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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04130-01

Fecha
19 de octubre de 2023
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04130-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE el fallo de 25 de agosto de 2023, proferido por la Sección Primera del Consejo de Estado que declaró improcedente la solicitud de amparo, en lo que respecta a los defectos fáctico y por desconocimiento de precedente. SEGUNDO: NEGAR la tutela presentada por la señora Estrella Helena Covilla Márquez, en relación con el yerro sustantivo alegado contra el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral C. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991. CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-04130-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

19 de octubre de 2023

Demandante: Estrella Helena Covilla Márquez
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral C
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04130-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D. C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04130-01
Demandante: ESTRELLA HELENA COVILLA MÁRQUEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO, SALA DE
DECISIÓN ORAL C

Temas: Tutela contra providencia judicial. Requisito de relevancia
constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Resuelve la Sala la impugnación elevada por la parte actora contra el fallo de 25 de
agosto de 2023, por medio del cual la Sección Primera del Consejo de Estado
declaró improcedente la solicitud de amparo por falta de acreditación del requisito
de procedibilidad de relevancia constitucional.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

La señora Estrella Helena Covilla Márquez, en nombre propio, interpuso1 acción de
tutela para que le fueran amparados sus derechos fundamentales a la seguridad
social, al debido proceso y al mínimo vital.

Las referidas garantías constitucionales las consideró vulneradas con ocasión de la
sentencia de 28 de abril de 2023, de la Sala de Decisión Oral C del Tribunal
Administrativo del Atlántico mediante la cual se revocó la decisión de primer grado
de 19 de diciembre de 2022, proferida por el Juzgado Doce Administrativo del
Circuito Judicial de Barranquilla que había accedido a las súplicas de la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho que inició contra la Administradora
Colombiana de Pensiones -Colpensiones-, cuyo proceso se identificó con el radicado
08001-33-33-012-2020-00115-00/01.

1.2. Pretensiones

Las peticiones deprecadas son las siguientes:

1. Que se declare que la sentencia del 28 de abril del 2023, de la Sala de Decisión
Oral “C”, del Honorable Tribunal Contencioso Administrativo del Atlántico, incurrió
por lo menos en dos de las causales específicas de procedibilidad de la tutela

1 La demanda se presentó el 28 de julio de 2023, enviada al buzón
tutelaenlinea2@deaj.ramajudicial.gov.co, y remitida el 31 del mismo mes y año a la Secretaría
General del Consejo de Estado.
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Demandante: Estrella Helena Covilla Márquez
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral C
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contra providencias judiciales, por defecto sustantivo y precedente constitucional,
para solicitar la protección de los derechos fundamentales conculcados, al debido
proceso, a la vida, al mínimo vital, al acceso a la administración de justicia y a la
seguridad social a la suscrita accionante.

2. En consecuencia, que se declare nula y se acceda al reconocimiento de la pensión
de jubilación dejando en firme la sentencia de primera instancia de fecha 19 de
diciembre del 2022, proferida por el Juzgado Doce (12) Administrativo del Circuito
Judicial de Barranquilla, donde reconoce el derecho pensional acorde al régimen
de transición del artículo 36 de la Ley de 1993, donde se conserva el derecho a
pensionarme bajo los rigores de la Ley 100 de 1993, entró en vigencia el 01 de
abril de 1994, y con anterioridad a esa data, el régimen general de pensiones de
los empleados públicos estaba regido, entre otros, por las Leyes 33 y 62 de 19852.

1.3. Hechos

De la solicitud de tutela y de las pruebas allegadas al proceso, se advierten los
siguientes supuestos fácticos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la
decisión que se adoptará en esta sentencia:

1.3.1. La señora Estrella Helena Covilla Márquez nació el 8 de febrero de 1955 y
laboró desde el 25 de junio de 1982, como enfermera en diferentes entidades
públicas del orden territorial, razón por la cual el 12 de octubre de 2010, solicitó al
entonces Instituto de los Seguros Sociales el reconocimiento y pago de una pensión
de jubilación, lo cual fue negado en acto administrativo del 4 de enero de 2011.

1.3.2. El 21 de octubre de 2013, la accionante deprecó a la Administradora
Colombiana de Pensiones -Colpensiones- el reconocimiento de la pensión de
jubilación, entidad que con Resolución N.° GNR263357 de 22 de octubre de 2013,
denegó dicho pedimento.

1.3.3. Mediante Resolución N.° GNR345961 de 21 de noviembre de 2016, la
Administradora Colombiana de Pensiones le reconoció a la señora Estrella Helena
la indemnización sustitutiva de la pensión de conformidad con el artículo 37 de la
Ley 100 de 1993, en atención a la petición que ella formuló en tal sentido el 19 de
septiembre de 2016.

1.3.4. El 16 de junio de 2017, la tutelante pidió nuevamente el reconocimiento de la
pensión de jubilación a la entidad antes mencionada, la cual dispuso negarla por
medio de las Resoluciones Nos. SUB212182 de 29 de septiembre, 235840 de 24
de octubre y DIR 19813 de 8 de noviembre de 2017. Ante este panorama, la
tutelante presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.

1.3.5. Del referido asunto conoció, en primera instancia, el Juzgado Doce
Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla, autoridad judicial que, en
sentencia de 19 de diciembre de 2022, accedió a las súplicas deprecadas y en ese
sentido dispuso el reconocimiento de la pensión de jubilación a la señora Estrella
Helena Covilla Márquez, en los términos de la Ley 33 de 1985 y la sentencia de
unificación del Consejo de Estado de 28 de agosto de 2018. Asimismo, ordenó el

2 Transcripción del texto original con posibles errores.

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descuento, del valor del retroactivo pensional, lo pagado por concepto de la
indemnización sustitutiva.

1.3.6. Contra la anterior decisión la parte demandada elevó recurso de apelación, el
cual fue desatado por la Sala de Decisión Oral C del Tribunal Administrativo del
Atlántico en fallo de 28 de abril de 2023, mediante el cual revocó la providencia
dictada por el a quo, al concluir que, la señora Estrella Helena al no acreditar 15
años de servicios para el 1.° de abril de 1994, perdió los beneficios del régimen de
transición de la Ley 100 de 1993, al haberse trasladado del régimen de prima media
con prestación definida al de ahorro individual con solidaridad y después retornar al
primeo de estos, ello de conformidad con las reglas de unificación de la sentencia
SU-130 de 2013 de la Corte Constitucional.

En ese orden precisó que, como la demandante no era beneficiaria del régimen de
transición de la Ley 100 de 1993, no le asistía derecho al reconocimiento de la
pensión de jubilación que prevé la Ley 33 de 1985, luego, su situación estaba
gobernada por el sistema general de pensiones regulado en la primera norma.

1.4. Fundamentos de la solicitud

La parte actora manifestó que la autoridad judicial accionada trasgredió sus
derechos fundamentales, para lo cual inició con la referencia de los requisitos de
procedibilidad de la tutela contra providencia judicial, para advertir que la solicitud
de amparo cumplía con cada uno de ellos.

Enseguida, de forma expresa advirtió que en la sentencia cuestionada se incurrió
en los defectos sustantivo y fáctico, pues en su sentir el Tribunal Administrativo del
Atlántico interpretó de forma indebida y desfavorable el régimen de transición
consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y la Ley 797 de 2003, así como
del Acto Legislativo 01 de 2005, por cuanto por edad ya era beneficiaria de dicho
régimen, luego, para el 12 de octubre de 2010, fecha en que solicitó su
reconocimiento pensional, no le era exigible el requisito de las 750 semanas de
cotización para el 1.º de abril de 1994, momento de entrada en vigencia el sistema
general de pensiones.

Alegó, que comoquiera que es beneficiaria del régimen de transición, tiene el
derecho adquirido por edad, sin que el hecho de haberse cambiado del régimen
público al privado, modifique su situación de estar gobernada por la norma anterior
a la entrada del sistema pensional implantado por la Ley 100 de 1993, en ese orden
resaltó que si bien la Constitución Política otorga a los operadores judiciales
autonomía en el ejercicio de sus funciones, esta no es absoluta y se encuentra
limitada por los valores materiales del ordenamiento jurídico y por la misma norma
de normas.

Así, señaló que conforme al artículo 36 de la Ley 100, se tiene como requisito para
ser beneficiario del régimen de transición que la persona tenga 35 años o más en el
caso de las mujeres, sin que se estipule que el hecho de cambiarse del régimen de
prima media con prestación definida al de ahorro individual se pierda dicha
prerrogativa, luego existió una interpretación errada por parte del Tribunal
Administrativo del Atlántico. Como sustento de su afirmación citó los fallos de tutela

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T-818 de 2007 y T-326 de 2009 de la Corte Constitucional, en los cuales, en su
sentir, se concluyó que el régimen de transición se podía recuperar en cualquier
tiempo.

Al respecto, resaltó que con la decisión de no confirmar la sentencia de primera
instancia que había accedido a las pretensiones de la demanda, se vulneraron los
pilares del Estado Social de Derecho, pues, el juez ad quem incumplió con el deber
de analizar el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, bajo los
principios constitucionales de igualdad y favorabilidad, con lo cual se trasgredieron
sus derechos fundamentales a la seguridad social, al debido proceso y al mínimo
vital.

Finalmente, manifestó que se incurrió en un defecto fáctico por falta de apreciación
del acervo probatorio allegado al expediente, no obstante, no hizo precisión sobre
la prueba o las pruebas dejadas de analizar por el tribunal accionado.

1.5. Trámite de la acción

Mediante auto de 3 de agosto de 2023, el a quo constitucional admitió la solicitud
de amparo, ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión
Oral C y le otorgó el término de dos días para que rindiera el informe de que trata el
artículo 19 del Decreto 2591 de 1991.

Como terceros con interés, vinculó al Juzgado Doce Administrativo del Circuito
Judicial de Barranquilla y a la Administradora Colombiana de Pensiones -
Colpensiones-, para que se manifestaran en el presente trámite si lo consideraban
pertinente.

1.6. Intervenciones

Efectuadas las notificaciones correspondientes a través de mensajes enviados por
correo electrónico, se presentaron las siguientes manifestaciones3.

1.6.1. Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral C

El magistrado ponente de la decisión cuestionada, en memorial enviado el 8 de
agosto de 2023, se limitó a realizar un recuento de las actuaciones surtidas en el
proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho que adelantó la señora
Estrella Helena Covilla Márquez contra la Administradora Colombiana de Pensiones
-Colpensiones-.

1.6.2. Juzgado Doce Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla4

La titular del referido despacho judicial, se pronunció en el sentido de señalar que
la tutela era improcedente comoquiera que no era plausible su uso como una tercera
instancia para plantear las inconformidades contra las decisiones judiciales.

3 Notificaciones que se encuentra en el índice 7 del aplicativo Samai del Consejo de Estado del

radicado 11001-03-15-000-2023-04130-00.
4 Correo de 9 de agosto de 2023.

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1.6.3. Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-

Mediante correo de 8 de junio de la presente anualidad, se pronunció la referida
entidad, para lo cual alegó la improcedencia de la tutela, en atención a que, no era
el mecanismo idóneo para obtener la satisfacción de los derechos fundamentales,
comoquiera que podía constituirse en una instancia adicional.

1.7. Fallo impugnado

Mediante sentencia de 25 de agosto de 2023, la Sección Primera del Consejo de
Estado declaró improcedente la solicitud de amparo por incumplimiento del
presupuesto de relevancia constitucional.

En ese orden, después de hacer referencia de forma general sobre los requisitos
especiales y generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia
judicial, así como de traer a colación las sentencias de unificación del Consejo de
Estado de 5 de agosto de 2014 y de la Corte Constitucional SU-215 de 2022,
respecto de la exigencia de la relevancia constitucional, advirtió que en el presente
caso la argumentación de la solicitud de amparo contenía serias deficiencias
argumentativas que hacían imposible el estudio de fondo del asunto.

Señaló que, la actora no hizo énfasis en la posible arbitrariedad en que pudo incurrir
la providencia censurada, sino que se limitó a manifestar que se encontraba en el
régimen de transición de la Ley 100 de 1993. Asimismo, precisó que respecto del
defecto fáctico no se identificaron las pruebas indebidamente valoradas, lo cual
hacía imposible el estudio del referido yerro.

Indicó, que la tutelante tampoco cumplió con la carga argumentativa respecto del
cargo por desconocimiento de precedente, pues para ello debía identificar, entre
otros aspectos, la regla o reglas de derecho fijadas en la providencia, lo cual no
sucedió, luego, tal olvido no podía ser suplido por el juez del amparo, de
conformidad como se indicó en la SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.

Finalmente, precisó que si bien la colegiatura daba por superado este requisito en
los asuntos de tutela contra providencias relacionadas con asuntos pensionales, no
era posible en este caso aplicar dicha tesis, en atención a que la controversia se
circunscribía exclusivamente en establecer si la autoridad judicial accionada se
equivocó o no al determinar que el cambio de régimen pensional le había hecho
perder la condición de beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo
36 de la Ley 100 de 1993.

1.8. Impugnación5

Mediante escrito enviado por correo electrónico el 11 de septiembre de 2023, la
parte actora planteó su inconformidad con el fallo de primera instancia, para lo cual
solicitó que se revocara la decisión de primer grado y, en consecuencia, se
ampararan sus derechos fundamentales.

5 La sentencia fue notificada el 7 de septiembre de 2023.

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Así, precisó que, los jueces deben propender por la protección de los derechos
laborales y pensionales sin exigir tantos requisitos formales, pues, se debe aplicar
el derecho sustancial sobre las formalidades procesales lo cual no fue atendido por
el a quo quien dictó una providencia «diametralmente» opuesta a la Constitución y
a la ley.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sección es competente para conocer de la impugnación presentada por la
parte actora contra la sentencia de 25 de agosto de 2023, proferida por la Sección
Primera del Consejo de Estado, de conformidad con el Decreto 2591 de 1991, el
Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de
2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Problema jurídico

Corresponde determinar si debe confirmarse, modificarse o revocarse la decisión
de primera instancia de 25 de agosto de 2023, a través de la cual el Consejo de
Estado, Sección Primera declaró improcedente la solicitud de amparo presentada
por la señora Estrella Helena Covilla Márquez contra el Tribunal Administrativo del
Atlántico, Sala de Decisión Oral C por falta de acreditación del presupuesto de la
relevancia constitucional.

Para resolver este problema, se estudiarán los siguientes aspectos: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, (ii) de los requisitos
de procedibilidad adjetiva, en especial el de la relevancia constitucional, y de
superarse, junto con los demás, (iii) el caso concreto.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 6,
unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones
y la misma instancia habían adoptado posturas diversas sobre el tema7.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales8.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el momento
jurisprudencialmente».

6 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE

TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente:
María Elizabeth García González.
7 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
8 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia”.
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Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 9, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

2.4.1. Relevancia constitucional

2.4.1.1. Previo a resolver si se cumple con el presupuesto de la referencia, resulta
pertinente, en primer lugar, recordar el criterio adoptado por la Corte Constitucional
en la SU-215 de 2022, en cuanto a la procedencia de la acción de amparo de cara
a este requisito, así:

40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia constitucional
protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez
de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para reabrir debates meramente legales. Para determinar si este
requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance
de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales. (…) (Énfasis de la Sala)

En segundo lugar, se tiene que esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de
202210 modificó la postura que tenía hasta ese momento sobre el estudio del
requisito de relevancia constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales
se hace evidente que los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico,
sin que se pueda advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una
posible vulneración de una garantía constitucional.

De esta manera, la Sala planteó que el estudio de la relevancia constitucional debía
estar acompasado con los criterios establecidos por la Corte Constitucional y
acogidos por esta Corporación, que en concreto se refieren a:

i) Que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique suficientemente
la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, ya que no
basta que simplemente se aduzca la trasgresión de aquellos;

ii) Que la acción de amparo no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo solo está instituido para proteger derechos fundamentales y no para

9 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29 de

septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende, no
debe ser un debate exclusivamente legal; y

iii) Que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta la
tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible de un
derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias corresponde definirlas
a los jueces ordinarios y el mecanismo constitucional no puede convertirse en una
tercera instancia.

Finalmente, se precisa que la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales expedidas por una alta corte debe ser examinada con especial
rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la providencia atacada se
presenta una afectación desproporcionada a un derecho fundamental producto de
una actuación arbitraria.

Así, este requisito no se traduce en la demostración efectiva de la vulneración de
los derechos fundamentales, sino en que se aporten elementos suficientes que
permitan advertir tal situación a primera vista, especialmente cuando se ejerce este
mecanismo constitucional contra una sentencia de un órgano de cierre 11.

2.4.1.2. En el caso objeto de estudio, la solicitud de amparo presentada por la
señora Estrella Helena Covilla Márquez no satisface el requisito de relevancia
constitucional en relación con los defectos fáctico «expresamente señalado» y por
desconocimiento de precedente «deducido de la lectura del escrito introductorio»,
comoquiera que no se cumple con la carga argumentativa requerida para su estudio,
pues, respecto al primero no se indicó con precisión la prueba o las pruebas que
fueron dejadas de valorar, la acreditación que estas fueron aportadas debidamente
al proceso, así como las razones de su relevancia y su incidencia para variar el
sentido del fallo. Frente al segundo cargo, tal como lo advirtió el a quo, no se indicó
cual fue la regla o las reglas de derecho establecidas en dichas providencias y que
fueron desatendidas por la judicatura reprochada, sumado a que conforme a la
posición mayoritaria de la Sala los fallos de tutela no constituyen precedente.

En efecto, revisado el escrito tutelar se tiene que, en el acápite planteado para
desarrollar el referido reparo, la accionante hizo mención de forma general a la falta
de apreciación del acervo probatorio, para lo cual señaló que en varios actos
administrativos la entidad demandada había fijado el alcance del artículo 36 de la
Ley 100 de 1993, para luego negar la pensión. Asimismo, en el cuerpo de la
demanda se advirtió que se refirió a las sentencias T-818 de 2007 y T-326 de 2009,
que, en su sentir, dejaron claro que se podía recuperar el régimen de transición en
cualquier tiempo.

Ahora bien, en lo que respecta al defecto sustantivo esta Sala advierte que sí se
cumple con el requisito en estudio por cuanto de la lectura del escrito de tutela, se
evidencia que involucra la presunta lesión del derecho fundamental al debido
proceso y, además, de los derechos a la seguridad social y al mínimo vital,
comoquiera que la tensión se edificó respecto de la decisión de segunda instancia
de revocar el reconocimiento de la pensión de jubilación prevista en la Ley 33 de

11 Corte Constitucional. Sentencia SU-215 de 2022.

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1985, por pérdida del régimen de transición de la demandante al haberse traslado
del régimen de prima media con prestación definida al de ahorro individual y
después retornar al primero de éstos.

De acuerdo con lo anterior, en el asunto concreto, se evidencia una tensión o
contradicción entre la razonabilidad de la decisión y el núcleo esencial de los
derechos fundamentales deprecados por la parte actora, en especial el de la
seguridad social, comoquiera que se alega que se incurrió en una indebida
interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que regula el régimen de
transición, del cual alegó ser beneficiaria y tener un derecho adquirido, sin que
tuviera incidencia alguna el hecho de haberse traslado del régimen público al
privado y después haberse devuelto al inicialmente señalado.

En ese sentido, la Sala evidencia que este asunto trasciende un estudio de lo
meramente legal, toda vez que la accionante justificó razonadamente la existencia
de una amenaza a sus garantías mínimas de existencia, comoquiera que se trata
no de un reajuste o reliquidación pensional sino de su reconocimiento.

De manera que, en principio, no es una simple inconformidad con la decisión
adoptada en segunda instancia por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de
Decisión Oral C, sino que predica una presunta restricción desproporcionada a su
derecho a la seguridad social ante la negativa de que se le reconozca una
prestación para sufragar su manutención.

Finalmente, no sobra advertir que, diferente a lo manifestado en las intervenciones
de la parte accionada y de los terceros interesados, no se evidencia que se pretenda
convertir la acción de tutela en una tercera instancia, en la cual se repliquen
argumentos de apelación, en la medida que la tutelante contó con un fallo de primer
grado favorable a sus pretensiones.

Así las cosas, se concluye que el asunto se enmarca en los criterios fijados por la
Corte Constitucional en la SU-215 de 2022 para encontrar superado el requisito de
relevancia constitucional, en atención a que, en esta oportunidad, se está en
presencia de una posible trasgresión de las garantías constitucionales de la
accionante, por lo que la Sala superará este requisito, frente al yerro sustantivo
alegado.

2.4.2. Inmediatez

Respecto a este requisito es preciso señalar que, la sentencia atacada fue dictada
el 28 de abril de 2023, por la Sala de Decisión Oral C del Tribunal Administrativo
del Atlántico, mientras que la solicitud de amparo se presentó el 28 de julio de 2022,
de manera que, sin que sea necesario determinar la fecha en que cobró ejecutoria,
ha transcurrido un término que a juicio de la Sala es razonable.

Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 12, en la
que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó

12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-04130-01

los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200513, para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencias judiciales
y, reiteró que seis (6) meses es el término prudente para acudir y solicitar el amparo
de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con estas.

2.4.3. Tutela contra tutela

Sobre el particular se establece que, la acción de tutela de la referencia no se
dirige contra una sentencia de la misma naturaleza, puesto que, la providencia
judicial que censura la parte accionante, fue proferida en el marco de un proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho que adelantó contra la Administradora
Colombiana de Pensiones -Colpensiones-.

2.4.4. Subsidiariedad

Frente al agotamiento de los medios de defensa judicial, se advierte que se
encuentra superado el referido requisito, por cuanto el proveído cuestionado
corresponde al de segunda instancia de la Sala de Decisión Oral C del Tribunal
Administrativo del Atlántico, frente al cual no es admisible ningún recurso ordinario.

Asimismo, no proceden los recursos extraordinarios de revisión y de unificación de
jurisprudencia, comoquiera los argumentos no se enmarcan en las causales de
procedencia de estos.

Superadas dichas exigencias, la Sala abordará el fondo de la solicitud, sin perjuicio
de resaltar el carácter excepcional de la tutela, que tiene como fin garantizar la
intangibilidad de la cosa juzgada, el respeto de la autonomía judicial, la protección
de derechos de terceros de buena fe, la seguridad jurídica y la confianza en los
fallos judiciales.

2.5. Caso concreto

En el sub examine, la accionante considera que se le vulneraron sus garantías
constitucionales al debido proceso, a la seguridad social y al mínimo vital, con
ocasión de la sentencia de 28 de abril de 2023, de la Sala de Decisión Oral C del
Tribunal Administrativo del Atlántico mediante la cual se revocó la decisión de primer
grado de 19 de diciembre de 2022, proferida por el Juzgado Doce Administrativo del
Circuito Judicial de Barranquilla que había accedido a las súplicas de la demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho, por incurrir en un defecto sustantivo.

En resumen, los alegatos del referido yerro convergen en la afirmación, la cual es
que: el tribunal accionado interpretó erróneamente el artículo 36 de la Ley 100 de
1993, comoquiera que se hizo sin apoyo en los principios de igualdad y
favorabilidad, pues, dicho precepto, contrario a lo concluido, no contempla la pérdida

13 “c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en

un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario,
esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.”
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del régimen de transición por el hecho de trasladarse del régimen de prima media
con prestación definida al de ahorro individual con solidaridad y después retornar al
primero.

En ese orden, aseveró que esa interpretación restrictiva repercutió en que no se le
reconociera la pensión de jubilación prevista en la Ley 33 de 1985, en virtud al
régimen de transición de la Ley 100 de 1993, de la cual era beneficiaria por
cumplimiento del requisito de la edad, sin que el hecho de haberse trasladado de
un régimen a otro y luego volver al público, conllevara a la pérdida de la mentada
transición.

Para desatar el cargo, revisada la providencia acusada proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral C se encontró, que el operador
judicial, en primer lugar, se refirió a los regímenes del Sistema General de
Pensiones creados por la Ley 100 de 1993, esto es, el de prima media con
prestación definida y el de ahorro individual con solidaridad, de lo cual concluyó que,
si bien coexisten, son excluyentes entre sí, lo que significaba que solo se podía
aplicar uno para el reconocimiento de la pensión.

Enseguida, hizo referencia (i) al régimen de transición consagrado en el artículo 36
de la Ley 100 de 1993, así como lo dispuesto sobre éste en la Ley 797 de 2003, (ii)
al traslado entre regímenes previsto en el Decreto 3800 de 2003 y, (iii) a la limitación
de la aplicación del régimen de transición establecida en el Acto Legislativo 01 de
2005.

Finalmente, en este acápite del marco legal y jurisprudencial citó y transcribió in
extenso la sentencia de unificación de la Corte Constitucional SU-130 de 13 de
marzo de 2013, de la cual precisó que:

• La Corte Constitucional en sentencia SU-130 de 2013, definió que únicamente los
afiliados al sistema pensional con 15 años o más de servicios cotizados al 1.° de abril
de 1994, podían trasladarse en cualquier momento del régimen de ahorro individual
al de prima media y conservar los beneficios del régimen de transición.

.- De igual forma, en relación con lo previsto en el artículo 2 literal e) de la Ley 797 del
2003, la Corte fue clara en torno a la interpretación armónica que se debe dar a la
normativa y descartó la posibilidad de traslado con sostenimiento de los beneficios
del régimen de transición para aquellos que pretendan conservar dicho régimen por
cumplir únicamente con la edad exigida en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, esto
es, mujeres y hombres con 35 y 40 años o más de edad, respectivamente.

.- Así, para que el traslado del régimen de ahorro individual con solidaridad al régimen
de prima media con prestación definida sea viable, sin pérdida del beneficio de la
transición de la Ley 100 de 1993, el afiliado como requisito sine qua non debe
acreditar que para la fecha de entrada en vigencia de dicha norma tenía cumplidos
15 años o más de servicios.

A partir de lo anterior, el tribunal accionado, después de analizar las pruebas
arrimadas al proceso, advirtió que la demandante realizó cotizaciones a la extinta
Caja Nacional de Previsión Social desde el 1.º de abril de 1987 hasta el mes de
septiembre de 1996, año en el que se trasladó al régimen de ahorro individual con
solidaridad en el cual permaneció hasta el año 2010, cuando retornó al de prima
media con prestación definida, de lo cual concluyó:

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En ese orden, y de acuerdo con la sumatoria del tiempo de servicios realizada
precedentemente se puede concluir que, para el 01 de abril de 1994 –fecha de
entrada en vigencia del sistema general de pensiones-, la demandante únicamente
acreditó 8 años y 05 días de servicios prestados. Por lo tanto, no cumplió con el
requisito indispensable de los 15 años de servicios para mantener el beneficio del
régimen de transición, lo cual cobra relevancia, si se tiene en cuenta su cambio de
régimen del régimen de prima media con prestación definida al régimen de ahorro
individual con solidaridad.

En consecuencia, la señora Estrella Helena Covilla Márquez al no acreditar los 15
años de servicios para el 01 de abril de 1994, perdió los beneficios del régimen de
transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, al haberse trasladado del régimen
de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad
y retornar al primero de los regímenes enunciados.

Finalmente, aseveró que, al no ser la demandante beneficiaria del régimen de
transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, no le asistía derecho
al reconocimiento de la pensión de jubilación con base en la Ley 33 de 1985, sino
que su situación prestacional estaba gobernada por el sistema general de
pensiones.

Así las cosas, de la lectura de las consideraciones expuestas por el tribunal acusado
resulta claro que no se configura el defecto sustantivo respecto de los
planteamientos que la actora expuso en cuanto a la ausencia de una interpretación
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y de la Ley 797 de 2003, acorde con los
principios de igualdad y favorabilidad, por el contrario, no deviene irrazonable,
arbitraria o caprichosa, al concluir, con sustento en la SU-130 de 2013 de la Corte
Constitucional, que para no perder el beneficio del régimen de transición de la Ley
100 de 1993, en caso de trasladarse del régimen de prima media con prestación
definida al de ahorro individual con solidaridad y después retornar al primero, se
debía cumplir con el requisito de 15 años de servicios para el 1.º de abril de 1994.

Luego, no es admisible, como lo alega la demandante, que por favorabilidad el
Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral C desconociera la
posición unificada del máximo órgano constitucional, que en el examen de
constitucionalidad y de interpretación de las normas que gobernaban la situación en
estudio, estableció como requisito para conservar el régimen de transición del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en caso de traslado de regímenes, haber
cumplido 15 años o más de servicios para la entrada en vigor del mentado precepto
legal, sumado a que no se encontraba en el escenario del choque o concurrencia
de normas o interpretaciones vigentes y aplicables simultáneamente a un contexto
determinado.

Entonces, lo que se evidencia es un desacuerdo en el criterio adoptado por la
autoridad judicial con la parte actora, sin embargo, esto no puede conducir a
considerar que se presentó el yerro alegado.

2.6. Conclusión

En consecuencia, se confirmará parcialmente la decisión de primera instancia que
declaró improcedente el mecanismo de amparo de la referencia por falta de
relevancia constitucional, pero solo en relación con los defectos fáctico y por
desconocimiento de precedente y, se negará respecto del yerro sustantivo alegado

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por la señora Estrella Helena Covilla Márquez contra el Tribunal Administrativo del
Atlántico, Sala de Decisión Oral C.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE el fallo de 25 de agosto de 2023,
proferido por la Sección Primera del Consejo de Estado que declaró improcedente
la solicitud de amparo, en lo que respecta a los defectos fáctico y por
desconocimiento de precedente.

SEGUNDO: NEGAR la tutela presentada por la señora Estrella Helena Covilla
Márquez, en relación con el yerro sustantivo alegado contra el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral C.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

OMAR JOAQUÍN BARRETO SÚAREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

“Esta providencia fue generada con firma electrónica la cual tiene plena validez y efectos jurídicos
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.”

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