Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 20001-23-39-000-2013-00425-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 20001-23-39-000-2013-00425-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 20001-23-39-000-2013-00425-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
3 de febrero de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá, D.C., tres (3) de febrero de dos mil veintitrés (2023)
Radicación: 20001-23-39-000-2013-00425-01 (57.601)
Actor: Catalina Yaver Escobar y otros
Demandado: Municipio de Bosconia
Referencia: Medio de control de reparación directa
Temas: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA – Daños causados a los particulares por
omisión de la diligencia de lanzamiento por ocupación / AUSENCIA DE DAÑO
ANTIJURÍDICO - No se acreditó la configuración del daño alegado – perdida de la
propiedad.
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandada contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar,
a través de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
Según la parte actora, la entidad demandada incurrió en una omisión dentro de un
procedimiento de lanzamiento por ocupación de hecho, lo que condujo al despojo
de un inmueble de su propiedad.
I. SENTENCIA APELADA
1. Corresponde a la sentencia del 5 de mayo de 2016, mediante la cual el Tribunal
Administrativo del Cesar accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda,
cuyas pretensiones, hechos y consideraciones de derecho son, las siguientes:
Pretensiones
2. Mediante escrito presentado el 16 de diciembre de 20131, los señores Catalina
Yaver Escobar, Anuar Jalil Yaver Escobar y Sonia Amparo Escobar, interpusieron
demanda de reparación directa en contra del municipio de Bosconia (Cesar), con
el fin de que se le declare patrimonialmente responsable por la pérdida de un
predio de propiedad de la primera de los mencionados, luego de que no se hubiera
realizado una diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho.
1
Folio 213 del cuaderno 1.
1
Radicación: 20001-23-39-000-2013-00425-01 (57.601)
Actor: Catalina Yaver Escobar y otros
Demandado: Municipio de Bosconia
Referencia: Medio de control de reparación directa
3. En consecuencia, solicitaron como indemnización de perjuicios morales el pago
equivalente en pesos a cien (100) SMLMV para cada uno de los demandantes;
igualmente, se pidió por concepto de perjuicios materiales, la suma global de
cuatrocientos veintitrés millones trescientos veintinueve mil quinientos cinco pesos
m/cte. ($423’329.505), derivados del valor del predio, gastos de transporte, hotel,
alimentación, entre otros, en los que se incurrió para la defensa judicial del predio
invadido, así como lo dejado de percibir por la explotación económica del terreno
desde el 20 de septiembre de 2011 hasta la fecha del fallo definitivo.
Hechos
4. Como fundamento fáctico de las pretensiones se narró, en síntesis, que la
señora Catalina Yaver Escobar es propietaria del inmueble inscrito en la Oficina
de Instrumentos Públicos de Valledupar, identificado con la matrícula inmobiliaria
190-58280 y cédula catastral 010103190002000, el cual adquirió mediante
sucesión por la muerte del señor Anuar Yaver Cortés, según escritura pública
01758 del 28 de julio de 2008.
5. Indicaron los demandantes que, durante muchos años han sido objetivo militar
por parte de grupos al margen de la ley y, por tanto, ostentan la calidad de víctimas
por desplazamiento forzado, reconocidos así desde el 2013 por la Unidad de
Víctimas, circunstancia que llevó a los actores a domiciliarse en la ciudad de
Bogotá e imponerle al inmueble en mención una medida cautelar de prohibición
de enajenar derechos inscritos en el predio, a partir del 9 de noviembre de 2010,
tal como constaba en la anotación No. 7 del mentado certificado de matrícula
inmobiliaria 190-58280.
6. Señalaron que el predio referido lo venía poseyendo la señora Catalina Yaver
Escobar con ánimo de señora y dueña, de manera pública, pacífica y legal, y su
uso lo detentaba su madre Sonia Amparo Escobar y su hermano Anuar Jalil Yaver
Escobar. Sin embargo, el 20 de septiembre de 2011, el predio fue invadido por un
grupo considerable de personas indeterminadas, las cuales, sin autorización
alguna, cortaron árboles y frutales, edificaron ranchos, trazaron vías y se hicieron
de manera irregular a servicios públicos.
7. A raíz de esta situación, el 26 de septiembre de 2011, la señora Catalina Yaver
Escobar presentó una querella policiva de lanzamiento por ocupación de hecho
ante la alcaldía municipal de Bosconia, la cual fue admitida por medio de
Resolución 599 del 7 de octubre próximo por el alcalde de dicho municipio, quien
ordenó el lanzamiento de todas las personas indeterminadas que se pudieran
encontrar en la propiedad de la querellante; para el efecto, encargó al inspector de
policía del mentado municipio.
2
Radicación: 20001-23-39-000-2013-00425-01 (57.601)
Actor: Catalina Yaver Escobar y otros
Demandado: Municipio de Bosconia
Referencia: Medio de control de reparación directa
8. Por medio de auto del 24 de noviembre de 2011, el inspector de policía del
municipio de Bosconia fijó para las 7 am del 14 de diciembre siguiente la diligencia
de lanzamiento por ocupación de hecho contra las personas indeterminadas que
se encontraran en el predio de propiedad de la señora Catalina Yaver Escobar.
9. Previo a la diligencia en mención, esto es, el 9 de diciembre de 2011, se llevó a
cabo una reunión convocada por el inspector de policía en cuestión, a la que
asistieron los diferentes propietarios de los predios que se encontraban en la
misma situación de la aquí actora, a fin de indicarles que para la diligencia de
lanzamiento por ocupación de hecho se requería el acompañamiento del ESMAD,
con aproximadamente cuatrocientos (400) hombres, a quienes se les debía
financiar el traslado, alimentación, alojamiento, entre otros gastos, lo cual tenía un
costo cercano a los cincuenta millones de pesos m/cte. ($50.000.000.oo).
Indicaron las autoridades que tal costo debía ser asumido por los referidos
propietarios. Frente a tal exigencia, no se llegó a ningún acuerdo, por lo que se
volvió a llevar a cabo los días 14 y 16 de diciembre de 2011 y se reprogramó la
diligencia de lanzamiento para el 20 de diciembre siguiente.
10. Llegado el 20 de diciembre de 2011, no se pudo llevar a cabo la diligencia de
lanzamiento por la falta de los medios económicos referidos anteriormente.
11. Mediante escritos del 6, 12 y 19 de junio, 3 y 12 de julio, 30 de agosto, 27 de
septiembre y 20 de noviembre de 2012, la parte actora insistió al inspector de
policía del municipio de Bosconia que fijara nueva fecha para llevar a cabo el
procedimiento de lanzamiento, y le reiteró que no contaba con los medios
económicos suficientes para cubrir los gastos exigidos para el acompañamiento
del ESMAD.
12. Ante las reiteradas peticiones, a través de auto del 15 de enero de 2013, el
inspector de policía fijó como nueva fecha para la diligencia de lanzamiento por
ocupación de hecho el 13 de febrero de 2013; sin embargo, la misma no se pudo
realizar porque no se logró acuerdo con la querellante sobre los gastos en que
debía incurrir para el traslado del ESMAD. La misma suerte corrieron las
diligencias programadas para el 20 de marzo y el 29 de mayo de 2013.
13. Al momento de la presentación de la demanda y ante la negativa de las
autoridades para llevar la diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho, la
señora Catalina Yaver Escobar no había podido recuperar y disponer de su predio
para proyectos de vivienda, venderlo o arrendarlo, puesto que la invasión se
terminó de consolidar por la omisión del municipio de Bosconia para desalojar a
las personas que lo ocupan2.
2
Folios 203 a 213 del cuaderno 1.
3
Radicación: 20001-23-39-000-2013-00425-01 (57.601)
Actor: Catalina Yaver Escobar y otros
Demandado: Municipio de Bosconia
Referencia: Medio de control de reparación directa
La defensa
14. El municipio de Bosconia se opuso a las pretensiones de la demanda por
considerar que la ocupación del predio de la señora Catalina Yaber Escobar no es
responsabilidad del ente territorial y que ella debió haber iniciado el respectivo
proceso reivindicatorio contra los ocupantes indeterminados de su predio ante la
jurisdicción ordinaria.
15. Sostuvo que, antes del 2011, la señora Catalina Yaber Escobar tenía
conocimiento de la ocupación de su predio; sin embargo, ahora pretende hacer
responsable por tales hechos al municipio.
16. Sostuvo que mediante Resolución 599 del 7 de octubre de 2011, proferida por
el entonces alcalde del municipio de Bosconia, fue admitida la querella presentada
por la señora Catalina Yaber Escobar quien delegó y ordenó al inspector de policía
del mentado municipio para la práctica de la diligencia, previa inspección ocular a
fin de constatar los actos de perturbación de la posesión.
17. Tal decisión fue recurrida por diferentes ocupantes del predio en cuestión,
quienes manifestaron que el predio no se encontraba cercado y, en todo caso, que
allí se entraban asentados niños y niñas, madres embarazadas y cabeza de hogar,
adultos mayores y desplazados por la violencia, desde hacía 24 meses atrás a la
expedición de la Resolución 599 del 7 de octubre de 2011.
18. A través de la Resolución 642 del 24 de noviembre de 2011, el alcalde
municipal de Bosconia no repuso la decisión 599 del 7 de octubre de 2011, por no
encontrar medios probatorios que soportaran el dicho de los recurrentes.
19. El inspector de policía del municipio de Bosconia avocó conocimiento de la
Resolución 599 del 7 de octubre de 2011, y procedió a realizar la visita ocular al
predio, encontrando cambuches construidos en madera, plástico, zinc. Por tanto,
fijó aviso de notificación en el predio para efectos de que quienes lo ocuparan
presentaran las respectivas pruebas que justificaran tal ocupación pues, de lo
contrario, la resolución referida quedaría en firme y se procedería a fijar fecha y
hora para la diligencia de desalojo.
20. Posteriormente, se realizaron las gestiones tendientes a la diligencia de
desalojo, pero los interesados se negaron a sufragar los gastos de los integrantes
del ESMAD.
21. Adujo que la omisión de la parte demandante frente al pago de los gastos para
la diligencia de lanzamiento, dio lugar a la consolidación de la posesión por parte
4
Radicación: 20001-23-39-000-2013-00425-01 (57.601)
Actor: Catalina Yaver Escobar y otros
Demandado: Municipio de Bosconia
Referencia: Medio de control de reparación directa
de las más de 300 familias que se encuentran en el predio. Indicó que el municipio
de Bosconia carecía de competencia para seguir conociendo el asunto, dado que
ese tipo de controversias eran del conocimiento de la justicia ordinaria, la cual
debía decidir sobre los derechos de los poseedores y del propietario del bien
inmueble.
22. En todo caso, el inspector de policía del municipio de Bosconia pudo conciliar
entre la señora Catalina Yaber Escobar y algunos de los ocupantes de su predio
que le restituyeran una gran extensión del terreno. Así, mediante auto 003 del 18
de octubre de 2012, se resolvió hacer entrega parcial del predio querellado en una
extensión de 28.391 m2; equivalente a tres de las cuatro hectáreas ocupadas; sin
embargo, la señora en mención se resistió a recibirlo.
23. Con todo, mediante auto 04 del 17 de mayo de 2013, el inspector de policía
resolvió prorrogar el lanzamiento hasta nueva orden.
24. Sostuvo que el hecho de pedir una colaboración económica a los propietarios
de los predios ocupados a fin de realizar la diligencia de lanzamiento por ocupación
de hecho, no fue un acto irregular o indebido, por cuanto estaba permitido por los
artículos 389 del C.P.C. y 306 del C.G.P.
25. Así, la circunstancia de que la parte actora no aportara los recursos
económicos para que se pudiera llevar a cabo la diligencia de desalojo, no podía
ser un hecho generador de responsabilidad para el municipio de Bosconia, quien
hizo lo posible para que se pudiera llevar a cabalidad el procedimiento policivo a
efectos de recuperar el predio de la aquí demandante, máxime que, en un principio,
le fue restituida y entregada a la parte demandante la mayoría de la extensión de
su predio, pero que, por su propia culpa, al no limpiar el terreno ni cercarlo
nuevamente, fue invadido.
26. Finalmente, propuso las excepciones de (i) culpa exclusiva de la víctima y, (ii)
caducidad de la acción, porque la segunda ocupación del predio ocurrió el “15 de
febrero de 2011”, de ahí que, en su criterio, como la solicitud de conciliación
extrajudicial fue presentada el 20 de septiembre de 2013 y la demanda se radicó
el 16 de diciembre de 2013, ya había ocurrido el fenómeno jurídico de la
caducidad3.
Alegatos de conclusión
3
Folios 255 a 273 del cuaderno 2.
5
Radicación: 20001-23-39-000-2013-00425-01 (57.601)
Actor: Catalina Yaver Escobar y otros
Demandado: Municipio de Bosconia
Referencia: Medio de control de reparación directa
27. Surtido el debate probatorio4, se dio traslado para presentar alegatos de
conclusión. La demandante se refirió a los hechos que consideró probados en el
proceso y que daban cuenta de la responsabilidad endilgada al municipio de
Bosconia, toda vez que se acreditó la omisión en su deber de protección del bien
de la parte actora, por no haber realizado la diligencia de lanzamiento, so pretexto
de la falta de recursos para tal fin5.
28. El municipio de Bosconia reiteró los argumentos expuestos en la contestación
de la demanda6.
29. En su concepto, el Ministerio Público manifestó que se configuró una
concurrencia de culpas, puesto que, por un lado, la administración municipal no
culminó de manera satisfactoria el proceso policivo de lanzamiento por ocupación
de hecho en el predio de la actora, hecho que permitió que la invasión se
fortaleciera y, por otro lado, la parte actora permitió que dicho predio permaneciera
desocupado por más de quince (15) años, sin cumplir su función social y ecológica
ni tampoco procedió a su cerramiento, ni siquiera cuando tuvo la posesión pacífica
del mismo, tanto así que una vez recuperado nuevamente fue ocupado por
invasores, todo lo cual es un hecho que resulta imputable a la señora Catalina
Yaver Escobar, por lo que el agente del Ministerio Público pidió se condenara al
ente territorial demandado, pero que se disminuyera el quantum indemnizatorio en
la proporción a que hubiera lugar7.
4
Mediante auto del 13 de abril de 2015, proferido en audiencia inicial, se abrió el período probatorio, dentro
del cual se decretaron los siguientes medios de prueba:
● Certificado de tradición 190 – 58280 de la Oficina de Instrumentos Públicos de Valledupar.
● Escritura pública 1758 del 29 de julio de 2008.
● Querella de lanzamiento por ocupación de hecho -sin fecha de radicación- presentada por la señora Catalina
Yaver Escobar ante la alcaldía de Bosconia.
● Resolución 599 del 7 de octubre de 2011.
● Resolución 642 del 24 de noviembre de 2011.
● Auto 22 del 1 de noviembre de 2011.
● Acta del 8 de noviembre de 2011.
● Auto del 24 de noviembre de 2011.
● Acta del 9 de diciembre de 2011.
● Auto del 12 de diciembre de 2011.
● Acta del 14 de diciembre de 2011.
● Acta del 16 de diciembre de 2011.
● Acta de diligencia del 20 de diciembre de 2011.
● Oficio del 23 de diciembre de 2011.
● Auto 003 del 18 de octubre de 2012.
● Acta del 30 de octubre de 2012.
● Autos del 15 de enero, 18 de marzo y 18 de abril de 2013.
● Auto del 17 de mayo 2013.
● Expediente policivo.
5
Folios 2020 y 2021 del cuaderno 6.
6
Folios 1980 a 1987 del cuaderno 6.
7
Folios 2022 a 2028 del cuaderno 6.
6
Radicación: 20001-23-39-000-2013-00425-01 (57.601)
Actor: Catalina Yaver Escobar y otros
Demandado: Municipio de Bosconia
Referencia: Medio de control de reparación directa
La sentencia de primera instancia
30. Mediante sentencia proferida el 5 de mayo de 2016, el Tribunal Administrativo
del Cesar accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda en los siguientes
términos (se transcribe literal):
“PRIMERO: DECLARAR administrativa y patrimonialmente responsable al
MUNICIPIO DE BOSCONIA – CESAR, por la conducta omisiva de no haber
efectuada el lanzamiento por ocupación de hecho de las personas
indeterminadas que invadieron el lote de propiedad de CATALINA YAVER
ESCOBAR, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.
SEGUNDO: Como consecuencia de la declaración anterior, CONDENAR en
abstracto al MUNICIPIO DE BOSCONIA – CESAR, por lo que tendrá que
reconocer y pagar por concepto de perjuicios materiales, la suma que se
determine en el correspondiente incidente, a favor de CATALINA YAVER
ESCOBAR, propietaria del lote invadido.
TERCERO: Antes o al momento de realizar el pago de la condena impuesta
en esta providencia, CATALINA YAVER ESCOBAR deberá transferir el
dominio del lote objeto de este proceso al Municipio de Bosconia — Cesar,
una vez realizadas las gestiones correspondientes para levantar las medidas
de protección que recaen sobre dicho inmueble.
CUARTO: CONDENAR al MUNICIPIO DE BOSCONIA - CESAR, a reconocer
y pagar por concepto de perjuicios morales, la suma equivalente a 50 salarios
mínimos legales mensuales vigentes, a favor de cada uno de los
demandantes, es decir, CATALINA YAVER ESCOBAR, SONIA AMPARO
ESCOBAR YAVER y ANUAR JALIL YAVER ESCOBAR.
QUINTO: CONDENAR en costas al MUNICIPIO DE BOSCONIA - CESAR,
para lo cual se adelantará el trámite previsto en el artículo 188 de la Ley 1437
de 2011, que se debe leer en concordancia con lo establecido en el artículo
365 del Código General del Proceso.
SEXTO: ACÉPTESE el impedimento manifestado por el doctor JOSÉ
ANTONIO APONTE OLIVELLA, de conformidad con lo establecido en el
numeral 1 0 del artículo 130 de la Ley 1437 de 2011.
SÉPTIMO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda de conformidad
con las motivaciones que anteceden.
OCTAVO: En firme esta providencia, archívese el expediente”.
31. Para arribar a esta decisión, el Tribunal sostuvo que si bien los demandantes
se encontraban facultados para acudir a la Jurisdicción Ordinaria, en uso de la
acción reivindicatoria, lo cierto era que durante el trámite del procedimiento policivo
se realizaron múltiples reuniones para concertar la diligencia de lanzamiento y
obtener unos recursos por parte de los propietarios afectados por la ocupación,
cuando el municipio estaba en el deber de proteger a la aquí actora, de ahí que no
resultara aceptable ni válido exigir el pago de sumas de dinero para efectuar la
7
Radicación: 20001-23-39-000-2013-00425-01 (57.601)
Actor: Catalina Yaver Escobar y otros
Demandado: Municipio de Bosconia
Referencia: Medio de control de reparación directa
diligencia de lanzamiento de los invasores del predio en cuestión y justificar su
omisión en esa situación.
32. En consecuencia, definió que los demandantes sufrieron un daño que no
estaban en el deber jurídico de soportar, razón por la cual les asistía el derecho a
ser indemnizados en la cuantía referida, previa la transferencia del dominio del lote
al municipio de Bosconia8.
II. EL RECURSO INTERPUESTO
Síntesis del recurso de apelación
33. En su recurso de alzada, el municipio de Bosconia manifestó que fue imposible
continuar con el proceso de lanzamiento por ocupación de hecho debido a que la
parte demandante no aportó los recursos económicos requeridos para el efecto;
por tanto, si se produjeron daños, no le resultan imputables a ese municipio sino a
los terceros ocupantes así como a la actora, puesto que no contribuyó para que el
procedimiento policivo culminara a cabalidad.
34. Adicionalmente, sostuvo que fue la conducta negligente y descuidada de la
parte actora la que permitió la ocupación de su predio, pues no se puede perder
de vista que tres (3) de las cuatro (4) hectáreas del predio fueron recuperadas por
el ente territorial demandado; sin embargo, el abandono posterior del mismo incidió
para que nuevamente fuera ocupado por una población desplazada y marginada.
35. En ese orden, insistió que las pretensiones de la demanda no están llamadas
a prosperar dado que el daño alegado le resultaba imputable a la propia víctima y
a los terceros que invadieron el predio9.
Los alegatos de conclusión
36. El municipio de Bosconia reiteró los argumentos expuestos durante el
proceso10.
37. La parte demandante y el Ministerio Púbico guardaron silencio en esta etapa
procesal11.
8
Folios 2041 a 2068 del cuaderno del Consejo de Estado.
9
Folio 2074 a 2083 del cuaderno del Consejo de Estado.
10
Folios 2120 a 2123 del cuaderno del Consejo de Estado.
11
Folio 2127 del cuaderno del Consejo de Estado.
8
Radicación: 20001-23-39-000-2013-00425-01 (57.601)
Actor: Catalina Yaver Escobar y otros
Demandado: Municipio de Bosconia
Referencia: Medio de control de reparación directa
III. CONSIDERACIONES
38. Sin que se observe causal de nulidad o vicio que impida dictar sentencia,
procede la Sala a resolver el recurso de apelación formulado.
Hechos probados
39. Con base en los elementos de convicción allegados en legal forma al proceso,
se tienen acreditados los siguientes hechos:
40. Está acreditado que la señora Catalina Yaver Escobar es la propietaria del
predio ubicado en el municipio de Bosconia, identificado con el número de
matrícula inmobiliaria 190 – 58280 de la Oficina de Instrumentos Públicos de
Valledupar, según escritura pública 1758 del 29 de julio de 200812.
41. La señora Catalina Yaver Escobar presentó querella de lanzamiento por
ocupación de hecho -sin fecha de radicación- ante la alcaldía de Bosconia, para
lo cual refirió que el 20 de septiembre de 2011, se enteró de que personas
indeterminadas invadieron el inmueble de su propiedad13.
42. Mediante Resolución 599 del 7 de octubre de 2011, el alcalde de Bosconia
admitió la querella y ordenó el lanzamiento por ocupación de hecho de todas las
personas que se encontraran en el inmueble de propiedad de la aquí demandante
y, para la práctica de tal diligencia de lanzamiento, delegó al inspector de policía
de Bosconia, a quien le permitió solicitar el apoyo de la Policía de Carreteras y del
ESMAD14. Decisión que fue confirmada por medio de la Resolución 642 del 24 de
noviembre de 201115.
43. A través de auto 22 del 1 de noviembre de 2011, el inspector de policía del
municipio de Bosconia avocó el conocimiento de la Resolución 599 del 7 de
octubre de 2011 y ordenó el lanzamiento por ocupación de hecho de todas las
personas indeterminadas que se encontraban en el bien de propiedad de la
señora Catalina Yaver Escobar16.
44. El 8 de noviembre de 2011 se realizó la inspección ocular al inmueble,
diligencia en la cual se indicó lo siguiente (se transcribe de forma literal, incluidos
los posibles errores):
12
Folio 2 del cuaderno 1.
13
La solicitud obra en copia simple a folios 56 a 60 del cuaderno 1.
14
Folios 64 a 69 del cuaderno 1.
15
Folios 70 a 76 del cuaderno 1.
16
Folio 77 del cuaderno 1.
9
Radicación: 20001-23-39-000-2013-00425-01 (57.601)
Actor: Catalina Yaver Escobar y otros
Demandado: Municipio de Bosconia
Referencia: Medio de control de reparación directa
“Se trata de un lote de terreno de cuatro hectáreas ubicada en el perímetro
urbano de Bosconia Cesar … se evidencian aproximadamente 12
cambuches construidos en madera, plástico zin, de los cuales hay
aproximadamente tres (03) familias habitándolos, de la misma manera se
observan múltiples divisiones cercadas en alambre y madera17
45. Mediante auto del 24 de noviembre de 2011 se fijó como fecha para llevar a
cabo la diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho el 14 de diciembre de
2011 a partir de las 7:00 am18.
46. Según se acredita con el acta del 9 de diciembre de 2011, el alcalde de
Bosconia, el inspector de policía, el apoderado de la señora Catalina Yaver
Escobar y otras autoridades municipales, se reunieron. El objeto de esa reunión
consistió en la solicitud de medios para el cumplimiento de la orden de
lanzamiento; en el acta correspondiente se destaca lo siguiente (se transcribe de
forma literal, incluidos los posibles errores):
“Dicha reunión tiene la finalidad de acordar medios idóneos (traslado,
alimentación, estrategia de grupo ESMAD) y estrategias para la diligencia
de lanzamiento que tendrá lugar el día 14 de diciembre del 2011 a partir
de las 7:00 AM. Concediendo la palabra al señor alcalde Municipal Doctor
LUIS ABDON PEREZ ANGARITA quien manifiesta lo siguiente: sobre los
compromisos adquiridos por los propietarios los cuales no
cumplieron, informa que hubo que traer mas de 500 miembros del
ESMAD, y todas las entidades del Municipio, con un costo de
alrededor de $50'000.000,00, manifiesta que ya se tiene respuesta de
parte del Ministerio de Interior y de Justicia en donde manifiestan que los
recursos del fondo cuenta no se pueden utilizar para este tipo de operativo,
la administración municipal se compromete a prestar los medios logísticos,
lo que tiene que ver con el tema salud, con las ambulancias en los cuatro
puntos satélites, convenio con bomberos, gastos de alimentación y
logística de Defensa Civil, Comisaria de Familia, traslado del personal de
la administración, pero no asume costos de traslado, alimentación y
estadía de la policía nacional, ya que la administración no cuenta con
los recursos para la diligencia por lo que son los propietarios de los
predios quienes tienen que asumir estos costos. En traslado de la
palabra a el señor RAFAEL SANTOS SILVA, Teniente Coronel
Representante Quinto Distrito, manifiestan en estar en plena disposición
para el acompañamiento del operativo pero no pueden tumbar cambuches
ni retirar escombros, solicitan el transporte, comida, alojamiento para el
Personal de un aproximado de 650 efectivos de la policía, solicitan
presencia del Bienestar familiar para proteger a los menores de edad,
solicitan estudio de seguridad previo, y verificar la disponibilidad del grupo
ESMAD, interviene el Teniente Bustos, informa que la presencia de los
propietarios y Ministerio Público es de vital importancia para esta reunión
a la vez manifiesta que para esta: diligencia se hace necesario 400
hombres del Escuadrón Antidisturbios, Interviene el doctor GENARO
17
Folio 78 del cuaderno 1.
18
Folio 80 del cuaderno 1.
10
Radicación: 20001-23-39-000-2013-00425-01 (57.601)
Actor: Catalina Yaver Escobar y otros
Demandado: Municipio de Bosconia
Referencia: Medio de control de reparación directa
SEGUNDO ANNICHARICO, en representación de la señora CATALINA
YAVER, manifiesta que la fecha de desalojo está muy pronto para la
coordinación del mismo teniendo en cuenta la suma de dinero que se
requiere por parte de los propietarios de los predios es muy elevado lo que
significaría que esta diligencia no se haría nunca Porque mi representada
CATALINA YAVER, no cuenta con esos recursos para esa diligencia, el
señor ALCALDE, manifiesta que tenían que cercar los predios e instaurar
una denuncia penal, lo cual no se realizó, la administración municipal en
su oportunidad cumplió con la recuperación de los predios invadidos, los
cuales en estos momentos están nuevamente ocupados (…)”19
47. La diligencia de lanzamiento se reprogramó para el 20 de diciembre de 2011
a partir de la 7:00 a.m.20.
48. Previamente, el 14 y 16 de diciembre de 2011, se llevaron a cabo unas
reuniones en las que participaron el señor Genaro Segundo Annicharico
(apoderado de la señora Catalina Yaver Escobar), el alcalde del municipio de
Bosconia, el inspector de policía y un representante del ESMAD, en las que se
reiteró que la Policía Nacional necesitaba recursos para el desplazamiento,
alimentación y alojamiento de los funcionarios que intervendrían en la diligencia,
ante lo cual el alcalde indicó que prestaría todo el apoyo logístico y administrativo
que estuviera a su alcance, pero que no contaba con los medios para asumir los
gastos señalados21.
49. El 20 de diciembre de 2011, se intentó realizar la diligencia de lanzamiento;
sin embargo, ello no fue posible, registrándose como causa la falta de recursos
para el desplazamiento del ESMAD. Al instalarse la audiencia se dejaron las
siguientes constancias (se transcribe de forma literal, incluidos los posibles
errores):
“(…) Comandante de la Estación de Policía, quien manifiesta que no considera
conveniente hacer acompañamiento a la diligencia de lanzamiento por
ocupación de hecho de los diferentes predios invadidos ya que no cuenta con
el personal suficiente y apto para este tipo de diligencia, de igual manera, no
se prestaron con anterioridad los medios necesarios de parte de los
interesados, para el transporte, alimentación y estadía del personal del
ESMAD, refiere que no hizo presencia los propietarios de los predios
querellados.
(…)
Interviene el inspector de policía quien manifiesta y deja constancia que siendo
las 8:52 AM no hay presencia de los querellantes y/o apoderados, de igual
manera se advierte que no se presentaron los medios necesarios (efectivos
del ESMAD, personal o maquinaria para el retiro y destrucción de cambuches)
19
Folios 82 y 83 del cuaderno 1.
20
Folio 84 del cuaderno 1.
21
Folios 85 a 87 y 89 a 91 del cuaderno 1.
11
Radicación: 20001-23-39-000-2013-00425-01 (57.601)
Actor: Catalina Yaver Escobar y otros
Demandado: Municipio de Bosconia
Referencia: Medio de control de reparación directa
ya sea de parte de la administración municipal o los querellantes, de esa
manara y teniendo en cuenta las anteriores consideraciones a este servidor
no le queda otra sino la de declarar fracasada la diligencia 22 “
50. Posteriormente, el 23 de diciembre de 2011, el inspector de policía del
municipio de Bosconia puso en conocimiento del Procurador Provincial de
Valledupar la situación acaecida frente a la imposibilidad de efectuar la diligencia
de lanzamiento, para lo cual relató todas las acciones adelantadas por él y pidió
su ayuda para la realización de ésta, así como también puso de presente que se
requería la presencia del ESMAD, dado que en el lugar se encontraban más de
trescientas (300) familias23.
51. Pasados varios meses, esto es, el 9 de julio de 201224 se realizó otra reunión
entre las autoridades municipales y los propietarios de los predios invadidos, en
la cual se insistió en la dificultad para efectuar el lanzamiento, habida cuenta de
la presencia en el lugar de menores de edad, ancianos e indígenas, lo cual
imponía a la administración la necesidad de garantizarles un lugar. La apoderada
de la señora Catalina Yaver Escobar intervino para señalar que su poderdante
estaba dispuesta a aportar una volqueta y diez (10) hombres para llevar a cabo la
diligencia, frente a la cual no se definió una fecha exacta para su realización.
52. El 18 de octubre de 2012, el inspector de policía del municipio de Bosconia
expidió el auto 003, a través del cual ordenó la entrega parcial del inmueble a la
señora Catalina Yaver Escobar. La anterior decisión tuvo como sustento las
siguientes consideraciones (se transcribe de forma literal, incluidos los posibles
errores):
“(…) Que a la fecha, no se han aportado los medios necesarios ya sea por
la administración municipal y/o querellantes para hacer efectiva la diligencia;
en procura de dar resultados se adelantaron mecanismos de conciliación
para que de manera voluntaria restituyan el bien inmueble, logrando restituir
una gran extensión de tierra.
Fue solicitada a Planeación Municipal se realizara levantamiento topográfico
con la finalidad que se constatara el área total del terreno desocupado, para
lo cual en fecha 16 de octubre de 2012, se recibió información al respecto,
arrojando la siguiente: Total área desocupada: 28.391 m2.
Visto que existen terrenos desocupados del área querellada, este despacho
en procura der hacer entrega de los mismos: RESUELVE:
22
Folios 92 y 93 del cuaderno principal.
23
Folios 405 a 407 del cuaderno 2.
24
Folios 99 a 101 del cuaderno 1.
12
Radicación: 20001-23-39-000-2013-00425-01 (57.601)
Actor: Catalina Yaver Escobar y otros
Demandado: Municipio de Bosconia
Referencia: Medio de control de reparación directa
Primero: Hacer entrega parcial del predio querellado, en una extensión de
28.391 m2 a la señora Catalina Yaver Escobar, conforme al levantamiento
topográfico emitido por planeación municipal”25.
53. El 30 de octubre de 2012 se realizó la diligencia de entrega en la forma
señalada en precedencia; sin embargo, el apoderado de la señora Catalina Yaver
Escobar se rehusó a recibir el predio porque estaba ocupado por calles y carreras
no autorizadas, razón por la cual el inspector de policía de Bosconia declaró fallida
la diligencia26.
54. Mediante autos del 15 de enero 27, 18 de marzo28 y 18 de abril de 201329, se
reanudó la diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho y se fijó como fechas
para la realización de la misma el 13 de febrero30, el 20 de marzo31 y el 29 de
mayo de 201332, respectivamente, sin que se hubiera efectuado la misma, a pesar
de que se adelantaron otras reuniones que no permitieron llegar a una solución
definitiva33
55. Mediante auto del 17 de mayo de 201334, el inspector de policía del municipio
de Bosconia prorrogó la diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho fijada
para el 29 de mayo de 2013 hasta nueva orden e intentó nuevamente llevarse a
cabo, después de varias reuniones -entre esas la del 9 de febrero de 2015-, el 24
de febrero de 201535, según consta en el expediente policivo arrimado al acervo
probatorio, pero no se pudo adelantar la misma por la razón descrita a lo largo de
esta providencia36.
56. El 23 de febrero de 201537, la secretaria social del municipio de Bosconia
remitió al inspector de policía de ese municipio un listado de las personas
asentadas en el inmueble y que estaban incluidos en el Registro Único de
Víctimas, la cual inicia con el nombre del señor Hernán Enrique Núñez Puello y
finaliza con el nombre del señor Carlos Alberto Acosta Salgado, para un total de
ciento catorce (114) personas víctimas de desplazamiento forzado.
25
Folio 473 del cuaderno 1.
26
Folio 477 del cuaderno 1.
27
Folio 105 del cuaderno 1.
28
Folio 118 del cuaderno 1
29
Folio 123 del cuaderno 1.
30
Folios 113 a 117 del cuaderno 1.
31
Folio 546 del cuaderno 2.
32
Folio 124 a 130 del cuaderno 1.
33
Folios 108 y 109, 103 a 117, 121 y 122, 124 a 131 del cuaderno 1.
34
Folio 131 del cuaderno 1
35
Folio 1289 del cuaderno 4.
36
Folio 1287 y 1288 del cuaderno 4.
37
Folios 1290 a 1294 del cuaderno 4.
13
Radicación: 20001-23-39-000-2013-00425-01 (57.601)
Actor: Catalina Yaver Escobar y otros
Demandado: Municipio de Bosconia
Referencia: Medio de control de reparación directa
57. Según constancia del 20 de agosto de 201538 expedida por el Secretario de
Planeación y Obras Públicas del municipio de Bosconia, en el predio de la señora
Catalina Yaver Escobar se encuentran morando 69 familias en cambuches, de
madera, zinc y material reciclado, para lo cual allegó una lista anexa donde
identificó las mismas y que inicia con la familia de la señora Ángelay Soto
Mendoza y finaliza con la familia de los señores Luis David Barrios España y Angy
Paola39, grupos familiares compuestos por madres soltera cabeza de hogar,
víctimas del conflicto.
Acerca de la ausencia de daño antijurídico en el presente asunto
58. Advierte la Sala que, del exiguo material probatorio allegado, no es posible
tener por acreditado que, efectivamente, la parte actora haya perdido la propiedad
de su bien inmueble y, por tanto, que amerite el estudio de la imputación respecto
de la demandada.
59. Lo anterior, de acuerdo con el siguiente razonamiento:
60. Está acreditado que la señora Catalina Yaver Escobar presentó querella de
lanzamiento por ocupación de hecho ante el municipio de Bosconia, para lo cual
refirió que se enteró de que personas indeterminadas invadieron el inmueble de
su propiedad. Para aquella fecha, según la diligencia de inspección ocular al
inmueble del 8 de noviembre de 2011, se trataba de doce (12) cambuches y tres
(3) familias.
61. En el curso de dicho procedimiento, el 9 de diciembre de 2011, se reunió el
alcalde de Bosconia, el inspector de policía, otras autoridades municipales y el
apoderado de la señora Catalina Yaver Escobar, con el fin de solicitar medios
económicos a los querellantes para el cumplimiento de la orden de lanzamiento,
específicamente, para gastos de traslado, alimentación y hospedaje de los más
de 400 uniformados del ESMAD que se necesitaban para el acompañamiento de
la diligencia; no obstante, hasta la fecha de interposición de la demanda de la
referencia, no se pudo llegar a acuerdo alguno en tal sentido y, por tanto, no se
logró culminar a cabalidad el procedimiento de lanzamiento por ocupación de
hecho.
62. Resulta del caso precisar que para el tema de los inmuebles rurales, como el
del presente asunto, la querella de lanzamiento por ocupación de hecho está
prevista en el Decreto 747 de 199240, el cual regula el procedimiento que se debe
38
Folio 1005 del cuaderno 3.
39
Folios 1006 a 1012 del cuaderno 4.
40
“Por el cual se dictan medidas policivas con el fin de prevenir las invasiones en predios rurales que están
ocasionando la alteración del orden público interno en algunos departamentos”.
14
Radicación: 20001-23-39-000-2013-00425-01 (57.601)
Actor: Catalina Yaver Escobar y otros
Demandado: Municipio de Bosconia
Referencia: Medio de control de reparación directa
adelantar por parte de la autoridad policiva municipal, esto es, el alcalde o a quien
se haya delegado la competencia, con el objeto de que se despliegue la función
de policía41, por medio de mecanismos idóneos con los que se logre preservar el
orden público42 y evitar la perturbación de la posesión y la tenencia. Dicha
regulación se complementa con los procedimientos establecidos en los Códigos
de Policía Departamentales, expedidos con fundamento en la competencia
otorgada por el numeral 8 del artículo 300 de la Constitución Política.
63. Dado el carácter policivo del procedimiento de lanzamiento por ocupación de
hecho, las medidas en él adoptadas subsisten mientras el juez no decida otra
cosa. Esto significa que el éxito o fracaso del querellante en esa actuación no
impide que el mismo asunto pueda tramitarse ante el juez civil, sobre todo en los
eventos en que dicho trámite no sea eficaz en la protección de la posesión, caso
en el cual el afectado puede ejercer, en aras de la protección de su derecho, la
acción reivindicatoria, la cual se encuentra regulada en los artículos 946 a 971 del
Código Civil.
64. Esta idea se acentúa en el procedimiento de los predios rurales, en la medida
en que el artículo 2° del Decreto 747 de 1992 señala que “las medidas que dicten
las autoridades de policía serán provisionales, en consecuencia, no constituyen
obstáculo para la intervención del respectivo juez y se mantendrán mientras este
no decida otra cosa”. Además del carácter provisional de las medidas policivas en
comento, tanto la normativa que las regula43, así como la jurisprudencia de esta
41
En la sentencia C-024 de 1994, la Corte Constitucional precisó: “La policía administrativa está entonces
ligada a la limitación y regulación de derechos y libertades para preservar el orden público. Pero esa limitación
toma diversas formas: de un lado, se ejerce mediante la expedición de regulaciones generales como los
reglamentos; de otro lado, supone la expedición de actos jurídicos concretos, como la concesión de una
autorización; y, finalmente, se desarrolla mediante operaciones materiales de uso de la fuerza pública y se
traduce en la organización de cuerpos armados y funcionarios especiales a través de los cuales se ejecuta la
función. Por eso la doctrina ha solido distinguir entre poder, función y actividad de policía (…) así:
(…)
a) El poder de policía es normativo: legal o reglamentario. Corresponde a la facultad legítima de regulación de
la libertad. En sentido material es de carácter general e impersonal. Conforme al régimen del estado de
derecho es, además, preexistente.
b) La función de policía es reglada y se halla supeditada al poder de policía. Supone el ejercicio de
competencias concretas asignadas por éste a las autoridades administrativas de policía. Más repárese en que
dicha función no otorga competencia de reglamentación ni de regulación de la libertad.
c) La actividad de policía, asignada a los cuerpos uniformados, es estrictamente material y no
jurídica, corresponde a la competencia de ejercicio reglado de la fuerza, y está necesariamente subordinada
al poder y la función de policía. Por lo tanto, tampoco es reglamentaria ni menos reguladora de la libertad”.
42
Corte Constitucional, sentencia C-183 de 2014: “Pero el orden público no debe ser entendido como un valor
en sí mismo sino como el conjunto de condiciones de seguridad, tranquilidad y salubridad que permiten la
prosperidad general y el goce de los derechos humanos. El orden público, en el Estado social de derecho, es
entonces un valor subordinado al respeto a la dignidad humana, por lo cual el fin último de la Policía, en sus
diversas formas y aspectos, es la protección de los derechos humanos. Estos constituyen entonces el
fundamento y el límite del poder de policía. La preservación del orden público lograda mediante la supresión
de las libertades públicas no es entonces compatible con el ideal democrático, puesto que el sentido que
subyace a las autoridades de policía no es el de mantener el orden a toda costa sino el de determinar cómo
permitir el más amplio ejercicio de las libertades ciudadanas sin que ello afecte el orden público”.
43
Decreto 1355 de 1970. Artículo 126. En los procesos de policía no se controvertirá el derecho de dominio
ni se considerarán las pruebas que se exhiban para acreditarlo.
15
Radicación: 20001-23-39-000-2013-00425-01 (57.601)
Actor: Catalina Yaver Escobar y otros
Demandado: Municipio de Bosconia
Referencia: Medio de control de reparación directa
Corporación44, han reconocido que lo que se debate en el procedimiento de
lanzamiento por ocupación de hecho es la posesión y no la propiedad45.
65. Por tal motivo, el reconocimiento de la indemnización por la pérdida definitiva
del inmueble solo resulta procedente en los eventos en que quede acreditado que
el predio no podía recuperarse debido a razones de interés general que hacen
que el desalojo fuera impracticable, aunque fuera ordenado por el juez civil en un
proceso posesorio o reivindicatorio46.
66. De acuerdo con la demanda, al quedar inconcluso el procedimiento de
lanzamiento por ocupación de hecho, esto es, sin que se hubiera logrado el
restablecimiento del statu quo pretendido, se procedió a iniciar la acción de
reparación directa que ahora se resuelve, por considerar la parte actora que sufrió
un daño antijurídico consistente en el despojo definitivo de su inmueble.
67. Se recaba que, tal como se explicó en párrafos precedentes, el procedimiento
de lanzamiento por ocupación de hecho de inmuebles rurales no comporta una
controversia sobre la propiedad de un bien, sino solamente sobre su posesión47.
68. Sin embrago, tampoco se puede perder de vista que la jurisprudencia de la
Corporación ha reconocido que hay situaciones en que puede entenderse que se
ha perdido definitivamente un inmueble en el transcurso de un procedimiento
policivo de lanzamiento por ocupación de hecho, cuando quede acreditado que el
predio no podía recuperarse mediante un juicio posesorio o reivindicatorio debido
a razones de interés general que hacen que el desalojo fuera impracticable,
aunque fuera ordenado por el juez civil48.
69. En tal caso, frente a cada asunto concreto, debe analizarse si se torna
nugatorio e innecesario acudir al juez de la causa, puesto que aun cuando se
obtenga con éxito la reivindicación del bien o la protección de la posesión,
resultaría imposible ejecutar la decisión del juez por cuestiones de orden social,
para cuyo efecto el juez de la acción de reparación directa deberá tener en cuenta
44
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 3 de mayo de 2013, Exp. 27557, M.P.
Danilo Rojas Betancourth; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 2 de mayo de
2013, Exp. 28158, M.P. Mauricio Fajardo Gómez; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Sala Plena. Sentencia del 23 de febrero de 2017, exp. 34121. M.P. Marta Nubia Velásquez
Rico.
45
Sentencia del 5 de marzo de 2021, exp. 46197).
46
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del
22 de octubre de 2015, exp. 33977. M.P. Hernán Andrade Rincón.
47
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 3 de mayo de 2013, Exp. 27557, M.P.
Danilo Rojas Betancourth; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 2 de mayo de
2013, exp. 28158, M.P. Mauricio Fajardo Gómez; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Sala Plena. Sentencia del 23 de febrero de 2017, exp. 34121. M.P. Marta Nubia Velásquez
Rico.
48
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del
22 de octubre de 2015, exp. 33977. M.P. Hernán Andrade Rincón.
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Radicación: 20001-23-39-000-2013-00425-01 (57.601)
Actor: Catalina Yaver Escobar y otros
Demandado: Municipio de Bosconia
Referencia: Medio de control de reparación directa
los hechos del caso y la conducta del demandante, con el fin de establecer si
debía el propietario agotar o no los mecanismos administrativos y procesales de
protección de la propiedad, la posesión y/o el statu quo49.
70. En este caso, la Sala precisa que, aunque el procedimiento de lanzamiento
por ocupación de hecho no culminó con la restitución de la posesión del predio de
propiedad de la parte actora, esa situación no ha derivado en una pérdida absoluta
o definitiva del inmueble de su propiedad, por cuanto no quedó demostrado que
razones de orden social hagan impracticable una futura orden de desalojo dictada
en un juicio reivindicatorio.
71. Si bien, en constancia del 20 de agosto de 2015, expedida por el Secretario
de Planeación y Obras Públicas del municipio de Bosconia, se hizo saber que en
el predio de la señora Catalina Yaver Escobar estaban morando 69 familias en
cambuches, de madera zinc y material reciclado, para lo cual allegó una lista
anexa donde identificó a las mismas en grupos familiares compuestos por madres
solteras cabeza de hogar, niños y víctimas del conflicto, lo cierto es que las demás
pruebas documentales -fechadas incluso con bastante tiempo de anterioridad a la
constancia en mención- lo que dan cuenta es que la autoridad municipal,
particularmente el inspector de policía del municipio de Bosconia, dejó de ejecutar
la diligencia de lanzamiento ante la falta de recursos económicos para atender los
gastos del ESMAD, y no ante la situación humanitaria debido al número de
personas (3 familias y 12 cambuches) que invadieron el bien en cuestión, aspecto
frente al cual no se desplegó ninguna acción, o por lo menos no se probó en este
proceso, lo cual descarta la pérdida de la propiedad del bien objeto de la discusión,
durante el trámite del proceso policivo, porque se haya tornado impracticable la
diligencia y, en consecuencia, se hubiera dado el despojo definitivo del bien.
72. No se soslaya la especial protección que merece el grupo poblacional que
viene de referirse, pero insiste la Sala que del dossier probatorio no se deriva que
la inejecución de la diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho haya
obedecido, por ejemplo, a la imposibilidad para la reubicación de las personas
ocupantes del predio, sino se insiste lo fue por la falta de medios económicos para
contar con la presencia del ESMAD.
73. Lo anterior, cobra mayor fuerza si se tiene en cuenta que sobre una parte del
terreno en cuestión se desarrolló una diligencia fallida de entrega parcial de 3
hectáreas de las 4 de las que se compone, por cuanto la parte actora se negó a
recibirlas en las condiciones que se encontraban, es decir, a juicio de la Sala, no
se está ante la imposibilidad absoluta de recuperar el bien, sino que, por otras
49
Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena. Sentencia del 23 de febrero de 2017, exp. 34121. M.P.
Marta Nubia Velásquez Rico.
17
Radicación: 20001-23-39-000-2013-00425-01 (57.601)
Actor: Catalina Yaver Escobar y otros
Demandado: Municipio de Bosconia
Referencia: Medio de control de reparación directa
razones, el propietario no lo quiso recibir aun cuando se encontraba frente a la
posibilidad de recibirlo.
74. Al lado de lo anterior, la Sala debe reconocer que, si bien la realización de la
diligencia de lanzamiento no podía estar supeditada al pago de los gastos de
transporte y mantenimiento de 400 policiales por parte del querellante, lo cierto es
que el municipio de Bosconia intervino a través del mecanismo de la conciliación
logrando la recuperación de una parte del predio.
75. Ahora, no puede desconocer la Sala que, si se hubiera logrado la entrega
parcial del inmueble, la parte actora en esa oportunidad pudo haber adoptado las
medidas que considerara oportunas a fin de evitar que nuevamente fuera invadido
su predio, incluso de tipo legal, tales como, se dijo, las acciones posesorias o
revindicaría.
76. Ahora bien, en la demanda además del reconocimiento del valor total del
predio se pidió el reconocimiento de cuatrocientos veintitrés millones trescientos
veintinueve mil quinientos cinco pesos m/cte. ($423’329.505), correspondiente a
los cánones de arrendamiento dejados de percibir desde el 20 de septiembre de
2011 hasta el 20 de octubre de 2013. Al respecto, se indicó que el valor del canon
de arrendamiento del predio en cuestión oscilaba en quince millones de pesos
m/cte. (15.000.000), según lo ofertado por la señora Catalina Yaver Escobar a
diferentes inmobiliarias.
77. Sobre el particular, se observa que a folio 153 del cuaderno 1 obra constancia
del 19 de junio de 2012 de la inmobiliaria Finaser Ltda. dirigida a la señora Catalina
Yaver Escobar en la que se le pone de presente que, una vez estudiada la
documentación entregada por ésta a la inmobiliaria para que tomara en
consignación el predio de su propiedad, “lamentan comunicarle que una vez
estudiada dicha solicitud, no la podemos aceptar debido a la ocupación que
soporta …”.
78. En el mismo sentido, a folio 150 del cuaderno 1 obra constancia del 23 de
septiembre de 2013 de la inmobiliaria arrendaventas Ltda., en la que se indica a
la señora Catalina Yaver Escobar que el inmueble que le fue ofrecido a esa
inmobiliaria sin exclusividad para la venta por un valor de setenta mil pesos m/cte.
($70.000) metro cuadrado o para arriendo, con canon mensual de quince millones
de pesos m/cte. (15.000.000) “no se ha podido concretar ninguna negociación,
por cuanto dicho inmueble se encuentra invadido, lo cual obstruye cualquier
proyecto o uso del mismo …”.
79. En criterio de la Sala, a partir de los anteriores documentos no es posible tener
por acreditado el perjuicio pretendido en la demanda, dado que, por un lado, son
18
Radicación: 20001-23-39-000-2013-00425-01 (57.601)
Actor: Catalina Yaver Escobar y otros
Demandado: Municipio de Bosconia
Referencia: Medio de control de reparación directa
documentos fechados con posterioridad al día en que la parte actora tuvo
conocimiento de la invasión de su predio -20 de septiembre de 2011- y, por el otro,
no evidencian que la parte actora estuviera recibiendo fruto alguno al momento de
la ocupación del mismo; por el contrario, lo que dan cuenta es de una expectativa
que tenía la señora Yaver Escobar frente a la posibilidad de que su inmueble fuera
entregado en arriendo, por un canon que ella misma consideró de quince millones
de pesos m/cte. ($15.000.000), pero no porque así se hubiera pactado de manera
previa en un contrato de arrendamiento entre ésta y alguna de las inmobiliarias en
mención, antes de la ocupación de hecho que se discutió en este asunto.
80. De otro lado, observa la Sala que también se pidió el reconocimiento de veinte
millones doscientos cincuenta y nueve mil pesos m/cte. ($20’259.000), por
concepto de gastos de hoteles, alimentación y transporte terrestre y aéreo en los
que tuvieron que incurrir los aquí demandantes durante el trámite de la defensa
material y legal del predio invadido, así como también “honorarios para la
interposición de la querella y acción prejudicial, el pago de trabajadores, estudio
geo referenciado, planos del IGAC, materiales del lote, avalúo del predio”.
81. Sobre el particular, se observa que se allegaron una serie de documentos que
se hicieron llamar “gastos generales” y en los que constan varias facturas, por
ejemplo, por concepto de pagos de transporte, alojamiento y alimentación, entre
otros50, pero se advierte que, a partir de tales documentos, no puede inferirse una
relación causal entre dichos gastos y el daño causado por la Administración
Pública derivado de una ocupación de su predio.
82. Lo anterior, por cuanto no está debidamente relacionado en libelo introductorio
ni mucho menos se encuentra probado con la existencia de tales documentos que
los pagos de tiquetes, alojamiento y alimentación derivaron, por ejemplo, de la
asistencia de la parte actora a las diligencias adelantadas por el ente territorial
demandado a efectos de llevar a cabo la diligencia de lanzamiento por ocupación
de hecho, así como tampoco que hayan sido producto de citaciones o
requerimientos a la señora Catalina Yaver Escobar dentro del trámite del proceso
policivo, máxime que la propietaria del predio en cuestión es la mentada señora;
no obstante, se adjuntan tiquetes que están a nombre de Sonia Amparo Escobar
y Anuar Jalil Yaver Escobar, sin que se diga -se insiste- ni siquiera de manera
somera en la demanda porque se tuvo que incurrir en esos gatos y frente a
personas que no tienen que ver con el predio en cuestión.
83. La misma circunstancia se predica de los otros tantos documentos arrimados
al acervo probatorio de los que no se encuentra una relación directa con el daño
causado por la Administración Pública derivado de una ocupación de un predio,
50
Folios 17 a 70 C. 2.
19
Radicación: 20001-23-39-000-2013-00425-01 (57.601)
Actor: Catalina Yaver Escobar y otros
Demandado: Municipio de Bosconia
Referencia: Medio de control de reparación directa
como lo es el pago de trabajadores, estudio geo referenciado, planos del IGAC,
materiales del lote y avalúo del predio, motivo por el cual no puede tenerse por
acreditado dicho daño material.
84. Cabe reiterar en esta oportunidad, que de tiempo atrás la jurisprudencia de la
Sección ha indicado que el primer elemento que se debe observar en el análisis
de la responsabilidad Estatal es la existencia del daño, el cual, además debe ser
antijurídico, comoquiera que éste constituye un elemento necesario de la
responsabilidad, de allí la máxima “sin daño no hay responsabilidad” y sólo
ante su acreditación hay lugar a explorar la posibilidad de imputación del mismo
al Estado51.
85. Las anteriores razones resultan suficientes para revocar la sentencia de
primera instancia dado que no se acreditó el daño invocado en la demanda52.
Condena en costas
86. De conformidad con lo establecido en el artículo 188 del CPACA, la liquidación
y ejecución de la condena en costas debe efectuarse en atención de las reglas del
Código de Procedimiento Civil, hoy Código General del Proceso. Este Código
dispone, en el numeral 1 del artículo 365, que se debe condenar en costas a quien
resulta vencido en el proceso o se le resuelva desfavorablemente el recurso de
apelación53, lo que quiere decir que la procedencia de dicha condena depende
únicamente de una condición objetiva, derivada del hecho de ser vencido en el
proceso, perdiendo relevancia si las partes actuaron de forma temeraria.
87. En este caso, la presente providencia revocará la decisión de primera, por
ende, puede colegirse que la parte demandante resultó vencida, de ahí que resulte
procedente la condena en costas en su contra.
88. Según el artículo 361 ejusdem, las costas están integradas por las agencias
en derecho y las expensas sufragadas durante el trámite de la controversia
51 “… porque a términos del art. 90 de la Constitución Política vigente, es más adecuado que el juez aborde,
en primer lugar, el examen del daño antijurídico, para, en un momento posterior explorar la imputación del
mismo al Estado o a una persona de derecho público. // La objetivización del daño indemnizable que surge
de este precepto constitucional, como lo ha repetido en diversas oportunidades la Sala, sugiere que, en lógica
estricta, el juez se ocupe inicialmente de establecer la existencia del daño indemnizable que hoy es
objetivamente comprobable y cuya inexistencia determina el fracaso ineluctable de la pretensión”. Consejo de
Estado, Sección Tercera, sentencia de 10 de septiembre de 1993. Expediente No. 6144. Consejero Ponente:
Juan de Dios Montes.
52 En este mismo sentido fue resuelto el medio de control de reparación directa identificado con el número de
radicado 20001-23-33-000-2013-00136-01(56053) impetrado por los señores Jaime Arnulfo Cortés Cifuentes
y Diego Arturo Cárdenas González contra el municipio de Bosconia, por los mismos supuestos de hecho
debatidos en el asunto de la referencia.
53 Artículo 365 C.G.P.: “En los procesos y en las actuaciones posteriores aquellos en que haya controversia
la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el
proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica,
anulación o revisión que haya propuesto (…).
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Radicación: 20001-23-39-000-2013-00425-01 (57.601)
Actor: Catalina Yaver Escobar y otros
Demandado: Municipio de Bosconia
Referencia: Medio de control de reparación directa
89. En relación con las agencias en derecho, el Acuerdo 1887 de 2003, expedido
por el Consejo Superior de la Judicatura, establece que, para efectos de su
determinación, es preciso tener en cuenta la naturaleza, la calidad y la duración
útil de la gestión realizada por el apoderado, la cuantía de la pretensión y cualquier
otra circunstancia relevante54.
90. El pleito de la referencia corresponde a una controversia de reparación directa
con cuantía que, por razón de la interposición del recurso de apelación, duró más
de 1 año en esta Corporación, lo que implicó que la parte demandada vencedora
tuviera que sufragar un abogado que ejerciera la defensa judicial de sus intereses,
motivo por el cual la Sala fijará las agencias en derecho a su favor en uno por
ciento (1%) del valor de las pretensiones, esto es, la suma de treinta y ocho
millones doscientos doce mil pesos M/cte. ($38’212.000)55, lo cual se acompasa
con lo dispuesto con el artículo 6 del citado Acuerdo 1887 de 2003 56 , según el
cual dicho valor podrá ser de hasta el cinco por ciento (5%) del valor total petitum.
91. Finalmente, la liquidación de las costas la hará de manera concentrada el a
quo, en los términos del artículo 366 del CGP57.
I. PARTE RESOLUTIVA
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del
Cesar el 5 de mayo de 2016; en consecuencia, NEGAR las pretensiones de la
demanda, teniendo en cuenta los motivos expuestos en esta providencia.
54 ARTÍCULO TERCERO. - “Criterios. El funcionario judicial, para aplicar gradualmente las tarifas establecidas
hasta los máximos previstos en este Acuerdo, tendrá en cuenta la naturaleza, calidad y duración útil de la
gestión ejecutada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, autorizada por la ley, la cuantía de la
pretensión y las demás circunstancias relevantes, de modo que sean equitativas y razonables. Las tarifas por
porcentaje se aplicarán inversamente al valor de las pretensiones”
55 Teniendo en cuenta que el valor total líquido de las pretensiones de la demanda es de tres mil ochocientos
veintiún millones doscientos seis mil quinientos cinco pesos m/cte. ($3.821.206.505)
56 7“ARTICULO SEXTO. Tarifas. Fijar las siguientes tarifas de agencias en derecho: (…) III. CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO 3.1. ASUNTOS. (…) 3.1.3. Segunda instancia. (…) Con cuantía: Hasta el cinco por ciento
(5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia”.
57 A cuyo tenor: “Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado
que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la
providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior,
con sujeción a las siguientes reglas (…)”.
21
Radicación: 20001-23-39-000-2013-00425-01 (57.601)
Actor: Catalina Yaver Escobar y otros
Demandado: Municipio de Bosconia
Referencia: Medio de control de reparación directa
SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante y fijar las agencias en
derecho de segunda instancia en la suma de treinta y ocho millones doscientos
doce mil pesos M/cte. ($38’212.000). El Tribunal de origen deberá dar
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 366 del Código General del Proceso.
TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVUÉLVASE
el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de
Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y
autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
VF
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