Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-04102-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-04102-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-04102-00
Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate
7 de septiembre de 2023
Demandante: Fernando José Mendoza Mendoza
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04102-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá D.C., siete (7) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04102-00
Demandante: FERNANDO JOSÉ MENDOZA MENDOZA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN
B
Temas: Tutela contra providencia judicial – falta de relevancia
constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la acción de tutela formulada por
el señor Fernando José Mendoza Mendoza contra el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de demanda
1. Con escrito presentado el 27 de julio de 2023, el señor Fernando José Mendoza
Mendoza, actuando a través de apoderado judicial, presentó acción de tutela
contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, con el fin de que
sean amparados sus derechos fundamentales a la «igualdad, el debido proceso y de
acceso a la administración de justicia, y los principios constitucionales de confianza
legítima, seguridad jurídica y vigencia de un orden justo».
2. La parte accionante consideró vulneradas dichas garantías constitucionales,
con ocasión de la sentencia del 26 de enero de 2023, mediante la cual se revocó
la providencia del 9 de octubre de 2018, dictada por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, que accedió a las pretensiones de la demanda, para en su lugar,
negarlas. Lo anterior, en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 08001-23-33-000-2017-00233-01, instaurado contra la
Nación, Fiscalía General de la Nación.
3. El actor solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados y, en
consecuencia, pidió:
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Dejar sin valor o efecto la providencia antes enunciada y, en su lugar, se
confirme en todas sus partes la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, en primera instancia, el 9 de octubre de 2018 en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, con radicación 08001- 23-
33-000-2017-00233-01 (1852-2019), Actor: Fernando José Mendoza y
demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación.
1.2. Hechos probados y/o admitidos
La Sala encontró demostrados los hechos que a continuación se relacionan, los
cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:
4. El señor Fernando José Mendoza Mendoza fue nombrado en provisionalidad en
el cargo de carrera como fiscal delegado ante tribunal de distrito en la subdirección
seccional de fiscalías y seguridad ciudadana del Atlántico, mediante Resolución 0-
2558 de 6 de mayo de 2008, expedida por el fiscal general de la Nación, del que
tomó posesión el 8 de mayo siguiente.
5. El 16 de marzo de 2016 se le notificó personalmente la Resolución 0-0713 de
11 de marzo de 2016, a través de la cual se le declaró insubsistente su
nombramiento en el referido cargo; decisión que en su artículo tercero ordenó
«notificar al interesado entregando copia de la misma y del informe de seguridad de la
dirección nacional de protección y asistencia de fecha 17 de febrero de 2016». Contra
este acto interpuso recurso de reposición, desatado desfavorablemente con
Resolución 2994 de 5 de septiembre de esa anualidad.
6. El señor Fernando José Mendoza Mendoza, en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento de derecho, demandó a la Fiscalía General de la
Nación y solicitó dejar sin efectos los actos administrativos por medio de los cuales
se declaró insubsistente en el cargo de fiscal delegado ante tribunal de distrito en
la Subdirección Seccional de Fiscalías y Seguridad Ciudadana del Atlántico.
7. A título de restablecimiento del derecho, requirió ordenar: (i) sin solución de
continuidad, su reintegro al empleo que desempeñaba o a otro de igual o superior
categoría y sueldo, en todo caso ubicado en la misma subdirección seccional; (ii)
el pago de los sueldos, gastos de representación, primas, bonificaciones,
aumentos y demás prestaciones sociales causadas desde el 13 de septiembre de
2016, en que fue separado del cargo hasta la fecha en que se efectúe el reintegro,
por virtud de la sentencia que haya de dictarse en este proceso; y (iii) que se
hagan los aportes en materia de pensión y salud, así como los descuentos de ley,
causados durante el mismo interregno. Todo ello con la indexación y las costas a
que hubiera lugar.
8. En primera instancia, el Tribunal Administrativo del Atlántico mediante sentencia
del 9 de octubre de 2018 accedió a las pretensiones de la demanda y título de
restablecimiento del derecho ordenó:
SEGUNDO: (…) reintegrar al actor al cargo que venía desempeñando o a uno
de igual o superior categoría.
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TERCERO: (…) reconocerle y pagarle los salarios, prestaciones y demás
emolumentos dejados de percibir desde el retiro del servicio y hasta que se
efectúe el reintegro de forma actualizada.
9. Como fundamento de su decisión, adujo que la desvinculación del demandante
obedeció a un estudio de seguridad practicado, en el que se concluyó que el
servidor no reunía las condiciones mínimas de seguridad para desempeñar el
cargo, en virtud de lo consagrado en el artículo 100 del Decreto Ley 20 de 2014.1
10. No obstante, estimó que no se le permitió controvertir las razones de dicho
estudio de seguridad, por ende, «no surge duda, en torno a que tal atribución se trata
de una verdadera facultad de remoción, la cual no obstante, es de carácter reglada, más
no discrecional, distinción que emerge de la misma disposición, cuando requiere que el
estudio de seguridad esté fundado en razones objetivas y proporcionales y garantizando
el derecho de defensa del servidor».
11. Inconforme con la decisión, la entidad demandada interpuso recurso de
apelación, el cual fue desatado por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B que mediante fallo del 26 de enero de 2023, revocó la decisión del a
quo, para en su lugar, negar las pretensiones de la demanda.
12. Como fundamento de su decisión explicó que, el empleo de fiscal delegado
ante tribunal superior no era de aquellos expresamente enunciados como de libre
nombramiento y remoción, motivo por el que debía proveerse a través de un
concurso de méritos y, mientras esto ocurría, podría hacerse por nombramiento en
provisionalidad, el que, de acuerdo con las disposiciones del articulo 962 y 1003 del
1 ARTÍCULO 96. Causales de retiro del servicio. El retiro del servicio de quienes desempeñan
empleos de libre nombramiento y remoción o de carrera en la Fiscalía General de la Nación y en
sus entidades adscritas se produce en los siguientes casos:
(…)
ARTÍCULO 100. Declaratoria de insubsistencia del nombramiento como resultado de un
estudio de seguridad. El Fiscal General de la Nación y el Director del Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses, podrán declarar la insubsistencia del nombramiento de un
servidor cuando como resultado de un estudio de seguridad se establezca que no cumple con las
condiciones mínimas de seguridad que se exige al personal que labora en estas entidades. El
estudio de seguridad debe fundarse en razones objetivas y proporcionales al fin que se busca con
la declaratoria de insubsistencia y debe garantizar el derecho de defensa del servidor.
El acto administrativo que declare la insubsistencia del nombramiento deberá ser motivado, dando
razón completa del proceso que determinó la decisión, en los términos del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Contra el acto administrativo que declare la insubsistencia del nombramiento procederá el recurso
de reposición
2 Artículo 96. El retiro del servicio de quienes desempeñan empleos de libre nombramiento y
remoción o de carrera en la Fiscalía General de la Nación y en sus entidades adscritas se produce
en los siguientes casos:
(…)
4. Declaratoria de insubsistencia del nombramiento por estudio de seguridad.
3 Artículo 100. Declaratoria de insubsistencia del nombramiento como resultado de un estudio de
seguridad. El Fiscal General de la Nación y el Director del Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses podrán declarar la insubsistencia del nombramiento de un servidor, cuando
como resultado de un estudio de seguridad se establezca que no cumple con las condiciones
mínimas de seguridad que se exigen al personal que labora en estas entidades. El estudio de
seguridad debe fundarse en razones objetivas y proporcionales al fin que se busca con la
declaratoria de insubsistencia y debe garantizar el derecho de defensa del servidor.
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Decreto Ley 20 de 2014, así como el artículo 45A4 la Resolución 1704 de 2014,
puede terminarse con una declaratoria de insubsistencia por estudio de seguridad,
con el cumplimiento de las formalidades preceptuadas en ese estatuto, en cuyo
caso el acto de retiro debía ser motivado.
13. Por consiguiente, concluyó que la actuación administrativa desplegada por la
Fiscalía General de la Nación, que culminó con la expedición de los actos
administrativos acusados, no se encontraba viciada de nulidad, en la medida en
que no trasgredió el derecho al debido proceso, por cuanto la declaratoria de
insubsistencia fue motivada en el estudio de seguridad que concluyó que el actor
no satisfacía las condiciones mínimas de seguridad, fundado en razones objetivas,
«sin que hubiese sido necesario que se adelantara un trámite previo a la expedición de la
resolución de insubsistencia, sino que era suficiente que el demandante conociera el
mencionado estudio con esa decisión».
14. La decisión fue notificada el 3 de marzo de 2023 por correo electrónico.
El acto administrativo que declare la insubsistencia del nombramiento deberá ser motivado, dando
razón completa del proceso que determinó la decisión, en los términos del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Contra el acto administrativo que declare la insubsistencia del nombramiento, procederá el recurso
de reposición
4 La Dirección Nacional de Protección y Asistencia, a través del Grupo de Estudios de Verificación,
Confiabilidad y Confidencialidad, adelantará el proceso de estudio de seguridad para la
permanencia de los servidores de la Fiscalía General de la Nación, de oficio o a petición de parte,
con sujeción al siguiente procedimiento: a) El jefe de la dependencia debe manifestar al Fiscal
General de la Nación, Vicefiscal General de la Nación o al Director Nacional de Protección y
Asistencia, las razones por las cuales considera que el servidor no cumple con las condiciones
mínimas de seguridad que se exige al personal que labora en la entidad;
b) El Fiscal General de la Nación, Vicefiscal General de la Nación o Director Nacional de
Protección y Asistencia oficiosamente pueden solicitar al jefe de la dependencia que manifieste las
razones por las cuales el servidor no cumple con las condiciones mínimas de seguridad que se
exige al personal que labora en la entidad;
c) En ambos eventos, el Grupo de Estudios de Verificación, Confiabilidad y Confidencialidad
recepciona y conoce de las solicitudes de estudio de seguridad para la permanencia del servidor
público en la entidad;
d) El Grupo de Estudios de Verificación, Confiabilidad y Confidencialidad adelantará el estudio de
seguridad fundándose en razones objetivas y proporcionales, con el fin de determinar si el servidor
público reúne, cumple o no cumple las condiciones mínimas de seguridad para continuar en el
desempeño del empleo en la Fiscalía General de la Nación;
e) Si el estudio de seguridad establece que el servidor público no cumple con las condiciones
mínimas de seguridad que se exigen al personal que labora en la Fiscalía General de la Nación, se
remitirá el mismo al Fiscal General de la Nación con el fin de que determine la decisión a que haya
lugar. En caso de decidir que debe retirarse del servicio al servidor, se ordenará la proyección del
acto administrativo a la Dirección Nacional de Apoyo a la Gestión, remitiendo el expediente
correspondiente; de lo contrario procederá su archivo;
f) El Fiscal General de la Nación expedirá el acto administrativo;
g) Con el ánimo de garantizar el derecho de defensa y contradicción del servidor en los términos
del artículo 100 del Decreto-ley 020 de 2014, el acto administrativo que declare la insubsistencia se
deberá notificar junto con el estudio de seguridad respectivo y entregar copia del mismo al servidor
público;
h) Contra el acto administrativo que declare la insubsistencia del nombramiento procederá el
recurso de reposición, el cual se resolverá en los términos indicados en el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Parágrafo. Los funcionarios designados para efectuar esta tarea velarán por la observancia de las
normas legales y reglamentarias que rijan sobre la materia.
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1.3. Fundamentos de la solicitud
El actor indicó que la autoridad accionada incurrió en los siguientes defectos:
15. Violación directa de la Constitución: Al desconocer los preceptos del
artículo 29, en concordancia con los artículos 2°, 4°, 6°, 13, 122, 123 y 229 de la
Constitución Política.
16. Defecto sustantivo: Al no darle aplicación a los artículos 34 al 45 del CPACA,
en desarrollo del artículo 29 de la Constitución y al apoyarse en una norma
evidentemente inaplicable al caso concreto.
17. Frente al punto, adujo que artículo 100 del Decreto Ley 20 de 2014, establece
la declaratoria de insubsistencia de un nombramiento por estudio de seguridad,
como causal de retiro del servicio de quienes desempeñan empleos de libre
nombramiento y remoción o de carrera en la Fiscalía General de la Nación, sin
embargo, no establece un procedimiento administrativo especial al cual deba
sujetarse dicha declaratoria. Estimó que por lo anterior, el mencionado acto
administrativo debió someterse al debido proceso, consagrado en el artículo 29 de
la Constitución Política, derecho constitucional ampliamente estudiado y definido
por la jurisprudencia de las altas cortes.
18. Indicó que la violación del debido proceso se hace palmaria y ostensiva si se
tiene en cuenta que el estudio de seguridad constituye una actuación
administrativa especial, que exigía ponerla en conocimiento del demandante,
desde que se inició hasta su culminación, para que tuviera la oportunidad de
pronunciarse sobre ella y ejercer a cabalidad el derecho de defensa, conforme a
las ritualidades establecidas en las normas enunciadas.
19. Desconocimiento del precedente: En lo concerniente al alcance que debe
tener el derecho constitucional al debido proceso en materia de competencias y
actuaciones administrativas consagrado en las sentencias C-341 del 4 de junio del
2014, con ponencia del magistrado doctor Mauricio González Cuervo y C-319 de 3
de mayo de 2007, del magistrado Ponente doctor Jaime Araújo Rentería.
1.4. Trámite de la acción de tutela
20. Mediante auto del 4 de agosto de 2023 se admitió la acción de tutela y se
dispuso su notificación a la parte actora, así como a los magistrados del Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección B, como autoridades judiciales
accionadas. Igualmente, se vinculó en calidad de tercero con interés jurídico, al
Tribunal Administrativo del Atlántico y a la Nación, Fiscalía General de la Nación,
quienes hicieron parte del proceso ordinario.
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1.5. Intervenciones
21. Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias
visibles en la copia digital del expediente, se presentaron las siguientes
contestaciones:
1.5.1. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
22. Adujo que se atenía a lo que se demostrara durante el trámite y en relación
con los motivos de inconformidad respecto de la providencia de 26 de enero de
2023, proferida dentro del referido asunto «somos del criterio que las razones que le
sirvieron de fundamento están consignadas en sus motivaciones, las que deben dar
suficientemente cuenta de aquellas.»
1.5.2. Tribunal Administrativo del Atlántico
23. Solicitó su desvinculación del presente trámite constitucional por carecer de
legitimación en la causa por pasiva debido a que el accionante dirigió su demanda
contra la sentencia de 26 de enero de 2023, proferida por la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado.
1.5.3. Fiscalía General de la Nación
24. Requirió declarar la improcedencia de la acción ya que no se cumplió ni
argumentó la configuración de alguna causal específica de procedibilidad de la
tutela contra providencias judiciales, concretamente el requisito de subsidiariedad.
25. Lo anterior, debido a que el apoderado del accionante no justificó por qué el
recurso extraordinario de revisión no resultaba idóneo para amparar sus derechos
fundamentales. Por otro lado, indicó que, dado que a través de la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho se solicita la responsabilidad patrimonial,
no se verificó la materialización de un perjuicio que vulnere de manera flagrante
sus garantías constitucionales.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
26. El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada
por el señor Mendoza Mendoza, de conformidad con lo dispuesto por los artículos
86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 7° del
artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1° del
Decreto 333 de 2021. Lo anterior, por cuanto la acción de tutela se dirige contra el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, por tanto, debe aplicarse el
numeral 7° de la referida norma.
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2.2. Solicitud de desvinculación
27. El Tribunal Administrativo del Atlántico solicitó su desvinculación del presente
trámite por falta de legitimación en la causa por pasiva. No obstante, dicha petición
será negada ya que su vinculación se hizo en calidad de tercero con interés dado
que fungió como a quo en el proceso ordinario que derivó con la decisión que se
discute en sede constitucional.
2.3. Problema jurídico
28. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, los
defectos formulados, el material probatorio recaudado y los informes presentados,
los problemas jurídicos que subyacen al caso concreto son los siguientes:
¿Se superan en el sub lite los requisitos de procedibilidad adjetiva de la
acción de tutela contra providencia judicial?
29. De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará lo
siguiente:
¿El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B vulneró los
derechos fundamentales a «igualdad, el debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, y los principios constitucionales de confianza legítima,
seguridad jurídica y vigencia de un orden justo» al proferir el fallo del 26 de
enero de 2023, que revocó la decisión del a quo, para en su lugar, negar las
pretensiones de la demanda presentada con el fin de que se anularan los
actos administrativos que declararon insubsistente su nombramiento en el
cargo de fiscal delegado ante tribunal de distrito en la Subdirección
Seccional de Fiscalías y Seguridad Ciudadana del Atlántico?
30. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas:
(i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela
contra providencia judicial; (ii) el estudio de los requisitos de procedibilidad
adjetiva y; (iii) el caso concreto.
2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
31. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de
20125 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción
de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la
5Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P.
María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
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misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema6 y declaró su
procedencia.7
32. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros
para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y
iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el
cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del
amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.
33. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos
en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en
donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que
la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente
reabrir el debate de instancia.
34. Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para
revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del
juez natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la
referencia.
2.5. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad
2.5.1. Relevancia constitucional8
35. Cabe destacar que la Corte Constitucional desde la sentencia C-590 de 2005
incluyó como requisitos genéricos de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencia judicial que (i) la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional; (ii) se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que
se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable, (iii)
se cumpla el requisito de la inmediatez, y (iv) no se trate de sentencias de tutela.
6 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
7 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
8 Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 27.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2020-00004-00;
Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05258-00; Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-
15-000-2019-05291-00; Sentencia 13.02.2020, Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; Sentencia
13.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05354-00; Sentencia 06.02.20, Rad. 11001-03-15-000-
2019-05153-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20,
Rad. 11001-03-15-000-2019-05167-00; Sentencia 23.10.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04664-
00; Sentencia 23.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00.
8
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36. El concepto de relevancia constitucional se refiere a un método objetivo de
procedencia de la acción de tutela, pues busca excluir, en el estudio de
procedibilidad, las vulneraciones de derechos fundamentales que no tengan tal
relevancia.
37. Ello comprende una carga para el actor de la acción de tutela contra
providencia judicial, de justificar la vulneración del derecho fundamental con una
argumentación diferente de la que se expuso en el proceso ordinario y que se
dedique a la lesión de la garantía fundamental invocada.
38. Respecto de la acción de tutela contra providencia judicial, dicha figura implica
un quebrantamiento del núcleo esencial del derecho fundamental alegado por la
parte actora y que no fue tenido en cuenta por aquella autoridad judicial, por las
razones anotadas.
39. En atención a la definición anterior, para determinar si en un caso concreto se
encuentra acreditado el requisito de relevancia constitucional, el juez debe realizar
el test de procedibilidad en relación con las pretensiones de la demanda y la carga
argumentativa y probatoria que justifica la protección de los derechos
fundamentales invocados por la parte actora. Esto, desde la perspectiva del
núcleo esencial de las garantías fundamentales invocadas y los casos
anteriormente ejemplificados.
40. Dicha postura fue acogida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
en sentencia de unificación del 5 de agosto de 20149, en la que se indicó que para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial se
debían analizar dichos requisitos.
41. En concreto sobre la relevancia constitucional, en aquella oportunidad señaló
que este requisito tiene dos cometidos fundamentales: i) proteger el principio
constitucional de la autonomía funcional de los jueces; y ii) evitar que la acción de
tutela se torne en un instrumento para involucrarse en asuntos que corresponde a
otras jurisdicciones.
42. En la sentencia SU-215 de 202210, el alto tribunal unificó los criterios que se
deben analizar a la hora de determinar si un asunto reviste o no de relevancia
constitucional, de acuerdo precisamente a los fines acogidos hasta ese momento.
9 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
10 A través de esta decisión judicial, la Corte Constitucional revisó las sentencias proferidas en
primera y segunda instancia por las Secciones Quinta y Primera del Consejo de Estado, dentro de
una acción de tutela formulada por Producciones RTI S.A.S. contra la Sección Cuarta de este
mismo órgano de cierre. Tras abordar los criterios que debe reunir una solicitud de amparo que
reproche una decisión judicial para superar el requisito de la relevancia constitucional, la Corte
Constitucional esbozó que el mecanismo de tutela formulado por RTI S.A.S. no cumplía con este
postulado. Lo anterior, porque (i) no tenía la identidad para interpretar, aplicar o desarrollar la
Constitución Política o desarrollar el alcance de un derecho fundamental; (ii) involucraba un debate
eminentemente legal; (iii) planteaba una discusión preponderantemente económica; y, (iv) no
cumplía con la carga argumentativa y explicativa rígida porque no se demostraba la grave violación
de los derechos fundamentales invocados.
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43. Por su parte, esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de 202211
modificó su postura en relación con la relevancia constitucional frente a aquellos
casos en los que se hace evidente que los argumentos propuestos por los
tutelantes se limitan a desarrollar aspectos de índole legal o económico, sin que se
propongan razones de importancia para la interpretación y aplicación de la
Constitución ante la posible vulneración de derechos fundamentales, que amerite
el estudio del fondo del asunto.
44. De esta manera, esta Sala de Decisión en esa oportunidad, planteó que el
estudio de la relevancia constitucional debía estar acompasado con los criterios
establecidos por la Corte Constitucional y acogidos por esta Corporación, que en
concreto se refieren a:
i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;
ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al
proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto
que este mecanismo sólo está instituido para proteger derechos
fundamentales y no para discutir la discrepancia que el actor tenga frente
a la decisión judicial. Por ende, no debe ser un debate exclusivamente
legal; y
iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración
ostensible de un derecho fundamental. Lo anterior porque estas
controversias corresponde definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no
puede convertirse en una tercera instancia.
45. La carga argumentativa como criterio para determinar cuándo un asunto
reviste de relevancia constitucional: De acuerdo con la Corte Constitucional, este
presupuesto implica que el accionante cumpla con una carga explicativa mínima al
identificar: (i) los derechos fundamentales afectados; (ii) los hechos que generan la
vulneración; y (iii) los motivos por los que considera que la autoridad judicial
accionada ha incurrido en uno de los defectos.
46. Frente a este último punto, la Corte Constitucional ha sido enfática en señalar
que no es suficiente alegar una violación a un derecho fundamental con base en
una simple relación de los hechos, sino que se exige demostrar de manera
razonable una restricción desproporcionada de aquella12.
47. A su turno, esta Corporación en diferentes oportunidades ha considerado que
tratándose de la carga argumentativa como requisito sine qua non para definir la
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29 de
septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
12 Corte Constitucional. Sentencia SU-103 de 2022.
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procedibilidad de la acción de tutela, existe un deber de sustentar en términos
jurídicos el defecto en el que la autoridad judicial accionada incurrió. Por esto, el
peticionario está obligado a exponer de manera detallada las razones que
sustentan su demanda de amparo y los motivos que, en su criterio explican la
configuración de una causal especifica de procedencia.
2.6. Caso concreto
48. En el caso objeto de estudio, la acción de tutela presentada por el señor
Mendoza Mendoza no satisface el requisito de la relevancia constitucional, ya que
solo se planteó un debate respecto de que la autoridad judicial accionada no le dio
aplicación a los artículos 34 al 45 del CPACA, y por el contrario se basó en una
norma evidentemente inaplicable al caso concreto, a saber el artículo 100 del
Decreto Ley 20 de 2014. Aunado a lo anterior adujo que se desconocieron los
preceptos del artículo 29, en concordancia con los artículos 2°, 4°, 6°, 13, 122, 123
y 229 de la Constitución Política.
49. Por lo mismo, los argumentos elevados por la parte actora no tienen la entidad
para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance
de un derecho fundamental, de conformidad con las razones que pasan a
señalarse:
50. En primer lugar, en la controversia propuesta en el escrito de tutela respecto
del defecto sustantivo no se exponen razones tendientes a demostrar una
vulneración de derechos fundamentales por parte de la autoridad judicial con
ocasión de la providencia proferida en segunda instancia. En efecto, las
inconformidades presentadas están dirigidas a indicar que, a su juicio, la entidad
violó su derecho al debido proceso ya que el estudio de seguridad constituye una
actuación administrativa especial, que exigía ponerla en conocimiento del
demandante, desde que se inició hasta su culminación, para que tuviera la
oportunidad de pronunciarse sobre ella y ejercer a cabalidad el derecho de
defensa, conforme a las ritualidades establecidas en las normas enunciadas.
51. No obstante, se tiene que dicho aspecto fue zanjado por la autoridad judicial
accionada quien advirtió que, de conformidad con el articulo 45A de la Resolución
1704 de 2014, cuando se realice un estudio de seguridad a un servidor de la
Fiscalía General de la Nación y de este se determine que no cumple las
condiciones mínimas de seguridad que se exige al personal, aquel se remitirá al
fiscal general de la Nación para que adopte la decisión a que haya lugar. También
esgrimió que, en caso de que se trate del retiro del servicio y «con el ánimo de
garantizar el derecho de defensa y contradicción (…) en los términos del artículo 100 del
Decreto-ley 020 de 2014, el acto administrativo que declare la insubsistencia se deberá
notificar junto con el estudio de seguridad respectivo y entregar copia del mismo al
servidor público», contra el que procederá el recurso de reposición.
52. Frente a lo anterior, la autoridad judicial accionada adujo que, contrario a lo
expuesto en la alzada, sí existía regulación concerniente al trámite que debe darse
cuando se realizaba un estudio de seguridad a algún servidor de la Fiscalía
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General de la Nación, «que fue el aplicado por ese ente estatal, a pesar de que su
apoderado no lo reconozca dentro de los motivos de censura»
53. La autoridad judicial también indicó que el mencionado artículo 100 del
Decreto Ley 20 de 2014, en la parte final de su inciso 1º, establece que «el estudio
de seguridad debe fundarse en razones objetivas y proporcionales al fin que se busca con
la declaratoria de insubsistencia y debe garantizar el derecho de defensa del servidor», y
concluyó que dicho mandato fue observado por la Fiscalía General de la Nación,
por cuanto no se discutía la objetividad del informe de seguridad, del que se
desprendían motivos válidos para su retiro, respaldado por la garantía al debido
proceso.
54. Así mismo, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B trajo a
colación criterios jurisprudenciales13 que a su juicio resultaban aplicables al caso
concreto porque analizó situaciones similares, esto es, en torno al retiro de un
servidor público con ocasión de la expedición de un informe de seguridad con
conclusiones desfavorables, en las cuales se estableció que el estudio realizado
por las autoridades competentes debe fundarse en razones neutrales derivadas de
hechos objetivos, ciertos, específicos y relevantes.
55. Fueron tales consideraciones las que permitieron concluir al Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B que la actuación administrativa
desplegada por la Fiscalía General de la Nación, que culminó con la expedición de
los actos administrativos acusados, no se encontraba viciada de nulidad, en la
medida en que no trasgredió el derecho al debido proceso, por cuanto la
declaratoria de insubsistencia fue motivada en el estudio de seguridad que
estableció que el actor no satisfacía las condiciones mínimas de seguridad,
fundado en razones objetivas, sin que hubiese sido necesario que se adelantara
un trámite previo a la expedición de la resolución de insubsistencia, sino que era
suficiente que el demandante conociera el mencionado estudio con esa decisión.
56. Si bien el actor planteó la configuración de un defecto sustantivo y defecto por
desconocimiento de precedente, lo cierto es que lo que pretende es reabrir el
debate ya zanjado por la autoridad judicial accionante, quien de manera razonable
determinó que los actos administrativos atacados sí fueron motivados, como lo
exige el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia que ha desarrollado el tema, por
tratarse de un empleado público en condición de provisionalidad. Aunado a lo
anterior, estimó que se cumplieron las exigencias y formalidades previas a la
adopción de una decisión de insubsistencia generada por un informe de seguridad
desfavorable al servidor público, como lo son que este conozca su contenido y se
13 A similares conclusiones arribó la Corte Constitucional, en sentencia C-108 de 1995, M. P.
Vladimiro Naranjo Mesa, al estudiar la constitucionalidad de los artículos 39, 40-10, 46, 58, 64, 65,
83-8, 92-3, 111-2, 146 y 152 del Decreto Ley 407 de 1994, «por el cual se establece el régimen de
personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario», pues consideró que «[…] es necesario
que el empleado cuyo retiro se disponga cuente con un debido proceso y se le permita, por
consiguiente, ejercer su derecho de defensa ante la Junta. Por esta razón la exequibilidad de la
norma bajo examen estará condicionada a que llegado el caso, a los funcionarios en ella
mencionados se les oiga en descargos por parte de la Junta, de forma tal que su separación del
cargo resulte plenamente justificada».
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le otorguen las oportunidades legales para controvertirlo, en garantía, como se ha
dicho, del derecho al debido proceso.
57. Ahora bien, en criterio de la Sala se reitera que los planteamientos del actor
carecen de relevancia constitucional porque lo perseguido por el accionante es
una discusión de mera legalidad que se circunscribe a discutir nuevamente el
debate zanjado en el proceso ordinario, quien, se reitera, concluyó de manera
razonable que sí era suficiente notificar el informe de seguridad y el acto
administrativo de declaratoria de insubsistencia al mismo tiempo, con lo que se
otorgó la posibilidad de interponer los eventuales recursos en instancia
administrativa o el ejercicio del derecho de defensa y contradicción.
58. De tal suerte que los argumentos expuestos en esta instancia constitucional no
están justificados en una vulneración a derechos fundamentales, sino a una
inconformidad con una decisión que no es acorde con sus intereses. Esta
situación resulta contrario a la naturaleza del juez constitucional que está llamado
a proteger aquellas garantías fundamentales vulneradas y a proferir decisiones
encaminadas a restablecer las mismas.
59. Bajo este escenario el juez de tutela no está llamado a reemplazar al juez de la
causa y a decidir las controversias de las instancias ordinarias, máxime si resulta
evidente que se trata de una inconformidad con un aspecto que ya fue resuelto por
una autoridad judicial.
60. Es importante resaltar que el simple hecho de existir diferencias de criterio en
la interpretación de las normas de rango legal no puede implicar calificar una
providencia como arbitraria o caprichosa, ni desconocer que su caso fue estudiado
en el marco de la normativa vigente, la sana crítica y la jurisprudencia.
61. Se reitera que la afirmación consistente en que se vulneró su derecho
fundamental al debido proceso no conlleva a que el asunto puesto en
conocimiento del juez de tutela revista necesariamente de relevancia
constitucional, pues para ello se requiere que en el escrito inicial medie un
ejercicio hermenéutico y argumentativo que permita vislumbrar que la controversia
gira en torno a al alcance, contenido o goce de un derecho fundamental. Esto, ya
que la competencia de este juez se restringe a la protección efectiva e las
garantías constitucionales y no a problemas de carácter legal o a estudiar una
mera inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales.
62. Aunado a lo dicho, debe recordarse que esta Sección ha considerado que la
parte que invoca el desconocimiento de un precedente judicial debe cumplir
con la carga mínima de identificar en su proceder argumentativo: (i) la decisión
que considera desatendida; (ii) la ratio de esta aplicable a la solución del nuevo
caso que se somete a la jurisdicción dada la analogía con la litis anterior y (iii) la
incidencia de esta en la decisión final que adopte el fallador de instancia.
63. Lo dicho cobra importancia máxime si tiene en consideración que para
determinar si un precedente es relevante o no se deben tener en cuenta factores
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como que: i) en la ratio decidendi de la sentencia se encuentra una regla
relacionada con el caso a resolver posteriormente, ii) la ratio debió haber servido
de base para solucionar un problema jurídico semejante, o a una cuestión
constitucional semejante, y iii) los hechos del caso o las normas juzgadas en la
sentencia anterior deben ser semejantes o plantear un punto de derecho
semejante al que debe resolverse posteriormente. En este sentido será razonable
que «cuando en una situación similar, se observe que los hechos determinantes no
concuerdan con el supuesto de hecho, el juez esté legitimado para no considerar
vinculante el precedente»14.
64. De conformidad con lo expuesto, la parte actora tenía la carga de, además de
identificar el precedente que invoca como desconocido, señalar la regla de
derecho que resulta aplicable al caso en concreto, aspecto que la Sala no
encuentra acreditado.
65. Sobre este aspecto, se considera que, aunque el accionante, identificó las
providencias que alude como desconocidas en la sentencia objeto de análisis, lo
cierto es que no esbozó los argumentos que tienden a demostrar porque esas
sentencias resultaban aplicable a su situación particular, por lo que no se cumple
la carga argumentativa necesaria para que esta Sala advierta la vulneración a los
derechos fundamentales del accionante.
66. En este punto, debe reiterarse el carácter excepcional y restringido del
mecanismo de amparo cuando se dirige contra providencias judiciales, conforme
se puso de presente en líneas anteriores, ya que este supone un esfuerzo
argumentativo considerable por parte de quien considere que con lo resuelto en
una sentencia se incurrió en una vía de hecho.
67. Así, teniendo en cuenta que la actora no cumplió con la carga argumentativa
que le asistía en demostrar una vulneración a sus derechos fundamentales, es
preciso señalar que el déficit argumentativo no le corresponde suplir a este juez
constitucional, en ese orden, este cargo tampoco supera el requisito de relevancia
constitucional. En este punto, debe reiterarse el carácter excepcional y restringido
del mecanismo de amparo cuando se dirige contra providencias judiciales que,
además, son proferidas por una alta corte como sucedió en este caso, conforme
se puso de presente en líneas anteriores, ya que supone un esfuerzo
argumentativo considerable por parte de quien estime que con lo resuelto en una
sentencia dictada por un órgano de cierre se incurrió en una vía de hecho.
68. En este punto, debe reiterarse el carácter excepcional y restringido del
mecanismo de amparo cuando se dirige contra providencias judiciales, conforme
se puso de presente en líneas anteriores, ya que este supone un esfuerzo
argumentativo considerable por parte de quien considere que con lo resuelto en
una sentencia se incurrió en una vía de hecho.
14 Corte Constitucional, Sentencia T-292 de 2006.
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2.7. Conclusión
69. En consecuencia, se declarará la improcedencia de esta acción constitucional,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación elevada por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, por lo expuesto.
SEGUNDO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de amparo ejercida por
el señor Fernando José Mendoza Mendoza, por no satisfacer el requisito de
relevancia constitucional.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
(Firmado electrónicamente)
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
(Firmado electrónicamente)
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
(Firmado electrónicamente)
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081.
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