Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-03937-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-03937-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-03937-00
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
31 de agosto de 2023
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03937-00
Demandante: HERMES JULIÁN BERMÚDEZ CÁRDENAS
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03937-00
Demandante: HERMES JULIÁN BERMÚDEZ CÁRDENAS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCION SEGUNDA, SUBSECCION “D”
Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho para obtener la reliquidación de la prima
de actividad para miembros de la fuerza pública. Reiteración de los
argumentos propuestos en el proceso ordinario. Defecto
procedimental por falta de congruencia, defecto sustantivo y violación
directa de la Constitución
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor Hermes Julián Bermúdez Cárdenas, quien actúa a través
de apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección “D”, en la que pide el amparo constitucional de los derechos
fundamentales al debido proceso y a la igualdad, vulnerados, supuestamente, por
la sentencia de 19 de enero de 2023, mediante la cual la autoridad judicial
accionada confirmó la sentencia desfavorable de primera instancia, en el marco de
la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió contra el
Ejército Nacional, con el fin de que se le condenara al reconocimiento y pago de la
diferencia salarial del 20%, y al pago de la prima de actividad y del subsidio
familiar.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
El accionante afirmó que presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho contra el Ejército Nacional, con el fin de
que se le condenara al reconocimiento y pago de la diferencia salarial del 20%, de
la prima de actividad y del subsidio familiar.
Sostuvo que como hechos acreditados dentro del proceso, en relación con la
reclamación del subsidio familiar, se encontraban que i) por medio de la escritura
pública No. 476 de 22 de septiembre de 2014 de la Notaría Segunda de Sevilla,
Valle, declaró con la señora Isabel Cristina Ospina Murcia, que tienen unión
marital de hecho desde el 22 de septiembre de 2009 y ii) que por medio de la
orden administrativa de personal No. 1027 de 30 de enero de 2015 “se le
reconoció el subsidio de familia en cuantía del 23% con base en lo señalado en el
decreto 1161 de 2014. NO SE RECOCONOCIO EL SUBSIDIO” (sic).
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Demandante: HERMES JULIAN BERMUDEZ CARDENAS
Indicó que por sentencia de 25 de agosto de 2022, el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Girardot denegó las pretensiones de la demanda.
Señaló que, inconforme con la anterior decisión, interpuso recurso de apelación en
el que se presentaron como motivos de disenso frente cinco cargos, a saber: i)
que el despacho atribuyó un alcance que no se compadece al artículo 11 de
Decreto 1794 de 2000, ii) que la sentencia dio por probado, sin estarlo, que la
entidad demandada desvirtuó la presunción de inconstitucionalidad del acto
administrativo que negó el reconocimiento del reajuste del subsidio familiar sobre
el Decreto 1161 de 2014, “situación que comporta un desconocimiento del
precedente constitucional aplicable al presente caso, contenido entre otras
sentencias en las siguientes: C-038 de 2004; C-671 de 2002; C-931 de 2004; T-
1318 de 2005 ; T- 043 de 2007 ; T-273 de 2007 ; T-267 de 2006 y T-418 de 2007”,
iii) que era totalmente contraria al artículo 53 de la constitución en lo que tiene que
ver con el principio in dubio pro operario, iv) que era contraria al artículo 53 de la
Constitución Política en lo que tiene que ver con el principio la condición más
beneficiosa, pues desconoció la afectación del derecho a recibir el subsidio de
familia, del cual existe una expectativa legítima, y v) que era contraria al artículo
13 de la Carta Política en lo que tiene que ver con el principio y derecho
fundamental a la igualdad, pues señala que los dos sujetos invocados en la
comparación no son pasibles de la comparación.
Afirmó que el recurso de apelación fue desatado por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D”, que por sentencia de 19 de
enero de 2023, confirmó el fallo de primera instancia.
Por último, refirió que en la actualidad está en trámite un recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia contra la sentencia objetada, únicamente en lo
relativo al reconocimiento de la diferencia salarial del 20%.
2. Fundamentos de la acción
El accionante presentó acción de tutela con el objeto de que el juez constitucional
proteja los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, vulnerados,
supuestamente, con la sentencia de 19 de enero de 2023, mediante la cual la
autoridad judicial accionada confirmó la sentencia desfavorable de primera
instancia, en el marco de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
que promovió contra el Ejército Nacional, con el fin de que se le condenara al
reconocimiento y pago de la diferencia salarial del 20%, de la prima de actividad y
del subsidio familiar.
En primer lugar, hizo referencia al cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de donde resaltó
que la solicitud cumple con el requisito de la subsidiariedad, en tanto, afirmó, “en
lo que tiene que ver con la reclamación del subsidio de familia, no procede ningún
recurso ordinario, pues la misma es una sentencia de segunda instancia. En lo
que respecta a los recursos extraordinarios, contra la sentencia se presentó el
RECURSO EXTRAORDINARIO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA DE LA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA, pero en lo relacionado con las
pretensiones del reconocimiento de la diferencia salarial del 20% (…) de manera
tal que el debate con relación a la interpretación y aplicación sustancial del
contenido del artículo 11 del decreto 1794 de 2000, no está supeditado a ningún
recurso extraordinario que deba ser agotado”.
De otra parte, indicó que la providencia objetada no resolvió “de forma completa,
exhaustiva, y rigurosa lo relacionado con el reparo o crítica a la sentencia proferida
por el Juzgado con relación al reconocimiento DEL SUBSIDIO DE FAMILIA”, por
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lo que la misma incurre en i) defecto procedimental, en tanto, adujo, la sentencia
fue emitida con incongruencia, pues lo que se pidió en el recurso de apelación no
fue objeto de pronunciamiento en la sentencia, en específico lo relacionado con la
presunción de inconstitucionalidad del acto administrativo que no fue desvirtuada
en el proceso, la aplicación del principio de favorabilidad y condiciones
beneficiosas, el juicio de igualdad rogado y los yerros argumentativos de la
sentencia de primera instancia.
Sostuvo que el fallo objetado incurre en ii) defecto sustantivo por la
interpretación errónea del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, en tanto, aduce,
“la interpretación correcta puede darse en el siguiente sentido: EL SOLDADO
PROFESIONAL DE LAS FUERZAS MILITARES, QUE TENGA UNA UNIÓN
MARITAL DE HECHO VIGENTE (DE VIGĒRE 'TENER VIGOR' ES DECIR QUE
ESTÉ EN VIGOR), pese a no estar declarada por ser de hecho, ENTRE LAS
FECHAS DEL 1° DE ENERO DE 2001 HASTA EL 23 DE JUNIO DE 2014, TIENE
“DERECHO AL RECONOCIMIENTO MENSUAL DE UN SUBSIDIO FAMILIAR
EQUIVALENTE AL CUATRO POR CIENTO (4%) DE SU SALARIO BÁSICO
MENSUAL MÁS LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD”.
Sobre el particular, refirió que de dicha interpretación se sigue que “para que el
soldado profesional de las Fuerzas Militares, puede tener “derecho al
reconocimiento mensual de un subsidio familiar equivalente al cuatro por ciento
(4%) de su salario básico mensual más la prima de antigüedad” deberá tener
acreditado, de un lado: tener las condiciones de casado; o de otro: tener una unión
marital de hecho vigente. Situación que huelga señalar al Despacho que el
Demandante acreditó en el presente proceso”. No obstante, señala, el tribunal
accionado confundió “el hecho constitutivo de una situación jurídica; el hecho
declarativo de una situación jurídica; y el hecho extintivo de una situación jurídica”,
en lo relacionado con el nacimiento de la unión marital de hecho en el caso.
Adujo que el fallo objetado también incurre en iii) violación directa de la
Constitución, en específico del derecho a la igualdad, en tanto, declara, en la
sentencia cuestionada la autoridad judicial accionada realiza un trato desigual sin
un criterio objetivo que lo justifique, frente al trato que dio en los expedientes 2018-
00039-01, 2020-00183-01 y 2020-00021-01, en los que se accedió a las
pretensiones bajo los mismos supuestos de hecho del caso que originó la
controversia.
Sobre el particular, sostuvo que los casos citados, así como el suyo, se tratan de
soldados profesionales que tienen uniones maritales de hecho que fueron
constituidas antes del 23 de junio de 2014 y que fueron declaradas después del 23
de junio de 2014; que devengan el subsidio de familia con base en el Decreto
1161 del 2014; que los tres sujetos pidieron el reajuste del subsidio familiar con
base en el artículo 11 del Decreto 1794 del 2000, y que “la situación se torna
diferente cuando se revisa el resultado que obtuvieron con relación a la petición
del reajuste del subsidio de familia con base en el artículo 11 del derecho 1794 del
2000, y cuando se habla de la petición se utiliza el contenido específico del
derecho de acción, es decir, del medio de control incoado por los tres. Pues,
hecha la salvedad, mientras que para los dos primeros sujetos: SUJETO 1 y
SUJETO 2, hubo sentencia favorable a sus pretensiones, es decir, hubo
reconocimiento del subsidio de familia con base en el artículo 11 del derecho 1794
del 2000, mientras que para ellos sí, para el tutelante, no hubo tal reconocimiento”.
3. Pretensiones
En el escrito de tutela se formulan las siguientes:
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“4.1. Como consecuencia de las anteriores declaraciones, le ruego
encarecidamente al Honorable Despacho, que proceda a dejar,
PARCIALMENTE (únicamente lo relacionado con el subsidio de familia) sin
efectos, SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA proferida por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN “D” Bogotá, D. C., diecinueve (19) de enero de dos mil veintitrés
(2023) MAGISTRADO PONENTE: Dr. CERVELEÓN PADILLA LINARES
PROCESO No.: 25307-33-33-001-2020-00151-01. DEMANDANTE: HERMES
JULIÁN BERMÚDEZ CÁRDENAS. DEMANDADA: NACIÓN – MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL. CONTROVERSIA:
REAJUSTE SALARIAL DEL 20%; RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LA PRIMA
DE ACTIVIDAD; Y REAJUSTE DEL SUBSIDIO FAMILIAR CONFORME AL
DECRETO 1794 DE 2000.
A. PRETENSIÓN PRINCIPAL:
4.2. Así mismo le ruego al Honorable Despacho que ordene al Honorable
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO proferir nueva sentencia en la cual resuelva la
totalidad de los cargos presentados en el recurso de apelación con relación al
tema de subsidio de familia, para de esa forma corregir la falta de congruencia
de la sentencia del Honorable Tribunal Administrativo.
B. PRETENSIONES SUBSIDIARIAS:
4.3. En caso de no accederse a las anteriores pretensiones, le ruego al
Honorable Despacho que ordene al Honorable TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
proferir nueva sentencia en la cual se ordene declare la nulidad del acto
administrativo demandado y se ordene el restablecimiento del derecho con
relación al tema de subsidio de familia.
4.4. Así mismo le ruego al Honorable Despacho que ordene al Honorable
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO proferir nueva sentencia en la cual se ordene
declare la nulidad del acto administrativo demandado y se ordene el
restablecimiento del derecho con relación al tema de subsidio de familia.
4.5. Así mismo le ruego Honorable Despacho que ordene al Honorable
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO que en la nueva sentencia se abstenga de
aplicar la prescripción del derecho, como quiera que “existía un impedimento
legal que no permitía exigir el reconocimiento” y “el derecho a devengarlos
surgió a partir de los efectos ex tunc de la sentencia que declaró la nulidad” del
decreto 3770 de 2009. Esto con la finalidad de evitar otro posible yerro del
Honorable Tribunal y que el demandante se vea en la penosa labor de
interponer una nueva acción de tutela”.
4. Pruebas relevantes
Se allegó copia digital del expediente del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado Nº 2020-00151-01, actor: Hermes
Julián Bermúdez Cárdenas.
5. Trámite procesal
Por auto de 25 de julio de 2023, el despacho admitió la demanda y ordenó notificar
al accionante y a la autoridad judicial accionada. Igualmente, al Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Girardot, al Ministerio de Defensa Nacional – Ejército
Nacional, y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, como terceros
interesados en el resultado del proceso.
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La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios 75895 a 75899, todos
de 9 de julio de 2023, con el fin de notificar a las partes1.
6. Oposición
6.1. Respuesta del Ministerio de Defensa Nacional
El apoderado de la cartera ministerial rindió informe en el que solicitó que se
declare la improcedencia de la solicitud por cuanto, sostuvo, no cumple con los
requisitos para habilitar el estudio de fondo “porque el actor no realizó un estudio
de los requisitos específicos de procedencia ni tampoco acredita la presunta
vulneración del derecho fundamental, se puede evidenciar con el escrito de tutela
que el actor si menciona una vulneración a derechos fundamentales por parte de
lo fallado por las autoridades judiciales aquí accionadas pero en ninguno de sus
acápites argumenta y justifica tal aseveración”.
6.2. Los demás vinculados al trámite constitucional, aun cuando fueron
debidamente notificados del auto admisorio de la acción de tutela, guardaron
silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.
2. Planteamiento del problema jurídico
En tanto se observa una similitud sustancial entre los argumentos que sustentan la
presente acción de tutela con los esgrimidos por el accionante en la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho que originó la controversia, corresponde a
la Sala determinar si la solicitud cumple el requisito de procedencia de la
relevancia constitucional, necesario para el estudio de fondo de los argumentos
que la soportan.
En caso de que la respuesta a ese interrogante sea afirmativa y se cumplan los
restantes requisitos generales, debe establecerse si la sentencia de 19 de enero
de 2023, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección “D”, confirmó la sentencia desfavorable de primera instancia
en el marco de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que el actor
promovió contra el Ejército Nacional, incurre en i) defecto procedimental, por
haber sido emitida con incongruencia, en tanto lo que se pidió en el recurso de
apelación no fue objeto de pronunciamiento en la sentencia, ii) defecto
sustantivo por la interpretación errónea del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000,
y iii) violación directa de la Constitución, en específico del derecho a la
igualdad, en tanto, declara, en la sentencia cuestionada realiza un trato desigual
sin un criterio objetivo que lo justifique, frente al trato que dio en los expedientes
2018-00039-01, 2020-00183-01 y 2020-00021-01, en los que se accedió a las
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La notificación se efectuó a los siguientes correos electrónicos: notificaciones@wyplawyers.com,
stectadmincund@cendoj.ramajudicial.gov.co; des01tadmcund@cendoj.ramajudicial.gov.co;
scs02sb04tadmincdm@notificacionesrj.gov.co; scregtadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co
rmemorialessec02sdtadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co; jadmin01gir@cendoj.ramajudicial.gov.co,
notificaciones.bogota@mindefensa.gov.co; ceoju@buzonejercito.mil.co.
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pretensiones bajo los mismos supuestos de hecho del caso que originó la
controversia.
3. El presupuesto de la relevancia constitucional
Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias
judiciales, tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y
(ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde
resolver a otras jurisdicciones2.
Al respecto, esa corporación judicial ha establecido un conjunto de reglas dirigidas
a definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho
que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible
vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la
sentencia T-310 de 20053, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de
amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin
que se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría
frente a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la
improcedencia de la tutela.
En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los
lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005
sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las
condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción
de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional4.
Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como
criterio de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como
requisito de procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de
la acción de amparo se convierta en una instancia adicional.
Esta Sala5, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de
procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:
i. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración
de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse
para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente
económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de
la acción de tutela.
ii. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en
cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales». Es necesario que el interesado exponga de manera clara las
razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los
derechos fundamentales.
iii. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones
de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela
debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener
relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una
expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.
2
Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
3
Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P. María Victoria
Calle Correa.
4
Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01.
5
Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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iv. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez
natural.
v. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que
sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos
fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con
serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan
previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida
razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como
si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe
insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron
decididos por los jueces competentes.
Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si
en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que,
en últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la
autonomía judicial.
4. Estudio y solución del caso concreto
4.1. El accionante considera que la sentencia de la sentencia de 19 de enero de
2023, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección “D”, confirmó la sentencia desfavorable de primera
instancia, en el marco de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
que promovió contra el Ejército Nacional, incurre en i) defecto procedimental, por
haber sido emitida con incongruencia, en tanto lo que se pidió en el recurso de
apelación no fue objeto de pronunciamiento en la sentencia, ii) defecto
sustantivo por la interpretación errónea del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000,
y iii) violación directa de la Constitución, en específico del derecho a la
igualdad, en tanto, declara, en la sentencia cuestionada realiza un trato desigual
sin un criterio objetivo que lo justifique, frente al trato que dio en los expedientes
2018-00039-01, 2020-00183-01 y 2020-00021-01, en los que se accedió a las
pretensiones bajo los mismos supuestos de hecho del caso que originó la
controversia.
La Sala anticipa que declarará la improcedencia de la acción de tutela porque no
cumple el requisito de la relevancia constitucional, en tanto se acude a ella con el
propósito de dar continuidad al debate legal que fue resuelto en dos instancias.
4.2. Del expediente ordinario aportado como prueba a este trámite constitucional,
se observa que, en primera instancia, el Juzgado Primero Administrativo del
Circuito de Girardot por sentencia de 25 de agosto de 2022, negó las
pretensiones de la demanda, luego de considerar que en tanto el demandante
declaró la existencia de su unión marital de hecho el 22 de septiembre de 2014,
esto es, bajo la vigencia del Decreto 1161 de 2014, no le asistía el derecho al
reconocimiento del subsidio familiar bajo el Decreto 1794 de 2000, por cuanto no
declaró la existencia de su unión marital de hecho durante el tiempo en que el
artículo 11 del mismo estuvo excluido del ordenamiento legal.
Allí, el referido juzgador, luego de hacer amplía referencia a las normas aplicables
y al desarrollo jurisprudencial de la Sección Segunda del Consejo de Estado
sobre la materia, indicó:
“(…) dentro del plenario se encuentra acreditado que el señor HÉRMES JULIÁN
BERMÚDEZ declaró la existencia de la unión marital de hecho con la señora ISABEL
CRISTINA OSPINA MURCIA el 22 de septiembre de 2014 conforme se desprende de
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Demandante: HERMES JULIAN BERMUDEZ CARDENAS
la Escritura Pública No. 476 de la NOTARÍA SEGUNDA DE SEVILLA VALLE, esto es,
bajo la vigencia del Decreto 1161 de 2014.
Por lo anterior, teniendo en cuenta que el demandante consolidó su derecho el 22
de septiembre de 2014, esto es, se reitera, en vigencia del Decreto 1161 de 2014,
no le asiste el derecho al reconocimiento al subsidio familiar pedido, habida
consideración que no se cumple el presupuesto normativo y jurisprudencial
relacionado con que, durante el tiempo en que el artículo 11 del Decreto 1794 de
2000 estuvo excluido del ordenamiento legal, haya declarado la existencia de su
unión marital de hecho, máxime cuando mediante la Orden Administrativa de
Personal EJC No. 1027 de 30 de enero de 2015, el jefe de Desarrollo Humano del
EJÉRCITO NACIONAL, en virtud del Decreto No. 1161 de 2014 le reconoció el
subsidio familiar al demandante por el nacimiento de su primer hijo y por su unión
marital de hecho con la señora ISABEL CRISTINA OSPINA MURCIA en un 23%”.
Contra la anterior determinación el accionante interpuso recurso de apelación, en
el que, en lo relativo al reconocimiento del subsidio familiar sostuvo i) que el
despacho atribuyó un alcance que no se compadece al artículo 11 de Decreto
1794, ii) que la sentencia dio por probado, sin estarlo, que la entidad demandada
desvirtuó la presunción de inconstitucionalidad del acto administrativo que negó el
reconocimiento del reajuste del subsidio familiar sobre el Decreto 1161 de 2014,
“situación que comporta un desconocimiento del precedente constitucional
aplicable al presente caso, contenido entre otras sentencias en las siguientes: C-
038 de 2004; C-671 de 2002; C-931 de 2004; T-1318 de 2005 ; T- 043 de 2007 ;
T-273 de 2007 ; T-267 de 2006 y T-418 de 2007”, iii) que era totalmente contraria
al artículo 53 de la Carta en lo que tiene que ver con el principio in dubio pro
operario, iv) que era totalmente contraria al artículo 53 de la Constitución
Política en lo que tiene que ver con el principio la condición más beneficiosa,
pues desconoció la afectación del derecho a recibir el subsidio familiar, del cual
existe una expectativa legítima, y v) que era totalmente contraria al artículo 13 de
la Constitución en lo que tiene que ver con el principio y derecho fundamental a la
igualdad, pues señala que los dos sujetos invocados en la comparación no son
pasibles de la comparación.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D”,
por sentencia de 19 de enero de 2023, confirmó el fallo objetado, por las mismas
razones esgrimidas por el juez de primera instancia. En el fallo, luego de hacerse
referencia nuevamente al marco jurisprudencial y legal aplicable al caso sostuvo lo
siguiente sobre el particular:
“Visto entonces que el Consejo de Estado declaró la nulidad del Decreto 3770 de 2009,
con efectos ex tunc, es dable concluir que el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000
cobró nuevamente su vigencia. Sin embargo, la Sala considera que tal disposición
normativa no resulta aplicable a Hermes Julián Bermúdez Cárdenas, habida
cuenta de que el hecho generador del «subsidio familiar», en el caso sub
examine, tan solo se cumplió el 22 de septiembre de 2014, fecha en que se
declaró la unión marital de hecho mediante la escritura pública No. 476, otorgada
por el Notario Segundo del Circuito de Sevilla (Valle); es decir, estando en
vigencia el Decreto 1161 de 2014 y no el Decreto 1794 de 2000, pues aquel
(Decreto 1161 de 2014) empezó a regir a partir del 24 de junio de 2014,
aplicándose únicamente para aquellos soldados profesionales que no venían
percibiendo el subsidio familiar regulado en los Decretos 1794 de 2000 y 3770 de
2009, esto es, que no se habían casado o constituido unión marital de hecho
antes del 24 de junio de 2014.
Bajo estos razonamientos, en criterio de la Sala, el actor no tiene derecho al
reconocimiento y pago del subsidio familiar previsto en el citado artículo 11 del Decreto
1794 de 2000, sino al contemplado en el Decreto 1161 de 2014, pues se reitera que la
condición para su reconocimiento se cumplió estando en vigencia el Decreto 1161 de
2014. Por estas razones, habrá de confirmarse la sentencia inicial” (Resaltado de la
Sala).
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-03937-00
Demandante: HERMES JULIAN BERMUDEZ CARDENAS
Lo anterior permite evidenciar que el Juzgado Primero Administrativo del Circuito
de Girardot y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección “D”, estudiaron de manera suficiente lo relativo al reconocimiento y
pago del subsidio familiar previsto en el citado artículo 11 del Decreto 1794 de
2000, de donde concluyeron que el accionante no tenía derecho al mismo, en
tanto el hecho generador del subsidio solo se cumplió el 22 de septiembre de
2014, en vigencia del Decreto 1161 de 2014, fecha en que se declaró la unión
marital de hecho del actor mediante escritura pública, lo cual fundamentó la
denegación de las pretensiones de la demanda a ese respecto.
4.3. Conforme con lo anterior, la Sala observa que los reproches formulados por la
parte actora en el escrito de tutela, relativos a la presunta configuración de los
defectos procedimental, sustantivo y por violación directa de la Constitución,
independientemente de que se quieran encuadrar en la supuesta vulneración de
los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, lo que en realidad
pretenden es darle continuidad al debate relacionado con la aplicación al caso del
artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 y, en tal razón, carecen de la relevancia
constitucional necesaria para ser estudiadas por el juez de tutela, pues son un
aspecto que ya fue motivo de estudio en el curso del proceso ordinario en sus dos
instancias, en el que se concluyó que dicha norma no era aplicable al caso por
haberse declarado la unión marital de hecho del actor en vigencia del Decreto
1161 de 2014.
Cuestión diferente es que la parte actora, al no estar de acuerdo con la
apreciación que se hizo sobre dicho cargo por parte de las autoridades judiciales,
presente argumentos en la acción de tutela bajo la supuesta falta de congruencia
de la sentencia de segunda instancia por no haberse analizado en ella su
interpretación personal del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, y no haberse
aplicado principios como el de favorabilidad e igualdad, mismos que no resultaban
pertinentes al caso en el que no había duda entre dos o más normas aplicables, lo
que no es razón suficiente para omitir el hecho de que el mecanismo de tutela se
está utilizando como una instancia adicional por lo que se desconoce el requisito
de la relevancia constitucional.
En la sentencia SU-215 de 20226, la Corte Constitucional recordó que el
cumplimiento del requisito de la relevancia constitucional requiere “involucrar algún
debate jurídico que gire en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o
económico”, a lo que agregó que “la controversia no debe limitarse a una
puramente legal y/o económica”. De allí que “la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos de
relevancia constitucional y a la protección de los derechos efectiva de los
derechos fundamentales y no a problemas de carácter legal”.
Lo expuesto es suficiente para concluir que el accionante acudió a la acción de
tutela con el fin de solicitar el amparo constitucional de sus derechos
fundamentales al debido proceso e igualdad y de acceso a la administración de
justicia, a la manera de una instancia adicional, toda vez que insiste en el mismo
debate litigioso relacionado con la con la aplicación a su caso del artículo 11 del
Decreto 1794 de 2000 que fue propuesta en el proceso ordinario y resuelta con
argumentos suficientes por el juez especializado de la causa en dos instancias.
4.4. De otra parte, en lo relacionado con la violación del derecho a la igualdad en
el que habría incurrido la autoridad judicial accionada por dar un trato desigual
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M.P. Natalia Ángel Cabo.
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Demandante: HERMES JULIAN BERMUDEZ CARDENAS
frente al dispensado en los expedientes 2018-00039-01, 2020-00183-01 y 2020-
00021-01, en los que se accedió a las pretensiones bajo los mismos supuestos de
hecho del caso que originó la controversia, la Sala observa que se trata de
sentencias proferidas por las Subsecciones “A”, “E” y “C” de la Sección Segunda
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, respectivamente, autoridades
judiciales diferentes a la que profirió la sentencia bajo estudio, por lo que la
alegada vulneración iusfundamental no se configura.
En efecto, si bien conforme con lo manifestado por el accionante en los citados
fallos se accedió a las pretensiones bajo los mismos supuestos de hecho frente a
los que se negó en su caso, lo cierto es que se trata de decisiones proferidas por
autoridades judiciales distintas a la accionada, que, en todo caso, se encuentran
en un mismo rango funcional que aquella, por lo que lo allí decidido no es un
criterio de obligatoria observancia para el caso que originó la controversia en
virtud del principio de autonomía judicial y, en tal razón, en el caso no se observa
una vulneración del derecho a la igualdad.
Por las razones expuestas, la Sala declarará improcedente la acción de tutela
promovida por el señor Hermes Julián Bermúdez Cárdenas, quien actúa a través
de apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección “D”, por no cumplir el requisito de relevancia constitucional.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
RESUELVE:
Primero.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por el
señor Hermes Julián Bermúdez Cárdenas, quien actúa a través de apoderado
judicial, contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección “D”.
Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.
Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de
eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
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(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
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