Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-01134-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-01134-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-01134-00
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
7 de octubre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA QUINCE ESPECIAL DE DECISIÓN
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá D.C., siete (7) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Número único de radicación: 11001 03 15 000 2024 01134 00
Demandante: Fernando José Mendoza Mendoza
Demandada: Nación - Fiscalía General de la Nación
Asunto: Resuelve sobre un recurso extraordinario de revisión
SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA
La Sala Especial de Decisión número 15 de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado procede a resolver la demanda que contiene el recurso
extraordinario de revisión interpuesta por Fernando José Mendoza Mendoza contra
la sentencia de 26 de enero de 2023 proferida por la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el número único de radicación 08001 23 33 000 2017
00233 01, por estimar que se encuentra incursa en la causal prevista en el numeral
5.° del artículo 250 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20111.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a
continuación.
I. ANTECEDENTES
La demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
1. Fernando José Mendoza Mendoza presentó demanda2 contra la Nación -Fiscalía
General de la Nación, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
1 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
2 La demanda se presentó por medio de apoderado.
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del derecho3, para que se declare la nulidad de las resoluciones núm. 713 de 11 de
marzo de 2016 y la núm. 2994 de 5 de septiembre de 2016, esta última expedida
por la Fiscal General de la Nación (e), mediante las cuales se declaró insubsistente
su nombramiento en el cargo de fiscal delegado ante tribunal de distrito en la
subdirección seccional de fiscalías y seguridad ciudadana del Atlántico.
2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó ordenar a la demandada: i)
reintegrarlo al cargo que desempeñaba o a otro de igual o superior categoría, sin
solución de continuidad; ii) el pago de los sueldos, gastos de representación, primas,
bonificaciones, aumentos y demás prestaciones sociales causadas desde el 13 de
septiembre de 2016, en que fue separado del cargo hasta la fecha en que se efectúe
el reintegro; y iii) que se “[…] hagan los aportes en materia de pensión y salud, así
como los descuentos de ley […]”, causados durante el mismo periodo.
Presupuestos fácticos
3. La parte demandante del proceso ordinario, indicó, en síntesis, los siguientes
hechos para fundamentar sus pretensiones:
3.1. El fiscal general de la Nación, mediante la Resolución número 0-2558 de 6 de
mayo de 2008, lo nombró en provisionalidad en el cargo de Fiscal ante el Tribunal
de Distrito de la Dirección Seccional de Fiscalías de Barranquilla, del cual tomó
posesión y ejerció sin solución de continuidad.
3.2. El fiscal general de la Nación, mediante la Resolución núm. 713 de 11 de marzo
de 2016, declaró insubsistente su nombramiento, ordenando su notificación con la
entrega de una copia del acto acusado y del informe de seguridad de la Dirección
Nacional de Protección y Asistencia de 17 de febrero de 2016.
3.3. Interpuso recurso de reposición contra la anterior decisión, la cual fue
confirmada mediante la Resolución núm. 2994 de 5 de septiembre de 2016,
expedida por la fiscal general de la Nación (e).
3 Previsto en el artículo 138 de la Ley 1437.
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Normas violadas y concepto de violación
4. La parte demandante del proceso ordinario invocó como normas violadas, las
siguientes:
• Artículo 29 de la Constitución Política.
• Artículos 30 a 45 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20114.
• Artículos 96 y 100 del Decreto Ley 20 de 9 de enero de 20145.
5. La parte demandante del proceso ordinario explicó el concepto de violación, en
los siguientes términos:
5.1. Indicó que la declaratoria de insubsistencia del nombramiento no se ajustó a lo
previsto en el artículo 100 del Decreto Ley 20 de 2014, comoquiera que no existieron
razones objetivas y proporcionales que ameritaran su retiro y, por el contrario, el
desempeño de sus funciones lo hacían digno de confiabilidad y de máxima
seguridad para la Fiscalía General de la Nación.
5.2. Argumentó que la Resolución núm. 716 de 2016 está falsamente motivada, por
cuanto invoca como sustento el pronunciamiento de la Corte Constitucional
contenido en la sentencia C-48 de 1997, frente al cual, “[…] en primer lugar, el
Decreto Ley 020 de 2014, prevé como causal de retiro una regulación diferente para
la declaratoria de insubsistencia de quienes desempeñen un empleo, bien sea de
libre nombramiento y remoción o de carrera en la Fiscalía […] y en segundo lugar,
dicha declaratoria es reglada y está sujeta a los requisitos taxativamente señalados
en su artículo 100 […] (sic), lo que no corresponde a este asunto, en la medida en
que en aquella providencia se analizó sobre los nombramientos en virtud del
régimen de carrera de los empleados del extinguido Departamento Administrativo
de Seguridad (DAS) […]”.
4 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
5 “Por el cual se clasifican los empleos y se expide el régimen de carrera especial de la Fiscalía General de la
Nación y de sus entidades adscritas”.
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Contestación de la demanda
6. La Nación-Fiscalía General de la Nación, se opuso a las pretensiones de la
demanda con base en los siguientes argumentos:
6.1. Argumentó que la declaratoria de insubsistencia del nombramiento del señor
Fernando José Mendoza Mendoza se produjo con base en lo previsto en el artículo
100 del Decreto Ley 020 de 2014, es decir, en ejercicio de la potestad de nombrar
y remover a los servidores de la Fiscalía General de la Nación y en virtud del estudio
de seguridad en el que se consignaron razones objetivas y proporcionales,
garantizándose el derecho de defensa del servidor, toda vez que: i) tuvo la
oportunidad de allegar los argumentos de defensa; ii) aportó las pruebas que estimó
necesarias para controvertir el estudio de seguridad; y iii) interpuso el recurso que
procedía en el procedimiento administrativo, el cual fue decidido y debidamente
notificado.
6.2. Adujo que, si bien el artículo 100 del Decreto Ley 020 de 2014 establece que el
estudio de seguridad debe garantizar los derechos de defensa y contradicción, lo
cierto es que la citada norma para la época de los hechos no se encontraba
reglamentada. Por esta razón, no podía pretenderse que para garantizar el debido
proceso se debía llevar a cabo una instancia previa a la declaratoria de
insubsistencia, agotando todo un trámite, lo que comportaría “[…] crear nuevas
instancias administrativas no previstas en el ordenamiento jurídico o reglamentar el
procedimiento correspondiente a lo establecido en una norma legal […]”.
6.3. Por último, señaló que la expedición de los actos acusados: i) obedeció a la
realidad fáctica y jurídica, en los cuales se expuso con claridad las razones objetivas
y proporcionales por las cuales la parte demandante no debía continuar prestando
el servicio, derivadas de un estudio de seguridad que dejaba en evidencia la
investigación adelantada en su contra por la presunta comisión del delito de tráfico
de influencias, circunstancias que riñen con la confianza, ética y probidad que deben
caracterizar a un servidor de la jerarquía de Fiscal Delegado ante Tribunal Superior
del Distrito Judicial; y ii) no mediaron intereses particulares y caprichosos y que la
decisión consulta exclusivamente la adecuada prestación del servicio y los
principios que deben orientar el ejercicio de la función.
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Sentencia de 9 de octubre de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo del
Atlántico dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el número único de radicación 08001 23 33 000 2017 00233 01
7. El Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante la sentencia proferida el 9 de
octubre de 2018, resolvió:
“[…] PRIMERO: DECLÁRASE la nulidad de las Resoluciones No 00713 de 11 de
marzo de 2016 y Resolución No 0-2994 de 5 de septiembre de 2016 proferidas por el
Fiscal General de la Nación.
SEGUNDO: En consecuencia, CONDÉNASE a la Fiscalía General de la Nación, a
reintegrar al señor Fernando José Mendoza Mendoza al cargo que venía
desempeñando o a uno de igual o superior categoría.
TERCERO: CONDÉNASE a la Fiscalía General de la Nación a reconocerle y pagarle
al señor Fernando José Mendoza Mendoza, los salarios prestaciones y demás
emolumentos dejados de percibir desde el retiro del servicio y hasta que se efectúe
el reintegro del mismo, de forma actualizada, conforme a la formula expuesta en la
parte motiva de esta providencia.
CUARTO: DECLARASE para todos los efectos que no ha existido solución de
continuidad en la prestación de los servicios por parte del señor Fernando José
Mendoza Mendoza.
QUINTO: Las condenas impuestas se cumplirán de conformidad con el artículo 192
de la Ley 1437 de 2011.
SEXTO: Sin costas (Art. 188 Ley 1437 de 2011) […]”
Consideraciones del Tribunal
7.1. Después de realizar un recuento de los hechos y las pruebas obrantes en el
expediente, consideró que la causal de retiro con base en el estudio de seguridad:
i) contaba con sustento constitucional y está prevista para garantizar principios
específicos de la función pública de relevancia superior como lo son el de eficacia
y la eficiencia; y ii) no puede ser entendida ni aplicada de manera arbitraria, toda
vez que en algunos casos el retiro supone transgresión de derechos y garantías del
mismo raigambre constitucional como lo es el debido proceso, el derecho de
defensa y contradicción del trabajador.
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7.2. Al analizar el caso concreto, consideró que la desvinculación de Fernando José
Mendoza Mendoza obedeció a un estudio de seguridad en el que se concluyó que,
de conformidad con el artículo 100 del Decreto Ley 20 de 2014, no reunía las
condiciones mínimas de seguridad para desempeñar el cargo; no obstante lo
anterior, adujo que no se inició una actuación administrativa previa para posibilitarle
controvertir las razones del estudio de seguridad, vulnerando su debido proceso.
7.3. En efecto, indicó que la atribución para declarar la insubsistencia del
nombramiento, es una verdadera facultad de remoción que se encuentra reglada,
es decir, no es discrecional, distinción que emerge de la misma disposición, cuando
requiere que el estudio de seguridad esté fundado en razones objetivas y
proporcionales y garantizando el derecho de defensa del servidor. Al respecto,
señaló: “[…] La norma en comento de manera explícita exige, que el empleado cuyo
retiro se disponga cuente con un debido proceso y se le permita, por consiguiente,
ejercer su derecho de defensa, disponiendo de las oportunidades pertinentes para
poder controvertir dicho estudio, de forma tal que la declaratoria de insubsistencia
no resulte vulneradora de derechos y garantías fundamentales, máxime si se parte
de la premisa que el derecho de defensa emerge como corolario del debido proceso
[…]”.
7.4. Por lo que, de la interpretación teleológica de la norma, la aplicación de causal
de retiro de la función pública, debía estar presidida de un procedimiento que
ponderara la garantía fundamental del debido proceso del señor Mendoza
Mendoza, contando de suyo con la posibilidad de controvertir dicho estudio de
seguridad, situación diferente a controvertir el acto administrativo que declara la
insubsistencia del nombramiento, los cuales emergen como dos actos
completamente disimiles y diferentes, más aún, si se tiene en cuenta que la norma
no dispuso reserva alguna frente al estudio de seguridad ni respecto al
procedimiento para su expedición.
7.5. Consideró que la ausencia de regulación de la disposición no podía significar
dar al traste con los principios y garantías fundamentales inherentes del debido
proceso y el derecho defensa, máxime, si se parte de que las normas en que se
basó la decisión de insubsistencia, no prevén que el funcionario afectado estuviera
privado de conocer las razones de conveniencia o tuviera la oportunidad de
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controvertirlas, por el contrario, el precepto normativo es claro en señalar que el
estudio de seguridad debe garantizar el debido proceso del servidor, lo cual,
implicaba en esencia, por naturaleza, la oportunidad del demandante de presentar
sus descargos, solicitar el decreto de pruebas, aportar las que considerara
pertinentes y controvertir las alegadas en su contra, esto, dentro del marco de un
procedimiento con absoluto apego a las disposiciones que lo regulen; circunstancia
que no aconteció en el caso particular.
7.6. Por último, consideró que el señor Mendoza Mendoza demostró que era un
empleado idóneo, tenía una extensa experiencia en el servicio público y poseía
conocimientos específicos para el desempeño del cargo, circunstancias que hacían
presumir su competencia para el ejercicio del mismo, debía entonces la
administración demostrar con justa proporcionalidad y objetividad, las razones por
las cuales prescindió de él, a pesar de sus cualidades, pues el margen de
discrecionalidad otorgado no significaba arbitrariedad.
Recurso de apelación
8. La Nación -Fiscalía General de la Nación presentó recurso de apelación, en el
que solicitó se revoque la sentencia proferida, en primera instancia y, en su lugar,
se nieguen las pretensiones de la demanda, con base en los siguientes argumentos:
8.1. Reiteró que al no existir un mecanismo legal propio y especial para el ejercicio
del derecho de contradicción en el estudio de seguridad, previsto en el artículo 100
del Decreto Ley 020 de 2014, buscó mecanismos para garantizar los derechos al
debido proceso y a la defensa del demandante, resolviendo el recurso de
reposición, con el fin de habilitar la oponibilidad del interesado al estudio de
seguridad, el cual, en todo caso, no constituye un acto definitivo contra el cual sea
viable interponer recurso en sede administrativa.
8.2. En estos términos, optó por la única solución favorable al servidor, y al notificar
el acto definitivo de insubsistencia, en conjunto con el estudio de seguridad
correspondiente, contra el que procedía el recurso de reposición garantizó el
derecho al debido proceso.
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La sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión
9. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante la
sentencia proferida el 26 de enero de 2023, en segunda instancia, resolvió:
“[…] 1º. Revócase la sentencia proferida el 9 de octubre de 2018 por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, que accedió a las súplicas de la demanda incoada por el
señor Fernando José Mendoza Mendoza contra la Nación - Fiscalía General de la
Nación; en su lugar, niéganse tales pretensiones, conforme a lo consignado en la
parte motiva.
2º. Sin condena en costas […]”
Consideraciones de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado
9.1. Después de determinar el marco jurídico sobre la declaratoria de insubsistencia
de nombramientos en la Fiscalía General de la Nación consideró que el empleo de
fiscal delegado ante Tribunal Superior de Distrito Judicial es de aquellos que deben
proveerse mediante concurso de méritos, comoquiera que no se encuentra
expresamente enunciado como de libre nombramiento y remoción, motivo por el
que, tras presentarse su vacancia permanente, debe proveerse a través de la figura
de la provisionalidad, según el artículo 11 del Decreto ley 20 de 2014 , mientras se
designa a una persona en carrera.
9.2. Señaló que el estatuto de carrera especial de la Fiscalía General de la Nación
dispone, como causales de retiro del servicio, entre otras, la declaratoria de
insubsistencia del nombramiento por estudio de seguridad, el cual, debe reunir los
requisitos previstos en el artículo 100 del Decreto Ley 20 de 2014 y la Resolución
1704 de 20146, en especial, el artículo 45 A, en la cual se determina que “[…] existe
claridad acerca de que la reglamentación del mencionado artículo 100 del Decreto
ley 20 de 2014 dispone, como garantía a los derechos al debido proceso, defensa
y contradicción, que el estudio de seguridad sea notificado junto con el acto
administrativo que declare la insubsistencia del servidor […]”.
6 “Por la cual se establecen las Políticas Generales de Seguridad en la Fiscalía General de la Nación”.
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9.3. Además de lo anterior, indicó que, de conformidad con los criterios
jurisprudenciales de la Sección Segunda del Consejo de Estado y de la Corte
Constitucional, la declaratoria de insubsistencia del nombramiento por estudio de
seguridad debía expedirse mediante acto motivado, garantizándose el derecho al
debido proceso y contradicción previsto en el artículo 29 de la Constitución Política,
en especial, poniendo en conocimiento en la actuación administrativa los
fundamentos de la decisión (estudio de seguridad).
9.4. Al analizar el caso concreto, determinó que se encontraba probado que el señor
Mendoza Mendoza prestó sus servicios en provisionalidad en la Fiscalía General de
la Nación desde el 6 de mayo de 2008 hasta el 12 de septiembre de 2016, cuando
fue declarado insubsistente su nombramiento en el cargo de fiscal delegado ante
tribunal de distrito en la subdirección seccional de fiscalías y seguridad ciudadana
del Atlántico.
9.5. Asimismo, que la Resolución núm. 713 de 11 de marzo de 2016 se expidió, con
fundamento en el artículo 100 del Decreto Ley 020 de 2014 y el artículo 45 A de la
Resolución 1704 de 2014, previo la realización de un estudio de seguridad en el que
se determinó que el señor Mendoza Mendoza no reunía las condiciones mínimas
para el desempeño de su empleo.
9.6. A su vez, indicó que este acto le fue notificado al demandante con la copia del
respectivo estudio de seguridad, frente a lo cual interpuso recurso de reposición en
los que presentó argumentos contra el estudio de seguridad, que fue decidido
mediante la Resolución núm. 2994 de 5 de septiembre de 2016, garantizándose el
debido proceso en la actuación administrativa. Al respecto, consideró:
“[…] En ese contexto, se destaca que la exigencia (y a su vez derecho) de dar a
conocer documentos como el informe de seguridad constituye la materialización del
derecho de defensa y contradicción, en la medida en que la persona que pueda verse
beneficiada o perjudicada con ese tipo de reportes tiene el derecho a controvertirlo
ante la autoridad que lo emitió. Por consiguiente, se trata de un derecho y deber, pues
si bien esta clase de organismos estatales (como la Fiscalía General de la Nación),
por el tipo de función que ejerce, tiene la potestad de pedir de sus funcionarios que
se sometan a un estudio de seguridad, empero, también cuenta con el deber de
dárselo a conocer; al mismo tiempo, dichos servidores están en la obligación de
permitir ese análisis y en el derecho de exigir conocer su contenido.
Amén de lo anterior, se reitera que el mencionado artículo 100 del Decreto ley 20 de
2014, en la parte final de su inciso 1º, establece que “[e]l estudio de seguridad debe
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fundarse en razones objetivas y proporcionales al fin que se busca con la declaratoria
de insubsistencia y debe garantizar el derecho de defensa del servidor”, mandato que
fue observado por la demandada por cuanto no se discute la objetividad del informe
de seguridad, del que se desprenden motivos válidos para su retiro, respaldado por
la garantía al debido proceso, puesto que ese informe lo conoció por el accionante
con la declaratoria de insubsistencia, tal como lo indicó la Fiscalía en su contestación
del libelo introductorio y el recurso de apelación, en cumplimiento de las normas que
regulan la materia […]”.
9.7. Por último, indicó que al estudiar la legalidad de los actos acusados se
evidenciaba que fueron motivados, como lo exige el ordenamiento jurídico y la
jurisprudencia que ha desarrollado el tema, por tratarse de un empleado público en
condición de provisionalidad, según el marco jurídico que antecede; de igual modo,
se cumplieron las exigencias y formalidades previas a la adopción de una decisión
de insubsistencia generada por un informe de seguridad desfavorable al servidor
público, como lo son que este conozca su contenido y se le otorguen las
oportunidades legales para controvertirlo, en garantía, como se ha dicho, del
derecho al debido proceso.
II. RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
La demanda que contiene el recurso extraordinario de revisión
10. Fernando José Mendoza Mendoza7 interpuso la demanda que contiene el
recurso extraordinario de revisión8 contra la sentencia de 26 de enero de 2023
proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único
de radicación 08001 23 33 000 2017 00233 01, por estimar que se encuentra incursa
en la causal prevista en el numeral 5.° del artículo 250 de la Ley 1437 de 18 de
enero de 20119.
11. Fernando José Mendoza Mendoza presentó las siguientes pretensiones:
“[…] Con fundamento en las razones de hecho y de derecho expuestas en este
recurso extraordinario, solicito a la Sala Especial de Decisión de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, que le corresponda en reparto,
que declare fundada la causal del numeral 5, del artículo 250 del CPACA, esto es, la
nulidad de la sentencia de segunda instancia calendada el 26 de enero de 2023,
proferida por la Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en el
7 Cfr. Índice 1 SAMAI.
8 Previsto en el artículo 248 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 “Por la cual se expide el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
9 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
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Número único de radicación: 11001 03 15 000 2024 01134 00
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación número 08001- 23-
33-000-2017-00233-01 (1852-2019), a fin de que ésta profiera nueva sentencia
conforme a derecho y atendiendo los parámetros señalados en el artículo 255 del
CPACA, con las modificaciones hechas a este precepto por el artículo 70 de la Ley
2080 de 2021 […]”.
12. Para sustentar la causal de revisión expuso los siguientes argumentos:
12.1. La sentencia recurrida es incongruente y vulneró el derecho al debido proceso
previsto en el artículo 29 de la Constitución Política, toda vez que para la práctica
del estudio de seguridad, con miras a establecer la permanencia de los servidores
en la Fiscalía General de la Nación, el artículo 45 A de la Resolución 1704 de 2014,
no era aplicable al caso concreto, por no existir en el ordenamiento jurídico al
momento de la ocurrencia de los hechos, toda vez que este artículo fue adicionado
por la Resolución 2635 del 27 de julio de 2016 (fecha posterior a la expedición y
notificación de la Resolución 0-0713 de 11 de marzo de 2016) y no fue invocada en
ningún momento procesal por las partes ni por los intervinientes.
12.2. Indicó que, en esa medida, el artículo 100 del Decreto Ley 020 de 2014, no
señaló un procedimiento administrativo especial para la práctica del estudio de
seguridad y que al ser una actuación administrativa diferente a la declaratoria de
insubsistencia del nombramiento, debía someterse a las disposiciones de la Ley
1437, “[…] que instituyen que a falta de un procedimiento establecido en forma y ley
especial, la actuación administrativa debe sujetarse al procedimiento común y
principal de dicho Código (artículo 34); que cuando las autoridades procedan de
oficio, como en el presente caso, deben informar de la iniciación de la actuación al
interesado para el ejercicio del derecho de defensa (artículo 35); que el interesado
en materia de pruebas podrá aportarlas, pedirlas y controvertirlas antes de que se
dicte una decisión de fondo (artículo 40); y que debe dársele la oportunidad para
expresar sus opiniones y proferir una decisión debidamente motivada (artículo 42)
[…]”.
12.3. Adujo que resultaba desproporcionado y contrario a los principios y derechos
constitucionales del debido proceso, seguridad jurídica y vigencia de un orden justo,
que la sentencia recurrida le otorgue validez y de aplicación a un procedimiento
previsto con posterioridad a la ocurrencia de los hechos puestos a consideración,
es decir, un procedimiento que no había nacido a la vida jurídica al momento de la
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12
Número único de radicación: 11001 03 15 000 2024 01134 00
expedición y posterior notificación de la Resolución 0-0713 del 11 de marzo de 2016,
expedida por el Fiscal General de la Nación.
Contestación al recurso extraordinario de revisión
13. La Nación- Fiscalía General de la Nación notificada, en debida forma, no
contestó la demanda10.
Concepto del Ministerio Público
14. El señor Agente del Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad
procesal.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
15. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en los siguientes términos:
i) la competencia de la Sala; ii) la procedencia y término para interponer el recurso
extraordinario de revisión; iii) el problema jurídico; iv) el marco normativo y desarrollo
jurisprudencial del recurso extraordinario de revisión; v) el marco normativo y
desarrollo jurisprudencial de la causal prevista en el numeral 5.º del artículo 250 de
la Ley 1437 y; vi) el análisis de la causal de revisión, los cuales se desarrollarán a
continuación:
Competencia de la Sala
16. Vistos los artículos: i) 248 de la Ley 1437, sobre la procedencia del recurso
extraordinario de revisión; ii) 249 ibidem11, sobre competencia para conocer los
recursos extraordinarios de revisión12; iii) 111 ibidem, en especial, el numeral 2.°13
sobre las funciones de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo; y iv) 29, en
especial el numeral 1.° del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 14: esta Sala
es competente para resolver el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra
10 Cfr. Índice 10 SAMAI.
11 Adicionado por el artículo 68 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 “Por medio de la cual se reforma el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras
disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”.
12 En virtud del artículo 249 de la Ley 1437 no existe impedimento para que los Magistrados que suscribieron la
sentencia recurrida, participen en el proceso del recurso extraordinario de revisión.
13 Modificado por el artículo 18 de la Ley 2080.
14 Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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la sentencia de 26 de enero de 2023 proferida por la Subsección B de Sección
Segunda del Consejo de Estado.
Procedencia y término para interponer el recurso extraordinario de revisión
17. Visto el artículo 251 de la Ley 1437, sobre el término para interponer el recurso
extraordinario de revisión, que dispone:
“[…] Artículo 251. El recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la
ejecutoria de la respectiva sentencia […]”
18. En el caso sub examine, la sentencia recurrida fue proferida por la Subsección
B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, el 26 de enero de 2023. Asimismo,
la sentencia quedó ejecutoriada el 15 de enero de 202415 y el recurso extraordinario
de revisión se interpuso el 16 de enero de 202416; es decir dentro del término
previsto en el artículo 251 de la Ley 1437.
Problema jurídico
19. En el caso sub examine, el problema jurídico que la Sala debe resolver consiste
en determinar si se configura o no la causal de revisión prevista en el numeral 5.º
del artículo 250 de la Ley 1437; en especial, si fue proferida de forma incongruente
y vulnerando el derecho al debido proceso que genere la nulidad en la sentencia
recurrida y, en consecuencia, si se declara o no fundado el recurso extraordinario
de revisión.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del recurso extraordinario de
revisión
20. Vistos los artículos: i) 248 de la Ley 1437, sobre procedencia; ii) 249 17 ibidem,
sobre competencia; iii) 250 ibidem, sobre causales de revisión; iv) 251 ibidem, sobre
el término para interponer el recurso; y v) 252 ibidem, sobre requisitos del recurso.
15 Cfr. índice núm. 55 de SAMAI en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
16 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI.
17 Adicionado por el artículo 68 de la Ley 2080.
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21. Atendiendo a que el recurso extraordinario de revisión es un medio de
impugnación que limita la inmutabilidad de las sentencias en relación con la cosa
juzgada y permite que se subsanen determinadas irregularidades o ilegalidades.
22. La principal finalidad de este recurso es el restablecimiento de la justicia18, lo
cual no implica, en general, el desconocimiento de los principios de cosa juzgada y
presunción de legalidad y acierto de las decisiones judiciales, sino que,
excepcionalmente, en ciertas circunstancias y por las razones señaladas
específicamente en la ley, es viable revisar las sentencias en aras de restablecer el
imperio de la justicia y mantener el orden jurídico y social. Es precisamente en
atención a lo anterior que el recurso de revisión se determinó como un medio
extraordinario de impugnación.
23. En el mismo orden de ideas, el recurso se encuentra sujeto al estricto, riguroso
y ajustado cumplimiento de las causales que expresamente ha previsto el legislador,
sin que sea dable ampliarlas mediante interpretación analógica, con lo cual se busca
evitar que el mismo se convierta en una tercera instancia y se utilice para remediar
equivocaciones en que hubiera podido incurrir alguna de las partes, o para
controvertir juicios de valor del fallador19. Al respecto, la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo de esta Corporación20 ha considerado lo siguiente:
“[…] El [recurso extraordinario de revisión] no constituye una instancia adicional, la
tercera en este caso, en la que los interesados pueden replantear el asunto objeto del
litigio original para que el Juez de la Revisión lo reexamine o analice una vez más
[…]
En efecto, con la demanda de revisión se inicia una instancia que cuenta con trámite
propio y diferentes etapas procesales que se enmarcan dentro del debido proceso,
hasta culminar con un fallo que define sobre la legalidad de una sentencia
ejecutoriada […]”.
24. En efecto, el artículo 250 de la Ley 1437, enumera las causales que pueden
proponerse como fundamento de este recurso, las cuales, por lo demás dan cuenta
18 Cfr. Corte Constitucional, sentencias C-418 de 1994 y C-247 de 1997, M. P. Jorge Arango Mejía y José
Gregorio Hernández Galindo.
19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia proferida el 27 de abril de 2004,
C.P. María Inés Ortiz Barbosa Rev. 194, identificada con núm. único de radicación 1100103150001998016401.
20 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, providencia proferida el 12 de agosto de
2014, C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez, identificada con núm. único de radicación
11001031500020130211000.
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de la naturaleza eminentemente procedimental de los vicios o errores que, de
conformidad con la ley, eran los únicos que permitían la revisión de la sentencia por
la vía del recurso extraordinario que se analiza.
25. Los requisitos del recurso están enunciados en el artículo 252 de la Ley 1437,
que prevé que debe interponerse mediante escrito que reúna los siguientes
requisitos: i) la designación de las partes y sus representantes; ii) el nombre y
domicilio del recurrente; iii) los hechos u omisiones que le sirvan de fundamento; iv)
la indicación precisa y razonada de la causal invocada; v) el poder para su
interposición; y vi) las pruebas documentales que el recurrente tenga en su poder y
solicitará las que pretende hacer valer.
26. En suma, la interposición del recurso extraordinario de revisión constituye el
inicio de un nuevo proceso para cuestionar la sentencia proferida dentro de un
proceso ordinario, el que solo resulta procedente en determinadas y especiales
circunstancias taxativamente señaladas en la ley.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial de la causal prevista en el
numeral 5.º del artículo 250 de la Ley 1437
27. Visto el numeral 5.º del artículo 250 de la Ley 1437, que prevé como causal de
revisión la de “[…] existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso
y contra la que no procede recurso de apelación […]”. Sin embargo, debido a que
no se determinó cuáles son los eventos en los que se considera que configura la
citada causal, ha sido la jurisprudencia del Consejo de Estado la que ha
determinado los fundamentos fácticos y jurídicos de su procedencia21.
28. En esa medida, en relación con las irregularidades sustanciales del
procedimiento que pueden considerarse como nulidad originada en la sentencia, la
jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de Estado22 ha considerado que son, a
modo enunciativo, las siguientes:
21 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión número 16, sentencia del 5 de mayo de 2020, número único
de radicación 11001-03-15-000-2017-02519-00.
22 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, sentencia proferida el 3 de febrero de
2015, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, identificada con núm. único de radicación
11001031500020090049400.
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28.1. Cuando sin ninguna otra actuación, se profiere una nueva sentencia en
proceso terminado normalmente por sentencia en firme.
28.2. Cuando sin más actuación se profiere sentencia después de ejecutoriado el
auto por el cual hubiera sido aceptado el desistimiento, aprobada la transacción o
declarada la perención del proceso, porque así se revive un proceso legalmente
concluido.
28.3. Cuando se profiere sentencia, como única actuación, sin el previo trámite
correspondiente, porque así se pretermite íntegramente la instancia.
28.4. Cuando se condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto
del pretendido en la demanda o por causa diferente de la invocada en esta.
28.5. Cuando se condena a quien no ha sido parte en el proceso, porque con ello
se pretermite íntegramente la instancia.
28.6. Cuando, sin más actuación, se profiere sentencia después de ocurrida
cualquiera de las causas legales de interrupción o de suspensión o, en estos casos,
antes de la oportunidad debida.
28.7. Cuando el juez provee sobre aspectos respecto de los cuales carece de
jurisdicción o competencia.
28.8. Cuando la sentencia carece de motivación.
28.9. Cuando la sentencia aparece suscrita por un número mayor o menor de los
magistrados que debieron haberlo hecho; o cuando fue adoptada con un número de
votos diferente del previsto en la ley.
29. En ese sentido, de acuerdo con la posición pacífica del Consejo de Estado, para
probar la configuración de la causal, se ha considerado que, por regla general, no
es posible “[…] alegar como fundamento del recurso, alguna causa de nulidad
acaecida en una etapa previa a la sentencia, ya que ‘la proposición de nulidades
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procesales se encuentra sometida a las reglas de oportunidad y legitimación
previstas en el artículo 142 del Código de Procedimiento Civil [hoy, artículo 134 del
Código General del Proceso], sin perjuicio del deber que el artículo 145 ibidem,
impone al juez de declarar de oficio las nulidades insaneables que observe antes
de dictar sentencia […]’”23.
30. Sin embargo, en algunos casos se ha aceptado la proposición de la nulidad
procesal ocurrida antes de la expedición de la sentencia, siempre y cuando esta no
haya podido ser advertida por el recurrente, evento en el que la parte demandante
debe probar que efectivamente no tuvo la posibilidad de proponer la nulidad en el
curso del proceso.
31. Asimismo, se ha considerado que la anomalía sea de tal magnitud que configura
un defecto insanable de la actuación, al punto que, de no presentarse ese yerro, la
decisión adoptada hubiese sido distinta24. Dentro de este grupo de anomalías se
encuentran las relacionadas con: i) irregularidades que constituyen causal de
nulidad del proceso previstas en las normas procesales y que solo pudieron ser
advertidas en la sentencia; y ii) los vicios que contiene la propia sentencia y que
pueden derivar en la vulneración del artículo 29 de la Constitución Política, lo cual
excluye la posibilidad de formular, por esta vía, cuestionamientos que conciernan al
contenido de la motivación, a la valoración probatoria o a la forma de aplicación de
una determinada norma.
32. Junto al criterio señalado supra se ha aceptado que, pueden existir otros motivos
no señalados en los códigos procesales como causales de nulidad, pero que surgen
de la vulneración del artículo 29 de la Constitución Política. Es decir, que la violación
al debido proceso constitucional en la sentencia puede ser causal de revisión. En
este último evento, corresponderá al juez determinar si el hecho que se dice
contrario a este derecho puede configurar la causal de revisión en comento.
23 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión número 13, sentencia del 7 de junio de 2016, número único
de radicación 11001-03-15-000-2015-02493-00.
24 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión número 26, sentencia del 14 de agosto de 2018, número único
de radicación 11001-03-15-000-2014-03093-00; Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 18 de noviembre de 2018, radicado 11001-03-25-000-2015-00996-00; y Consejo de Estado, Sala
Especial de Decisión número 22, sentencia del 3 de diciembre de 2019, número único de radicación 11001-03-
15-000-2019-00894-00.
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33. En efecto, la jurisprudencia constitucional25 ha definido el derecho al debido
proceso como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
mediante las cuales se busca la protección del individuo dentro de una actuación
judicial o administrativa para que, durante su trámite, se respeten sus derechos y
se logre la aplicación correcta de la justicia y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.
34. Por último, esta Corporación ha considerado que: i) “[…] No resulta acertado
plantear cuestionamientos a la sentencia, motivados en que se realizó una
apreciación errada de las pruebas […], pues todas estas observaciones escapan al
ámbito de la aludida causal […]”26; y ii) “[…] los errores de apreciación probatoria en
que haya podido incurrir […], son extraños al recurso extraordinario de revisión,
pues éste no es una instancia adicional en la que pueda replantearse el litigio. Lo
anterior tiene fundamento en la necesidad de evitar que el vencido en un proceso
pueda, a su capricho, reanudar el debate concluido, so pretexto de volver la mirada
a la prueba para pretender que se haga un nuevo y supuesto mejor juicio respecto
de ella […]”27.
25 Corte Constitucional, sentencia C-341 de 4 de junio de 2014, M.P. Mauricio González Cuervo.
26 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. sentencia de 26 de mayo de 2010, C.P
Mauricio Fajardo Gómez, número único de radicación 2001 – 1504.
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 12
de febrero de 2018, C.P. Gabriel Valbuena Hernández, número único de radicación
11001032500020130172100; ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección A, sentencia de 7 de noviembre de 2019, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico, número único de
radicación 11001032600020190001300; iii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, sentencia de 30 de septiembre de 2021, C.P. Rocío Araújo Oñate, número único de radicación
11001032800020210004400.
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Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre el principio de
congruencia en las providencias judiciales
35. Vistos los artículos: i) 281 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012 35, sobre
congruencia; ii) 320 ibidem, sobre fines de la apelación; y iii) 328 ibidem, sobre
competencia del superior.
36. Esta Corporación36 ha definido el principio de congruencia como “[…] el principio
normativo que delimita el contenido de las resoluciones judiciales que deben
proferirse, de acuerdo con el sentido y alcance de las peticiones formuladas por las
partes, para el efecto de que exista identidad jurídica entre lo resuelto y las
pretensiones o imputaciones y excepciones o defensas oportunamente aducidas, a
menos que la ley otorgue facultades especiales para separarse de ellas […]”, es
decir, que el alcance y contenido de una providencia está delimitado por las
pretensiones, existiendo una correspondencia entre esta y los hechos que se
esgrimen en la demanda y en su contestación.
37. La citada sentencia señaló que la congruencia debe ser interna y externa. La
primera obedece a la correspondencia que debe existir entre la parte motiva y
resolutiva de la sentencia; y la segunda, la externa, que la decisión contenida en la
resolutiva se encuentre en concordancia con lo pedido en la demanda como en su
contestación o en los recursos interpuestos.
38. Asimismo, indicó que en los procesos ordinarios el recurso de apelación tiene
límites, pues debe guardar correspondencia con el petitum de la demanda, los
fundamentos fácticos y jurídicos que la sustentan, los argumentos de oposición a la
misma y las consideraciones que sirven de sustento al a quo para fundamentar su
sentencia. No de otra forma se respetan los derechos al debido proceso, a la
igualdad procesal y la garantía de la doble instancia.
39. Por último, se determinó que en aplicación del principio de congruencia se han
señalado los eventos en los que se presenta incongruencia de la sentencia. Sobre
el particular ha indicado lo siguiente:
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“[…] de conformidad con lo dispuesto en el artículo 305 del Código de Procedimiento
Civil, aplicable a este asunto en virtud de la remisión prevista en el artículo 267 del
Código Contencioso Administrativo, la sentencia resulta incongruente cuando se falla
de manera extrapetita, es decir, ‘por objeto distinto del pretendido en la demanda’ o
‘por causa diferente a la invocada en esta’; asimismo, en los eventos en que se
condena al demandado de manera ultra petita, esto es, ‘por cantidad superior a la
solicitada en la demanda’ e, incluso, si se omite decidir sobre alguna de las
pretensiones invocadas en el libelo introductorio del proceso, lo que da cuenta de una
decisión mínima petita.
Con el fin de establecer si se estructura alguna de las anteriores circunstancias
corresponde comparar las pretensiones de la respectiva demanda con la sentencia
dictada, para determinar si esta resulta o no acorde con lo solicitado y en caso de
advertirse que el juez de primera instancia decidió por fuera de lo pedido, la condena
deberá ajustarse de manera oficiosa […]”37.
40. Del criterio jurisprudencial citado se concluye que: i) la sentencia debe ser
congruente con los hechos y las pretensiones de la demanda; ii) el Juez en su
ejercicio hermenéutico puede traer a colación los análisis sobre el alcance de las
normas legales pertinentes, aunque no hayan sido planteados por las partes,
siempre y cuando, sus consideraciones se enmarquen en las pretensiones del
proceso y se fundamenten en el acervo probatorio debatido en el mismo y iii) se
presenta una sentencia incongruente cuando: a) se falla de manera extra petita, es
decir, "[…] por objeto distinto del pretendido en la demanda […]” o "[…] por causa
diferente a la invocada en esta […]"; b) en los eventos en que se condena al
demandado de manera ultra petita, esto es, "[…] por cantidad superior a la solicitada
en la demanda […]”; y c) cuando se omite decidir sobre alguna de las pretensiones
invocadas en el libelo introductorio del proceso, lo que da cuanta de una decisión
mínima petita.
Análisis de la causal de revisión
41. La Sala procede a considerar si, en el caso sub examine, se estructuran los
presupuestos que la ley establece y que el Consejo de Estado ha precisado, a través
de los criterios judiciales citados en acápites anteriores, para la configuración de la
causal prevista en el numeral 5.º del artículo 250 de la Ley 1437, en los siguientes
términos:
42. La Sala advierte que mediante el Informe DNPYA-GEVCCAISE-9156 de 17 de
febrero de 2016, suscrito por la Dirección Nacional de Protección y Asistencia de la
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Fiscalía General de la Nación, en respuesta a la solicitud formulada por el jefe de
ese ente estatal, se concluyó que el señor Fernando José Mendoza Mendoza, no
reunía las condiciones mínimas de seguridad.
43. El fiscal general de la Nación, mediante la Resolución 713 de 11 de marzo de
2016, declaró insubsistente el nombramiento del señor Fernando José Mendoza
Mendoza del cargo de fiscal delegado ante tribunal de distrito en la subdirección
seccional de fiscalías y seguridad ciudadana del Atlántico, derivado del estudio de
seguridad y, en aplicación del Decreto Ley 020 de 2014. El anterior acto
administrativo fue notificado junto con el estudio de seguridad.
44. Fernando José Mendoza Mendoza interpuso recurso de reposición
argumentando: i) la vulneración al debido proceso, toda vez que el procedimiento
aplicable ocurrió de manera subrepticia, porque solo se enteró del resultado del
estudio de seguridad con la notificación del acto de insubsistencia del
nombramiento; ii) irregularidad por la falsa motivación de la declaratoria y
vulneración del derecho de defensa y contradicción, toda vez que la declaratoria de
insubsistencia carecía de pruebas, acogiendo únicamente los argumentos del
estudio de seguridad; iii) vicios e irregularidades del estudio de seguridad; iv)
extralimitación y falta de idoneidad del evaluador evidenciada en el informe de
seguridad; y v) presentó argumentos sobre los resultados del estudio de seguridad,
indicando que no tuvo en cuenta hechos posteriores sobre su disposición ante el
Consejo Superior de la Judicatura y a la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte
Suprema de Justicia para la investigación de los hechos.
45. La Nación- Fiscalía General de la Nación, mediante la Resolución 2994 de 5 de
septiembre de 2016, confirmó la decisión indicada supra, argumentando que el
estudio de seguridad le fue notificado en los términos del artículo 100 del Decreto
Ley 20 de 2014 junto con el acto de declaratoria de insubsistencia, garantizando
con ello el debido proceso y el derecho de defensa y contradicción.
45.1. Asimismo, indicó que no se presentó la falsa motivación alegada, toda vez que
“[…] No evidencia este despacho la pretendida falsa motivación cuyo motivo, reitera
el recurrente, en su falta de conocimiento del estudio de seguridad. Por el contrario,
se le permitió desconocer con el acto de desvinculación el estudio mencionado,
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propuso incluso una recusación […] y ahora se resuelve el recurso de reposición,
todo ello, por el contrario, demuestra que si ha ejercido su derecho de defensa y
contradicción en el contexto que prevé la norma […]”.
45.2. Por último, indicó que la instancias que realizan los estudios de seguridad son:
i) el Grupo de Estudios de Verificación, Confiabilidad y Confidencialidad; y ii) la
Subdirección de Talento Humano es la que proyecta el acto de insubsistencia
determinando las razones objetivas para expedir la decisión por pérdida de
confianza y credibilidad del funcionario, lo cual ocurrió en el caso concreto. Al
respecto indicó “[…] no se advierte que el estudio de seguridad exprese condiciones
eminentemente subjetivas, porque existe una conducta frente a la cual la institución
debe proteger su función, sobre todo en aspectos relevantes como la seguridad que
refleje ante la ciudadanía, que inspire confianza en que las conductas se investigan
con total imparcialidad, sin ninguna clase de interés distinto a la recta impartición de
justicia […]”.
46. El Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante la sentencia proferida, en
primera instancia: i) declaró la nulidad de los actos acusados por considerar que la
desvinculación de Fernando José Mendoza Mendoza obedeció a un estudio de
seguridad en el que se concluyó que, de conformidad con el artículo 100 del Decreto
Ley 20 de 2014, no reunía las condiciones mínimas de seguridad para desempeñar
el cargo; no obstante lo anterior, no se inició una actuación administrativa previa
para posibilitarle controvertir las razones del estudio de seguridad, vulnerando su
debido proceso; y ii) ordenó el respectivo restablecimiento del derecho.
47. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la sentencia
recurrida, consideró que el problema jurídico consistía en “[…] establecer si los
actos administrativos acusados, mediante los cuales la Fiscalía General de la
Nación declaró insubsistente al actor del cargo de fiscal delegado ante tribunal de
distrito en la subdirección seccional de fiscalías y seguridad ciudadana del Atlántico,
se ajustan al ordenamiento jurídico, pues para su expedición se respetó el debido
proceso, según lo sustenta la accionada; o si, por el contrario, se desconoció tal
garantía, en la medida en que el informe de seguridad en que se fundaron debió ser
discutido antes de adoptar la determinación de desvincularlo del ente estatal, como
lo alega aquel […]”. Para el efecto, consideró que:
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47.1. El señor Fernando José Mendoza Mendoza contaba con una estabilidad
relativa que por tratarse de una vinculación en provisionalidad podía terminarse con
una declaratoria de insubsistencia por estudio de seguridad, en cuyo caso, de
conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, el acto de retiro debía ser motivado, con
fundamento en razones neutrales derivadas de hechos objetivos, ciertos,
específicos y relevantes.
47.2. Existe regulación concerniente al trámite que debe darse cuando se realice un
estudio de seguridad a algún servidor de la Fiscalía General de la Nación previsto
en el artículo 45 A de la Resolución 1704 de 2014 y cuando de este “[…] se
determine que no cumple las condiciones mínimas de seguridad que se exige al
personal, aquel se remitirá al Fiscal General de la Nación para que adopte la
decisión a que haya lugar. En caso de que se trate del retiro del servicio y «[c]on el
ánimo de garantizar el derecho de defensa y contradicción […] en los términos del
artículo 100 del Decreto-ley 020 de 2014, el acto administrativo que declare la
insubsistencia se deberá notificar junto con el estudio de seguridad respectivo y
entregar copia del mismo al servidor público», contra el que procederá el recurso de
reposición […]”, el cual fue aplicado al caso concreto.
47.3. En esa medida, consideró que la exigencia, y a su vez derecho, de dar a
conocer documentos como el informe de seguridad constituye la materialización del
derecho de defensa y contradicción, en la medida en que la persona que pueda
verse beneficiada o perjudicada con ese tipo de reportes tiene “[…] el derecho a
controvertirlo ante la autoridad que lo emitió. Por consiguiente, se trata de un
derecho y deber, pues si bien esta clase de organismos estatales (como la Fiscalía
General de la Nación), por el tipo de función que ejerce, tiene la potestad de pedir
de sus funcionarios que se sometan a un estudio de seguridad, empero, también
cuenta con el deber de dárselo a conocer; al mismo tiempo, dichos servidores están
en la obligación de permitir ese análisis y en el derecho de exigir conocer su
contenido […]”.
47.4. La Nación- Fiscalía General de la Nación notificó el informe de seguridad y el
acto de declaratoria de insubsistencia del nombramiento al mismo tiempo, con lo
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que se otorgó la posibilidad de interponer los eventuales recursos en instancia
administrativa o el ejercicio del derecho de defensa y contradicción, toda vez que
con tal actuación se colmó dicha garantía constitucional en acatamiento de las
normas que regulan la materia y en desarrollo de los criterios jurisprudenciales que
gobiernan casos similares al sub examine.
48. En el recurso extraordinario de revisión se argumentó que la sentencia recurrida
es incongruente y vulnera el derecho al debido proceso toda vez que el artículo 45
A de la de la Resolución 1704 de 2014 no era aplicable al caso sub examine,
comoquiera que no estaba vigente al momento de la ocurrencia de los hechos y, en
esa medida, el estudio de seguridad, al ser independiente de la declaratoria de
insubsistencia del nombramiento, debía seguir el procedimiento general previsto en
la Ley 1437.
49. Del anterior recuento se colige que en los términos en que fue propuesto el
cargo, es evidente que, la causal de revisión de nulidad originada en la sentencia,
no está llamada a prosperar, toda vez que, el supuesto defecto no corresponde a
alguno de los presupuestos legales y jurisprudenciales que podrían viciar de nulidad
la sentencia recurrida, como pasa a explicarse:
Sobre la congruencia de la sentencia
50. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, profirió la
sentencia con la competencia propia que le otorgaba los argumentos de la
demanda, su contestación y el recurso de apelación, realizando en su ejercicio
hermenéutico e interpretativo el análisis de las normas legales sobre la declaratoria
de insubsistencia de nombramientos en provisionalidad en la Fiscalía General de la
Nación cuando se derive de un estudio de seguridad.
51. En efecto, el problema jurídico giró en torno a determinar si en la declaratoria de
insubsistencia del nombramiento del señor Fernando José Mendoza se había
vulnerado el derecho al debido proceso por no haber sido precedido de un
procedimiento administrativo que garantizara los derechos de defensa y
contradicción, en relación con los argumentos del estudio de seguridad.
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52. Al resolver el caso sub examine, determinó que la actuación administrativa
adelantada por la Fiscalía General de la Nación, que culminó con la expedición de
los actos acusados, no se encontraba viciada de nulidad, en la medida en que no
trasgredió el derecho al debido proceso, por cuanto la declaratoria de insubsistencia
fue motivada en el estudio de seguridad que concluyó con que el actor no satisfacía
las condiciones mínimas de seguridad, fundado en razones objetivas, sin que fuera
necesario que se adelantara un trámite previo a la expedición de la resolución de
insubsistencia, en relación con el estudio de seguridad, comoquiera que era
suficiente que el demandante conociera el mencionado estudio con esa decisión y
pudiera ejercer su derecho de defensa y contradicción.
53. Por lo expuesto anteriormente, se considera que la sentencia recurrida fue
proferida de forma congruente, en la medida que estuvo delimitada por las
pretensiones de la demanda y el recurso de apelación, existiendo una
correspondencia entre esta y los hechos que se plantearon.
Sobre la presunta vulneración del debido proceso por indebida aplicación normativa
54. Es importante indicar que la parte recurrente presenta argumentos dirigidos a
controvertir la aplicación de una norma, lo cual, conforme a la jurisprudencia
indicada supra, escapa al ámbito de la aludida causal de revisión28.
55. No obstante lo anterior, frente a la vulneración del derecho al debido proceso
alegado en el recurso, es importante advertir que si bien le asiste razón al recurrente
al indicar que el artículo 45 A de Resolución 1704 de 2014 no era aplicable al caso
concreto, toda vez que dicho artículo fue adicionado por la Resolución 2635 del 27
de julio de 2016 (fecha posterior a la expedición y notificación de la Resolución 0-
0713 de 11 de marzo de 2016), lo cierto es que dicha circunstancia per se no genera
la nulidad de la sentencia, correspondiendo determinar si la anomalía es de tal
magnitud que configura un defecto insanable de la actuación, al punto que, de no
presentarse ese yerro, la decisión adoptada hubiese sido distinta.
28 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. sentencia de 26 de mayo de 2010, C.P
Mauricio Fajardo Gómez, número único de radicación 2001 – 1504.
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56. En las anteriores condiciones, para la Sala este yerro no genera la prosperidad
de la causal de revisión, comoquiera que al revisar la sentencia recurrida se advierte
que:
56.1. Además de la aplicación de la citada norma, la sentencia recurrida se
fundamentó en el artículo 100 del Decreto 020 de 2014, norma vigente a la
ocurrencia de los hechos, que prevé:
[…] ARTÍCULO 100. DECLARATORIA DE INSUBSISTENCIA DEL
NOMBRAMIENTO COMO RESULTADO DE UN ESTUDIO DE SEGURIDAD. El
Fiscal General de la Nación y el Director del Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses podrán declarar la insubsistencia del nombramiento de un
servidor, cuando como resultado de un estudio de seguridad se establezca que no
cumple con las condiciones mínimas de seguridad que se exigen al personal que
labora en estas entidades. El estudio de seguridad debe fundarse en razones
objetivas y proporcionales al fin que se busca con la declaratoria de insubsistencia y
debe garantizar el derecho de defensa del servidor.
El acto administrativo que declare la insubsistencia del nombramiento deberá ser
motivado, dando razón completa del proceso que determinó la decisión, en los
términos del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
Contra el acto administrativo que declare la insubsistencia del nombramiento,
procederá el recurso de reposición […]”.
56.2. Asimismo, se fundamentó en la jurisprudencia de la Corte Constitucional29 y
encuentra respaldo en la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de
Estado30, en los que se ha considerado que la previsión constitucional contenida en
el artículo 29 de la Constitución Política, es un claro desarrollo del principio de
legalidad, en donde resulta forzoso: i) otorgar a la persona a la que se le aplica una
medida administrativa que lo afecta, las garantías procesales necesarias para su
real y efectiva defensa; ii) conocer los motivos de la decisión, la cual se ha
considerado satisfecha cuando la entidad ha expuesto las razones que determinan
la declaratoria de insubsistencia en el acto mismo o las ha expuesto ante el juez
ordinario en el respectivo proceso; y iii) tener la oportunidad de referirse en concreto
sobre los mismos, si no se está de acuerdo con ellos, impugnando tal decisión sobre
la base de la absoluta comprensión de antecedentes expuestos para su
consideración y resolución.
29 Sentencias C-211 de 2007, T-821 de 2008.
30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 10 de febrero de
2011, C.P. Alfonso Vargas Rincón, número único de radicación 25000-23-25-000-2003- 08196-02.
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56.3. Por tanto, al estudiar el caso concreto se determinó: i) que el estudio de
seguridad fue objetivo; ii) se notificó la decisión de declaratoria de insubsistencia y
se puso en conocimiento en la actuación administrativa los argumentos del estudio
de seguridad; iii) ejerció su derecho de defensa y contradicción al interponer el
recurso de reposición contra el acto de declaratoria de insubsistencia del
nombramiento, en el cual presentó argumentos contra el referido estudio de
seguridad que fueron decididos por la Fiscalía General de la Nación.
57. En suma, la sentencia recurrida se fundamentó, además en la normativa que le
era aplicable al caso concreto (artículo 100 del Decreto 020 de 2014) y en los
criterios jurisprudenciales vigentes al momento de la expedición de los actos
acusados, en los cuales se determinó que para la declaratoria de insubsistencia de
un nombramiento por estudio de seguridad no se establecía un procedimiento previo
derivado de la aplicación de la Ley 1437 y se garantizaba el debido proceso con la
notificación del acto de insubsistencia del nombramiento junto con el estudio de
seguridad, contra lo cual procedía el recurso de reposición.
58. Por último, si bien la parte recurrente allegó unas sentencias31 con los cuales
pretende desvirtuar las razones objetivas del estudio de seguridad y la
proporcionalidad de los motivos de la declaratoria de insubsistencia del
nombramiento, estos argumentos no fueron expuestos en el recurso extraordinario
de revisión y, en gracia de discusión se encaminan a convertir esta etapa procesal
en una tercera instancia al debatir aspectos de fondo de la sentencia recurrida, lo
cual no es procedente al corresponder al juez ordinario.
Condena en costas
59. Vistos los artículos: i) 25532 de la Ley 1437; ii) 361 de la Ley 1564 sobre la
composición de las costas; iii) 365 ibidem en especial, su numeral 8.º33, sobre
31 Cfr. Índice 16 SAMAI.
32 Modificado por el artículo 70 de la Ley 2080.
33 “[…] Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya
controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el
recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos
especiales previstos en este código.
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condena en costas; iv) 366 ibidem, sobre liquidación de costas y agencias en
derecho y v) el Acuerdo PSAA16-10554 de 2016, en especial, los artículos 2.°34
sobre criterios para la fijación de agencias en derecho y 5.°35 sobre las tarifas de las
agencias en derecho.
60. Atendiendo a que la condena en costas: i) está compuesta, por un lado, por la
totalidad de expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y, por el
otro, por las agencias en derecho; ii) para su imposición debe tenerse en
consideración las reglas previstas en el artículo 365 de la Ley 1564; iii) de
conformidad con el numeral 8.° ibidem, solo habrá lugar cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación; y iv) en relación con
la determinación de las agencias en derecho tendrá en cuenta los criterios para su
fijación y las tarifas indicadas por el Consejo Superior de la Judicatura.
61. En el caso sub examine, la Sala considera que no hay lugar a imponer una
condena en costas a la parte demandante, en la medida que, si bien se declarará
infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto, no se acreditó
probatoriamente su causación.
Conclusiones de la Sala
62. La Sala declarará infundado el recurso propuesto, en la medida que no se
advierte la configuración de la causal de revisión prevista en el numeral 5.º del
artículo 250 de la Ley 1437.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión
Núm. 15 de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Ley,
[…] 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación […]”.
34 “Artículo 2º. Criterios. Para la fijación de agencias en derecho el funcionario judicial tendrá en cuenta, dentro
del rango de las tarifas mínimas y máximas establecidas por este acuerdo, la naturaleza, la calidad y la duración
de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y demás
circunstancias especiales directamente relacionadas con dicha actividad, que permitan valorar la labor jurídica
desarrollada, sin que en ningún caso se puedan desconocer los referidos límites.
35 Artículo 5º. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: “[…] 9. RECURSOS EXTRAORDINARIOS. […]
Entre 1 y 20 S.M.M.L.V. […]”.
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III. RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por Fernando José Mendoza Mendoza contra la sentencia de 26 de
enero de 2023 proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con
el número único de radicación 08001 23 33 000 2017 00233 01, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NO CONDENAR en costas, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente del recurso
extraordinario de revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado
STELLA JEANNETTE CARVAJAL FREDY IBARRA MARTÍNEZ
BASTO Consejero de Estado
Consejera de Estado Con aclaración de voto
JORGE EDISON PORTOCARRERO PEDRO PABLO VANEGAS GIL
BANGUERA Consejero de Estado
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sala Quince
Especial de Decisión en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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