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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-03937-01

Fecha
17 de enero de 2024
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-03937-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confírmese la sentencia proferida el 31 de agosto de 2023 por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, mediante el cual declaró improcedente la solicitud de tutela presentada por Hermes Julián Bermúdez Cárdenas en contra del Tribunal 15 Artículo 248 y 250 de la Ley 1437 de 2011 9 Radicado: 11001-03-15-000-2023-03937-01 Demandante: Hermes Julián Bermúdez Cárdenas Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-03937-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

17 de enero de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., diecisiete (17) de enero de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03937-01
Demandantes: Hermes Julián Bermúdez Cárdenas
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D

Temas: Tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del
derecho para lograr el reajuste del subsidio familiar en favor de
soldado profesional en los términos del artículo 11 del Decreto
1794 de 2000 / Del requisito de la subsidiariedad

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Decide la Sala la impugnación interpuesta por Hermes Julián Bermúdez Cárdenas,
en contra de la sentencia proferida el 31 de agosto de 2023 por el Consejo de
Estado, Sección Cuarta, mediante la cual se decidió la solicitud de amparo de la
referencia.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud1

Hermes Julián Bermúdez Cárdenas promovió solicitud de tutela con el fin de que
se ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, los cuales consideró vulnerados con ocasión de la
sentencia proferida el 19 de enero de 2023 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, en el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho identificado con el radicado
25307333300120200015101.

Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:

1 Ver índice 2 de SAMAI en el expediente 11001031500020230393700. Archivo denominado
«1_DemandaWeb_Demanda-(.pdf) NroActua 2»
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2023-03937-01
Demandante: Hermes Julián Bermúdez Cárdenas

i) Desde su vinculación con el Ejército Nacional como soldado profesional ha sido
discriminado por la institución, en tanto no se le reconoció el salario mínimo
incrementado en un 60%, el sobresueldo del 20%, la prima de actividad ni el reajuste
del subsidio familiar de conformidad con el Decreto 1794 de 20002.

ii) El 23 de junio de 2018 peticionó con el fin de que se le reconocieran la diferencias
salariales correspondientes, lo cual fue desestimado por la institución militar
mediante Oficio 20183111997001 MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-
DIPER-1.10 del 16 de octubre de 2018.

iii) En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
impetró demanda en contra del Ejército Nacional con el fin de que se declarara la
nulidad del referido acto administrativo y, en su lugar, entre otros, se le reajustara el
subsidio familiar percibido de conformidad con el artículo 11 del Decreto 1794 de
2000, toda vez que constituyó unión marital con Isabel Cristina Ospina Murcia desde
el 22 de septiembre de 2009, según consta en la escritura pública 476 del 22 de
septiembre del 2014 de la Notaría Segunda de Sevilla Valle.

iv) Mediante sentencia proferida el 28 de abril de 2023 por el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito Judicial de Girardot, se negaron las pretensiones de la
demanda. Decisión contra la cual el demandante interpuso recurso de apelación.

v) El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, a
través de sentencia del 19 de enero de 2023 confirmó la resuelto por el a quo al
considerar, en lo que al subsidio familiar se refiere, que el derecho lo consolidó en
vigencia del Decreto 1161 de 2014 ya que el 22 de septiembre de ese año declaró
la unión marital de hecho.

vi) En relación con esa decisión, la parte demandante consideró que la corporación
judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales al incurrir en:

• defecto procedimental al proferirse una sentencia carente de congruencia entre
los argumentos de la apelación y lo resuelto;

• defecto sustantivo por indebida interpretación del artículo 11 del Decreto 1794 de
2000, la cual debe ser que «EL SOLDADO PROFESIONAL DE LAS FUERZAS
MILITARES, QUE TENGA UNA UNIÓN MARITAL DE HECHO VIGENTE (DE VIGĒRE
'TENER VIGOR' ES DECIR QUE ESTÉ EN VIGOR), pese a no estar declarada por ser de
hecho, ENTRE LAS FECHAS DEL 1° DE ENERO DE 2001 HASTA EL 23 DE JUNIO DE
2014, TIENE “DERECHO AL RECONOCIMIENTO MENSUAL DE UN SUBSIDIO
FAMILIAR EQUIVALENTE AL CUATRO POR CIENTO (4%) DE SU SALARIO BÁSICO
MENSUAL MÁS LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD» (sic)

• violación directa de la Constitución Política por trato discriminatorio respecto de

2 Por el cual se establece el régimen salarial y prestacional para el personal de soldados
profesionales de las Fuerzas Militares

2

Radicado: 11001-03-15-000-2023-03937-01
Demandante: Hermes Julián Bermúdez Cárdenas

aquellos casos en los que se ha accedido al reconocimiento de tal prestación a
miembros de las FFMM que se encuentran en similar condición a la suya.

1.1.2. Pretensiones

Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó lo siguiente:

«[…] 4.1. Como consecuencia de las anteriores declaraciones, le ruego
encarecidamente al Honorable Despacho, que proceda a dejar, PARCIALMENTE
(únicamente lo relacionado con el subsidio de familia) sin efectos, SENTENCIA DE
SEGUNDA INSTANCIA proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN “D” Bogotá, D. C., diecinueve
(19) de enero de dos mil veintitrés (2023) MAGISTRADO PONENTE: Dr. CERVELEÓN
PADILLA LINARES PROCESO No.: 25307-33-33-001-2020-00151- 01. DEMANDANTE:
HERMES JULIÁN BERMÚDEZ CÁRDENAS. DEMANDADA: NACIÓN – MINISTERIO
DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL. CONTROVERSIA: REAJUSTE
SALARIAL DEL 20%; RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LA PRIMA DE ACTIVIDAD; Y
REAJUSTE DEL SUBSIDIO FAMILIAR CONFORME AL DECRETO 1794 DE 2000. A.
PRETENSIÓN PRINCIPAL:

4.2. Así mismo le ruego al Honorable Despacho que ordene al Honorable TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO proferir nueva sentencia en la cual resuelva la totalidad de los cargos
presentados en el recurso de apelación con relación al tema de subsidio de familia, para
de esa forma corregir la falta de congruencia de la sentencia del Honorable Tribunal
Administrativo. B. PRETENSIONES SUBSIDIARIAS:

4.3. En caso de no accederse a las anteriores pretensiones, le ruego al Honorable
Despacho que ordene al Honorable TRIBUNAL ADMINISTRATIVO proferir nueva
sentencia en la cual se ordene declare la nulidad del acto administrativo demandado y
se ordene el restablecimiento del derecho con relación al tema de subsidio de familia.

4.4. Así mismo le ruego al Honorable Despacho que ordene al Honorable TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO proferir nueva sentencia en la cual se ordene declare la nulidad del
acto administrativo demandado y se ordene el restablecimiento del derecho con relación
al tema de subsidio de familia.

4.5. Así mismo le ruego Honorable Despacho que ordene al Honorable TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO que en la nueva sentencia se abstenga de aplicar la prescripción del
derecho, como quiera que “existía un impedimento legal que no permitía exigir el
reconocimiento” y “el derecho a devengarlos surgió a partir de los efectos ex tunc de la
sentencia que declaró la nulidad” del decreto 3770 de 2009. Esto con la finalidad de
evitar otro posible yerro del Honorable Tribunal y que el demandante se vea en la penosa
labor de interponer una nueva acción de tutela. […]» (sic)

1.2. Informes rendidos en el proceso

1.2.1. El Ministerio de Defensa Nacional3 solicitó que se declare la improcedencia
de la tutela en tanto no se superaron los requisitos necesarios para que se habilite
un pronunciamiento de fondo, pues, «el actor no realizó un estudio de los requisitos

3 Ver índice 15 de SAMAI en el expediente 11001031500020230393700. Archivo denominado «

RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_HERMESJULIANBERMUD(.pdf) NroActua
15»

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Demandante: Hermes Julián Bermúdez Cárdenas

específicos de procedencia ni tampoco acredita la presunta vulneración del derecho
fundamental».

1.2.2. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Girardot y el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D,
guardaron silencio.

1.3 Sentencia de primera instancia4

El Consejo de Estado, Sección Cuarta, mediante sentencia del 31 de agosto de
2023 declaró improcedente la solicitud de tutela al considerar que no supera el
requisito de la relevancia constitucional, en tanto lo pretendido fue lograr una
instancia adicional respecto del «debate litigioso relacionado con la con la aplicación a
su caso del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 que fue propuesta en el proceso ordinario
y resuelta con argumentos suficientes por el juez especializado de la causa en dos
instancias» (sic).

1.4. Escrito de impugnación5

La parte demandante impugnó la decisión del a quo al considerarla incongruente,
por la falta de resolución de la totalidad de los cargos propuestos en el escrito de
tutela, específicamente, lo que a la violación directa de la Constitución Política se
refiere, el cual deja ver la relevancia constitucional del asunto al tratarse de una
decisión judicial contraria a lo ya resuelto por otras subsecciones del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, en asuntos de contornos
similares.

2. Consideraciones

En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración
en el siguiente orden: i) competencia para decidir, ii) procedencia de la tutela contra
providencia judicial, iii) problema jurídico y iv) análisis de la Sala.

2.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1382 de 20006 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 20197, esta Sala es
competente para conocer la presente impugnación contra la sentencia de tutela
proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta.

4 Ver índice 18 de SAMAI expediente 11001031500020230393700. Archivo de denominado «
SENTENCIA(.pdf) NroActua 18»
5 Ver índice 35 de SAMAI expediente 11001031500020230393700. Archivo de denominado

«44_MemorialWeb_Recurso(.pdf) NroActua 35»
6 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.
7 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.

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Demandante: Hermes Julián Bermúdez Cárdenas

2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo del
Consejo de Estado8 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas
que en su interior se habían desarrollado sobre el tema.9 Al respecto señaló lo
siguiente:

«[…] de lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional,
de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita,
como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se
esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. […]»
(Se resalta).

Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena,10 adoptó los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para
establecer la procedencia de la tutela como mecanismo residual y excepcional para
la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86
Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta solicitud se puede presentar
además contra decisiones de las altas cortes que desconozcan derechos
fundamentales.

Ahora bien, la Corte Constitucional11 ha señalado que la solicitud de amparo debe
cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante en la constitución; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se haya
presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez; y
iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado
los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se

8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-

01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
9 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
10 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
11 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y

C-590 de 2005.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-03937-01
Demandante: Hermes Julián Bermúdez Cárdenas

cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar
improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos,12 el
juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad
de la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno
de los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto
sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales.13

Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad
que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el
debate que se había planteado en la instancia correspondiente.

2.3. Problema jurídico

La Sala deberá definir si: ¿la solicitud de tutela cumple el requisito de procedencia
general de la subsidiariedad, toda vez que actualmente se encuentra en curso un
recurso extraordinario de revisión contra la decisión que hoy se cuestiona?

2.4. Análisis de la Sala

2.4.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva – De la subsidiariedad

El artículo 86 constitucional señala que: «[…] Esta acción solo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]». A su vez, el artículo 6
del Decreto 2591 de 1991 dispone las causales de improcedencia de la solicitud de
amparo:

«[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia
de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante. […]»

Como se observa, la solicitud de tutela es de carácter subsidiario y así lo ha definido
la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia14, es decir, no es un mecanismo
de defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o medios ordinarios
previstos por el legislador para el amparo de un derecho y tampoco constituye un
último y único medio judicial para alegar la amenaza o vulneración de un derecho,
pues es la tutela el mecanismo preferente de protección de los derechos

12 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
13 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
14 Ver, entre muchas otras, las sentencias: T-1140 de 2004, T-1093 de 2004, T-514 de 2003 y T-

1121 de 2003.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-03937-01
Demandante: Hermes Julián Bermúdez Cárdenas

fundamentales, cuyo ejercicio conduce a la obtención de un amparo efectivo e
inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen o vulneren.

Ahora bien, en cuanto a las solicitudes de tutela presentadas para controvertir autos
interlocutorios que no ponen fin al proceso, la Corte Constitucional en sentencia T-
511 de 2020, sostuvo que el estudio de procedencia debe ser más estricto:

«[…] En este sentido, el análisis de procedencia de la acción de tutela en contra de autos
interlocutorios es estricto, puesto que: i) no se trata de decisiones definitivas; ii) la
persona tiene a su disposición distintos recursos jurídicos para controvertir el auto, en el
marco del proceso judicial en el cual fue emitido y, además, iii) tiene la posibilidad de
recurrir la decisión final[69]. Tal criterio restrictivo encuentra su justificación en que la
acción de tutela no puede ser utilizada por el accionante para “controvertir una decisión
adversa a [los] intereses”[70], en el marco de un proceso judicial en el cual “no se ha
proferido ningún fallo definitivo” y en el que, por tanto, la parte interesada tiene a su
disposición “otros mecanismos de defensa judicial”[71]. También, esta Corte ha concluido
que la acción de tutela no procede en contra de autos interlocutorios cuando el
accionante: i) “no ha hecho uso de todos los mecanismos ordinarios de defensa a su
alcance (…) y, por ende, se encuentran pendientes los recursos procedentes contra la
decisión definitiva”[72]; y ii) no “dem[uestra] la existencia de un perjuicio irremediable”[73].
[…]»

En igual sentido, debe tenerse en cuenta que el auto interlocutorio censurado impida
el acceso a la administración de justicia y amenace o vulnere el derecho a la tutela
judicial efectiva de la parte demandante, sin que existan medios judiciales de
defensa en el marco del respectivo proceso judicial.

2.4.2. Caso concreto

Hermes Julián Bermúdez Cárdenas acudió al juez de tutela con el fin de que, en
amparo de sus derechos fundamentales, se dejara sin efecto la sentencia proferida
el 19 de enero de 2023 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección D, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho que promovió contra el Ejército Nacional, con el fin de lograr, entre otras,
el reajuste del subsidio familiar que percibe en los términos del artículo 11 del
Decreto 1794 de 2000, como soldado profesional.

El ad quem resolvió declarar la improcedencia de la solicitud de tutela por no superar
el requisito de la relevancia constitucional, al considerar que lo pretendido fue insistir
en un debate litigioso que ya fue definido por el juez natural.

Según se alegó en el escrito de impugnación impetrado contra la anterior decisión,
la sentencia de tutela debía revocarse por carecer de congruencia, en tanto el cargo
de amparo relacionado con la violación directa de la Constitución Política no fue
resuelto.

En este punto, la Sala recuerda que dicho argumento fue propuesto, en principio,
en la solicitud de adición de la sentencia de tutela que el demandante presentara,
la cual fue negada mediante auto del 11 de octubre de 2023, pues, «el actor apuntó

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Demandante: Hermes Julián Bermúdez Cárdenas

a que “se adicionara” la sentencia en el sentido de efectuar las declaraciones que solicitó
en las pretensiones de la demanda, mismas que no fueron prósperas dado que en la
sentencia de 31 de agosto de 2023 se declaró la improcedencia de la solicitud de amparo,
lo que implicó que los argumentos que soportaban dichas pretensiones no fueron
estudiados de fondo».

Sin perjuicio de lo ya resuelto por el a quo, la Sala también considera que no existe
la incongruencia alegada por el impugnante, pues al declararse la improcedencia
general de la solicitud de amparo por no satisfacer el requisito de la relevancia
constitucional, la consecuencia jurídica lógica era que no se decidiera de fondo
ninguno de los reparos formulados, como en efecto ocurrió.

Situación distinta es, que el demandante al impugnar la sentencia de tutela de
primera instancia, como clara manifestación de su derecho a la doble instancia,
insista en los argumentos traídos para evidenciar la presunta vulneración de sus
derechos fundamentales con ocasión de la sentencia proferida el 19 de enero de
2023 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D.

Una vez establecidas las actuaciones relevantes en el presente asunto, es
pertinente precisar que, aun cuando la parte actora adecuó el reclamo formulado a
las vías de hecho establecidas en la jurisprudencia para cuestionar providencias
judiciales a través de la solicitud de tutela, esta Sala de decisión evidencia que la
inconformidad manifestada gira en torno a la incongruencia de la decisión judicial
proferida por el juez de segunda instancia, especialmente, en cuanto a que no se
atendieron los argumentos expuestos en el escrito de demanda y de apelación
relacionados con el derecho que tiene, a su parecer, al reconocimiento del subsidio
familiar con fundamento en el Decreto 1794 de 2000, en condiciones de igualdad
respecto a diferentes asuntos en los que este ha sido reconocido a otros miembros
de las FFMM que se encuentran en similares condiciones.

Asimismo, alegó el demandante que se incurrió en defecto sustantivo por indebida
interpretación del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, la cual debe ser que «EL
SOLDADO PROFESIONAL DE LAS FUERZAS MILITARES, QUE TENGA UNA UNIÓN
MARITAL DE HECHO VIGENTE (DE VIGĒRE 'TENER VIGOR' ES DECIR QUE ESTÉ EN
VIGOR), pese a no estar declarada por ser de hecho, ENTRE LAS FECHAS DEL 1° DE
ENERO DE 2001 HASTA EL 23 DE JUNIO DE 2014, TIENE “DERECHO AL
RECONOCIMIENTO MENSUAL DE UN SUBSIDIO FAMILIAR EQUIVALENTE AL
CUATRO POR CIENTO (4%) DE SU SALARIO BÁSICO MENSUAL MÁS LA PRIMA DE
ANTIGÜEDAD» (sic)

En aras de establecer si la controversia constitucional traída por Hermes Julián
Bermúdez Cárdenas supera los requisitos generales de procedencia de la solicitud
de tutela contra providencia judicial, llama la atención de la Sala el argumento de
que «contra la sentencia se presentó el RECURSO EXTRAORDINARIO DE UNIFICACIÓN
DE JURISPRUDENCIA DE LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA, pero en lo
relacionado con las pretensiones del reconocimiento de la diferencia salarial del 20%»

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Demandante: Hermes Julián Bermúdez Cárdenas

Dicho ello, una vez revisado el sistema de información de la jurisdicción
contenciosa-administrativa SAMAI, pese a no ubicarse el recurso aludido, se
encontró que el 13 de julio de 2023 (antes que la presentación de la solicitud de
amparo lo cual ocurrió el 27 de julio de 2023) el demandante instauró recurso
extraordinario de revisión15 contra la sentencia que hoy se acusa, cuyo conocimiento
correspondió al consejero Jorge Edison Portocarrero Banguera, con el radicado
11001032500020230033200.

Asimismo, se logró verificar la similitud de los argumentos expuestos ante el juez
contencioso-administrativo y el de tutela, esto es, la falta de congruencia entre lo
pedido y lo resuelto, de cara a la indebida interpretación del artículo 11 del Decreto
1794 de 2000 y el derecho a la igualdad, en lo que al reajuste del subsidio familiar
en favor de soldados profesionales se refiere.

De acuerdo con los supuestos fácticos enunciados, se recuerda que el
ordenamiento jurídico aplicable no permite el paralelismo o concurrencia de formas,
por lo cual no le está permitido al demandante acudir a uno u otro mecanismo de
manera indistinta y concurrente, según su voluntad, a la espera de lograr una
decisión favorable a sus pretensiones sea en uno u otro mecanismo.

A juicio de la Sala, la solicitud de tutela presentada por Hermes Julián Bermúdez
Cárdenas no satisface el requisito de la subsidiariedad, en razón a que actualmente
se encuentra en trámite el recurso extraordinario de revisión que interpuso con
idéntica finalidad y sustento fáctico y normativo, a los traídos ante el juez de tutela;
dicho ello, la consecuencia jurídica no es otra que abstenerse de decidir de fondo
respecto de los argumentos propuestos, lo cual, en principio, debe ser objeto de
decisión por parte del juez de lo contencioso-administrativo.

En este orden de ideas, la Sala confirmará la decisión del a quo de declarar
improcedente la solicitud de tutela, pero por no superar el requisito de la
subsidiariedad, presentada por Hermes Julián Bermúdez Cárdenas en contra del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confírmese la sentencia proferida el 31 de agosto de 2023 por el Consejo
de Estado, Sección Cuarta, mediante el cual declaró improcedente la solicitud de
tutela presentada por Hermes Julián Bermúdez Cárdenas en contra del Tribunal

15 Artículo 248 y 250 de la Ley 1437 de 2011

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-03937-01
Demandante: Hermes Julián Bermúdez Cárdenas

Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, de conformidad
con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero. Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

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