Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-07534-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-07534-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-07534-00
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
22 de febrero de 2024
Demandante: Teresita Hinestroza Serna
Demandado: Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 17
Rad: 11001-03-15-000-2023-07534-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá D.C., veintidós (22) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-07534-00
Demandante: TERESITA HINESTROZA SERNA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SALA ESPECIAL DE DECISIÓN N°
17
Temas: Tutela contra providencia judicial. Falta de relevancia
constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a decidir la solicitud formulada por la parte actora en ejercicio de
la acción de tutela consagrada en la Constitución Política, artículo 86 y
desarrollada en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021, y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de
esta corporación.
I. ANTECEDENTES
1. La petición de amparo
La señora Teresita Hinestroza Serna, quien actúa en nombre propio, instauró
acción de tutela contra la Sala Especial de Decisión 17 del Consejo de Estado,
con el fin de que se proteja su derecho fundamental al debido proceso que
consideró vulnerado con la providencia de 27 de noviembre de 2023, a través de
la cual dicha Corporación negó el recurso de reposición interpuesto contra el auto
de 21 de septiembre de 2023, que dio traslado de unas pruebas documentales
dentro del proceso de pérdida de investidura 11001-03-15-000-2023-03713-00.
2. Hechos
El 7 de junio de 2023, la accionante radicó solicitud de pérdida de investidura en
contra del señor Diógenes Quintero Amaya, como representante a la Cámara por
la curul de paz CITREP 4 perteneciente a la circunscripción especial del
Catatumbo, Norte de Santander, elegido el 13 de marzo de 2022, invocando, entre
varios cargos, la transgresión del artículo 109 de la Constitución Política,
reglamentado por el artículo 23 de la Ley 1475 de 2011, que refieren a la violación
del límite del 10% correspondiente a aportes y contribuciones provenientes de
privados.
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Demandante: Teresita Hinestroza Serna
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Lo anterior, dado que en el informe individual de ingresos y gastos de campaña
dirigido al CNE no se relacionó la cuenta corriente de naturaleza electoral que
tiene el demandado en Bancolombia, por medio de la cual su campaña recibió
cantidad de dinero producto de consignaciones provenientes de privados y
financiadores cercanos, con lo cual se infringieron las disposiciones señaladas.
El 10 de julio de 2023, el magistrado Jaime Enrique Rodríguez Navas decidió
admitir el medio de control de pérdida de investidura; el 21 de julio del mismo año
el señor Diógenes Quintero Amaya contestó la demanda y aportó el extracto
bancario correspondiente a la cuenta corriente de Bancolombia, en cumplimiento
del artículo 6º, literal a), de la Ley 1581 de 2012 que se refiere a la excepción de
prohibición del tratamiento de datos, cuando el titular haya dado su autorización
explícita a dicho tratamiento.
Mediante memorial de 24 de noviembre de 2023, la tutelante puso en
conocimiento del despacho que es trascendental que se le corra traslado de la
documental de los documentos relacionados con la cuenta corriente del gerente
de campaña del congresista accionado, para efectos de cotejar los movimientos
relacionados allí; de igual forma, señaló que existen inconsistencias en el extracto
bancario allegado por el demandado.
De conformidad con el registro realizado en el aplicativo SAMAI, indicativos 37 y
38, el 5 y 13 de septiembre de 2023 Bancolombia aportó el extracto bancario de
que se trata, tras haber sido solicitado por el despacho mediante auto de 25 de
julio de 2023, que decretó y ordenó la práctica de pruebas.
El 21 de septiembre de 2023, el despacho ordenó el traslado de las pruebas pero
afirmó que por tratarse de insumo documental -extracto bancario- que contiene
información sensible y confidencial, debía fijarse fecha y hora para que las partes
acudan a la Secretaría General de la Corporación a consultar el expediente en
presencia de un empleado del Despacho, sin que en dicha oportunidad les sea
posible tomar fotografía de las piezas ni pedir la expedición de copias. Lo anterior,
dado la obligación de guardar la reserva de la información bancaria suministrada
por Bancolombia.
La parte actora instauró recurso de reposición contra dicha decisión, el cual fue
resuelto mediante auto de 27 de noviembre de 2023, en el que el despacho
resolvió negarlo con sustento en que el extracto bancario aportado por el
demandado en su escrito de contestación contiene información confidencial,
reservada y sensible.
3. Sustento de la vulneración
La tutelante indicó que no se tuvo en cuenta la excepción prevista por el literal d)
del artículo 6º de la Ley 1581 de 2012, en cuanto se refiere a que la prohibición del
tratamiento de datos no opera cuanto estos sean necesarios para el
reconocimiento, ejercicio o defensa en un proceso judicial, lo que a su turno
trasgredió el artículo 3º, literal g), ibídem, relacionado con el concepto del
tratamiento de la prueba y su circulación como excepción a la prohibición de que
se trata.
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Adujo que el auto cuestionado no guarda identidad con lo manifestado por el
demandado en su escrito de contestación, de cara a las inconsistencias
evidenciadas en el extracto bancario aportado.
Con base en lo anterior propuso la configuración de un defecto sustantivo por
omisión y aplicación indebida de los artículos 3º, literal g) y 6º, literal d) de la Ley
1581 de 2012, artículo 69 de la Ley 906 de 2004 que reglamenta el artículo 95,
numeral 7º de la Constitución Política.
Añadió que, en lo que se refiere a los artículos 3º, literal g) y 6º, literal d) de la Ley
1581 de 2012, se está hablando de una prueba que el demandado allegó al
proceso en la contestación de la demanda, lo que quiere decir que se levantó su
reserva, confidencialidad y sensibilidad como lo exige el literal a) del artículo 6º de
la Ley 1581 de 2012; en ese sentido, si la prohibición de tratamientos de datos
sensibles no tiene aplicación cuando existe consentimiento del titular, no se
comprende por qué el Despacho accionado insiste en afirmar que el extracto
bancario es objeto de reserva y confidencialidad, cuando quien lo aportó reveló su
contenido aparentemente en “ceros”, es decir, que sí hubo ingresos y gastos
dentro del certamen electoral que culminó el pasado 13 de marzo de 2022.
Por otro lado, afirmó que la autoridad judicial tutelada omitió tener en cuenta el
concepto de tratamiento de la prueba establecido en el artículo 3º, literal g), de la
ley en mención, como excepción a la prohibición de datos cuando fueron
aportados a un proceso jurisdiccional, lo que implica que el magistrado
sustanciador de la pérdida de investidura restringió la utilización de la prueba al
prohibir que se corra traslado de la misma; así como también obvió enviar copias a
las autoridades penales competentes de las irregularidades y contradicciones
presentadas entre el extracto bancario aportado por el demandado, en
comparación con el aportado por Bancolombia.
Finalmente propuso la configuración de un defecto procedimental por exceso de
ritual manifiesto con fundamento en que se está sacrificando la publicidad de una
prueba a la cual no le cobija ninguna reserva o confidencialidad.
4. Trámite de la acción de tutela
A través de auto de 18 de diciembre de 2023 se admitió la demanda y se ordenó
su notificación a los magistrados que integran el Consejo de Estado, Sala Especial
de Decisión 17, en calidad de demandados; de igual forma, se dispuso la
vinculación del señor Diógenes Quintero Amaya quien fungió como demandado en
el proceso ordinario objeto de tutela, así como al señor Oscar Javier Neira Quigua,
pues fue referenciado en la providencia demandada. Lo anterior, en atención al
interés que les asiste en este trámite.
Adicionalmente, se ordenó publicar un aviso sobre la existencia de esta acción,
para comunicar a eventuales interesados.
Mediante escrito de 1º de febrero de 2024, el magistrado Luis Alberto Álvarez
Parra manifestó su impedimento para conocer del asunto de la referencia, el cual
fue negado por auto de 22 de febrero de 2024. Lo anterior, previa designación de
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conjuez mediante sorteo realizado el 5 de febrero de 2024, en el que resultó
designado el doctor Roberto Rafael Bornacelli Guerrero.
5. Argumentos de defensa
5.1. El Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 17, contestó la demanda a
través del magistrado sustanciador de los autos cuestionados en el sentido de
precisar que, en relación con el supuesto consentimiento del demandado en el
proceso de pérdida de investidura para el tratamiento de datos sensibles, para la
autoridad accionada no resulta suficiente pues esa autorización debe ser explícita
como lo exige el artículo 6º de la Ley 1581 de 2012.
Añadió que no vulneró los derechos fundamentales de la tutelante porque la
prueba aportada por Bancolombia fue conocida por todas las partes, incluida ella,
en la audiencia que se llevó a cabo el 18 de diciembre de 2023 tal y como consta
en los índices 73, 74 y 75 del expediente digital que reposa en SAMAI, diligencia
a la que acudió el abogado Oscar Emilio Silva Duque como apoderado de
Teresita Hinestrosa Serna.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala es competente para conocer en primera instancia la presente acción de
tutela, en atención a lo consagrado por el Decreto 2591 de 1991, el artículo
2.2.3.1.2.1 del Decreto No. 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021,
y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.
2. Problema jurídico
Corresponde a esta Sala determinar si se lesionó el derecho fundamental al
debido proceso de la tutelante, con la expedición de la providencia de 27 de
noviembre de 2023, a través de la cual dicha Corporación negó el recurso de
reposición interpuesto contra el auto de 21 de septiembre de 2023, que dio
traslado de unas pruebas documentales dentro del proceso de pérdida de
investidura 11001-03-15-000-2023-03713-00.
En tales condiciones, se revisarán los siguientes aspectos: (i) criterio de esta
sección sobre procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii)
estudio sobre los requisitos de procedencia adjetiva y, finalmente, de encontrarse
superados, (iii) el fondo del asunto.
3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
20121, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y en ella
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Sala Plena del Consejo de Estado, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela -
Importancia jurídica. M.P. María Elizabeth García González.
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Rad: 11001-03-15-000-2023-07534-00
concluyó:
…si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la
componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004
(Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera
excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se
hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté
en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
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Jurisprudencialmente.
Conforme al anterior precedente, es claro que la corporación ha modificado su
criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, conforme a
él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten contra
providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por la
jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.
Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los “…fijados hasta el
momento jurisprudencialmente…”. En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta
acción constitucional contra providencia judicial no puede ser ajena a esas
características.
En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios
y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la
protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto. Por
el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en la
materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá:
i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal
entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y,
ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
tercera instancia que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
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Ibídem.
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4. Examen de los requisitos de procedencia adjetiva – Relevancia
constitucional
La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022, unificó los criterios
respecto del presupuesto de relevancia constitucional.
En el mencionado fallo la Corte explicó que, dado que las providencias judiciales
hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo
constitucional contra una decisión judicial “…el juez de tutela debe limitarse a
analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados por el
accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la
providencia reprochada’. Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una
providencia de una alta corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo
teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un órgano de cierre…”.
El alto Tribunal Constitucional consideró que la acción de tutela contra
providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección del fallo
cuestionado, por lo que no se puede utilizar este instrumento como una instancia
adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación de las
normas que se zanjaron por el juez natural.
A su vez precisó, que las finalidades de este requisito son las siguientes:
“(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de
la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la
específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de
discusiones de naturaleza eminentemente legal3” (Énfasis de la Sala).
Luego de abordar los criterios que debe reunir una solicitud de amparo que
reproche una decisión judicial para superar el requisito de la relevancia
constitucional, la Corte consideró que el mecanismo de tutela no cumplía con este
postulado, en estos eventos:
i) Cuando no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental,
ii) Cuando involucra un debate eminentemente legal,
iii) Cuando plantea una discusión preponderantemente económica y,
iv) Cuando no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida porque no se
demostraba la grave violación de los derechos fundamentales invocados.
De acuerdo a lo expuesto, la Sala anticipa que la presente solicitud de amparo no
cumple con los presupuestos que sirven de criterio para determinar que el asunto
tiene relevancia constitucional, como se indica a continuación.
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Sentencia SU 573 de 2019.
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La parte actora formuló la configuración de defecto sustantivo por omisión y
aplicación indebida de los artículos 3º, literal g) y 6º, literal d) de la Ley 1581 de
2012, artículo 69 de la Ley 906 de 2004 que reglamenta el artículo 95, numeral 7º
de la Constitución Política.
Lo anterior porque, en primer lugar, en su sentir la autoridad judicial accionada
impuso reserva a los extractos bancarios aportados por Bancolombia con destino
al proceso de pérdida de investidura instaurado por ella, cuando la prohibición de
tratamientos sensibles de que trata la norma no opera cuando el titular dio su
consentimiento y cuando va con destino a un proceso jurisdiccional.
En ese orden, propuso que como el mismo demandado fue quien aportó el
extracto bancario de Bancolombia, el cual no concuerda con aquél allegado por
dicha entidad bancaria en cumplimiento de un requerimiento realizado por el
despacho sustanciador accionado, entonces no había lugar a imponer la reserva a
través de los autos acusados y, además, ante tal inconsistencia el juez natural
debía enviar copia de las actuaciones a las autoridades penales correspondientes.
De lo anterior se observa que más allá de plantear un debate que trascienda del
cumplimiento de las normas citadas hacia la esfera constitucional, la parte actora
está inconforme con la reserva impuesta por la Corporación judicial accionada
sobre los extractos bancarios que reposan como prueba en el proceso ordinario;
es decir, el inconformismo no se materializa tanto en que la parte actora no haya
podido acceder al mismo, pues según lo manifestado por el magistrado
sustanciador de los autos tutelados la actora acudió a la audiencia de exhibición
de los documentos a través de apoderado judicial, sino en que, en su sentir, se
consideró erradamente que había reserva legal sobre un documento frente al cual
procedía la excepción de prohibición de tratamiento de datos.
Dicho así, los argumentos carecen totalmente de trascendencia constitucional ya
que atacan directamente la tesis expuesta por el juez natural en los autos objeto
de controversia en torno a si debe levantarse o no la reserva de documentos que
contienen datos sensibles, pero ni siquiera explica de qué manera ello afecta sus
derechos fundamentales, más aún cuando en la misma acción de tutela ella se
refiere con tanta propiedad a los extractos y a su contenido que de ella se infiere
que sí los conoce y que, por ende, no puede justificar una restricción a sus
derechos fundamentales con la imposición de la reserva legal.
En consecuencia, la petición presentada no supera el examen de procedencia
general conforme a los lineamientos trazados por la Corte Constitucional en la
sentencia SU-215 de 2022, por referirse a una disputa que tiene su origen en un
debate de naturaleza legal, tarea que ya fue abordada por los jueces competentes
durante el proceso ordinario y no en el alcance de un derecho fundamental ni la
interpretación, aplicación o desarrollo de la Constitución Política, motivo por el
cual, se declarará improcedente.
Finalmente, frente al inconformismo que tiene la parte actora con la presunta
omisión en que incurrió el juez natural al no enviar copias de las actuaciones a los
organismos competentes para que investigaran las inconsistencias entre los dos
extractos bancarios (el aportado por el tutelante y el allegado por Bancolombia),
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dicho análisis escapa del juez constitucional porque no fue sustentado de cara a
algún defecto de la providencia natural.
Siendo así, se aclara que si la tutelante advierte que dentro del proceso ordinario
de pérdida de investidura existen circunstancias que deben ser investigadas por
otras autoridades distintas al juez natural, ella puede acudir directamente a ellas
para exponer las inconsistencias que reclama.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: Declárase improcedente la acción de tutela de la referencia, por no
cumplir con el requisito de relevancia constitucional.
SEGUNDO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión, al día siguiente de su ejecutoria.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”
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