Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-04143-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-04143-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-04143-01
Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales
12 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., doce (12) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04143-01
Accionante: Pablo Juan Rodríguez Bautista
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada en contra del fallo proferido el 18 de
septiembre de 2023 por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado.
I. ANTECEDENTES
1. La solicitud de tutela
Pablo Juan Rodríguez Bautista, a través de apoderado judicial1, interpuso acción
de tutela2 en procura de la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso y a la igualdad que consideró vulnerados por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca en tanto, mediante sentencia del 29 de junio de 2023, proferida al
interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 11001-33-35- 011-
2020-00186-01, revocó la decisión del 26 de julio de 2022 del Juzgado Once
Administrativo de Bogotá, para, en su lugar, declarar la nulidad del acto
administrativo que negó la reliquidación del subsidio familiar solicitado por el
accionante, ordenar, a título de restablecimiento del derecho, su reajuste, en los
términos del artículo 11 del Decreto 1794 del 2000 y declarar la prescripción
cuatrienal de la prestación que fue causada con anterioridad al 5 de mayo de 2014.
1.1. Hechos
1.1.1. Pablo Juan Rodríguez Bautista interpuso demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho3 en contra de la Nación – Ministerio de Defensa –
Ejército Nacional con el fin de que se anulara el acto administrativo
20183110983401 MDN-CGFM-COEJC-SEJEC-JEMGF-COPER-DIPER-1-10 del
1 Folio 21 del certificado 776E4109F225A39E 805FEFB3F335881E BBA3CB0DA584BD26
CD9030DF339BC3BC, índice 2.
2 Folios 1 – 20, ibid.
3 Folios 1 ̶ 16 del documento 01 DEMANDA del certificado 85DB97793F7A44F6 5DF5AFBB0131C613
80071A49B905E976 0430AF82C5F4A2C0, índice 10.
2
Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04143-01
Accionante: Pablo Juan Rodríguez Bautista
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
26 de mayo de 20184 que le negó el reajuste del subsidio familiar en los términos
del Decreto 1794 del 2000 y el acto administrativo ficto que se configuró por la falta
de respuesta de la entidad a la petición que se identificó con el radicado
RQ8PFX4DEY5, relativa al reconocimiento y pago de su prima de actividad y de
una diferencia salarial del 20%.
1.1.2. El 26 de julio de 20226 el Juzgado Once Administrativo de Bogotá declaró la
existencia del acto administrativo surgido del silencio en que incurrió el Ejército
Nacional frente a la petición del actor, pero negó las pretensiones de la demanda.
1.1.3. La anterior decisión fue apelada por la parte demandante7. El Tribunal
Administrativo de Cundinamarca resolvió la alzada mediante sentencia del 29 de
junio de 20238, en la que revocó parcialmente la decisión de primera instancia para,
en su lugar, declarar la nulidad del acto administrativo mediante el que se había
negado el reajuste del subsidio familiar, ordenar a título de restablecimiento del
derecho que el mencionado ajuste se hiciera en los términos del artículo 11 del
Decreto 1794 del 2000, declarar probada la excepción de prescripción cuatrienal
respecto de la prestación causada con anterioridad al 5 de mayo de 2014 y negar
las demás pretensiones.
Al respecto, se estimó que el hecho generador que justificó el reconocimiento del
subsidio familiar se dio el 13 de diciembre de 2008, fecha desde la cual se
constituyó una unión marital de hecho entre el actor y Yesenia Alcocer Gamarra, es
decir, con anterioridad a la emisión del Decreto 3770 de 2009 y del Decreto 1161
de 2014, razón por la cual resultó aplicable el artículo 11 del Decreto 1794 del 2000.
Sin embargo, también se encontró probado que el accionante realizó la reclamación
administrativa encaminada a obtener el reajuste de la prestación el 5 de mayo de
2018 y la demanda ordinaria fue radicada el 11 de agosto de 2020, de modo que,
el término de prescripción de 4 años, determinado en el artículo 174 del Decreto
1211 de 1990 había acaecido y, por ello, solo podía reconocerse el subsidio familiar
causado desde el 5 de mayo de 2014 en adelante.
4 Folios 18 ̶ 19, ibid.
5 Folio 20, ibid.
6 Obra en el archivo 67 2020-00186 FALLO del certificado 85DB97793F7A44F6 5DF5AFBB0131C613
80071A49B905E976 0430AF82C5F4A2C0, índice 10.
7 Obra en el archivo 69 Recurso de Apelación Sentencia, ibid.
8 Obra en el archivo 11.2020-186-01_DtePabloJuan_Sentencia2da_RevocaParcialSentencia1raNiegaPreten,
ibid.
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Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04143-01
Accionante: Pablo Juan Rodríguez Bautista
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
1.2. Fundamentos de la acción de tutela
La parte accionante consideró que la autoridad judicial incurrió en un defecto
sustantivo y una violación directa de la Constitución por las siguientes razones:
1.2.1. Estimó vulnerado su derecho a la igualdad porque expuso que, en otros tres
procesos con los mismos supuestos fácticos y jurídicos, el mismo Tribunal accedió
a las pretensiones de reajuste del subsidio de familia a los soldados profesionales
demandantes sin declarar la prescripción extintiva, por consiguiente, se configuró
una situación de discriminación al no existir un criterio objetivo para haberle dado
un trato diferenciado frente a sus pares.
1.2.2. Informó que contra la sentencia censurada se presentó un recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia únicamente en lo relacionado con
las pretensiones relativas al reconocimiento de la diferencia salarial, pero, frente al
subsidio familiar, no existe ningún otro mecanismo judicial que permita proteger sus
intereses, debido a que no se configura ninguna causal de procedencia del recurso
extraordinario de revisión.
1.2.3. En su sentir, el fallo atacado no debió fundamentarse en la prescripción
establecida en el artículo 174 del Decreto 1211 de 1990, porque, si bien cumplía
con las condiciones para devengar el subsidio de familia, no tenía la posibilidad
jurídica de reclamar la prestación, dado que, en virtud del tránsito normativo que ha
tenido su regulación, hubo un período en el que la prerrogativa solicitada salió del
ordenamiento jurídico, por lo que no se debió sancionar por no haber ejercido un
derecho cuando era imposible que lo hiciera.
1.2.4. Finalmente, aseguró que el Tribunal accionado emitió una providencia
carente de motivación y desconoció su propio precedente, sin haber expuesto las
razones para apartarse de él.
1.3. Pretensiones de la acción de tutela
La parte interesada solicitó textualmente lo siguiente:
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Accionante: Pablo Juan Rodríguez Bautista
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“1. PRIMER GRUPO DE PRETENSIONES DECLARATIVAS:
RELACIONADAS CON EL DEFECTO SUSTANTIVO.
1.1 Se declare que, en la sentencia, proferida por el Honorable TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO, se estructura la causal especifica de procedibilidad de
tutela contra providencias judiciales, denomina DEFECTO SUSTANTIVO,
específicamente la subregla de APLICACIÓN INDEBIDA DE LAS NORMAS EN
LAS QUE DEBÍA FUNDAMENTARSE.
1.2 Se declare que el defecto sustantivo se estructura porque el Honorable
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, en la sentencia cuestionada, realiza una
APLICACIÓN INDEBIDA del artículo 174 del Decreto 1211 de 1990.
1.3 Como consecuencia de lo anterior, se declare que Honorable TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO, con la expedición de la sentencia aquí cuestionada vulneró
el DERECHO FUNDAMENTAL DEL DEBIDO PROCESO de mi poderdante.
2. SEGUNDO GRUPO DE PRETENSIONES DECLARATIVAS:
RELACIONADAS CON El DEFECTO SUSTANTIVO, específicamente la regla
de FALTA DE AMPLIACIÓN DEL PRECEDENTE APLICABLE AL CASO SIN
CARGA DE RECONOCIMIENTO NI DE ARGUMENTACIÓN que permita
justificar su desconocimiento.
2.1. Se declare que, en la sentencia, proferida por el Honorable TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO, se estructura la causal específica de procedibilidad de
tutela contra providencias judiciales, denomina DEFECTO SUSTANTIVO,
específicamente la subregla de FALTA DE AMPLIACIÓN DEL PRECEDENTE
APLICABLE AL CASO SIN CARGA DE RECONOCIMIENTO NI DE
ARGUMENTACIÓN que permita justificar su desconocimiento.
2.2. Se declare que el Honorable TRIBUNAL ADMINISTRATIVO se apartó del
DEL PRECEDENTE APLICABLE AL CASO, emitido por el Honorable Consejo
de Estado, SIN CARGA DE DESCONOCIMIENTO NI DE ARGUMENTACIÓN
para apartarse del mismo.
2.3. Se declare que el Honorable TRIBUNAL ADMINISTRATIVO se apartó del
DEL PRECEDENTE APLICABLE AL CASO, emitido por el Mismo Honorable
Tribunal Administrativo, SIN CARGA DE DESCONOCIMIENTO NI DE
ARGUMENTACIÓN para apartarse del mismo.
2.4. declare que Honorable TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, con la expedición
de la sentencia aquí cuestionada vulneró el DERECHO FUNDAMENTAL DEL
DEBIDO PROCESO de mi poderdante.
3. TERCER GRUPO DE PRETENSIONES DECLARATIVAS:
RELACIONADAS CON LA VIOLACION DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN.
2.1. Se declare que, en la sentencia, proferida por el Honorable TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO, se estructura la causal especifica de procedibilidad de
tutela contra providencias judiciales, denomina VIOLACION DIRECTA DE LA
CONSTITUCIÓN, específicamente la VIOLACION DEL DERECHO
FUNDAMENTAL DE LA IGUALDAD.
2.2. Se declare que la VIOLACION DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN se
estructura porque el Honorable TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, en la sentencia
cuestionada, realiza un trato desigual sin un criterio objetivo que lo justifique
para mi poderdante frente al trato que le dio al señor JOHN JAIRO MAYORGA
VALBUENA.
2.3. Que, como consecuencia de lo anterior, declare que el trato dado a mi
poderdante, por parte del tutelado, es trato discriminatorio, y que el mismo está
proscrito por el artículo 13 de la Constitución Política, lo que conlleva a que es
estructure la causal especifica de procedibilidad de tutela contra providencias
judiciales, denomina VIOLACION DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN, en la
sentencia aquí cuestionada.
2.4. Se declare que la VIOLACION DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN se
estructura porque el Honorable TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, en la sentencia
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Accionante: Pablo Juan Rodríguez Bautista
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
cuestionada, realiza un trato desigual sin un criterio objetivo que lo justifique
para mi poderdante frente al trato que le dio al señor JARLEDY MORENO
SERMA.
2.5. Que, como consecuencia de lo anterior, declare que el trato dado a mi
poderdante, por parte del tutelado, es trato discriminatorio, y que el mismo está
proscrito por el artículo 13 de la Constitución Política, lo que conlleva a que es
estructure la causal especifica de procedibilidad de tutela contra providencias
judiciales, denomina VIOLACION DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN, en la
sentencia aquí cuestionada.
2.6. Como consecuencia de lo anterior, se declare que Honorable TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO, con la expedición de la sentencia aquí cuestionada vulneró
el DERECHO FUNDAMENTAL DE LA IGUALDAD de mi poderdante.
3. CUARTO GRUPO DE PRETENSIONES DECLARATIVAS,
CONSECUTIVAS DE LAS ANTERIORES:
3.1. Como consecuencia de las anteriores declaraciones, le ruego
encarecidamente al Honorable Despacho, que proceda a dejar sin efectos EL
RESUELVE TERCERO de la SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN SEGUNDA – SALA TRANSITORIA – SUBSECCIONES “A” Y “B”
Bogotá D. C., 29 de junio de 2023. Magistrado ponente: Néstor Javier Calvo
Chaves. Radicación N°: 11001-33-35- 011-2020-00186-01. Demandante:
Pablo Juan Rodríguez Bautista. Demandado: Nación – Ministerio de Defensa
Nacional – Ejército Nacional. Controversia: Reajuste salarial del 20%,
reconocimiento de la prima de actividad y reajuste del subsidio familiar
devengado en actividad por soldado profesional. Asunto: Sentencia de segunda
instancia.
3.2. Así mismo le ruego al Honorable Despacho que ordene al Honorable
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO proferir nueva sentencia y/o sentencia
modificatoria en la cual se abstenga de aplicar la prescripción del derecho,
como quiera que “existía un impedimento legal que no permitía exigir el
reconocimiento” y “el derecho a devengarlos surgió a partir de los efectos ex
tunc de la sentencia que declaró la nulidad” del decreto 3770 de 2009.”9.
2. Trámite de la acción de tutela y fundamento de la oposición
2.1. Mediante auto del 11 de agosto de 202310 se admitió la acción de tutela y se
ordenó notificar, en calidad de demandado, al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y, en calidad de terceros con interés, a la Nación – Ministerio de
Defensa – Ejército Nacional y al Juzgado Once Administrativo de Bogotá11.
2.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca12, luego de sintetizar los
argumentos que utilizó para fundamentar la decisión atacada, estimó que no
incurrió en la violación de ningún derecho fundamental, toda vez que en su análisis
dio aplicación a las normas y la jurisprudencia que gobernaron el asunto.
9 Folios 4 – 6 del certificado 776E4109F225A39E 805FEFB3F335881E BBA3CB0DA584BD26
CD9030DF339BC3BC, índice 2.
10 Obra en el certificado 0E9B03E2B11C41D5 2514072ECE044EDF 7D8C3B2BDDF41F90
BECA752D7334F87C, índice 5.
11 Los soportes de notificación obran en el índice 8.
12 Obra en el certificado 5CF4B0ACDCE4C660 1ABC000D1EF493D6 955E6CE2C77A5695
1244BE4C0B8F7D8B, índice 11.
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Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
2.3. Los demás interesados guardaron silencio.
3. Fallo de tutela de primera instancia
3.1. El 18 de septiembre de 202313 la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado negó la solicitud de amparo, en tanto no se configuró un defecto
sustantivo ni un desconocimiento del precedente porque entre el accionante y la
autoridad judicial existió una diferencia interpretativa en torno a la prescripción del
subsidio familiar y, en todo caso, el análisis del Tribunal resultó adecuado porque
partió del supuesto de que el derecho se hizo exigible antes de que se derogara el
Decreto 1794 del 2000, sin omitir que a partir de la sentencia del 8 de junio de 2017
este se pudo volver a reclamar.
Respecto al cargo por violación directa de la Constitución, el a quo consideró que
en efecto, en otras ocasiones no se ha declarado la prescripción de la prestación
aquí reclamada, pero todos esos casos fueron fallados por salas de decisión
distintas, no se evidenció un cambio de postura arbitrario o caprichoso, no existe
una posición jurisprudencial unificada frente al tema y la línea de argumentación
adoptada por el Tribunal resultó razonable y fundamentada en los
pronunciamientos del Consejo de Estado sobre el tema discutido.
3.2. La parte demandante solicitó la adición de la sentencia14 porque, en su sentir,
omitió pronunciarse sobre las pretensiones relacionadas con que se declarara la
configuración de un defecto sustantivo por la supuesta indebida aplicación de las
normas en que debió fundamentarse la providencia censurada, específicamente el
artículo 174 del Decreto 1211 de 1990. Así mismo, en memorial posterior pidió que
se le aclarara lo relativo a la notificación de la sentencia de primera instancia15.
3.3. La anterior solicitud fue resuelta en auto del 15 de noviembre de 202316, en el
sentido de negar la adición porque no se cumplieron los presupuestos establecidos
en el artículo 287 del Código General del Proceso, por cuanto en la providencia de
13 Obra en el certificado 9CB2AA3432828E87 60B95D22326CE912 F9F6093F293B37B5
44939CC153E8B175, índice 14.
14 Obra en el certificado 9D8B600AC6ADEA53 D59AC90CAFB8759C 0F62F360A6FD3EDA
7671B58C7F96F9F6, índice 19.
15 Obra en el certificado 5D5DA78579EACEE3 924699C4F1900036 78F3F1C0C5E28902
1C657930608D2F5C, índice 21.
16 Obra en el certificado 19888B8A89D91778 D1195EB708D863C5 6602F9A4093D7F63
BDA0B1FB7504DC34, índice 24.
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primera instancia se expuso una motivación clara, completa y suficiente para
resolver los cargos elevados por el actor, relacionados con la supuesta
configuración de un defecto sustantivo, un desconocimiento del precedente y una
violación directa de la Constitución.
4. Razones de la impugnación
4.1. Inconforme con la decisión tomada, la parte accionante presentó17 escrito de
impugnación18 mediante el que se señaló como hecho sobreviniente que, con
posterioridad a la radicación de la presente solicitud de amparo, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca profirió 5 sentencias en las que reconoció el
reajuste del subsidio familiar sin declarar la prescripción de ningún período de
causación de la prestación.
También aseguró que el a quo constitucional omitió tener en cuenta que dentro del
medio de control se emitió una providencia discriminatoria y desigual frente a otros
ciudadanos, sin que existiera un criterio objetivo para esta diferenciación, así como
reiteró que se había configurado un defecto sustantivo por una errónea
interpretación del artículo 11 del Decreto 1794 del 2000 y de la figura de la
prescripción, pues, a su parecer, este último fenómeno no resultaba aplicable al
caso, ya que no tuvo la posibilidad jurídica de reclamar su derecho sino desde el 8
de septiembre de 2017 y al haber ejercido su derecho de petición el 5 de mayo de
2018 y el medio de control el 11 de agosto de 2020, se tiene que sus reclamaciones
fueron elevadas de manera oportuna.
Por otro lado, consideró que la autoridad judicial demandada incumplió con su
obligación de aplicar el precedente del Consejo de Estado y no motivó las razones
por las cuales se apartó de tal. En la misma línea, acusó al fallo atacado de
desconocer el precedente horizontal sin justificación alguna, lo cual implicó una
arbitrariedad y no una manifestación del principio de autonomía judicial.
Así mismo, alegó que la sentencia de primera instancia constitucional desconoció
la inversión de la carga de la prueba y la presunción de discriminación, pues le
correspondía al juez ordinario demostrar que existió un criterio objetivo para
17 El recurso fue presentado el 7 de diciembre de 2023, a través de la ventanilla virtual, según el índice 29.
18 Obra en el certificado 36B396949F62AD5C 6C0BACB5E66387EA 4EDE13DB238C76BA
F87ABCB8CE1F3CBD, índice 29.
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Sentencia de segunda instancia
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justificar el trato diferenciado y que no había brindado al actor un trato desigual,
pero, como no logró cumplir con dicha carga, esta situación también implicó un
desconocimiento de las sentencias C 022 de 1996, C 862 de 2008 y C 536 de 2016.
4.2. Finalmente, en el mismo escrito se elevó una solicitud de nulidad de la
sentencia de primera instancia porque, en palabras del actor, dicha providencia tuvo
una motivación incompleta, ya que omitió pronunciarse sobre todos los hechos y
pretensiones propuestos en la demanda tuitiva, particularmente en lo relativo a la
violación directa de la Constitución por vulneración al derecho fundamental a la
igualdad, a causa de que no explicó por qué en otros casos idénticos al aquí
discutido se había accedido a las pretensiones de la nulidad y restablecimiento del
derecho, mientras que en el asunto en litigio se habían negado.
4.3. Así, elevó nuevas pretensiones en el siguiente sentido:
“1. PRETENSIONES PRINCIPALES:
1.1. Se proceda a revocar la sentencia de primera instancia que fue proferida
dentro del presente proceso.
1.2. Se pronuncie y motive, de forma completa y exhaustiva, sobre todos y cada
uno de los CINCO HECHOS SOBREVINIENTES que han sido presentados en
el presente escrito de Apelación.
1.3. Como consecuencia de lo anterior, se declare que, en la sentencia de
segunda instancia, la que ha sido proferida por el Honorable Tribunal
Administrativo, se estructura la causal especifica de tutela contra providencia
judicial denomina VIOLACION DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN,
específicamente la VIOLACION DEL DERECHO FUNDAMENTAL DE LA
IGUALDAD.
1.4. Así mismo se declare que, en la sentencia de segunda instancia, la que ha
sido proferida por el Honorable Tribunal Administrativo, se estructura la causal
especifica de tutela contra providencia judicial denomina DEFECTO
SUSTANTIVO, específicamente la subregla de APLICACIÓN INDEBIDA DE
LAS NORMAS EN LAS QUE DEBÍA FUNDAMENTARSE.
1.5. Así mismo se declare que, en la sentencia de segunda instancia, la que ha
sido proferida por el Honorable Tribunal Administrativo, se estructura la causal
especifica de tutela contra providencia judicial denomina DEFECTO
SUSTANTIVO, específicamente la subregla de FALTA DE AMPLIACIÓN DEL
PRECEDENTE APLICABLE AL CASO SIN CARGA DE RECONOCIMIENTO
NI DE ARGUMENTACIÓN.
1.6. Como consecuencia de lo anterior, se proceda al amparado de los
derechos fundamentales tal y como fueron pedidos en la acción de tutela.
1.7. Así mismo, se proceda a acceder a todas y cada una de las pretensiones
formuladas en la acción de tutela.
2. PRETENSIÓN SUBSIDIARIA:
2.1. En caso de no accederse a lo anterior, SE DECLARE LA NULIDAD DE LA
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, por ser violatoria del derecho
fundamental del debido proceso, pues no respetan las garantías de la
“observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio” señalas en el
artículo 55 de la Ley Estatutaria De Administración De Justicia; en los artículos
280 y 281 de Código General del Proceso, y en el artículo 187 de la ley 1437
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de 2011, de forma especial, del principio de la congruencia y motivación de la
sentencia, tal como fue señalado en el acápite respectivo.”19.
5. Trámite de la acción de tutela en segunda instancia
5.1. Mediante auto del 14 de diciembre de 202320 se concedió la impugnación.
5.2. El Consejero Ponente, a través de providencia del 31 de enero de 202421,
requirió tanto a la parte activa como a la Secretaría General del Consejo de Estado
para que informaran sobre la existencia de un recurso extraordinario de unificación
de jurisprudencia interpuesto en contra de la providencia aquí censurada.
5.3. El anterior requerimiento fue atendido por la Secretaría General de esta
Corporación22, que señaló la existencia de un recurso extraordinario de revisión
identificado con el radicado 11001-03-25-000-2023-00361-00, cuyo actor es Pablo
Juan Rodríguez Bautista y se tramita ante el Despacho del Magistrado Jorge Iván
Duque Gutiérrez en encargo.
5.4. La parte accionante no emitió pronunciamiento al respecto y el Ejército
Nacional señaló que no era la entidad competente para dar respuesta al
requerimiento23.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
De conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución, 32 del
Decreto 2591 de 1991 y 25 del Acuerdo de la Sala Plena del Consejo de Estado
No. 080 de 2019 esta Sala es competente para conocer de la impugnación
presentada en contra del fallo proferido el 18 de septiembre de 2023 por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
19 Folios 26 – 27, ibid.
20 Obra en el certificado 5F34FDEB03A99D42 38E72DEE4B1A5436 015E6A4C6E8F7ADE
6D9D91D78E53B9B3, índice 31.
21 Obra en el certificado 171699F62143880F C9087DBA2DB4DE58 4BF446915A235E9A
1AE0CC8627427FF5, índice 4 del trámite en segunda instancia.
22 Obra en el certificado A955EB330B64D2A6 76A92BDA5E6C5488 133BCA8DB5CC4E6E
5EB1C6CE20DE096A, índice 7 del trámite en segunda instancia.
23 Obra en el certificado
7BA1AF8C6C9EA88FC24B57B41A406619B483A082EA8681122AE8D7F6A8842F2F, índice 9 del trámite en
segunda instancia.
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2. Problema jurídico
La Sala verificará si la solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de
procedibilidad en contra de providencias judiciales. En caso afirmativo, se
determinará si se incurrió en las causales específicas o defectos denunciados.
3. Cuestión Previa
Antes de entrar a realizar el correspondiente análisis de procedibilidad de la acción
de tutela, la Sala debe aclarar que respecto a la solicitud de nulidad elevada dentro
del escrito de impugnación, se encuentra que la censura que en ella se alega,
relacionada con que el fallo de primera instancia no se pronunció sobre la totalidad
de hechos y pretensiones así como la supuesta configuración de una violación
directa de la Constitución por la vulneración del derecho fundamental a la igualdad,
será examinada como otro cargo de impugnación, dado que su verdadero sentido
está en manifestar su desacuerdo con la providencia del 18 de septiembre de 2023.
4. Verificación del cumplimiento del requisito de subsidiariedad en el caso
concreto
4.1. El inciso 3 del artículo 86 de la Constitución Política claramente expresa que la
acción de tutela resulta procedente cuando el afectado no dispone de otro medio
de defensa judicial. Sin embargo, la Corte Constitucional ha señalado que la
solicitud de amparo procede de forma excepcional i) cuando a pesar de existir otros
mecanismos, estos no son idóneos ni eficaces para la protección de los derechos
fundamentales o ii) cuando se ejerce para evitar la causación de un perjuicio
irremediable24. En el primero de los casos la orden de protección sería definitiva y,
en el segundo, transitoria.
4.2. Frente a este asunto, es importante resaltar que el tutelante señaló como hecho
vulnerador de sus derechos fundamentales la sentencia del 29 de junio de 2023,
proferida al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 11001-
33-35- 011-2020-00186-01, y que dentro de su demanda tuitiva indicó que en contra
de esa misma providencia también interpuso un recurso extraordinario de revisión
que se identifica con el radicado 11001-03-25-000-2023-00361-00, porque, según
24 Corte Constitucional, sentencia T 230 de 2013. M.P Luis Guillermo Guerrero Pérez; 18 de abril de 2013.
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Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04143-01
Accionante: Pablo Juan Rodríguez Bautista
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
él, con la presente acción constitucional se pretende censurar únicamente la
decisión relativa a la prescripción de algunos de los períodos en que se causó el
subsidio familiar, mientras que el recurso extraordinario se refirió a la supuesta falta
de congruencia en que incurrió la autoridad judicial al no pronunciarse frente a las
pretensiones relacionadas con el reajuste salarial del 20% y el reconocimiento de
la prima de actividad.
4.3. La Sala considera que no es de recibo el argumento encaminado a sostener
que se hizo uso de la solicitud de amparo porque respecto al subsidio familiar no
se configuró ninguna causal de revisión. Lo anterior, debido a que no es posible
que el actor separe temáticamente y a voluntad la procedencia de los mecanismos
jurídicos que ejerció, máxime cuando el hecho vulnerador en el trámite de tutela y
la sentencia objeto de revisión convergen y se identifican con las determinaciones
adoptadas en la providencia del 29 de junio de 2023.
Así mismo, también es importante aclarar que, a pesar de que en uno y otro proceso
se hubieran elevado diferentes cargos en contra del mismo fallo, sus pretensiones
resultan contradictorias, ya que en la acción de tutela se solicita que se “ordene al
Honorable TRIBUNAL ADMINISTRATIVO proferir nueva sentencia y/o sentencia
modificatoria en la cual se abstenga de aplicar la prescripción del derecho”25 y en la
demanda de revisión se pidió que se declarara la “nulidad parcial” de las sentencias
tanto de primera como de segunda instancia y “Como consecuencia de loa anterior,
se envíe el expediente al JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA para que dicte una
nueva sentencia, donde se resuelva de fondo lo planteado en la demanda, desde
el punto de vista fáctico como lo jurídico”26. En ese sentido, es evidente que en caso
de que tanto el juez constitucional como el de la revisión accedieran a lo solicitado,
no sería claro el cumplimiento que se le debería dar a sus órdenes, pues estas se
contrapondrían.
Por otro lado, también se observa que al ejercer el recurso extraordinario de
revisión, la parte demandante hizo mención a la presente acción de tutela, con el
fin de explicar que en dicho escenario procesal no atacaría el fondo de la decisión
y que para ello haría uso de la demanda tuitiva27, pero este argumento, más allá de
25 Folio 6 del certificado 776E4109F225A39E 805FEFB3F335881E BBA3CB0DA584BD26
CD9030DF339BC3BC, índice 2.
26 Folio 37 del certificado 1D479F640A1E3249 8ADE392B129B91A0 B1F75028BC6404C5
EB4CC215DA3B5289, índice 3 del expediente digital 11001-03-25-000-2023-00361-00.
27 Folio 35, ibid.
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Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04143-01
Accionante: Pablo Juan Rodríguez Bautista
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
lograr justificar la existencia de los dos mecanismos jurídicos aquí estudiados, solo
demuestra que el actor pretendió utilizar la presente solicitud de amparo de forma
paralela al proceso extraordinario que actualmente se encuentra en curso, dado
que, en caso de que este resultara favorable a los intereses del actor, implicaría
que, tanto el Juzgado Once Administrativo de Bogotá como el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, emitieran nuevos pronunciamientos de fondo
sobre las inquietudes planteadas en la demanda ordinaria.
4.4. Relatado lo anterior, la Sala concluye que, en efecto, se encuentra en curso
otro medio idóneo para salvaguardar los intereses del actor, como lo es el
mencionado recurso extraordinario de revisión 11001-03-25-000-2023-00361-00, el
cual aún no ha finalizado, ya que para el momento en que se profiere esta sentencia
se dictó el auto del 4 de marzo de 202428.
4.5. Adicionalmente, no es posible considerar demostrada la configuración de un
perjuicio irremediable que permita la flexibilización del requisito de subsidiariedad,
puesto que el demandante no elevó argumentación alguna al respecto.
4.6. En cuanto a la violación directa de la Constitución por la vulneración del
derecho fundamental a la igualdad, a la que se refirió la solicitud de nulidad y las
providencias consideradas como hechos sobrevinientes en la impugnación, la Sala
no emitirá pronunciamiento al respecto, dado que el hecho de que la acción de
tutela no hubiera cumplido con el requisito de subsidiariedad impide que se
examinen de fondo los cargos elevados en contra de la sentencia del 29 de junio
de 2023.
5. En consecuencia, la Sala modificará la decisión de primera instancia, en razón a
que el presupuesto de subsidiariedad, como se expuso, no se encuentra superado
en este caso.
En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
28 Obra en el certificado 4DF98D6C8DAE1167 D9DCF040D5FF43DC 4B6DB47D22449FDB
65282F3A21A63B7B, índice 19 del expediente digital 11001-03-25-000-2023-00361-00.
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Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04143-01
Accionante: Pablo Juan Rodríguez Bautista
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
III. RESUELVE
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 18 de septiembre de 2023 proferida por
la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, para, en su lugar,
DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado por Pablo Juan
Rodríguez Bautista, por las razones referidas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.
TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
WILLIAM BARRERA MUÑOZ JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Consejero de Estado Consejero de Estado
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