Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-03903-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2023-03903-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-03903-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-03903-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
18 de octubre de 2023
1
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03903-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., dieciocho (18) de octubre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03903-01
Accionante: Santiago Andrés Cardeño Restrepo
Accionados: Consejo Superior de la Judicatura- Unidad de Administración
de Carrera Judicial, y otro
Temas: Acción de Tutela por respuesta incongruente a planteamientos
expuestos en recurso de reposición y contra actos
administrativos dictados en el marco de la Convocatoria 27.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el señor Santiago Andrés Cardeño
Restrepo, en nombre propio, en contra de la sentencia del 4 de agosto de 2023
proferida por la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado.
ANTECEDENTES
El señor Santiago Andrés Cardeño Restrepo, en nombre propio, instauró acción
de tutela, en aras de que se ampare su derecho fundamental de petición, el cual
considera vulnerado por el Consejo Superior de la Judicatura- Unidad de
Administración de Carrera Judicial y la Universidad Nacional de Colombia, con
ocasión de la Convocatoria 27 para proveer cargos de funcionarios de la Rama
Judicial.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03903-01
HECHOS
Manifestó que se inscribió al concurso de la Convocatoria 271 para proveer
cargos de funcionarios de la Rama Judicial, donde aspiró al cargo de magistrado
de tribunal administrativo. El 28 de diciembre de 2018 se publicó la Resolución
CRJ18-559, donde figuró un puntaje no aprobatorio de 778,68.
Asimismo, señaló que mediante la Resolución CJR19-06792 se ajustó la
calificación y en esa ocasión tuvo 847,46 puntos. Posteriormente, a través de la
Resolución CJR20-0202 del 27 de octubre de 20203 se revocó el resultado
obtenido en la prueba practicada el 2 de diciembre de 2018 y se ordenó la citación
a un nuevo examen, el cual tuvo lugar el 24 de julio de 2022.
Adujo que mediante la Resolución CJR22-0351 del 1.° de septiembre de 2022 se
publicaron los resultados de la prueba antes mencionada, donde aprobó con
800,22 puntos. El 22 de septiembre de 2022 interpuso recurso de reposición en
contra del acto antes referido, el cual complementó el 15 de noviembre del mismo
año.
Precisó que a través de la Resolución CJR23-044 del 16 de enero de 2023 se
resolvieron los recursos interpuestos; sin embargo, las accionadas no realizaron
un estudio de fondo de los mismos y tampoco contestaron las preguntas 51 a
130.
El señor Santiago considera que las accionadas vulneraron su derecho
fundamental de petición, en la medida en que, por un lado, se evidencia que no
resolvieron de fondo los cuestionamientos planteados en el recurso de
reposición, frente a las preguntas 63, 69, 70, 71, 76, 78, 82, 84, 96, 105, 109,
111, 113, 115, 116, 117, 120, 124 y 126 y, por el otro lado, la respuesta brindada
fue vaga, general, abstracta, descontextualizada e ilógica.
1 Consejo Superior de la Judicatura expidió el Acuerdo PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018, donde
creó la Convocatoria 27 para proveer cargos de funcionarios de la Rama Judicial, la cual tiene las siguientes
etapas: i) prueba de aptitudes y conocimientos; ii) verificación de requisitos mínimos y iii) curso de formación
judicial inicial.
2 “por medio de la cual se corrige la actuación administrativa y se publica la calificación de las pruebas de 2
aptitudes y conocimientos”
3 “por medio de la cual se corrige una actuación administrativa en el marco de la convocatoria 27”
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03903-01
PRETENSIONES
Solicita que se ampare su derecho fundamental de petición y, en consecuencia,
se le ordene a las accionadas dar una respuesta de fondo, clara y concreta a
cada uno de los cuestionamientos formulados en el recurso de reposición, en
especial a las preguntas 63, 69, 70, 71, 76, 78, 82, 84, 96, 105, 109, 111, 113,
115, 116, 117, 120, 124 y 126.
ACTUACIÓN PROCESAL DEL A QUO
El 24 de julio de 2023 el consejero ponente de primera instancia admitió la acción
de tutela de la referencia, ordenó notificar a las accionadas y vinculó “a las
personas que se hubieren postulado al concurso de méritos para la provisión de cargos
de funcionarios de la Rama Judicial – magistrado de Tribunal Administrativo convocado
por el Acuerdo PSAA18-11077 de 2018 (Convocatoria Nº27)”, como terceros
interesados.
POSICIÓN DE LAS ACCIONADAS
La Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura, presentó informe a través del cual señaló que debía negarse el
amparo solicitado, dado que mediante la Resolución CJR23-0044 del 16 de enero
de 2023 se resolvieron los cuestionamientos planteados.
Asimismo, precisó que no se observó inconsistencia alguna en el proceso de
calificación de la prueba, por lo cual, se confirmó el resultado obtenido en la
Resolución CJR22-0351 del 1.° de septiembre de 2022.
La Universidad Nacional de Colombia rindió informe donde solicitó que se
declare la carencia actual de objeto por hecho superado, comoquiera que en la
Resolución CJR23-0044 del 16 de enero de 2023 se abordaron todos los puntos
planteados en el recurso de reposición.
De igual forma, solicitó que se declare improcedente la acción de tutela, ya que
el accionante no demostró la existencia de un perjuicio irremediable y, tampoco
satisface el requisito de subsidiariedad.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03903-01
SENTENCIA IMPUGNADA
El 4 de agosto de 2023, la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de
Estado declaró improcedente la acción de tutela, al considerar que no se está
cuestionando la falta de contestación, sino el contenido y alcance de la
respuesta que brindó la Unidad de Administración de Carrera Judicial del
Consejo Superior de la Judicatura, escritos que constituyen actos
administrativos definitivos susceptibles de ser demandados ante la jurisdicción
de lo contencioso administrativo, a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, donde se puede solicitar que se decrete la medida
cautelar de suspensión provisional con carácter de urgencia, de conformidad
con el artículo 234 de la Ley 1437 de 2011.
IMPUGNACIÓN
El señor Santiago Cardeño Restrepo impugnó la sentencia bajo el argumento
de que el juez constitucional de primera instancia no se centró en el derecho
invocado, esto es el de petición; asimismo, precisó que no existe ninguna acción
judicial ordinaria o declarativa para lograr que una entidad de respuesta de
fondo a una solicitud, por lo tanto, la acción de tutela es el único mecanismo
judicial que puede lograr dicho propósito.
Aunado a lo anterior, trajo a colación las sentencia C951 de 2014 de la Corte
Constitucional y 27 de julio de 2011, Exp. 05001-23-31-000-2011-00574-01; 26
de septiembre de 2019, Exp. 11001-03-15-000-2019-03670-00; 11 de
noviembre de 2021, Exp. 24352 y 1.° de septiembre de 2022, Exp. 11001-03-
15-000-2022-03220-01 de esta corporación, mediante las cuales se reiteró que
los recursos en vía administrativa, son una modalidad del derecho de petición,
susceptible de protección mediante la acción de tutela.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
A la Sala le corresponde en segunda instancia analizar sí la decisión del a quo
se ajusta a derecho, para lo cual abordará la siguiente temática: I) procedencia
excepcional de la acción de tutela contra actos dictados en los concursos de
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03903-01
méritos y II) el caso concreto.
I. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra actos dictados en
los concursos de méritos
Toda persona puede reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, el
restablecimiento de sus derechos fundamentales mediante la acción de tutela,
siempre que no cuente con otro medio judicial de protección; la acción se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable o existiendo
otro medio judicial de protección, este no resulte idóneo para la defensa de los
derechos presuntamente conculcados, de conformidad con los artículos 86 de la
Constitución Política y 6.° del Decreto 2591 de 1991.
Así las cosas, cuando lo que se pretende es discutir actos administrativos
expedidos en el marco de un concurso de méritos, la acción de tutela es
procedente únicamente cuando la determinación que se busque discutir no esté
contenida en un acto definitivo, toda vez que, en ese caso, debe acudirse a los
medios que para tales fines existen en la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, debido a la naturaleza subsidiaria que rige esta acción de origen
constitucional, salvo que se encuentren reunidos los elementos que permitan
evidenciar la probable configuración de un perjuicio irremediable o que el medio
con el que se cuenta no sea idóneo o eficaz, según las particularidades del
asunto, aspecto que deberá definir el juez en cada caso concreto.
II. Caso concreto
A la Sala le corresponde examinar si en el presente asunto es procedente
revocar la sentencia de tutela de primera instancia dictada por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B.
En la sentencia objeto de impugnación, la Sección Tercera, Subsección B del
Consejo de Estado, declaró improcedente la acción de tutela, al considerar no
cumplido el requisito de subsidiariedad, ya que el accionante no está
cuestionando la falta de contestación, sino el contenido y alcance de la respuesta
que brindó la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03903-01
de la Judicatura, temas que son susceptibles de ser demandados ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, a través del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho.
Al respecto, esta Subsección advierte que, en el escrito de la tutela el accionante
solicitó que se le ordene al Consejo Superior de la Judicatura y a la Universidad
Nacional de Colombia dar respuesta de fondo a los cuestionamientos planteados
en el recurso de reposición radicado el 22 de septiembre y complementado el 15
de noviembre de 2022, en especial a las preguntas 63, 69, 70, 71, 76, 78, 82, 84,
96, 105, 109, 111, 113, 115, 116, 117, 120, 124 y 126.
Así las cosas, a la Subsección le corresponde determinar, primero, si en la
Resolución CJR23-044 del 16 de enero de 2023 se decidieron todos los reparos
que manifestó el accionante y, segundo, si es procedente a través de este
mecanismo de protección de derechos fundamentales analizar los desacuerdos
de fondo expuestos por este con las respuestas otorgadas.
Sobre el particular, se advierte que en la resolución precitada se publicaron los
resultados de la prueba de aptitudes y conocimientos correspondiente al
concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama
Judicial, el cual fue convocado mediante el Acuerdo PCSJA18-11077 del 16 de
agosto de 2018, en el que él aquí interesado aspira al cargo de magistrado de
tribunal administrativo.
El accionante interpuso recurso de reposición, en contra de la Resolución
CSR19-0351 del 1.° de septiembre de 2022, en el cual solicitó, en lo que aquí es
objeto de discusión, verificar cada uno de los puntos de inconformidad
relacionados con las preguntas 63, 69, 70, 71, 76, 78, 82, 84, 96, 105, 109, 111,
113, 115, 116, 117, 120, 124 y 126 y, en consecuencia, calificarlas nuevamente
en forma acertada y ajustar el resultado del examen.
Los recursos fueron resueltos mediante la Resolución CJR23-044 del 16 de
enero de 2023, en la cual se explicó que, en atención a los principios de
eficiencia, celeridad y economía, se realizó un estudio de todas las solicitudes
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03903-01
elevadas por los participantes y los argumentos expuestos, los cuales se
agruparon en 35 temáticas que fueron resueltas en los anexos.
Así, se observa que para el caso del aquí accionante se indicó que las respuestas
estarían contenidas en las temáticas del 1 al 35. Adicionalmente, en el acto
administrativo mencionado se precisó que los demás argumentos se
consignarían en los anexos que serían aplicables para todos los recurrentes sin
excepción alguna.
Así mismo, se advierte que en el anexo 2 se relacionaron las preguntas que
fueron objetadas por los recurrentes para el cargo de magistrado de tribunal
administrativo y en cada una de ellas se indicó su pertinencia, la justificación de
la clave asignada y la razón de las opciones de respuesta no válidas, dentro de
las cuales se encuentran las contestaciones a la totalidad de los planteamientos
esgrimidos por el aquí accionante, esto es, a los interrogantes 63, 69, 70, 71, 76,
78, 82, 84, 96, 105, 109, 111, 113, 115, 116, 117, 120, 124 y 126.
Al respecto, el accionante manifestó su desacuerdo, concretamente, en relación
con las respuestas otorgadas a los ítems 63, 69, 70, 71, 76, 78, 82, 84, 96, 105,
109, 111, 113, 115, 116, 117, 120, 124 y 126 porque considera que estas no se
refirieron al fondo del asunto y, por ende, resultan incongruentes; sin embargo,
se observa que, contrario a lo alegado por la parte, en el anexo precitado, en
atención a los desacuerdos planteados, se explicaron las razones tanto legales
como jurisprudenciales, para colegir cuáles eran las respuestas acertadas, las
que difieren de las seleccionadas por estos, tal y como se puede apreciar a
continuación:
# Argumentos del recurso Respuestas
Pregunta
63 “El artículo 191 del CGP señala que “La opción B no resuelve de manera adecuada el
se debe rechazar la confesión enunciado y por ende es una respuesta incorrecta
cuando “Que verse sobre hechos que porque este es uno de los requisitos de la
produzcan consecuencias jurídicas CONFESIÓN establecido en el C.G.P., Art. 191
adversas al confesante o que Núm. 3”
favorezcan a la parte contraria y Que
recaiga sobre hechos respecto de los
cuales la ley no exija otro medio de
prueba”, por lo tanto, la respuesta de
la Universidad y del accionante son
correctas, por lo cual se debe asignar
el puntaje correspondiente a esta
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03903-01
# Argumentos del recurso Respuestas
Pregunta
pregunta”. 69 “En este caso se requiere información “Así las cosas, de la señalada disposición que las
sobre la validez o no de que sea el partes ejercen en torno a la oportunidad en que
juez quien fije el litigio ante la deben presentar su problema ante el juzgador, y
ausencia de las partes a la audiencia de la correspondiente imposibilidad de que éste de
respectiva. La única respuesta oficio intente componer el litigio, se puede concluir
incorrecta es la que escogió la que el objeto del litigio también es delimitado o
Universidad Nacional, pues ni en el fijado exclusivamente por las partes. Conforme lo
CPACA ni en el CGP, las partes anterior, se ha establecido “que cuando ninguna de
están autorizadas para fijar el litigio, las partes concurre a la audiencia inicial y no
pues ello le corresponde al Juez, así, justifican su inasistencia dentro del término
no resulta verdadero lo previsto en la correspondiente, se tiene que declarar la
clave B cuando se afirma que si el terminación del proceso, pues no habría manera
juez fija el objeto del litigio, ello es de fijar el objeto del litigio (inciso segundo del
contrario a derecho al quebrantar el numeral 4º del artículo 372 del Código General del
principio dispositivo que le confiere Proceso), toda vez que ni el juez ni los apoderados
iniciativa exclusiva a las partes para pueden suplir esa función exclusiva de las partes.
fijar el objeto del litigio” El juez orienta a las partes en la fijación del objeto
del litigio, pero no está facultado para variar los
límites trazados por ellas, porque tal labor
corresponde al ejercicio del principio dispositivo
que rige el proceso civil; y para ello basta con
asentar los temas controvertidos, entendiéndose
que aquéllas están conformes con todos los
demás. (Sentencia SC780-2020, 10 de marzo de
2020)”
70 “Se pregunta por las posibilidades de “La opción D no resuelve de manera adecuada el
continuar o no una audiencia de enunciado y por ende es una respuesta incorrecta
pruebas cuando hay problemas de porque esta decisión en el régimen ordinario en
conexión para una de las partes y su trámite de los procesos civiles, afecta el principio
apoderado. En este caso, la de economía procesal, la celeridad de
Universidad Nacional indicó que la Administración de la justicia, entre otros principios
opción correcta era la marcada con la del Derecho Procesal, desconociendo que existen
clave A “continuar la audiencia por los otros medios de comunicación.”
medios técnicos disponibles para
evacuarla”, mientras que la opción
elegida por el evaluado fue la D
“suspenderla y fijar nueva fecha para
continuar con los faltante”. Si se tiene
en cuenta lo señalado en el artículo 7
de la Ley 2213 de 2022 es claro que
en aquellos eventos en que no se
pueda garantizar la conexión la
audiencia se debe reprogramar hasta
que se garantice una conexión
idónea”
71 “la pregunta tiene una negación y la “La opción A no resuelve de manera adecuada el
respuesta elegida otra negación, enunciado y por ende es una respuesta incorrecta
luego se puede ver el efecto más porque de acuerdo con el art. 33 de la constitución
palpable cuando se eliminan ambas política “nadie podrá ser obligado a declarar contra
negaciones. Así, según el artículo 33 sí mismo o contra su cónyuge, compañero
es correcto afirmar que el interrogado permanente o parientes dentro del cuarto grado de
puede responder preguntas que consanguinidad, segundo de afinidad o primero
incriminen a su cónyuge. O en su civil”. (…)
caso, es incorrecto afirmar que el La opción D es la respuesta correcta porque el
interrogado puede negarse a rendir el testimonio es un deber, sin embargo, su
responder preguntas que incriminen alcance no llega hasta la circunstancia bajo la cual,
a su cónyuge.
Como el artículo 33 al momento de estar recepcionandose el mismo,
solo lo establece como un “derecho” se pueda coaccionar al testigo para obligarlo a
del interrogado es válido que este 13 declarar en contra de su pariente en primer
decida o no libremente declarar grado civil, contrariando así el precepto
contra su cónyuge”. constitucional del artículo 33 de la constitución
política”. 76 “Teniendo en cuenta que la “La opción A no resuelve de manera adecuada el
aplicación en igualdad de las normas enunciado y por ende es una respuesta incorrecta
se predica de todo el ordenamiento porque existen restricciones en la aplicación de
jurídico y no solo de los instrumentos algunos derechos civiles y políticos de
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03903-01
# Argumentos del recurso Respuestas
Pregunta
de derecho internacional como conformidad con el art. 27 de la Convención
parece sugerirlo quien redacto la Americana sobre Derechos Humanos y el Art. 4 del
pregunta y la clave de supuesta Pacto Internacional de Derechos Políticos y civiles.
respuesta correcta”. Como, por ejemplo, limitar la libertad de
locomoción, de reunión y de asociación. (…)La
opción C es la respuesta correcta porque es una
característica típica de la aplicación de los
derechos humanos desde su primera generación y
es un criterio fundamental en los casos donde se
pretende restringirlos en estados de excepción. Así está consagrado en los instrumentos
fundamentales de estos derechos en el sistema
universal tales como la Declaración Universal
(artículos 1 y 2) y el Pacto Universal de Derechos
Civiles y Políticos (art. 2, numerales 1, 2 y 3).”
78 “Esta pregunta indaga por el “La opción A es la respuesta correcta porque es la
concepto de bloque de característica con la que la Corte lo ha venido
constitucionalidad en sentido lato y lo construyendo: servir de parámetro de
que de él se deriva. la respuesta interpretación. (…) La opción B no resuelve de
correcta es la identificada con la manera adecuada el enunciado y por ende es una
Clave B en la medida en que se respuesta incorrecta porque es una característica
“integra normativamente a la del Bloque de Constitucionalidad en sentido
constitución”. Así leyes estatutarias y estricto.”
orgánicas hacen parte del bloque de
constitucionalidad en sentido lato, y
es imposible predicar de ellas que
solo sirven como un mero criterio de
interpretación de la constitución”. 82 “En este caso, la supuesta relación “La opción B no resuelve de manera adecuada el
personal entre médico y paciente no enunciado y por ende es una respuesta incorrecta
tiene nada que ver con la porque Para que se active el secreto profesional
conservación del secreto profesional que se establece entre el psicólogo y su cliente no
más cuando la sitúa en un plano es relevante la información que se pretende obligar
intersubjetivo, por lo que la opción a divulgar, sino la defensa de la relación
correcta es la B pues califica personalísima que se establece entre el
objetivamente la información por su profesional y su cliente. El profesional está
naturaleza como lo que es objeto de obligado, por ende, a proteger toda la información
protección de cara al secreto que le sea confiada, sin que le sea dable
profesional”. establecer diferenciaciones “El secreto profesional
nace de una relación de confianza que surge entre
el profesional y su cliente a propósito de los
asuntos objeto de su relación: En el secreto
profesional descansa parte muy importante de la
confianza que debe surgir y permanecer entre el
profesional y su cliente a propósito de los asuntos
objeto de su relación. Mal se podría asegurar el
éxito de la gestión confiada a aquél si los temores
de quien requiere sus servicios le impiden conocer
en su integridad los pormenores de la situación en
que se ocupa… El secreto profesional tiene como
fundamentos esenciales la tutela de la privacidad
natural de la persona y la protección de la honra,
el buen nombre y la buena fama del depositante
del secreto: Se reserva para la privacidad o
exclusividad, con un doble fin: primero, para no
dejar indefensa a la persona, al despojarla de la
introspección necesaria para vivir dignamente, con
su privacidad natural. Y segundo, por la honra,
buen nombre y buena fama del depositante del
secreto, que deben quedar incólumes. Se habla de
reserva, lo cual indica que el conocimiento se
guarda para algo específico, que debe ser utilizado
en la confidencialidad y exclusividad propias del
oficio.
Se viola el secreto cuando se divulga (…).”
Sentencia C301 de 2012 Corte Constitucional).”
84 “La pregunta, en los términos “La opción A no resuelve de manera adecuada el
formulados, admite varias opciones enunciado y por ende es una respuesta incorrecta
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03903-01
# Argumentos del recurso Respuestas
Pregunta
de respuesta. Si bien la Constitución porque La Constitución establece diferencias entre
política contempla la administración servicio público y función pública, y establece que
de justicia como una función pública, la administración de justicia corresponde a la
la Corte Constitucional, en su tarea segunda. Conforme al Consejo de Estado “El
de interprete de la Constitución, en servicio público es una actividad que realiza la
múltiples oportunidades ha concluido Administración, en forma directa o delegada, con
que la administración de justicia es un el objeto de satisfacer las necesidades de los
“servicio público”, en este sentido las administrados, esto es: el interés general”. (…) La
sentencias de la corte constitucional opción D es la respuesta correcta porque así lo
en su función de interprete integran la dispone el artículo 228 de la Constitución Nacional.
constitución, de manera que, tan Conforme al Consejo de Estado “La función
válido es considerar que se trata de pública es toda actividad ejercida por los órganos
una función como de un servicio del estado para la realización de sus fines”.
público, pues así lo ha dicho el
máximo órgano constitucional”. 96 “En la pregunta no se suministra “La opción D no resuelve de manera adecuada el
información sobre el tipo de plan de enunciado y por ende es una respuesta incorrecta
bienestar que posee la entidad, de porque el artículo 3 de la Ley 1960 de 2019, no
suerte que no es viable asumir que, discrimina el tipo de vinculación del empleado, ya
por principio, se van a financiar todos sea de carrera administrativa, libre nombramiento
los programas de posgrado de y remoción o provisionales, como criterio para
educación formal, como lo sería una acceder a la capacitación. Esto quiere decir que no
maestría. Lo que si es cierto es que solo los empleados de carrera administrativa
la norma solo establece una tienen derecho a la capacitación.”
preferencia por los empleados de
carrera administrativa. En este caso,
por tanto, la opción de respuesta
correcta debe ser la que propugna
por el rechazo de la petición, pues no
es en principio posible financiar
cursos de educación formal en
posgrado sin conocer el plan de
capacitaciones adelantado por la
entidad, y sin tener en cuenta si la
entidad previamente destino recursos
para financiar directamente estos
programas de posgrado de
educación formal”. 105 “a través del riesgo peligro es como “La opción D es la respuesta correcta porque el
el Consejo de Estado ha entrado a Consejo de Estado a través de la sentencia con
resolver casos de responsabilidad radicación 41390 de 2018, incluyó dentro de las
extrapatrimonial del Estado por situaciones susceptibles de ser estudiadas, bajo el
actividades como la aplicación de la régimen objetivo de responsabilidad, la aplicación
vacuna y, en consecuencia, ha de vacunas “porque se asume de manera implícita
precisado la Alta Corporación que no su eventual peligrosidad y reacciones adversas en
resulta relevante determinar si el los diferentes organismos”.
comportamiento de la entidad fue
diligente o cuidadoso, por cuanto es
el riesgo asociado con el ejercicio de
dichas actividades lo que produce en
el plano fáctico o causal el daño
antijurídico por el que se demanda”. 109 “De acuerdo con el artículo 176 de la “La opción B no resuelve de manera adecuada el
Constitución Política, modificado por enunciado y por ende es una respuesta incorrecta
el Acto Legislativo 2 de 2015 para la porque la circunscripción especial nacional
pregunta son válidas las opciones de indígena tiene una (1) curul en la cámara de
respuesta relativas a la “comunidad representantes, de acuerdo al artículo 176 de la
afrodescendiente para Cámara” Constitución Política. Por lo tanto no es aplicable
como “comunidades indígenas para lo consignado en el artículo 262 de la
Cámara”.
En la medida en que una de Constitución.”
las opciones correcta fue la elegida,
se debe proceder a corregir el puntaje
asignado y asignar dicha respuesta
como una opción correcta”. 111 “En todos los casos en que se “La opción A no resuelve de manera adecuada el
determina la prescripción de enunciado y por ende es una respuesta incorrecta
obligaciones fiscales mediante porque aunque se debe ordenar la prescripción de
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03903-01
# Argumentos del recurso Respuestas
Pregunta
decisión judicial, y se determina que las obligaciones, atendiendo las normas del
las obligaciones sometidas a Estatuto Tributario, el pago de una obligación
prescripción fueron efectivamente prescrita no es materia de repetición para su
pagadas por el contribuyente, la devolución. norma complementada con el Código
orden judicial de restablecimiento del Civil.
derecho, incluye la de reintegro de los Regula el Estatuto Tributario: “Artículo 819. Lo
valores así pagados. pagado para satisfacer una obligación prescrita no
La respuesta supuestamente puede ser materia de repetición, aunque el pago
señalada como correcta de parte de se hubiere efectuado sin conocimiento de la
la Universidad Nacional es imposible prescripción.”
de acuerdo con el marco Consagra el Código Civil: “Artículo 1527 del
jurisprudencial transcrito, pues es Código Civil clasifica las obligaciones en “civiles o
imposible considerar la prescripción meramente naturales” y dispone que las civiles son
sin ordenar la devolución. En su caso, aquellas que dan derecho para exigir su
la respuesta correcta es la que cumplimiento, en tanto que las naturales no
reconoce la prescripción y ordena el confieren derecho para exigir su cumplimiento,
reintegro efectivo de los pagos pero cumplidas autorizan para retener lo que se ha
realizados”. dado o pagado, en razón de ellas.”
113 “La respuesta determinada por la “La opción A es la respuesta correcta porque el
Universidad es abiertamente artículo 97 del CPACA establece que cuando la
incorrecta, pues ninguna norma entidad pública no logre revocar un acto
“impone” de forma imperativa que la administrativo que haya creado o modificado una
entidad en lesividad deba situación jurídica de carácter particular o concreto
forzosamente solicitar la suspensión porque no obtuvo el consentimiento previo,
provisional del acto. La solicitud de expreso y escrito del respectivo titular, deberá
suspensión siempre será potestativa demandarlo ante la jurisdicción de lo contencioso
para quien demanda. Es claro que el administrativo. En ese sentido, el artículo señala
texto de la pregunta hace referencia que si la administración considera que el acto
a los requisitos necesarios para ocurrió por medios ilegales o fraudulentos
revocar el acto de contenido solicitará la suspensión provisional, la autoridad
particular y concreto, por lo que es la administrativa deberá demandar su propio acto sin
autorización del particular que sea necesario agotar la vía administrativa ante
beneficiado el requisito correcto, de sí misma y, como se trata de un acto administrativo
suerte que la opción de respuesta que se considera expedido por medios ilegales o
correcta es la B elegida por el fraudulentos, solicitará la suspensión provisional.
evaluado”. La opción B no resuelve de manera adecuada el
enunciado y por ende es una respuesta incorrecta
porque si la entidad considera que el acto ocurrió
por medios ilegales o fraudulentos, la única opción
prevista en el artículo 97 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, es la de demandar su propio acto y
solicitar la medida cautelar de suspensión
provisional.”
115 “La opción supuestamente correcta “La opción D no resuelve de manera adecuada el
que me entregaron en mi hoja de enunciado y por ende es una respuesta incorrecta
claves es la D “nombrar servidores porque el nombramiento de servidores públicos es
públicos” aunque también se ha una manifestación de la descentralización
hablado para otros evaluados como administrativa y no de la desconcentración, como
la opción C “formular proyectos de es la forma de relacionarse el nivel central de la
investigación bajo orientación del Contraloría General de la República y sus
nivel central”. Ninguna de ambas dependencias en el territorio. Las personas que
opciones es la correcta.
Así, la opción laboran en la entidad son vinculadas desde el nivel
D “nombrar servidores públicos” está central de la Contraloría, mediante concurso de
prohibida específicamente por el méritos para los empleados de carrera
artículo 29 del Decreto Ley 267 de administrativa o por procedimientos y definición de
2000, entendiendo que toda la sede principal. Igualmente ocurre para los
“desconcentración” lleva involucrada empleados de libre nombramiento y remoción,
la delegación de funciones”. incluidos el propio personal de las sedes
territoriales.”
116 “Pese a ello, la pregunta refiere que “La opción A no resuelve de manera adecuada el
el hecho relativo a la tala de los enunciado y por ende es una respuesta incorrecta
arboles había ocurrido 15 años antes, porque la figura de la caducidad en materia del
y se debe tomar como referencia la procedimiento sancionatorio ambiental, es de 20
fecha de presentación del examen años, contrario al del procedimiento administrativo
(24 de julio de 2022) por ser el ordinario, que es de 3 años.
momento de la hipótesis en la que La caducidad establecida en el procedimiento
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03903-01
# Argumentos del recurso Respuestas
Pregunta
esta resolviendo la actuación. Si a la sancionatorio ambiental, se encuentra regulada en
fecha del 24 de julio de 2022 se le el artículo 10 de la Ley 1333 de 2009:
restan 15 años, la fecha del hecho “CADUCIDAD DE LA ACCIÓN. La acción
tendrá que se forzosamente 24 de sancionatoria ambiental caduca a los 20 años de
julio de 2007. Esto implica que el haber sucedido el hecho u omisión generadora de
hecho relativo a la tala nunca pudo la infracción (…)”
tener lugar después del 24 de julio de
2007, y si la entidad ya agotó el
término de indagación preliminar es
claro que el hecho pudo ocurrir
mucho antes de 2007. La Ley 1333 de 2009 que fijo el
término de caducidad de la facultad
sancionatoria administrativa en 20
años tiene vigencia desde el 21 de
julio de 2009, luego no es esta Ley la
aplicable al caso consultado, de
suerte que se tiene que aplicar la
legislación ambiental vigente antes
de 2009, o la vigente a 2007, que
corresponde a la fecha de ocurrencia
del hecho”. 117 “la pregunta da cuenta que el “La opción D es la respuesta correcta porque de
requisito de conciliación prejudicial se acuerdo a los artículos 161 y 164 del Código de
agotó solo 8 meses después de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
realizada la notificación del acto Administrativo, el medio de control de nulidad y
administrativo que se abstenía de restablecimiento del derecho contra un acto ficto o
resolver sobre la solicitud de presunto producto de un silencio administrativo
cesantías es claro que la demanda se negativo puede ser interpuesta en cualquier
presentó cuando se encontraba tiempo y no requiere el obligatorio agotamiento de
consolidada la caducidad. la vía administrativa. Además, es importante
Habiéndose consolidado la señalar que la simple declaración sobre
caducidad se da aplicación a lo abstenerse de pronunciarse sobre la liquidación no
señalado en el artículo169 de la Ley constituye una respuesta de fondo y por lo tanto no
1437 de 2011 que indica que se impide el surgimiento del silencio administrativo
procede con el rechazo de la negativo. Sobre este punto, Consejo de Estado en
demanda cuando haya operado la su sentencia identificada con el número de
caducidad”. radicado 25000-23-26-000-1995-01143-01(14850)
del 08 de marzo de 2007, CP Mauricio Fajardo,
que ha sido reiterada señala que el silencio
administrativo surge en aquellos casos en los
cuales la respuesta que se brinde a la petición
correspondiente resulte puramente formal o de
trámite, pero sin adoptar decisión o, lo que es lo
mismo, sin resolver de fondo el objeto de la
petición.
Además, el artículo 168 del CPACA,
señala que en caso de falta de jurisdicción o
competencia el magistrado ordenará remitir el
expediente al juez competente, para este caso el
tribunal no es competente para conocer de
procesos laborales cuya cuantía sea inferior a 50
SMLMV.”
120 “En este caso la opción correcta es “La opción C no resuelve de manera adecuada el
claramente la elegida por el evaluado enunciado y por ende es una respuesta incorrecta
C, en tanto uno de los propósitos porque si bien hay una tendencia a unificar el
esenciales fue el de dotar de procedimiento en los medios de control con
uniformidad las acciones de antiguo algunas acciones constitucionales, como la acción
CCA con la legislación dispersa sobre de grupo y la acción popular, esa tendencia no es
acciones constitucionales e inclusive absoluta, como sucede con la acción electoral
con la demanda ejecutiva en el CPC. ahora nulidad electoral, según el artículo 139 y 275
En este caso el propósito de unificar y ss del Código de Procedimiento Administrativo y
estas acciones con aquellas es uno de lo Contencioso Administrativo, y con el medio
de los intereses esenciales de la Ley de control automático de legalidad de fallos con
1437 de 2011”. responsabilidad fiscal, artículos 136 A y 185 A del
CPACA.”
124 “El supuesto planteado en la “La opción C no resuelve de manera adecuada el
pregunta da cuenta de una elección enunciado y por ende es una respuesta incorrecta
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03903-01
# Argumentos del recurso Respuestas
Pregunta
de personero ocurrida ocho meses porque la jurisprudencia del Consejo de Estado ha
antes, de suerte que solo al mes ocho explicado que el cauce procesal especial que debe
la Alcaldía noto la existencia de utilizarse para controvertir la legalidad de actos de
documentos fraudulentos en relación elección o de nombramiento de funcionarios
la designación de personeros. públicos, si no se formulan pretensiones de
Sin embargo, en ese caso, ocho restablecimiento de derechos o de reparación de
meses después de la elección del daños, es el de nulidad electoral y no el de nulidad
personero, el medio de control simple o el de nulidad y restablecimiento del
electoral es improcedente, por la derecho. Así lo explicó esa Corporación en las
existencia de caducidad, lo que de providencias de la Sección Quinta, del 1 de julio de
entrada da lugar al rechazo de la 2014 Radicación: 81001-23-33-000-2012-00039-
demanda. La respuesta 02. y de la Sección Segunda, Sala Plena, del 23 de
supuestamente correcta, señalada abril de 2015; Expediente: 4791-2013. Además, si
por la Universidad Nacional es bien es cierto que en ambas se decreta la nulidad,
claramente incorrecta, pues no se el procedimiento del proceso electoral es especial
puede intentar en este caso el medio en cuanto a sus términos son más reducidos,
de control de nulidad electoral mientras que en la simple nulidad se tramita por el
cuando la consolidación de la proceso ordinario y sus términos son más
caducidad aparece como evidente. amplios.”
3. No es posible insinuar siquiera
una nulidad electoral por fuera del
término de caducidad, así los
documentos que den cuenta del
fraude solo se hayan conocido ocho
meses después como se plantea en
la pregunta. Vale decir, en los casos
de nulidad electoral, la caducidad es
objetiva, por lo que se cuenta en
todos los casos desde la elección o el
nombramiento, y no es posible contar
desde cuando se “conoce” el fraude,
el error o el vicio en la designación”.
126 “pregunta se formuló en los términos “La opción D no resuelve de manera adecuada el
de este concepto y la clave de enunciado y por ende es una respuesta incorrecta
respuesta supuestamente válida, que porque la inversión puede permitir diversificar la
declara la improcedencia general de actividad productora de renta, y no puede basarse
la deducción dada la falta de simplemente en el objeto social inicial del
causalidad general con la actividad contribuyente, y en consecuencia, la sentencia
productora de renta se corresponde 2020 CE-SUJ-4-005, rompe con la obligación de la
con esta doctrina. relación de causalidad del objeto social con los
2. Pese a lo indicado dicho concepto intereses pagados, dándole un alcance más
fue considerado ilegal, primero amplio al artículo 107 del Estatuto Tributario.”
suspendido por el Consejo de
Estado, y luego anulado por la misma
corporación, mediante sentencia que
hace tránsito a cosa juzgada,
conforma precedente obligatorio, y
por lo tanto era para la fecha del
examen, la fuente jurisprudencial de
la respuesta correcta”.
En vista de lo anterior, resulta necesario aclarar que el hecho de que el
accionante no esté de acuerdo con la decisión de fondo adoptada no habilita el
amparo, dado que, como se evidenció y se itera, se le dio respuesta a las
peticiones elevadas y se resolvieron los desacuerdos que expuso respecto a
cada una de las preguntas; no obstante, si no está de acuerdo con las respuestas
otorgadas porque considera que las mismas no son congruentes o no resuelven
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03903-01
la controversia planteada, debe utilizar los medios previstos para discutir los
actos administrativos respectivos, como se explicará a continuación.
En relación con el desacuerdo de fondo con los resultados publicados en la
Resolución CSR19-0351 del 1.° de septiembre de 2022 y lo resuelto frente al
recurso de reposición en la Resolución CJR23-044 del 16 de enero de 2023, esta
Subsección advierte, como lo coligió la Sección Tercera, Subsección B de esta
corporación en primera instancia, que la acción de tutela no es procedente para
solventar dicha discusión, dado que el accionante cuenta con otros mecanismos
de defensa judicial, como lo son los medios de control de nulidad o nulidad y
restablecimiento del derecho, según el caso, para controvertir la legalidad de
esos actos.
Sumado a lo expuesto, no se aprecia la inminente configuración de un perjuicio
irremediable que haga procedente esta acción, máxime si se tiene en cuenta que
el señor Santiago Andrés Cardeño Restrepo, puede solicitar en el proceso
ordinario el decreto de las medidas cautelares que estime necesarias.
Por consiguiente, se confirmará la sentencia del 4 de agosto de 2023, que
declaró improcedente la acción de tutela, por falta del requisito de subsidiariedad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
Primero: Confirmar la sentencia del 4 de agosto de 2023 de primera instancia
proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, mediante la
cual se declaró improcedente la acción de tutela, por los motivos señalados en la
parte considerativa de este fallo.
Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
15
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03903-01
Tercero: Ejecutoriada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza
la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
HAPC
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.