Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04130-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04130-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-04130-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
25 de agosto de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintitrés (2023)
Consejera Ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN (E)
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04130-00
Accionante: ESTRELLA HELENA COVILLA MARQUEZ
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ATLANTICO – SALA DE
DECISIÓN ORAL «C»
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – se
declara improcedente el mecanismo de amparo por no cumplir con
el requisito general de procedibilidad de la relevancia constitucional.
Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada por la ciudadana Estrella Helena
Covilla Márquez contra la sentencia de 28 de abril de 2023, dictada por la Sala de
Decisión Oral «C» del Tribunal Administrativo de Atlántico.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. La ciudadana Estrella Helena Covilla Márquez presentó acción de tutela con
miras a obtener el amparo de sus derechos fundamentales a la seguridad social, al
debido proceso y al mínimo vital, cuya vulneración atribuyó a la sentencia de 28 de
abril de 2023, proferida por la Sala de Decisión Oral «C» del Tribunal
Administrativo de Atlántico, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado número 08001-33-33-012-2020-00115-
01.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado por el extremo accionante, los hechos y razones
que motivan la solicitud de amparo se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Relató que laboró en distintas entidades de orden territorial entre el año 1982 y
2009.
2.2. Indicó que el 12 de octubre de 2010, solicitó el reconocimiento de su pensión de
jubilación ante el Instituto de Seguros Sociales – ISS, hoy Administradora
Colombiana de Pensiones - Colpensiones, pero le fue negada dicha solicitud
mediante la Resolución núm. 00001036 de 4 de enero de 2011.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Accionante: Estrella Helena Covilla Márquez
2.3. Manifestó que el 16 de junio de 2017, nuevamente solicitó el reconocimiento de
su pensión de jubilación ante la Administradora Colombiana de Pensiones –
Colpensiones, pero mediante la Resolución núm. SUB212182 de 29 de septiembre
de 2017, la referida entidad negó su derecho a la pensión.
2.4. Relató que contra la resolución anterior presentó los recursos de reposición y, en
subsidio apelación, los cuales fueron resueltos en forma negativa a través de las
resoluciones núms. 23584 de 24 de octubre y DIR19813 de 8 de noviembre de 2017.
2.5. Indicóque, con base en lo anterior, presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Administradora Colombiana de Pensiones –
Colpensiones, para que se declarara la nulidad de la Resolución núm. SUB212182
de 29 de septiembre de 2017, confirmada a través de las resoluciones núms. 23584
de 24 de octubre y DIR19813 de 8 de noviembre de 2017 y, a título de
restablecimiento del derecho, solicitó el reconocimiento de su derecho pensional.
2.6. Precisó que, mediante sentencia de 19 de diciembre de 2022, el Juzgado Doce
Administrativo del Circuito de Barranquilla accedió a las pretensiones de la demanda
y, en consecuencia, declaró la nulidad de los actos administrativos demandados y
le ordenó a Colpensiones «[…] reconocer y pagar a la demandante, señora
ESTRELLA HELENA COVILLA MARQUEZ, una pensión de jubilación acorde con
lo previsto en la Ley 33 de 1985 […]».
2.7. Precisó que el 14 de febrero de 2023, Colpensiones recurrió la sentencia del a
quo, argumentando que no reunía los requisitos de edad y semanas cotizadas, por
lo que no la cobijaba el régimen de transición para acceder al derecho pensional.
2.8. Relató que, mediante sentencia de 28 de abril de 2023, la Sala de Decisión Oral
“C” del Tribunal Administrativo del Atlántico revocó la sentencia de primera instancia
y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda, aduciendo que «[…] para el
01 de abril de 1994 -fecha de entrada en vigencia del sistema general de pensiones-, la
demandante únicamente acreditó 8 años y 05 días de servicios prestados. Por lo
tanto, no cumplió con el requisito indispensable de los 15 años de servicios para
mantener el beneficio del régimen de transición, lo cual cobra relevancia, si se tiene
en cuenta su cambio de régimen de prima media con prestación definida al régimen
de ahorro individual […]».
2.9. Indicó que la decisión del Tribunal vulneró sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la seguridad social y al mínimo vital, por haber incurrido, presuntamente,
en defecto sustantivo, fáctico y desconocimiento del precedente.
2.10. Respecto al defecto sustantivo indicó que la sentencia impugnada aplicó de
manera indebida el Acto Legislativo 01 de 2005, toda vez que el requisito de las 750
semanas previsto en la citada normatividad no le era aplicable por cuanto ya era
beneficiaria del régimen de transición por haber cumplido con el requisito de tener
55 años de edad. Así mismo, señaló que hubo una indebida interpretación del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y de la Ley 797 de 2003, al no haber sido
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Accionante: Estrella Helena Covilla Márquez
interpretada dichas normas de conformidad con los principios de favorabilidad e
igualdad.
2.11. Respecto al desconocimiento del precedente, precisó que la decisión de
segunda instancia desconoció los «[…] pronunciamientos de tutela dictados por la
Corte Constitucional (Sentencias T-818/07 y T-326/09) […]» que sentaron un
precedente y dejaron claro que se puede recuperar el régimen de transición en
cualquier tiempo y se debe aplicar la ley más favorable que, en este caso, es la Ley
33 de 1985, toda vez que cuando entró en vigencia la Ley 100 de 1993 la actora
tenía 39 años.
2.12. Respecto al defecto fáctico, indicó que la sentencia reprochada incurrió en este
«[…] por falta de apreciación de las pruebas aportadas en el expediente […]».
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
[…] 1. Que se declare que la sentencia del 28 de abril del 2023, de la Sala de
Decisión Oral “C”, del Honorable Tribunal Contencioso Administrativo del
Atlántico, incurrió por lo menos en dos de las causales específicas de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, por defecto sustantivo
y precedente constitucional, para solicitar la protección de los derechos
fundamentales conculcados, al debido proceso, a la vida, al mínimo vital, al
acceso a la administración de justicia y a la seguridad social a la suscrita
accionante.
2. En consecuencia, que se declare nula y se acceda al reconocimiento de la
pensión de jubilación dejando en firme la sentencia de primera instancia de
fecha 19 de diciembre del 2022, proferida por el Juzgado Doce (12)
Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla, donde reconoce el derecho
pensional acorde al régimen de transición del artículo 36 de la Ley de 1993,
donde se conserva el derecho a pensionarme bajo los rigores de la Ley 100 de
1993, entró en vigencia el 01 de abril de 1994 y, con anterioridad a esa data, el
régimen general de pensiones de los empleados públicos estaba regido, entre
otros, por las Leyes 33 y 62 de 1985 […].
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 3 de agosto de 2023, el Despacho a cargo de la sustanciación
del presente proceso admitió la acción de tutela de la referencia y, en la misma
providencia, ordenó la vinculación como tercero con interés directo en los resultados
del proceso al Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Barranquilla y a la
Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones y la notificación del
Ministerio Público, para lo de su competencia.
V. INTERVENCIONES
5. Realizadas las notificaciones a la autoridad judicial accionada y a las vinculadas,
se advierte que se allegaron los siguientes informes:
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Accionante: Estrella Helena Covilla Márquez
5.1. El Tribunal accionado, por intermedio del magistrado ponente de la providencia
aquí enjuiciada, se limitó a hacer un recuento de todas las etapas procesales que
tuvieron lugar en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento con radicado
número 08001-33-33-012-2020-00115-01.
5.2. La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, a través de
la directora de la Dirección de Acciones Constitucionales, señaló que «el despacho
accionado procedió conforme a la ley y la constitución así: (i) aplicó las normas
relativas en la materia (ii) aplicó los preceptos constitucionales sobre el particular,
(iii) aplicó la jurisprudencia existente en la materia y (iv) las actuaciones del
despacho no transgreden, violan o amenazan los derechos fundamentales del
accionante».
5.3. Además, indicó que en el caso en particular la tutela no es el mecanismo
adecuado para conseguir la satisfacción del derecho reclamado por el actor,
«tendiendo en cuanto que no puede constituirse en una tercera instancia para
analizar el litigio objeto de debate».
5.4. Por lo anterior, sostuvo que la presente acción de tutela no cumple con las
causales de procedibilidad que permitan revocar la decisión judicial y, por tanto, la
misma debe declararse improcedente.
5.5. El Juez Doce Administrativo del Circuito de Barranquilla precisó que dentro
del proceso ordinario con radicado número 08001-33-33-012-2020-00115-00/01
«se han agotado todas las actuaciones procesales que impone el trámite del
proceso ordinario, sin que se avizore la vulneración a los derechos fundamentales
de la autora».
5.6. Por último, afirmó que por haberse surtido el trámite previsto en las normas
procesales, «no resulta plausible erigir la tutela como una tercera instancia para
canalizar la inconformidad o reproche a las decisiones judiciales, por lo que la
presente acción de tutela no es procedente».
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1. Competencia de la Sala
6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela,
de conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de
noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069
de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril
de 20213.
1
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
2
"Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho".
3
“Por la cual se modifican os artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
5
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Accionante: Estrella Helena Covilla Márquez
VI.2. Problemas jurídicos
7. Teniendo en cuenta la situación fáctica planteada la Sala debe establecer lo
siguiente:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, de ser así:
b) Determinar si la sentencia de 28 de abril de 2023, dictada por la Sala de
Decisión Oral «C» del Tribunal Administrativo de Atlántico, dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
número 08001-33-33-012-2020-00115-01, vulneró los derechos
fundamentales invocados por la actora, al haber incurrido, presuntamente,
en defecto sustantivo, fáctico y desconocimiento del precedente
jurisprudencial.
8. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente
ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando
se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.
VI.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
9. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20124, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
10. Ahorabien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
11. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y, vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.
4
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
6
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Accionante: Estrella Helena Covilla Márquez
12. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial5, la sentencia C-590 de 2005
estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución6.
13. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de
esta manera «[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]»7 que se encaje en
dichos parámetros.
14. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
15. El criterio
expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.
VI.4. El caso concreto
16. La ciudadana Estrella Helena Covilla Márquez presentó acción de tutela con
miras a obtener el amparo de sus derechos fundamentales a la seguridad social, al
debido proceso y al mínimo vital, cuya vulneración atribuyó a la sentencia de 28 de
abril de 2023, dictada por la Sala de Decisión Oral «C» del Tribunal
Administrativo de Atlántico, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado número 08001-33-33-012-2020-00115-
01.
5
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
6
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
7
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
7
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Accionante: Estrella Helena Covilla Márquez
17. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en especial, el requisito
de la relevancia constitucional.
VI.4.1. Del requisito general de procedibilidad de la relevancia constitucional
18. En cuanto atañe al requisito de procedencia adjetiva concerniente a la relevancia
constitucional, cabe recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita que
el asunto gira en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental8 y
no cuando guarda relación con asuntos de carácter meramente legal o de
contenido económico que deberán ser definidos por otras jurisdicciones9.
19. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales10, el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos
fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces11.
20. Así, en punto a la relevancia constitucional de la controversia, como uno de los
requisitos generales de procedencia de la acción de amparo, sostuvo la Sala Plena
del Consejo de Estado, en sentencia de unificación12, lo siguiente:
[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional
por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito
de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos
cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión
tiene tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo
constitucional […]. (negrillas de la Sala de Decisión)
8 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime
Córdoba Triviño.
9 Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de 2016
(M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
10 Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
11 Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
12
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
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Accionante: Estrella Helena Covilla Márquez
21. Recientemente, la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202213 precisó,
en relación con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran
los deberes del juez constitucional:
[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico
con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
(…)
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental
42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la
resolución del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la
Constitución Política o el núcleo esencial de los derechos fundamentales
al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
(…)
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal
45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso
y al acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la
solicitud de amparo está construida sobre lo que el demandante
considera es una mejor interpretación de una norma de naturaleza legal
y, en particular, sobre la pretensión de que se acoja su lectura con respecto
a la exención definida en literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
(…)
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica
65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la
controversia es exclusivamente económico pues esta no involucra el
interés general sino uno estrictamente privado o particular. Esto no
significa, claro está, que jamás proceda la tutela contra sentencias en un asunto
de naturaleza económica, pues eventualmente en este tipo de casos se puede
llegar a comprometer algún derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones
de tutela formuladas contra providencias judiciales en las que se discute: (i) el
reconocimiento de derechos pensionales; (ii) pretensiones de reparación
directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que implican
pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia
constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la
acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho
fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios.
(…)
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida
pues no se demuestra una grave violación de los derechos fundamentales. […].
[negrillas de la Sala]
13
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-04130-00
Accionante: Estrella Helena Covilla Márquez
22. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 2023.
23. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda
concluir que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales y ii) que
la discusión planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto
de la mera legalidad de la decisión cuestionada o sobre cuestiones de apreciación
judicial que no involucre derechos fundamentales14.
24. De acuerdo con la jurisprudencia, no basta con que la parte actora invoque el texto
constitucional o la simple enunciación de la supuesta vulneración de uno o varios
derechos fundamentales por parte de la autoridad accionada; dicho atentado debe
ser explicado y fundamentado desde la óptica de la protección que la
Constitución Política ofrece a estos bienes jurídicos superiores.
25. Previaindicación de las anteriores premisas se tiene que, en el caso de la
referencia, la actora alega que la autoridad accionada vulneró sus derechos
fundamentales invocados, al considerar que se había configurado un defecto
sustantivo, fáctico y desconocimiento del precedente jurisprudencial en la sentencia
de 28 de abril de 2023, dictada dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado número 08001-33-33-012-2020-00115-
01.
26. Respecto al defecto sustantivo, indicó que la sentencia cuestionada aplicó de
manera indebida el Acto Legislativo 01 de 2005, toda que el requisito de las 750
semanas consagrado en la citada normatividad no le era aplicable por cuanto ya era
beneficiaria del régimen de transición por haber cumplido con el requisito etario de
tener 55 años. Así mismo, señaló que hubo una indebida interpretación del artículo
36 de la Ley 100 de 1993 y de la Ley 797 de 2003 al no haberlas interpretado con
base en los principios de favorabilidad e igualdad de trato.
27. Respecto al desconocimiento del precedente jurisprudencial, adujo que se
desconoció el contenido de las sentencias T-818 de 2007 y T-326 de 2009
proferidas por la Corte Constitucional que establecen que el cambio de régimen
pensional de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual y
el posterior regreso al régimen inicial, no implica la pérdida de la condición de
beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, si le
aplica.
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, Sentencia del 8 de octubre de 2015 (C.P.
Guillermo Vargas Ayala. Rad. núm.: 2015-00283-01); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
primera, Sentencia del 3 de noviembre de 2016, (C.P. Guillermo Vargas Ayala. Rad. núm.: 2016-002244-00); Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, Sentencia del 17 de noviembre de 2016 (C.P. Guillermo
Vargas Ayala. Rad. núm.: 2016-01063-00); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera,
Sentencia del 17 de noviembre de 2016 (C.P. Guillermo Vargas Ayala. Rad. núm.: 2016-02862-00); Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, Sentencia del 9 de febrero de 2017 (C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
Rad. núm.: 2016-03249-00).
10
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04130-00
Accionante: Estrella Helena Covilla Márquez
28. Y, finalmente, respecto al defecto fáctico indicó que este tuvo lugar «[…] por falta
de apreciación del material probatorio […]» obrante en el expediente.
29. Una vez expuestos los motivos de inconformidad, la Sala advierte que la
argumentación que esgrimió la parte actora para acreditar la supuesta vulneración
de los derechos fundamentales en que incurrió la autoridad judicial accionada
contiene serias deficiencias justificativas que hacen imposible que el juez
constitucional aborde el estudio de fondo de su solicitud de amparo.
30. Ello, en razón a que la actora en ningún momento está poniendo de relieve que
en la providencia censurada se haya incurrido en una arbitrariedad judicial, sino que
los motivos que fundamentan su inconformidad se sustentan, básicamente, en que
se encontraba dentro del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, motivo por
el cual considera que no debió revocarse el fallo de primera instancia.
31. Sumado a lo anterior, la Sala observa como la actora, al momento de sustentar
la causal de procedibilidad asociada al defecto fáctico, se limitó a señalar que no
hubo una apreciación de las pruebas aportadas en el expediente, sin precisar cuáles
pruebas no fueron debidamente apreciadas. De manera que, se hace imposible
para la Sala estudiar la presente causal por una seria falencia argumentativa.
32. Así mismo, al momento de sustentar la causal de procedibilidad asociada con el
desconocimiento del precedente, se limitó a referenciar y citar las decisiones
judiciales que, a su juicio, fueron desatendidas por cuanto «[…] el haber cotizado a
las administradoras privadas de pensiones no implicaba la pérdida del derecho a
pensionarse conforme al régimen más favorable […]»; sin embargo, tal como lo
sostuvo esta Sala de Decisión en pronunciamiento de 19 de abril de 202115, la carga
argumentativa en estos eventos se entiende satisfecha cuando, además de lo
anterior, la parte actora identifique: i) las reglas y sub reglas jurisprudenciales que
se fijaron en las providencias que se aducen desatendidas; ii) las situaciones
fácticas coligadas, y iii) los problemas jurídicos planteados en ambos casos eran
análogos o similares; argumentación que en el caso de autos no se cumple.
33. Valga mencionar que esta falencia argumentativa no puede ser suplida por el juez
de tutela, pues si bien la acción de amparo se caracteriza por la flexibilización de
formalidades que impidan la garantía de los derechos fundamentales, en tratándose
del reproche contra providencias judiciales es exigible un mínimo de argumentación
que habilite un examen de fondo sobre actuaciones que han hecho tránsito a cosa
juzgada, al ser proferidas por autoridades investidas de competencia en procesos
que ofrecen los medios para proteger las garantías constitucionales. En armonía
con lo anterior, la Corte Constitucional, en sentencia SU-215 de 2022, señaló lo
siguiente:
[…] dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, “el juez
de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de abril de 2021, expediente
número 11001-03-15-000-2021-00999-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
11
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04130-00
Accionante: Estrella Helena Covilla Márquez
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un
control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”16. Esto implica
que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente a los
argumentos propuestos por el accionante, además de verificar el
cumplimiento de los requisitos generales y específicos de procedencia. […].
(negrillas por fuera del texto original)
34. Es así como se advierte que el presente asunto no gira entorno al alcance de
algún derecho fundamental, porque si bien es cierto la parte actora alega la
vulneración de sus derechos fundamentales invocados, la realidad es que lo
pretendido por la accionante es que el juez de tutela efectúe un análisis de la
controversia sometida a consideración del Tribunal accionado, con el propósito de
que se revoque la decisión judicial por el simple hecho de que no la comparte o su
resultado es desfavorable a sus intereses
35. En este estado de cosas, valga mencionar que si bien es cierto esta Sala de
Decisión ha tenido por superado el requisito de la relevancia constitucional en
acciones de tutela dirigidas a controvertir providencias judiciales relacionadas con
temas pensionales, tal criterio no puede ser aplicado al caso de la referencia, en la
medida en que el objeto de esta litis está limitado a establecer si el Tribunal erró o
no al considerar que el cambio de régimen pensional le hacía perder su condición
de beneficiaria del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y no
algún asunto relativo a la causación de la prestación económica reclamada por la
actora.
36. Valga mencionar que, de acuerdo con lo precisado por la Corte Constitucional en
la citada sentencia de unificación SU-215 de 2022, la sola mención de la vulneración
de un derecho fundamental y la asociación de dicha afectación con la configuración
de un defecto es insuficiente para tener por acreditado el cumplimiento del requisito
de la relevancia constitucional.
37. Así las cosas, se estima que la discusión que se expone a través del escrito de
tutela, según lo dicho por la Corte, no tiene trascendencia constitucional porque el
núcleo de la controversia se encuentra limitado a la mera inconformidad de la actora
con lo decidido por el juez natural del asunto.
38. Por los anteriores razonamientos, la Sala declarará la improcedencia de la
presente acción de tutela, por incumplimiento del requisito general de procedibilidad
atinente a la relevancia constitucional, como en efecto lo dispondrá en la parte
resolutiva de la presente providencia.
16
Sentencia SU-074 de 2022.
12
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04130-00
Accionante: Estrella Helena Covilla Márquez
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo de la referencia,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991.
TERCERO: En caso de no ser impugnada, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con el artículo 31 del
Decreto Ley No. 2591 de 1991.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado (E)
Presidente
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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