Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03931-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Constitucional: no se configura en este caso
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03931-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-03931-00
Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico
22 de agosto de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Bogotá D.C., agosto veintidós (22) de dos mil veintitrés (2023).
Radicación número: 110010315000202303931 00
Accionante: JUAN GUILLERMO PALOMO BENÍTEZ
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA (SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA)
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL – No se configura en este caso / TERCERA INSTANCIA – La parte
demandante pretende reabrir el debate por no estar de acuerdo con lo decidido por el juez
natural.
Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la demanda de tutela
instaurada por el señor Juan Guillermo Palomo Benítez1, de conformidad con el
Decreto 333 de 2021.
I. A N T E C E D E N T E S
1. La demanda
El 21 de julio de 2023, el señor Juan Guillermo Palomo Benítez, por conducto de
apoderado judicial, instauró demanda de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Sucre, con el fin de que se amparen sus derechos fundamentales a la igualdad, al
debido proceso y al mínimo vital; así como los principios de seguridad jurídica,
derechos adquiridos y expectativa legítima.
1
Que ingresó al despacho para fallo el 4 de agosto de 2023.
1
Radicación número: 110010315000202303931 00
Accionante: Juan Guillermo Palomo Benítez
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
2. Hechos relevantes
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el
señor Juan Guillermo Palomo Benítez demandó a la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional – Armada Nacional, con el fin de que se declarara la nulidad el
acto administrativo por medio del cual se le negó el reconocimiento del subsidio
familiar previsto en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000.
Como consecuencia de lo anterior, el demandante solicitó que se le ordenara a la
entidad demandada “pagar a favor del demandante por concepto de subsidio
familiar el 4% del salario básico más la prima de antigüedad”, debidamente
indexado.
Mediante sentencia de 19 de agosto de 2022, el Juzgado Cuarto Administrativo de
Sincelejo declaró la nulidad del acto demandado y condenó al Ministerio de
Defensa Nacional – Armada Nacional a reconocer y pagar “la suma
correspondiente al subsidio familiar en los términos del artículo 11 del Decreto
1794 de 2000, en el periodo comprendido desde el 30 de marzo de 2012 hasta la
entrada en vigencia del Decreto 1161 de 2014, esto es el 24 de junio de 2014”.
Tanto la parte demandante como la parte demandada apelaron la anterior
decisión, ante el Tribunal Administrativo de Sucre, el que, por medio de proveído
del 25 de abril de 2023, revocó el fallo de primera instancia y, en su lugar, negó las
pretensiones de la demanda, bajo el argumento de que se configuró “la excepción
de ‘Inepta demanda’ frente al Oficio No. 20200423330051731 del 4 de febrero 04
de 2020, suscrito por el Jefe División de Nóminas de la Armada Nacional, por
medio del cual se negó al señor Juan Guillermo Palomo Benítez su solicitud de
reconocimiento y pago del Subsidio Familiar establecido en el Art. 11 del Decreto
1794 de 2000, al no tratarse de un acto pasible de control judicial”.
3. Fundamentos de la demanda de tutela
El accionante hizo un recuento de las normas referentes al subsidio familiar
reclamado e indicó que, como ingresó a la institución en calidad de Infante de
Marina Profesional el 29 de diciembre de 2008 y contrajo matrimonio el 30 de
marzo de 2012, se encuentra dentro de las previsiones del Decreto 1794 de 2000
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Radicación número: 110010315000202303931 00
Accionante: Juan Guillermo Palomo Benítez
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
para acceder al subsidio familiar. Sostuvo que (trascripción literal con posibles
errores incluidos):
… quienes ingresaron al servicio militar profesional en calidad de Soldados e
Infantes de Marina consideraban que al momento de ingresar a las filas
militares tenían unas prerrogativas salariales en cuanto al subsidio familiar y al
momento de legalizar su vida marital tenían la expectativa de que se les
reconocería este beneficio en la magnitud del decreto 1794 de 2000, no
obstante, al momento de reconocerle al actor un subsidio familiar diferente al
que devengan otros Soldados e Infantes de Marina Profesionales, como es el
establecido en el decreto 1161 de 2014, se está ante la violación directa de
normas constitucionales como es el artículo 13, violación que lleva aparejada
una desmejora salarial y prestacional frente al principio de regresividad,
discriminación y expectativa legitima de los derechos.
Resaltó que “el fallo atacado es violatorio de los derechos adquiridos y
expectativas legitimas del actor, al no obtener el beneficio que en principio se le
prometía con el artículo 11 del decreto 1794 de 2000 y se le reconociera un
beneficio inferior establecido en el decreto 1161 de 2014, en relación con los
Soldados e Infantes de Marina Profesionales que si devengan el subsidio de la
norma anterior”.
Precisó (trascripción literal con posibles errores incluidos):
… el Consejo de Estado en sentencia de fecha junio 08 de 2017, dentro del
radicado 11001-03-25-000-2010-00065-00, numero interno 0686-2010, actor.
FUNDACIÓN COLOMBIANA SENTIMIENTO PATRIO DE LOS SOLDADOS E
INFANTES DE MARINA PROFESIONALES, declaro la nulidad del decreto
3770 de 2009, con efectos ex tunc, es decir, que para el caso en controversia
es posible que se declare la nulidad del acto administrativo que se ataca, por
cuanto, es violatorio del derecho fundamental alegado como es el derecho a la
igualdad y violatorio de los principios constitucionales.
Entonces, para el caso que nos ocupa es procedente como se dijo, declarar la
nulidad del acto atacado y en consecuencia el reconocimiento del derecho
debe ordenarse desde el momento en que el actor contrajo vida marital, de
conformidad con la fecha de celebración del matrimonio o celebración de la
escritura pública de constitución de sociedad de hecho, atendiendo a que
cuando el actor constituyó legalmente su vida marital fue a solicitar a la
institución demanda por intermedio de la sección de personal el
reconocimiento del subsidio familiar establecido en el decreto 1794 de 2000,
articulo 11, sin embargo, le manifestaron por parte de funcionarios de esa
dependencia que no podían recibir documentación alguna para el
reconocimiento del subsidio pedido; toda vez que el artículo en mención había
sido derogado por el decreto 3770 de 2009.
Teniendo entonces que se deja de lado los actos administrativos que
reconocen el subsidio familiar del decreto 1161 de 2014 y que en su fondo no
representan la vulneración reclamada, en tanto fueron expedidos previo a la
sentencia que revivió el artículo 11 del decreto 1794 de 2000 y además
representan una norma que está plenamente vigente. De modo que es por
3
Radicación número: 110010315000202303931 00
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Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
tanto que se acude a una nueva solicitud de reconocimiento de subsidio en
virtud de la sentencia del 8 de junio de 2017 que es su negativa la que
realmente está manifestando un actuar que a todas luces vulnera los derechos
conculcados.
Entonces, por lo anterior; dicho reconocimiento debe operar desde el
momento en que el actor legalizo su vida conyugal y en adelante, atendiendo
a las consideraciones expuestas.
Afirmó que “el precedente jurisprudencial del Contencioso administrativo ha
señalado que el subsidio familiar lo deben recibir las personas con nivel de
ingresos bajos; lo cual es el caso del demandante quien en su condición de Infante
de Marina Profesional; percibe uno de los salarios más bajos respecto de los
demás miembros de la fuerza pública, por tanto no es coherente que estando
vigente el subsidio familiar del artículo 11 del decreto 1794 de 2000, le sea
reconocido el subsidio del decreto 1161 de 2014 que supone un porcentaje
considerablemente inferior respecto del otro”.
Finalmente, mencionó que, en fallo de tutela del 7 de abril de 2022 (radicación
11001-03-15-000-2021-07051-01), el Consejo de Estado “recordó que los
soldados e infantes de marina profesionales de las Fuerzas Militares tienen
derecho al pago retroactivo del subsidio familiar contemplado en el artículo 11 del
Decreto 1794 del 2000, porque así lo previó esa misma corporación judicial desde
el 2017”.
4. La oposición
4.1. Por medio de auto del 25 de julio de 2023, se admitió la demanda de tutela, se
ordenó notificar a la autoridad judicial accionada y se vinculó, como tercero con
interés, al Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional.
4.2. El Ministerio de Defensa Nacional se opuso al amparo solicitado, bajo el
argumento de que al tutelante “se le reconoció Subsidio Familiar a través de
Orden Administrativa de Personal Nº 0213 de fecha 17 de marzo de 2016 por la
menor (…) y posteriormente se le reconoce Subsidio Familiar por el matrimonio
(…) mediante la Orden Administrativa de Personal Nº 1320 de fecha 24 de octubre
de 2018 de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1161 de 2014” y, en eses
sentido “tiene una situación jurídica consolidada y no le es aplicable la sentencia
de nulidad con efectos ex tunc del H. Consejo de Estado”.
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Accionante: Juan Guillermo Palomo Benítez
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
4.3. El Tribunal Administrativo de Sucre guardó silencio.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
La Subsección considera que no hay lugar a hacer un estudio de fondo en el
presente asunto, por cuanto no se cumple con el requisito de la relevancia
constitucional.
La Corte Constitucional ha establecido que el requisito de la relevancia
constitucional tiene por lo menos tres finalidades: a) proteger la autonomía e
independencia judicial y evitar que el juez de tutela invada la órbita de
competencia del juez natural de la causa; b) restringir el ejercicio de la acción de
tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten derechos
fundamentales e c) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces2.
Por su parte, la Sala Plena del Consejo de Estado ha sostenido que para
establecer si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional
es necesario examinar dos elementos, a saber3:
i) Que el actor cumpla su carga argumentativa de justificar suficientemente la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, pues no
basta aducir la vulneración de estos derechos y ii) que la demanda de tutela no
constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la
providencia acusada, dado que este mecanismo especial constitucional está
constituido para proteger derechos fundamentales y no discutir la discrepancia que
el actor tenga frente a la decisión judicial.
Revisada la demanda, se evidencia que la parte tutelante acudió a la acción de
tutela con el propósito de reabrir el debate jurídico y probatorio del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho promovido contra el Ministerio Nacional –
Armada Nacional para que se le reconozca el subsidio familiar previsto en el
artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 -en los términos pretendidos por el tutelante-,
cuando lo cierto es que el mecanismo judicial de protección de derechos
fundamentales no comporta una instancia adicional del proceso ordinario.
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En efecto, se tiene que, mediante providencia del 19 de agosto de 2022, el
Juzgado Cuarto Administrativo de Sincelejo accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, tras considerar que “el demandante tiene derecho al
reconocimiento del subsidio de familiar en los términos del artículo 11 del Decreto
1794 de 2000, hasta la entrada en vigencia del Decreto 1161 de 2014, solo en lo
respectivo a la fecha en que adquiere el derecho, esto es la fecha en que contrae
matrimonio -30 de marzo de 2012-, hasta la entrada en vigencia del Decreto 1794
de 2000”.
La parte tutelante apeló la anterior decisión, con fundamento en que (transcripción
de forma literal):
… no se tuvo en cuenta que mi representado cumplió con el deber que tenia
de poner en conocimiento de sus superiores, el cambio de estado civil, razón
por la cual, se expidió al acto administrativo que se ataca. Entonces, de
encontrarse el artículo 11 del decreto 1794 de 2000 vigente para la fecha en
que mi representado contrajo matrimonio, habría sido posible que la institución
desde tal fecha hubiese reconocido el subsidio familiar que se alega en esta
oportunidad, no obstante, para la fecha que el demandante contrajo
matrimonio, se encontraba vigente el decreto 3770 de 2009.
De manera que, a pesar de que el demandante cumplía los requisitos para
que se le reconociera el subsidio familiar establecido en el artículo 11 del
decreto 1794 de 2000, solamente le fue posible presentar la reclamación
correspondiente cuando quedó ejecutoriada la sentencia que declaró la
nulidad del decreto 3770 de 2009, mientras tanto, y eso no sucediera,
continuaba siendo regulado por las previsiones del decreto 1161 de 2014.
Si bien es cierto, no se puede demostrar que mi representado al momento de
legalizar su vida marital haya reportado su cambio de estado civil a la fuerza,
este requisito no debe tomarse de manera literal, teniendo en cuenta que,
existía una barrera jurídica que no le permitía manifestarse al respecto; por
cuanto la Armada no recibió dichas solicitudes bajo el argumento de que el
artículo 11 del decreto 1794 de 2000 había sido derogado por el decreto 3770
de 2009 luego, el derecho a reclamar solo le fue posible desde la ejecutoria de
la sentencia que declaró la nulidad del decreto 3770 de 2009.
(…)
Así las cosas, al demandante le asiste derecho a devengar el subsidio familiar
establecido en el artículo 11 del decreto 1794 de 2000, toda vez que, ingreso a
la institución y legalizo su vida conyugal con anterioridad a la vigencia del
decreto 1161 de 2014, además, que, el Consejo de Estado - Sección Segunda
mediante sentencia de fecha junio 08 de 2017, dentro del radicado N°
11001032500020100006500, Demandante. FUNDACIÓN COLOMBIANA
SENTIMIENTO PATRIO DE LOS SOLDADOS E INFANTES DE MARINA
PROFESIONALES ‘SEDESOL’, Consejero Ponente. CESAR PALOMINO
VELASQUEZ. Demandado. GOBIERNO NACIONAL declaró la nulidad del
decreto 3770 de 2009, con efectos ex tunc, es decir, se revivió el artículo 11
del decreto 1794 de 2000, el cual, hasta la fecha se encuentra vigente.
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Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
Así, cuando el Consejo de Estado hace alusión a los efectos ex tunc, está
manifestando que, al momento de reconocer la pretensión alegada, esta debe
aplicarse desde siempre, con vigencia en el pasado, presente y futuro, esto
es; que el reconocimiento del derecho debe realizarse desde el momento en
que mi representado legalizo su vida conyugal y en adelante. Ahora bien, el
decreto 1161 de 2014 no supone una subrogación del artículo 11 del decreto
1794 de 2000; por cuanto éste así no lo dispone, por el contrario crea el
subsidio familiar por haber este desaparecido en virtud del decreto 3770 de
2009.
Es así que nos encontramos frente a dos preceptos jurídicos; esto es el
subsidio familiar establecido en el artículo 11 del decreto 1794 de 2000 y el
subsidio familiar establecido en el decreto 1161 de 2014 vigentes y regulando
una misma situación. De lo anterior, para el caso en concreto; el Demandante
legalizó su vida conyugal en vigencia del decreto 1794 del 2000 y por tanto
adquirió el derecho a que le fuera reconocido el subsidio familiar allí
contemplado, en aplicación del principio de favorabilidad, el principio in dubio
pro operario; respecto de la condición más beneficiosa tal y cómo ha sido
ampliamente establecido por la Corte Constitucional en sus varios
pronunciamientos.
Así mismo el precedente jurisprudencial del Contencioso administrativo ha
señalado que el subsidio familiar lo deben recibir las personas con nivel de
ingresos bajos; lo cual es el caso del demandante quien en su condición de
Infante de Marina Profesional; percibe uno de los salarios más bajos respecto
de los demás miembros de la fuerza pública, por tanto no es coherente que
estando vigente el subsidio familiar del artículo 11 del decreto 1794 de 2000, le
sea reconocido el subsidio del decreto 1161 de 2014 que supone un
porcentaje considerablemente inferior respecto del otro. Esto supone una clara
vulneración a la seguridad jurídica que debe garantizar el estado en función de
los fines del mismo y respecto de los principios de no regresividad,
solidaridad, proporcionalidad etc. No menos importante el resaltar el más
reciente pronunciamiento del Consejo de Estado; en el cual mediante fallo de
fecha abril 07 de 2022, dentro del radicado N°
11001-03-15-000-2021-07051-01, Demandante: MILTON FABIÁN MILLÁN
MORENO, Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL. Demandado:
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA; recordó que los
soldados e infantes de marina profesionales de las Fuerzas Militares tienen
derecho al pago retroactivo del subsidio familiar contemplado en el artículo 11
del Decreto 1794 del 2000, porque así lo previó esa misma corporación
judicial desde el 2017. Si bien ese beneficio había sido derogado por el
Decreto 3770 del 2009, ocho años después, el mismo fue declarado nulo por
esta misma alta corte y se estableció que el fallo debía tener efectos
retroactivos. Por esta razón, el Consejo de Estado advirtió que, durante los
años en los que rigió la derogatoria del subsidio, a los uniformados que tenían
derecho a él debe garantizárseles su pago retroactivamente2.
El Tribunal Administrativo de Sucre, mediante providencia de 25 de abril de 2023,
revocó la decisión de primera instancia y negó las pretensiones de la demanda,
por configurarse la excepción de “inepta demanda”, debido a que (transcripción de
forma literal):
2
Extractado del fallo de segunda instancia.
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Radicación número: 110010315000202303931 00
Accionante: Juan Guillermo Palomo Benítez
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
Con la prueba aportada al proceso, especialmente con la constancia expedida
el 8 de julio de 2020 por el Director de Personal de la Armada Nacional, se
tiene por demostrado que el señor Juan Guillermo Palomo Benítez es
SOLDADO PROFESIONAL adscrito a la Armada Nacional desde el 29 de
diciembre de 2008.
Así mismo, acorde con el Registro Civil de Matrimonio No. 4450987 aportado,
está probado que contrajo matrimonio con la señora Liliana Margarita Talipes
Martínez el 30 de marzo de 2012.
También, que a través de la Orden Administrativa de Personal 0213 del 17 de
marzo de 2016 signada por el Jefe de Desarrollo Humano y Familia de la
Armada Nacional se reconoció a favor del demandante el Subsidio Familiar
previsto en el Decreto 1161 de 2014 por el nacimiento de su primer hijo (a):
(…)
Que posteriormente, se expidió la Orden Administrativa de Personal 1320 del
24 de octubre de 2018 suscrita por el mismo funcionario, donde se reconoció
a favor del demandante el Subsidio Familiar previsto en el Decreto 1161 de
2014 por matrimonio: (…)
También se comprobó que el día 31 de enero de 2020 el demandante
presentó ante la Armada Nacional petición en el siguiente sentido: (…)
Y que mediante Oficio No. 20200423330051731 del 4 de febrero de 2020
–acto demandado- el Jefe de la División de Nóminas de la Armada Nacional
resolvió desfavorablemente su solicitud, obsérvese: (…)
De conformidad con los hechos probados, es claro para la Sala que los actos
que resolvieron sobre el reconocimiento del Subsidio Familiar, fueron las
Ordenes Administrativas de Personal 0213 del 17 de marzo de 2016 y 1320
del 24 de octubre de 2018 signadas por el Jefe de Desarrollo Humano y
Familia de la Armada Nacional, actos administrativos que adquieren la
connotación de definitivos en tanto le reconocieron un derecho y contra los
cuales procedía el recurso de reposición, que si bien no es obligatorio, no
existe constancia de que hubiera sido interpuesto.
De manera que, cualquier inconformidad relativa a la normatividad aplicable
tuvo que ser cuestionada en su oportunidad y no bajo el entendido de que un
acto posterior, que resolvió sobre la solicitud de reconocimiento y pago del
Subsidio Familiar con base en lo dispuesto en el Decreto 1794 de 2000 podía
volver a validar una situación previamente consolidada en los años 2016 y
2018, pues ello atenta ‘…contra la seguridad jurídica concretada en la figura
de la cosa decidida administrativa, derivada de la fuerza ejecutoria de las
aludidas manifestaciones de la autoridad pública y la ausencia de interposición
oportuna en su contra del medio de control que les correspondía para debatir
la presunción de legalidad que las cobija’3.
3
Original de la cita: “CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO,
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A, Consejero ponente: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ,
Sentencia del cinco (5) de agosto de dos mil veintiuno (2021), Radicación número:
17001-23-33-000-2018-00553-01(2288-20), Actor: NOE CALVO, Demandado: MINISTERIO DE
EDUCACIÓN NACIONAL, DEPARTAMENTO DE CALDAS”.
8
Radicación número: 110010315000202303931 00
Accionante: Juan Guillermo Palomo Benítez
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
No se desconoce que fue solo hasta que cobró ejecutoria la Sentencia del 8
de junio de 20174 que declaró la nulidad del Decreto 3770 de 20095 - lo cual
tuvo lugar el 28 de septiembre de 20176- que el demandante contó con la
certeza de que el reconocimiento de su subsidio familiar estaba regulado por
la norma que revivió al mundo jurídico, esto es, el Decreto 1794 del 14 de
septiembre de 20007.
De manera que, a partir de esa fecha se abría para el demandante la
posibilidad de demandar los actos que inicialmente le reconocieron el subsidio
familiar con fundamento en las normas del Decreto No. 1161 de 2014, por lo
que, era contra éstos que debía dirigir el control de legalidad y no contra el
Oficio No. 20200423330051731 del 4 de febrero 04 de 2020, suscrito por el
Jefe División de Nóminas de la Armada Nacional, por medio del cual se le
negó su solicitud de reconocimiento y pago del Subsidio Familiar establecido
en el Art. 11 del Decreto 1794 de 2000, razón por la cual, se configura la
excepción de inepta demanda propuesta por la Armada Nacional, la cual será
declarada con fundamento en el inciso segundo del Art. 187 de la Ley 1437 de
2911 y en consecuencia, se negarán las pretensiones de la demanda.
Así lo hizo el H. Consejo de Estado en Sentencia del 5 de agosto de 20218:
En suma, debido a la verificación de esta circunstancia de contenido procesal
que no fue advertida en primera instancia al momento de estudiar la admisión
de la demanda, o en la audiencia inicial en el estadio previsto para vislumbrar y
resolver las excepciones previas, así como tampoco en la propia sentencia
apelada, aunado a que en esta etapa de la actuación es inviable tener por
subsanadas tales irregularidades del libelo; resulta pertinente que en razón de
la competencia ampliada que detenta la presente Subsección en el caso sub
iudice, se declare probado de oficio y parcialmente el medio exceptivo de inepta
demanda, específicamente en lo relativo a la pretensión de reliquidar la
indexación pagada al señor Noe Calvo.
Esto se justifica por cuanto el hecho de que no se hubiesen demandado los
actos administrativos que definieron la prementada situación jurídica, constituye
una clara causal que impide emitir una decisión de fondo sobre ese punto del
petitum, en razón precisamente de una ineptitud sustancial de la demanda, la
cual en este evento es parcial por incumplimiento de los requisitos formales
esenciales para la habilitación del examen judicial de la referida solicitud de
reajuste del cálculo actuarial que le había sido abonado al libelista.
Bajo ese supuesto se revocará la sentencia apelada, para en su lugar declarar
la configuración de la excepción de ‘Inepta demanda’ frente al Oficio No.
20200423330051731 del 4 de febrero 04 de 2020, suscrito por el Jefe División
de Nóminas de la Armada Nacional, por medio del cual se negó al señor Juan
Guillermo Palomo Benítez su solicitud de reconocimiento y pago del Subsidio
Familiar establecido en el Art. 11 del Decreto 1794 de 2000, al no tratarse de
4
Original de la cita: “CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO,
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B, Consejero ponente: CÉSAR PALOMINO CORTÉS, Rad.
No.: 11001-03-25-000-2010-00065- 00(0686-10), Actor: FUNDACIÓN COLOMBIANA
SENTIMIENTO PATRIO DE LOS SOLDADOS E INFANTES DE MARINA PROFESIONALES
“SEDESOL”, Demandado: GOBIERNO NACIONAL”.
5
Original de la cita: “Por el cual se deroga el artículo 11 del decreto 1794 de 2000 y se dictan otras
disposiciones”.
6
Original de la cita: “Luego de notificada el 21 de septiembre de 2017 la providencia del 8 de
septiembre de 2017, que resolvió las solicitudes de adición y aclaración formuladas por el
Departamento Administrativo de la Función Pública, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, frente a la citada sentencia de 8 de junio de 2017”.
7
Original de la cita: “Por el cual se establece el régimen salarial y prestacional para el personal de
soldados profesionales de las Fuerzas Militares”.
8
Original de la cita: “Ob. Cita 18”.
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Radicación número: 110010315000202303931 00
Accionante: Juan Guillermo Palomo Benítez
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
un acto pasible de control judicial y en su lugar negarán las pretensiones de la
demanda.
No obstante lo anterior, en la demanda de tutela se insiste en que “el fallo atacado
es violatorio de los derechos adquiridos y expectativas legítimas del actor, al no
obtener el beneficio que en principio se le prometía con el artículo 11 del decreto
1794 de 2000 y se le reconociera un beneficio inferior establecido en el decreto
1161 de 2014, en relación con los Soldados e Infantes de Marina Profesionales
que si devengan el subsidio de la norma anterior”.
En ese contexto, la Subsección considera que lo pretendido por la parte tutelante
es que el juez de tutela realice un nuevo estudio respecto a la viabilidad del
reconocimiento y pago del subsidio establecido en el artículo 11 del Decreto 1794
de 2000 -pese a que el fundamento de la decisión del tribunal fue que el acto que
negó dicho beneficio no era ‘un acto pasible de control judicial’-, lo que conlleva a
la improcedencia de la acción de tutela de la referencia por el incumplimiento del
requisito de la relevancia constitucional7, dado que, como lo ha señalado la Corte
Constitucional, esta acción “es concebida como un ‘juicio de validez’ y no como
un ‘juicio de corrección’ del fallo cuestionado8, lo que se opone a que se use
indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de
índole probatoria o de interpretación del derecho legislado, que dieron origen a la
controversia”9.
Por lo anterior, la Subsección declarará la improcedencia del amparo solicitado por
incumplirse el requisito de la relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo solicitado por el señor Juan
Guillermo Palomo Benítez, por las razones expuestas en la parte motiva de la
presente providencia.
10
Radicación número: 110010315000202303931 00
Accionante: Juan Guillermo Palomo Benítez
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
11
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