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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03969-00

Fecha
31 de agosto de 2023
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernández

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03969-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO.- NEGAR el amparo solicitado mediante la acción de tutela instaurada por la señora María María en contra del Consejo Superior de la Judicatura, la Nación - Fiscalía General de la Nación y el Juzgado Dieciséis Penal Municipal de Control de Garantías de Bogotá, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO.- De no ser impugnada esta sentencia, ENVÍESE a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-03969-00

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernández

31 de agosto de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D. C. treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintitrés (2023).

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03969-00
Accionante: MARÍA MARÍA1
Accionado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS

Tema: Tutela por presunta vulneración de los derechos
fundamentales al habeas data, trabajo, honra, buen
nombre, no discriminación, reputación, privacidad,
seguridad e integridad personal, honor, dignidad e
intimidad personal / supresión de la información
consignada en la página web de Consulta de Procesos
Nacional Unificada de la Rama Judicial / finalidad del
registro de actuaciones judiciales

Sentencia de primera instancia

La Sala de Subsección decide la acción de tutela instaurada por la
señora María María, quien actúa en nombre propio, en contra del
Consejo Superior de la Judicatura, de la Fiscalía General de la Nación y
del Juzgado Dieciséis Penal Municipal de Control de Garantías de Bogotá
por la presunta vulneración de derechos fundamentales.

1 En atención a que el asunto de la referencia involucra temas sensibles relacionados con la intimidad de una persona,

este despacho asignará el seudónimo solicitado con el fin de proteger la identidad de la parte accionante.

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I. ANTECEDENTES

La solicitud de protección de los derechos fundamentales al habeas
data, trabajo, honra, buen nombre, no discriminación, reputación,
privacidad, seguridad e integridad personal, honor, dignidad e
intimidad personal se fundamenta en los siguientes:

1. HECHOS

La parte accionante relata que, en ejercicio de sus funciones como
suplente de gerente de la empresa Constructora Las Galias, solicitó la
apertura de un producto financiero con el Banco Davivienda, el cual le
respondió que debía previamente informar lo relacionado con el proceso
penal radicado núm. 11001-60-00-023-2011-00791-00 que cursa en el
Juzgado Dieciséis Penal Municipal de Control de Garantías de Bogotá
por un presunto delito de lavado de activos.

En consecuencia, presentó petición dirigida a la Fiscalía General de la
Nación con el fin de obtener información y recibió respuesta en la cual
se le indica que «dicha diligencia se encontraba archivada, y al revisar
el expediente se encuentra que en su momento fue un tema
concerniente a que una banda de atracadores quería ingresar a mi
apartamento a hurtar mis pertenencias, en una presunta complicidad
de mi empleada de servicios domésticos, de ese momento, en
compañía de un presunto Fiscal corrupto, a través de distintas
artimañas, como se observa en la denuncia penal que presenté […]».

2. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

La parte accionante alega que no hay razón para que se permita el
acceso público, masivo, ilimitado y permanente a la información

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registrada en las bases de datos de la Rama Judicial y que por medio
de ella se dé a entender al público en general que estuvo vinculada
dentro de un proceso penal por un presunto lavado de activos, cuando
no existió ni siquiera investigación alguna.

Sostiene que las herramientas Consulta de Procesos Nacional Unificada,
Siglo XIX y SPOA permiten el acceso libre a cualquier persona, de
manera práctica y sencilla, mediante recursos elementales de búsqueda
con solo digitalizar el nombre del accionante desde cualquier lugar del
mundo, debilitando claramente el carácter individual que tienen sus
datos personales y permitiendo que dichos datos sean utilizados por
terceros para propósitos ilegítimos que irremediablemente derivan en
una afectación objetiva en los derechos al trabajo, habeas data,
igualdad, dignidad, al buen nombre e intimidad, ya que materialmente
se le está imponiendo una condena al sacarla del mercado laboral y
financiero.

3. PRETENSIONES

La parte accionante solicita lo siguiente:

« 1. Respetuosamente solicitó al Juez Constitucional competente se sirva tutelar los
derechos fundamentales derecho (sic) al trabajo, habeas data, derecho a la honra,
buen nombre, no discriminación, reputación, privacidad, seguridad e integridad
personal, honor, dignidad e intimidad personal.

2. En consecuencia, con la anterior declaración se sirva ORDENAR al Consejo
Superior de la Judicatura, Fiscalía General de la Nación, Juzgado 16 Penal
Municipal de Control de Garantías de Bogotá D.C. ocultar la información de la
diligencia judicial y todo lo concerniente a la acción penal iniciada por la Fiscalía
que aparece con acceso público en los diferentes motores de búsqueda y
directamente en las páginas oficiales, como se narra en los siguientes hechos». (sic
en toda la cita)

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4. INFORMES

Mediante auto del 27 de julio de 2023 el despacho sustanciador admitió
la acción de tutela de la referencia y ordenó notificar al Consejo
Superior de la Judicatura, a la Nación - Fiscalía General de la Nación y
al Juzgado Dieciséis Penal Municipal de Control de Garantías de Bogotá
como accionados.

Asimismo, ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado para que, de considerarlo necesario, interviniera en el
presente asunto.

4.1. El Centro de Documentación Judicial del Consejo Superior
de la Judicatura – CENDOJ comunicó que funge como administrador
funcional del portal web www.ramajudicial.gov.co de la Rama Judicial
y tiene la responsabilidad de garantizar el espacio para la publicación
de la información administrativa y judicial producida por las diferentes
dependencias de la Rama Judicial, de conformidad con el Acuerdo
PSAA11- 9109 de 2011.

En ese sentido, indicó que la información publicada en la Consulta de
Procesos Nacional Unificada - CPNU es un reflejo de lo incluido
directamente por los despachos y corporaciones judiciales, para el caso
que refiere la accionante, relacionada con el radicado: 11001-60-00-
023-2011-00791-00, obedece al registro realizado directamente por el
Juzgado Dieciséis Penal Municipal con Función de Control de Garantías
de Bogotá, el cual tiene como finalidad dar publicidad y facilitar la
consulta de los usuarios de la administración de justicia.

Sin embargo, expuso que de ninguna manera constituye antecedentes
penales y/o disciplinarios, pues conforme el artículo 248 de la

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Constitución Política, únicamente las condenas proferidas en sentencias
judiciales en forma definitiva tienen la calidad de antecedentes penales
y contravencionales en todos los órdenes legales.

En atención a ello, solicitó su desvinculación de la causa en la medida
que no ha vulnerado los derechos fundamentales invocados por el
accionante, toda vez que no adelantó el proceso judicial ni realizó el
registro de las actuaciones procesales en el sistema, que como ya se
indicó es competencia exclusiva de los despachos judiciales.

4.2. El Juzgado Dieciséis Penal Municipal con Función de Control
de Garantías de Bogotá, a través de su titular, señaló que quien está
llamado a satisfacer las pretensiones del accionante es la Fiscalía
General de la Nación, la Unidad de Informática de la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial y Centro de Servicios Judiciales del Sistema
Penal Acusatorio, encargados de manejar las respectivas bases de
datos de las distintas actuaciones penales.

En consecuencia, aportó copia de la remisión de la petición contenida
en la presente acción al Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal
Acusatorio y pidió que se le desvincule de la causa.

4.3. Pese a haber sido notificadas en debida forma, las demás partes
guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES
1. COMPETENCIA

Corresponde a esta Sala de Subsección conocer la presente acción de
tutela, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto
2591 de 1991, en concordancia con el Decreto 333 de 2021.

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2. PROBLEMA JURÍDICO

De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el
problema jurídico se circunscribe a determinar si el Consejo Superior
de la Judicatura, la Nación - Fiscalía General de la Nación y el Juzgado
Dieciséis Penal Municipal de Control de Garantías de Bogotá incurrieron
en una vulneración de los derechos fundamentales al habeas data,
trabajo, honra, buen nombre, no discriminación, reputación,
privacidad, seguridad e integridad personal, honor, dignidad e
intimidad personal de la parte accionante.

3. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto 2591 de
1991, reglamentario del artículo 86 de la Constitución Política, «toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario,
por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata
de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala
este decreto».

Este mecanismo fue concebido por el constituyente para la protección
inmediata, oportuna y adecuada, ante situaciones de amenaza o
vulneración, de los derechos fundamentales, por la acción u omisión de
las autoridades públicas. La acción, sin embargo, es subsidiaria a otras
herramientas judiciales que permitan proteger los derechos
fundamentales del tutelante, salvo que se interponga como mecanismo
transitorio para evitar la configuración de un perjuicio irremediable.

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3.1. DEL DERECHO AL HABEAS DATA

El derecho fundamental al habeas data se encuentra consignado en el
artículo 15 de la Constitución Política que dispone que las personas
tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que
se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de
entidades públicas y privadas2.

Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado3:

«El contenido del habeas data se manifiesta por tres facultades concretas (…): a)
El derecho a conocer las informaciones que a [las personas] se refieren; b) El
derecho a actualizar tales informaciones, es decir, a ponerlas al día, agregándoles
los hechos nuevos; c) El derecho a rectificar las informaciones que no
correspondan a la verdad.

Para que exista una vulneración del derecho al habeas data, la información
contenida en el archivo debe haber sido recogida de manera ilegal, sin el
consentimiento del titular del dato (i), ser errónea (ii) o recaer sobre aspectos
íntimos de la vida de su titular no susceptibles de ser conocidos públicamente (iii).

El derecho al habeas data es, entonces, un derecho claramente diferenciado del
derecho a la intimidad, cuyo núcleo esencial está integrado por el derecho a la
autodeterminación informativa que implica, como lo reconoce el artículo 15 de la
Carta Fundamental, la facultad que tienen todas las personas de “conocer,
actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en
bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas”».

Asimismo, la Corte Constitucional ha definido el derecho al hábeas data
como la facultad que tiene el titular de información personal de exigir
a las administradoras de bases de datos el acceso, la inclusión, la

2 Ver al respecto las Sentencias del Consejo de Estado del 22 de marzo de 2018. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.

Rad. 25000-23-37-000-2017-01765-01, 4 de abril de 2017. M.P. César Palomino Cortés. Rad. 05001-23-33-000-2017-
00160-01, del 18 de octubre de 2018. M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto. Rad. 13001-23-33-000-2018-00226-01, del
3 de octubre de 2019. M.P. Hernando Sánchez Sánchez. Rad. 17001-23-33-000-2019-00384-01, del 16 de agosto de
2017. M.P. César Palomino Cortés. Rad. 25000-23-36-000-2017-01067-01 en relación con el derecho al habeas data.
3 Sentencia SU-082 de 1995.

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exclusión, la corrección, la adición, la actualización, la certificación de
la información y la posibilidad de limitar su divulgación, publicación o
cesión4.

4. CASO CONCRETO

En el presente asunto se decide la acción de tutela instaurada por la
señora María María en contra del Consejo Superior de la Judicatura, la
Nación - Fiscalía General de la Nación y el Juzgado Dieciséis Penal
Municipal de Control de Garantías de Bogotá por la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales al habeas data, trabajo,
honra, buen nombre, no discriminación, reputación, privacidad,
seguridad e integridad personal, honor, dignidad e intimidad personal.

La accionante alega que la visibilidad del proceso radicado número
11001-60-00-023-2011-00791-00 en los motores de búsqueda de las
páginas web de la Rama Judicial y de la Fiscalía General de la Nación
«afectan materialmente» sus prerrogativas constitucionales, pues se
trata de un asunto penal que, pese a estar inactivo, aún puede ser
consultado por entidades financieras, situación que le impide el
desarrollo adecuado de su actividad laboral.

Al respecto, de conformidad con las pruebas obrantes en el expediente,
se advierte que la accionante presentó las siguientes peticiones:

 El 6 de julio de 2023, le solicitó información al Juzgado Dieciséis
Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá
sobre el estado del proceso penal, autoridad que le indicó:

4 Sentencia T-729 de 2002.

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«En atención a su requerimiento por medio del cual solicitó se remita copia
íntegra de todos los documentos relacionados en el proceso
11001600002320110079100, me permito informarle que, consultada la
página web de la Rama Judicial- consulta procesos se pudo advertir que,
este despacho solo realizó una audiencia de legalización orden de registro
y allanamiento el 16 de febrero de 2011.

Que conforme a la competencia de este despacho con función de control de
garantías no se almacenan ni custodian los procesos si no que las carpetas
son remitidas al Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal
Acusatorio donde se guardan, digitalizan y custodian, una vez se termine
la audiencia, lo que para este caso ocurrió el 16 de febrero de 2011, esta
autoridad judicial no cuenta con el acta de audiencia, pues estas por la fecha
(2011) se encuentran en el archivo central.

En la carpeta del proceso 11001600002320110079100, debe figurar el acta
de audiencia, la cual deberá ser proporcionada por el Centro de Servicios
del Sistema Penal Acusatorio, ente encargado de digitalizar y custodiar las
carpetas; respecto de los demás documentos del proceso, estos deben ser
solicitados a la fiscalía radicada que tiene el caso.

[…]».

 De igual modo, en la misma fecha precitada pidió a la Fiscalía
General de la Nación que le entregara «copia íntegra de todos los
documentos relacionados con el proceso e investigación con
radicado 11001600002320110079100», frente a lo cual la
entidad adjuntó lo requerido y respondió que la diligencia se
encontraba archivada.

Ahora bien, al resolver asuntos similares5, esta corporación ha
establecido que los registros que reposan en la página de consulta de
procesos de la Rama Judicial no constituyen antecedentes de ningún
tipo en contra de quien figura como parte demandada en un proceso,
toda vez que dicha función corresponde a la Policía Nacional, entidad

5 Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A. Sentencia del 20 de noviembre de 2020. Radicación: 66001-

23-33-000-2020-00420-01. Accionante: Gustavo Alberto Álvarez Zuluaga.

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que a través de su página web, expide el respectivo certificado de
antecedentes, con diferentes enunciados, dependiendo la situación
jurídica actual del implicado.

En efecto, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura
profirió el Acuerdo núm. 560 de 1999 que en su artículo 3.º asignó al
CENDOJ, entre otras, las siguientes funciones relacionadas con la
información de gestión procesal que aparece en el portal web de la
Rama Judicial:

«[…]

• Diseñar, desarrollar, poner y mantener en funcionamiento un sistema de
información que permita el acceso de los servidores judiciales, al conocimiento de
las fuentes formales del derecho, tanto nacional como internacional.
-Organizar y poner a disposición, como fuente de consulta permanente, de los
servidores judiciales la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la Corte
Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura,
la doctrina de los tribunales, los conceptos y decisiones de la Sala Administrativa
del Consejo Superior de la Judicatura y la legislación nacional e internacional.
-Organizar el funcionamiento coordinado de todas las oficinas de relatoría de las
Corporaciones judiciales y tribunales».

Del mismo modo, a través del Acuerdo PSAA11-9109 de 2011, el
Consejo Superior de la Judicatura asignó como administrador principal
del referido portal web al CENDOJ, con el fin de que:

«[…] el portal Web de la Rama Judicial se encuentre permanentemente actualizado
al público y a los usuarios en general con base en la información que publican los
diferentes Corporaciones, Directores de Unidad de la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura, Director Ejecutivo de Administración Judicial,
Presidentes de los Consejos Seccionales de la Judicatura, y los Directores
Seccionales de Administración Judicial, Oficinas y despachos, por lo tanto se hace
necesario reglamentar y asignar los responsables del manejo y administración por
parte de cada despacho o Corporación que conforman la Rama Judicial».

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En consecuencia, el CENDOJ tiene como función publicar en el sistema
de información de procesos judiciales a través de la página web de la
Rama Judicial - Consulta de Procesos Nacional Unificada todos los datos
que son incluidos por los diferentes despachos y corporaciones
judiciales del país a través del aplicativo Justicia XXI, que es un sistema
de información de gestión de procesos y manejo documental6.

Asimismo, en relación con el ocultamiento y/o modificación de la
información contenida en la Consulta de Procesos Nacional Unificada de
la Rama Judicial, el Acuerdo 1591 de 2002, proferido por la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, dispone la entidad
encargada de indicar el procedimiento técnico es la Unidad de
Informática de la DEAJ, pues funge como administradora del Sistema
de Información de Procesos Justicia XXI.

Al respecto, cita la norma:

«ARTICULO PRIMERO.- Adoptar el Sistema de Información de Gestión de
Procesos y Manejo Documental (Justicia XXI), para la Corte Constitucional, la
Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, los tribunales administrativos,
los tribunales superiores y los juzgados, el cual será suministrado e implementado
por la Unidad de Informática de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
responsable de su mantenimiento técnico y actualizaciones, las cuales requerirán
de la previa autorización de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura».

En cumplimiento de lo anterior, la Unidad de Informática delimitó un
procedimiento para la ocultación de información en la consulta web7
que, posterior a la solicitud del interesado, consta de los siguientes
pasos:

6 Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A. Sentencia del 20 de noviembre de 2020. Radicación: 66001-

23-33-000-2020-00420-01. Accionante: Gustavo Alberto Álvarez Zuluaga.
7 Este procedimiento fue aportado al expediente de la referencia mediante un documento que contiene el Oficio

DEAJIF14-1648 de 10 de octubre de 2014, suscrito por el director de la Unidad de Informática de la DEAJ.

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«Procedimiento:
1° Crear por definiciones, en Básicas, en la tabla de Tipos de Sujeto el código 9999
con descripción 'NO VER PROCESOS POR LA CONSULTA WEB'.
2° Ingresar al registro de actuaciones y buscar el procesos o los procesos donde se
encuentre el sujeto a modificar y que aparezca como demandado.
3° Luego de encontrar los procesos ir, en cada proceso, a la carpeta de sujetos y
seleccionar el sujeto a modificar.
4° Modifique el tipo de sujeto 0002 por 9999.
5° Guarde los cambios
6° Consulte por la WEB, por la consulta de procesos, por la parte de Juzgados de
Ejecución de Penas por número de la cédula. Si se realizó el cambio no aparecen
los procesos».

Ahora bien, dado que los registros procesales que aparecen en la
Consulta de Procesos Nacional Unificada de la Rama Judicial no
constituyen antecedentes penales o judiciales de manera que pueda
aplicar sobre ellos la protección del derecho fundamental al habeas
data, el Consejo Superior de la Judicatura ha delimitado un
procedimiento para la anonimización de la información acorde con lo
dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, solicitud
que está en cabeza del interesado.

Frente a ello, no se observa dentro de las solicitudes aportadas por la
parte accionante que haya pedido la eliminación de los registros de la
Consulta de Procesos Nacional Unificada ante los despachos en los que
se surtieron los respectivos procesos penales que figuran en la base de
datos de la Rama Judicial, particularmente en la Fiscalía General de la
Nación o la fiscalía delegada ante la cual se adelantó el asunto, pues es
esa entidad, posterior a la petición de la parte que requiere que se
oculte la información, la encargada de solicitar ante el CENDOJ y la
Unidad de Informática de la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial cualquier clase de actualización o modificación del respectivo
registro.

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En este orden de ideas, no es posible que el juez constitucional acceda
a la pretensión de suprimir o eliminar de la Consulta de Procesos
Nacional Unificada la información concerniente a un proceso penal,
pues estas bases de datos tienen por objeto permitir el acceso a los
usuarios de la administración de justicia a las actuaciones y decisiones
que se adopten en los diversos expedientes judiciales y no tiene el
carácter de antecedente judicial o penal.

Sobre ello, esta Sala de Sección8 ha determinado que:

«[…] no es dable entender quebrantado al derecho constitucional fundamental de
hábeas data cuando el registro es propio de las «especiales funciones que en
materia penal cumple la administración de esta información personal, así como sus
usos legítimos en materia de inteligencia, ejecución de la ley y control migratorio»,
o que sea necesario conservar el histórico de los procesos dentro de la rama
judicial, por lo que «En estos casos, la finalidad […] es constitucional y su uso
[…] está protegido además por el propio régimen del hábeas data»”9.

Señalado lo anterior, no se advierte una vulneración de derechos
fundamentales, toda vez que la parte accionante no ha solicitado la
anonimización de la información contenida en las bases de datos de la
Consulta de Procesos Nacional Unificada de la Rama Judicial. Por ello,
esta Sala de Subsección negará el amparo pretendido mediante la
acción de tutela instaurada por la señora María María en contra del
Consejo Superior de la Judicatura, la Nación - Fiscalía General de la
Nación y el Juzgado Dieciséis Penal Municipal de Control de Garantías
de Bogotá.

En mérito de lo expuesto la Sección Segunda, Subsección A del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

8 Sentencia del 27 de agosto de 2018, M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Rad. 11001-03-15-000-2018-02251-00(AC)
9 Sentencia del 27 de agosto de 2018, M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Rad. 11001-03-15-000-2018-02251-00(AC)

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III. FALLA

PRIMERO.- NEGAR el amparo solicitado mediante la acción de tutela
instaurada por la señora María María en contra del
Consejo Superior de la Judicatura, la Nación - Fiscalía
General de la Nación y el Juzgado Dieciséis Penal
Municipal de Control de Garantías de Bogotá, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la
presente providencia.

SEGUNDO.- De no ser impugnada esta sentencia, ENVÍESE a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión
celebrada el treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintitrés (2023).

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado

www.consejodeestado.gov.co 14
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

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