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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00361-00

Fecha
16 de octubre de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00361-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. Declarar INFUNDADO el Recurso Extraordinario de Revisión formulado por el señor Pablo Juan Rodríguez Bautista en contra de la sentencia de segunda instancia proferida el 29 de junio de 2023 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsecciones “A” y “B”, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-35-011- 2020-00186-01. SEGUNDO. CONDENAR en costas al señor Pablo Juan Rodríguez Bautista conforme a lo indicado en esta providencia, las cuales se liquidarán por secretaría. TERCERO. Para la fijación de las agencias en derecho, por secretaría INGRESAR el expediente al despacho para lo de su competencia. 32 Sentencia del 29 de mayo de 2025, Subsección “A" identificada con radicado 11001-03-25-000-2023-00356- 00 (5087-2023). 33 Sentencia de 14 de agosto de 2025, expediente 11001-03-25-000-2023-00569-00 (7607-2023), C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 20 www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-25-000-2023-00361-00 (5175-2023) Recurrente: Pablo Juan Rodríguez Bautista CUARTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2023-00361-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

16 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA- SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., dieciséis (16) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-25-000-2023-00361-00 (5175-2023)
Accionante: Pablo Juan Rodríguez Bautista
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional
Temas: Causal 5.° del artículo 250 de la Ley 1137 de 2011.
Presupuestos de configuración. Vulneración al debido proceso.
Principio de congruencia.

I. ASUNTO

1. Se decide el Recurso Extraordinario de Revisión consagrado en el artículo 248 y
siguientes de la Ley 1437 de 2011, presentado por Pablo Juan Rodríguez Bautista1
en contra de la sentencia del 29 de junio de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria, Subsecciones
“A” y “B” dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
11001-33-35-011-2020-00186-01.

II. ANTECEDENTES DEL PROCESO ORDINARIO

Pretensiones. A través del medio de control se solicitó:

2. Declarar que, frente a la petición de 5 de mayo de 2018, se produjo el silencio
administrativo negativo y, en consecuencia, se proclame su nulidad.

3. Subsidiariamente, se apliquen las excepciones de inconstitucionalidad e
inconvencionalidad, de acuerdo con lo explicado en el concepto de violación, y se
anule la decisión ficta demandada.

4. Como restablecimiento del derecho exigió: i) reconocer que el demandante ha
realizado las mismas funciones de los soldados profesionales que antes fungieron
como voluntarios; ii) declarar que, al igual que los oficiales y suboficiales, el actor
se encuentra en el mismo supuesto fáctico que le permite acceder a la prima de
actividad; iii) condenar a la demandada a reconocer y pagar al actor la diferencia
del 20% dejada de percibir en su asignación básica mensual, la prima de actividad
y el reajuste del subsidio familiar, con la respectiva reliquidación de sus prestaciones
sociales.

1 El escrito de revisión se presentó a través de la ventanilla virtual de esta Corporación el 1.° de agosto de 2023,

según se evidencia en el índice 3 de la plataforma SAMAI.

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Recurrente: Pablo Juan Rodríguez Bautista

Hechos.

5. El demandante se vinculó al Ejército Nacional en calidad de soldado profesional
en vigencia de los Decretos Leyes 1793 y 1794 de 2000. Desde entonces, su
asignación básica mensual ha sido inferior a la recibida por los soldados
profesionales que ingresaron a la institución con anterioridad a esa norma -otrora
soldados voluntarios-, a pesar de que las funciones de unos y otros son similares.

6. Que ha estado en servicio activo en iguales condiciones de los oficiales y
suboficiales de las fuerzas militares, por lo que debe recibir la prima de actividad.
Además, tiene derecho a que el subsidio familiar que actualmente devenga sea
reajustado en los términos del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000.

Normas violadas y concepto de violación.

7. La negativa de los derechos reclamados evidencia la discriminación permanente,
sistemática e injustificada que, a lo largo del tiempo, han experimentado los
soldados profesionales en relación con los beneficios conferidos a otros grupos de
militares -oficiales y suboficiales- en materia de prerrogativas emanadas de la
muerte en combate, las partidas computables para fines de asignación de retiro y el
subsidio familiar.

Sentencia de primera instancia.

8. Mediante sentencia de 26 de julio de 2022, el Juzgado Once Administrativo Oral
del Circuito Judicial de Bogotá declaró la existencia del acto ficto negativo
denunciado en la demanda, pero negó el resto de súplicas vertidas en ella.

9. Con tales fines y después de referenciar brevemente las normas contentivas del
régimen de personal, salarial y prestacional de los soldados profesionales, así como
la sentencia de unificación jurisprudencial de 25 de agosto de 2016 -radicado 3420-
2015-, concluyó:

9.1 El demandante no tiene derecho a que su asignación básica mensual
corresponda a un salario mínimo legal mensual más un sesenta por ciento
(60%), porque se vinculó al Ejército Nacional en vigencia del Decreto Ley
1794 de 2000.

9.2 Tampoco le asiste razón en cuanto a la prima de actividad, pues en la
norma en cita no se estableció ese beneficio en favor de los soldados
profesionales. Además, no se vulneró el principio a la igualdad por el hecho
de que tal emolumento sea concedido a los oficiales y suboficiales de las
fuerzas militares, porque sus condiciones y funciones son distintas a la de
aquellos.

9.3 El actor viene devengando el subsidio familiar en los términos del Decreto

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1161 de 2014, por lo que no puede reajustarse de acuerdo con las reglas del
Decreto Ley 1794 de 2000.

9.4 Es improcedente la aplicación de las excepciones de inconstitucionalidad
e inconvencionalidad, pues la diferencia salarial existente entre los antiguos
soldados voluntarios y los soldados profesionales se justificó en la garantía
de los derechos adquiridos de los primeros.

Recurso de apelación.

10. Inconforme con la anterior decisión, el abogado de la parte actora la recurrió en
apelación, arguyendo, en esencia, que:

11. En relación con la pretensión del 20% sobre la asignación básica mensual,
argumentó:

11.1 El a quo confundió que el juicio de igualdad propuesto en la demanda
apuntaba a comparar la situación de los antiguos soldados profesionales que
decidieron vincularse como soldados profesionales y el grupo de uniformados
que ingresó a las filas castrenses a partir de los Decretos Leyes 1793 y 1794
de 2000 quienes, en su totalidad, están gobernados por las mismas normas,
tienen las mismas condiciones, responsabilidades y formación y, además,
cumplen con las mismas funciones. Por tanto, no podía afirmar que ambos
grupos pertenecen a regímenes jurídicos distintos a partir de la fecha de
vinculación a la entidad que, por cierto, no es un criterio objetivo que
patrocine esa desigualdad.

11.2 La sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016 no podía aplicarse
al presente caso, pues la regla jurisprudencial fijada estuvo encaminada a
garantizar el derecho adquirido de los soldados voluntarios que, vinculados
posteriormente como soldados profesionales, experimentaron una reducción
del 20% sobre su asignación básica mensual; mientras que en la demanda
actual no se hicieron ese tipo de reclamaciones. Además, en dicha
providencia no se analizó la vulneración del derecho a la igualdad salarial en
la modalidad de «a trabajo igual - salario igual».

11.3 No se demostraron los criterios objetivos que, a la luz de la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, justifican un trato diferente en
materia salarial, entre ellos, los de evaluación y desempeño, las divergencias
en la estructura institucional y/o diversas clasificaciones de empleo.

11.4 Se desconocieron: las reglas jurisprudenciales sobre el principio de «a
salario igual – trabajo igual»; la existencia de una igualdad formal entre los
sujetos que deben ser comparados; los medios de prueba que evidencian la
aludida similitud; la presunción de carga probatoria en materia de
discriminación; los principios fundamentales del derecho al trabajo y de la

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carrera militar; la excepción de inconstitucionalidad e inconvencionalidad
propuestas en la demanda.

12. En cuanto a la pretensión de reconocimiento de la prima de actividad, alegó:

12.1 Los soldados profesionales y los oficiales y suboficiales de las fuerzas
militares cumplen con el supuesto de hecho previsto en la norma para
acceder a la prima de actividad, relacionada con la permanencia en el
servicio. Por tanto, no existe patrón alguno que justifique la diferenciación
existente al respecto.

12.2 La demandada no demostró la existencia de un criterio que justifique
esa desigualdad, además de que las funciones desempeñadas por los
oficiales y suboficiales no constituye un parámetro que avale la distinción,
porque aún ellos tienen asignadas diversas misiones y no por eso se les deja
de reconocer la prima.

12.3 Se desconoció que, en tratándose de discriminación, opera una
inversión de la carga de la prueba que no fue satisfecha por la accionada.

13. Frente a la pretensión de reajuste del subsidio familiar, afirmó:

13.1 No se estudiaron las excepciones de inconstitucionalidad e
inconvencionalidad planteadas en cuanto a este ítem, ni la vulneración al
derecho a la igualdad y las garantías de favorabilidad pedidas en la demanda.

13.2 Se dio por probado, sin estarlo, que la demandada desvirtuó la
presunción de inconstitucionalidad que pesada sobre el acto ficto negativo
demandado.

13.3 Se desconocieron los principios de igualdad, favorabilidad laboral, in
dubio pro operario y condición más beneficiosa, pues se aplicó la
interpretación normativa más desfavorable a los intereses del trabajador.

Sentencia objeto de revisión.

14. En sentencia de 29 de junio de 2023, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria, Subsecciones “A” y “B” revocó
parcialmente la sentencia de primera instancia, en cuanto al subsidio familiar se
refiere y ordenó su pago en los términos del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000.

15. Con dicho propósito, y luego de referenciar la excepción de inconstitucionalidad
y control de convencionalidad, el principio de igualdad, el reajuste de la asignación
básica y demás prestaciones sociales del soldado profesional con fundamento en
el incremento del 60% establecido en el inciso 2 del artículo 1.° del Decreto 1794
de 2000, la prima de actividad, el reconocimiento del subsidio familiar a soldado

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Recurrente: Pablo Juan Rodríguez Bautista

profesional y el principio de congruencia en la sentencia y la actividad interpretativa
del juez, concluyó que:

15.1 La fecha de vinculación a un cargo no es criterio que justifique la
diferencia salarial entre los soldados profesionales y los soldados voluntarios
que pasaron a ser profesionales.

15.2 Pese a que los anteriores uniformados ostentan el mismo rango
(soldados profesionales), la diferencia entre las dos categorías obedece a la
antigüedad de unos y la novedad de otros.

15.3 Dicha categorización no transgrede el artículo 13 de la Constitución,
máxime cuando no es posible realizar un juicio comparativo de igualdad entre
los soldados voluntarios que luego fueron enlistados como profesionales y
los soldados profesionales propiamente dichos.

15.4 La diferencia establecida en esta materia tuvo por finalidad garantizar
los derechos adquiridos de los otrora soldados voluntarios regulados por la
Ley 131 de 1985. Además, esta normativa contenía menos prerrogativas que
las previstas en el Decreto Ley 1794 de 2000.

15.5 Además, no resulta procedente aplicar la excepción de
inconstitucionalidad propuesta por la parte actora, en primer lugar porque
existe una línea jurisprudencial consolidada del Consejo de Estado, fundada
en la garantía de los derechos adquiridos de los soldados voluntarios
regulados por la Ley 131 de 1985, el cual es vinculante y obligatorio para
todas las autoridades judiciales, y en segundo lugar, debido a que está
soportado en el principio del gasto público.

15.6 Por tal motivo, el actor no tiene derecho a recibir el reajuste de la
asignación básica mensual en un 20%, porque su vinculación al Ejército
Nacional se cumplió en vigencia del Decreto Ley 1794 de 2000.

15.7 Tampoco hay lugar a reconocer la prima de actividad, porque hace parte
del régimen salarial y prestacional de los oficiales y suboficiales de las
fuerzas militares, del cual, por cierto, no participan los soldados
profesionales.

15.8 El actor causó el derecho al subsidio familiar regulado en el artículo 11
del Decreto Ley 1794 de 2000, pues el hecho generador que justificó el
reconocimiento del subsidio familiar se dio el 13 de diciembre de 2008, esto
es, con anterioridad a la fecha en que fueron proferidos los Decretos 3770 de
2009 y 1161 de 2014. Con tales fines, ordenó el se le descontarán las sumas
reconocidas por ese concepto al amparo del Decreto 1161 de 2014.

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Recurrente: Pablo Juan Rodríguez Bautista

Del recurso extraordinario de revisión.

16. La causal invocada. Para el recurrente, las sentencias dictadas en el proceso
ordinario incurrieron en la causal de revisión contenida en el numeral 5.° del artículo
250 de la ley 1437 de 20112.

17. Fundamentos. Se hicieron los siguientes reproches:

18. En cuanto a la sentencia de primer grado:

18.1 No examinó ni se pronunció frente a los supuestos fácticos,
pretensiones y cargos jurídicos invocados en la demanda en torno al reajuste
salarial, relacionados con la vulneración al derecho a la igualdad, el
desconocimiento de los principios generales de la carrera administrativa de
los soldados profesionales, de los postulados del derecho al trabajo, los
hechos demostrados, las cargas probatorias y la presunción de
discriminación -las tres últimas señaladas en los alegatos de conclusión-.

18.2 No valoró ni resolvió los supuestos de hecho, súplicas y argumentos
jurídicos formulados en el libelo relacionados con la prima de actividad, entre
ellos: la infracción al principio de igualdad y la omisión de los principios del
derecho al trabajo.

19. En cuanto a la sentencia de segundo grado:

19.1 No resolvió la solicitud de adición y de nulidad de la sentencia de primer
grado. La primera de ellas, relacionada con los puntos que no fueron objeto
de decisión y, la segunda, fincada en la vulneración del principio de
congruencia y, de contera, del derecho al debido proceso.

19.2 No se pronunció completa, exhaustiva y rigurosamente sobre los cargos
formulados en contra de la negativa de las tres pretensiones invocadas en la
demanda -reajuste salarial (22 reparos) y prima de actividad (8 reproches)

20. Con sustento en lo señalado, arguyó que las providencias de primera y segunda
instancia desconocieron el principio de congruencia al no resolver todos y cada uno
de los supuestos fácticos, pretensiones y argumentos jurídicos invocados en la
demanda y en el recurso de apelación.

21. Pretensiones. Se solicitó declarar la nulidad parcial de las aludidas sentencias
y, consecuentemente, devolver el expediente al juzgado de primera instancia para
que profiera una sentencia en la que se resuelvan cada uno de los puntos
planteados en la demanda.

2 «ARTICULO 250. CAUSALES DE REVISIÓN. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la ley 797 de

2003, son causales de revisión: […] 5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra
la que no procede recurso de apelación.»

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Recurrente: Pablo Juan Rodríguez Bautista

22. La intervención del Ejército Nacional3. Dentro de la oportunidad de ley, el
abogado designado se opuso a la prosperidad del recurso extraordinario alegando,
en esencia:

22.1 Que dentro del trámite ordinario se le respetó al demandante su derecho
al debido proceso, así como todas las garantías que lo integran.

22.2 El demandante reitera que tenía dos pretensiones principales, a saber:
i) reconocimiento del 20% de la diferencia salarial con los soldados
profesionales que antes eran voluntarios y ii) reconocimiento de la prima de
actividad militar.

22.3 La sentencia de segunda instancia, luego de realizar un recorrido
normativo sobre, resolvió todos los cargos y reproches formulados en la
apelación, explicando las razones por las cuales no había lugar al
reconocimiento del reajuste salarial del 20%, ni mucho menos
desconocimiento del derecho a la igualdad.

22.4 Así las cosas, es claro que la intención del recurrente no es otra distinta
que reabrir etapas procesales ya finalizadas, como reiterar alegatos ya
rendidos.

23. La intervención de la procuradora delegada4. Oportunamente rindió su
concepto, a través del cual solicitó declarar infundado el recurso, pues la sentencia
de segunda instancia resolvió todos y cada uno de los argumentos formulados en
la alzada, explicando las razones por las cuales mantuvo la negativa sobre las
pretensiones de reajuste salarial y prima de actividad y señalando los motivos por
los cuales accedió al subsidio familiar en los términos prescritos en el artículo 11 del
Decreto Ley 1794 de 2000.

III. CONSIDERACIONES

24. Competencia. Esta Subsección es competente para resolver este asunto, de
conformidad con lo establecido en el artículo 249 de la Ley 1437 de 2011 y en el
artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019, reglamento interno de esta
corporación.

25. De la oportunidad para interponer el recurso. De conformidad con lo
señalado en el artículo 251 de la Ley 1437 de 2011, cuando el recurso se
fundamente en la causal de revisión prevista en el numeral 5°, entre otras, podrá
presentarse «dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia».

26. En el presente asunto, la sentencia impugnada fue proferida el 29 de junio de
2023, mientras que el recurso fue presentado el 1.° de agosto de 2023 a través de

3 Ver índice 13 de la plataforma SAMAI.
4 Ver índice 11 de la plataforma SAMAI.

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ventanilla virtual de este tribunal5. Por tanto, se concluye que su radicación se
cumplió dentro de los términos de ley.

27. Problema jurídico. De acuerdo con lo planteado en el recurso, corresponde a
la Sala determinar sí ¿La sentencia impugnada desconoció el principio de
congruencia que debe irrigar toda providencia judicial y, de contera, vulneró el
debido proceso del demandante?

28. Para resolver ese interrogante, se reseñará: i) la naturaleza y objeto del Recurso
Extraordinario de Revisión; ii) el contenido y alcance de la causal 5 del artículo 250
del CPACA y; iii) el principio de congruencia de las providencias judiciales.

29. Normas y jurisprudencia aplicables.

30. La naturaleza y objeto del Recurso Extraordinario de Revisión. El artículo
248 de la Ley 1437 de 2011, establece lo siguiente:

«ARTÍCULO 248. PROCEDENCIA. El recurso extraordinario de revisión procede
contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales
Administrativos y por los jueces administrativos».

31. La jurisprudencia de esta Corporación ha indicado que, por su naturaleza, el
recurso extraordinario de revisión es un medio judicial de impugnación que, por
excepción, no encuentra límites en el principio de inmutabilidad propio de las
sentencias que han adquirido la connotación de cosa juzgada. Lo anterior, en razón
a que puede ser dirigido en contra de las providencias ejecutoriadas proferidas por
cualquiera de las autoridades que integran la jurisdicción de lo contencioso
administrativo -jueces y tribunales administrativos, así como las subsecciones y
secciones de esta Corporación-.

32. En cuanto a su objeto, se ha dicho que radica en obtener el restablecimiento de
la justicia material desconocida en la decisión cuestionada, a través de situaciones
externas que no pudieron ser ventiladas en el trámite del proceso ordinario, pero
que revisten tal gravedad que prohíjan la superación del principio de cosa juzgada.
En sentencia de 3 de marzo de 2020,6 la Sala Décima Especial de Revisión de este
Tribunal, expresó:

«[…] 2.2.1. Aspectos generales del recurso extraordinario de revisión.

43. El recurso extraordinario de revisión se encuentra regulado en el Título VI Capítulo
I el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley
1437 de 2011-, el cual ha sido definido por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado como «un medio de impugnación excepcional
que permite revisar determinadas sentencias de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo amparadas por la intangibilidad de la cosa juzgada e infirmarlas ante

5 Índice 3 de la plataforma SAMAI.
6 Expediente No. 11001-03-15-000-2013-02008-00 (REV), Consejera Ponente Dra. Sandra Liset Ibarra Vélez.

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la demostración inequívoca de ser decisiones injustas, por incurrir en alguna de las
causales que taxativamente consagra la ley».7

44. A través del citado medio de impugnación extraordinario es posible controvertir
las sentencias ejecutoriadas dictadas por las Secciones y Subsecciones de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, las proferidas en cualquier
instancia por los Tribunales Administrativos y por los Jueces Administrativos cuya
naturaleza permita la interposición del recurso. En consecuencia, el recurso
extraordinario de revisión, en cuanto a su naturaleza, es considerado por la doctrina8
como un medio de impugnación con la virtud de afectar de manera excepcional el
principio de inmutabilidad de las sentencias que hacen tránsito a cosa juzgada, pues
con este se abre la posibilidad de controvertir un fallo ejecutoriado, siempre que se
configure alguno de los eventos consagrados en el artículo 250 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.9

45. Resulta imprescindible mencionar que el recurso extraordinario de revisión tiene
por objeto, procurar el restablecimiento de la justicia material de la decisión
controvertida, cuando quiera que esta ha sido afectada por situaciones exógenas que
no pudieron plantearse en el proceso correspondiente, pero que, a juicio del
legislador, revisten tal gravedad que autorizan desvirtuar el principio de la cosa
juzgada […]».10

33. Sin embargo, se destaca que este medio no fue diseñado para: i) reabrir el
debate propio de las instancias del proceso ordinario; ii) suplir las falencias
probatorias de las partes; iii) discutir los fundamentos jurídicos de las providencias;
iv) controvertir la actividad interpretativa del juez; v) corregir los errores por falta de
aplicación de las normas y/o su indebida adscripción al momento de resolver el caso
sometido a juicio.

34. De ahí que el legislador haya enlistado unas causales taxativas para la
procedencia del recurso y, además, que la jurisprudencia exija de quien recurre una
argumentación precisa, técnica y rigurosa que evidencie el nexo existente entre los
fundamentos y la causal alegada.11 En la sentencia que se viene citando, esta
Corporación expresó:

7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Consejero Ponente Dr. Alberto Yepes

Barreiro Sentencia de 30 de septiembre de 2014.
8 LOPEZ BLANCO, Hernán Fabio, Código General del Proceso – parte general, Bogotá, Edit. DUPRE, 2016,

Pág. 884.
9 «1. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados. // 2. Haberse recobrado

después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión
diferente, y que el recurrente no pudo aportar al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte
contraria. //3. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mayor derecho para
reclamar. // 4. No reunir la persona en cuyo favor se decretó una pensión periódica, al tiempo del reconocimiento,
la aptitud legal necesaria, o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia, o sobrevenir alguna de las
causales legales para su pérdida. // 5. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o
cohecho en el pronunciamiento de la sentencia. // 6. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al
proceso y contra la que no procede recurso de apelación.// 7. Haberse dictado la sentencia con base en
dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en su expedición. // 8. Ser la sentencia
contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada.
Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y
fue rechazada».
10 Cfr. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 20 de octubre de 2009, exp. 11001-03-15-

000-2003-00133-00 (REV), C.P. Enrique Gil Botero y, recientemente, Sección Tercera, Subsección B, sentencia
de 29 de agosto de 2014, exp. 34016, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Catorce Especial de Decisión,

sentencia de 13 de octubre de 2020, expediente No. 11001-03-15-000-2019-00119-00(REV), Consejero
Ponente Dr. Alberto Montaña Plata.

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Recurrente: Pablo Juan Rodríguez Bautista

«46. En ese sentido, el citado recurso no es una oportunidad para reabrir un debate
propio de las instancias, ni para suplir la deficiencia probatoria. Es decir, el recurso
extraordinario de revisión no puede servir para controvertir la actividad interpretativa
del juez12 o para corregir errores «in iudicando»13, sino que fue consagrado para
discutir y ventilar hechos procesales específicos que, o incidieron indebidamente en
la decisión mediante la cual se resolvió el litigio –como es el caso de los documentos
falsos o adulterados14-, o no pudieron ser tenidos en cuenta a pesar de ser
determinantes para la misma –como ocurre con las pruebas recobradas o la aparición
de una persona con mejor derecho15-, o fueron sobrevinientes a la decisión y hacen
que esta última carezca de razón de ser – como en el caso de la causal cuarta,16- o
deben poder ser objeto de examen judicial –como cuando existe una nulidad originada
en la sentencia y esta no era objeto de recurso de apelación17-.

47. Por estas razones, es decir, por ser un recurso extraordinario cuya procedencia
está limitada a causales taxativamente enumeradas, quien lo ejerce tiene la obligación
elemental de indicar con precisión cuál es la invocada y, más allá de ese formalismo,
debe señalar con claridad y exactitud cuáles son los motivos y, especialmente, los
hechos que le sirven de fundamento y la configuran.

48. En ese orden, la técnica del recurso exige correspondencia entre los argumentos
en que se fundamenta y la causal alegada, de forma tal que no le es dable al
recurrente realizar esfuerzos dirigidos a atacar las motivaciones jurídicas o los juicios
de valor que soportaron la decisión adoptada en la sentencia recurrida ni pretender
subsanar o corregir errores u omisiones de la propia parte en el ejercicio del derecho
de contradicción y el agotamiento de los mecanismos ordinarios de defensa, como si
se tratara de una nueva instancia.

49. En otras palabras, el recurso extraordinario de revisión no da cabida a
cuestionamientos sobre el criterio con que el juez interpretó o aplicó la ley en la
sentencia, siendo riguroso en cuanto a su procedencia, pues se restringe a las
causales enlistadas. Por ello, en este escenario, la labor del juez no puede exceder
la demarcación impuesta por el recurrente al explicar la causal de revisión de la
sentencia, que deberá ser examinada dentro de un estricto y delimitado ámbito
interpretativo».18

12 Cfr. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1° de diciembre de 2010, exp. 11001-03-15-

000-2008-00480-00 (REV), C.P. Susana Buitrago Valencia.
13 En sentencia C- 998 de 2004, la Corte Constitucional sobre este concepto indicó lo siguiente: «(…) Los errores

in iudicando son entonces errores de derecho que se producen por falta de aplicación o aplicación indebida de
una norma sustancial o por interpretación errónea…».
14 Ver artículo 250 de la Ley 1437 de 2011. «2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos

falsos o adulterados».
15 1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales

se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza
mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
16 4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la

sentencia.
17 5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de

apelación.
18 Así se desprende de las normas que lo consagran y lo ha desarrollado esta Corporación en varios

pronunciamientos de los que cabe destacar: Al respecto, la Sala Plena de esta Corporación, en sentencia de
27 de enero de 2004. Rd. (REV) 2003-0631. M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, precisó que: «… no
constituye una nueva instancia, razón por la cual no es admisible en él la continuación del debate probatorio o
sobre el fondo del asunto, debiendo circunscribirse únicamente a las precisas causales señaladas en la ley,
cuyo examen y aplicación obedecen a un estricto y delimitado ámbito interpretativo. (....)». En ese mismo
sentido, en sentencia de 11 de octubre de 2005. Rad. (REV) 2003-0794. M.P. Ligia López Díaz, se manifestó
que con el recurso extraordinario especial de revisión «(...) No se trata de controvertir el juicio de valoración
propio del juzgamiento, ni es otra instancia que permita a las partes adicionar o mejorar las pruebas y los
argumentos ya expuestos y debatidos en las etapas anteriores del proceso, puesto que ello equivaldría a
convertir el recurso especial de revisión en un juicio contra el fondo de la sentencia, discutiendo nuevamente
los hechos ya dilucidados con fuerza de cosa juzgada (...)».

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35. El contenido y alcance de la causal 5 del artículo 250 del CPACA. El numeral
5.° del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo dice, a la letra, que:

«ARTÍCULO 250. CAUSALES DE REVISIÓN. Sin perjuicio de lo previsto en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:

[…]

5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no
procede recurso de apelación».

36. De acuerdo con el anterior dispositivo, los presupuestos para su configuración
son los siguientes: i) que exista nulidad procesal y; ii) que esta se origine en una
sentencia que ponga fin al proceso y contra la cual no proceda el recurso de
apelación.

37. En relación con las causales de invalidación que pueden invocarse en contra de
la sentencia, se han identificado dos posiciones principales al interior de esta
Corporación. En la primera de ellas, se ha defendido la tesis de la legalidad y la
taxatividad de las nulidades, pregonando que solo pueden emplearse las enlistadas
en el Código General del Proceso y aquellas que impliquen la vulneración del
derecho al debido proceso contenido en el artículo 29 superior.19

38. Por su parte, en la segunda teoría, se ha señalado que la causal en estudio no
se configura únicamente con situaciones taxativas, sino también a través de otras
circunstancias que el juez, basado en criterios de razonabilidad, proporcionalidad y
adecuación, identifique y revele en cada caso concreto como contrarias a los
mandatos constitucionales que necesariamente conlleven a infirmar la decisión
judicial.20 A partir de esta última tesis se ha sostenido que:21

«[…] En esta última corriente, que admite hipótesis no contempladas en forma
expresa como causales de nulidad, la jurisprudencia ha identificado, a modo
enunciativo, ciertos casos de afectación del derecho al debido proceso, al igual que
del de acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva, admitiendo
que hay lugar a revisar la sentencia de instancia por vía extraordinaria cuando la
decisión (i) es inhibitoria; (ii) se profiere sin motivación alguna; (iii) transgrede el
principio de la no reformatio in pejus; (iv) condena a un tercero que no ha sido
vinculado como parte al proceso; (v) se pronuncia sobre aspectos que no le
corresponden, esto es, sin competencia o jurisdicción, según el caso; (vi) se profiere

19 Al respecto, pueden consultarse las sentencias del 3 de febrero de 2015, Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, Sala Veintiséis Especial de Decisión, Radicación 11001-03-15-000- 1998-00157-01(REV), Actor:
Sociedad de Mejoras Publicas de Cali; del 1 de octubre de 2019 radicación 11001-03-15-000-2017-00811-
00(REV), actor: Odilio Fernández Sánchez y otros; del 3 de diciembre de 2019, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sala Veintiuno Especial de Decisión, radicación 11001-03-15-000-2014-01303-00(REV), actor:
Panadería La Victoria S.A.
20
A esta postura se adscriben, entre otras, las siguientes decisiones judiciales adoptadas por esta Corporación:
sentencia del 8 de mayo de 2018, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicación 11001-03-15-000-
1998-00153-01, actor: Julio César Mancipe Estupiñán; sentencia del 7 de octubre de 2019, Sección Tercera,
Subsección B, radicación 11001-33-31-035-2008-00180- 01(52615); actor: Ferney Darío Lis Fula y otros;
sentencia del 24 de octubre de 2019, Sección Segunda, Subsección A, radicación 11001-03-25-000-2014-
00325-00(0997-14), actor: Carlos Januario Montero Pérez.
21 Sobre el particular se puede consultar, entre otras, la sentencia de 26 de agosto de 2021, proferida por esta

Subsección dentro del expediente con radicado 11001-03-25-000-2017-00852-00(4598-17).

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en un proceso que había terminado por desistimiento, transacción o perención; (vii)
no cuenta con el número de votos requerido para su aprobación y (viii) desconoce
el principio de congruencia22 bien sea por una condena extra, ultra o infra petita.

Visto lo anterior, la presente decisión acoge los planteamientos que expuso la
sentencia de unificación del 8 de mayo de 201823 proferida por la Sala Plena de la
Corporación, de manera que adhiere a la tesis que defiende la no taxatividad de las
causales de nulidad que configuran el supuesto del artículo 250 numeral 5 del
CPACA. En ese orden de ideas, la nulidad predicable de la sentencia de instancia
se estructura por:

• El acaecimiento de alguna de las hipótesis que regula el artículo 133 del
CGP;
• La existencia de irregularidades que afecten sustancialmente el derecho al
debido proceso;
• Otros vicios que, sin estar relacionados con el ejercicio de valoración
probatoria y jurídica que efectuó la providencia, tengan la entidad suficiente para
que, en sede de revisión y luego de un estudio que consulte parámetros de
ponderación, razonabilidad y mesura, el juez concluya que la sentencia objetada
quebrantó la legalidad y la justicia.

En efecto, la Subsección considera que esta tesis resulta más coherente con los
valores que busca proteger el ordenamiento superior pues, de un lado, satisface la
finalidad a la que responde el recurso extraordinario de revisión, permitiendo que
decisiones manifiestamente injustas sean examinadas, pero también garantiza el
principio de seguridad jurídica al limitar la procedencia de la causal a situaciones
excepcionales, en las que el peso de la anomalía sea tal que se transgreda el núcleo
esencial de derechos que se caracterizan por tener una marcada relevancia
constitucional24 y que se configuren en la sentencia».

39. Corolario, las causales de nulidad que se pueden pregonar frente a las
sentencias ejecutoriadas no son taxativas sino enunciativas, entendidas estas
últimas como aquellas irregularidades que afecten con magnitud y gravedad las
garantías esenciales del derecho fundamental al debido proceso.

40. El principio de congruencia de las providencias judiciales. En el artículo
187 de la Ley 1437 de 2011 se establece que la sentencia, amén de ser motivada,
debe referenciar brevemente la demanda y su contestación y, además, plasmar el
análisis crítico frente a las pruebas legalmente recaudadas y los razonamientos que
determinan la adopción de las decisiones insertas en ella.

41. En un contexto similar, el artículo 280 del Código General del Proceso afirma
que esa decisión «[…] deberá contener decisión expresa y clara sobre cada una de

22 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 7 de septiembre de 2018, radicación REV

2014-00440-00.
23
Expediente 1998-00153. La decisión sostuvo que se configura la nulidad originada en la sentencia i) cuando
se presenta alguno de los hechos enlistados en el artículo 140 del C. P. C, vigente para la época en que se
dictó el fallo de segunda instancia, objeto del recurso de revisión, (actualmente artículo 133 del Código General
del Proceso) y ii) por desconocimiento del artículo 29 de la Carta Política, como expresamente lo reconoció
esta Corporación en la sentencia de 7 de febrero de 2006, expediente REV-00150 y la Corte Constitucional en
la Sentencia C-739 de 2001. Pero además, determinó que un fallo inhibitorio no justificado es causal de nulidad
constitucional por violación de los derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia y a una
tutela judicial efectiva.
24 En este mismo sentido se puede consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala

Especial de Decisión N.° 19, sentencia del 18 de agosto de 2020, radicación: 11001-03-15-000-2017-02369-00,
demandante: Pedro José Vaca López.

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las pretensiones de la demanda, las excepciones, cuando proceda resolver sobre
ellas, las costas y perjuicios a cargo de las partes y sus apoderados, y demás
asuntos que corresponda decidir con arreglo a lo dispuesto en este código […]».

42. A renglón seguido, en el artículo 281 ejusdem se concibió el principio de
congruencia como el ingrediente principal de este tipo de providencias, principio
que demanda que tal determinación esté «[…] en consonancia con los hechos y las
pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este
código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido
alegadas si así lo exige la ley […]».

43. En otras palabras, se exige que esta providencia esté armónicamente ligada
con las pretensiones de la demanda y sus respectivos fundamentos fácticos y
jurídicos, así como también en consonancia con los planteamientos fijados en la
correspondiente oposición “esto es, la contestación de la demanda”.

44. Por tales razones, al juez le está prohibido imponer condenas que excedan lo
pedido por el demandante «ultra petita» y/o para conceder pretensiones que no
fueron pedidas por él «extra petita». Sobre el particular, en sentencia de unificación
150 de 2021,25 la Corte Constitucional expresó:

«[…] 90. Sobre el particular, cabe mencionar que el principio de congruencia de la
sentencia previsto en el artículo 281 del Código General del Proceso26, exige que la
decisión judicial debe estar acorde con los hechos y las pretensiones esgrimidas en
la demanda. Se trata de una garantía del derecho al debido proceso que tienen las
partes involucradas en una litis, que opera como mandato general de protección en
los distintos procedimientos judiciales, por el cual se concibe que el juez solo
decidirá respecto de lo discutido en el proceso y tendrá vedado pronunciarse sobre
asuntos diferentes o que no hubiesen conocido los extremos procesales.

91. Precisamente, la jurisprudencia de esta corporación ha definido el principio de
congruencia “como uno de los elementos constitutivos del derecho fundamental al
debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, en la medida
que impide determinadas decisiones[,] porque su justificación no surge del
proceso[,] [al] no responder [a] lo que en él se pidió, debatió, o probó”27. Además,
se ha establecido que cuando existe falta de congruencia en una providencia
judicial, es posible alegar la configuración de un defecto procedimental que torne
procedente la acción de tutela […]».

45. Así mismo, esta Corporación28 ha pregonado que el principio de congruencia
detenta dos matices, una interna, referida a la relación inescindible que debe existir
entre la parte motiva y resolutiva de la sentencia y, una externa, que exige conexidad
entre la decisión adoptada y lo planteado tanto en la demanda como en la respectiva

25 M.P. Alejandro Linares Cantillo.
26 “La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidas en la demanda y en

las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren
sido alegadas si así lo exige la ley (…)”.
27 Corte Constitucional, sentencia T-714 de 2013.
28 Sección Cuarta, sentencia de 14 de agosto de 2013, expediente N° 73001-23-31-000-2006-01785-01(18580),

C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

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contestación. En oportunidad más reciente, la Sección Segunda, Subsección B de
este Tribunal29 concluyó:

«[…] En suma, lo expuesto se colige que el principio de congruencia se erige como
una verdadera garantía del derecho fundamental al debido proceso a las partes en el
proceso judicial, en el sentido que al juez de la causa solo le resulta permitido emitir
pronunciamiento con base en lo pretendido, lo probado y lo excepcionado dentro del
mismo, sin que sea dable dictar sentencias por fuera (extra) o por más (ultra) de lo
pedido (petita), y en caso de omitir pronunciarse sobre solicitado como pretensión
tiene el deber de explicar de forma clara las razones de tal omisión […]».

46. En esencia, el principio en estudio exige el respeto, la armonía y la
correspondencia entre lo pedido, lo probado y lo sustentado por las partes y la
decisión judicial que se deba adopte en un momento determinado.

47. Pues bien, conforme con lo analizado, la Sala resolverá el problema jurídico
planteado en precedencia.

48. Caso concreto - interrogante único: ¿La sentencia impugnada desconoció el
principio de congruencia que debe irrigar toda providencia judicial y, de contera,
vulneró el debido proceso del demandante?

49. Previa resolución del anterior planteamiento, la Sala reseñará, con brevedad, el
descorrer del proceso ordinario en el que, a juicio de la parte recurrente, se generó
la vulneración a su debido proceso.

50. En primer lugar, se observa que, con la demanda, se solicitó la nulidad del acto
ficto negativo producido por la falta de respuesta a la petición de 5 de mayo de 2018.

51. Asimismo, y como restablecimiento del derecho, se exigió: i) reconocer que el
demandante ha realizado las mismas funciones de los soldados profesionales que
antes fungieron como voluntarios; ii) declarar que, al igual que los oficiales y
suboficiales, el actor se encuentra en el mismo supuesto fáctico que le permite
acceder a la prima de actividad; iii) condenar a la demandada a reconocer y pagar
al actor la diferencia del 20% dejada de percibir en su asignación básica mensual,
la prima de actividad y el reajuste del subsidio familiar, con la respectiva
reliquidación de sus prestaciones sociales.

52. Como fundamento jurídico de esas súplicas se invocó la causal de nulidad de
«infracción de las normas en que debería fundarse», erigida sobre cuatro
argumentos así:

52.1 Discriminación sistemática de los derechos laborales de los
soldados profesionales en Colombia, en la que reseñaron las exclusiones
y desigualdades existentes en cuanto a la pensión de sobrevivientes, la

29 Sentencia de 26 de octubre de 2017, expediente N° 25000-23-42-000-2014-01139-01(2458-15), C.P. Cesar

Palomino Cortés.

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diferencia salarial del 20% sobre la asignación básica mensual, las partidas
computables en la asignación de retiro y la prerrogativa del subsidio familiar.

52.2 Igualdad del 20% del salario, en la que propuso el juicio de igualdad
que debía realizarse frente a los soldados profesionales -tanto los vinculados
en vigencia de la Ley 131 de 1985, como los incorporados en vigencia del
Decreto Ley 1794 de 2000-. Con tales fines, invocó el principio de “a trabajo
igual, salario igual”, la vulneración del derecho al trabajo y sus principios
mínimos fundamentales, así como el desconocimiento de los pilares de la
carrera administrativa de ese personal y el enriquecimiento sin causa a favor
del Estado y en contra de los intereses del demandante.

52.3 Prima de actividad en la que, luego de reseñar el derecho a la
igualdad, adujo que el único supuesto de hecho que a lo largo del tiempo ha
posibilitado a los oficiales y suboficiales de las fuerzas militares acceder a
ese emolumento, es estar en servicio activo y/o permanecer en el servicio de
sus funciones, patrón no objetivo para justificar el trato desigual. En otras
palabras, arguyó que ni la jerarquía, las responsabilidades y funciones no
son los elementos que determinan el reconocimiento de esa prestación, por
lo que el demandante también tiene derecho a ella.

52.4 Mandato de no discriminación, invocado frente a la diferencia
salarial y la prima de actividad.

52.5 Subsidio de familia, indicó que se debe acudir a la norma más
beneficiosa para el trabajador.

53. Al dictar la sentencia de primera instancia, el Juzgado Once Administrativo Oral
del Circuito de Bogotá negó las pretensiones de la demanda así:

53.1 Frente al reajuste salarial del 20% acudió a las reglas previstas en el
artículo 1.° del Decreto Ley 1794 de 2000 para señalar que, la fecha de
vinculación del demandante solo le permite acceder a una asignación básica
mensual equivalente a un salario mínimo incrementado en un 40%.

53.2 En torno a la prima de actividad, indicó que el régimen salarial de los
soldados profesionales no la contempló, razón suficiente para negar su
disfrute. Sin embargo, resaltó que la concesión de ese emolumento a otro
grupo de militares -oficiales y suboficiales- no se erige en discriminación ni
desigualdad, pues existen patrones objetivos y razonables que justifican el
trato diferente, entre los que se destacan los requisitos de ingreso y ascenso
en la escala castrense, las funciones, condiciones y responsabilidades.

54. Se observa que, para negar esas pretensiones, el juez de primer grado no
abordó el juicio de igualdad propuesto por el actor.

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55. Inconforme con esa decisión y consciente de esa omisión, el abogado de la
parte actora la recurrió en apelación. Para ello, invocó 22 cargos frente a la negativa
de la pretensión de reajuste salarial y 8 reparos en torno a la decisión adoptada
frente a la reclamación de la prima de actividad. En la alzada, nuevamente reiteró
los juicios de igualdad señalados en la demanda.

56. Al resolver la alzada, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca mantuvo la
negativa de esas súplicas y de contera, explicó los motivos por los cuales no era
posible realizar el juicio de igualdad entre los soldados voluntarios que luego fueron
enlistados como profesionales y los soldados profesionales propiamente dichos,
así:

«Al respecto, la Sala destaca que la Corte Constitucional ha sido enfática en precisar
que: “(…) El derecho a la igualdad implica la comprobación de situaciones fácticas
y de hecho idénticas o similares entre dos circunstancias que ameritan un trato igual.
(…)”, situación que no se presenta en el caso sub examine toda vez que pese
a ostentar el mismo rango de soldados profesionales, los enunciados
normativos analizados distinguen en este género de uniformados dos
categorías, esto es, los soldados voluntarios que pasaron a ser profesionales,
y los que ingresaron a ser profesionales de manera directa durante la vigencia
del Decreto 1794 de 2000, en virtud de las diferencias objetivas que estipula
dicha normativa en cuanto a su vinculación, esto es, la antigüedad de unos y
la novedad de otros.

De esta manera, dicha subdivisión de los soldados profesionales no transgrede el
artículo 13 de la Constitución, y en esa medida, no es posible realizar un juicio de
igualdad entre los soldados voluntarios que luego fueron enlistados como
profesionales y los soldados profesionales que se vincularon por vez primera, en la
medida que el tratamiento igual solo puede predicarse entre iguales, y en este caso,
las situaciones a comparar no son fáctica y normativamente similares, máxime
cuando dicha diferencia obedece a la protección de la garantía constitucional de los
derechos adquiridos contemplada en el artículo 58 de la Constitución Política, en lo
que respecta a aquellos que venían de ser soldados voluntarios, por lo que se debe
conservar el monto del salario básico que percibían en vigencia de la Ley 131 de
1985.

En este orden de ideas, considera la Sala que al no evidenciarse un “tertium
comparationis” entre el demandante en su calidad de soldado profesional vinculado
de manera directa, y los soldados profesionales que al 31 de diciembre de 2000 se
encontraban como soldados de acuerdo con la Ley 131 de 1985, no resultan de
recibo los argumentos planteados por el demandante en el recurso de apelación.»

«Así las cosas, si bien tiene razón el a quo al considerar que no se puede comparar
al demandante con los soldados que fueron voluntarios, sin haber sido convertidos
en profesionales, no tiene razón cuando advierte que el demandante no es
sujeto de comparación con los soldados que en algún momento fueron
soldados voluntarios y pasaron a ser profesionales, ingresando a la carrera
administrativa regulada por el Derecho 1793 de 2000, estableciendo este último
decreto un trato igualitario en todo, esto es, responsabilidades, obligaciones,
funciones, así como los regímenes de retiro, situaciones administrativas, educación
y salud, tanto para los soldados que siendo voluntarios pasaron a ser profesionales,
como para los soldados que ingresaron directamente como profesionales.

Asimismo, adujo que tampoco es cierto lo señalado por el a quo en cuanto a
que existe un régimen de transición dispuesto para los soldados voluntarios

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que pasaron a ser profesionales, sumado a que no hay una causal objetiva
que justifique el trato desigual que recibe el demandante. Además, la sentencia
de unificación del 25 de agosto de 2016 emitida por el Consejo de Estado, solo tiene
autoridad frente al caso resuelto y con aquellos que tiene características esenciales,
esto es, únicamente, puede ser aplicada a los soldados profesionales que hubieran
sido vinculados como soldados voluntarios. Así las cosas, a pesar que la sentencia
de unificación es causada por los hechos atenientes a los soldados voluntarios, en
la misma se hace mención a los soldados profesionales que ingresaron
directamente por dos razones: para analizar la figura de los soldados voluntarios,
teniendo como valor de referencia los soldados que ingresaron de forma directa
como profesionales, y para recalcar la justificación de la tesis del respeto por los
derechos adquiridos, la cual se basa en la fecha de vinculación, no obstante, la
fecha de vinculación a un cargo dentro de una entidad es solo un criterio
formal, que no justifica el trato de salario desigual, cuando se está analizando
la violación del derecho fundamental de la igualdad salarial.»(Énfasis de la sala)

57. En síntesis, el mencionado tribunal consideró que no se presentaban todos los
elementos para ordenar la diferencia salarial solicitada por el demandante, puesto
que, si bien es cierto que los uniformados30 ostentan el mismo rango (soldados
profesionales), la diferencia entre las dos categorías obedecía a la antigüedad de
unos y la novedad de otros, situación que no vulnera el derecho a la igualdad.

58. Lo anterior, no se encuadra en una nulidad originada en la sentencia, debido a
que se está en presencia de una interpretación motivada y razonada del operador
judicial, con base en una providencia de la Corte Constitucional y no, frente a una
vulneración de garantías constitucionales fundada en el pleno desconocimiento de
argumentos del recurso de apelación. Recuérdese que este recurso extraordinario
no fue diseñado para discutir los fundamentos jurídicos de las providencias, ni
controvertir la actividad hermenéutica del juez.

59. Ahora bien, es importante poner de presente que, aunque en el recurso de
revisión se mencione que no se estudiaron todos los cargos planteados respecto de
dicha diferencia, lo cierto es que el tribunal sí estudió de manera sintetizada los
reproches planteados en la apelación. Por ejemplo, sin necesidad de emitir un
pronunciamiento expreso sobre el contexto histórico de la diferencia existente de
los soldados profesionales, el tribunal si explicó objetivamente los motivos por los
cuales consideró que no existía tal diferencia.

60. A juicio de la sala, no es necesario estudiar punto por punto todos los reparos,
cuando de manera compendiosa, se pueden resolver varios cargos que traten sobre
un tema en específico.

61. Adicionalmente, aunque según el criterio del recurrente, la sentencia de
unificación del 25 de agosto de 2016 no era aplicable al caso en concreto, la sala
no comparte dicha conclusión, puesto que en esa providencia se establecieron las
diferencias entre los soldados profesionales que entraron por primera vez a la fuerza
pública y los que venían de ser soldados voluntarios, lo que se acompasa con la

30 Soldados voluntarios que fueron incorporados como soldados profesionales y los soldados que ingresaron

por primera vez con posterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 1794 de 2000.

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Recurrente: Pablo Juan Rodríguez Bautista

pretensión del reconocimiento salarial pretendido por el señor Pablo Juan
Rodríguez Bautista.

62. Respecto del reconocimiento de la prima de actividad, evidencia la sala que las
consideraciones del tribunal sí respondieron a los cargos del recurrente31,
tendientes a demostrar que el operador judicial incurrió en error al pensar que para
su otorgamiento se exige una preparación, experiencia y responsabilidades
diferentes. Véase:

«5.2 En cuanto a la prima de actividad, se tiene que el régimen salarial y prestacional
del demandante se encuentra regido por el Decreto 1794 de 2000, norma respecto
de la cual se advierte, no contempla la prima de actividad a favor de los soldados
profesionales.

Ahora bien, indica el demandante que el a quo incurrió en error al pensar que para
el reconocimiento y pago de la prima de actividad el ordenamiento jurídico exige una
preparación, experiencia y responsabilidades diferentes, ya que eso lo exige el
ordenamiento para el pago del salario y no de las prestaciones salariales. Desde el
punto de vista del derecho laboral, como desde el punto de vista etimológico, la
palabra prima constituye un premio o estimulo pagado en dinero, más no es una
contraprestación directa por el trabajo devengado, en la misma proporción como lo
es el salario.

Aunado a lo anterior, indicó que la prima de actividad está establecida para premiar
que los miembros de las Fuerzas Militares permanezcan en el desempeño de sus
funciones, y al no ser reconocida al soldado, se le está diciendo que no se le valora
su permanencia en el desempeño de sus funciones. Además, si se comparan
oficiales con suboficiales, a pesar de hacer funciones diferentes, se les concede el
derecho de igualdad en materia de prestaciones sociales y, en ese sentido, no se
entiende por qué para el juzgado no es posible comparar los soldados profesionales
con los demás grupos de la Fuerza Militar.

A efectos de resolver el problema jurídico planteado, se torna oportuno resaltar que
de acuerdo con la posición fijada por la Corte Constitucional42 en reiterada
jurisprudencia, la desigualdad del trato frente a una situación en concreto debe
aparecer razonable a la luz de la Carta Magna, de tal suerte que analizado el caso
se encuentren configurados los siguientes elementos: la existencia de un objetivo
perseguido a través del establecimiento de un trato desigual, la validez de ese

31 Primer cargo: los sujetos propuestos en el juicio de comparación si son pasibles de ser comparados, por tal

razón el despacho incurre en un error al afirmar lo contario.
Segundo cargo: Confunde la naturaleza jurídica de la prima de actividad, con la retribución de a trabajo igual
salario igual.
Tercer cargo: Desconoce que el demandante acredita las condiciones de hecho del supuesto hipotético de la
norma que contempla la prima de actividad para los oficiales y suboficiales.
Cuarto cargo: La entidad demandada no presentó ninguna excepción en la contestación de la demanda, ni
probó ningún criterio objetivo de justificación del derecho a la no discriminación, situación que no tuvo en cuenta
el Despacho.
Quinto cargo: el despacho asume en la sentencia El criterio de que las funciones de los oficiales y suboficiales
son diferentes a las que presta el soldado profesional, y que, por eso, es justificado el trato de exclusión de la
prima de actividad. Y soporta tal justificación, en sendas sentencias judiciales.
Sexto cargo: El Despacho desconocer el precedente Constitucional, contenido entre otras sentencias en la C-
022/96; Sentencia C-862/08, y Sentencia C-536/16, donde se afirma que: “la carga argumentativa está inclinada
en favor de la igualdad”.
Séptimo cargo: desconoce el precedente Constitucional contenido en la Sentencia T- 230/94; el precedente
contenido en la Sentencia T-079/95 que fue ratificado después en la sentencia T-335/00, así como el precedente
contenido en la Sentencia T-247 de 2010.
Octavo cargo: El Despacho, en la sentencia, desconoció la inversión de la carga de la prueba ipso iure y la
PRESUNCIÓN DE DISCRIMINACIÓN.

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Recurrente: Pablo Juan Rodríguez Bautista

objetivo a la luz de la Constitución, y la razonabilidad del trato desigual, es decir, la
relación de proporcionalidad entre ese trato y el fin perseguido.

Así las cosas, analizadas las normas invocadas por el demandante, la Sala estima
que no se evidencian los elementos señalados por la Corte como parámetros que
permiten identificar un trato diferente injustificado a la luz de la Constitución de 1991,
de manera que el trato diferente establecido por la normativa en cuestión (Decreto
1794 de 2000) no se traduce en una violación al derecho fundamental a la igualdad
que sea imposible prohijar, pues los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares
tienen distinto nivel de formación y sus funciones son sustancialmente distintas a las
de los soldados profesionales, lo cual implica que entre éstos y aquéllos no pueda
predicarse que se encuentren en igualdad de condiciones.

Lo anterior, teniendo en cuenta además que, el legislador goza de autonomía y
libertad de configuración legislativa para establecer qué componentes
constituyen factores para liquidar prestaciones y constitucionalmente nada
impide a éste expedir uno o varios ordenamientos de índole laboral, de suerte
que es posible que en dicha materia coexistan diferentes regímenes jurídicos
que regulen diversos aspectos de la relación laboral sin que por ello pueda
considerarse que por esa sola circunstancia se viole el principio de igualdad.

[…]

Asimismo, no debe perderse de vista que de conformidad con la sentencia de
unificación del 25 de abril de 2019 dentro del Radicado Nº 85001-33-33-002-2013-
00237-01(1701-16) CE-SUJ2-015-1943, las partidas computables para la
asignación de retiro de los soldados profesionales son únicamente las que el
legislador o el gobierno en uso de sus facultades constitucionales o legales disponga
de manera expresa y aquellas enlistadas expresamente en el artículo 13.2 del
Decreto 4433 de 2004, por lo que siguiendo la misma lógica, la Sala entiende que
frente a temas salariales y prestacionales de soldados profesionales, se les debe
aplicar en su integridad las disposiciones normativas contenidas en el Decreto 1794
de 2000 y/o en aquellas normas que de manera expresa consagren beneficios en
favor de éstos y, dado que por disposición legal no son beneficiarios de la
plurimencionada prima de actividad, no hay lugar a acceder a las pretensiones del
demandante.»

63. En relación con la solicitud de aplicar la excepción de inconstitucionalidad e
inconvencionalidad por el no reconocimiento del subsidio familiar, la Sala indica que
dicha figura exige acreditar una oposición directa, evidente y manifiesta entre la
norma aplicable al caso y la Constitución. En el sub lite no se configuró tal
contradicción, toda vez que, según los precedentes jurisprudenciales tanto de la
Corte Constitucional como del Consejo de Estado, las disposiciones cuestionadas
han sido reiteradamente reafirmadas en su validez.

64. Por último, en lo que respecta al presunto desconocimiento de las providencias
citadas en el recurso de apelación, la Sala precisa que la inobservancia del
precedente jurisprudencial no constituye, por sí sola, un defecto que genere la
nulidad de la sentencia. En efecto, dicha situación no corresponde a una
irregularidad de carácter procedimental que vicie la validez del proceso, sino a un
aspecto propio del análisis de fondo efectuado por el juez de primera instancia en
el marco de su independencia judicial.

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65. Así las cosas, no se puede predicar la vulneración al principio de congruencia
en ninguna de sus facetas. En tanto que, existe coherencia entre los puntos de la
demanda-recurso de apelación, (reconocimiento de la diferencia salarial del 20%, la
prima de actividad, el reajuste del subsidio familiar y la inaplicación por
inconstitucionalidad de las normas señaladas por el demandante), con lo decidido
en la sentencia del 29 de junio de 2023.

66. Si bien en otra oportunidad se acogió un criterio diferente32, tras un nuevo
análisis la sala rectificó su criterio y concluyó que no se encontraba acreditada la
causal alegada33. Tal variación no corresponde una irregularidad, sino que obedece
al ejercicio legítimo de la interpretación judicial.

67. En consecuencia, comoquiera que lo pedido en la demanda, guarda relación
con lo debatido y decidido en las instancias procesales correspondientes, se
declarará infundado el recurso extraordinario de revisión.

68. Condena en costas. El inciso final del artículo 255 de la Ley 1437 de 2011 -
modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021- establece que «[si] se declara
infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios al recurrente».

69. En este contexto, y atendiendo a que el recurso extraordinario se declaró
infundado, es procedente la imposición de condenas por este concepto, máxime
cuando la entidad demandada intervino en esta instancia procesal ejerciendo su
derecho de contestación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. Declarar INFUNDADO el Recurso Extraordinario de Revisión formulado
por el señor Pablo Juan Rodríguez Bautista en contra de la sentencia de segunda
instancia proferida el 29 de junio de 2023 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsecciones “A” y “B”, dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-35-011-
2020-00186-01.

SEGUNDO. CONDENAR en costas al señor Pablo Juan Rodríguez Bautista
conforme a lo indicado en esta providencia, las cuales se liquidarán por secretaría.

TERCERO. Para la fijación de las agencias en derecho, por secretaría INGRESAR
el expediente al despacho para lo de su competencia.

32 Sentencia del 29 de mayo de 2025, Subsección “A" identificada con radicado 11001-03-25-000-2023-00356-

00 (5087-2023).
33 Sentencia de 14 de agosto de 2025, expediente 11001-03-25-000-2023-00569-00 (7607-2023), C.P. Jorge

Iván Duque Gutiérrez.

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Radicado: 11001-03-25-000-2023-00361-00 (5175-2023)
Recurrente: Pablo Juan Rodríguez Bautista

CUARTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
consejero de Estado consejero de Estado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los Consejeros de Estado, en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley y el artículo 186 del CPACA.

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