RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2023-03882-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-03882-01

Fecha
23 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-03882-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 14 de septiembre de 2023 proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta y, en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la señora Catalina Yaver Escobar y otros. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-03882-01

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

23 de noviembre de 2023

Demandantes: Catalina Yaver Escobar y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03882-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03882-01
Demandantes: CATALINA YAVER ESCOBAR Y OTROS
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN A

Temas: Tutela contra providencia judicial. Requisito de relevancia
constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra
el fallo de 14 de septiembre de 2023, por medio del cual el Consejo de Estado,
Sección Cuarta, negó la acción constitucional de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

El 18 de julio de 2023 los señores Catalina Yaver Escobar, Anuar Jalil Yaver
Escobar y Sonia Amparo Escobar Yaver, por conducto de apoderado judicial,
presentaron solicitud de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales de acceso
a la administración de justicia y al debido proceso, con ocasión de la sentencia
de 3 de febrero del mismo año.

Lo anterior, por cuanto se revocó la providencia de 5 de mayo de 2016 del
Tribunal Administrativo del Cesar, que había accedido parcialmente a las
pretensiones de la demanda y, en su lugar, las negó. Esto, dentro del medio de
control de reparación directa que promovieron contra el municipio de Bosconia
(Cesar), proceso que se identificó con el radicado 20001-23-39-000-2013-00425-
00/01.

1.2. Pretensiones

En consecuencia, la parte actora solicitó:

«6.1.- Declarar sin ningún valor ni efecto la sentencia de fecha 3 de febrero de
2023, proferida en segunda instancia por la Subsección A, Sección Tercera, Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado dentro del proceso de

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Catalina Yaver Escobar y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03882-01

reparación directa radicado con el No. 20001-23-39-000-2013-00425-01 (57.601),
por medio de la cual se revocó la sentencia del tribunal, denegó las pretensiones
de la demanda y condenó en costas a los demandantes.

6.2.- Como consecuencia de la anterior medida, ordenar a la autoridad accionada
que, dentro del término perentorio de diez días siguientes a la notificación de la
sentencia de tutela, profieran una nueva decisión en el referido proceso de
reparación, que acate las consideraciones de aquella o en su defecto, atendidas
las actuales circunstancias del caso, confirmar la proferida por el Tribunal
Administrativo del Cesar en primera instancia.

6.3.- Ordenar que en lo sucesivo las autoridades accionadas se abstengan de
incurrir en conductas violatorias de los derechos fundamentales.»1

La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:

1.3. Hechos

La parte actora indicó que la señora Catalina Yaver Escobar es propietaria de un
inmueble ubicado en el municipio de Bosconia (Cesar), identificado con la
matrícula inmobiliaria 190-58280, en el cual residía su mamá, la señora Sonia
Amparo Escobar y su hermano, el señor Anuar Jalil Yaver Escobar.

Narró que durante muchos años han sido objetivo militar por parte de grupos al
margen de la ley, por lo que fueron reconocidos como víctimas y se trasladaron a
vivir a la ciudad de Bogotá, circunstancia que llevó a imponerle al predio en
mención una medida cautelar de prohibición de enajenar sus derechos.

Relató que el 20 de septiembre de 2011 se enteró que la propiedad fue invadida
por un grupo considerable de personas, la mayoría personas desplazadas por la
violencia, quienes sin autorización alguna cortaron árboles, edificaron ranchos,
trazaron vías y se hicieron de manera irregular a servicios públicos.

Comentó que presentó querella de lanzamiento por ocupación de hecho ante la
alcaldía de Bosconia (Cesar), la cual fue admitida mediante la Resolución 599 de
7 de octubre de 2011, acto en el cual también se ordenó el lanzamiento de los
ciudadanos que invadieron su terreno.

Aludió que por medio de auto de 1º de noviembre de 2011 el inspector de policía
ordenó el lanzamiento de tales ciudadanos y, posteriormente, en proveído de 24
de noviembre de 2011 fijó como fecha para llevar a cabo la diligencia el 14 de
diciembre de ese mismo año.

Expresó que, pese a los distintos intentos para realizar dicha actuación,
finalmente no se hizo, por cuanto los actores debían correr con los gastos de
traslado, alimentación y hospedaje de los hombres que pertenecen al ESMAD,
aunado a que se intentó una entrega parcial del lote, lo cual no fue aceptado por
la propietaria.

Explicó que la señora Catalina Yaver Escobar junto con sus familiares2
promovieron el medio de control de reparación directa contra el municipio de

1
Trascripción literal del original con posibles errores.
2
Anuar Jalil Yaver Escobar y Sonia Amparo Escobar Yaver.

2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Catalina Yaver Escobar y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03882-01

Bosconia (Cesar), con el propósito de obtener el reconocimiento de los perjuicios
ocasionados por no haberse efectuado el lanzamiento de las personas que
invadieron su inmueble, situación que, en su sentir, originó la pérdida del bien.

Señaló que del asunto conoció el Tribunal Administrativo del Cesar que, en
sentencia de 5 de mayo de 2016, accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda, tras concluir que la administración no podía trasladar al ciudadano la
obligación de proteger la vida, honra y bienes de las personas, de ahí que no
fuera válido exigir dinero para garantizar la diligencia de desalojo.

Adujo que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, resolvió el
recurso de apelación interpuesto la parte demandada mediante providencia de 3
de febrero de 2023, en la cual revocó el fallo del a quo y, en su lugar, negó las
súplicas de los actores, al no encontrar acreditado que efectivamente hubieran
perdido la propiedad de su bien.

Agregó que dicha autoridad judicial también hizo alusión a que el reconocimiento
de la indemnización por la pérdida definitiva del inmueble resultaría procedente
solo en el evento en que quedara acreditado que el predio no podía recuperarse
debido a razones de interés general que harían que el desalojo fuera
impracticable, aunque fuera ordenado por el juez civil en un proceso
reivindicatorio, mecanismo judicial que tenía a su alcance.

1.4. Sustento de la petición

A juicio de la parte tutelante, la subsección accionada incurrió en defecto
sustantivo al no aplicar los artículos 90 de la Constitución y 140, 190 inciso
segundo y 191 del CPACA, que se refieren a la responsabilidad patrimonial del
Estado por daños antijurídicos y su reparación por la invasión de bienes de
propiedad privada y su no desalojo por causa de aquel.

Puso de presente que activó oportuna y de manera diligente el mecanismo
administrativo con el que contaba para la protección de su derecho de propiedad,
otra cosa es que no se ejecutó de forma efectiva y eficiente por el incumplimiento
de las autoridades en el ejercicio de sus funciones constitucionales y legales.

Consideró que no era necesario adelantar otras acciones judiciales o
administrativas para la recuperación de su terreno, dado que su ejercicio era
potestativo y el precedente del Consejo de Estado exoneraba de agotar todas las
vías existentes cuando había una imposibilidad material de ejecutar el desalojo
por una situación de interés general que estaba debidamente probada.

En su criterio, la decisión cuestionada perdió de vista que la administración
municipal escudada en pretextos se había rehusado a desalojar a los invasores y
que, por el contrario, patrocinaba la ilegal ocupación instalando obras de
servicios públicos en dicho lugar, aunado a que les impuso la carga de promover
una acción reivindicatoria o posesoria para determinar en el futuro la
materialización de un daño que se originó en el presente y que era cierto.

3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Catalina Yaver Escobar y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03882-01

Los actores invocaron la configuración del defecto fáctico, por cuanto las pruebas
allegadas en el proceso de reparación directa daban cuenta de la pérdida
absoluta de la posesión del inmueble, en la medida que sobre este hay viviendas
de un gran número de personas, las cuales se han venido «legalizando» con
acciones como la apertura de vías y la instalación de servicios públicos.

En su sentir, tampoco se apreció del acervo probatorio que la situación de
despojo, no obstante haber sido denunciada oportunamente, no había sido
revertida por parte de las autoridades de policía competentes, omisión que fue
causa eficiente y definitiva para la pérdida material absoluta de la posesión del
inmueble y los daños antijurídicos que se les ocasionaron.

Agregó que la decisión objeto de reproche desconoció el precedente sin
justificación alguna, en concreto, el fijado en la providencia SU-157 de 2022 por
la Corte Constitucional y en la «sentencia del 26 de agosto de 2015, expediente
Nro. 30827 de la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado, con
ponencia del doctor Hernán Andrade Rincón (E).»

Para finalizar, la parte accionante hizo alusión al defecto por violación directa de
la Constitución Política, por desconocerse el derecho fundamental de acceso
efectivo a la administración de justicia, de la prevalencia del derecho sustancial,
la defraudación del principio de la confianza legítima y la colaboración armónica
entre las instituciones del Estado, máxime cuando se trata de órdenes expedidas
por las mismas autoridades que las deben hacer cumplir.

1.5. Actuación procesal en primera instancia

Mediante auto de 25 de julio de 2023, el Consejo de Estado, Sección Cuarta
admitió la solicitud de tutela, ordenó notificar esta decisión a la parte actora y
como demandados a los magistrados de la Sección Tercera, Subsección A de
esta corporación. Además, vinculó al municipio de Bosconia y al Tribunal
Administrativo del Cesar, en atención al interés que les asiste en las resultas de
este trámite.

Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes
intervenciones:

1.5.1. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A

El magistrado ponente de la decisión controvertida refirió que la solicitud de tutela
es improcedente, pues lo pretendido por los accionantes es revivir la controversia
que fue zanjada, sin que la acción constitucional pueda ser entendida como una
tercera instancia.

Destacó que los cargos planteados no tenían vocación de prosperidad, toda vez
que en la providencia en cuestión no se evidenciaba la inaplicación de las
normas que eran procedentes al caso concreto y se enunciaron todos los medios
de prueba que fueron tenidos en cuenta para dictar el fallo, así que lo que se
evidenciaba era una inconformidad en la forma como se había hecho tal análisis.

4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Catalina Yaver Escobar y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03882-01

En cuanto al desconocimiento del precedente, indicó que no bastaba la
enunciación de una cita jurisprudencial de manera aislada, sino que era
necesario contextualizar las razones por la que se trataba de una providencia
desatendida y concluyó que tampoco se advertía una vulneración de los
postulados de la Constitución.

1.5.2. Municipio de Bosconia (Cesar)

El apoderado judicial del ente territorial se opuso al amparo solicitado por los
accionantes, con respaldo en varias sentencias que citó en su informe, relativas a
los requisitos de procedencia de la tutela contra providencia judicial, por lo tanto,
pidió que se desestimaran las pretensiones de la tutela.

2.5.3. Tribunal Administrativo del Cesar

Remitió el enlace de acceso al expediente del proceso de reparación directa con
radicado 20001-23-39-000-2013-00425-00/01, pero en esta oportunidad no se
pronunció respecto al fondo del asunto.

1.6. Sentencia de primera instancia

El Consejo de Estado, Sección Cuarta, en providencia de 14 de septiembre de
2023, negó la acción constitucional de la referencia, bajo la siguiente línea
argumentativa:

En cuanto al defecto por violación directa de la Constitución, advirtió que en
realidad lo que se planteó fue la inconformidad que tienen los actores respecto a
los argumentos de la sentencia cuestionada, sin un desarrollo que permitiera el
estudio de este cargo, motivo por el cual solo se abordó el análisis de los demás
reparos formulados.

Concluyó que no se configuró el yerro sustantivo, por cuanto en la providencia
debatida se aclaró que los demandantes pueden tramitar la acción reivindicatoria,
aspecto que impedía hablar de una reparación por parte del Estado, así que no
había lugar a que se aplicaran las normas que citó la parte actora, en tanto que
estas tratan de la condena en un proceso por ocupación permanente de un
inmueble, bien a una entidad pública o una privada, escenarios que no se
presentaron en el caso concreto.

Señaló que la colegiatura enjuiciada no desconoció la sentencia SU-157 de 2022
de la Corte Constitucional, dado que los supuestos fácticos son diferentes a la
litis que nos ocupa. Además, explicó que la sentencia de la Sección Tercera del
Consejo de Estado aludida como desatendida no se identificó en debida forma,
por lo que no fue posible buscarla, así como tampoco se mencionaron las
razones por las que, a juicio de los accionantes, era aplicable al asunto.

Encontró que la subsección accionada hizo una relación del material probatorio
que obraba en el expediente y que permitía dar al juez natural claridad de lo
realmente sucedido con el desalojo que se pretendió a través de querella policiva
y que no fue posible llevar a cabo de manera exitosa como lo pretendía la dueña
del predio y su grupo familiar.

5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Catalina Yaver Escobar y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03882-01

Finalmente, puso de presente que la discusión relativa a la legalización o no de
los predios con servicios esenciales no fue un problema jurídico sugerido en el
proceso de reparación directa, de manera que no podría hacerse un reproche de
la decisión proferida por la autoridad judicial accionada en relación con este
aspecto.

1.7. Impugnación

Mediante escrito enviado por correo electrónico el 26 de septiembre del año en
curso3, el apoderado judicial de los actores impugnó el fallo de primera instancia
por cuanto el defecto por violación directa de la Constitución tuvo respaldo en el
desconocimiento de diferentes garantías constitucionales, con ocasión a los
obstáculos que se impusieron para cumplir la orden de desalojo de los invasores
de su propiedad.

Insistió en que se desatendió el precedente fijado en la sentencia SU-157 de
2022, el cual es el más reciente lo «...que implica necesariamente que la
providencia de instancia está proyectada y dictada bajo un contexto ajeno a los
hechos y derechos que se plantearon en la acción de reparación directa y en la
presente acción de tutela y que resultaron desconocidos por la Sección Tercera
Subsección A».

En su sentir, el a quo se limitó a revisar al estilo de una tercera instancia lo
decidido por la corporación tutelada, es decir que reiteró casi todos los
argumentos de pura estirpe legal, olvidando por completo que su función en sede
de constitucionalidad va más allá de las simples elucubraciones respecto al
ordenamiento inferior a la Constitución.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la parte
actora contra la providencia dictada por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, el
14 de septiembre de 2023, según lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y
1069 de 20154, así como en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala verificar si hay lugar a confirmar, revocar o modificar la
decisión proferida en primera instancia, para lo cual se debe analizar si la
solicitud de tutela cumple con los requisitos generales de procedibilidad y, de
superarse lo anterior, deberá analizar si el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, vulneró los derechos fundamentales invocados por la parte
actora, al presuntamente incurrir en los defectos sustantivo, fáctico, por
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución.

3
Impugnación que fue presentada dentro del término establecido por el artículo 31 del Decreto
2591 de 1991, teniendo en cuenta que el fallo de primera instancia se notificó mediante correo
electrónico enviado el 19 de septiembre de 2023.
4
Modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021.

6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Catalina Yaver Escobar y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03882-01

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio
de la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales; ii) el estudio sobre los requisitos adjetivos de procedibilidad; y
finalmente, de encontrarse superados se estudiará, iii) el fondo del reclamo.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
20125, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y en ella
concluyó:

«…si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la
componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004
(Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera
excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como
se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo,
cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten
violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados
hasta el momento Jurisprudencialmente.»6

Conforme al anterior precedente, es claro que la corporación ha modificado su
criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, conforme
a él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten contra
providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por la
jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.

Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «…fijados hasta el
momento jurisprudencialmente…». En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta
acción constitucional contra providencia judicial no puede ser ajena a esas
características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales
dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia
sustantiva– o que impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –
procedencia adjetiva–.7

En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)

5
Sala Plena del Consejo de Estado, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela -
Importancia jurídica. M.P. María Elizabeth García González. Negrilla fuera de texto.
6
Ibídem.
7
Entre otras, en las sentencias T-949 de 16 de octubre de 2003, T-774 de 13 de agosto de 2004
y C-590 de 2005.

7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Catalina Yaver Escobar y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03882-01

inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios
y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la
protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la
solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente
reabrir el debate de instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
«tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2.4. Examen de los requisitos: Procedencia adjetiva

2.4.1. En lo referente al requisito de relevancia constitucional cabe precisar
que la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 explicó que, dado
que las sentencias hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se presente un
mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial «...el juez de
tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada
señalados por el accionante, pues tiene vedado adelantar un control oficioso y
exhaustivo de la providencia reprochada.»

Igualmente, enfatizó en que cuando se cuestiona una providencia de una alta
Corte, el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que
la decisión fue proferida por un órgano de cierre. En ese sentido, el alto tribunal
constitucional consideró que la tutela implica un juicio de validez y no una
corrección del fallo objeto de reparo, por lo que no se puede utilizar este
instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o
formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural.

A su vez, la citada corporación precisó que el requisito de la relevancia
constitucional «protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela
se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente
legales» y explicó en detalle los criterios que se deben tener en cuenta para
verificar si se supera esta exigencia, los cuales son:

«...(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la
controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración
arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.»

8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Catalina Yaver Escobar y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03882-01

Lo primero que resulta oportuno señalar es que el a quo no abordó el estudio de
este presupuesto frente al caso en particular, pues tan solo hizo alusión a las
causales generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, razón por la cual es necesario realizar un
pronunciamiento al respecto.

En el asunto que nos ocupa, la parte actora controvierte la sentencia de 3 de
febrero de 2023 proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, dentro del medio de control que promovió contra el municipio de
Bosconia (Cesar) para obtener el reconocimiento de los perjuicios ocasionados
por no efectuarse el lanzamiento de las personas que ocuparon el inmueble de la
señora Catalina Yaver Escobar, lo que considera le originó la pérdida del bien.

Entonces, invocó la configuración del defecto sustantivo por cuanto la autoridad
judicial accionada no aplicó los artículos 90 de la Constitución y 140, 190 inciso
segundo y 191 del CPACA, relativos a la responsabilidad patrimonial del Estado
por daños antijurídicos y su reparación por la invasión de bienes de propiedad
privada y su no desalojo.

En criterio de la Sala, la discusión planteada por los accionantes versa sobre una
cuestión de interpretación meramente legal, pues gira en torno a las normas que,
en su sentir, debía aplicar la subsección accionada para solucionar la
controversia, sin que exista una argumentación tendiente a demostrar la grave
vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, cuyo núcleo esencial fue definido como el de:

«...hacer valer ante los jueces derechos e intereses de las personas, mediante la
defensa contradictoria, y de obtener, en fin, una respuesta fundada en derecho”[121].
Sin embargo, los derechos al debido proceso y al acceso a la justicia no se
traducen en la obtención de una respuesta favorable. En efecto, la jurisprudencia
constitucional ha explicado que esta garantía se traduce en “la posibilidad de
emplear todos los medios legítimos y adecuados para ser oído y pretender
una decisión favorable”.»8

Nótese que la colegiatura enjuiciada cerró el debate sugerido por los
demandantes, pues actuó como órgano de cierre de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo en el marco del proceso de reparación directa con
radicado 20001-23-39-000-2013-00425-01, en el cual la señora Catalina Yaver
Escobar y sus familiares consideraron que sufrieron un daño antijurídico
consistente en el despojo definitivo de su inmueble.

Situación distinta es que la colegiatura arribara a una conclusión desfavorable a
los intereses de la parte demandante, tras advertir que «aunque el procedimiento
de lanzamiento por ocupación de hecho no culminó con la restitución de la
posesión del predio... esa situación no ha derivado en una pérdida absoluta o
definitiva del inmueble..., por cuanto no quedó demostrado qu[é] razones de
orden social hagan impracticable una futura orden de desalojo dictada en un
juicio reivindicatorio.»

8
Sentencia SU-215 de 26 de junio de 2022. Negrilla fuera del texto original.

9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Catalina Yaver Escobar y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03882-01

De modo que lo argumentado por los tutelantes en esta oportunidad está dirigido
a que se modifique la interpretación legal realizada por la Sección Tercera,
Subsección A del Consejo de Estado en la providencia en cuestión, sin que lo
pretendido sea trascendente para la aplicación de la Constitución o la
determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia.

Por otro lado, la parte accionante señaló que la decisión objeto de reproche
adolece de defecto fáctico, toda vez que «las pruebas allegadas» en el proceso
de reparación directa daban cuenta de la pérdida absoluta de la posesión del
inmueble, en la medida que sobre este hay viviendas de un gran número de
personas, las cuales se han venido «legalizando» con acciones como la apertura
de vías y la instalación de servicios públicos.

Sobre este punto, se encuentra que no se cumplió con la carga mínima que
justifique un estudio de fondo del caso, pues de lo afirmado no se puede deducir
cómo la corporación enjuiciada incurrió en el yerro aludido, dado que los
planteamientos presentados por los tutelantes no conciernen a la supuesta
omisión o indebida valoración de algún elemento probatorio en concreto, sin
siquiera indicarse por qué las consideraciones expresadas en la sentencia
debatida se alejaron de las reglas de la lógica, la experiencia y la sana critica.

Vale la pena resaltar que en las acciones de tutela dirigidas contra providencias
judiciales de una alta Corte se exige la observancia de una carga argumentativa
mayor, sin que ello implique una técnica hermenéutica específica, con el
propósito de que se expliquen los motivos por los cuáles un proveído vulnera los
derechos fundamentales invocados.

La razón de ser de esta exigencia radica en que si prospera el amparo deprecado
se afectaría el principio de cosa juzgada de la providencia, cuyo análisis se
pretende en sede de tutela, estudio que solo tiene lugar cuando de la
argumentación que la parte actora realice se deduzca con claridad que la
decisión es irrazonable y que con ella se quebrantan garantías constitucionales.

Además, este mecanismo constitucional no constituye una tercera instancia en la
que la intervención del juez implique la realización de un nuevo estudio de todos
los medios de convicción aportados al proceso objeto de reproche y de los
fundamentos jurídicos que sirvieron de soporte a la sentencia que se pretende
controvertir en sede de tutela.

En las sentencias SU-128 de 2021 y SU-215 de 2022 la Corte Constitucional
puntualizó que para determinar si un asunto ventilado tiene relevancia
constitucional se debe analizar si la solicitud de amparo trasciende la mera
«inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales», puesto
que dicho enfoque impide que la tutela sea utilizada indebidamente para debatir
«asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la
controversia judicial».

Cabe agregar que se concuerda con el a quo en que en el escrito de la tutela se
expuso un reproche que no fue abordado por el juez natural, consistente en que

10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Catalina Yaver Escobar y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03882-01

no se analizaron los actos por parte de la entidad territorial demandada que
llevaban a evidenciar que estaban de algún modo legalizando la situación de la
ocupación del predio, situación que impide en esta instancia realizar algún
pronunciamiento al respecto.

Ahora bien, los actores plantearon el posible desconocimiento del precedente
fijado por la Corte Constitucional en la providencia SU-157 de 2022 y en la
«sentencia del 26 de agosto de 2015, expediente Nro. 30827 de la Sección
Tercera, Subsección A del Consejo de Estado, con ponencia del doctor Hernán
Andrade Rincón (E)», cargo que no cumple con el requisito de procedibilidad de
que se trata.

Aun cuando se identificó la decisión proferida por la Corte Constitucional que se
considera desatendida, no se precisó la ratio de la misma aplicable a la solución
del caso que nos ocupa dada la analogía con la litis anterior, así como tampoco
la incidencia de la regla fijada en la decisión el fallador de instancia. De hecho, en
la impugnación se indicó que tal pronunciamiento se dictó «...bajo un contexto
ajeno a los hechos y derechos que se plantearon en la acción de reparación
directa».

En lo referente al desconocimiento de la providencia de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, se advierte que la parte actora se limitó a referenciar
sucintamente los datos para su determinación, mas no precisó la regla de
derecho presuntamente desatendida y tampoco explicó por qué tal criterio debió
ser aplicado a su caso concreto, aspectos necesarios para que se cumpla la
carga argumentativa requerida para ser analizado este cargo.

Igualmente, se observa que la parte actora pretende retrotraer la discusión sobre
la responsabilidad estatal en el caso concreto y controvertir la postura adoptada
la subsección tutelada en ejercicio de su autonomía, lo cual no está permitido en
este trámite constitucional, máxime cuando se trata de una sentencia dictada por
el Consejo de Estado como juez natural, evento en el que el requisito de
procedibilidad de la relevancia constitucional es aún más restrictivo.

En lo concerniente al defecto por violación directa de la Constitución sugerido
por la parte accionante, esta Sección considera que la acción de tutela también
se torna improcedente, pues más allá del presunto desconocimiento de las
garantías constitucionales invocadas, lo que se advierte es la inconformidad que
tiene con los motivos que respaldaron la decisión proferida en la sentencia de
segunda instancia.

Esto quiere decir que el cuestionamiento propuesto por los tutelantes no podía
limitarse a la discrepancia de criterios en torno al raciocinio que sustentó la
decisión censurada, sino que era necesario que señalaran reparos que denotaran
la existencia de una afectación desproporcionada a un derecho fundamental
producto de una actuación arbitraria de la colegiatura enjuiciada.

En este orden de ideas, se advierte que en el presente asunto no se presentaron
argumentos que permitan considerar prima facie que amerita algún
pronunciamiento adicional, por cuanto los reproches de la parte actora están

11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Catalina Yaver Escobar y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03882-01

dirigidos a que se modifique el razonamiento de la autoridad judicial accionada en
torno a los motivos por los cuales concluyó que no se demostró que
efectivamente la señora Catalina Yaver Escobar hubiera perdido la propiedad de
su bien.

Al igual que manifestar su desacuerdo en lo que atañe a que el reconocimiento
de la indemnización resultaría procedente solo en el evento en que quedara
acreditado que el predio no puede recuperarse debido a razones de interés
general que harían que el desalojo fuera impracticable, aunque fuera ordenado
por el juez civil en un proceso reivindicatorio, pues los tutelantes estiman que no
es necesario agotar otras acciones para obtener lo pretendido.

En consecuencia, la Sala revocará la providencia impugnada, que negó la acción
de tutela de la referencia para, en su lugar, declararla improcedente por no
cumplir el requisito de relevancia constitucional.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 14 de septiembre de 2023 proferida por el
Consejo de Estado, Sección Cuarta y, en su lugar, DECLARAR
IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la señora Catalina Yaver
Escobar y otros.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.