Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 25000-23-37-000-2017-01765-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 25000-23-37-000-2017-01765-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 25000-23-37-000-2017-01765-01
Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio
22 de marzo de 2018
ACCIÓN DE TUTELA - Niega el amparo a los derechos a la igualdad, a la dignidad, al trabajo, al buen nombre, al habeas data y a la buena fe / ANTECEDENTES PENALES - No es posible borrarlos de la base de datos de la DIJIN así se haya declarado de extinción de la condena
No pasa inadvertido para la Sala que el demandante presenta reparos contra la decisión de la Aeronáutica Civil, consistente en acreditar un certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes, con resultado negativo, para así renovar sus licencias aeronáuticas PCA 4319 e IVA 1663, suspendidas por esa entidad a través de la Resolución 3227 del 14 de julio de 2008. (…). Se observa, entonces, que la respuesta a la petición del actor fue negativa, esto es, desfavorable a su pretensión, en cuanto advirtió que no es posible borrar antecedentes penales de la base de datos de la DIJIN, aún bajo la circunstancia de no tener asuntos pendientes con las autoridades judiciales. (…). En el asunto que ocupa a la Sala, se acreditó que el Juzgado Décimo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, mediante proveído del 27 de noviembre de 2001, declaró la extinción de la condena impuesta por el delito de infracción a la Ley 30 de 1986, entre otros, a Gustavo Silva Chaparro. Según el jefe del Grupo Consulta de Información en Base de Datos (E) de la DIJIN, la consultar el sistema operativo SIPOER a nombre del demandante, se observó el registro del antecedente tráfico, fabricación o porte de estupefacientes art. 33 (sic) Ley 30 de 1986 (…) Estado pena: Extinción de la condena. Como se observa, el demandante no tiene asuntos pendientes con la justicia, dado que la condena impuesta fue cumplida, aunque en la base de datos de la autoridad con funciones de conservación de los registros delictivos, figura el antecedente por el delito de tráfico de estupefacientes. Por tal razón, se advierte que la DIJIN se encuentra en imposibilidad legal de certificar ante la Aeronáutica Civil que el actor no tiene antecedentes por tráfico de estupefacientes, ya que una afirmación en tal sentido sería contraria a sus registros delictivos. Por lo tanto, no advierte la Sala lesión alguna de los derechos fundamentales del demandante, razón por la que el proveído de primera instancia será confirmado.
FUENTE FORMAL: DECRETO 2591 DE 1991 - ARTÍCULO 30 / DECRETO 1069 DE 2015 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 248 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL - ARTÍCULO 166 / LEY 30 DE 1986 / DECRETO 019 DE 2012 - ARTÍCULO 78 / DECRETO 019 DE 2012 - ARTÍCULO 93 / DECRETO 048 DE 2014 – ARTÍCULO 4 / LEY 30 DE 1986 - ARTÍCULO 33 / LEY 30 DE 1986 - ARTÍCULO 93
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Consejero ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Bogotá, D. C., veintidós (22) de marzo de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 25000-23-37-000-2017-01765-01(AC)
Actor: GUSTAVO SILVA CHAPARRO
Demandado: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICÍA NACIONAL
Decide la Sala la impugnación presentada por el apoderado del demandante, contra el fallo del 14 de diciembre de 2017, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, a través del cual negó el amparo solicitado en la acción de tutela de la referencia.
ANTECEDENTES
La petición de amparo
El señor Gustavo Silva Chaparro, por conducto de apoderado, instauró acción de tutela contra la Dirección de Investigación Criminal e Interpol - DIJIN, con el fin de que se protegieran sus derechos fundamentales a la igualdad, a la dignidad, al trabajo, al buen nombre, habeas data y buena fe, los cuales considera amenazados por cuanto esa dependencia no le ha expedido el certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes, que requiere para renovar sus licencias aeronáuticas.
En concreto, formuló las siguientes pretensiones:
“Primero.- Solicito que me sean amparados mis derechos fundamentales al DERECHO A LA DIGNIDAD, DERECHO A LA IGUALDAD, DERECHO AL TRABAJO, BUEN NOMBRE, HABEAS DATA Y BUENA FE, por los motivos y hechos anteriormente descritos.
Segundo.- Como consecuencia de lo anterior, se ordene a la DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL “DIJIN”, en cabeza de su director Sr. General JORGE VARGAS VALENCIA, o quien haga sus veces, para que expida el certificado de carencia de Informes de Tráfico de estupefacientes (sic) con resultado NEGATIVO, dirigido a la Unidad Administrativa Especial de la AERONÁUTICA CIVIL, como así esta dependencia lo requiere, en aras de que se le entreguen nuevamente sus licencias.”
La petición de tutela, tuvo como fundamento los siguientes:
Hechos
Refirió que es piloto de profesión y que estuvo involucrado en un proceso judicial por infracción de la Ley 30 de 1986, en el que se le condenó a una pena de 104 meses, pero en el año 1997 la Corte Suprema de Justicia le concedió la libertad por pena cumplida.
Adujo que el Juzgado Décimo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, el 27 de noviembre de 2001, declaró extinguida la condena por el delito de infracción a la Ley 30 de 1986, como también la cancelación de órdenes de captura, registros o anotaciones ante autoridades competentes.
Señaló que con posterioridad laboró, por intermedio de la empresa CAAISA, para la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional, en la erradicación de cultivos ilícitos, sin que se tuviera presente el antecedente bajo cita.
Sostuvo que mediante la Resolución 3227 del 14 de julio de 2008, la Aeronáutica Civil dispuso la suspensión de sus licencias aeronáuticas, hasta tanto la Dirección Nacional de Estupefacientes (cuyas funciones hoy día están a cargo de la DIJIN), expidiera un Certificado de Carencia de Informes por Tráfico de Estupefacientes con resultado negativo.
Afirmó que el extinto DAS, en respuesta a una petición, le indicó que no existe inconveniente para tramitar el certificado judicial, dado que la pena está extinta, y que el certificado de la Policía Nacional da cuenta de que no tiene asuntos pendientes con la justicia.
Sostuvo que la Fiscalía General de la Nación también certificó que, según la consulta de sus sistemas, al 22 de septiembre de 2016, no registra delitos.
Mencionó que la DIJIN, al pronunciarse sobre una petición para que le expidiera el certificado en mención, precisó que si bien se actualizó la base de datos respecto de la extinción de la condena, ello “no significa ser excluido del sistema por tratarse de un antecedente penal (…)”.
Agregó que, ante la negativa de la DIJIN, de expedirle el Certificado de Carencia de Informes de Tráfico de Estupefacientes con resultado negativo, presentó varias peticiones, y que la Policía Nacional siempre le contesta que no tiene asuntos pendientes con autoridades judiciales.
Adujo que la Aeronáutica Civil, al dar respuesta a su solicitud de devolución de sus licencias aeronáuticas, le manifestó que ante el hecho de que el reporte allegado por la DIJIN es positivo respecto de la existencia de informes por tráfico de estupefacientes, dicha unidad no es competente para cuestionar su validez.
Afirmó que se encuentra en un limbo dadas las circunstancias expuestas, ya que la suspensión de sus licencias acabó con su tranquilidad y la de su familia.
Sustento de la petición
Advirtió que la DIJIN lesionó su derecho a la dignidad y a la igualdad, por cuanto le negó su derecho a la resocialización.
Solicitó que se reconozcan sus derechos en los términos de un pronunciamiento del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Villavicencio (Expediente T2-2006-00025-01), en el que, en un asunto similar a su caso, consideró que la negativa de expedir el certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes, impedía al afectado su desarrollo personal y autodeterminación, e hizo referencia a la temporalidad de las penas principales y accesorias que se imponen a quien quebranta el ordenamiento jurídico.
Afirmó que, igualmente, se desconoció su derecho al habeas data, toda vez que la DIJIN, en varias respuestas a sus requerimientos, se pronunció en el sentido de indicar la inexistencia de asuntos pendientes con la justicia, no obstante, en el informe de antecedentes con destino a la Aeronáutica Civil, advirtió que es “Positivo en cuanto a la existencia de informes de tráfico de estupefacientes”.
Agregó que también se lesionó su derecho al trabajo, en la medida que la existencia del reporte en cuestión, constituye una barrera para el acceso y la conservación del empleo.
Consideró que la entidad demandada se apartó del mandato previsto en el artículo 83 de la Carta, por cuanto las dependencias del Estado presumen su mala fe, le cierran todas las puestas y lo califican como delincuente.
Trámite en primera instancia
A través de proveído del 1° de diciembre de 2017 se admitió la presente acción de tutela, y se ordenó notificar dicha decisión al director de Investigación Criminal e Interpol - DIJIN.
Contestación
El jefe del Grupo de Consulta de Información en Base de Datos (E) de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol - DIJIN expuso, en síntesis, que de acuerdo con los artículos 248 de la Constitución Política y 166 de la Ley 906 de 2004, las condenas proferidas en sentencias judiciales en forma definitiva tienen la calidad de antecedentes, por lo que la Policía Nacional no tiene facultades para cancelarlos, y estos deben permanecer en sus bases de datos para ser comunicados a las autoridades competentes.
Agregó que, de acuerdo con la tesis de la Corte Suprema de Justicia, los antecedentes no deben ser eliminados, por cuanto resultan ser información valiosa para las autoridades judiciales.
Explicó que el registro de la condena impuesta al demandante se encuentra actualizado, en cuanto da cuenta de la extinción de la condena, por lo que se genera el reporte según el cual no tiene asuntos pendientes con autoridades judiciales, como lo dispuso la Corte Constitucional en la sentencia SU-458 de 2012.
Advirtió que no es procedente emitir un informe, con destino a la Aeronáutica Civil, que resalte que el demandante no registra informes por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, cuando lo cierto es que sí tiene dichos registros.
Sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, mediante sentencia del 14 de diciembre de 2017, negó el amparo solicitado.
Consideró que, de acuerdo con los artículos 248 de la Constitución Política y 166 del Código de Procedimiento Penal, las condenas proferidas en forma definitiva tiene la condición de antecedentes penales.
Expuso que en virtud del artículo 2° del Decreto 0233 de 2012, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, tiene la función de administrar la base de datos personales de los antecedentes penales, esto es, su organización, actualización y conservación.
Mencionó que, según lo expuso la Corte Constitucional en la sentencia SU-458 de 2012, el registro de los antecedentes penales no constituye una sanción adicional o una pena en sí misma, pues se trata de una obligación constitucional de crear una base de datos que refleje el historial de conductas punibles atribuibles a una persona, por lo que la permanencia de tales antecedentes en dichos registros no constituye una pena perpetua.
Al descender al caso concreto, y luego de analizar las pruebas aportadas con el escrito de tutela, señaló que, si bien el actor en la actualidad no tiene requerimientos de las autoridades judiciales, el reporte de la DIJIN se actualizó en tal sentido, pero registra el antecedente por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
Indicó que el hecho de que el demandante haya cumplido la condena, no implica que la entidad deba desconocer la existencia de sus antecedentes judiciales que obran en la base de datos, por lo que no se advierte desconocimiento de derecho fundamental alguno.
Advirtió que la manifestación del demandante según la cual la certificación de la DIJIN, en las condiciones descritas, impide que se levante la suspensión de sus licencias aeronáuticas, no tiene respaldo probatorio, puesto que nada aparece en el expediente acerca del proceder de la Aeronáutica Civil, entidad que no fue vinculada al proceso, por lo que no es procedente un pronunciamiento al respecto.
Impugnación
Por escrito radicado oportunamente el 18 de enero de 2018, el apoderado del actor impugnó el proveído de primera instancia en los siguientes términos:
Adujo que la Aeronáutica Civil, al dar respuesta a su solicitud de devolución de sus licencias aeronáuticas, le manifestó que ante el hecho de que el reporte allegado por la DIJIN es positivo respecto de la existencia de informes por tráfico de estupefacientes, dicha unidad no es competente para cuestionar su validez, aunque consideró pertinente solicitar la actualización del informe de que se trata.
Expuso que en los términos de la sentencia SU-458 de 2012 de la Corte Constitucional, la leyenda “No tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales”, aplica tanto para quienes no registran antecedentes como para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.
Afirmó que en la respuesta a su petición no se tuvo en cuenta lo dicho anteriormente y se negó la entrega de sus licencias, lo que afecta a su entorno familiar, por cuanto su situación económica es precaria, ya que no puede trabajar en lo que estudió y sabe hacer, y además es su único medio de sustento.
Precisó que lo que pretende con la tutela no es la eliminación de sus antecedentes, aunque con ello también se afecta su derecho al habeas data, sino que, para efectos laborales, el informe que solicita la Aeronáutica Civil se expida en sentido negativo.
Explicó que quien infringió la ley, pero que corrigió su conducta, no puede ser estigmatizado de por vida como delincuente, ya que existe el derecho a la resocialización, de modo que, en su caso, por haber pagado la pena impuesta, no debe quedar vestigio de malos antecedentes.
Reiteró que la existencia del reporte en cuestión, constituye una barrera para el acceso y la conservación del empleo.
8. Trámite en segunda instancia
Por medio de auto del 15 de febrero de 2018, se ordenó poner en conocimiento del director de la Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil, la posible configuración de la causal de nulidad consagrada por el artículo 133, numeral 8º, del Código General del Proceso, para los efectos previstos en el artículo 137 Ibidem, por cuanto no se le vinculó al presente trámite en la primera instancia.
Surtida la notificación en debida forma, la entidad requerida se abstuvo de intervenir, por lo que la posible causal de nulidad se tendrá por saneada.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
La Sala es competente para conocer de la impugnación interpuesta por el demandante contra la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, en primera instancia, en atención a lo consagrado por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.
2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si hay lugar a confirmar, revocar o modificar el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, el 14 de diciembre de 2017, que negó el amparo solicitado, con base en los argumentos de la impugnación.
Para el efecto, se deberá analizar si en el presente asunto la DIJIN debe expedir el certificado de carencia de informes sobre tráfico de estupefacientes, con resultado negativo, que requiere la Aeronáutica Civil para renovar las licencias aeronáuticas del demandante.
2.1. Cuestión previa
No pasa inadvertido para la Sala que el demandante presenta reparos contra la decisión de la Aeronáutica Civil, consistente en acreditar un certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes, con resultado negativo, para así renovar sus licencias aeronáuticas PCA 4319 e IVA 1663, suspendidas por esa entidad a través de la Resolución 3227 del 14 de julio de 2008.
El demandante no aportó el documento en el que la Aeronáutica Civil hizo la exigencia en cuestión, sin embargo, dado que se trata de un requerimiento para tomar una decisión de fondo, en este caso el levantamiento de la suspensión de las licencias aeronáuticas, es posible colegir que se trata de un acto de trámite que no es pasible de control judicial.
Así mismo, otro cuestionamiento de la demanda se dirige a controvertir el sentido de la respuesta que la DIJIN dio a una petición del actor, en la que este pretendió “Que una vez sea revisada la base de datos concerniente a los Antecedentes judiciales del señor GUSTAVO SILVA CHAPARRO, estos sean EXCLUIDOS DEL SISTEMA, y proceda a enviar o remitir informe por tráfico de estupefacientes con respuesta NEGATIVA, a la Unidad Administrativa Especial de la AERONÁUTICA CIVIL, quien me la solicita para efectos del levantamiento de la suspensión de sus Licencia de vuelo (sic)”.
La respuesta de la DIJIN, mediante oficio S-2017-108243 del 21 de julio de 2017, consistió en precisar que, en efecto, se actualizó la base de datos de antecedentes penales respecto de la extinción de la condena impuesta al demandante, no obstante “Lo anterior no significa ser excluido del sistema por tratarse de un antecedente penal de acuerdo con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política y el inciso primero del artículo 166 del nuevo Código de Procedimiento Penal.”, y que la consulta en línea de los antecedentes penales de la página web de la Policía Nacional “emite como resultado la leyenda NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES (…)”
Se observa, entonces, que la respuesta a la petición del actor fue negativa, esto es, desfavorable a su pretensión, en cuanto advirtió que no es posible borrar antecedentes penales de la base de datos de la DIJIN, aún bajo la circunstancia de no tener asuntos pendientes con las autoridades judiciales.
Dicha respuesta puede tenerse como la decisión de fondo, por cuanto, en cierta medida, negó la emisión del certificado de que se trata, en el sentido que el demandante lo solicitó.
Con todo, conviene aclarar que la Corte Constitucional, en un asunto similar al que ocupa a la Sala, superó la subsidiariedad al considerar que la protección del mínimo vital, dada su urgencia, requiere de la intervención del Juez Constitucional:
“En efecto, debido a que el CCITE es un requisito para obtener la licencia de personal aeronáutico y a que la profesión del actor es la de piloto de aeronaves, su no expedición amenaza ciertamente su mínimo vital y el de su familia en la medida en que esa situación le impide ejercer su profesión y por lo tanto, obtener los recursos necesarios para llevar una vida digna. De allí que, de existir irregularidades en la decisión de no expedir el mencionado certificado, se impondría la necesidad de tomar medidas urgentes para asegurar que el actor y los que dependen económicamente de él, tuviesen acceso a los medios económicos necesarios para asegurar una subsistencia digna. Por eso, dada la urgencia y gravedad de la situación que se produciría, la presente acción de tutela resulta impostergable, lo cual lleva a estudiarla con base en las ya referidas normas sobre el CCITE que mostrarán si en el caso concreto las actuaciones administrativas se ajustaron a derecho. En esta medida, la Sala considera que debe fallar el asunto de fondo para determinar si la afectación del mínimo legal del accionante resulta de una violación de sus derechos fundamentales o si, por el contrario, es consecuencia de una limitación constitucionalmente admisible de estos.”
La Sala, acogiendo como criterio auxiliar la postura del alto Tribunal constitucional, procederá al análisis del fondo de la petición de amparo.
3. Caso concreto
Según se tiene, lo pretendido por la parte actora, ahora recurrente, es que la DIJIN expida el certificado de carencia de informes sobre tráfico de estupefacientes, con resultado negativo, para que, de esta manera, pueda renovar sus licencias de piloto ante la Aeronáutica Civil.
En primera instancia se negó el amparo, por cuanto si bien el actor cumplió su condena, ello no autoriza a la entidad demandada para emitir la certificación pretendida, ya que reporta un antecedente por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
Inconforme con dicha decisión, el demandante la impugnó, bajo el argumento según el cual no se tuvo en cuenta que cumplió la pena que en su momento se le impuso, razón por la que la negativa de la DIJIN, de expedir el certificado en cuestión, con resultado negativo, desconoce tal circunstancia y sus derechos fundamentales.
En vista de lo anterior, la Sala anticipa que confirmará el proveído impugnado, comoquiera que la pretensión del demandante, consistente en que la DIJIN expida un certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes, con resultado negativo, implica que dicha entidad oculte información de la base de datos y, por lo tanto, remita un reporte carente de veracidad, ya que el actor estuvo vinculado a un proceso por el punible en mención, por el que fue condenado a prisión, y que en la actualidad se encuentra archivado por pena cumplida.
La conclusión anterior tiene sustento en los siguientes razonamientos.
El marco normativo sobre antecedentes judiciales, data del artículo 248 Superior, según el cual “Únicamente las condenas proferidas en sentencias judiciales en forma definitiva tienen la calidad de antecedentes penales y contravencionales en todos los órdenes legales.”
Por su parte, el artículo 166 del Código de Procedimiento Penal, establece:
“ARTÍCULO 166. COMUNICACIÓN DE LA SENTENCIA. Ejecutoriada la sentencia que imponga una pena o medida de seguridad, el funcionario judicial informará de dicha decisión a la Dirección General de Prisiones, la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Procuraduría General de la Nación y demás organismos que tengan funciones de policía judicial y archivos sistematizados, en el entendido que solo en estos casos se considerará que la persona tiene antecedentes judiciales.
De igual manera se informarán las sentencias absolutorias en firme a la Fiscalía General de la Nación, con el fin de realizar la actualización de los registros existentes en las bases de datos que se lleven, respecto de las personas vinculadas en los procesos penales.” (Destacado por la Sala)
A su turno, de acuerdo con lo dispuesto por el numeral 1° del artículo 2 del Decreto 233 de 2012, la DIJIN tiene la función de “Organizar, actualizar y conservar los registros delictivos nacionales, de acuerdo con los informes, reportes o avisos que para el efecto deberán remitirle las autoridades judiciales competentes, conforme a la Constitución Política y a la ley, sobre iniciación, tramitación y terminación de procesos penales, ordenes de captura, medidas de aseguramiento, autos de detención, enjuiciamiento, revocatorias proferidas y sobre las demás determinaciones previstas en el Código de Procedimiento Penal.” (Destacado por la Sala)
Como resultado del anterior análisis, se colige que las condenas debidamente ejecutoriadas tienen la condición de antecedentes penales, y las autoridades judiciales que las profieren tienen la obligación de informar tal circunstancia a los organismos con funciones de organización actualización y conservación de registros delictivos, como es el caso de la DIJIN.
En lo que concierne a la regulación en torno al certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes, la Ley 30 de 1986, en su artículo 93, atribuyó la competencia para su expedición a la entonces Oficina de Estupefacientes del Ministerio de Justicia, con la finalidad de, entre otros aspectos, aprobar las licencias del personal aeronáutico:
“Artículo 93._ La oficina de Estupefacientes del Ministerio de Justicia hará las veces de Secretaria Ejecutiva del Consejo, para lo cual cumplirá las siguientes funciones:
(…)
Expedir el certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes en un plazo máximo de sesenta (60) días, transcurrido el cual, se entenderá resuelta favorablemente la solicitud y por consiguiente se expedirá éste a las personas que adelanten los trámites ante el Departamento de la Aeronáutica Civil en forma particular o como miembro de empresas para lo siguiente:
(…)
Aprobación de licencias para personal aeronáutico.
Este certificado podrá revocarse en cualquier momento, por orden del Consejo Nacional de Estupefacientes, por medio de resolución motivada.
(…)” (Destacado por la Sala)
El artículo 78 del Decreto 019 de 2012, estableció en cabeza de la Aeronáutica Civil la competencia para verificar la carencia de informes por tráfico de estupefacientes para, entre otros trámites, el otorgamiento de licencias aeronáuticas:
“ARTÍCULO 78. CARENCIA DE INFORMES POR TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES CON FINES AERONÁUTICOS. La Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil hará directamente la verificación de carencia de informes por tráfico de estupefacientes relacionada con comportamientos referidos a delitos de tráfico de estupefacientes y conexos, lavado de activos, testaferrato y enriquecimiento ilícito, así como frente a procesos de extinción del derecho de dominio, respecto de las personas que soliciten los siguientes trámites ante esa entidad:
(…)
4. Otorgamiento de licencias de personal aeronáutico;
(…)” (Destacado por la Sala)
El artículo 4° del Decreto 048 de 2014, que reglamentó el artículo 78 antes transcrito, dispuso que la Aeronáutica Civil debe solicitar la información correspondiente de manera directa o indirecta a, entre otras entidades, la DIJIN:
“Artículo 4°. Suministro de información. Hasta tanto se implemente una herramienta informática para este fin, la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil y la Dirección General Marítima deberán solicitar la información respectiva de manera directa o indirecta a la Fiscalía General de la Nación, y a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol.” (Destacado por la Sala)
De las normas anteriores, se concluye que la aprobación, renovación o levantamiento de suspensión de las licencias del personal aeronáutico, depende del cumplimiento del requisito consistente en la inexistencia de informes por tráfico de estupefacientes.
Para el efecto, la Aeronáutica Civil debe contar con el certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes que exige la ley, para, de esta manera, expedir, renovar o levantar una suspensión de las licencias aeronáuticas.
La base de datos de la DIJIN constituye una de las principales fuentes oficiales de información con la que cuenta la autoridad aeronáutica, para verificar si el solicitante tiene antecedentes por el delito de tráfico de estupefacientes.
Ahora bien, en lo que concierne al objeto de la certificación de que se trata, la Corte Suprema de Justicia, al pronunciarse sobre la exequibilidad del artículo 93 de la Ley 30 de 1986, consideró que “El nuevo requisito que estipula la disposición impugnada consiste en obtener certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes, lo cual se encamina a comprobar la solvencia moral de quien aspira a obtener una licencia de la clase de las mencionadas, teniendo en cuenta que el transporte aéreo es el medio más utilizado para la comisión de ilícitos relativos al comercio ilegal de estupefacientes.”
Tal como se observa, el certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes constituye un requisito para verificar el compromiso ético de quien pretende obtener una licencia aeronáutica, toda vez que el transporte aéreo resulta ser uno de los medios de mayor uso para la comisión de delitos relacionados con el narcotráfico.
Por su parte, la Corte Constitucional, al pronunciarse acerca de la constitucionalidad del artículo 93 de la Ley 30 de 1986, consideró que la exigencia del certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes, resulta ser una carga pública razonable:
“Ahora bien, no puede entenderse que la exigencia de un requisito administrativo, como el certificado expedido por la Oficina del Ministerio de Justicia, resulte violatorio del derecho a la honra, o al fuero íntimo, o al trabajo, o a la presunción de inocencia, por cuanto una persona no puede deducir que de esa exigencia legal per se, haya sido invadida su intimidad o su honra resulte vulnerada, o su inocencia puesta en entredicho, (…). Son prevenciones ordinarias impuestas, se repite, por la lógica de convivencia de nuestro tiempo y sus exigencias, y es deber de los ciudadanos ajustarse a ellas como un aporte más a la vigencia de un orden justo (art. 2o. C.N.).” (Destacado por la Sala)
En el mismo pronunciamiento, precisó que la información sobre actividades delictivas es un instrumento del Estado que busca, no solo tener presente la comisión de delitos consumados, sino su prevención:
“Es usual que, tanto en las instancias públicas como en las instancias privadas, se recojan informaciones, bien como fin propio de su actividad o para servir de soporte a otras actividades igualmente de naturaleza pública o privada. Se ha sostenido la importancia de la información en el funcionamiento de la sociedad actual. Sus abusos han sido el motivo del surgimiento del nuevo derecho denominado "habeas data". No puede entonces pensarse que una entidad pública no sólo no disponga sino que no tenga la posibilidad de utilizar informaciones, recogidas con motivo de la persecución del delito, con fines de interés público. Las actividades de "inteligencia y contrainteligencia", no hacen más que recoger y manejar informaciones relacionadas con los ilícitos, por lo que se constituyen en instrumento fundamental del Estado contemporáneo en la lucha contra el delito, lucha que no sólo se realiza frente a los actos delictivos consumados, sino también en el campo preventivo.” (Destacado por la Sala)
En ese orden de ideas, la Sala advierte que la exigencia que la Aeronáutica Civil hizo al actor para renovarle sus licencias aeronáuticas, cuenta con pleno respaldo legal y, en manera alguna, desconoce postulados constitucionales en materia de derechos fundamentales, toda vez que se trata de un instrumento mediante el cual el Estado verifica la solvencia moral de quien aspira a obtener una licencia de esta clase, con miras a la prevención del delito y, por lo tanto, resulta ser una carga pública razonable.
Ahora bien, es preciso tener presente que el hecho de que el actor no tenga asuntos pendientes con la justicia, en este caso porque cumplió la pena impuesta por una autoridad judicial, ello no significa que sus registros delictivos deben excluirse de las bases de datos de las entidades que las tienen a su cargo, o que al momento de expedir alguna certificación por tráfico de estupefacientes, se deba omitir el historial del punible bajo cita.
Como sustento de la impugnación, el actor se refirió al texto de la sentencia SU-458 de 2012, en la que la Corte Constitucional dispuso la protección del derecho al habeas data, por cuanto, en su criterio, la leyenda “no tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales” aplica tanto para quienes no registran antecedentes, como para quienes la autoridad judicial haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.
En efecto, si bien la afirmación del demandante es cierta, cabe advertir que en el contexto de ese pronunciamiento fueron resueltos varios casos en los que a los demandantes les fue expedido el certificado judicial con la leyenda “REGISTRA ANTECEDENTES, PERO NO ES REQUERIDO POR AUTORIDAD JUDICIAL”.
La Corte Constitucional consideró que la afirmación de dicho certificado resultó lesiva del derecho al habeas data, por cuanto “el entonces DAS desconoció el derecho subjetivo de habeas data de los peticionarios en su componente “suprimir”. Al respecto afirmó:
“El habeas data en esta modalidad fue desconocido en este caso. Además, el propósito del habeas data-supresión fue truncado por el entonces DAS al impedir que los titulares de la información personal negativa limitaran la circulación de dicha información para evitar ser rechazados, discriminados o excluidos. El habeas data en su facultad supresión es especialmente importante cuando se ejerce frente a la administración de información personal negativa, la cual tiene por si (sic) misma un alto potencial dañino al entrar al ávido torrente de la sociedad. Al no omitir la expresión que permitía inferir la existencia de antecedentes penales de los peticionarios, e inhibir así las facultades de control de la información personal, el entonces DAS vulneró el derecho al habeas data en su modalidad supresión relativa.” (Destacado por la Sala)
De esta forma, como medida de protección, la Corte Constitucional consideró ordenar “a la Policía Nacional, especialmente a la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL, que modifique el sistema de consulta en línea de antecedentes judiciales, de manera que al ingresar la cédula de los señores A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L y M, y de todos aquellos que se encuentren en una situación similar o que no registren antecedentes, aparezca la leyenda: “no tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales”. (Destacado por la Sala)
No obstante la precisión anterior, en el mismo pronunciamiento se advirtió que “la facultad de suprimir no es absoluta, ni incluye la pretensión de desaparición total de la información sobre antecedentes de la base de datos respectiva. La facultad de supresión debe entenderse en juego dinámico con el resto de los principios de administración de información personal, y sobre todo, en relación con el principio de finalidad. Es claro que la conservación de los antecedentes penales cumple finalidades constitucionales y legales legítimas a las que ésta Corte ha hecho constante referencia (moralidad de la función pública, aplicación de la ley penal, actividades de inteligencia, ejecución de la ley). Por tanto, considera la Corte que no hace parte del derecho de habeas data en su modalidad suprimir, la facultad de exigir al administrador de la base de datos sobre antecedentes penales, la exclusión total y definitiva de tales antecedentes.” (Destacado por la Sala)
Así, entonces, la conservación de los registros delictivos no implica la lesión de derecho fundamental alguno, ya que tiene sustento en una finalidad legítima del Estado, salvo que dicha información tenga un manejo inadecuado e implique que terceros sin interés tengan conocimiento de los antecedentes de la persona, ya que, bajo este marco, se advierte una conculcación del derecho al habeas data en conexidad con el derecho al trabajo.
Es por tal razón que en el certificado de antecedentes judiciales que el actor aportó con la demanda, así como el expedido por la Fiscalía General de la Nación, dan cuenta de que no tiene asuntos pendientes con la justicia, lo que no implica la inexistencia de registros delictivos, los cuales, por virtud de las garantías fundamentales, no pueden ser divulgados sino con fines de estricto interés público, como en este caso el que comporta el requerimiento de la Aeronáutica Civil en materia de antecedentes por tráfico de estupefacientes.
La Corte Constitucional, en un asunto similar al presente, advirtió que la exigencia del certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes, si bien resulta ser una limitante del derecho al trabajo cuando este tiene resultado positivo, es una carga constitucionalmente admisible:
“Por eso, si bien es cierto que la no expedición del mencionado certificado supone, de manera indirecta, una limitación al derecho al trabajo del actor, es una medida admisible constitucionalmente no sólo por la importancia que supone la persecución del tráfico de drogas en la defensa del interés público, sino también por el hecho de que la actividad aeronáutica sea uno de los medios más usados para cometer ese tipo de delitos. Debe recordarse que en este tipo de reglamentaciones el Estado tiene la potestad de imponer ciertas limitaciones a las profesiones que, conocidas y transgredidas por los asociados, permiten predicar la máxima kantiana en virtud de la cual “el ser humano es libre de sus actos pero esclavo de sus consecuencias”. (Destacado por la Sala)
En el asunto que ocupa a la Sala, se acreditó que el Juzgado Décimo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, mediante proveído del 27 de noviembre de 2001, declaró la extinción de la condena impuesta por el delito de “infracción a la Ley 30 de 1986”, entre otros, a Gustavo Silva Chaparro.
Según el jefe del Grupo Consulta de Información en Base de Datos (E) de la DIJIN, la consultar el sistema operativo SIPOER a nombre del demandante, se observó el registro del antecedente “tráfico, fabricación o porte de estupefacientes art. 33 (sic) Ley 30 de 1986 (…) Estado pena: Extinción de la condena”.
Como se observa, el demandante no tiene asuntos pendientes con la justicia, dado que la condena impuesta fue cumplida, aunque en la base de datos de la autoridad con funciones de conservación de los registros delictivos, figura el antecedente por el delito de tráfico de estupefacientes.
Por tal razón, se advierte que la DIJIN se encuentra en imposibilidad legal de certificar ante la Aeronáutica Civil que el actor no tiene antecedentes por tráfico de estupefacientes, ya que una afirmación en tal sentido sería contraria a sus registros delictivos.
Por lo tanto, no advierte la Sala lesión alguna de los derechos fundamentales del demandante, razón por la que el proveído de primera instancia será confirmado.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: Confírmase la sentencia del 14 de diciembre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, a través del cual negó el amparo solicitado, por las razones anotadas en precedencia.
SEGUNDO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, y envíese copia de la misma al Despacho de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Consejera de Estado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero de Estado
ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero de Estado
Presentada el 24 de noviembre de 2017.
Folios 1 a 5.
Folio 55.
Folios 61 a 62.
Citó el proveído del 4 de mayo de 2010, proferido en el expediente 47546.
Folios 64 a 69.
Entre ellas la petición del actor a la DIJIN para que excluya sus antecedentes de la base de datos, y la respuesta de dicha entidad en el sentido de advertir que, si bien la condena impuesta se extinguió, ello no significa que tal dato deba eliminarse del sistema.
La sentencia se notificó personalmente el 18 de enero de 2018 (Folio 71).
Folios 72 a 75.
Folio 82.
Folio 88.
Folios 24 a 27 (radicada el 18 de julio de 2017 ante la Policía Nacional).
Folio 30.
Corte Constitucional. Sentencia T-067 de 2011.
Cita de cita. Tomado del análisis realizado por la Corte Constitucional en la sentencia T- 067 de 2011: Corte Suprema de Justicia. Sentencia No. 106 de 27 de noviembre de 1986, M.P. Jairo E. Duque Pérez.
Corte Constitucional. Sentencia C-114 de 1993.
Folio 45.
Folio 46.
Corte Constitucional. Sentencia T-067 de 2011.
Proceso 1492.
Folios 31 a 32.
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