Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-04078-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-04078-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-04078-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
25 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04078-01
Actores: Luis Alberto Mosquera Gómez y otros1
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Tema: Impugnación de sentencias de tutela/deber de cumplir con una carga
argumentativa mínima
Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso, ii) igualdad y iii) acceso
a la administración de justicia
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por los actores contra la sentencia de
tutela de 7 de septiembre de 2023 proferida por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, por medio de la cual resolvió “[…] rechazar por
improcedente […]” la solicitud de tutela.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
La solicitud
1. Los actores2, a través de apoderado, presentaron solicitud de tutela contra el
Tribunal Administrativo de Bolívar, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 25
1 Cfr. Índice núm. 2 de SAMAI, Documento denominado “ED_CARATULA(.PDF)NroActua2”. Archivo aportado
en forma digital.
2 Luis Alberto Mosquera Gómez, Rober Andrés Reyes Hernández, José Mosquera Gómez, Rafaela Ramos
Montero y Nervis Ramos Hernández.
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04078-01
Actores: Luis Alberto Mosquera Gómez y otros
de noviembre de 2022, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control
de reparación directa identificado con el número único de radicación 13001-33-33-
012-2015-00457-01, vulneró sus derechos fundamentales invocados supra.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:
3. Manifestaron que, presentaron demanda contra la Fiscalía General de la Nación
y la Nación – Rama Judicial, en ejercicio del medio de control de reparación directa,
con el fin de que se declarara “[…] patrimonial y administrativamente responsables
por los perjuicios causados con ocasión de la privación de la libertad del señor Luis
Alberto Mosquera Gómez […]”.
4. El Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Cartagena profirió sentencia, en
primera instancia, el 19 de diciembre de 2017, mediante la cual declaró probada la
“[…] excepción de culpa exclusiva de la víctima […]” y negó las pretensiones de la
demanda.
5. El Tribunal Administrativo de Bolívar profirió sentencia, en segunda instancia, el
12 de febrero de 2021, mediante la cual, confirmó la sentencia de primera instancia.
6. Señaló que, presentó solicitud de tutela contra las autoridades judiciales
mencionadas supra, en la medida que, a su juicio, habían incurrido en “[…] violación
directa a la Constitución Política […]”.
7. Manifestó que, la acción de tutela, “[…] fue tramitada en primera instancia por la
Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
y en segunda instancia por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado […]”.
8. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante
sentencia de 7 de octubre de 2022, revocó la sentencia del 19 de julio de 2022, por
medio de la cual, la Sección Primera del Consejo de Estado declaró improcedente
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Actores: Luis Alberto Mosquera Gómez y otros
la acción de tutela y, en su lugar, ordenó al Tribunal Administrativo de Bolívar, “[…]
dictara una sentencia de reemplazo […]”.
9. El Tribunal Administrativo de Bolívar, dictó sentencia de reemplazo el 25 de
noviembre de 2022, resolviendo lo siguiente:
“[…] PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada, por las razones previamente
expuestas […]”.
9.1. El Tribunal Administrativo de Bolívar consideró lo siguiente:
“[…] De ahí que pueda decirse que el contexto probatorio del caso concreto hace que
resulte imposible realizar el juicio de legalidad de la actuación de la Fiscalía General
de la Nación y la Rama Judicial y con ello, establecer si la medida restrictiva de la
libertad se alejó de sus presupuestos legales; menos aún resulta posible inferir que
esta no haya sido apropiada, razonable y/o proporcionada.
Y es que, de lo único que dan cuenta las pruebas es que el actor fue privado de la
libertad y permaneció en ese estado bajo su resguardo del INPEC durante el lapso
comprendido entre el 22 de julio del 2011 y el 29 de marzo del 2012, según lo certificó
la autoridad penitenciaria aludida, imputado del delito de extorsión agravada en grado
de tentativa, tal y como lo señala el fallo absolutorio […]”.
[…]
“[…] Ahora bien, la copia de la sentencia penal, permite concluir que la absolución del
actor se basó en falta de pruebas que condujeran a la certeza más allá de duda; esto
por sí solo no tiene el talante jurídico para erigir la ilegalidad de la actuación
adelantada por el ente fiscalizador del Estado y menos para persuadir que la medida
de aseguramiento no cumplió con los presupuestos de razonabilidad, necesidad y
proporcionalidad, lo que constituía una carga que debía pesar sobre los hombros del
extremo activo y que lamentable para sus interés no cumplió.
Sobre dicha carga valórese que tuvo el actor la oportunidad de acompañar las
pruebas con la demanda y no lo hizo; tampoco reparó en ello en la reforma de la
demanda, pues esta se concentró en adicionar una pretensión y solicitar la práctica
de pruebas pero con otro propósito, el de acreditar los perjuicios económicos; en el
traslado de las excepciones de mérito se mantuvo esa actitud pasiva en materia de
iniciativa probatoria, siendo que se le opuso la falta de acreditación del daño
antijurídico como excepción.
Así pues, resulta imposible realizar el análisis de antijuridicidad del daño con arreglo
al artículo 90 de la Constitución Política para determinar si en efecto las demandadas
incumplieron los deberes y exigencias convencionales, constitucionales y legales que
corresponden al Estado para privar provisionalmente de la libertad a una persona,
como aquellos de que tratan los artículos 28 y 250 constitucionales, las normas de
procedimiento penal y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, luego mal
puede imponerse una condena al Estado por su supuesta responsabilidad, si esto
permanece en la oscuridad.
No debe perderse de vista que, en el ordenamiento jurídico colombiano, es posible
restringir el derecho a la libertad personal preventivamente, aun cuando se conserve
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la presunción de inocencia, y ello se materializa cuando el juez pueda, mediante un
raciocinio metal, inferir como posible que aquel respecto de quien se solicita la medida
restrictivita (sic) pudo haber participado en la comisión de un delito. Esto encuentra
sustento en el artículo 308 de la Ley 906 del 2004, del que se extrae, además, que es
el Fiscal General de la Nación o su delegado el que solicita la medida de
aseguramiento, desde luego cuando tenga elementos materiales probatorios,
evidencia física o información legalmente obtenida. En el sub lite no se probó que la
fiscalía no contara con estos elementos.
Con todo, al juez la basta la inferencia razonable para decretar la medida restrictiva
de libertad, siempre y cuando se cumpla uno de los tres presupuestos que contempla
la normativa en cita […] Por último, se acota que, en línea con el fallo de tutela al que
se le da cumplimiento fiel, el caso sub examine si se puede estudiar desde la óptica
de las más recientes sentencias de unificación y particularmente bajo el alero de la
que viene a constituir pilar fundamental de la decisión, esto es, la sentencia SU-72
del 2018 de la Corte Constitucional […]”.
[…]
“[…] Así, bajo la óptica de la cláusula general de responsabilidad contenida en la
Constitución, no existe fundamento para favorecer un régimen objetivo, siendo que la
propia jurisprudencia se ha encargado de reconducir esta fuente de responsabilidad
buscando mayor cercanía y armonía con la teleología del artículo 90 Constitucional y
por ello el análisis debe partir, no solo de la verificación de la existencia del daño bajo
su condición de elemento estructural, sino también de su antijuridicidad como
condición sine qua non de la lesión indemnizable, que de suyo implica consultar el
apego al ordenamiento jurídico de la orden de detención o privación, así como de la
conducta de quien padece el daño en carne propia, para luego acreditar, si ello llega
a hacerse necesario, los demás elementos de la responsabilidad y el título de
atribución que se pretende utilizar, sin que de antemano – se itera -, en tal juicio, deba
privilegiarse alguno de ellos en particular, que lo escogerá el juez en cada caso
dependiendo de las particularidades del proceso en concreto.
La decisión en comento, abandonó cualquier vestigio de objetividad en el daño
endilgado a la administración, y procedió a hacer un estudio sobre los elementos
probatorios con los que se contó en el proceso para imponer la medida de
aseguramiento. En la providencia, se arribó a la conclusión que la privación de la que
fue objeto el demandante, no fue injusta.
Así entonces, con todo y que la Sala se aparta de la “culpa exclusiva de la víctima”,
en tanto entiende que no se acreditó, concluye que el fallo apelado debe permanecer
incólume, habida cuenta que no resultan de recibo los argumentos expuestos por el
apelante en el sentido que el estudio debió ser meramente objetivo con respecto a la
privación de la libertad denunciada, y fundamentalmente porque no encontró el
tribunal acreditada la antijuridicidad del daño, a la luz del artículo 90 superior […]”.
La solicitud de tutela
Pretensiones
10. Los actores solicitaron en su escrito de tutela.
“[…] 1.- Que se ordene la protección de los derechos fundamentales de mis
poderdantes a la igualdad, el debido proceso y al acceso a la administración de
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justicia, conculcados por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR, con la
expedición de la sentencia de reemplazo 02/2022 del 25 de noviembre de 2022,
notificada el 27 de enero de 2023, y dictada dentro del proceso de reparación directa
13001333301220150045700, a través de la cual se confirmó la sentencia de primera
instancia que denegó las pretensiones de la demanda.
2.- Como consecuencia de lo anterior, sírvase dejar sin efectos jurídicos la sentencia
de reemplazo 02/2022 del 25 de noviembre de 2022, proferida por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR, y en su lugar, ordenar a dicho despacho judicial
para que profiera una nueva sentencia de segunda instancia ajustada al ordenamiento
jurídico y a los estándares constitucionales y convencionales esgrimidos en el
presente escrito […]”.
Actuación
11. El Despacho sustanciador de la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, mediante auto de 1.o de agosto de 2023: i) admitió la acción de
tutela, ii) ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Bolívar; y iii) vinculó a la
Nación – Rama Judicial y a la Fiscalía General del Nación, en calidad de terceros
con interés legítimo, concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran
informe sobre el particular.
Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo
12. El Tribunal Administrativo de Bolívar3 solicitó declarar improcedente la solicitud
de tutela, en la medida que, “[…] se encuentra acreditada la cosa juzgada en lo que
acción (sic) de tutela se refiere, toda vez que el asunto sometido a debate
constitucional ya fue resuelto mediante sentencia del 7 de octubre de 2022,
proferida por el Honorable Consejo de Estado en segunda instancia, con ponencia
del doctor Alberto Montaña Plata […]”.
13. La Fiscalía General de la Nación solicitó declarar improcedente la solicitud de
tutela, en la medida que, “[…] no se cumplen las causales generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales, concretamente el requisito de
subsidiariedad y, no se vulnera el procedente (sic) jurisprudencial […]”. Al respecto
manifestó lo siguiente:
“[…] Pretende la parte accionante retrotraer, a través del amparo etapas procesales
de un asunto que ya surtió su trámite, para establecer confusión y proyectar que se
3 La Sala precisa que, el Tribunal Administrativo de Bolívar allegó el informe de tutela, luego de haberse surtido
la notificación de la sentencia de tutela de primera instancia.
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transgreden derechos fundamentales, lo cual es inconcebible por el carácter
subsidiario que acompaña tan especial mecanismo constitucional y por cuanto en
ningún momento en el escrito de tutela se demuestra vulneración a derecho
fundamental alguno […]”.
14. El Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Cartagena allegó copia digital
del expediente del proceso adelantado en ejercicio del medio de control reparación
directa identificado con el número único de radicación 13001-33-33-012-2015-
00457-01.
15. La Nación – Rama Judicial guardó silencio en esta oportunidad procesal.
La sentencia impugnada
16. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante
sentencia de 7 de septiembre de 2023, resolvió lo siguiente:
“[…] PRIMERO: RECHAZAR POR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada
por los señores Luis Alberto Mosquera Gómez, Rober Andrés Reyes Hernández y
José Mosquera Gómez y las señoras Rafaela Ramos Montero y Nervis Ramos
Hernández en contra del Tribunal Administrativo de Bolívar, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de la presente providencia. […]”.
16.1. Consideró que:
“[…] esta Sala de Subsección que la sentencia del 25 de noviembre de 2022 se profirió
en cumplimiento de la orden de tutela del 7 de octubre de 2022, mediante la cual el
Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B amparó los derechos
fundamentales a la justicia e igualdad y el principio constitucional de presunción de
inocencia del señor Luis Alberto Mosquera Gómez.
Frente a ello, la parte accionante alega que la decisión del Tribunal Administrativo de
Bolívar no cumplió con lo ordenado en la providencia de amparo, situación que
constituye un quebranto de sus derechos fundamentales. Sin embargo, de
conformidad con el recuento de actuaciones adelantadas en el curso del proceso y
de las pruebas obrantes en el expediente, no se advierte que en el presente asunto
se haya hecho uso de los medios de defensa contemplados para hacer cumplir la
sentencia de tutela.
Al respecto, siguiendo lo consagrado en el Decreto 2591 de 1991, si los demandantes
consideran que se incumplió lo resuelto por el Consejo de Estado – Sección Tercera
– Subsección B, cuentan con los incidentes de cumplimiento y desacato para que el
juez que amparó los derechos fundamentales estudie el acatamiento de la orden
constitucional […]”.
[…]
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“[…] Así las cosas, dado que la tutela es un mecanismo subsidiario, no resulta
procedente cuando las inconformidades que se plantean en esta acción aún pueden
ser resueltas en procesos dentro de los cuales se pueden plantear las
consideraciones que hoy se traen ante el juez constitucional.
En ese sentido, se aclara que el principio de subsidiariedad de la acción de tutela es
una herramienta que permite reconocer la validez y viabilidad de los medios y
recursos ordinarios de protección judicial como dispositivos legítimos y prevalentes
para la salvaguarda de los derechos, reconocimiento que obliga a los asociados a
incoar los recursos jurisdiccionales con los que cuenten para conjurar la situación que
estimen lesiva de sus derechos […]”.
[…]
“[…] al no comprobarse la inminencia, ni existencia de un perjuicio irremediable, no
resulta procedente un estudio de fondo cuando la parte accionante no hizo uso de los
medios de defensa judicial que son idóneos y efectivos para obtener el amparo de las
pretensiones aquí planteadas, por lo que se rechazará la acción de tutela instaurada
por la parte accionante en contra del Tribunal Administrativo de Bolívar […]”.
La impugnación
17. Los actores impugnaron la sentencia proferida por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado. En ese orden de ideas expresaron lo siguiente:
“[…] actuando en mi condición de apoderado judicial de la parte accionante, con el
debido respeto, concurro ante su despacho, con el fin de manifestarle que impugno
la sentencia de primera instancia del 7 de septiembre de 2023, notificada el 15 de
septiembre de 2023, proferida dentro de la acción de tutela distinguida en la
referencia.
La impugnación se sustentará ante el superior jerárquico que corresponda por
reparto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 31 y 32 del Decreto 2591 de
1991, tal y como lo ha permitido la Corte Constitucional en la sentencia T-661 de
2014, y entre otros pronunciamientos […]”.
Trámite en segunda instancia
18. Los actores, mediante escrito recibido en la Secretaría General del Consejo de
Estado, el 10 de noviembre de 20234, recusaron a los Magistrados integrantes de
la Sección Primera del Consejo de Estado para conocer de la acción de tutela de la
referencia, frente a lo cual, una vez se sortearon los conjueces respectivos5, esta
“3_MemorialWeb_Otro(.pdf) NroActua 4”. Archivo
4 Cfr. Índice núm. 4 de SAMAI, Documento denominado
aportado en forma digital.
5 Cfr. Índice núms. 11 y 15 de SAMAI, Documentos denominados
“AUTOQUEORDENASORTEODECONJUEZ_SORTEO(.pdf) NroActua 11” y
“SORTEODECONJUEZ_2ACTADESORTEO20(.doc) NroActua 15”. Archivos aportados en forma digital.
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Sección, mediante auto de 15 de febrero de 20246, resolvió “[…] RECHAZAR DE
PLANO la recusación formulada por los accionantes contra los Consejeros de
Estado doctores Nubia Margoth Peña Garzón, Hernando Sánchez Sánchez y
Oswaldo Giraldo López […]”.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
19. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con
los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19917, por el cual se
reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de
20218 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 9, que asigna
a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
20. La acción de tutela ha sido instituida como un instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente señalados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Problema jurídico
21. En el caso sub examine, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala
consisten en: i) determinar sí es procedente conocer y decidir de fondo la
impugnación presentada contra la sentencia de tutela proferida el 7 de septiembre
de 2023 por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado; y de
6 Cfr. Índice núm. 18 de SAMAI, Documento denominado
“17AUTOQUERESUEL_16ACAEXP20230407801LUISALBERTOMOSQUERAGOMEZVF1PDF(.pdf)
NroActua 18”. Archivo aportado en forma digital.
7 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''.
8 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
9 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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ser así, ii) establecer si, es procedente la acción de tutela acreditándose el
cumplimiento de los requisitos generales y especiales de procedencia contra
providencias judiciales.
22. Para resolver estos problemas jurídicos esta Sala analizará los siguientes
temas: i) la impugnación de las sentencias de tutela; ii) marco normativo y desarrollo
jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso; iii) marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad; iv) marco
normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia; v) análisis del caso en concreto y, finalmente vi) las
conclusiones de la Sala.
La impugnación de las sentencias de tutela
23. El artículo 31 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 199110 prevé lo siguiente:
“[…] Artículo 31. Impugnación del fallo. Dentro de los tres días siguientes a su
notificación el fallo podrá ser impugnado por el Defensor del Pueblo, el solicitante, la
autoridad pública o el representante del órgano correspondiente, sin perjuicio de su
cumplimiento inmediato.
Los fallos que no sean impugnados serán enviados al día siguiente a la Corte
Constitucional para su revisión […]”.
24. De conformidad con la norma expuesta supra, dentro del marco de la acción de
tutela se establece el derecho a la doble instancia en donde el actor podrá, por
medio del respectivo escrito de impugnación, que su caso sea estudiado y revisado
por otro juez constitucional, contando, además, con la posibilidad de que la
sentencia de tutela adversa a sus pretensiones sea revisada eventualmente por la
Corte Constitucional. La Corte Constitucional, frente al alcance de la impugnación,
consideró que11:
“[…] La jurisprudencia constitucional ha señalado en reiteradas ocasiones que la
doble instancia guarda estrecha relación con el debido proceso como forma de
garantizar la recta administración de justicia, y se constituye en un mecanismo para
que el superior jerárquico de la autoridad judicial que realizó el pronunciamiento,
evalúe los argumentos debatidos y adopte una decisión definitiva, bien sea
confirmando o revocando la sentencia de primera instancia […]”.
10 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política"
11 Corte Constitucional, Auto 235 de 13 de julio de 2009, M.P. Mauricio González Cuervo.
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25. Debe señalarse, además, que el derecho a la doble instancia dentro del marco
de la acción de tutela constituye uno de los principales pilares del Estado Social de
Derecho, toda vez que garantiza, en forma eficaz y plena, el derecho fundamental
de defensa al permitir que el superior jerárquico del funcionario encargado de tomar
una decisión en primera instancia, pueda adoptar una nueva decisión judicial,
estudiando y revisando las pruebas y los argumentos jurídicos planteados por el
impugnante.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso
26. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
27. Atendiendo a que, la Corte Constitucional12 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y
se logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud
del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que
ha resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa
y preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la
protección de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes
12 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
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y demás derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P)
[…]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
igualdad
28. Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. […]”.
29. Atendiendo a que la Corte Constitucional13 ha entendido que el derecho a la
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de igualdad
ante circunstancias fácticas desiguales. […]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia
30. Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
13 Corte Constitucional, Sentencia C178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.
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establece que:
“[…] ARTICULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”.
31. Atendiendo a que, la Corte Constitucional14 ha entendido el derecho de acceso
a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas las
personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento jurídico
les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida
protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta
sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de
las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley
[…]”.
Análisis del caso concreto
32. Los actores, a través de apoderado, presentaron solicitud de tutela contra el
Tribunal Administrativo de Bolívar, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 25
de noviembre de 2022, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control
de reparación directa identificado con el número único de radicación 13001-33-33-
012-2015-00457-01, vulneró sus derechos fundamentales invocados supra.
33. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.
34. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
14 Corte Constitucional, Sentencia T 799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
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planteados en la acción de tutela y en la impugnación.
Acervo y análisis probatorios
35. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:
35.1. Copia digital del proceso adelantado en ejercicio del medio de control de
reparación directa identificado con el número único de radicación 13001-33-33-
012-2015-00457-01.
Solución del caso concreto
36. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante
sentencia de tutela de 7 de septiembre de 2023, resolvió: “[…] PRIMERO:
RECHAZAR POR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por los señores
Luis Alberto Mosquera Gómez, Rober Andrés Reyes Hernández y José Mosquera
Gómez y las señoras Rafaela Ramos Montero y Nervis Ramos Hernández en contra
del Tribunal Administrativo de Bolívar, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de la presente providencia. […]”.
37. Los actores, mediante escrito recibido el 19 de septiembre de 202315 en la
Secretaría General de esta Corporación, presentaron escrito de impugnación contra
la sentencia mencionada supra. Al respecto señalaron:
“[…] actuando en mi condición de apoderado judicial de la parte accionante, con el
debido respeto, concurro ante su despacho, con el fin de manifestarle que impugno
la sentencia de primera instancia del 7 de septiembre de 2023, notificada el 15 de
septiembre de 2023, proferida dentro de la acción de tutela distinguida en la
referencia.
La impugnación se sustentará ante el superior jerárquico que corresponda por
reparto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 31 y 32 del Decreto 2591 de
1991, tal y como lo ha permitido la Corte Constitucional en la sentencia T-661 de
2014, y entre otros pronunciamientos […]”.
15 Cfr. Índice 20 de Samai. Documento denominado “19_MemorialWeb_Recurso(.pdf) NroActua 20”. Archivo en
medio magnético.
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38. El Despacho sustanciador de la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, mediante auto de 29 de septiembre de 2023, concedió la
impugnación presentada por los actores.
39. El trámite de la impugnación, correspondió, por reparto, a la Sección Primera del
Consejo de Estado.
40. Ahora bien, para efectos de resolver el caso sub examine, es importante
mencionar que esta Sección mediante la sentencia de 28 de febrero de 201916, fijó
unas sub reglas en relación con la carga argumentativa que se debe exigir en las
impugnaciones presentadas dentro del marco de la acción de tutela, considerando
las siguientes:
“[…] Cuando el caso bajo estudio consista en una acción de tutela contra autoridades
públicas, la parte que impugne la sentencia de tutela proferida en primera instancia,
no se le exigirá una carga argumentativa mínima, es decir, que no habrá necesidad
de sustentar la respectiva impugnación, donde basta que el impugnante lo presente
dentro del término legal correspondiente en los términos del artículo 31 del Decreto
2591, con el fin de que se efectúe el respectivo trámite del mismo, teniendo el ad
quem, el deber constitucional de resolver el fondo del asunto; i) analizando los
argumentos jurídicos expuestos por el juez constitucional de primera instancia, y el ii)
acervo probatorio obrante en el expediente.
40.2 Cuando el caso bajo estudio consista en una acción de tutela contra
providencias judiciales, la parte que impugne la sentencia de tutela proferida en
primera instancia precisando que i) si obra en nombre propio o ii) por medio de
apoderado especial, debe cumplir con una carga argumentativa mínima17, en
donde exponga las razones jurídicas por las cuales una autoridad judicial,
incurrió en los defectos: i) orgánico; ii) procedimental; iii) fáctico; iv) sustantivo; v)
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de febrero de
2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 11001 03 15 000 2018 03163-01.
17 Frente al tema ha dicho la Sección Quinta del Consejo de Estado:
“[…] Esta Sección ha reiterado en varias ocasiones que el recurrente tiene una carga argumentativa para
delimitar los motivos que sustenten la impugnación del fallo de tutela, especialmente cuando se trata de
providencias judiciales contra Altas Corte, las cuales, dada su naturaleza, exigen por parte de los jueces
constitucionales un estudio más riguroso y una procedencia excepcional.
Es menester recordar que frente a tutelas contra providencias judiciales, el juez constitucional no se encuentra
facultado para inmiscuirse de manera oficiosa o mecánica en la órbita de los asuntos dirimidos y desarrollados
por el juez natural, por lo que su estudio se debe centrar en los argumentos expuestos por el actor en las
instancias correspondientes. Realizar un análisis extensivo sobre puntos adicionales resultaría en un estudio
oficioso de la providencia judicial ya ejecutoriada, convirtiéndose en una nueva instancia, contrariando la
finalidad del amparo constitucional.
Es por ello que resulta indispensable una argumentación mínima que soporte la impugnación. De este modo el
ad quem podrá determinar los supuestos bajo los cuales debe analizarse lo propuesto por el interesado y así
establecer si la decisión adoptada en primera instancia debe revocarse, modificarse o confirmarse
Adicional a lo anterior, resulta indispensable cumplir de forma diligente con los términos previstos y con los
lineamientos establecidos por la ley. Para el caso particular, la parte actora en su escrito inicial de impugnación,
presentado el treinta (30) de octubre de 2018, no expuso, ni siquiera de forma sucinta, las razones de
desacuerdo respecto del fallo de primera instancia, por lo que resulta claro para la Sala que no cumplió con la
carga mínima argumentativa que le correspondía, y por tal razón, no es posible entrar a realizar un estudio
oficioso de la presente acción de tutela, así como tampoco de la decisión del a quo que impugnó […]”.(Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 6 de diciembre de 2018, C.P
Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, radicación número: 11001-03-15-000-2018-02777-01).
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error inducido; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente; y viii)
violación directa de la Constitución, en los términos de la sentencia C-590 de 200518,
proferida por la Corte Constitucional, postura jurisprudencial, que fue acogida por la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en sentencia de
31 de julio de 201219, salvo que se trate de un sujeto de especial protección
constitucional, a quien no se le exigirá dicha carga argumentativa, toda vez que el
Estado tiene que adoptar las medidas necesarias, para garantizar la protección de
sus derechos fundamentales, especialmente, el acceso a la administración de justicia
[…]”. (Resaltado por la Sala)
41. En el caso objeto de estudio, la Sala observa que los actores, en su escrito de
impugnación, no plantearon ningún argumento jurídico de fondo20 con el fin de
efectuar algún reproche contra la sentencia proferida, en primera instancia, el 7 de
septiembre de 2023, por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, por cuanto su apoderado solamente indicó que: “[…] actuando en mi
condición de apoderado judicial de la parte accionante, con el debido respeto,
concurro ante su despacho, con el fin de manifestarle que impugno la sentencia de
primera instancia del 7 de septiembre de 2023, notificada el 15 de septiembre de
2023, proferida dentro de la acción de tutela distinguida en la referencia […]”; sin
embargo, en esta instancia, no presentó algún tipo de argumentación jurídica, por
lo que la Sala no puede emitir un pronunciamiento de fondo.
42. Frente al tema en cuestión, esta Sección ha considerado lo siguiente21:
“[…] En el presente caso, se advierte que el actor pretende que se ordene su reintegro
al empleo que desempeñaba en la Cámara de Representantes del Congreso de la
República y, en consecuencia, se le garantice el derecho a la salud con el fin de
acceder a un tratamiento oportuno e ininterrumpido a su enfermedad, así como el
pago de las incapacidades adeudadas.
Lo anterior, por cuanto padece una afectación grave en su salud que le impide
desempeñar cualquier empleo y, por ende, debe ser considerado como un sujeto de
especial protección que goza de estabilidad laboral reforzada, lo que impedía su retiro
de la Institución.
No obstante lo anterior, la Sala encuentra que no resulta procedente efectuar un
estudio de fondo del asunto, habida consideración que el actor en su escrito de
impugnación no cumplió con la carga argumentativa mínima que diera cuenta
18 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, CP.
María
Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328.
20 “[…] La impugnación se sustentará ante el superior jerárquico que corresponda por reparto, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 31 y 32 del Decreto 2591 de 1991, tal y como lo ha permitido la Corte
Constitucional en la sentencia T-661 de 2014, y entre otros pronunciamientos […]”.
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 10 de diciembre
de 2018, C.P (E) Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación: 44001234000020180011301. De
igual manera, ver entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
sentencia de 11 de abril de 2019, C.P Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación: 11001-03-15-
000-2019-00237-01.
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los reparos respecto de la sentencia de primera instancia, razón por la que no
se encuentran los elementos necesarios para revisar si el fallo proferido por el
Tribunal se encuentra ajustado a derecho […]”. (Resaltado por la Sala)
43. En ese orden de ideas, se evidencia que, dentro del término otorgado por el
artículo 31 del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 1991, los actores no
argumentaron de manera razonable, persuasiva y convincente las razones de índole
jurídica por las cuales, a su juicio, la decisión proferida en primera instancia debía
revocarse.
44. Esta Sección debe reiterar que el principio de informalidad que gobierna a la
acción de tutela no puede considerarse absoluto22, pues es necesario satisfacer
ciertos presupuestos básicos que le permitan al Juez conocer con claridad aspectos
como la acción o la omisión que la motiva, el derecho que se considera violado o
amenazado y, de ser posible, el nombre de la autoridad pública o del órgano autor
de la amenaza o del agravio23, el señalamiento de las razones jurídicas de índole
constitucional para demostrar, por ejemplo, que la sentencia proferida en primera
instancia no está ajustada a derecho, lo que implica para los actores cumplir con
una carga argumentativa mínima.
45. Además, resulta necesario precisar, como se señaló supra, que el Decreto núm.
2591 de 19 de noviembre de 1991 no establece una oportunidad procesal adicional
para exponer los argumentos de la impugnación, de forma que, de conformidad con
el artículo 31 de la norma referida, corresponde al interesado plantear los
argumentos de su impugnación, dentro de los 3 días otorgados para impugnar la
sentencia proferida en primera instancia.
Conclusiones de la Sala
46. En suma, la Sala confirmará la sentencia de tutela de 7 de septiembre de 2023
proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por
medio de la cual resolvió “[…] rechazar por improcedente […]” la solicitud de tutela.
22 Sobre el principio de informalidad, ver Corte Constitucional, Auto A165 de 21 de julio de 2011, M.P. Jorge
Iván Palacio Palacio.
23 Decreto núm. 2591 de 1991, artículo 14.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela de 7 de septiembre de 2023,
proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm.
2591 de 1991, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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