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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-03922-01

Fecha
22 de febrero de 2024
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-03922-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Ministerio del Interior y la Procuraduría General de la Nación, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: REVOCAR la sentencia de 21 de septiembre de 2023, proferida por el Consejo de Estado – Sección Quinta. En su lugar disponer: 26 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 29 de abril de 2021. Exp. No. 11001-03-15-000-2021-01372-00. 18 Radicación: 11001-03-15-000-2023-03922-01 Accionantes: Fredy Antonio Rodríguez Corrales y otros NEGAR las pretensiones de la presente acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-03922-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

22 de febrero de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintidós (22) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03922-01
Accionantes: FREDY ANTONIO RODRÍGUEZ CORRALES Y OTROS
Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA – Se revoca el fallo impugnado. No se configuró el defecto
alegado.

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por el señor Fredy Antonio Rodríguez
Corrales y otros1 contra la sentencia de 21 de septiembre de 2023, proferida por el
Consejo de Estado – Sección Quinta.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. El señor Fredy Antonio Rodríguez Corrales y otros solicitaron el amparo a sus
derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, cuya vulneración le atribuyeron a la sentencia de 3 de
febrero de 2023, proferida por el Consejo de Estado – Sección Tercera –
Subsección A, dentro del medio de control de reparación directa con número de
radicación 20001-23-31-000-2012-00163-00/01/02.

1
Hayarith Patricia Rodríguez Bedoya, Fredy Antonio Rodríguez Bedoya, Yarilsa Quintero Quintero, Rudy Quintero Quintero,
Ciro Antonio Quintero Durán, Digna Quintero Agudelo, Yuleidis Quintero Quintero, Jeremías Quintero Ascanio, Kelly Johana
Herrera Peñaranda, Camilo Herrera Peñaranda, Sulay Herrera Peñaranda, Olga Carranza, Ramón Julio Herrera, Ramón
David Julio Carranza, Leonel Julio Carranza, Leiner Julio Carranza, Luz Dennis Julio Carranza, Audy Paola Julio Carranza,
Rosmelia Bernal Pérez, Fleiver Quintero Bernal, William Contreras Bernal, Dairo Alberto Jiménez Romero, Yerli Carolina
Jiménez Duarte, Julián Alberto Jiménez Duarte, Miguel Ángel Castro, Miguel Castro Benítez, Jesús Alberto Castro Benítez,
Karina Castro Benítez, Jeobany Castro Benítez, Deiner Castro Benítez, Yefrinson Castro Benítez, Miguel Antonio Herrera
Sánchez, Leidys Herrera Sarmiento, Gilberto Herrera Sarmiento, Miguel Antonio Herrera Sarmiento, Ana Dolores Ríos
Chinchilla, María Isabel Osorio Ríos, Yulieth Osorio Ríos, Marlene Osorio Ríos, Jhon Jairo Osorio Ríos, Fanidis Osorio Ríos,
Néstor León Cataño Valencia, Irene Nieto De Cataño, Néstor Benjamín Cataño Nieto, Elker León Cataño Nieto, Beatriz Irene
Cataño Nieto, Armando Rodríguez Corrales, Claudia Bedoya, Carlos Alberto Rodríguez Bedoya, Karina Isabel Rodríguez
Bedoya, Diego Armando Rodríguez Bedoya, Jéssica Paola Rodríguez Bedoya, Euclides Beleño Arévalo, quien actúa en
nombre suyo y el de sus hijos Brayan Beleño Acevedo y Yulied Beleño Acevedo, Liceth Marieth Beleño Herrera, José Del
Carmen Ramírez, Ilba Rosa Parada Ibarra, Rubiela Ramírez Parada, Luz Dary Ramírez Parada, Belsaid Ramírez Parada,
Dilia Rosa Ramírez Parada, Arelys Ramírez Parada, Tatiana Ramírez Parada, Imelda Toro Peña, Marco José Pabón Toro,
María Alcira Bayena de Torres, Omaira Torres Ballena, Evelin Torres Bayena, Jazmín Alcira Torres Bayena, Idani Patricia
Torres Bayena, Luz Daris Torres Ballena, Shirley Torres Ballena, Hilda María Caro Galván, Magdalena Gutiérrez Vanegas,
Anthony Ballena Gutiérrez, Sandra Liceth Ballena Gutiérrez y Lilibeth Ballena Gutiérrez.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03922-01
Accionantes: Fredy Antonio Rodríguez Corrales y otros

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Relataronque el 14 de febrero de 1996 fueron víctimas de desplazamiento
forzado, por los hechos acaecidos en la Hacienda Bellacruz, ubicada entre los
Municipios de La Gloria, Pelaya y Tamalameque.

2.2. Informaron que, con base en lo anterior, presentaron la demanda de reparación
directa núm. 20001-23-31-000-2012-00163-00/01/02 en contra de la Nación –
Ministerios del Interior, de Defensa – Ejército Nacional y Policía Nacional, y del
Municipio de La Gloría, para que repararan los daños padecidos por los
demandantes con ocasión del desplazamiento forzado.

2.3. Mencionaron que el referido proceso fue conocido por el Tribunal Administrativo
del Cesar, autoridad judicial que, mediante sentencia de 9 de abril de 2015, accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda y declaró parcialmente la caducidad
de la demanda.

2.4. Refirieron
que contra el fallo de primera instancia se presentó recurso de
apelación y que el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A, a través
de sentencia de 3 de febrero de 2023, revocó el fallo de primera instancia y, en su
lugar, declaró probada la caducidad de la acción de reparación directa respecto de
todos los demandantes.

2.5. Manifestaron que la autoridad judicial accionada incurrió en “[…] vía de hecho
[…]”, toda vez que aplicó un criterio que no estaba vigente para la época en que
ocurrieron los hechos.

2.6. Indicaron que la decisión judicial desconoció la postura mayoritaria del Consejo
de Estado vigente para la fecha en que se presentó la demanda de reparación
directa, es decir en el año 2012, según la cual no era procedente aplicar el fenómeno
jurídico de la caducidad a las acciones de reparación directa con ocasión de graves
violaciones a los derechos humanos.

2.7. Expusieron que al aplicar con efectos retroactivos el precedente fijado en la
sentencia de unificación 29 de enero de 2020, se desconoció el principio de
confianza legítima porque no se tuvo en cuenta que para el año 2012 la
jurisprudencia del Consejo de Estado había señalado que no había lugar a declarar
la caducidad en casos de graves violaciones a los derechos humanos.

2.8. Manifestaron que la autoridad judicial accionada no tuvo en cuenta que para la
fecha en que se considera que se debió presentar el medio de control, esto es a
partir del 2006, los actores no tenían conocimiento de la participación del Estado en
los hechos causantes del daño.

3
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03922-01
Accionantes: Fredy Antonio Rodríguez Corrales y otros

2.9. Asimismo, señalaron que en la sentencia de tutela de 7 de julio de 20222, la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado precisó que cuando
se aplica ipso iure una sentencia de unificación sin exponer las razones por la que
es aplicable al caso en concreto se configura el defecto por desconocimiento del
precedente jurisprudencial.

2.10. Finalmente, adujeron que como resultado de todo lo anterior se violaron sus “[…]
derechos Constitucionales fundamentales al Debido Proceso (Art. 29 C. N), Acceso
a la Administración de Justicia (Art. 229 C. N), e Igualdad frente a la Ley (Art. 13 C.
N.); todos ellos en conexidad con el principio Constitucional de la Buena Fe (Art. 83
Superior); ante la violación directa de la Ley, la no aplicación del artículo 114 de la
ley 1395 de 2010; y por desconocer, en un todo, el precedente jurisprudencial del
H. CONSEJO DE ESTADO en estos casos […]”.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] 1.Tutelar los Derechos Constitucionales Fundamentales al Debido Proceso
(Art. 29 y 31 C. N), Acceso a la Administración de Justicia (Art. 229 C. N), e
Igualdad frente a la Ley (Art. 13 C. N.), todos ellos en conexidad con el principio
Constitucional de la Buena Fe (Art. 83 Superior), de Legalidad (Art. 6° C. N), la
no aplicación del artículo 114 de la ley 1395 de 2010; y por desconocer, en un
todo, el precedente jurisprudencial, vigente, al momento de la presentación
de la demanda en relación a los casos derivados de delitos de lesa humanidad,
por parte de la Sección Tercera Subsección A del Consejo de Estado, con
ocasión de la expedición de la sentencia del tres (03) de febrero de 2023, siendo
Magistrado Ponente el Doctor JOSE (sic) ROBERTO SACHICA (sic) MENDEZ
(sic), dentro del proceso administrativo de reparación directa distinguido bajo el
radicado número 20001-23-31-000-2012-00163-02 (55.845), Actor: LUIS
ARMENIO CHOGO SUAREZ (sic) y otros. Contra Ministerio de Defensa,
Ejercito (sic) Nacional – Policía Nacional y Otros, toda vez que, con la
expedición de dicha providencia judicial se incurrió por parte de la H.
Corporación en una evidente VIA (sic) DE HECHO.

2. Como consecuencia de ello, decretar la nulidad, cancelación, sustitución,
dejación de efectos jurídicos, según sea el caso, de la providencia judicial
20001-23-31-000-2012-00163-02 (55.845) del tres (03) de febrero de 2023,
Magistrado Ponente el Doctor JOSE (sic) ROBERTO SACHICA (sic) MENDEZ
(sic).

3. Ordenar al H. Consejo de Estado Sección Tercera Subsección A que, en el
término que prudencialmente se le otorgue, falle nuevamente la segunda
instancia en dicho asunto, donde se respeten, esta vez, Debido Proceso (Art.
29 C. N.), Principio Constitucional Fundamental de legalidad (artículos 6°
C.N.,), Acceso a la Administración de Justicia (Art. 229 C. N) e Igualdad
frente a la Ley (Art. 13 C. N.); todos ellos en conexidad con el Principio
Constitucional de la Buena Fe (Artículo 83 Superior) y el precedente
jurisprudencial del H. CONSEJO DE ESTADO, vigente, al momento de la
presentación de la demanda en relación a los casos derivados de delitos de lesa

2
Consejo de Estado. Sección Segunda – Subsección A. Radicación núm. 11001-03-15-000-2022-01694-01, C.P. Rafael
Francisco Suárez Vargas; 7 de julio de 2022.

4
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03922-01
Accionantes: Fredy Antonio Rodríguez Corrales y otros

humanidad […]”. (Negrilla original del texto, subrayado original del texto y
mayúscula original del texto)

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 26 de julio 2023, el magistrado a cargo de la sustanciación del
proceso del Consejo de Estado – Sección Quinta admitió la presente acción de
tutela. Asimismo, ordenó vincular en calidad de terceros con interés en el resultado
del proceso “[…] (i) al Tribunal Administrativo del Cesar; (ii) al Ministerio de Defensa
Nacional, el departamento del Cesar, el Ejército Nacional, el Ministerio del Interior,
el Municipio de la Gloria, el Municipio de Pelaya, la Policía Nacional y la
Procuraduría General de la Nación, quienes actuaron dentro del proceso de
reparación directa como demandados o intervinientes, y (iii) de todos los demás
particulares que conformaron la parte demandante en el proceso identificado con el
radicado 20001-33-31-000-2012-00163-02 […]”.

5. Mediante auto de 1.º de febrero de 2024, en trámite de impugnación, se dispuso
remitir el proceso de la referencia al Despacho del Consejero Germán Eduardo
Osorio Cifuentes, en razón a que la ponencia presentada no obtuvo mayoría.

V. INTERVENCIONES

6. Realizadas las notificaciones a la autoridad judicial accionada y a los vinculados,
se allegaron los siguientes informes:

6.1. El Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A, por medio del
magistrado ponente de la decisión objeto de la presente tutela, explicó que no aplicó
un criterio jurisprudencial nuevo o desconocido, teniendo en cuenta que para el
2012 existían pronunciamientos de esa Corporación que señalaban que los
procesos de reparación directa por graves violaciones a los derechos humanos no
les era aplicable por analogía la “[…] imprescriptibilidad de la acción penal […]”.

6.2. Agregó que realizó un análisis amplio, completo y metódico del asunto, por lo
que no se puede afirmar que la providencia cuestionada incurrió en “[…] vía de
hecho […]”, para lo cual estudió las pruebas relacionadas con el reasentamiento en
varios municipios del país de los grupos familiares desplazados, desde los cuales
pudieron presentar de manera oportuna el medio del control.

6.3. Finalmente, puntualizó que en el análisis probatorio no se logró constatar que el
desplazamiento les hubiera imposibilitado acudir a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, y los accionantes tampoco manifestaron que se hubieran encontrado
impedidos para hacerlo.

6.4. La Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, a través de apoderada
judicial, señaló que la sentencia no transgredió ningún derecho fundamental y que,
por el contrario, se aplicó la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020

5
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03922-01
Accionantes: Fredy Antonio Rodríguez Corrales y otros

aplicable a los procesos de reparación directa por violaciones graves a los derechos
humanos.

6.5. Arguyó
que no se cumplió con las causales generales y específicas de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

6.6. Por último, destacó que la “[…] regla de caducidad de la reparación directa es
aplicable a todas las demandas presentadas ante la jurisdicción contenciosa
administrativa, incluidas las que versen sobre conductas constitutivas de delitos de
lesa humanidad […]”.

6.7. La Nación - Ministerio del Interior, por medio de la jefe de la oficina jurídica,
manifestó que carece de legitimación en la causa por pasiva, por lo que solicitó ser
desvinculado del trámite de la presente acción de tutela.

6.8. La Procuraduría General de la Nación, representado por el jefe de su oficina
jurídica, alegó que carece de legitimación en la causa por pasiva, por lo que solicita
su desvinculación.

6.9. La Nación - Ministerio de Justicia, a través de su director jurídico, afirmó que
esa entidad no tiene ninguna injerencia en los hechos que se debaten en la presente
acción de tutela.

VI. FALLO IMPUGNADO

7. Mediante sentencia de tutela de 21 de septiembre de 2023, el Consejo de Estado
– Sección Quinta declaró improcedente el amparo constitucional solicitado por los
accionantes, al considerar que no se superaron los requisitos de relevancia
constitucional y subsidiariedad.

8. Explicó que en materia de tutelas contra providencias judiciales, el juez
constitucional no tiene permitido inmiscuirse en asuntos propios de la independencia
del juez competente en cada caso, y que por ello cuando las tutelas van dirigidas
contra decisiones de órganos de cierre es necesario y se exige una carga
argumentativa que debe acompañar la solicitud, para que sea procedente hacer el
respectivo estudio de la providencia que se pretende dejar sin efectos.

9. Por otro lado, refirió que de la lectura del fallo de 3 de febrero de 2023 de la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado se podía concluir que
la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020, que unificó la jurisprudencia en
relación con la caducidad de las demandas originadas por graves violaciones a los
derechos humanos, no fue el sustento jurisprudencial que motivo la decisión.

10. Precisó que, por el contrario, los criterios que se tuvieron en cuenta para
contabilizar la caducidad fueron: “[…] (i) el momento que cesa el daño3, (ii) que «las

3
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 12 de agosto de
2014, expediente con radicado 00298-01(AG). M.P. Enrique Gil Botero.

6
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03922-01
Accionantes: Fredy Antonio Rodríguez Corrales y otros

personas que inicialmente se desplazaron forzadamente pudieron haberse
reasentado o arraigado en otro lugar, […]4», o, (iii) que están dadas las condiciones
de seguridad para que se produzca el retorno. Criterio que valga la pena precisar
no fue objeto de pronunciamiento por parte de la sentencia de unificación en cita5 y
por lo mismo no fue modificado […]”.

11. Señaló que los accionantes “[…] no agotaron todos los mecanismos de defensa
judicial, toda vez que en primera instancia el Tribunal Administrativo del Cesar
declaró la caducidad del medio de control respecto de algunos grupos familiares,
por encontrar que la fecha cierta de retorno al lugar de origen ocurrió entre 1997 y
2002 […]”.

12. Finalmente, adujo que no se evidenció que los demandantes se encontraran en
una situación de debilidad manifiesta, que implicara adoptar medidas inmediatas
para la protección de sus derechos fundamentales, por ejemplo, una precaria
situación económica o de salud.

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

13. Los actores impugnaron el fallo de primera instancia, y para tal efecto
manifestaron lo siguiente: “[…] el H. Juez Constitucional de primera instancia, al
argumentar su decisión, se aparta de los derechos constitucionales invocados en la
solicitud de tutela, al deprecar que los accionantes acuden a esta instancia como
una mera inconformidad por la decisión objeto de censura. Desconociendo de tajo
que desde el inicio lo que se ha presentado es una vulneración de garantías
constitucionales de personas que fueron desplazadas y despojadas de sus tierras
víctimas de delitos tan graves como lo es el desplazamiento forzado, catalogado
como delito de lesa humanidad en nuestro ordenamiento jurídico nacional […]”.

14. Agregaron que la decisión cuestionada sí se basó en la sentencia unificación de
29 de enero de 2020 del Consejo de Estado, por lo que desconoció la confianza
legitima de los actores y limitó sus derechos fundamentales a la igualdad, al acceso
a la administración de justicia y al debido proceso.

15. Por último, expresaron que no comparten el criterio de la Sección Quinta de esta
Corporación al sostener que no se agotaron todos los medios de defensa con los
que contaban, en razón a que presentaron recurso de apelación contra la sentencia
de primera instancia.

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

4
Consejo de Estado, Sección Tercera. Auto del 10 de mayo de 2017. expediente con radicado 58.017. M.P. Martha Nubia
Velásquez Rico. Reiterado por la Sala en sentencia del 13 de agosto de 2021. expediente con radicado interno 64.893.
5
así como la forma como se debe computar la caducidad en casos de desaparición forzada, ya que estos asuntos tienen
regulación normativa expresa (artículo 164 del CPACA).

7
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03922-01
Accionantes: Fredy Antonio Rodríguez Corrales y otros

16. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19916, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20157, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20218, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de
20199.

VIII.2. Cuestión previa

17. La Sala advierte que, previamente a la definición del problema jurídico que se ha
de resolver, resulta necesario pronunciarse sobre las solicitudes de desvinculación
procesal presentadas por el Ministerio del Interior y la Procuraduría General de la
Nación.

18. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la Corte
Constitucional en la sentencia T - 1001 de 200610, señaló lo siguiente:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito
de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado,
mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la
causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial
que se discute en el proceso. (…).

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso
preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento
judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad
procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o
de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro,
el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de
legalidad y contradicción […]” (Negrilla fuera del texto)

19. Así las cosas, y teniendo en cuenta que el objeto de la presente acción de tutela
es la sentencia de 3 de febrero de 2023, proferida dentro del proceso de reparación
directa con número único de radicado 20001-23-31-000-2012-00163-00/01/02, en
el cual hizo parte en calidad de demandado el Ministerio del Interior y en calidad de
interviniente la Procuraduría General de la Nación, la Sala considera que a estas
les asiste el interés jurídico para ser vinculadas a esta acción constitucional, razón
por la cual se denegarán las solicitudes de desvinculación elevadas, como en efecto
se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

6
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
7
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
8
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
9
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
10
Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-03922-01
Accionantes: Fredy Antonio Rodríguez Corrales y otros

VIII.3. Problemas jurídicos

20. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado o revocado11, la Sala debe establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, de ser así, se deberá
determinar:

b) Si la sentencia de 3 de febrero de 2023, proferida por la Sección Tercera -
Subsección A del Consejo de Estado dentro del medio de control de
reparación directa radicado núm. 20001-23-31-000-2012-00163-00/01/02,
vulneró los derechos fundamentales de los accionantes.

21. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente
ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando
se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

VIII.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y excepcionales de procedibilidad

22. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 201212, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

23. Ahorabien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

24. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.

11
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
12
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Radicación: 2009-01328-01(IJ), M.P. María Elizabeth
García González; 31 de julio de 2012.

9
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03922-01
Accionantes: Fredy Antonio Rodríguez Corrales y otros

25. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial13, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución14.

26. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”15 que encaje en dichos
parámetros.

27. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

28. El criterio
expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.

VIII.5. El caso concreto

29. El señor Fredy Antonio Rodríguez Corrales y otros solicitaron la protección de sus
derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, cuya vulneración le atribuyeron a la sentencia de 3 de
febrero de 2023, proferida por la Sección Tercera - Subsección “A” del Consejo de
Estado, dentro del medio de control de reparación directa con número de radicación
20001-23-31-000-2012-00163-00/01/02.

13
Corte Constitucional. Sala Novena de Revisión. Sentencia T-619 de 2009, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; 3 de septiembre
de 2009.
14 Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de

jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
15
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión. Sentencia T- 225 de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo; 23 de marzo
de 2010.

10
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03922-01
Accionantes: Fredy Antonio Rodríguez Corrales y otros

VIII.5.1. Del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela

30. En la presente acción de amparo se advierte lo siguiente:

30.1. En
el escrito de tutela se invoca la vulneración de derechos de orden
fundamental como lo son la igualdad, el debido proceso y el acceso a la
administración de justicia, en conexidad con el principio constitucional de la buena
fe.

30.2. La
acción de tutela fue promovida dentro de un término razonable, habida
cuenta que la providencia judicial objeto de la presente tutela se notificó el 22 de
febrero de 2023, y la solicitud se radicó el 21 de julio del mismo año. Es decir, la
acción de tutela se promovió dentro del término de 6 meses.

30.3. La situación a la cual se atribuye la vulneración de los derechos fundamentales
fue debidamente puntualizada en el escrito de tutela.

30.4. No
se alega la existencia de una irregularidad procesal, por lo que resulta
innecesario efectuar un análisis al respecto.

30.5. La acción constitucional no se dirige contra una sentencia dictada en un proceso
de idéntica naturaleza o índole.

30.6. Asimismo, la Sala estima que los accionantes no cuentan con otro mecanismo
judicial para que se protejan los derechos que estiman como vulnerados, por lo que
la acción de tutela se erige como el único medio de defensa judicial a través del cual
pueden obtener el amparo de los derechos fundamentales que anuncian como
vulnerados.

31. Con base en las anteriores consideraciones, la Sala concluye que la presente
acción de amparo cumple con los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela.

VIII.5.2. Análisis de los requisitos específicos en la presente acción de tutela

32. En este punto, se debe precisar que, los actores sostienen que la decisión judicial
incurrió en un defecto por desconocimiento del precedente jurisprudencial, y que
como consecuencia de ese argumento alegaron que se violaron los derechos
constitucionales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de
justicia, en conexidad con el principio constitucional de la buena fe, por lo que este
defecto se analizará de manera conjunta.

VIII.5.2.1. La caducidad del medio de control de reparación directa derivada de
las graves violaciones a los derechos humanos en la jurisprudencia del
Consejo de Estado y de la Corte Constitucional

11
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03922-01
Accionantes: Fredy Antonio Rodríguez Corrales y otros

33. La Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante sentencia de 29 de enero
de 2020, unificó la jurisprudencia en torno al cómputo del término de caducidad del
medio de control de reparación directa derivado de graves violaciones de derechos
humanos. La providencia en cuestión propone las siguientes reglas como
precedente de obligatorio cumplimiento para la jurisdicción de lo contencioso
administrativo:
“[…] [L]a jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado se
unificará en relación con la caducidad de las pretensiones indemnizatorias
formuladas con ocasión de los delitos de lesa humanidad, los crímenes de
guerra y cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria de
responsabilidad patrimonial al Estado, bajo las siguientes premisas: i) en tales
eventos resulta exigible el término para demandar establecido por el legislador;
ii) este plazo, salvo el caso de la desaparición forzada, que tiene regulación
legal expresa, se computa desde cuando los afectados conocieron o debieron
conocer la participación por acción u omisión del Estado y advirtieron la
posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial, y iii) el término pertinente
no se aplica cuando se observan situaciones que hubiesen impedido
materialmente el ejercicio del derecho de acción y, una vez superadas,
empezará a correr el plazo de ley.

Finalmente, se precisa que el término de caducidad para solicitar al Estado la
indemnización de un daño es inaplicable en aquellos eventos en los que se
adviertan circunstancias que hubiesen impedido, desde el punto de vista
material, el ejercicio del derecho de acción, lo que puede ocurrir frente a los
delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra o cualquier otro asunto en el
que se pueda demandar la responsabilidad patrimonial Estado, pues para tales
efectos no resulta determinante la situación causante del daño, sino la condición
particular de quien acude a la administración de justicia […]”.

34. En este contexto, la Sección debe desglosar algunos aspectos fundamentales en
el cómputo del término de caducidad de la acción de reparación directa que resultan
relevantes para resolver el cargo.

35. En cuanto al primer aspecto del estudio de la caducidad, relacionado con la
contabilización del término a partir del conocimiento por parte de las víctimas de la
participación del Estado en la producción del daño, la sentencia de unificación
precisó lo siguiente:

[…] [E]n materia de reparación directa el término de caducidad no corre
hasta tanto se cuente con elementos para deducir la participación del
Estado en los hechos y se advierta la posibilidad de imputarle
responsabilidad patrimonial, lo que quiere decir que, cuando se presenten
tales circunstancias, no existe justificación para que la situación quede
indefinida en el tiempo y, por ende, a partir de allí resulta procedente el
cómputo del término establecido por el legislador, tal como ocurre en
materia penal cuando sea individualizado y vinculado el eventual responsable.

En suma, en lo penal, la acción no prescribe si no se identifica la persona que
se debe procesar por el respectivo delito y, en lo contencioso administrativo,
el término de caducidad de la reparación directa no es exigible sino
cuando el afectado advierte que el Estado estuvo implicado en la acción u
omisión causante del daño y le resulta imputable el daño, tal como se aprecia
a continuación:

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-03922-01
Accionantes: Fredy Antonio Rodríguez Corrales y otros

REPARACIÓN DIRECTA: ACCIÓN PENAL:
RESPONSABILIDAD DEL RESPONSABILIDAD
ESTADO POR UN DELITO SUBJETIVA DE LA
DE LESA HUMANIDAD O UN PERSONA NATURAL
CRÍMEN DE GUERRA IMPLICADA EN UN DELITO
DE LESA HUMANIDAD O EN
UN CRÍMEN DE GUERRA
El término de caducidad de la El desconocimiento de la
reparación directa inicia a identidad de los sujetos
partir del conocimiento o de la implicados en el supuesto
posibilidad de conocer las delito torna en imprescriptible
situaciones que permitan el asunto, hasta tanto se logre
deducir que el Estado estuvo la respectiva individualización
involucrado. y vinculación.

En conclusión, en nuestro ordenamiento, frente a la caducidad de la
pretensión de reparación directa, se encuentra consagrado un supuesto
que aplica a todos los eventos, incluidos aquellos en los que se invocan
delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, relacionado con el
conocimiento de las situaciones que permiten deducir la participación y
responsabilidad del Estado, como supuesto habilitante para exigir el plazo
para demandar, regla que fue analizada en el numeral 3.1. de la parte
considerativa de esta providencia.

Así las cosas, la Sección Tercera concluye que las situaciones que se pretenden
salvaguardar con la imprescriptibilidad de la acción penal en los delitos de lesa
humanidad y los crímenes de guerra se encuentran previstas en materia de
lo contencioso administrativo al amparo de la hipótesis del conocimiento
del hecho dañoso y en virtud de lo cual el término de caducidad sí debe
exigirse en estos eventos, pero a partir de que se advierta que el interesado
sabía o tenía la posibilidad de advertir que el Estado tuvo alguna injerencia
en la controversia y era susceptible de ser demandado en los términos del
artículo 90 de la Constitución Política […]. (Negrilla fuera del texto)

36. En cuanto al segundo componente, referido a la inaplicabilidad de las normas
relacionadas con la caducidad cuando se advierte que los afectados no estaban en
la posibilidad material de ejercer el derecho de acción, la sentencia de unificación
del Consejo de Estado precisa:

“[…] A juicio de la Sala, el término de caducidad de la pretensión de reparación
directa no resulta exigible en los eventos en los que se afectan de manera
ostensible los derechos al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, por la configuración de circunstancias que obstaculizan materialmente
el ejercicio del derecho de acción y, por ende, impiden agotar las actuaciones
necesarias para la presentación de la demanda, dentro de las cuales se
encuentra la constitución de apoderado.

La Sección enfatiza en que se trata de supuestos objetivos, como secuestros,
enfermedades o cualquier situación que no permita materialmente acudir a esta
jurisdicción, pues lo referente a la imposibilidad de conocer la relación del
Estado con el hecho dañoso no da lugar a la inaplicación de las reglas de
caducidad, sino al cómputo a partir del momento en el que, dado el
conocimiento de los hechos, surge el interés para reclamar la indemnización de
los perjuicios causados, como se explicó en el acápite precedente.

En síntesis, el juez de lo contencioso administrativo debe, excepcionalmente,
inaplicar el término de caducidad de la pretensión de reparación directa cuando
advierta que la no comparecencia ante la administración de justicia se

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-03922-01
Accionantes: Fredy Antonio Rodríguez Corrales y otros

encuentra justificada por razones materiales, pues el paso del tiempo no puede
empezar a correr contra quien no goza del acceso efectivo a la administración
de justicia, lo cual, se insiste, depende de las circunstancias especiales de cada
sujeto.

En las condiciones analizadas, el plazo para demandar no se computará
mientras subsistan dichas situaciones especiales y, una vez superadas,
empezará a correr el término de ley […]”.

37. La Corte Constitucional, en sentencia SU-312 de 202016, unificó su jurisprudencia
sobre la materia, y acogió la postura adoptada por la Sección Tercera del Consejo
de Estado en su sentencia de unificación de 29 de enero de 2020, precisando que
esta era respetuosa de los postulados constitucionales sobre acceso a la
administración de justicia, seguridad jurídica y reparación patrimonial por los daños
causados por el Estado, así como con lo dispuesto en los artículos 8 y 25 de la
Convención Americana Sobre Derechos Humanos y 2.3 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos alusivos al acceso a un recurso judicial efectivo.

VIII.5.2.2. Solución al caso concreto

38. Descendiendo al caso objeto de estudio, se observa que la parte accionante
manifestó que la sentencia de 3 de febrero de 2023 vulneró sus derechos
fundamentales, porque decidió aplicar la sentencia de unificación de 29 de enero de
2020 de la Sección Tercera del Consejo de Estado, lo cual en su criterio no era
procedente en razón a que para la época de los hechos aún no se había proferido
ese pronunciamiento.

39. Como fundamento de su escrito de amparo sostuvo:

[…] [E]l MAGISTRADO PONENTE se aparta totalmente de los
pronunciamientos vigentes al momento de presentación de la demanda (abril
de 2012), para efectos de la reparación administrativa de los 57 grupos
familiares despojados y desplazados de la Hacienda Bella Cruz en el
departamento del Cesar, desconociendo el criterio mayoritario de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, que apuntaba en ese momento que no era
procedente aplicar el fenómeno jurídico de la caducidad a las acciones de
reparación directa con pretensiones indemnizatorias formuladas con ocasión
de crímenes de lesa humanidad, genocidios y otras violaciones graves de los
derechos humanos, en atención a su naturaleza imprescriptible.

Lo anterior puede corroborarse, entre otras, en las siguientes providencias:

i) auto del 17 de septiembre de 2013;26
ii) sentencia del 7 de septiembre de 2015;27
iii) auto del 11 de abril de 2016;28 iv) sentencia del 5 de septiembre de 2016;29
iv) sentencia del 31 de julio de 2019,30 en las que, en aplicación al control de
convencionalidad, la Sección Tercera del Consejo de Estado no tomó en cuenta
la caducidad […].

40. En la providencia objeto de esta acción, la Sección Tercera - Subsección “A” del
Consejo de Estado señaló lo siguiente:

16
Corte Constitucional. Sala Plena. Exp. T-7243742, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez; 13 de agosto de 2020.

14
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03922-01
Accionantes: Fredy Antonio Rodríguez Corrales y otros

[…] 63. En primer lugar, es importante reiterar que, como se dejó dicho en la
providencia de primera instancia, de los 57 grupos familiares demandantes en
el presente proceso, al menos 16 habían retornado al lugar del que alegan que
debieron salir desplazados, entre los años 1997 y 2002 -a la mayoría incluso el
INCORA les adjudicó unos predios como unidades agrícolas familiares entre los
años 2002 y 200317-.

64. Por otra parte, según las declaraciones rendidas por los propios
demandantes, otros de los grupos familiares respecto de los cuales no se
declaró la caducidad de la acción de reparación directa, para el año 2011 ya
habrían regresado al municipio de Pelaya -uno de los municipios en cuya
jurisdicción se hallaba la Hacienda Bellacruz- sin que exista total certeza de la
fecha del retorno18, y otros, como los señores Bernardo Herrera Sánchez19,
Ramón Julio Herrera20, Dairo Enrique Galvis Castro21 y sus familias, retornaron
a Pelaya en 2003, 2005 y 2003, respectivamente.

65. No obstante, es de señalar que según lo sostenido por la parte demandante
y los medios de convicción allegados, las condiciones de riesgo permanecieron
incluso para quienes retornaron a la Hacienda Bellacruz, pues se vieron
enfrentados nuevamente a las presiones y hostigamiento ejercidos por el grupo
paramilitar que controlaba la zona. A este respecto se advierte que en las
declaraciones extraproceso se narró que los grupos familiares que retornaron a
la hacienda entre los años 1997 y 2002 se vieron sometidos al cobro extorsivo
de cuotas mensuales por parte de los paramilitares y debieron reconocer la
autoridad del grupo armado ilegal hasta el año 2005.

66. En cuanto concierne a este asunto, por ejemplo, la señora Miryam Tapias
Arciniegas -una de las demandantes respecto de los cuales el Tribunal declaró
caducidad pues había retornado a la Hacienda Bellacruz en 1997- rindió
declaración ante notario en noviembre de 2010 en la que indicó que, una vez
regresaron "desde siempre temíamos de sus amenazas, esta zozobra la
vivimos hasta el año 2005, que fue cuando el gobierno los llevó al proceso
JUSTICIA y PAZ”22 (se resalta). Sobre la situación del mismo grupo familiar de
la señora Tapias Arciniegas, se declaró que desde 1997 hasta 2005 se vieron
obligados a pagar vacuna de extorsión al grupo paramilitar que controlaba la
zona para poder mantener la posesión de su parcela y que además tuvieron
que asistir a reuniones con comandantes de las denominadas Autodefensas
Unidas de Colombia; sin embargo "cuando el grupo armado se desmovilizó,
bajo el mando de JORGE 40 en el año 2005 el señor dejó de pagar la extorsión,

17
El 20 de abril de 1994 el INCORA profirió la Resolución No. 01551 mediante la cual declaró que los predios
rurales denominados LOS BAJOS, CANO NEGRO, SAN SIMON, VENECIA, POTOSI, MARIA ISIDRA Y SAN MIGUEL de la
Hacienda Bellacruz eran baldíos, razón por la cual inició el trámite de titulación a los campesinos que ejercían posesión de
los mismos. Entre 2002 y 2003 fueron adjudicados a los grupos familiares demandantes que habían retomado a las parcelas,
según información allegada por la parte demandante. Véase por ejemplo: Folios 817, 827, 841, 856, 871, 933 c. 2
18
En la declaración extraproceso rendida por Bernardo Herrera Sánchez y Ogla Madeline Tumay Delgadillo en enero de 2011,
indicaron que para esa fecha ya el núcleo familiar del señor Luis Francisco Cifuentes se encontraba nuevamente en el
municipio de Pelaya, Cesar (Folio 638 c. 1). Igualmente, se advierte que según la declaración extraproceso rendida por
Florentino de Jesús Daza Clavijo y Dairo Enrique Galvis Castro hacia la misma fecha, el grupo familiar no. 19 conformado por
los señores Marco Tulio Pabón, Imelda Toro Peña y sus hijos, también habla retornado al municipio de Pelaya, Cesar.
19
En declaración extraproceso rendida ante notario por los señores Alcides Clavijo Rodríguez y Armando Rodríguez Corrales
en enero de 2011, afirmaron que el señor Bernardo Herrera Sánchez debió desplazarse en abril de 1996 al casco urbano del
municipio de Pelaya, Cesar, hasta el 2001 *por presiones de grupo paramilitar (…) decidió desplazarse hacia Venezuela,
donde regresó en el año 2003 y hasta la fecha reside en Pelaya, Cesar”. Folios 1393-1394 c. 2.
20
En declaración extraproceso Tendida ante notario por los señores Armando Rodríguez Corrales y José Trinidad Urquijo
Varela en enero de 2011, afirmaron que el señor Ramón Julio Herrera debió desplazarse con su familia en marzo de 1996 al
municipio de Curumaní, Cesar, pero que desde el año 2005 residía en el municipio de Pelaya. Folios 1407-1408 c. 2.
21
Respecto de la familia del señor Dairo Enrique Galvis Castro, se advierte que según consta en los registros civiles de
nacimiento de sus hijos Dairo Enrique Galvis Solano (nacido el 19 de enero de 1997), Luis Daniel Galvis Solano (nacido el 13
de marzo del 2000) y Dauris Yorieini Galvis Solano (nacida el 7 de Junio de 2003), los tres nacieron en el municipio de Pelaya,
Cesar. Folios 1429-1431 c. 2.
22
Folio 829 c. 2.

15
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03922-01
Accionantes: Fredy Antonio Rodríguez Corrales y otros

con el programa de justicia y paz, que lideraba el Gobierno del Expresidente
Álvaro Uribe”23.

67. En este sentido, coinciden todas las declaraciones que se refirieron al
desplazamiento y retorno de los grupos familiares que regresaron a la Hacienda
Bellacruz, pues relatan que los últimos hechos de violencia se presentaron en
el año 2005, y que sólo hasta esa fecha, los grupos familiares que habían
retomado, debieron someterse al control de los paramilitares por medio del pago
de vacunas y asistencia a reuniones con los cabecillas del grupo al margen de
la ley.

68. Incluso, el propio apoderado de los demandantes en el acápite de la
demanda titulado "inaplicabilidad de la caducidad" refirió que "a partir el 14 de
febrero de 1996 y hasta el proceso de desmovilización de grupos armados
al margen de la ley llevado a cabo en el año 2005, los señores LUIS
ARMENIO CHOGO SUÁREZ, FREDY RODRIGUEZ CORRALES y todas las
demás personas citadas e identificadas como demandantes, sufrieron el
desplazamiento forzado de sus parcelas y viviendas ubicadas en la
Hacienda Bellacruz (...)”24 (se resalta).

69. Por manera que, del análisis de los elementos probatorios a disposición de
esta Corporación, así como de la propia narración realizada por la parte
demandante en el libelo inicial, se advierte que la situación de riesgo para el
retorno respecto de la totalidad de los demandantes, se extendió hasta el año
2005, fecha en la que se registraron los últimos hechos de control del territorio
por parte de los paramilitares, sin que se hubiera alegado, ni mucho menos
acreditado, que las condiciones de seguridad posteriores a 2005 impidieron a
los grupos de familias desplazados, retornar a la Hacienda Bellacruz […]”.
(Negrilla original de texto, cursiva original del texto y mayúscula original del
texto)

41. La transcripción anterior permite evidenciar que el juez de lo contencioso
administrativo, al analizar la caducidad de la demanda, concluyó que la situación de
riesgo que le impidió a los actores acceder a la administración de justicia terminó en
el 2006 cuando algunos pudieron retornar a su lugar de origen y otros dejaron de
estar bajo las amenazas de los grupos al margen de la ley, por lo que desde ese
momento se debía contabilizar la caducidad de la acción.

42. Asimismo, precisó que “[…] no se acreditó que la condición de desplazamiento
forzado hubiere permanecido en el tiempo, pues, por el contrario, se demostró que
() las condiciones de seguridad para el retorno de la totalidad de los grupos
familiares demandantes estaban dadas, cuando menos, desde agosto de 2006; (ii)
no se comprobó la existencia de una situación de riesgo grupal o particular que les
impidiera el retorno al territorio o el acceso a la administración de justicia, y (iii) las
familias se hallaban reasentadas en diversos municipios del pais (sic) desde donde
hubieran podido ejercer su derecho de acción oportunamente […]”.

43. La Sala considera que la decisión de la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado no violó los derechos constitucionales alegados y que, por el
contrario, le aplicó a las demandantes la tesis jurisprudencial vigente.

23
Folio 831 c. 2.
24
Folio 1596 c.3.

16
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03922-01
Accionantes: Fredy Antonio Rodríguez Corrales y otros

44. De
otra parte, tampoco es aceptable el argumento relacionado con que se
desconocieron los precedentes existentes para el momento en que se presentó la
demanda, esto es el año 2012.

45. En este punto, se observa que los actores en su escrito de tutela sostuvieron que
se desconocieron las sentencias de 7 de septiembre de 2015 y de 31 de julio de
2019, y los autos de 17 de septiembre de 2013 y de 11 de abril de 2018, sin
especificar qué corporación las profirió.

46. Al respecto, sea lo primero señalar que ninguna de las providencias enlistadas
tiene carácter de sentencia de unificación, en los términos previstos en el artículo
270 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
-CPACA.

47. Además, no se puede pasar por alto que antes de la expedición de la sentencia de
unificación de 29 de enero de 2020, no existía un criterio unificado en la Sección
Tercera de esta Corporación respecto de la aplicación de la figura de la caducidad
frente a daños causados con ocasión de la comisión de delitos de lesa humanidad.

48. Resulta relevante traer a colación lo señalado por esta Sala de Decisión, en la
sentencia de 20 de agosto de 202125, en la que se puso de relieve lo siguiente:

[…] 44. La jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte
Constitucional no ha sido pacífica en torno a la materia. Antes de la
sentencia de unificación de 29 de enero de 2020, la Sección Tercera de
esta Corporación sostuvo dos tesis disímiles relacionadas con la
aplicación del término de caducidad del medio de control de reparación
directa derivado de actos de lesa humanidad.

45. Así pues, mediante el auto de 17 de diciembre de 2013, la Subsección
C de la Sección Tercera del Consejo de Estado sostuvo que el término de
caducidad de la acción de reparación directa no operaba en aquellos
casos en los que la acción resarcitoria derivaba de un acto de lesa
humanidad. Como fundamento de dicha tesis, la citada Subsección C señalaba
que, en estos eventos, el juez administrativo debía actuar como garante del
cumplimiento de la Convención Americana de Derechos Humanos, de los
Derechos Humanos, del Derecho Internacional Humanitario, del ius cogens y,
en virtud de ello, inaplicar las reglas del ordenamiento interno relacionadas con
la caducidad del medio de control.
(…)
46. Esta tesis fue reiterada por las Subsecciones B y C de la Sección
Tercera de esta Corporación, a través de los autos de 30 de marzo de 2017,
de fechas 7 de febrero de 2018 y 28 de junio de 2019, y en la sentencia de
10 de noviembre de 2016, entre otros pronunciamientos.
(…)
47. Contrario a lo anterior, la Subsección A de la Sección Tercera, a través
de los autos de 10 de febrero de 2016, 21 de noviembre de 2012, de 13 de
mayo de 2015, entre otros, sostuvo que la imprescriptibilidad de la acción
penal de los crímenes de lesa humanidad no podía trasladarse al derecho
de daños y, por ello, el término de caducidad de la acción de reparación
directa debe aplicarse bajo los parámetros señalados en la legislación
procesal.

25
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 20 de agosto de 2021. Exp. N°
11001-03-15-000-2021-01951-01. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-03922-01
Accionantes: Fredy Antonio Rodríguez Corrales y otros

(…)
54. En cuanto a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, se advierte que esa
corporación tampoco ha mantenido un criterio uniforme en la materia y las
distintas Salas de revisión han sostenido tanto la inaplicabilidad del término de
caducidad como la procedencia de la figura.

55. Así pues, se encuentra que en la sentencia T-352 de 2016, proferida por la
Corte Constitucional, se señala que la figura de la caducidad era inaplicable
cuando se perseguía la reparación de daños derivados de actos de lesa
humanidad. Sin embargo, en la sentencia T-490 de 2014 se sostuvo lo contrario
y se indicó que era diferenciable la imprescriptibilidad de la acción penal de un
crimen de lesa humanidad y la caducidad de las acciones de carácter
indemnizatorio.

56. Con base en lo anterior, para la Sala resulta evidente que tampoco en el
interior de la Corte Constitucional existe un precedente uniforme y pacífico en
la materia […]. (Negrilla por fuera del texto)

49. En ese orden de ideas, la Sala considera que no es cierto que para la época en
que se presentó la demanda existía un precedente jurisprudencial pacífico y
uniforme sobre la inaplicabilidad de la figura de la caducidad, tratándose de daños
irrogados a particulares, con ocasión de la comisión de delitos como el de
desplazamiento forzado.

50. Ahora bien, respecto al argumento que debió aplicarse el precedente
jurisprudencial vigente para el momento de presentar la acción de reparación
directa, esta Sección se ha pronunciado en el pasado indicando que la aplicación
del precedente jurisprudencial, en estos eventos, se hace en forma retrospectiva, lo
que quiere decir que se debe aplicar el precedente vigente al momento de proferirse
la sentencia26, lo cual ocurrió en el presente caso.

51. Por todo lo anterior, la Sala revocará la sentencia de primera instancia y en su
lugar negará la presente acción de tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Ministerio del
Interior y la Procuraduría General de la Nación, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: REVOCAR la sentencia de 21 de septiembre de 2023, proferida por el
Consejo de Estado – Sección Quinta. En su lugar disponer:

26
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 29 de abril de 2021. Exp. No.
11001-03-15-000-2021-01372-00.

18
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03922-01
Accionantes: Fredy Antonio Rodríguez Corrales y otros

NEGAR las pretensiones de la presente acción de tutela, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente Salva voto

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Aclara voto

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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