RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 08001-23-33-000-2017-00233-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2017-00233-01

Fecha
26 de enero de 2023
Consejero ponente
Carmelo Perdomo Cueter
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2017-00233-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1º. Revócase la sentencia proferida el 9 de octubre de 2018 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que accedió a las súplicas de la demanda incoada por el señor Fernando José Mendoza Mendoza contra la Nación - Fiscalía General de la Nación; en su lugar, niéganse tales pretensiones, conforme a lo consignado en la parte motiva. 2º. Sin condena en costas. 3º. Reconócese personería a la abogada Edna Rocío Martínez Laguna, con cédula de ciudadanía 26.431.333 y tarjeta profesional 163.782 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderada de la Nación – Fiscalía General de la Nación, en los términos del poder conferido. 4º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones que fueren menester.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 08001-23-33-000-2017-00233-01

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter

26 de enero de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

Bogotá, D. C., veintiséis (26) de enero de dos mil veintitrés (2023)

Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 08001-23-33-000-2017-00233-01 (1852-2019)
Demandante : Fernando José Mendoza Mendoza
Demandada : Nación - Fiscalía General de la Nación
Tema : Insubsistencia

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la demandada
contra la sentencia de 9 de octubre de 2018 proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, mediante la cual accedió a las súplicas de la
demanda dentro del proceso del epígrafe.

I. ANTECEDENTES

1.1 El medio de control (ff. 1 a 34 del cuaderno principal 1). El señor Fernando
José Mendoza Mendoza, mediante apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo a incoar medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho conforme al artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
contra la Nación - Fiscalía General de la Nación, para que se acojan las
pretensiones que en el apartado siguiente se precisan.

1.2 Pretensiones. Se declare la nulidad de las Resoluciones 713 de 11 de marzo
y 2994 de 5 de septiembre, ambas de 2016, proferidas por la Fiscalía General
de la Nación, por medio de las cuales se declaró insubsistente al accionante en
el cargo de fiscal delegado ante tribunal de distrito en la subdirección seccional
de fiscalías y seguridad ciudadana del Atlántico.

A título de restablecimiento del derecho, se ordene (i) sin solución de
continuidad, su reintegro al empleo que desempeñaba «[…] o a otro de igual o
superior categoría y sueldo, en todo caso ubicado en la misma [s]ubdirección
[s]eccional»; (ii) el pago de «[…] los sueldos, gastos de representación, primas,
bonificaciones, aumentos y demás prestaciones sociales causadas desde el 13
de septiembre de 2016, en que fue separado del cargo […] hasta la fecha en
que se efectúe el reintegro, por virtud de la sentencia que haya de dictarse en
este proceso»; y (iii) que se «[…] hagan los aportes en materia de pensión y
salud, así como los descuentos de ley […]», causados durante el mismo

Expediente 08001-23-33-000-2017-00233-01 (1852-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Fernando José Mendoza Mendoza contra la Nación –
Fiscalía General de la Nación

interregno. Todo ello con la indexación y las costas a que haya lugar.

1.3 Fundamentos fácticos. Relata el actor que «[…] fue nombrado en
provisionalidad en el cargo de carrera de [f]iscal ante [t]ribunal de [d]istrito
de la [d]irección [s]eccional de [f]iscalías de Barranquilla mediante Resolución
número 0-2558 de 6 de mayo de 2008, expedida por el Fiscal General de la
Nación», del que tomó posesión el 8 siguiente.

Que «[…] fue sorprendido el día 16 de marzo de 2016, en que se le notificó
personalmente la Resolución número 0-0713 de 11 de marzo de 2016, a través
de la cual se le declaró insubsistente su nombramiento […]» en el referido
cargo; decisión que en su artículo tercero «[…] ordenó notificar[la] […] al
interesado “entregando copia de la misma y del informe de seguridad de la
[d]irección [n]acional de [p]rotección y [a]sistencia de fecha 17 de febrero de
2016, […]» (sic); contra este acto interpuso recurso de reposición, desatado
desfavorablemente con Resolución 2994 de 5 de septiembre de esa anualidad.

1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas
violadas por los actos administrativos demandados los artículos 29 de la
Constitución Política, 30 a 45 del CPACA y 96 y 100 del Decreto ley 20 de
2014.

Arguye que «[…] la declaratoria de insubsistencia del nombramiento […] no
se ajustó a las exigencias previstas en el artículo 100 del Decreto [l]ey 020 de
2014, por cuanto no existieron razones objetivas y proporcionales que
ameritaran su retiro y, por el contrario, el desempeño de sus funciones como
[f]iscal [d]elegado ante el Tribunal Superior de Barranquilla lo hacían digno
de confiabilidad y de máxima seguridad para la Fiscalía General de la
Nación».

Que, en específico, la Resolución 713 de 2016 está falsamente motivada, por
cuanto invoca como sustento el pronunciamiento de la Corte Constitucional
contenido en la sentencia C-48 de 1997, frente al cual, «[…] en primer lugar,
el Decreto [l]ey 020 de 2014, prevé como causal de retiro una regulación
diferente para la declaratoria de insubsistencia de quienes desempeñen un
empleo, bien sea de libre nombramiento y remoción o de carrera en la
Fiscalía […] y en segundo lugar, dicha declaratoria es reglada y está sujeta a
los requisitos taxativamente señalados en su artículo 100 […]» (sic), lo que
no corresponde a este asunto, en la medida en que en aquella providencia se
analiza sobre los nombramientos en virtud del régimen de carrera de los
2

Expediente 08001-23-33-000-2017-00233-01 (1852-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Fernando José Mendoza Mendoza contra la Nación –
Fiscalía General de la Nación

empleados del extinguido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

1.5 Contestación de la demanda (ff. 317 a 342 del cuaderno principal 2). La
accionada, a través de apoderada, se opuso a la prosperidad de las pretensiones;
respecto de los hechos afirma que unos son ciertos y otros no; y formula la
excepción denominada caducidad de la acción.

Asevera que «[…] el estudio de seguridad se fundó en razones objetivas y
proporcionales al fin que se buscó con la declaratoria de insubsistencia, y se
garantizó el derecho a la defensa del servidor, toda vez que tanto el [e]statuto
de [s]eguridad como la Resolución a través de [la] cual fue declarado
insubsistente, fueron notificadas en debida forma, y el [demandante] […] tuvo
la oportunidad de controvertirlos».

Que «[…] si bien el artículo 100 del Decreto [l]ey 020 de 2014 establece que
el estudio de seguridad debe garantizar los derechos de defensa y
contradicción, lo cierto es que tal norma no se encuentra reglamentada. Por
esta razón, no puede pretenderse, como lo indica erróneamente el actor, que la
única forma de garantizar tales derechos es llevar a cabo una instancia previa
a la declaratoria de insubsistencia, agotando todo un trámite como
equivocadamente lo plantea en la demanda», lo que comportaría «[…] crear
nuevas instancias administrativas no previstas en el ordenamiento jurídico o
reglamentar el procedimiento correspondiente a lo establecido en una norma
[l]egal […]».

Aduce que «[…] en ejercicio de sus derechos fundamentales al debido proceso
y a la defensa, el [accionante] […] no sólo interpuso el recurso de reposición
en contra del acto que lo declaró insubsistente, instancia que le permitió
exponer sus argumentos para controvertir tanto el acto como el estudio de
seguridad, sino que también aportó pruebas en su defensa, presentó un escrito
de recusación y, en suma, adelantó actuaciones que demuestran la
materialización de los aludidos derechos fundamentales, sin que pueda ahora
alegar que la [e]ntidad los desconoció».

1.6 La providencia apelada (ff. 879 a 898 del cuaderno principal 5). El
Tribunal Administrativo del Atlántico, en sentencia de 9 de octubre de 2018,
accedió a las súplicas de la demanda (sin condena en costas), al considerar que
«[…] la causal de retiro con base en estudio de seguridad cuenta con sustento
constitucional, y la misma está contemplada para garantizar principios
específicos de la función pública de relevancia superior como lo son el de
3

Expediente 08001-23-33-000-2017-00233-01 (1852-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Fernando José Mendoza Mendoza contra la Nación –
Fiscalía General de la Nación

eficacia y la eficiencia. Sin embargo, la misma no puede ser entendida ni
aplicada de manera arbitraria, pues en algunos casos el retiro supone
transgresión [de] derechos y garantías del mismo raigambre constitucional
como lo es el debido proceso, el derecho de defensa y contradicción del
trabajador […]».

Que «[…] la desvinculación del demandante […] por parte de la Fiscalía
General de la Nación, […] obedeció a [un] estudio de seguridad practicado
[…] en el que se concluyó que el servidor no reunía las condiciones mínimas
de seguridad para desempeñar el cargo, en virtud de lo consagrado en el
artículo 100 del Decreto [l]ey 20 de 2014, sin que previamente se hubiese
iniciado actuación administrativa alguna en punto a posibilitarle controvertir
las razones de dicho estudio de seguridad»; por ende, «[…] no surge duda, en
torno a que [tal] […] atribución […] se trata de una verdadera facultad de
remoción, la cual no obstante, es de carácter reglada, más no discrecional,
distinción que emerge de la misma disposición, cuando requiere que el estudio
de seguridad esté fundado en razones objetivas y proporcionales y […]
garantizando el derecho de defensa del servidor» (sic).

Precisa que «[…] la norma en comento de manera explícita exige, que el
empleado cuyo retiro se disponga cuente con un debido proceso y se le permita,
por consiguiente, ejercer su derecho de defensa, disponiendo de las
oportunidades pertinentes para poder controvertir dicho estudio, de forma tal
que la declaratoria de insubsistencia no resulte vulneradora de derechos y
garantías fundamentales, máxime si se parte de la premisa que el derecho de
defensa emerge como corolario del debido proceso», por lo que «[…] de la
interpretación teleológica de la norma, a juicio del Tribunal, la aplicación de
causal de retiro de la función pública, debe estar presidida de un procedimiento
que pondere la garantía fundamental del debido proceso del posible afectado
con la medida, contando de suyo con la posibilidad de controvertir dicho
estudio de seguridad, situación diferente a controvertir el acto administrativo
que declara la insubsistencia del nombramiento, los cuales emergen como dos
actos completamente disimiles y diferentes, más aún, si se tiene en cuenta que
la norma no dispuso reserva alguna frente al estudio de seguridad ni respecto
al procedimiento para su expedición» (sic).

Que «[…] la ausencia de regulación de la disposición […] no puede significar
dar al traste con los principios y garantías fundamentales inherentes del debido
proceso y el derecho defensa, máxime, si se parte de […] que las normas en
que se basó la decisión de insubsistencia, no prevén que el funcionario afectado
4

Expediente 08001-23-33-000-2017-00233-01 (1852-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Fernando José Mendoza Mendoza contra la Nación –
Fiscalía General de la Nación

estuviera privado de conocer las razones de conveniencia o tuviera la
oportunidad de controvertirlas, por el contrario, el precepto normativo es claro
en señalar que el estudio de seguridad debe garantizar el debido proceso del
servidor, lo cual, para la sala de decisión, implica en esencia, por naturaleza,
la oportunidad del actor de presentar sus descargos, solicitar el decreto de
pruebas, aportar las que considerara pertinentes y controvertir las alegadas
en su contra, esto, dentro del marco de un procedimiento con absoluto apego
a las disposiciones que lo regulen; circunstancia que no aconteció en el caso
particular» (sic).

En consecuencia, accedió a las pretensiones de la demanda, en el sentido de
declarar la nulidad de los actos acusados y, a título de restablecimiento del
derecho, ordenó a la accionada:

[…]
SEGUNDO: […] reintegrar al [actor] […] al cargo que venía
desempeñando o a uno de igual o superior categoría.

TERCERO: […] reconocerle y pagarle […] los salarios[,]
prestaciones y demás emolumentos dejados de percibir desde el retiro
del servicio y hasta que se efectúe el reintegro […] de forma
actualizada […]
[…] (sic para toda la cita).

De igual modo, declaró, «[…] para todos los efectos[,] que no ha existido
solución de continuidad en la prestación de los servicios […]».

1.7 El recurso de apelación (ff. 906 a 911 del cuaderno principal 5). La
accionada, mediante apoderada, interpuso recurso de apelación, al insistir en
que «[…] al no existir un mecanismo legal propio y especial para el ejercicio
del derecho de contradicción en el estudio de seguridad, contemplado en el
artículo 100 del Decreto [l]ey 020 de 2014, la [e]ntidad buscó mecanismos para
garantizar los derechos al debido proceso y a la defensa del demandante y fue
así como acudió a lo contemplado en la normatividad, en el caso concreto, al
recurso de reposición. Esto, con el fin de habilitar la oponibilidad del
interesado al estudio de seguridad, el cual, en todo caso, no constituye un acto
administrativo definitivo contra el cual sea viable interponer recurso en sede
administrativa. En estos términos, […] optó por la única solución favorable al
servidor, y al notificar el acto definitivo de insubsistencia, en conjunto con el
estudio de seguridad correspondiente, […] contra la […] [que] procedía el
recurso de reposición».
5

Expediente 08001-23-33-000-2017-00233-01 (1852-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Fernando José Mendoza Mendoza contra la Nación –
Fiscalía General de la Nación

Que «[…] los recursos en sede administrativa previstos en la Ley 1437 de 2011,
los cuales fueron puestos a disposición del accionante en el trámite
administrativo, son instrumentos de defensa que concretan la posibilidad de
oposición de que gozan los administrados. En efecto, de lo anotado se constata
que [aquel] […] hizo uso de estos instrumentos […]», situación que garantiza
el debido proceso y la legalidad de las resoluciones acusadas.

II. TRÁMITE PROCESAL.

El recurso de apelación fue concedido mediante proveído de 27 de febrero de
2019 (f. 917 del cuaderno principal 5) y admitido por esta Corporación a través
de auto de 12 de febrero de 2020 (f. 922 ibidem), en el que se dispuso la
notificación personal al agente del Ministerio Público y a las partes por estado,
en cumplimiento de los artículos 198 (numeral 3) y 201 del CPACA.

2.1 Alegatos de conclusión. Admitida la alzada, se continuó con el trámite
regular del proceso en el sentido de correr traslado a las partes y al Ministerio
Público, con auto de 8 de febrero de 2021 (f. 938 del cuaderno principal 5), para
que aquellas alegaran de conclusión y este conceptuara, oportunidad
aprovechada por todos ellos1.

2.1.1 Partes actora y demandada. Reiteran los argumentos expuestos en la
demanda, su contestación y en el recurso de apelación.

2.1.2 Ministerio Público. El señor procurador tercero delegado ante esta
Corporación presentó concepto en el que solicita que la sentencia recurrida sea
«confirmada», por cuanto «[…] por más graves que resulten las conductas
eventualmente irregulares a las que alude el informe de seguridad, resultaba
menester que el servidor público pudiese ejercer su derecho a la defensa antes
de materializar la causal de retiro en un acto administrativo definitivo, como
así surge, además, del artículo 42 del CPACA2».

Que «[…] el informe de seguridad es un acto diferente al que declara la
insubsistencia del nombramiento, que justamente condujo a la expedición de
este último, por lo que ha debido permitirse el ejercicio de defensa del
[demandante] […] frente a las eventuales irregularidades y circunstancias allí
expuestas».

1
Memoriales adjuntados a la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada Samai.
2
«Habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones y con base en las pruebas e
informes disponibles, se tomará la decisión, que será motivada» (sic).
6

Expediente 08001-23-33-000-2017-00233-01 (1852-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Fernando José Mendoza Mendoza contra la Nación –
Fiscalía General de la Nación

III. CONSIDERACIONES.

3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA a esta
Corporación le corresponde conocer del presente litigio, en segunda instancia.

3.2 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación, corresponde
en esta oportunidad a la Sala establecer si los actos administrativos acusados,
mediante los cuales la Fiscalía General de la Nación declaró insubsistente al
actor del cargo de fiscal delegado ante tribunal de distrito en la subdirección
seccional de fiscalías y seguridad ciudadana del Atlántico, se ajustan al
ordenamiento jurídico, pues para su expedición se respetó el debido proceso,
según lo sustenta la accionada; o si, por el contrario, se desconoció tal garantía,
en la medida en que el informe de seguridad en que se fundaron debió ser
discutido antes de adoptar la determinación de desvincularlo del ente estatal,
como lo alega aquel.

3.3 Marco jurídico. En punto a la resolución del problema jurídico planteado
en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis normativo
a efectos de establecer la solución jurídicamente correcta respecto del caso
concreto.

3.3.1 De la insubsistencia. El artículo 125 de la Constitución Política dispone
que «[l]os empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se
exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los
de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley»; y el 2533 ibidem
prevé para la Fiscalía General de la Nación un régimen especial de carrera.

El artículo transitorio 5, letra a, de la Constitución Política revistió al presidente
de la República de facultades para «[e]xpedir las normas que organicen la
Fiscalía General […]»; atribución en virtud de la cual fue emitido el Decreto
2699 de 19914, derogado por la Ley 938 de 20045, que a su vez fue parcialmente
derogado por el Decreto 16 de 20146.

La Ley 1654 de 2013 otorgó facultades extraordinarias pro tempore al
presidente de la República para modificar la estructura y la planta de personal
de la Fiscalía General de la Nación y expedir su régimen de carrera y situaciones

3
«Artículo 253. La ley determinará lo relativo a la estructura y funcionamiento de la Fiscalía General de la Nación,
al ingreso por carrera y al retiro del servicio, a las inhabilidades e incompatibilidades, denominación, calidades,
remuneración, prestaciones sociales y régimen disciplinario de los funcionarios y empleados de su dependencia».
4
«Por el cual se expide el Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la Nación».
5
«Por la cual se expide el Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la Nación»
6
«Por el cual se modifica y define la estructura orgánica y funcional de la Fiscalía General de la Nación».
7

Expediente 08001-23-33-000-2017-00233-01 (1852-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Fernando José Mendoza Mendoza contra la Nación –
Fiscalía General de la Nación

administrativas, por el que se emitió el Decreto ley 20 de 20147, la que comporta
la norma aplicable a este asunto.

En cuanto a la clasificación de los empleos al interior de la Fiscalía General de
la Nación, el artículo 5 del Decreto ley 20 de 2014 preceptúa:

Los empleos de la Fiscalía General de la Nación, del Instituto
Nacional de Medicina Legal y de la Institución de Educación
Superior son de carrera, con excepción de los siguientes cargos que
se clasifican como de libre nombramiento y remoción, dada la
especial confianza y la prestación in tuitu personae que conlleva el
desarrollo de sus funciones, así:

1. Los cargos del nivel directivo:
1.1. En la Fiscalía General de la Nación: El Vicefiscal General de la
Nación, Consejero Judicial, Director Nacional, Director Estratégico,
Director Especializado, Subdirector Nacional, Subdirector Seccional,
Jefe de Departamento.
1.2. En el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses: El
Director General, Jefe de Oficina, Secretario General, Subdirector de
Investigación Científica, Subdirector, Director Regional, Director
Seccional.
1.3. En la Institución de Educación Superior: El Subdirector, Decano
y Jefe de Oficina.

2. Los cargos adscritos a los Despachos del Fiscal General de la
Nación, del Vicefiscal General de la Nación, del Director General del
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y del Director de la
Institución de Educación Superior, cualquiera que sea su
denominación.

3. Fiscal Delegado ante la Corte Suprema de Justicia y sus Fiscales
Auxiliares.

4. Los cargos de asesor de la Fiscalía General de la Nación,
independientemente de su ubicación, y los de Jefe Oficina Asesora
del Instituto de Medicina Legal y de asesor adscritos a los despachos
del Director del Instituto de Medicina Legal y del Director y
Subdirector de la Institución Universitaria.

5. Los empleos cuyo ejercicio implique la administración y el manejo
directo de bienes, dinero y valores de la entidad.

7
«Por el cual se clasifican los empleos y se expide el régimen de carrera especial de la Fiscalía General de la
Nación y de sus entidades adscritas».
8

Expediente 08001-23-33-000-2017-00233-01 (1852-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Fernando José Mendoza Mendoza contra la Nación –
Fiscalía General de la Nación

6. Los empleos cuyas funciones consistan en la protección y
seguridad personal del Fiscal General de la Nación y del Vicefiscal
General de la Nación.

Parágrafo 1°. También serán de libre nombramiento y remoción
aquellos empleos que se creen en la Fiscalía General de la Nación y
en las entidades adscritas con una denominación distinta a las
señaladas en el numeral 1 del presente artículo, siempre y cuando el
cargo pertenezca al nivel directivo o asesor.

Parágrafo 2°. El cargo de Fiscal General de la Nación es de período
de cuatro años, el cual se contará desde la fecha de su posesión. El
empleo de Director del establecimiento público de educación superior
adscrito a la Fiscalía es de periodo, el cual se regirá por las normas
que crean la entidad.

De conformidad con la norma trascrita, se tiene que el empleo de fiscal delegado
ante tribunal superior de distrito judicial es de aquellos que deben proveerse
mediante concurso de méritos, pues no se encuentra expresamente enunciado
como de libre nombramiento y remoción, motivo por el que, tras presentarse su
vacancia permanente, debe proveerse a través de la figura de la provisionalidad,
según el artículo 11 del Decreto ley 20 de 20148, mientras se designa a una
persona en carrera.

Por su parte, el referido estatuto de carrera especial de la Fiscalía dispone, como
causales de retiro del servicio, las siguientes:

Artículo 96. El retiro del servicio de quienes desempeñan empleos de
libre nombramiento y remoción o de carrera en la Fiscalía General de
la Nación y en sus entidades adscritas se produce en los siguientes
casos:

8
«Artículo 11. Clases de nombramiento. En la Fiscalía General de la Nación y en sus entidades adscritas la
provisión de los cargos se efectuará mediante nombramiento:
1. Ordinario: Para la provisión de los empleos de libre nombramiento y remoción.
2. En período de prueba: Para la provisión de los cargos de carrera con la persona que se ubique en el primer
lugar de la lista de elegibles, luego de superar el proceso de selección o concurso realizado conforme al
procedimiento establecido en el presente decreto-ley.
3. Provisional: Para proveer empleos de carrera o de libre nombramiento y remoción vacantes de manera
temporal, cuando el titular no esté percibiendo la remuneración, mientras dure la situación administrativa.
Los cargos de carrera especial vacantes de manera definitiva también podrán proveerse mediante nombramiento
provisional con personas no seleccionadas por el sistema de méritos, mientras se provee el empleo a través de
concurso o proceso de selección.
Al aspirante a ocupar un empleo de carrera a través de nombramiento provisional la Fiscalía General de la Nación
podrá aplicar las pruebas que considere necesarias para valorar la adecuación del perfil del aspirante al cargo a
desempeñar, para lo cual, de ser requerido, se apoyará en el Departamento Administrativo de la Función Pública.
4. Encargo: Para proveer empleos de carrera o de libre nombramiento y remoción vacantes de manera temporal
o definitiva, el cual se regirá por lo dispuesto en las normas que desarrollan las situaciones administrativas para
el personal de la Fiscalía General de la Nación y de sus entidades adscritas».
9

Expediente 08001-23-33-000-2017-00233-01 (1852-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Fernando José Mendoza Mendoza contra la Nación –
Fiscalía General de la Nación

1. Renuncia regularmente aceptada.
2. Declaratoria de insubsistencia del nombramiento en los empleos de
libre nombramiento y remoción.
3. Declaratoria de insubsistencia del nombramiento por inhabilidad o
incompatibilidad sobreviniente.
4. Declaratoria de insubsistencia del nombramiento por estudio
de seguridad.
5. Declaratoria de insubsistencia del nombramiento, como
consecuencia del resultado no satisfactorio de la evaluación del
desempeño laboral.
6. Por haber obtenido la pensión de invalidez, jubilación o vejez.
7. Supresión del empleo.
8. Edad de retiro forzoso.
9. Destitución como consecuencia de un proceso disciplinario.
10. Declaratoria de vacancia del empleo en caso de abandono del
cargo.
11. Revocatoria del nombramiento por no acreditación de requisitos
para el desempeño del empleo, de conformidad con el artículo 5° de
la Ley 190 de 1995 y las nomas que la adicionen, sustituyan o
modifiquen.
12. Muerte.
13. Por orden o decisión judicial.
14. Las demás que determinen la Constitución y ley [resalta la Sala].

En lo concerniente a la causal 4 anterior, el artículo 100 del Decreto ley 20 de
2014 prevé:

Artículo 100. Declaratoria de insubsistencia del nombramiento como
resultado de un estudio de seguridad. El Fiscal General de la Nación
y el Director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses podrán declarar la insubsistencia del nombramiento de un
servidor, cuando como resultado de un estudio de seguridad se
establezca que no cumple con las condiciones mínimas de seguridad
que se exigen al personal que labora en estas entidades. El estudio de
seguridad debe fundarse en razones objetivas y proporcionales al fin
que se busca con la declaratoria de insubsistencia y debe garantizar el
derecho de defensa del servidor.

El acto administrativo que declare la insubsistencia del
nombramiento deberá ser motivado, dando razón completa del
proceso que determinó la decisión, en los términos del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Contra el acto administrativo que declare la insubsistencia del
nombramiento, procederá el recurso de reposición.
10

Expediente 08001-23-33-000-2017-00233-01 (1852-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Fernando José Mendoza Mendoza contra la Nación –
Fiscalía General de la Nación

Por su parte, la Resolución 1704 de 2014, «[p]or la cual se establecen las
Políticas Generales de Seguridad en la Fiscalía General de la Nación»,
expedida por el Fiscal General de la Nación, en lo atinente al estudio de
verificación, confiabilidad y confidencialidad para la permanencia del
empleado público al servicio de ese ente estatal, en su artículo 45A, estatuye:

La Dirección Nacional de Protección y Asistencia, a través del Grupo
de Estudios de Verificación, Confiabilidad y Confidencialidad,
adelantará el proceso de estudio de seguridad para la permanencia de
los servidores de la Fiscalía General de la Nación, de oficio o a
petición de parte, con sujeción al siguiente procedimiento:

a) El jefe de la dependencia debe manifestar al Fiscal General de la
Nación, Vicefiscal General de la Nación o al Director Nacional de
Protección y Asistencia, las razones por las cuales considera que el
servidor no cumple con las condiciones mínimas de seguridad que se
exige al personal que labora en la entidad;

b) El Fiscal General de la Nación, Vicefiscal General de la Nación o
Director Nacional de Protección y Asistencia oficiosamente pueden
solicitar al jefe de la dependencia que manifieste las razones por las
cuales el servidor no cumple con las condiciones mínimas de
seguridad que se exige al personal que labora en la entidad;

c) En ambos eventos, el Grupo de Estudios de Verificación,
Confiabilidad y Confidencialidad recepciona y conoce de las
solicitudes de estudio de seguridad para la permanencia del servidor
público en la entidad;

d) El Grupo de Estudios de Verificación, Confiabilidad y
Confidencialidad adelantará el estudio de seguridad fundándose en
razones objetivas y proporcionales, con el fin de determinar si el
servidor público reúne, cumple o no cumple las condiciones mínimas
de seguridad para continuar en el desempeño del empleo en la Fiscalía
General de la Nación;

e) Si el estudio de seguridad establece que el servidor público no
cumple con las condiciones mínimas de seguridad que se exigen al
personal que labora en la Fiscalía General de la Nación, se remitirá el
mismo al Fiscal General de la Nación con el fin de que determine la
decisión a que haya lugar. En caso de decidir que debe retirarse del
servicio al servidor, se ordenará la proyección del acto administrativo
a la Dirección Nacional de Apoyo a la Gestión, remitiendo el
expediente correspondiente; de lo contrario procederá su archivo;

11

Expediente 08001-23-33-000-2017-00233-01 (1852-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Fernando José Mendoza Mendoza contra la Nación –
Fiscalía General de la Nación

f) El Fiscal General de la Nación expedirá el acto administrativo;

g) Con el ánimo de garantizar el derecho de defensa y contradicción
del servidor en los términos del artículo 100 del Decreto-ley 020 de
2014, el acto administrativo que declare la insubsistencia se deberá
notificar junto con el estudio de seguridad respectivo y entregar copia
del mismo al servidor público;

h) Contra el acto administrativo que declare la insubsistencia del
nombramiento procederá el recurso de reposición, el cual se resolverá
en los términos indicados en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Parágrafo. Los funcionarios designados para efectuar esta tarea,
velarán por la observancia de las normas legales y reglamentarias que
rijan sobre la materia.

Del contenido de la Resolución, existe claridad acerca de que la reglamentación
del mencionado artículo 100 del Decreto ley 20 de 2014 dispone, como garantía
a los derechos al debido proceso, defensa y contradicción, que el estudio de
seguridad sea notificado junto con el acto administrativo que declare la
insubsistencia del servidor.

Por otro lado, en lo atañedero al régimen de carrera, esta Corporación, en
sentencia de 12 de octubre de 20119, lo definió como:

[…] un sistema de administración de personal que tiene por finalidad
escoger, en beneficio del servicio público, el aporte humano más
capacitado y calificado para desempeñar la función pública. En ese
sentido, el proceso de selección es la herramienta de la escogencia, y
el mérito, es el pilar fundamental en la superación de las etapas que
lo conforman, y solamente el sometimiento y aprobación satisfactoria
de ello, es la condición necesaria para ser nombrado y para predicar
los derechos que le otorga la carrera administrativa, entre otros, una
mayor estabilidad en el empleo. En cuanto al retiro, está rodeado de
una serie de formalidades, es decir, solamente puede hacerse
mediante acto de insubsistencia motivado en una calificación
insatisfactoria.

A su turno, no es lo mismo el nombramiento del servidor que ingresa
al servicio sin preceder al concurso de méritos al de aquél que se
somete a las etapas del proceso selectivo. En este sentido el

9
Sección segunda, subsección A, expediente 05001-23-31-000-2004-06836-01 (1680-10), C. P. Alfonso
Vargas Rincón.
12

Expediente 08001-23-33-000-2017-00233-01 (1852-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Fernando José Mendoza Mendoza contra la Nación –
Fiscalía General de la Nación

nombramiento en provisionalidad no es equiparable al del
escalafonado en la carrera administrativa, y por lo mismo el retiro no
puede estar revestido de las mismas formalidades.

Conforme a lo anterior, no es dable predicar que el empleado
nombrado provisionalmente para desempeñar transitoriamente un
cargo de carrera administrativa y mientras se realiza el concurso,
pueda ostentar la misma condición del que se vincula a la
administración previa superación rigurosa de un conjunto de etapas
que ponen a prueba su idoneidad personal e intelectual para
desempeñar la función.

La situación del nombrado provisionalmente se asemeja a la de los
designados para ocupar cargos de libre nombramiento y remoción,
porque en ambos casos, el nombramiento se efectúa en ejercicio de la
facultad discrecional del nominador de escoger a quien tenga las
condiciones de idoneidad para desempeñar la función y el retiro, a su
vez, debe ir encaminado al mejoramiento del servicio.

En este orden de ideas, el nombramiento en provisionalidad es
procedente para proveer cargos de carrera, en eventos en que no sea
posible hacerlo por el sistema de concurso, o por encargo con otro
empleado de carrera. La situación en provisionalidad, no otorga fuero
de estabilidad relativa alguno. Aun cuando la normatividad
reguladora de esta materia prevé la designación en provisionalidad
por un determinado tiempo e igualmente ésta es prorrogable en los
términos que señala la ley, ello no significa que la persona designada
bajo esa situación adquiera estabilidad por dicho lapso.

Por estas razones, la Sala estima que si bien es cierto el
nombramiento provisional se ha instituido para los cargos
clasificados de carrera administrativa que no hayan sido provistos por
concurso y que dicho nombramiento no es forma de provisión de los
cargos de libre nombramiento y remoción, sí es pertinente predicar
respecto de tal modalidad de vinculación las reglas de la facultad
discrecional, dada la similitud en el ingreso y el retiro que se presenta
tanto para los nombramientos provisionales como para los de libre
nombramiento y remoción.

En consecuencia, el retiro del servicio para los empleados
provisionales puede disponerse mediante acto que dé por terminada
la provisionalidad o de insubsistencia […].

Concretamente de la causal de retiro por insubsistencia en los empleados que
desempeñan en provisionalidad cargos de carrera, esta Corporación, en
13

Expediente 08001-23-33-000-2017-00233-01 (1852-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Fernando José Mendoza Mendoza contra la Nación –
Fiscalía General de la Nación

providencia de 23 de septiembre de 201010, indicó:

El nombramiento provisional se produce cuando se trata de proveer
transitoriamente empleos de carrera con personal no seleccionado de
acuerdo con la reglamentación de la respectiva carrera, sin que
otorgue fuero alguno de estabilidad, pues “el empleado no ha
accedido a la carrera por los medios legales”. Los derechos de carrera
administrativa se derivan del sometimiento a la superación
satisfactoria de las etapas del concurso.

[…]
Ha sido criterio reiterado de la Sala el precisar que, la situación del
nombrado provisionalmente, aunque no es idéntica, tiene importantes
semejanzas con la de los designados para ocupar cargos de libre
nombramiento y remoción, porque en ambos casos, el nombramiento
se efectúa en ejercicio de la facultad discrecional del nominador de
escoger, en beneficio del servicio, a quien tenga las condiciones de
idoneidad para desempeñar la función, y el retiro a su vez debe estar
precedido de razones objetivas plenamente justificadas en el interés
general.

[…]

Se ha dicho que, si bien es cierto la clasificación de los cargos de
carrera administrativa obedece a un criterio técnico que difiere de la
naturaleza directiva y en ocasiones política de los cargos de libre
nombramiento y remoción, la facultad discrecional se impone al
efectuar los nombramientos provisionales, en cuanto que la
transitoriedad de la designación, mientras se realiza el proceso
selectivo, faculta a la administración para efectuar el nombramiento
provisional, actuación administrativa en la que la discrecionalidad es
el marco rector.

En este orden de ideas, a juicio de la Sala, mientras el cargo
clasificado como de carrera administrativa no haya sido provisto por
el sistema selectivo, el empleado se encuentra en una situación
precaria, y admitir el fuero de estabilidad propio de los empleados de
carrera administrativa para los nombramientos provisionales, dada la
naturaleza del empleo, desatiende el sentido del concurso de méritos
y desconoce que la permanencia en los cargos de carrera no se
condiciona a la realización del concurso de méritos, sino que opera
exclusivamente cuando se ingrese al sistema previa superación de las
etapas que comprende el proceso selectivo, y siempre que no se

10
Sección segunda, subsección B, expediente 25000-23-25-000-2005-01341-02 (883-08), C. P. Gerardo Arenas
Monsalve.
14

Expediente 08001-23-33-000-2017-00233-01 (1852-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Fernando José Mendoza Mendoza contra la Nación –
Fiscalía General de la Nación

obtenga calificación insatisfactoria en la prestación de los servicios
[…].

Por estas razones, la jurisprudencia de la Sala ha señalado, que si bien
es cierto el nombramiento provisional es válido para los cargos
clasificados como de carrera administrativa que no hayan sido
provistos por concurso, y que dicho nombramiento no procede como
forma de provisión de cargos de libre nombramiento y remoción, sí
es posible predicar respecto de tal modalidad de vinculación las reglas
de la facultad discrecional, dada la similitud en el ingreso y el retiro
que se presenta tanto para los nombramientos provisionales como
para los de libre nombramiento y remoción […].

En lo atinente a la motivación del acto administrativo que retira del servicio a
un empleado con nombramiento en provisionalidad, esta Corporación, por
medio de sentencia de 13 de abril de 200311, unificó el criterio en el siguiente
sentido:

Es claro que el empleado nombrado en provisionalidad ostenta una
“posición diferente” al vinculado y escalafonado en la carrera
judicial, como también a la del designado por la vía del libre
nombramiento y remoción. En efecto, el primero no puede asimilarse
en sus derechos al de carrera (estabilidad), por cuanto no ha accedido
al cargo mediante el respectivo concurso de méritos; tampoco puede
equipararse al de libre nombramiento, por cuanto el cargo que ejerce
provisionalmente es de carrera.

El servidor público judicial nombrado en provisionalidad, antes que
cobijarle algún tipo de estabilidad, le rodea una situación de doble
inestabilidad, pues, por una parte, al no pertenecer al sistema de
carrera, puede ser desvinculado del servicio de manera discrecional
por el nominador, y por otra, puede ser desplazado por quien
habiendo concursado tenga derecho a ocupar el cargo.

[…]

En estas condiciones, se considera que para los empleos judiciales no
es posible reconocer una estabilidad al empleado nombrado en
provisionalidad.

Además, el nombrado en provisionalidad en un empleo de carrera
[…], lo es en forma “discrecional” por el nominador por cuanto no
requiere de procedimiento, ni motivación dicho acto; de igual manera,

11
Sección segunda, expediente 76001-23-31-000-1998-1834-01 (4972-01), C. P. Tarcisio Cáceres Toro.
15

Expediente 08001-23-33-000-2017-00233-01 (1852-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Fernando José Mendoza Mendoza contra la Nación –
Fiscalía General de la Nación

su desvinculación puede seguir igual procedimiento. Así, tienen
similitud el nombramiento y la insubsistencia del empleado de libre
nombramiento y remoción con el nombrado provisionalmente.

[…]

De conformidad con lo anterior, esta Sala de Sección, en cuanto al
punto del nombramiento en provisionalidad judicial, unifica su
criterio acogiendo la tesis que de que al empleado nombrado en
provisionalidad no le asiste fuero alguno de estabilidad, pudiéndose,
en consecuencia, proceder a su retiro sin que sea menester motivación
alguna.

No obstante, a través del mencionado fallo de 23 de septiembre de 2010 12, se
determinó que la declaratoria de insubsistencia de empleados provisionales en
vigor de la Ley 909 de 200413 debe motivarse, con fundamento en lo siguiente:

La motivación del acto de retiro del servicio de empleados nombrados
en provisionalidad, aún respecto de aquellos cuyo nombramiento se
haya producido en vigencia de la Ley 443 de 1998, y su
desvinculación ocurra luego de entrada en vigencia de la Ley 909 de
2004, se justifica en atención a que, de acuerdo con el parágrafo 2º
del artículo 41 de la citada Ley 909 de 2004 (que prevé las causales
de retiro del servicio de quienes estén desempeñando empleos de libre
nombramiento y remoción y de carrera administrativa), la
competencia para el retiro de los empleos de carrera (que pueden
haber sido provistos a través de nombramientos en provisionalidad),
es reglada, esto es, dicho retiro es procedente sólo y de conformidad
con las causales consagradas en la Constitución Política y la ley, y el
acto administrativo que así lo disponga debe ser MOTIVADO 14, de
tal manera que, la discrecionalidad del nominador sólo se predica
respecto del retiro en empleos de libre nombramiento y remoción, la
cual se efectuará mediante acto no motivado (inciso segundo
parágrafo 2º, art. 41 Ley 909 de 2004).

Así las cosas, de acuerdo con lo previsto en los artículos 13, 123 y
125 de la Constitución Política, 3º y 41 de la Ley 909 de 2005 y 10
del decreto 1227 del mismo año, el retiro del servicio de los

12
Sección segunda, subsección B, expediente 25000-23-25-000-2005-01341-02 (883-08), C. P. Gerardo Arenas
Monsalve.
13
Es del caso precisar que el artículo 3 (numeral 2) de la Ley 909 de 2004 preceptúa que las disposiciones
contenidas en esa Ley pueden aplicarse, con carácter supletorio, en caso de presentarse vacíos en la normativa
que rige la carrera en la Procuraduría General de la Nación.
14
«De conformidad con el artículo 10 del Decreto 1227 de 2005 la provisionalidad puede darse por terminada
antes de cumplirse el término de duración que se contempla en la misma disposición, mediante resolución
motivada».
16

Expediente 08001-23-33-000-2017-00233-01 (1852-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Fernando José Mendoza Mendoza contra la Nación –
Fiscalía General de la Nación

empleados que ocupen en la actualidad cargos de carrera en
provisionalidad, debe ser justificado mediante la expedición de un
acto administrativo motivado, y para ello, la administración no debe
considerar la fecha en la que se produjo la vinculación a través del
nombramiento en provisionalidad, esto es, si fue o no con
anterioridad a la vigencia de la nueva normatividad de carrera
administrativa, pues ello implicaría un tratamiento desigual en
detrimento incluso del derecho al debido proceso (en el aspecto del
derecho a la defensa) respecto de aquellos cuyos nombramientos de
produjeron en vigencia de la Ley 443 de 1998.

La motivación del acto de retiro del servicio frente a servidores que
estén desempeñando en provisionalidad empleos15[27] de carrera
administrativa, y que de manera expresa exige el legislador, luego de
entrada en vigencia la Ley 909 de 2004, obedece a razones de índole
constitucional que ya la Corte había precisado, y se traduce en la
obligación para la administración de prodigar un trato igual a quienes
desempeñan un empleo de carrera, el que funcionalmente
considerado determina su propio régimen, que para los efectos de los
empleados provisionales hace parte de sus garantías laborales, entre
ellas la estabilidad relativa, en la medida en que su retiro del servicio
se produce bajo una competencia reglada del nominador, por causales
expresamente previstas (art. 41 Ley 909 de 2004, art. 10 Dec. 1227
de 2005), y que justifican la decisión que debe producirse mediante
acto motivado [sic para toda la cita].

El anterior derrotero coincide con el criterio fijado por la Corte Constitucional16,
según el cual «[…] la necesidad de motivación del acto administrativo no se
reduce a un simple requisito formal de introducir cualquier argumentación en
el texto de la providencia. Por el contrario, esta Corporación ha acudido al
concepto de “razón suficiente” para señalar que la motivación del acto deberá
exponer los argumentos puntuales que describan de manera clara, detallada y
precisa las razones a las que acude el ente público para retirar del servicio al
funcionario. Un proceder distinto violaría el sustento constitucional que da
origen a la necesidad de motivar las actuaciones de la administración y
convertiría este requerimiento en un simple requisito inane y formal»17.

En tal sentido, según se explicó, el empleo de fiscal delegado ante tribunal
superior no es de aquellos expresamente enunciados como de libre
nombramiento y remoción, motivo por el que debe proveerse a través de un

15
«La función pública está integrada con criterio objetivo por funciones y no subjetivamente por personas».
16
Al respecto, pueden consultarse, entre otras, las sentencias T-11 de 2009, M. P. Nilson Pinilla Pinilla; y T-
204 y T-726 de 2012, ambas del M. P. Jorge Iván Palacio Palacio.
17
Sentencia T-204 de 2012, M. P. Jorge Iván Palacio Palacio.
17

Expediente 08001-23-33-000-2017-00233-01 (1852-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Fernando José Mendoza Mendoza contra la Nación –
Fiscalía General de la Nación

concurso de méritos y, mientras esto ocurre, podría hacerse por nombramiento
en provisionalidad, el que, de acuerdo con las disposiciones del Decreto ley 20
de 2014, puede terminarse con una declaratoria de insubsistencia por estudio de
seguridad, con el cumplimiento de las formalidades preceptuadas en ese
estatuto, en especial el artículo 100 y sus normas reglamentarias.

3.3.2 De la garantía constitucional al debido proceso. Sobre el contenido y
alcance de este derecho fundamental, esta Sala precisa que, conforme a la
Declaración Universal de los Derechos Humanos18, el debido proceso es un
derecho reconocido a toda persona a ser oída públicamente y de manera justa
por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de los derechos
y obligaciones a su cargo, o para el examen de las acusaciones que le son
formuladas, consagrado en el artículo 29 de la Carta Política, en los siguientes
términos:

El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto
que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia
de la plenitud de las formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea
posterior, se aplicará a preferencia de la restrictiva o desfavorable.

Toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado
judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la
defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio,
durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso
público, sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a
controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia
condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del
debido proceso.

Del anterior canon constitucional se desprende que el ejercicio de las
competencias públicas es un asunto reglado por la ley que busca la realización
de los cometidos estatales, la efectividad del derecho material y la protección
de las garantías de quienes intervienen en los distintos procedimientos, para

18
Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su
Resolución 2200 A (XXI) de 16 de diciembre de 1966, aprobado mediante la Ley 17 de 1972.
18

Expediente 08001-23-33-000-2017-00233-01 (1852-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Fernando José Mendoza Mendoza contra la Nación –
Fiscalía General de la Nación

cuyos efectos se dota a la persona involucrada en la actuación de una serie de
instrumentos de defensa en aras de la protección de sus derechos fundamentales.

En tal sentido, el debido proceso comporta el conjunto de reglas que los órganos
estatales deben acatar para la elaboración del acto legislativo, administrativo y
jurisdiccional, de las que se desprende su legalidad y validez, como sus aspectos
objetivos, y son medio de conservación del orden público y de la seguridad
jurídica, como garantías inalienables de la persona en el Estado de derecho, que
compone el aspecto sustancial de la referida prerrogativa.

Así lo ha entendido la Corte Constitucional19 al definir el derecho fundamental
al debido proceso, como la «[…] regulación jurídica que de manera previa
limita los poderes del Estado y establece las garantías de protección a los
derechos de los individuos, de modo que ninguna de las actuaciones de las
autoridades públicas dependa de su propio arbitrio, sino que se encuentren
sujetas a los procedimientos señalados en la ley».

En ese entendimiento, el debido proceso exige de las autoridades públicas
estricta y debida observancia de los procedimientos preestablecidos, ajenos a su
libre albedrío y destinados a preservar las garantías sustanciales y
procedimentales previstas en la Constitución y en la ley, entre las que se
encuentran las siguientes, en virtud del artículo 29 constitucional: (i) El derecho
de acceso a la administración de justicia con la presencia de un juez natural; (ii)
el derecho a ser informado de las actuaciones que conduzcan a la creación,
modificación o extinción de un derecho o a la imposición de una obligación o
sanción; (iii) el derecho de expresar libre y abiertamente sus opiniones; (iv) el
derecho de contradecir o debatir las pretensiones o excepciones propuestas; (v)
el derecho a que los procesos se desarrollen en un término razonable y sin
dilaciones injustificadas; (vi) a ser juzgado según la legislación preexistente a
los hechos y, por supuesto, (vii) el derecho a presentar pruebas y controvertir
las que se alleguen en su contra.

3.4 Caso concreto. A continuación, procede la Sala a analizar las
peculiaridades del caso objeto de juzgamiento frente al marco normativo que
gobierna la materia. En ese sentido, en atención al material probatorio traído al
plenario y de conformidad con los hechos constatados por esta Corporación, se
destaca:

a) Informe DNPYA-GEVCCAISE-9156 de 17 de febrero de 2016 (ff. 117 a 130

19
Sentencia C-641 de 2002, M. P. Rodrigo Escobar Gil.
19

Expediente 08001-23-33-000-2017-00233-01 (1852-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Fernando José Mendoza Mendoza contra la Nación –
Fiscalía General de la Nación

del cuaderno principal 1), suscrito por la dirección nacional de protección y
asistencia de la Fiscalía General de la Nación, en respuesta a la solicitud
formulada por el jefe de ese ente estatal, en el cual se concluye que «[…] EL
EVALUADO NO REÚNE LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE
SEGURIDAD que el legislador ha fijado para el desempeño de empleos
públicos en […]» (sic) el ente estatal.

b) Resolución 713 de 11 de marzo de 2016 (ff. 36 a 44 del cuaderno principal
1), proferida por el Fiscal General de la Nación, a través de la que se declaró
insubsistente el nombramiento del actor del cargo de fiscal delegado ante
tribunal de distrito en la subdirección seccional de fiscalías y seguridad
ciudadana del Atlántico, previas las siguientes consideraciones:

Que […] el artículo 100 del Decreto Ley 20 de 2014, señala que es
procedente la declaratoria de insubsistencia cuando, con base en los
estudios de seguridad, se establezca que el servidor correspondiente
no cumple con las condiciones mínimas de seguridad para laborar en
la institución, fundándose en razones objetivas y proporcionales […].

[…]

Que conforme a las funciones y competencias atribuidas al cargo de
FISCAL DELEGADO ANTE TRIBUNAL DE DISTRITO,
ocupado por el […] [actor], es evidente que en su desempeño se
requieren funcionarios probos e intachables, no sólo por estar
relacionado directamente con la administración de justicia, sino
porque de estos servidores depende una gran responsabilidad frente
al cumplimiento efectivo de los fines constitucionales del Estado y de
la Fiscalía General de la Nación, a través de la investigación de los
delitos de mayor connotación nacional por su gravedad y autoría.

Que mediante [i]nforme de [s]eguridad de fecha 17 de febrero de
2016, practicado por la [d]irección [n]acional de [p]rotección y
[a]sistencia al […] [demandante], se concluyó que […] no reúne las
condiciones mínimas de seguridad que se requieren para desempeñar
el cargo en la Fiscalía General de la Nación, en tanto sus actuaciones
no generan la confiabilidad y seguridad exigibles para esta clase de
servidores, teniendo en cuenta la importancia de los asuntos que
tramita y puede tramitar en ejercicio de sus funciones y, su nivel
jerárquico dentro de la institución.

Que la anterior circunstancia se enmarca dentro de la causal de
insubsistencia que consagra el artículo 100 del Decreto Ley 20 de
2014, máxime si se tiene en cuenta que el empleo desempeñado […]
20

Expediente 08001-23-33-000-2017-00233-01 (1852-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Fernando José Mendoza Mendoza contra la Nación –
Fiscalía General de la Nación

es de aquellos directamente relacionados con la seguridad del Estado
y la sociedad civil, en tanto sobre éste recae la investigación de delitos
de gran envergadura e importancia social manifiesta.

Que sumado a que se trate de una causal legal de desvinculación, la
Corte Constitucional ha considerado ajustado al ordenamiento este
tipo de causales de insubsistencia, cuando se trata de cargos públicos
de especial confianza en virtud de las labores que les son asignadas y
que tienen especial incidencia en la seguridad de las instituciones y
de las personas.

[…]

Que en ese orden de ideas, resulta claro que la Fiscalía General de la
Nación no puede conservar dentro de su planta de personal al […]
[accionante], en el empleo de FISCAL DELEGADO ANTE
TRIBUNAL DE DISTRITO, pues estaría en riesgo el cumplimiento
de la misión constitucionalmente asignada a la institución, conforme
al estudio de seguridad que indica que el mencionado servidor no
reúne los requisitos mínimos de seguridad para el desempeño del
empleo.

Que por los motivos anteriores, en aras del buen servicio representado
en la seguridad y confiabilidad que, con base en criterios objetivos y
proporcionales, deben generar los servidores de la institución y,
estando claramente definidas las razones que inspiran la decisión de
desvinculación, el Fiscal General de la Nación en su condición de
máxima autoridad al interior de la entidad, con el fin de garantizar el
cumplimiento de los principios superiores que orientan la
administración pública y propender por el mejoramiento y el
adecuado funcionamiento del servicio público esencial de justicia,
procederá a declarar la insubsistencia del nombramiento […].

Que al presente acto administrativo se adjuntará copia del informe de
seguridad presentado por la [d]irección [n]acional de [p]rotección y
[a]sistencia, de fecha 17 de febrero de 2016, con el fin de garantizar
plenamente el derecho de defensa y contradicción […].

[…] (sic para toda la cita).

c) Contra la anterior decisión, el demandante formuló recurso de reposición (ff.
214 a 238 y 249 a 252 del cuaderno principal 2), desatado con Resolución 2994
de 5 de septiembre de 2016 (ff. 46 a 58 del cuaderno principal 1), en el sentido
de confirmarla.

21

Expediente 08001-23-33-000-2017-00233-01 (1852-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Fernando José Mendoza Mendoza contra la Nación –
Fiscalía General de la Nación

d) Certificación de 17 de marzo de 2016 (ff. 239 y 240 del cuaderno principal
2), firmada por los señores Abelardo Malo, Juan Luis Mendoza, Jairo Vergara
Benítez y Miguel Salomón Colcano, en sus condiciones de fiscales primero,
quinto, séptimo y octavo delegados ante el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Barranquilla (Atlántico), respectivamente, en el que informan:

Durante el período desarrollado en el cargo de [c]oordinador de esta
[u]nidad, el […] [accionante] tanto administrativa como judicial,
viene desempeñándolo en forma digna, decorosa y ennoblecedora,
ciñéndose estrictamente a las funciones que el cargo le exige, como
el de vigilar el correcto funcionamiento de los distintos despacho,
resolver oportunamente las solicitudes de principios de oportunidad
asignados a la [c]oordinación; direccional al interior de la [u]nidad,
toda la información proveniente de la [d]ireccional [n]acional y
[s]eccional de [f]iscalías; suministrar, de la misma forma,
información rauda, pronta y eficaz, a toda petición requerida, como
tutelas, informes ejecutivos y derecho de petición, entre otros,
escenarios todos estos, que sin duda, nos brindan la posibilidad de dar
fe, del compromiso, la entrega, la transparencia y honestidad que
viene asumiendo […] lo que significa, de forma similar, un correcto
y dirigido ejercicio en su función pública como administrador de
justicia [sic para toda la cita].

e) Certificación de 31 de octubre de 2016 (f. 271 del cuaderno principal 2),
suscrita por el subdirector seccional de apoyo a la gestión de la Fiscalía General
de la Nación, según la cual el actor laboró desde el 6 de mayo de 2008 hasta el
12 de septiembre de 2016, en forma continua e ininterrumpida.

f) En el cuaderno de pruebas, en un total de 246 folios, se halla la carpeta
administrativa del demandante, que contiene los documentos referentes a su
hoja de vida, soportes, nombramientos, designaciones, situaciones
administrativas, entre otras actuaciones al interior del organismo accionado.

g) En la audiencia de pruebas celebrada el 30 de agosto de 2017 (ff. 399 a 405
del cuaderno principal 3), fueron recaudados los testimonios de los señores Juan
Luis Mendoza Martelo, Jairo Vergara Benítez, Miguel Antonio Salomón Calvo
y Abelardo Malo Fernández, quienes se ratificaron en el contenido de la
certificación por ellos suscrita el 17 de marzo de 2016.

De las pruebas anteriormente relacionadas, se tiene que el actor prestó sus
servicios en la Fiscalía General de la Nación desde el 6 de mayo de 2008 hasta
el 12 de septiembre de 2016, cuando fue declarado insubsistente del cargo de
22

Expediente 08001-23-33-000-2017-00233-01 (1852-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Fernando José Mendoza Mendoza contra la Nación –
Fiscalía General de la Nación

fiscal delegado ante tribunal de distrito en la subdirección seccional de fiscalías
y seguridad ciudadana del Atlántico, mediante los actos demandados que se
fundaron en un informe de seguridad, según el cual él no reunía las condiciones
mínimas en ese mismo aspecto para el desempeño de su empleo.

Con ocasión de la decisión precedente, el accionante acudió a la jurisdicción de
lo contencioso-administrativo con el propósito de obtener su nulidad, lo que
logró ante el Tribunal de instancia, ante lo cual la demandada interpuso recurso
de apelación, sustentado en que no trasgredió el derecho al debido proceso, por
cuanto no existe en el ordenamiento jurídico «[…] un mecanismo legal propio
y especial para el ejercicio del derecho de contradicción en el estudio de
seguridad, contemplado en el artículo 100 del Decreto [l]ey 020 de 2014 […]»,
por lo que, al haber notificado la Resolución 713 de 11 de marzo de 2016 junto
con dicho informe de seguridad, se suplió tal falencia y se aseguró esa garantía
constitucional. En tal sentido, «[…] los recursos en sede administrativa
previstos en la Ley 1437 de 2011, […] fueron puestos a disposición del
accionante en el trámite administrativo, […] [como] instrumentos de defensa
que concretan la posibilidad de oposición de que gozan los administrados».

En principio, cabe destacar la condición laboral del accionante referente a que
tuvo vinculación en provisionalidad, habida cuenta de que el empleo de fiscal
delegado ante tribunal superior de distrito judicial es de aquellos que deben
proveerse mediante concurso de méritos, dado que no está expresamente
enunciado como de libre nombramiento y remoción y, por ende, al presentarse
su vacancia permanente, se proveyó por medio de nombramiento en
provisionalidad, mientras se designa a una persona en carrera.

En virtud de ello, el demandante contaba con una estabilidad relativa, caso en
el cual, de conformidad con las normas que rigen la materia y la jurisprudencia
que las desarrolla, por tratarse de una vinculación en provisionalidad podía
terminarse con una declaratoria de insubsistencia por estudio de seguridad, en
cuyo caso el acto de retiro debía ser motivado, con fundamento en razones
neutrales derivadas de hechos objetivos, ciertos, específicos y relevantes.

Precisado lo anterior, debe recordarse que, de conformidad con el marco
jurídico expuesto en este fallo, el debido proceso comporta una garantía en todas
las actuaciones judiciales y administrativas, al propio tiempo que los vacíos
existentes en normas de procedimiento administrativo deben ser suplidos con la
parte primera del CPACA, como lo dispone su artículo 2:

23

Expediente 08001-23-33-000-2017-00233-01 (1852-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Fernando José Mendoza Mendoza contra la Nación –
Fiscalía General de la Nación

Las normas de esta Parte Primera del Código se aplican a todos los
organismos y entidades que conforman las ramas del poder público
en sus distintos órdenes, sectores y niveles, a los órganos autónomos
e independientes del Estado y a los particulares, cuando cumplan
funciones administrativas. A todos ellos se les dará el nombre de
autoridades.

Las disposiciones de esta Parte Primera no se aplicarán en los
procedimientos militares o de policía que por su naturaleza requieran
decisiones de aplicación inmediata, para evitar o remediar
perturbaciones de orden público en los aspectos de defensa nacional,
seguridad, tranquilidad, salubridad, y circulación de personas y cosas.
Tampoco se aplicarán para ejercer la facultad de libre nombramiento
y remoción.

Las autoridades sujetarán sus actuaciones a los procedimientos que se
establecen en este Código, sin perjuicio de los procedimientos
regulados en leyes especiales. En lo no previsto en los mismos se
aplicarán las disposiciones de este Código.

Sumado a ello, de acuerdo con el artículo 45A de la citada Resolución 1704 de
201420, cuando se realice un estudio de seguridad a un servidor de la Fiscalía
y de este se determine que no cumple las condiciones mínimas de seguridad
que se exige al personal, aquel se remitirá al Fiscal General de la Nación para
que adopte la decisión a que haya lugar. En caso de que se trate del retiro del
servicio y «[c]on el ánimo de garantizar el derecho de defensa y contradicción
[…] en los términos del artículo 100 del Decreto-ley 020 de 2014, el acto
administrativo que declare la insubsistencia se deberá notificar junto con el
estudio de seguridad respectivo y entregar copia del mismo al servidor
público», contra el que procederá el recurso de reposición.

En tal sentido, contrario a lo expuesto en la alzada, sí existe regulación
concerniente al trámite que debe darse cuando se realice un estudio de
seguridad a algún servidor de la Fiscalía General de la Nación, que fue el
aplicado por ese ente estatal, a pesar de que su apoderado no lo reconozca
dentro de los motivos de censura.

En ese contexto, se destaca que la exigencia (y a su vez derecho) de dar a
conocer documentos como el informe de seguridad constituye la
materialización del derecho de defensa y contradicción, en la medida en que la
persona que pueda verse beneficiada o perjudicada con ese tipo de reportes tiene

20
«Por la cual se establecen las Políticas Generales de Seguridad en la Fiscalía General de la Nación ».
24

Expediente 08001-23-33-000-2017-00233-01 (1852-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Fernando José Mendoza Mendoza contra la Nación –
Fiscalía General de la Nación

el derecho a controvertirlo ante la autoridad que lo emitió. Por consiguiente, se
trata de un derecho y deber, pues si bien esta clase de organismos estatales
(como la Fiscalía General de la Nación), por el tipo de función que ejerce, tiene
la potestad de pedir de sus funcionarios que se sometan a un estudio de
seguridad, empero, también cuenta con el deber de dárselo a conocer; al mismo
tiempo, dichos servidores están en la obligación de permitir ese análisis y en el
derecho de exigir conocer su contenido.

Amén de lo anterior, se reitera que el mencionado artículo 100 del Decreto ley
20 de 2014, en la parte final de su inciso 1º, establece que «[e]l estudio de
seguridad debe fundarse en razones objetivas y proporcionales al fin que se
busca con la declaratoria de insubsistencia y debe garantizar el derecho de
defensa del servidor», mandato que fue observado por la demandada por cuanto
no se discute la objetividad del informe de seguridad, del que se desprenden
motivos válidos para su retiro, respaldado por la garantía al debido proceso,
puesto que ese informe lo conoció por el accionante con la declaratoria de
insubsistencia, tal como lo indicó la Fiscalía en su contestación del libelo
introductorio y el recurso de apelación, en cumplimiento de las normas que
regulan la materia.

En una situación legal análoga, la Corte Constitucional, en sentencia C-211 de
200721, en virtud del examen de constitucionalidad de los artículos 2 (parcial),
4 (incisos 1° y 2°), 6 (letras a, c y f), 8, 9, 10, 11, 13 y 14 de la Ley 1033 de
2006, «por la cual se establece la carrera administrativa especial para los
empleados públicos no uniformados al servicio del Ministerio de Defensa
Nacional, de las fuerzas militares, de la Policía Nacional y de sus entidades
descentralizadas, adscritas y vinculadas al sector defensa, se derogan y
modifican unas disposiciones de la Ley 909 de 2004 y se conceden unas
facultades conforme al numeral 10 del artículo 150 de la Constitución
Política», en relación con el estudio de seguridad que puede realizarse a los
servidores del sector defensa de la Rama Ejecutiva, discurrió así:

[…] el referido estudio [de seguridad] realizado por las autoridades
competentes ha de fundarse en razones neutrales derivadas de hechos
objetivos, ciertos, específicos y relevantes, para mostrar que se
pondría en peligro o se lesionaría la seguridad de las personas que
laboran en el sector defensa o la seguridad ciudadana, así como que
en caso de ser desfavorable el informe en el acto administrativo
correspondiente -con excepción de los cargos de libre nombramiento
y remoción, o cuando se trate de proveer en provisionalidad un
21
M. P. Álvaro Tafur Galvis.
25

Expediente 08001-23-33-000-2017-00233-01 (1852-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Fernando José Mendoza Mendoza contra la Nación –
Fiscalía General de la Nación

empleo de carrera con personal no seleccionado mediante el sistema
de mérito- se dará aplicación al inciso primero del artículo 35 del
Código Contencioso Administrativo […]

En lo atinente a los cargos en provisionalidad, que interesa al asunto sub
examine, la Corte Constitucional ha desarrollado una precisa línea
jurisprudencial referente a la motivación del acto administrativo por medio del
cual se desvincula a una persona que tenga ese tipo de relación legal y
reglamentaria, en el sentido de precisar que ese nombramiento es diferente al
de carrera, por cuanto la situación de la persona que lo ejerce no es comparable
con la de quienes han agotado un sistema de mérito, presentan pruebas y son
incluidos en una lista de elegibles para proveer los empleos22.

Por otro lado, esa misma alta Corporación, en sentencia C-1173 de 200523, con
ocasión del examen de constitucionalidad del inciso tercero del numeral 11.6
del artículo 11 y el numeral 29.13 del artículo 29 del Decreto 780 de 2005, por
el cual se establece el sistema específico de carrera para los empleados del
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República; y del inciso
primero del artículo 20 del Decreto 790 de 2005, con el que se determina el
sistema específico de carrera en la Unidad Administrativa Especial de
Aeronáutica Civil (Aerocivil), concluyó:

[…] que el retiro discrecional de la carrera de ciertos funcionarios con
base en información reservada, como puede ocurrir con los informes
o estudios de seguridad desfavorables, es válido constitucionalmente,
siempre que se respete el debido proceso y la oportunidad de defensa
del servidor público. Por lo tanto, las normas acusadas, […] se
declararán exequibles, en el entendido de que: (i) el estudio de
seguridad realizado por las autoridades competentes se funde en
razones neutrales derivadas de hechos objetivos, ciertos, específicos
y relevantes, que muestren que se pondría en peligro o se lesionaría
la seguridad de las personas que laboran en el Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República y en la Unidad
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, o la seguridad
ciudadana; (ii) en el acto administrativo correspondiente, se debe dar
aplicación al inciso primero del artículo 35 del Código Contencioso
Administrativo, esto es, antes de su expedición, debe haberse dado
oportunidad al afectado de conocer y expresar sus opiniones sobre
dicho estudio y las pruebas disponibles, además de que el acto debe
ser motivado.

22
Al respecto, pueden verse entre otras las sentencias T-1011 de 2003, M. P. Eduardo Montealegre Lynett; y T-
951 de 2004, T-1159 de 2005 y T-070 de 2006, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
23
M. P. Manuel José Cépeda Espinosa.
26

Expediente 08001-23-33-000-2017-00233-01 (1852-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Fernando José Mendoza Mendoza contra la Nación –
Fiscalía General de la Nación

A pesar de que en la segunda de las providencias citadas, la Corte Constitucional
advirtió que en dichos actos administrativos de desvinculación debe darse
aplicación al inciso primero del artículo 35 del otrora Código Contencioso
Administrativo (CCA), referente a que se surta un trámite previo a su
expedición, no puede obviarse que en decisión posterior precisó que ello no era
extensivo a los cargos de libre nombramiento y remoción o cuando se trate de
aquellos provistos en provisionalidad.

Ambos criterios jurisprudenciales resultan aplicables al asunto sub examine,
pues analizó situaciones similares, esto es, en torno al retiro de un servidor
público con ocasión de la expedición de un informe de seguridad con
conclusiones desfavorables, como es el caso del actor24; y coinciden en que el
estudio realizado por las autoridades competentes debe fundarse en razones
neutrales derivadas de hechos objetivos, ciertos, específicos y relevantes.

Entonces, al estudiar la legalidad de los actos administrativos atacados se
evidencia que fueron motivados, como lo exige el ordenamiento jurídico y la
jurisprudencia que ha desarrollado el tema, por tratarse de un empleado público
en condición de provisionalidad, según el marco jurídico que antecede; de igual
modo, se cumplieron las exigencias y formalidades previas a la adopción de una
decisión de insubsistencia generada por un informe de seguridad desfavorable
al servidor público, como lo son que este conozca su contenido y se le otorguen
las oportunidades legales para controvertirlo, en garantía, como se ha dicho, del
derecho al debido proceso.

Asimismo, la alegada irregularidad para este asunto no se deriva de la
declaratoria misma de insubsistencia por motivos de seguridad, pues ella está
respaldada legal y jurisprudencialmente, sino que se discute que con la
expedición de los actos administrativos demandados se incurrió en una
violación del debido proceso que, a la luz del artículo 137 del CPACA,
configuraría una causal de nulidad.

No obstante, conforme se ha analizado en esta providencia, sí era suficiente
notificar el informe de seguridad y el acto administrativo de declaratoria de

24
A similares conclusiones arribó la Corte Constitucional, en sentencia C-108 de 1995, M. P. Vladimiro Naranjo
Mesa, al estudiar la constitucionalidad de los artículos 39, 40-10, 46, 58, 64, 65, 83-8, 92-3, 111-2, 146 y 152 del
Decreto Ley 407 de 1994, «por el cual se establece el régimen de personal del Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario», pues consideró que «[…] es necesario que el empleado cuyo retiro se disponga cuente con un debido
proceso y se le permita, por consiguiente, ejercer su derecho de defensa ante la Junta. Por esta razón la
exequibilidad de la norma bajo examen estará condicionada a que llegado el caso, a los funcionarios en ella
mencionados se les oiga en descargos por parte de la Junta, de forma tal que su separación del cargo resulte
plenamente justificada».
27

Expediente 08001-23-33-000-2017-00233-01 (1852-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Fernando José Mendoza Mendoza contra la Nación –
Fiscalía General de la Nación

insubsistencia al mismo tiempo, con lo que se otorgó la posibilidad de
interponer los eventuales recursos en instancia administrativa o el ejercicio del
derecho de defensa y contradicción, pues con tal actuación se colmó dicha
garantía constitucional en acatamiento de las normas que regulan la materia y
en desarrollo de los criterios jurisprudenciales que gobiernan casos similares al
sub examine.

Por consiguiente, la actuación administrativa desplegada por la Fiscalía
General de la Nación, que culminó con la expedición de los actos
administrativos acusados, no se encuentra viciada de nulidad, en la medida en
que no trasgredió el derecho al debido proceso, por cuanto la declaratoria de
insubsistencia fue motivada en el estudio de seguridad que concluyó con que
el actor no satisfacía las condiciones mínimas de seguridad, fundado en
razones objetivas, sin que hubiese sido necesario que se adelantara un trámite
previo a la expedición de la resolución de insubsistencia, sino que era
suficiente que el demandante conociera el mencionado estudio con esa
decisión.

Con base en los razonamientos que se dejan consignados, en armonía con los
elementos de juicio allegados al expediente y apreciados en conjunto de acuerdo
con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones sobre el particular, se
revocará la sentencia de primera instancia, que accedió a las súplicas de la
demanda, para en su lugar, negarlas.

Por último, en relación con la condena en costas y las agencias en derecho que
corresponde a los gastos por concepto de apoderamiento dentro del proceso,
esta Corporación, en sentencia de 1º. de diciembre de 201625, se pronunció así:

En ese orden, la referida norma especial que regula la condena en
costas en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo dispone:

Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos
en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá
sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

La lectura interpretativa que la Sala otorga a la citada regulación
especial gira en torno al significado del vocablo disponer, cuya
segunda acepción es entendida por la Real Academia Española como
«2. tr. Deliberar, determinar, mandar lo que ha de hacerse».
25
Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, expediente 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-
2014), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter.
28

Expediente 08001-23-33-000-2017-00233-01 (1852-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Fernando José Mendoza Mendoza contra la Nación –
Fiscalía General de la Nación

Ello implica que disponer en la sentencia sobre la condena en costas
no presupone su causación per se contra la parte que pierda el litigio
y solo, en caso de que estas sean impuestas, se acudirá a las normas
generales del procedimiento para su liquidación y ejecución (artículo
366 del CGP).

En tal virtud, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones
(civil, comercial, de familia y agraria), donde la responsabilidad en
materia de costas siempre es objetiva (artículo 365 del CGP),
corresponde al juez de lo contencioso-administrativo elaborar un
juicio de ponderación subjetiva respecto de la conducta procesal
asumida por las partes, previa imposición de la medida, que limitan
el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una aplicación
razonable de la norma.

Ese juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte
vencida esté revestido de acciones temerarias o dilatorias que
dificulten el curso normal de las diferentes etapas del procedimiento,
cuando por ejemplo sea manifiesta la carencia de fundamento legal
de la demanda, excepción, recurso, oposición o incidente, o a
sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad; se aduzcan
calidades inexistentes; se utilice el proceso, incidente o recurso para
fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos; se
obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas; se entorpezca
el desarrollo normal y expedito del proceso; o se hagan
transcripciones o citas deliberadamente inexactas (artículo 79 CGP).

Así las cosas, frente al resultado adverso a los intereses del
demandante, se tiene que ejerció de forma legítima el reclamo por la
vía judicial del derecho que le asistía de acceder a la pensión gracia,
pues con base en el ordenamiento que la rige y los lineamientos
jurisprudenciales en la materia, así lo consideró.

Por consiguiente, esta Sala considera que la referida normativa deja a disposición
del juez la procedencia o no de la condena en costas, puesto que para ello debe
examinar la actuación procesal de la parte vencida y comprobar su causación y no
el simple hecho de que las resultas del proceso le fueron desfavorables a sus
intereses, pues dicha imposición surge después de tener certeza de que la conducta
desplegada por aquella comporta temeridad o mala fe, por lo que, al no predicarse
tal proceder de la parte demandante, no se impondrá condena en costas.

Por otro lado, en razón a que quien se halla habilitada legalmente para ello confirió

29

Expediente 08001-23-33-000-2017-00233-01 (1852-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Fernando José Mendoza Mendoza contra la Nación –
Fiscalía General de la Nación

poder en nombre de la Nación – Fiscalía General de la Nación26, se reconocerá
personería a la profesional del derecho destinataria de aquel.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1º. Revócase la sentencia proferida el 9 de octubre de 2018 por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, que accedió a las súplicas de la demanda incoada
por el señor Fernando José Mendoza Mendoza contra la Nación - Fiscalía
General de la Nación; en su lugar, niéganse tales pretensiones, conforme a lo
consignado en la parte motiva.

2º. Sin condena en costas.

3º. Reconócese personería a la abogada Edna Rocío Martínez Laguna, con
cédula de ciudadanía 26.431.333 y tarjeta profesional 163.782 del Consejo
Superior de la Judicatura, como apoderada de la Nación – Fiscalía General de
la Nación, en los términos del poder conferido.

4º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones que fueren menester.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en Sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER

Ausente con excusa Firmado electrónicamente
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ (E) CÉSAR PALOMINO CORTÉS

26
Memorial adjuntado a la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada Samai.
30

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.