorias de
Paz -CITREP 4 para el período constitucional 2022-2026, a Diógenes Quintero
Amaya, por haber incurrido en la conducta descrita en el inciso 7 del artículo 109 de
la C.P., artículos 23, 24, 26 de la Ley 1475 de 2011, artículo 8 transitorio del acto
legislativo 02 de 2021 y artículo 11 del Decreto 1209 de 2021.
1.2. Fundamentos fácticos de la solicitud
La accionante relató los que la Sala resume a continuación:
1.2.1. Diógenes Quintero Amaya se postuló como candidato a la Cámara de
Representantes por las Circunscripciones Especiales Transitorias de Paz -CITREP 4
para las elecciones del 13 de marzo de 2022, lista de candidatos inscrita por la
Asociación de Familias Desplazadas de Hacarí -ASOFADHACA.
1 “Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de investidura de los congresistas, se consagra
la doble instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones”.
2 Creadas en el Acto Legislativo 01 de 2011 y definidas como “una figura de representación política,
creada en desarrollo del punto 2.3.6 del Acuerdo de Paz firmado entre el gobierno de Colombia y las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-FARC. Estos espacios están dirigidos para las
organizaciones de víctimas del conflicto armado: organizaciones sociales, organizaciones campesinas,
organizaciones de mujeres, y organizaciones étnicas (siempre que habiten en esos territorios) y grupos
significativos de ciudadanos. Su naturaleza es ser una medida de satisfacción, reparación y garantía
de no repetición en favor de los territorios y poblaciones más afectados por el conflicto armado”
Registraduría Nacional del Estado Civil-Cartilla ABC CURULES DE PAZ.
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Sentencia de primera instancia
1.2.2. Diógenes Quintero Amaya fue avalado por la Asociación de Familias
Desplazadas de Hacarí -ASOFADHACA- y según las cifras del preconteo electoral,
esta obtuvo 7.001 votos de los cuales el entonces candidato y hoy representante
demandado, obtuvo una votación equivalente de 5.946 sufragios a su favor, logrando
así la curul por la CITREP 4.
1.2.3. El Consejo Nacional Electoral declaró elegido a Diógenes Quintero Amaya,
como representante a la Cámara por las circunscripciones Especiales Transitorias de
Paz – CITREP 4 del departamento de Norte de Santander, para el período 2022-2026,
según acta de la Comisión Escrutadora Departamental de fecha 18 de marzo de 2022.
Cargo en el que se posesionó el 20 de julio de 2022.
1.2.4. El Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas le informó a la hoy
demandante que, Diógenes Quintero Amaya no acreditó la apertura de cuenta
bancaria, pues no anexó el certificado correspondiente ni los extractos bancarios al
informe de ingresos y gastos de la Campaña reportado el 13 de mayo de 2022 por la
Asociación de Familias Desplazadas de Hacarí – ADOFACHACA, con lo cual
incumplió lo dispuesto en la Resolución 8586 de 20213.
1.2.5. En el informe referido en el numeral anterior, la Asociación de Familias
Desplazadas de Hacarí́ – ASOFADHACA, relacionó aportes de privados en especie
que el entonces candidato y hoy demandado recibió de manera directa por un valor
de veinticuatro millones de pesos m/cte ($24.000.000).
1.2.6. En atención a lo preceptuado en el artículo 36 de la Resolución No 8586 de
2021, la información registrada por el hoy Representante demandado pudo ser
modificada dentro del término previsto en el artículo 25 de la Ley 1475 de 2011, sin
embargo, esta actuación no se llevó a cabo y procedió a tomar posesión del cargo el
20 de julio de 2022.
1.2.7. En el trámite de otra acción de pérdida de investidura con similares hechos y
pretensiones, el aquí demandado en ejercicio de su derecho de defensa, presentó
escrito de contestación en el que informó que no recibió donaciones en dinero pasibles
de ser depositadas en cuenta, ya que se trató de donaciones en especie, pero que,
en todo caso, la campaña si abrió la cuenta corriente número 318-000015-96 de
Bancolombia con sede en el municipio de Ocaña.
1.2.8. Afirmó la accionante que, no existe claridad respecto del monto y calidad de los
recursos económicos que ingresaron en forma real y efectiva a la campaña de
Diógenes Quintero Amaya, pues si bien certificó la apertura de la cuenta corriente, no
aportó los extractos que reflejan los movimientos bancarios, motivo por el cual,
consideró procedente acudir a los estrados judiciales, pues a su juicio, el accionado
vulneró la prohibición de recibir aportes directos provenientes de privados en monto
superior al 10% del valor total del gasto en que podía incurrir la campaña conforme a
lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1475 de 2011 en concordancia con el artículo
109 de la Constitución.
3 “Por la cual se corrige la Resolución No. 8262 del 17 de noviembre de 2021, “Por medio de la cual se
adopta el procedimiento para la presentación de informes de ingresos y gastos de campaña electorales
de candidatos, partidos, movimientos políticos, y grupos significativos de ciudadanos, consultas
populares de las agrupaciones políticas, se establece el uso obligatorio del software aplicativo “cuentas
claras” y se dictan otras disposiciones”
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1.3. Actuaciones procesales relevantes
El magistrado sustanciador, por auto del 10 de julio de 20234, admitió la solicitud de
pérdida de investidura. Esta decisión le fue notificada a la demandante por anotación
en estado5 y al congresista demandado y a la Procuradora Segunda delegada ante el
Consejo de Estado6, de manera personal.
1.4. Contestación de la demanda7.
Diógenes Quintero Amaya presentó escrito de contestación a través de apoderado
que, para sustentar la oposición a la demanda, indicó que el informe integral de
ingresos y gastos de la campaña fue modificado el 20 de enero de 2023 en
cumplimento al requerimiento efectuado por el FNDPCE a través de oficio CNE-S-
FNFP-4548-2022FNFPCE-900 del 30 de noviembre de 2022, para precisar que los
honorarios por los servicios prestados por el gerente y la contadora de la campaña se
registraron como obligaciones pendientes de pago y no como donaciones.
Sostuvo que no allegó ningún comprobante bancario dado que la campaña no recibió
donaciones en dinero pasibles de ser depositadas en una cuenta, lo que encuentra
soporte en los extractos expedidos por Bancolombia. Resaltó que solo recibió
donaciones en especie y que, en todo caso, este hecho es irrelevante frente al cargo
que planteó el extremo actor, ya que la apertura de la cuenta bancaria no hace parte
de las reglas y requisitos del acto legislativo 2 de 2021 y el Decreto 1207 del mismo
año y, si bien esta previsto en el artículo 25 de la Ley 1475 de 2011, su incumplimiento
no comporta una causal de pérdida de investidura.
Manifestó que, ASOFADHACA relacionó aportes privados por valor de veinticuatro
millones de pesos ($24.000.000) realizados por Richar Javier Claro Durán y Andrea
Marcela Solano Durán8, que fueron registrados como aportes en especie, dado que,
corresponden a la prestación personal de servicios del gerente y la contadora de la
campaña, que suponen el ejercicio de su actividad profesional como se consignó en
la declaración de origen de fondos del 12 de abril de 2022; estos recursos, por su
naturaleza no podían ser depositados en una cuenta bancaria, además, el registro
como “en especie” encuentra respaldo en los lineamientos del artículo 12 de la
Resolución número 8586 de 2021.
A partir de lo anterior, precisó que no superó el tope máximo para la financiación de
su campaña, a más de que, resultaba necesario para probar la causal, que la parte
actora comparara lo efectivamente gastado contra los topes establecidos, y si bien la
demanda carece de este ejercicio, las pruebas demuestran que los gastos en total
ascendieron a treinta y nueve millones novecientos noventa y nueve mil pesos
($39.999.000).
Por otro lado, resaltó que el artículo 20 de la Ley 130 de 1994 estableció que en las
rendiciones de cuentas se incluirán las ayudas en especie valoradas a su precio
comercial, y el artículo 12 de la Resolución 8586 de 2021 previó que los servicios
prestados por el gerente y contador de la campaña se reportaran como una donación
en especie. Así, y dado que las disposiciones de la CITREP no le permitieron tener
4 Índice 004 del expediente digital
5 Índice 007 del expediente digital
6 Índice 008 y 009 del expediente digital.
7 Índice 0012 del expediente digital.
8 En cuantía de doce millones de pesos ($12.000.000) cada uno.
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ingresos para asumir el pago de estos servicios y no hubo aportes al FNFPCE para
distribuir a los candidatos, tanto el gerente como la contadora decidieron no cobrar
sus honorarios y esto eximía al entonces candidato de reportar el valor como un gasto.
En relación a la limitación del 10% de aportes que adujo la parte actora como superada
en la campaña, indicó que se recibieron quince millones novecientos noventa y nueve
mil pesos ($15.999.000) provenientes de cuatro (4) donaciones de familiares que en
materia electoral no se entienden como aportes de particulares, de manera que
conforme a la regulación de las fuentes de financiación solo podía tenerse en cuenta
la suma de veinticuatro millones de pesos ($24.000.000) que corresponden a los
honorarios del gerente y la contadora.
Finalmente, formuló la excepción de inconstitucionalidad del Decreto 1207 de 2021 9
que estableció las reglas para ser candidato en las CITREP y las sanciones por el
incumplimiento de las reglas y requisitos del acto legislativo 2 de 2021, bajo el
argumento de que se encuentra en curso el trámite de control de constitucionalidad
con radicado PE – 052. En forma subsidiaria, solicitó la suspensión del proceso en los
términos del artículo 161 numeral 1 del Código General del Proceso, dado que
depende de la decisión que adopte la Corte Constitucional en el referido trámite.
1.5. Pruebas
El Magistrado sustanciador, con fundamento en el artículo 11 de la Ley 1881 de 2018,
por auto del 25 de julio de 202310, abrió el proceso a pruebas y decretó las pedidas
por las partes y las que de oficio consideró pertinentes y procedentes para la decisión
de fondo.
1.6. Reforma de la demanda y recurso contra el auto que decretó pruebas
La accionante presentó memorial en el que manifestó que reformaba la demanda y
presentaba recurso de reposición contra el auto que decretó pruebas. El 4 de agosto
de 2023 se fijó en lista el recurso y el 17 de agosto de 2023 el despacho del ponente
rechazó por extemporánea la reforma de la demanda y corrigió el período para el cual
pidió los extractos bancarios de la cuenta corriente número 318-000015-96 de
Bancolombia11.
Vencido el traslado de la prueba documental decretada y practicada la diligencia de
revisión y conocimiento de los documentos reservados, el ponente, por auto del 18 de
marzo de 202412, dispuso oficiar al Consejo Nacional Electoral para que remitiera
informe sobre el estado actual de la investigación adelantada a Diógenes Quintero por
incumplimiento del artículo 25 de la Ley 1475 de 2011 y el inciso 4 del artículo 8
transitorio del Acto legislativo número 02 de 2021.
Surtido el traslado de la totalidad de la prueba documental recaudada, por auto del 12
de junio del presente año se fijó como fecha para la llevar a cabo la audiencia pública
prevista en el artículo 12 de la Ley 1881 de 2018, el día veinte (20) de junio de dos mil
veinticuatro (2024) a las dos (2:00 p.m.) de la tarde13.
9 Por el cual se adoptan disposiciones para la elección de los representantes a la Cámara por las 16
Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para los periodos 2022-2026 y 2026-2030, en
desarrollo del Acto Legislativo 02 del 25 de agosto de 2021
10 Índice 0015 del expediente digital
11 Índice 0026 del expediente digital
12 Índice 0078 del expediente digital
13 Índice 00105 del expediente digital
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1.6. Audiencia Pública. Alegaciones
La audiencia pública prevista en los artículos 11 y 12 de la ley 1881 de 2018 tuvo lugar
el veinte (20) de junio del presente año, de manera virtual14, y contó con la asistencia
de los magistrados que integran la Sala Diecisiete Especial de Pérdida de Investidura,
el abogado del representante demandado y la Procuradora Segunda delegada ante el
Consejo de Estado.
1.6.1. El abogado del demandado Diógenes Quintero Amaya manifestó que,
la solicitante de la desinvestidura, no demostró el exceso en el gasto de la campaña
y, por el contrario, al proceso se trajeron los documentos de rendición de cuentas de
la campaña, de los cuales es posible inferir que los gastos totales fueron $39.999.000,
muy por debajo del tope máximo establecido que, para el caso, era de $376.653.333.
Aclaró que los $15.999.000 los recibió la campaña como un aporte proveniente del
candidato, de su cónyuge, o de un pariente y, los $24.000.000 correspondieron a los
honorarios por los servicios de la contadora y el gerente de la campaña.
Adujo que la discusión real no versa sobre la existencia de la recepción directa de
aportes particulares prohibidos, sino sobre la manera de registrar el costo de los
servicios prestados por el gerente y la contadora. Y destacó de manera textual lo que
sigue:
“Consta en el expediente de las cuentas de campaña presentadas por DIÓGENES
QUINTERO AMAYA al CNE que el entonces candidato suscribió 2 contratos de
prestación de servicios el 14 de diciembre de 2021: uno con RICHAR JAVIER CLARO
DURÁN para que este le prestará servicios como su Gerente de la Campaña a la
Cámara de Representantes y, otro con ANDREA MARCELA SOLANO DURÁN para que
prestara servicios de asesoría contable y financiera de la campaña.
En cada uno de estos contratos se pactaron honorarios por $12.000.000 como valor
total de los servicios contratados.
Esto evidencia que el propósito inicial de DIÓGENES QUINTERO AMAYA fue pagar en
dinero el valor de los honorarios.
Finalizada la campaña se advierte que no ingresaron dineros a ella, pues no se pudo
acceder a los anticipos de la financiación como quiera que resultó imposible obtener las
pólizas de seguro necesarias para ello; y que tampoco ingresó una sola contribución al
Fondo Nacional de Partidos y Campañas Electorales, por lo que no se distribuyó un solo
peso, en partes iguales, entre todas las campañas a las CITREP, como lo pretendió el
Acto Legislativo 02 de 2021.
Ante esta circunstancia, entusiasmados por el triunfo de DIÓGENES QUINTERO
AMAYA, su Gerente y su Contadora decidieron no cobrar estos honorarios; y así, ellos,
legalmente encargados de elaborar los informes de las cuentas de la campaña,
decidieron registrarlo como aporte en especie.
No se consideró en ese momento que dicho registro contrariara la disposición
constitucional que estipula (sic) que no se permiten aportes privados directos a
campañas de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, por cuanto se
trataba de un aporte en especie que, por su naturaleza no podía entregarse previamente
al Fondo Nacional de Partidos y Campañas Electorales, y, tampoco era viable distribuirlo
en partes iguales entre todas las campañas de las CITREP.
(…) el Decreto 1207 de 2021, artículo 20, sugería razonablemente que los aportes que
debía canalizarse por conducto del Fondo Nacional de Partidos y Campañas Electorales
eran aquellos que se hicieran en dinero, que fueran susceptibles de ser consignados en
una cuenta, pues textualmente se estableció que: «Respecto a las donaciones de las
personas naturales y jurídicas privadas, estas ingresarán al Fondo Nacional de
Financiación Política para lo cual el Ministerio de Hacienda suministrará el número de
14 Índice 117 del expediente digital
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cuentas habilitadas para ello, el Consejo Nacional Electoral asignará autónomamente
entre todos los candidatos los dineros recibidos de conformidad con lo consignado en el
Acto Legislativo»
El CNE, mediante oficio CNE-S-FNFP-4548-2022-FNFPCE-900, de 30 de noviembre de
2022, hizo una observación al Informe Integral de Ingresos y Gastos del CITREP
presentada por la ASOCIACIÓN DE FAMILIAS DESPLAZADAS DE HACARI –
ASOFADHACA organización social que inscribió la candidatura de DIÓGENES
QUINTERO AMAYA, en el que pidió, en concreto a su campaña, «Aclarar con respecto
a las donaciones evidenciadas en el Formulario 17 cód. 102 y anexo 17.2, teniendo en
cuanta el Art 8° del Acto Legislativo 02 de 2021», en alusión directa al registro como
aporte en especie de los honorarios del Gerente y de la Contadora de la campaña y a
la posibilidad de tenerlo como un aporte privado directo.
Con el propósito de atender esta glosa y disipar discusiones legales sobre el registro, el
mismo Gerente y Contadora, decidieron que se reclasificara el registro contable del valor
de sus honorarios como una cuenta por pagar. La respuesta a la glosa fue presentada
el 20 de enero de 2023”.
Manifestó que, el argumento de la imposibilidad de reclasificar contablemente el rubro,
no resulta válido porque la Resolución 8586 de 2021 permite en su artículo 16, que
los informes sean subsanados y así, para el caso, los definitivos fueron los que se
entregaron el 20 de enero de 2023, luego del ajuste que solicitó el CNE.
Refirió la necesidad de probar el elemento subjetivo, es decir, que el demandado haya
obrado de manera dolosa o gravemente culposa. Para el caso, la demandante
sustentó la configuración de este elemento subjetivo en: (i) que el demandado es
abogado y fue personero municipal; (ii) ocultó y no aportó los extractos bancarios de
la cuenta bancaria única de la campaña y que acreditaría el dolo de llegar a probar
que existieron consignaciones y transacciones no relacionadas en las cuentas
presentadas al CNE.
Esta última afirmación no fue probada porque, en la cuenta única de la campaña del
representante demandado no aparecen consignaciones ni transacciones. Y respecto
de la recepción de aportes directos relacionados con el inicial registro contable de los
honorarios de gerente y de la contadora, no existe dolo porque tal conducta provino
de estos colaboradores y ocurrió como consecuencia de la ausencia de recursos en
dinero, en buena parte por la imposibilidad de acceder a los anticipos como
consecuencia de las múltiples trabas que surgieron para la obtención de las pólizas
de garantía y a la ausencia de contribuciones en dinero en tanto al Fondo Nacional de
Partidos y Campañas Electorales no ingresó ningún aporte para ello. Modificación que
estuvo soportada en la naturaleza de los servicios y en el contenido del artículo 12 de
la Resolución 8586 de 2021 en la que se dispuso que los servicios prestados por la
gerente, contador y otras personas naturales que no sean cobrados, deberán ser
valorados en su precio comercial y reportado como una donación en especie.
Respecto a las investigaciones que adelanta el Consejo Nacional Electoral, precisó
que una de ellas, la relacionada con la apertura de cuenta bancaria, fue archivada
porque se demostró que todos los aportes que ingresaron a la campaña fueron
donaciones en especie no susceptibles de ser administradas a través de una cuenta
única bancaria. Y la otra, que sí está vigente, aunque involucra las normas que
constituyen el fundamento de la solicitud de pérdida de investidura, los fundamentos
fácticos son ajenos al versar sobre la existencia de dos vallas publicitarias que, para
el quejoso, implicarían la realización de gastos en el momento en que la campaña no
había obtenido ingresos por anticipos.
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En conclusión, para el apoderado del demandado, no se trasgredió el artículo 8
transitorio del acto legislativo 02 de 2021 y, en ese orden, las pretensiones no tienen
vocación de prosperidad.
1.6.2. El Ministerio Público luego de hacer un recuento general de la acción
de pérdida de investidura y de la competencia de la Sala Especial de Decisión, analizó
el contenido de la disposición que la actora citó como infringida, esto es, el artículo
109 constitucional, modificado por el artículo 3 del ato legislativo 1 del 14 de julio de
2009 que establece como causal de pérdida de investidura la violación de los topes
de la campaña debidamente comprobados.
La Procuradora Delegada destacó que para que la causal se estructure es necesario
la concurrencia de tres presupuestos: (i) que el sujeto haya sido elegido por voto
popular; (ii) que haya incurrido en violación de los topes máximos de financiación de
la campaña y; (iii) que haya obrado con la “intención el querer o la voluntad de
quebrantar la ley o, con negligencia o descuidado”, es decir, que tiene que estar
demostrado el elemento subjetivo.
Frente al caso concreto manifestó que, está demostrado que el demandado resultó
elegido como representante a la Cámara por las Circunscripciones Especiales
Transitorias de Paz -CITREP 4 para el período 2022 a 2026, pero la demandante no
demostró la vulneración de los topes máximos de financiación porque, de la prueba
recaudada, informe de ingresos y gastos, respuestas dadas por el Consejo Nacional
Electoral y el Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas electorales,
pudo inferir que el tope máximo según el censo electoral, era de $753.306.666 que
dividido entre los dos candidatos arrojaba un valor de $376.653.333 que no fue
superado por el demandado. Finalmente manifestó:
“ (…) la parte actora no cumplió con la carga de demostrar de qué forma o en cuanto
trasgredió el representante a la Cámara cuestionado el tope máximo de gasto de su
campaña y menos hizo una análisis de pruebas para sustentar en forma concreta la
causal que invocaba, es decir, que la demanda no tuvo un sustento ni fáctico ni jurídico
adecuado para pedir la perdida de investidura bajo el inciso 7 del artículo 109 de la
Constitución Política y que si en gracia de discusión, aún si se hubiera omitido el reporte
de algún gasto, resulta improbable que se excedieran los topes permitidos, dada la
diferencia entre el monto aquí acreditado con el permitido.
[…] al no acreditarse la violación de los topes de financiación, resulta claramente
improcedente indagar por el elemento subjetivo referido a si el representante aquí
enjuiciado tuvo la intención, el querer o la voluntad de quebrantar la ley o que fue
negligente o descuidado en este aspecto.
(…) según el informe individual de gastos electorales del demandado congresista, se
constata la existencia de donaciones por valor de $24.000.000 que corresponde al valor
comercial del contador y del gerente de campaña como aportes particulares, en efecto,
esta donación no viola el 10% del tope máximo de aporte dado por el CNE en la
Resolución 5877 de 2021 que fijó los límites a los montos de las campañas electorales
de los candidatos a las Circunscripción Especial para la Paz – CITREP, toda vez que si
se trata de la lista el tope era de $753.306.666, pero que para evitar dudas si se toma el
valor que le correspondió al candidato Quintero Amaya de $376.653.333 de dividir el
monto total por 2 que fueron los candidatos, las anteriores donaciones son
ostensiblemente inferiores al tope del 10%.
En conclusión, frente a este reparo, se considera que el señor Diógenes Quintero Amaya
no violó en su campaña el artículo 8 transitorio del Acto Legislativo 02 del 2021.
Si se trata de establecer si el gerente de la campaña del hoy congresista cumplió con el
requisito de aperturar una cuenta para el manejo de los recuso electorales, está
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comprobado que cumplió ese precepto a la luz del artículo 2517 de la Ley 1475 de 2011
(…).
(…) la cuenta bancaria exigida por la norma antes citada tenía como finalidad el manejo
de los recursos en dinero bajo la administración del gerente de la campaña, pero como
no se probó que existieran aportes en dinero, no se estableció que hayan ingresado
recursos tal como lo expresa el demandado en la contestación de la demandan”.
Con fundamento en lo anterior, solicitó negar la pretensión de desinvestidura del
representante a la Cámara demandado.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
La Sala Diecisiete Especial de Decisión de Pérdida de Investidura del Consejo de
Estado es competente para conocer, en primera instancia, de la solicitud formulada
por Teresita Hinestroza Serna en contra del representante a la Cámara Diógenes
Quintero Amaya, con fundamento en los artículos 184 y 237 numeral 5 de la
Constitución Política, 37, numeral 7, de la Ley 270 de 1996, 2 de la Ley 1881 de 2018
y el Acuerdo 011 de 31 de enero de 2018, proferido por la Sala Plena del Consejo de
Estado.
2.2. Legitimación en la causa y acreditación de la calidad de Congresista
Teresita Hinestroza Serna está legitimada en la causa por activa, ya que es ciudadana
colombiana, se identificó con nombres y apellidos, indicó las causales de pérdida de
investidura y su lugar de residencia, por lo que se cumplen las exigencias del artículo
5 de la Ley 1881 de 2018.
Por pasiva, la condición que ostenta Diógenes Quintero Amaya de representante a la
Cámara está probada con el formulario E-26 CTP de 18 de marzo de 202215, que lo
declaró electo. Por lo tanto, el acusado se encuentra legitimado por pasiva.
2.3. Vigencia de la acción
El artículo 6 de la Ley 1881 de 2018 estableció que la solicitud de pérdida de
investidura debe ser presentada dentro del término de cinco (5) años contados a partir
del día siguiente a aquel en que tuvo ocurrencia el hecho generador, so pena de que
opere la caducidad. Para el caso, dado que los hechos generadores que se aducen
en la solicitud se advirtieron con la elección del representante a la Cámara Diógenes
Quintero Amaya, y esta se llevó a cabo el 11 de marzo de 2022, la petición de pérdida
de investidura fue radicada el 6 de julio de 2023, ha de entenderse presentada en
forma oportuna.
2.4. Problema Jurídico
Corresponde a la Sala establecer si el Representante a la Cámara Diógenes Quintero
Amaya incurrió en las causales de pérdida de investidura previstas en el artículo 109
de la C.P., reglamentado en los artículos 23, 24, 26 de la Ley 1475 de 2011, y artículo
8 transitorio del Acto legislativo 02 de 2021 y en el artículo 14 del Decreto 1207 de
20121; en particular por:
a) la violación de los límites al monto de gastos de las campañas electorales,
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b) recepción de aportes privados directos.
2.5. Naturaleza y alcance de la Pérdida de Investidura
La pérdida de investidura es una acción pública de rango constitucional, introducida
por el constituyente de 1991 con el objeto de fortalecer, ampliar y profundizar la
participación de la ciudadanía en el ejercicio del control político, ante la necesidad de
dignificar y ennoblecer al Congreso de la República16, y de corregir la situación de
descrédito que este acusaba para ese momento17. Tiene carácter sancionatorio, como
expresión que es del ius puniendi del Estado en relación con las conductas corruptas
y deshonrosas de los congresistas, y en general de los miembros de las corporaciones
públicas.
En relación con su teleología, tanto la jurisprudencia del Consejo de Estado como de
la Corte Constitucional18 ha denotado que el juicio de desinvestidura se dirige a: i)
hacer un análisis ético de reproche sobre un comportamiento, en tanto lo que se exige
de los representantes elegidos por el pueblo es una conducta recta, pulcra y
transparente ii) preservar la dignidad del cargo público de elección popular, en tanto
mecanismo democrático de participación ejercido como control político por la
ciudadanía sobre sus representantes elegidos por vía electoral iii) juzgar a los
miembros de los cuerpos colegiados a partir de un código de conducta previsto en la
Constitución, en razón del valor social y político de la investidura que ostentan iii)
castigar de manera irredimible a los miembros de las corporaciones públicas que
incurran en conductas consideradas en el ordenamiento como reprochables, por ser
incompatibles con la dignidad del cargo.
La intemporalidad de la sanción que puede derivarse del ejercicio de esta acción, en
cuanto supone una limitación indefinida del derecho constitucional a ser elegido,
determina su cauce a través de un juicio especialmente riguroso y respetuoso de los
derechos del acusado, en especial, en lo atinente al debido proceso, a la garantía de
defensa y contradicción, al respeto de la legalidad de los tipos y a la interpretación
taxativa y restrictiva de las causales de desinvestidura.
Al respecto, la Sala Plena de esta Corporación, ha dicho19 que:
“La pérdida de investidura de los congresistas, se ha definido como un juicio20 o
proceso jurisdiccional sancionatorio, pues hace parte del ius puniendi del Estado.
De carácter ético21, en tanto las causales ideadas por el Constituyente son un código
específico de conducta, que tiene por objeto reprochar y sancionar a los
representantes del pueblo en y por razón de la dignidad del cargo que ejercen, a partir
de la defraudación del principio de representación política que deviene por razón
exclusiva y directa del mandato que genera el voto popular.
16 Informe de Plenario, del 28 de mayo de 1991, constituyente Antonio Galán, p. 38.
17 Gaceta Constitucional Nº. 79 del 22 de mayo de 1991.
18 Corte Constitucional, sentencia SU-1159 de 2003. Sentencia C-280 del 25 de junio de 1996. Consejo
de Estado, sentencia 2018-00781-00 de 21 junio de 2018. Consejo de Estado, Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, sentencia del 4 de agosto de 2015, CP. Hernán Andrade Rincón,
Expediente. No. 11001-03-15-000-2015-00872-00. En el mismo sentido ver Consejo de Estado.
Sentencia de 5 de agosto de 2014, expediente: 11001-03-15-000-2013-01719-00 (PI)
19 La transcripción conserva las citas originales de pie de página.
20 Corte Constitucional Sentencia SU-1159 de 2003. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
21 CONSEJO DE ESTADO. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 21 de agosto
de 2012. Expediente: 110010315000201100254-00(PI). Actor: Jesús Enrique Vergara Barreto.
Demandado: Representante a la Cámara Héctor Javier Vergara Sierra. C.P. Hernán Andrade Rincón.
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En ese orden, ha de entenderse que el juez de la pérdida juzga si el actuar de quien
fue investido de la representación popular se ajusta a lo que el Constituyente esperaba
de él y que expresó en causales específicas para la procedencia de esta figura. Por
tanto, la competencia del juez va más allá del reproche disciplinario, pues este no juzga
la observancia de un deber funcional sino la actuación de quien fue elegido a partir, se
repite, de la dignidad que les imprime a los cuerpos colegiados de representación
popular el mandato expresado en las urnas”22. (Negrillas del texto original).
En este juicio, la materia objeto de evaluación se centra en la conducta del demandado
y tiene por objeto la verificación de la adecuación de esta a la causal de desinvestidura
o su concurrencia al acaecimiento de la inhabilidad23.
En este orden, el legislador en la Ley 1881 de 201824 definió el proceso de pérdida de
investidura como un juicio de responsabilidad subjetiva que procede en contra de los
congresistas que, con su conducta dolosa o gravemente culposa, incurran en alguna
de las causales previstas en el artículo 183 de la Constitución Política. Conductas que
amplió el Acto legislativo 01 de 200925 al incluir la violación de los topes máximos de
financiación de las campañas, como un nuevo hecho que lleva a la pérdida de
investidura y que aplica para las elecciones celebradas con posterioridad a su
vigencia.
2.6. Marco legal y desarrollo jurisprudencial de las causales invocadas en este
caso como generadoras de la pérdida de investidura
2.6.1. Violación de topes máximos de financiación de la campaña
De acuerdo con lo previsto en el artículo 10926 de la Constitución Política, las
campañas políticas son financiadas parcialmente con recursos Estatales, por lo que
resulta necesario, por un lado, limitar el monto de los gastos que los partidos y
movimientos políticos realizan en las contiendas electorales y, por otro lado, fijar topes
máximos de financiación con el propósito de garantizar los principios de participación,
igualdad, pluralismo, transparencia y moralidad que rigen la organización y
funcionamiento de esas colectividades.
Para garantizar la aplicación de los principios mencionados, la Ley 1475 de 2011 “Por
la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos
políticos, de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones”, establece las fuentes
22 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de junio treinta (30) de
2015, expediente 11001-03-15-000-2013-00115-00 (PI), C.P. (E) Alberto Yepes Barreiro.
23 Corte Constitucional SU 424 de 2016
24 “Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de investidura de los congresistas, se consagra
la doble instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones”
25 “Por el cual se modifican y adicionan unos artículos de la Constitución Política de Colombia”
26 El Estado concurrirá a la financiación política y electoral de los partidos y movimientos políticos con
personería jurídica, de conformidad con la ley.
Las campañas electorales que adelanten los candidatos avalados por partidos y movimientos con
Personería Jurídica o por grupos significativos de ciudadanos, serán financiadas parcialmente con
recursos estatales.
La ley determinará el porcentaje de votación necesario para tener derecho a dicha financiación.
También se podrá limitar el monto de los gastos que los partidos, movimientos, grupos significativos de
ciudadanos o candidatos puedan realizar en las campañas electorales, así como la máxima cuantía de
las contribuciones privadas, de acuerdo con la ley.
(…)
Para las elecciones que se celebren a partir de la vigencia del presente acto legislativo, la violación de
los topes máximos de financiación de las campañas debidamente comprobada, será sancionada con
la pérdida de investidura o del cargo. La ley reglamentará los demás efectos por la violación de este
precepto.
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de financiación, entre las que se encuentra la proporcionada por el Estado a través
del “sistema de reposición de gastos por votos válidos obtenidos”; además, fija los
límites a la financiación privada27 y al monto de gastos; prevé la presentación de
informes de ingresos y gastos de campaña, y prescribe la sanción aplicable a los
candidatos elegidos a corporaciones públicas, alcaldes y gobernadores que incurran
en la violación de los topes de ingresos y gastos de campaña.
En lo atinente a la fijación de límites para la financiación y gastos de campaña, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo ha precisado, “por un lado: i) que la causal de
desinvestidura prevista en el artículo 109 de la Constitución Política sanciona con la
desinvestidura al candidato elegido para una corporación pública de elección popular
que incurra en la conducta consistente en ‘[…] violación de los topes máximos de
financiación de las campañas […]’, entendida como aportes y como gasto; y ii) el
artículo 2628 de la Ley 1475 sanciona la violación del límite al monto de gastos en la
campaña electoral. Por el otro, [que] corresponde al Consejo Nacional Electoral fijar
los límites de gastos de las campañas electorales a los distintos cargos y
corporaciones de elección popular, teniendo en cuenta los costos reales de las
campañas, el correspondiente censo electoral y la apropiación presupuestal para la
financiación estatal de las mismas.”32- 33.
Las disposiciones constitucionales y legales citadas le atribuyen competencia al
Consejo Nacional Electoral para adelantar el procedimiento para la presentación de
informes de ingresos y gastos de campañas electorales de candidatos, partidos y
movimientos políticos, a través del cual el contador adscrito al Fondo Nacional de
Financiación de Partidos y campañas Electorales, revisa aspectos contables, verifica
el cumplimiento de los topes y, si resulta procedente, remite al CNE para que expida
la certificación necesaria para dictar el acto administrativo de reconocimiento del
derecho a la reposición de gastos de campaña..
27 Artículo 23. LÍMITES A LA FINANCIACIÓN PRIVADA. Ningún partido, movimiento o grupo
significativo de ciudadanos, candidato o compaña, podrá obtener créditos ni recaudar recursos
originados en fuentes de financiación privada, por más del valor total de gastos que se pueden realizar
en la respectiva campaña. Tampoco podrá recaudar contribuciones y donaciones individuales
superiores al 10% de dicho valor total.
La financiación originada en recursos propios, del cónyuge, compañero permanente o parientes en el
grado que autoriza la ley, no estará sometida a los límites individuales a que se refiere esta disposición,
pero en ningún caso la sumatoria de tales aportes o créditos podrá ser superior al monto total de los
gastos de la campaña.
Artículo 24. LÍMITES AL MONTO DE GASTOS. Los límites de gastos de las campañas electorales a
los distintos cargos y corporaciones de elección popular serán fijados por el Consejo Nacional Electoral
en el mes de enero de cada año, teniendo en cuenta los costos reales de las campañas, el
correspondiente censo electoral y la apropiación presupuestal para la financiación estatal de las
mismas.
(…) En el caso de listas con voto preferente el monto máximo de gastos por cada uno de los integrantes
de la lista será el resultado de dividir el monto máximo de gastos de la lista por el número de candidatos
inscritos. El Consejo Nacional Electoral señalará adicionalmente, el monto máximo de cada partido o
movimiento con personería jurídica puede invertir en la campaña electoral institucional a favor de sus
candidatos o listas.
28 PÉRDIDA DE CARGO POR VIOLACIÓN DE LOS LÍMITES AL MONTO DE GASTOS. La violación
de los límites al monto de gastos de las campañas electorales, se sancionará con la pérdida del cargo,
así:
1. En el caso de candidatos elegidos a corporaciones públicas se seguirá el procedimiento de
pérdida de investidura definido en la Constitución y la ley.
Una vez establecida la violación de los límites al monto de gastos, el Consejo Nacional Electoral
presentará ante la autoridad competente la correspondiente solicitud de pérdida del cargo.
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Por su lado, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha emitido pronunciamientos
del siguiente tenor:
“(…) el establecimiento de límites a las cantidades y montos globales que pueden
aportarse por parte de particulares a las campañas políticas, o de topes a las
contribuciones provenientes del sector privado en la financiación de estas campañas,
reviste tal trascendencia, que esta regla constituye el principal contenido que informa a
los principios de pluralismo político y de igualdad, los cuales deben garantizarse en
todas las campañas políticas y electorales, así como en la implementación de los
mecanismos de participación ciudadana. De otra parte, evidenció la jurisprudencia
constitucional, que las limitaciones a los montos de financiación privada, constituyen un
claro mandato constitucional que se encuentra en armonía con la tendencia en el ámbito
internacional, encaminada a regular y limitar de manera detallada el tema de la
financiación privada de las campañas políticas, a través de la fijación de cuantías
máximas de contribuciones por parte de particulares, con el fin de evitar todo abuso del
poder económico en la actividad política, de prevenir el fenómeno de la corrupción y
evitar la injerencia de intereses particulares que vicien los procesos democráticos.
En este sentido, expresó la Corte que la fijación de topes máximos a las contribuciones
de particulares a las campañas políticas, tiene un doble efecto democrático: de un lado
garantizar la igualdad en la contienda electoral, y de otro lado, el pluralismo político, ya
que con esta medida se logra evitar que partidos y candidatos con mayores recursos
económicos tengan una mayor visibilidad ante el electorado y logren una ventaja
considerativa e inaceptable en materia de mecanismos de participación”29.
Ahora bien, para el caso concreto bajo estudio resulta importante precisar que, en
cumplimiento de lo dispuesto por la Corte Constitucional en la sentencia SU-150 DE
2021 y con el fin de lograr la implementación del acuerdo de paz suscrito entre el
Gobierno de Colombia y las FARC-EP, el Acto legislativo 02 de 202130 creó 16
circunscripciones transitorias especiales de paz para la Cámara de Representantes -
CITREP,31 para el período 2022 a 2026 y 2026 a 2030.
El marco normativo de las circunscripciones especiales, lo constituyó, entre otras y en
lo que importa para este proceso, la Resolución número 5877 del 1 de octubre de
2021 expedida por el Consejo Nacional Electoral “Por medio de la cual se fijan los límites
a los montos de gastos de las campañas electorales de las listas de candidatos de las
organizaciones de víctimas, organizaciones campesinas u organizaciones sociales,
incluyendo las de las mujeres, y grupos significativos de ciudadanos, así como los consejos
comunitarios, los resguardos y las autoridades indígenas y las Kumpañy, en las elecciones
para las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz de la Cámara de Representantes
que se llevarán a cabo en el año 2022, se establece el monto máximo que cada organización
puede invertir en ellas, y se fija el valor de reposición por voto válido” cuyo artículo primero
es del siguiente tenor literal:
PRIMERO: Fijar el límite máximo del monto de gastos de las campañas de cada una de
las listas de candidatos postulados por las organizaciones de víctimas, organizaciones
campesinas u organizaciones sociales, incluyendo las de las mujeres, y grupos
significativos de ciudadanos, así como los consejos comunitarios, los resguardos y las
autoridades indígenas y las Kumpañy, en las elecciones para las Circunscripciones
Transitorias Especiales de Paz de la Cámara de Representantes que se llevarán a cabo
en el año 2022, de la siguiente manera:
a)
b)
29 C-490 de 2011
30 En cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia SU-150 DE 2021
31 Creadas no sólo en virtud del acuerdo político pactado por el Gobierno Nacional y las entonces
FARC-EP, sino también por la necesidad de conceder representatividad con voz y voto a las víctimas
del conflicto armado en el Congreso de la República.
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c) En las circunscripciones transitorias de paz con censo electoral igual o inferior a
doscientos mil (200.000) ciudadanos, la suma de SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES
MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
MONEDA CORRIENTE ($753.306.666).
De acuerdo con lo expuesto, la causal de pérdida de investidura por la violación de
los límites al monto de gastos fijados por el Consejo Nacional Electoral, procederá
siempre que se acrediten los siguientes presupuestos: (i) que el candidato fue elegido
por voto popular para una corporación pública; (ii) que el elegido infringió el tope de
gastos de campaña conforme a la proporción que le corresponda del límite fijado para
la lista con voto preferente, lo que resulta de dividir el monto total del gasto en que
incurrió la lista por el número de los integrantes de la lista (elemento objetivo); (iii) que
la infracción del límite al monto de gastos devino a consecuencia de que “la persona
obró con la intención, el querer o la voluntad de quebrantar la ley o que fue negligente
o descuidado y no tomó las medidas necesarias para evitar que ello ocurriera”
(elemento subjetivo)32.
Respecto de la pérdida de investidura como consecuencia de la causal que se viene
analizando, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha indicado que esta
medida sancionatoria, tiene como propósito la garantía de los principios de igualdad,
transparencia y pluralismo en el plano político y electoral, así como «evitar el ingreso
indiscriminado de recursos económicos que puedan afectar el proceso electoral, a los
electores y comprometer, en primera medida, al candidato, a quién lo avala y,
posteriormente, a la persona que sea investida por el pueblo»33.
2.6.2. Límites a la financiación privada -donaciones individuales-
En lo atinente a los topes de financiación de origen privado, la Corte Constitucional ha
referido que la trascendencia de dicha regla estatutaria se ubica en los principios de
pluralismo político y de igualdad, los cuales deben garantizarse en todas las
campañas políticas y electorales, así como en la implementación de los mecanismos
de participación ciudadana. En la sentencia C-302 de 2021 precisó:
La financiación privada de las campañas es una forma legítima de participación y
expresión de intereses políticos, mas no un mecanismo antidemocrático para permitir
que los sectores económicos puedan injerir sobre las elecciones o dominar los cuerpos
colegiados de elección popular (artículo 109 de la CP). Desde la perspectiva
constitucional, aceptar lo contrario implicaría asumir que las personas que no realizan
donaciones a las campañas electorales no tienen representación en el Congreso de la
República y que las contribuciones económicas a las mismas obran como una suerte de
sustituto del voto y de los pilares de la democracia participativa. Esta es una razón
adicional, a aquellas que se expusieron en las consideraciones de esta sentencia, por
la cual el fortalecimiento del régimen de los conflictos de intereses, en lo que tiene que
ver con la financiación privada de campañas, constituye una forma de conjurar los
riesgos de este tipo de financiación para el sistema democrático.
El artículo 2034 de la Ley 1475 de 2011 prescribe que los candidatos de los partidos
políticos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos inscritos a cargos o
32 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 22 de octubre de
2019, expediente PI-2018-01294-01.
33 Ibídem.
34 Los candidatos de los partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos inscritos a cargos
o corporaciones de elección popular, podrán acudir a las siguientes fuentes para la financiación de sus
campañas electorales:
1. Los recursos propios de origen privado que los partidos y movimientos políticos destinen para el
financiamiento de las campañas en las que participen.
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corporaciones de elección popular pueden financiar sus campañas, con las
contribuciones, donaciones y créditos, en dinero o en especie, que realicen los
particulares. Y el artículo 23 ibidem establece dos clases de límites a la financiación
privada de campañas políticas:
a) Un límite global, determinado por el valor total de gastos que se pueden realizar
en la respectiva campaña;
b) Otro de naturaleza individual, referido al porcentaje del 10% de aporte máximo
que puede efectuar cada persona a la campaña del candidato que resultó elegido
congresista de la República, salvo que se trate de recursos propios, del cónyuge,
compañero permanente o parientes en el grado que autoriza la ley.
Ahora, en lo que hace relación a la financiación de las campañas de los candidatos
inscritos por las Circunscripciones Transitorias de Paz, el artículo 8 del Acto Legislativo
02 de 2021 estableció:
“La financiación de las campañas será preponderantemente estatal, mediante el
sistema de reposición de votos y acceso a los anticipos, en los términos y topes que
determine la autoridad electoral.
La autoridad electoral entregará los anticipos equivalentes al 50% del resultado de
multiplicar el valor del voto a reponer por el número de ciudadanos que integran el
censo electoral de la respectiva circunscripción. Esta suma se distribuirá en partes
iguales entre todas las listas inscritas. En ningún caso el anticipo podrá superar el tope
de gastos que determine la autoridad electoral. La financiación se realizará dentro del
mes siguiente a la inscripción de la lista. Las sumas de dinero se entregarán sin
dilaciones a las organizaciones promotoras de la lista, y en ningún caso a los
candidatos.
Los particulares podrán contribuir a la financiación de estas campañas mediante
donaciones hechas directamente al Fondo Nacional de Partidos y Campañas
Electorales, las cuales serán distribuidas por la autoridad electoral entre todas las
campañas de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, por partes iguales,
hasta concurrencia del monto máximo señalado. Estas donaciones no podrán superar
el 10% del monto establecido para la Cámara de Representantes y recibirán el
tratamiento tributario que establece la ley para las donaciones y contribuciones a los
partidos y movimientos políticos.
No se permiten aportes privados directos a campañas de las Circunscripciones
Transitorias Especiales de Paz”.
A su turno, el Decreto 1207 de 202135 dispuso en su artículo 14:
“Sanciones por el incumplimiento de las reglas y requisitos previstos en el Acto
Legislativo 02 de 2021. Quienes sean elegidos como representantes a la Cámara por
2. Los créditos o aportes que provengan del patrimonio de los candidatos, de sus cónyuges o de sus
compañeros permanentes, o de sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad.
3. Las contribuciones, donaciones y créditos, en dinero o en especie, que realicen los particulares.
4. Los créditos obtenidos en entidades financieras legalmente autorizadas.
5. Los ingresos originados en actos públicos, publicaciones y/o cualquier otra actividad lucrativa del
partido o movimiento.
6. La financiación estatal, de acuerdo con las reglas previstas en esta ley.
35 “Por el cual se adoptan disposiciones para la elección de los representantes a la Cámara por las 16
Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para los periodos 2022-2026 y 2026-2030, en
desarrollo del Acto Legislativo 02 del 25 de agosto de 2021”
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una Circunscripción Transitoria Especial de Paz sin el cumplimiento de los requisitos
y las reglas establecidas en el Acto Legislativo 02 de 2021 y en el presente decreto,
se les impondrá la sanción de pérdida del cargo mediante el procedimiento de pérdida
de investidura definido en la ley y ello conllevará la inhabilidad prevista en el numeral
4 del Artículo 179 de la Constitución Política”.
2.7. Respuesta a los problemas jurídicos planteados
Para dar respuesta al problema jurídico planteado frente a cada uno de los cargos de
la demanda, la Sala analizará las pruebas recaudadas, primero, en función de la
acreditación de los elementos objetivos de cada una de las causales que dan soporte
a la solicitud de pérdida de investidura que radicó Teresita Hinestroza Serna en contra
del representante a la Cámara Diógenes Quintero Amaya; y a continuación, si a ello
hay lugar, para verificar si este actúo con dolo o culpa tal y como lo exigen el artículo
136 de la Ley 1881 de 2018, la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte
Constitucional, y si, en consecuencia, es merecedor de la sanción que solicitó la
demandante.
Con vista en el expediente digital, la Sala encuentra probados los siguientes hechos
relevantes para la solución de los problemas jurídicos propuestos, no sin antes advertir
que, los medios de prueba traídos con la demanda y los recaudados en el trámite del
proceso, los valorará en su integridad, en cumplimiento de lo previsto en el artículo
24637 del C. G. del P., y en desarrollo y respeto de los principios constitucionales de
la buena fe y de la primacía de lo sustancial sobre lo formal, y tomará en consideración
que, habiendo sido ellos sometidos a contradicción, ninguna de las partes los objetó
o tachó de falsos.
Así mismo, precisa que dichos documentos se presumen auténticos por responder a
las exigencias del artículo 24438 del C.G. del P., norma aplicable al presente asunto
por vía de integración normativa dispuesta por el artículo 306 de la Ley 1437 de 2011.
2.7.1. Calidad de candidato electo para la Cámara de Representantes por el
departamento de Norte de Santander en representación de la Asociación
Familias Desplazas Hacarí ASPFADJACA del demandado Diógenes Quintero
Amaya, está demostrada con:
• El formulario E-8 expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil que
contiene la lista definitiva de candidatos inscritos para la Cámara de Representantes
por el departamento de Norte de Santander.
• El acta parcial de escrutinio del 1 de marzo de 2022 en la que se consignó un
total de votos por el candidato Diógenes Quintero Amaya, de 5.946 suscrita por los
delegados del Consejo Nacional Electoral.
36 “ARTÍCULO 1. El proceso sancionatorio de pérdida de investidura es un juicio de responsabilidad
subjetiva. La acción se ejercerá en contra de los congresistas que, con su conducta dolosa o gravemente culposa,
hubieren incurrido en una de las causales de pérdida de investidura establecidas en la Constitución.
Se observará el principio del debido proceso, conforme al artículo 29 de la Constitución Política”.
37 “Valor probatorio de las copias. Las copias tendrán el mismo valor que el original, salvo cuando por disposición
legal sea necesaria la presentación del original o de una determinada copia.
Sn perjuicio de la presunción de autenticidad, la parte contra quien se aduzca copia de un documento podrá solicitar
su cotejo con el original, o a falta de éste con una copia expedida con anterioridad a aquélla. El cotejo se efectuará
mediante exhibición dentro de la audiencia correspondiente.”
38 “Documento auténtico. Cuando existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito o firmado, o
cuando existe certeza de la persona a quien se le atribuyó el documento.
Los documentos públicos y los privados emanados de las partes o de terceros, en original o en copia, elaborados
firmados o manuscritos y los que contengan la reproducción de la voz o de la imagen, se presumen auténticos
mientras no hayan sido tachados de falsos, o desconocidos según el caso.
Los documentos en forma de mensajes de datos se presumen auténticos”.
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• El formulario E-26 CTP en el que el Consejo Nacional Electoral declaró electo
como representante a la Cámara para el período 2022- 2026 a Diógenes Quintero
Amaya.
• Gaceta del Congreso del 20 de julio de 2022 en la que consta la posesión de
Diógenes Quintero Amaya como representante a la Cámara por el Departamento de
Norte de Santander.
2.7.2. Tope de gastos de la campaña
El informe de ingresos y gastos de la campaña que remitió el Consejo Nacional
Electoral como respuesta a un derecho de petición y que la demandante anexó al
escrito que dio origen a este proceso, contiene lo siguiente:
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Como soportes contables que se anexaron al informe de ingresos y gastos:
Comprobante de ingreso CI-001 del 28 de febrero de 2022 por valor de $4.000.000.00.
Donación persona natural en especie por propaganda electoral en vallas publicitarias.
Factura 006 “FERNANDO PRINCE”- pago de una valla publicitaria por Yiceini Paola
Quintero Amaya.
Comprobante de ingreso CI-002 del 28 de febrero de 2022 por valor de $4.000.000.00.
Donación persona natural en especie propaganda electoral en vallas publicitarias para
la campaña de Diógenes Quintero Amaya. Factura 005 “FERNANDO PRINCE”- pago
valla publicitaria por Arles Humberto Quintero López.
Comprobante de ingreso CI-003 del 10 de marzo de 2022 por valor de $4.000.000.00.
Donación persona natural -Diocelina Anaya Castro, propaganda electoral.
Comprobante de ingreso CI-004 del 10 de marzo de 2022 por valor de $3.999.000.
Donación persona natural – Crismal Arley Quintero, propaganda electoral.
Comprobante de ingreso CI-005 por valor de $12.000.000.00 donación en especie.
Servicio gerente de la campaña.
Comprobante de ingreso CI-006 por valor de $12.000.000.00 donación en especie.
Servicio contador de la campaña.
Conforme a la prueba documental que se acaba de describir, la Sala puede concluir
con total claridad y precisión que, los gastos totales de la campaña ascendieron a la
suma de $39.999.000.00 y tuvieron origen en aportes de familiares del candidato y
que en él se incluyeron como aportes en especie, el valor de los honorarios de la
gerente y contadora de la campaña.
Esta suma no sobrepasó el tope previsto en la Resolución 5877 de 2021,
concretamente en el literal c, que refiere como monto de gastos para campañas
electorales en las circunscripciones transitorias de paz cuyo censo electoral sea igual
o inferior a dos mil ciudadanos, setecientos cincuenta y tres millones trescientos
seis mil seiscientos sesenta y seis pesos ($753.306.666) m/cte que se deben
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dividir entre los candidatos inscritos y que para el caso, fueron dos, por lo que, el tope
para cada uno era de trescientos setenta y seis millones seiscientos cincuenta y
tres mil trescientos treinta y tres pesos ($376.653.333) m/cte.
Así las cosas, la respuesta al primer problema jurídico propuesto, debe ser negativa,
pues no se demostró la violación de los topes máximos de financiación, entendidos
como ingresos y gastos, por parte de la campaña de Diógenes Quintero Amaya.
2.7.3. Recepción de aportes privados directos
La accionante afirmó que el entonces candidato Diógenes Quintero Amaya recibió
aportes particulares directos, en contravía no solo de la prohibición contenida en el
artículo 8 transitorio del Acto Legislativo 02 de 2021, que dispone “No se permiten
aportes privados directos a campañas de las Circunscripciones Transitorias
Especiales de Paz”, sino también de la prevista en el artículo 23 de la Ley 1475 de
2011, consistente en “recibir aportes directos y provenientes de privados superiores al
10% del monto total de gastos que se podían realizar en la respectiva campaña”.
Como fundamento fáctico, sostuvo que la campaña relacionó en el informe de ingresos
y gastos, aportes de privados en especie, de manera directa, por un valor total de
veinticuatro millones de pesos m/cte ($24.000.000) que, según los aportantes,
provenían del desarrollo de la actividad de comercio como independientes.
Y agregó que el hoy demandado ocultó dolosamente los valores que ingresaron a la
cuenta corriente de la campaña y con los que superó el porcentaje del 10% del monto
total de gastos.
Con el fin de demostrar el anterior supuesto fáctico, solicitó que, al momento de
decretar las pruebas, se ordenara oficiar a la entidad financiera Bancolombia para que
remitiera: i) certificación bancaria de la apertura de la cuenta, fecha de tal acto, y el
nombre del titular; y, ii) los extractos bancarios en los que se reflejara el movimiento
financiero desde la fecha de apertura hasta el 13 de marzo de 2022.
Al expediente, Bancolombia remitió: (i) una certificación de apertura de la cuenta
corriente número 318-000015-96 por parte de Richar Javier Claro Duran en su
condición de gerente de la campaña de Diógenes Quintero Amaya, candidato al
congreso de la República; (ii) los extractos de dicha cuenta para el periodo
comprendido entre la fecha de apertura 21 de diciembre de 2021 y el 13 de marzo
de 202239 en los que no se reportó movimiento de ingreso y egreso de dinero alguno.
De otra parte, resulta importante desatacar el contenido del oficio que remitió el
Consejo Nacional Electoral como respuesta a una petición probatoria relacionada con
las actuaciones adelantadas en contra de Diógenes Quintero Amaya por la posible
vulneración del artículo 2540 de la Ley 1475 de 2011 y, el inciso 4 del artículo transitorio
8 del Acto Legislativo 02 de 2021, en el que informó lo siguiente:
“las pruebas recaudadas en la instancia preliminar permitieron establecer que
la campaña electoral del ciudadano Diógenes Quintero Amaya cumplió con la
obligación de abrir la cuenta única bancaria prevista en el artículo 25 de la Ley
1475 de 2011, con lo que se desvirtuó la transgresión normativa que se reportó
en el informe CNE-I-2023-002666.FNFPCE-900 del 12 de abril de 2023 del
39 Índice 0037 del expediente digital
40 “los recursos en dinero de las campañas electorales, se recibirán y administrarán a través de una
cuenta única que el gerente de la campaña abrirá en una entidad financiera legalmente autorizada”.
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Fondo de Financiación de Partido y Campañas Electoral, por consiguiente se
ordenará la terminación de la actuación administrativa adelantada contra el
excandidato indagado”41.
Del contenido de los extractos y certificación bancaria remitidos por BANCOLOMBIA
la Sala observa, que la cuenta la abrió el gerente de la campaña y que no tuvo ningún
movimiento desde la fecha de apertura y la fecha en que se llevó a cabo el proceso
electoral.
Así, no fue demostrado el supuesto de hecho en el que la actora fundamentó la causal,
pues la campaña del demandado no recibió dinero alguno en la referida cuenta.
Ahora, en relación con las donaciones que por valor de $12.000.000.00 efectuaron el
gerente y la contadora de la campaña, para un total de $24.000.000.00, la Sala denota
que, al haber existido inconsistencias en el reporte de ingresos y gastos, mediante
oficio CNE-SFNFP-4548-2022-FNFPCE-900 del 30 de noviembre de 2022, el
contador responsable de la revisión ante el Consejo Nacional Electoral realizó
observaciones a lo consignado en el formulario 17 cód. 102 y anexo 17.2, frente al
cual ASOFADHACA dio respuesta el 20 de enero del 2023 con radicado No. CNE-E-
FN-2023-000106.
Analizada en conjunto la prueba documental referida, la Sala infiere que, como el
fundamento del cargo de “recepción de aportes privados directos” lo fue el incluir en
el informe de ingresos y gastos la suma de 24 millones de pesos como aportes en
especie de particulares, este carece de sustento, pues los valores fueron incorporados
en el renglón que correspondía, esto es, como una cuenta por pagar y que finalmente
no fue cancelada debido a que la Asociación no recibió el financiamiento estatal.
La modificación del rubro referido obedeció a las observaciones que el Consejo
Nacional Electoral efectúo al informe de ingresos y gastos con fundamento en lo
previsto en el artículo 12 de la Resolución 8586 de 202142:
ARTÍCULO 12°. DEBER DE REPORTAR LOS INGRESOS Y GASTOS. Todo recurso
que ingrese ya sea en dinero o en especie, y todo gasto que realice la campaña deberá
ser reportado. Los servicios prestados por el gerente, contador, y otras personas
naturales que no sean cobrados, la destinación gratuita y temporal de bienes muebles
e inmuebles propios o de terceros, como sedes, vehículos, equipos, fachadas o espacio
para vallas, y los bienes, servicios y personal que aportan las organizaciones políticas
para las campañas de sus candidatos deberán ser valorados en su precio comercial y
reportado como una donación en especie, anexando los debidos soportes.
De igual forma es importante destacar que el requerimiento lo prevé el artículo 16 de
la resolución citada:
REQUERIMIENTO PARA LA SUBSANACIÓN DE INFORMES. El contador a cargo de
la revisión del informe de ingresos y gastos de campaña podrá requerir al representante
legal del partido o movimiento político, o al responsable del grupo significativo de
ciudadanos, si se hallaren inconsistencias y/o falta de información. El requerimiento se
realizará por una única vez a las organizaciones políticas a través del software aplicativo
Cuentas Claras.
41 Índice 83 del expediente digital incorporado en la plataforma SAMAÍ.
42 “Por medio de la cual se adopta el procedimiento para la presentación de informes de ingresos y
gastos de campaña electorales de candidatos, partidos, movimientos políticos, y grupos significativos
de ciudadanos, consultas populares de las agrupaciones políticas, se establece el uso obligatorio del
software aplicativo “cuentas claras” y se dictan otras disposiciones.”
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Finalmente es importante destacar que, la transgresión del límite establecido para la
recepción de donaciones o contribuciones individuales se configura cuando una
misma persona, sea esta natural o jurídica, efectúa aportes a una campaña política
en una cuantía superior al diez (10%) del monto total establecido por el CNE como
máximo para la financiación de aquella, en los términos previstos en el inciso tercero
del artículo 24 de la Ley 1475 de 2011. Monto que para el caso objeto de estudio
equivale a $37.665.333 en razón a que el limite de gastos de la campaña de candidato
fue de $376.653.333.
Así las cosas, la demandante no logró demostrar que a la campaña del hoy
representante a la Cámara hayan ingresado aportes privados directos en cuantía
superior al 10% del límite de gastos establecido por el Consejo Nacional Electoral.
2.7. Conclusión.
2.8.1. La pérdida de investidura que “constituye una medida de una severidad
excepcional que implica no solamente la separación inmediata y definitiva del
demandado que ha incurrido en la causal prevista en el ordenamiento jurídico, sino
que conlleva, además, la imposibilidad de volver a ser elegido en un cargo de elección
popular en el futuro”43, exige encontrar probado en debida forma y con total certeza
cada uno de los elementos que la norma describe como constitutivos de la conducta
sancionable, para luego y si se da esta subsunción –adecuación típica- proceder al
análisis del elemento subjetivo que de resultar demostrado daría lugar a decretar la
perdida de investidura.
2.8.2. No existen las condiciones para decretar la pérdida de investidura del
Representante a la Cámara Diógenes Quintero Amaya, en cuanto la demandada no
logró demostrar la realización de las conductas descritas en el artículo 109 de la C.P.
reglamentado por los artículos 23, 24, 26 de la ley 1475 de 2011 y el artículo 8
transitorio del Acto Legislativo 02 de 201 y el artículo 14 del Decreto 1207 de 2021.
En ese orden, como no se encontró acreditado el elemento objetivo de la conducta
constitutiva de pérdida de investidura, la Sala queda relevada de examinar el factor
subjetivo de la causal, esto es, la culpabilidad en la violación de los topes máximos de
financiación y gastos de las campañas electorales consistente en determinar “si la
persona obró con la intención, el querer o la voluntad de quebrantar la ley o que fue
negligente o descuidado y no tomó las medidas necesarias para evitar que ello
ocurriera”44
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sala Diecisiete Especial de Decisión, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: NEGAR la solicitud de pérdida de investidura del representante a la
Cámara Diógenes Quintero Amaya, por las razones consignadas en la parte motiva
de esta providencia.
43 Sentencia del 19 de septiembre de 2018, expediente 2500234200020160296601
44 Consejo de Estado, sentencia de 22 de octubre de 2019, Exp. 11001031500020180129401, M. P.
Hernando Sánchez Sánchez.
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SEGUNDO: COMUNICAR esta providencia a la Mesa Directiva del Senado de la
República y al secretario general de esa Corporación.
TERCERO: INFORMAR que contra esta providencia procede el recurso de apelación,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 1881 de 2018.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
PRESIDENTE DE SALA
Firmado electrónicamente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
MAGISTRADO
Firmado electrónicamente
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
MAGISTRADO
Firmado electrónicamente
WILSON RAMOS GIRÓN
MAGISTRADO
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
MAGISTRADO
Firmado electrónicamente
VF
sejv/
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