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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-04204-01

Fecha
12 de octubre de 2023
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernández

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-04204-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 7 de septiembre de 2023, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que rechazó por improcedente el amparo solicitado por la señora Ana Milena Sánchez Muñoz, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: ENVÍESE a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-04204-01

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernández

12 de octubre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “A”
Consejero Ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D.C., doce (12) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04204-01
Accionante: ANA MILENA SÁNCHEZ MUÑOZ
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN B

Tema: Tutela contra providencia judicial / Derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia / medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho / incumplimiento del
requisito de inmediatez

Sentencia de segunda instancia

La Sala de Subsección decide la impugnación presentada por la señora
Ana Milena Sánchez Muñoz, en contra de la sentencia de 7 de
septiembre de 2023 mediante la cual la Sección Quinta del Consejo de
Estado declaró improcedente la presente acción constitucional.

I. ANTECEDENTES

La solicitud de protección de los derechos fundamentales al debido
proceso y acceso a la administración de justicia se fundamenta en los
siguientes:

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ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04204-01
Accionante: Ana Milena Sánchez Muñoz

1. HECHOS

1.1. La señora Ana Milena Sánchez Muñoz prestó sus servicios a la
E.S.E. Hospital Laura Perdomo de García, mediante órdenes de
prestación de servicios – OPS sucesivos, desde el 1.º de enero de 2011
hasta el 16 de septiembre del mismo año.

1.2. El 11 de julio de 2012, la accionante solicitó ante la entidad
mencionada el reconocimiento y pago de todas las prestaciones
laborales, toda vez que consideró tener derecho al configurarse un
contrato laboral; sin embargo, la petición fue negada mediante el acto
administrativo del 1.º de agosto de 2013.

1.3. En consecuencia, presentó medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la E.S.E. Hospital Laura
Perdomo de García con el fin de declarar la nulidad del acto
administrativo que le negó las pretensiones reclamadas y el
reconocimiento del denominado contrato realidad.

1.4. En primera instancia, el Tribunal Administrativo del Huila a través
de sentencia del 30 de octubre de 2018 accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, con fundamento en que efectivamente se
encubrió una verdadera relación laboral; no obstante, negó las súplicas
referentes al reembolso de los aportes de seguridad social, al pago de
la indemnización por despido sin justa causa y a la sanción moratoria
en el pago de las cesantías.

1.5. Inconforme con la decisión, la parte demandante interpuso recurso
de apelación, el cual fue resuelto por la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado que, por medio de la providencia del
17 de noviembre de 2022, revocó lo resuelto por el a quo y negó las
pretensiones de la demanda, al considerar que de acuerdo con el

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Accionante: Ana Milena Sánchez Muñoz

material probatorio allegado al proceso y la jurisprudencia tanto de la
Corte Constitucional como de esta corporación, las OPS se ajustaron a
lo previsto en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993.

2. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

La parte accionante indicó que la autoridad judicial accionada vulneró
los derechos fundamentales alegados al incurrir en un defecto fáctico
por no realizar una correcta valoración de las pruebas allegadas al
proceso alejándose de lo que realmente se logró comprobar en primera
instancia, porque «(…) son numerosas las circunstancias fácticas y
probatorias en el proceso de la referencia en cuanto a los elementos
que acreditan el vínculo contractual entre las partes, el despido sin
justificación legal, y las demás violaciones a derechos laborales, civiles
y fundamentales de la quien hoy ostenta la calidad de accionante en
éste amparo constitucional.»

Asimismo, señaló que la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado incurrió en una violación directa de la
Constitución al sostener que «(…) pues con el actuar del despacho
accionado se han vulnerado los derechos fundamentales de la señora
ANA MILENA SÁNCHEZ, y no se ha respetado sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, por lo cual es una infracción directa y flagrante a la Norma de
Normas.».

3. PRETENSIONES

Con fundamento en lo anterior, solicitó:

« 1. Sírvase el Honorable Magistrado proceder, por la vía de la acción de tutela, a
amparar y tutelar los derechos fundamentales que tiene mi representada ANA
MILENA SÁNCHEZ MUÑOZ, identificada con la cédula de ciudadanía No

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Accionante: Ana Milena Sánchez Muñoz

26.607.727, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, los cuales
fueron vulnerados no de manera dolosa, pero si por inobservancia y falta de pericia
en el análisis de las circunstancias fácticas y probatorias expuestas, de las reglas
procedimentales, entre otros defectos; por la actuación procesal del CONSEJO DE
ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B; lo anterior con ocasión a la
providencia proferida con fecha del 17 de noviembre de 2022 mediante la cual se
revoca en su totalidad el fallo de primera instancia proferido por la Sala Cuarta De
Decisión Del Tribunal Administrativo Del Huila, y se niegan en su totalidad las
pretensiones de la demanda en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con radicado No. 41001-23-33- 000-2016-00058-01, y que generan una
evidente vulneración a los derechos fundamentales de mi representada.

2. Como consecuencia de lo anterior, determínese por parte de este honorable
despacho, el conjunto de medidas procesales a adoptar con el fin de extinguir la
mencionada vulneración a los derechos fundamentales de los cuales es titular la
accionante, indicando incluso cuál debe ser el sentido del fallo, ordenándole en un
término no mayor de 10 días, al CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN B, en la forma que el juez de tutela disponga, proferir un nuevo auto
en el cual se estudie de manera real, las circunstancias expuestas y probadas dentro
del proceso, y se tengan en cuenta las inconsistencias de las mismas, de ser el caso,
para que la nueva decisión pueda estar motivada acorde a las circunstancias fácticas
reales, respetando así el debido proceso y acceso a la administración de justicia de
mi representada.». (Sic en toda la cita).

4. INTERVENCIONES

Mediante auto del 11 de agosto de 2023 el despacho sustanciador
admitió la acción de tutela de la referencia y ordenó notificar a la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado como
accionado y al Tribunal Administrativo del Huila y la E.S.E. Hospital
Perdomo de García como terceros interesados en las resultas del
proceso.

4.1. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, mediante el magistrado ponente de la decisión acusada,
solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela de la referencia,
dado que la providencia atacada se ajustó a la situación fáctica, jurídica,
probatoria y jurisprudencial aplicable al caso en concreto.

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Accionante: Ana Milena Sánchez Muñoz

4.2. La E.S.E. Hospital Laura Perdomo de García, manifestó que
la solicitud de amparo no cumple con el requisito general de inmediatez,
toda vez que la accionante tuvo conocimiento de la presunta
vulneración desde noviembre del 2022, por lo que han transcurrido más
de 8 meses para la fecha en la que interpuso la acción de tutela.

5. LA PROVIDENCIA IMPUGNADA

La Sección Quinta del Consejo de Estado a través de sentencia del 7 de
septiembre de 2023 rechazó por improcedente el amparo invocado por
no acreditar el requisito de inmediatez, debido a que la sentencia
censurada fue proferida el 17 de noviembre de 2022 y notificada el 12
de enero de 2023 y la tutela se radicó el 4 de agosto de 2023, es decir,
transcurridos más de seis meses entre la fecha de notificación y la
interposición de la acción constitucional.

6. IMPUGNACIÓN

Contra la decisión precitada la accionante presentó impugnación sin
agregar argumentos adicionales a los expresados en la demanda.

Recibido el expediente sin que se observe causal de nulidad que invalide
lo actuado, procede la Sala de Subsección a desatar la presente
controversia.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Corresponde a esta Sala de Subsección conocer la presente acción de
tutela, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 080 de 2019 en
cuanto señala que: «las tutelas que sean de competencia del Consejo
de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a

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Accionante: Ana Milena Sánchez Muñoz

reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo
Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o
subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya
correspondido el reparto».

2. Problema jurídico

De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el
problema jurídico se circunscribe a determinar si la Subsección B de la
Sección Segunda con la expedición de la sentencia del 17 de noviembre
de 2022, por medio de la cual revocó lo resuelto por el a quo y, en su
lugar, negó las pretensiones de la demanda, incurrió en un defecto
fáctico y una violación directa de la Constitución y, por consiguiente, en
la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y
acceso a la administración de justicia.

Previamente a lo anterior, se deberá establecer la procedencia de la
acción de tutela contra la providencia judicial cuestionada.

Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a
analizar: i) la acción de tutela contra providencias judiciales; ii) los
requisitos de procedibilidad; iii) el incumplimiento del requisito de
inmediatez y iv) el caso concreto.

3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales

En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional
vigente1 aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta

1
Corte Constitucional. Sentencia C-590-05.

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Accionante: Ana Milena Sánchez Muñoz

corporación2, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la
protección material de los derechos fundamentales, cuando éstos
resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello, en
atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del
poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los
valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y
en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de
administrar justicia, es susceptible de ser controlada a través de ese
mecanismo constitucional cuando desborda los límites que la carta le
impone.

Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y
residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de
quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio
natural de la jurisdicción se inscribe dentro de procedimientos
destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las controversias
que allí surjan, son subsanables en el contexto del proceso. De ahí que
la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de
la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano
propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de
seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces para
interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los
derechos constitucionales fundamentales.

Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la
tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su
interposición, como son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio
sea de evidente relevancia constitucional; (ii) Que en el proceso se

2
Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-03-15-000-
2009-01328-01(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García González.

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hayan agotado todos los medios de defensa, tanto ordinarios como
extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el
amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el
requisito de inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en
sustancial: cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de
la parte actora.; (v) que se identifique la situación fáctica; y (vi) que
no se trate sentencias de tutela.

En ese orden, la doctrina constitucional ha señalado las causales
especiales, indicando que la acción resulta procedente únicamente en
aquellos eventos en los cuales se vean afectados derechos
fundamentales, al verificar la ocurrencia de uno de los siguientes
eventos: (i) defecto sustantivo, orgánico o procedimental, (ii) defecto
fáctico, (iii) error inducido, (iv) decisión sin motivación, (v) violación
directa de la Constitución, y (vi) desconocimiento del precedente.

3.1. Incumplimiento del requisito de inmediatez

De conformidad con la jurisprudencia constitucional, uno de los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales es el cumplimiento del requisito de inmediatez:
se debe acreditar que la tutela contra providencia judicial se ha
interpuesto en un plazo razonable.

Al respecto, la Corte Constitucional ha precisado:

«[…] de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad

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jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de
resolución de conflictos.»

En atención a lo dicho, la Sala Plena de esta corporación, en sentencia
del 5 de agosto de 2014, acogió como regla general «un plazo de seis
meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la
sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela contra
providencias judiciales se ejerce oportunamente»3.

4. Caso concreto

De las piezas procesales que reposan en el expediente, se advierte que
la sentencia que se cuestiona en este proceso proferida el 17 de
noviembre de 2022, se notificó por correo electrónico el 9 de diciembre
del mismo año4 y quedó ejecutoriada el 16 de diciembre de 2022 y la
presente acción de tutela se radicó el 4 de agosto de 2023, es decir,
luego de transcurridos un lapso de siete (7) meses y catorce
(14) días, por lo que se tiene que en este caso no se acredita el
cumplimiento del requisito de inmediatez.

De igual modo, de los fundamentos expuestos en el escrito de tutela,
no se advierte que la parte accionante haya señalado alguna razón
válida que justifique la tardanza en la presentación de la acción o que
encaje dentro de las causales por las cuales el juez constitucional
considere procedente un estudio de fondo de los argumentos
planteados. Esto, de conformidad con lo señalado por la Corte
Constitucional:

3
Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia de 5 de agosto de 2014. Radicado: Radicado 11001-03-15-000-
2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez.
4
Visible a índice 36 del expediente digital del proceso con número de radicado 41001-23-33-000-2016-
00058- 01 en el sistema para la gestión judicial SAMAI.

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«[…] si bien no existe un término de caducidad para presentar la acción de tutela,
de su naturaleza como mecanismo para la protección inmediata de los derechos
fundamentales se puede establecer que su finalidad es la de dar una solución de
carácter urgente a las situaciones que tengan la potencialidad de generar una
vulneración o amenaza a derechos fundamentales»5.

Se reitera entonces que el juez constitucional parte de la presunción
que si se está ante una vulneración de derechos fundamentales que
requiere medidas urgentes, inaplazables e inmediatas, el titular del
derecho afectado debe procurar su protección lo antes posible;
contrario sensu, la demora excesiva e injustificada para controvertir
una decisión judicial, pone en tela de juicio la urgente necesidad de la
protección constitucional que se puede obtener vía acción de tutela y,
antes bien, revela una afectación al principio de seguridad jurídica en
caso de existir un derecho reconocido a una contraparte procesal.

En este orden de ideas, esta Sala de Subsección concluye que en el
presente caso no se acredita el requisito general de inmediatez, motivo
por el cual se confirmará lo resuelto por la Sección Quinta de esta
corporación que declaró la improcedencia de la acción constitucional,
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley,

5
Corte Constitucional. Sentencia SU-108 de 2018. Magistrada Ponente: Gloria Stella Ortiz.

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Accionante: Ana Milena Sánchez Muñoz

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 7 de septiembre de 2023,
proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado,
que rechazó por improcedente el amparo solicitado por
la señora Ana Milena Sánchez Muñoz, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVÍESE a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión
celebrada el doce (12) de octubre de dos mil veintitrés (2023).

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado

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