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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00058-01

Fecha
17 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Cesar Palomino Cortes
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00058-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. REVÓQUESE la sentencia apelada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. En consecuencia, se niegan las pretensiones de la demanda. SEGUNDO. RECONÓCESE personería adjetiva a la abogada Ingrid Katherinne Caviedes Páez, con C.C. 1.075.279.390 y T.P. 255.909 del C. S. J.,como apoderada de la demandante, señora Ana Milena Sánchez Muñoz, en los términos y para los fines del poder que reposa en la plataforma SAMAI. Asimismo, en los términos del inciso cuarto del artículo 76 del C.G. P. ACÉPTESE, la renuncia al poder presentada el referido profesional del derecho. TERCERO. en los términos del inciso cuarto del artículo 76 del C.G. P. ACÉPTESE, la renuncia al poder presentada por el apoderado de la E.S.E. Laura Perdomo de García, abogado, Helber Mauricio Sandoval con T.P. 115.703 del C.S.J. CUARTO. TÉNGASE al abogado Oscar Felipe Collazos Munar, con C.C. 9.772.591 de T. P. 167722 del C.S.J. como apoderado de la Empresa Social del Estado Hospital Laura Perdomo de García, del Municipio de Yaguará-Huila, en los términos y para los fines del poder que reposa en la plataforma SAMAI. Asimismo, RECONÓCESE, personería adjetiva a la abogada Alexandra Ramírez Mossos con C.C.26.425.005 y T.P. 236.777 del C.S.J. como nueva apoderada de la referida E.S.E, en los términos y para los fines del poder conferido y obrante en la plataforma SAMAI. QUINTO. Sin condena en costas. Por la secretaría de la sección segunda de la Corporación devuélvase el expediente al tribunal de origen y déjense las constancias de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 41001-23-33-000-2016-00058-01

Consejero ponente: Cesar Palomino Cortes

17 de noviembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION SEGUNDA-SUBSECCIÓN “B”

MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PALOMINO CORTÉS.

Bogotá D.C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintidos (2022)
Radicado : 41001-23-33-000-2016-00058-01
N° Interno : 2796-2019
Demandante : Ana Milena Sánchez Muñoz
Demandado : Empresa Social del Estado Laura Perdomo de
García del Municipio de Yaguará-Huila
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema : Contrato realidad
Instancia : Segunda-Ley 1437 de 2011

La Sala decide, el recurso de apelación interpuesto por las partes, demandante y demandada, contra la sentencia del 30 de octubre de 2018, por medio de la cual, el Tribunal Administrativo del Huila, accedió parcialmente, a las pretensiones de la demanda. ANTECEDENTES
La demanda
1.La señora Ana Milena Sánchez Muñoz, el 11 de noviembre de 2015, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, por medio de apoderado, pretendió la nulidad de los actos administrativos contenido en los oficios: i. GER-ACP-440 del 1 de agosto de 2013, ii. del 25 de marzo de 2015 [GER 107], y del 27 de abril de 2015 [GER 128], por medio de los cuales la Empresa Social del Estado Hospital Laura Perdomo de García, no le reconoció la existencia de una relación laboral. 2. Se declare que, entre la Empresa Social del Estado Empresa Social del Estado Hospital Laura Perdomo de García, y la señora Ana Milena Sánchez Muñoz, existió, «en la realidad una relación laboral», desarrollada «entre el primero (1) de enero(sic) de 2011 hasta el dieciséis (16) de septiembre de 2011, con todos los elementos que trae la normatividad laboral vigente frente a los empleados públicos, en oposición a los diferentes contratos de prestación de servicios suscritos entre las partes.»
3.A título de restablecimiento del derecho, solicitó se condene a la Empresa Social del Estado Laura Perdomo de García, que:
i. Pague y de manera indexada, a la señora Ana Milena Sánchez Muñoz, las prestaciones sociales (cesantías, prima de servicios, intereses de cesantías, subsidio de alimentos), auxilio de transporte, y «todos los emolumentos que trae la normatividad laboral vigente frente a los empleados públicos»; por el periodo comprendido del 1 de enero(sic) de 2011 y el 16 de septiembre de 2011.
ii. Reembolse aportes y cotizaciones al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales causadas durante la vigencia de la relación laboral.
iii. Pague la indemnización por despido injusto e indemnización moratoria por no pago del auxilio de cesantías.
iv. Pague la indemnización de que trata el artículo 239 del C.S.T. y la correspondiente licencia de maternidad.
v. Pague las agencias y costas en derecho. Fundamentos de hecho y de derecho. 4. La parte demandante argumentó como soporte de su solicitud, en resumen, lo siguiente:
i. Arguyó como fundamentos de hecho que la señora Ana Milena Sánchez Muñoz, prestó sus servicios laborales de forma personal, sometida a horario, y subordinación, como auxiliar de enfermería en el Hogar Geriátrico La María, a cargo de la Empresa Social del Estado Laura Perdomo de García, en virtud de contratos de prestación de servicios suscritos con la E.S.E, y el convenio administrativo 002 de 2011, suscrito entre la E.S.E y la Alcaldía de Yaguará, en el periodo del «primero (1)de junio de 2011 al treinta y uno (31) de agosto del mismo año».
ii Invocó como fundamentos de derecho y normas violadas: artículos 1º, 2º, 4º, 13, 25, 28, 48, 53, 122, 123, 124, 209, 229, 269 y 305-7 de la Constitución Política; 1º, 3º , 4º 5º, 6º, 7º, 10, 13, 15-1, 17, 22, 23, 128, 153-2 y 3, 156-b, 157, 160-2, 161 -1-2, parágrafo de la Ley 100 de 1993, 13 de Ley 244 de 1996, 1º de la Ley 50 de 1990; 2º de la Ley 1071 de 2006; 7º de la Ley 1233 de 2008; 16 y 17 de la Ley 1437 de 2011; 3º del Decreto 2127 de 1945; 1º, 5º, 6º, y 8 del Decreto 3135 de 1968; 3º y 5º del Decreto 3130 de 1968; 40, 83 del Decreto 1042 de 1978, 7º del Decreto 1950 de 1993; Ley 6 de 1945 y Decreto 116 de 1976; sentencias C-555-94; T-426-04; C-171-12; de la Corte Constitucional y arguyó que, los actos demandados incurren en infracción de normas en que debían fundarse y falsa motivación; por cuanto, en este caso los contratos de prestación de servicios «se desnaturalizaron en una relación laboral»
Contestación de la demanda. Fundamentos de oposición
5.La Empresa Social del Estado Laura Perdomo de García:

Propuso la excepción de ausencia de vicio de invalidez en los actos demandados. Igualmente, se opuso a las pretensiones de la demanda, con los siguientes argumentos:

i. Consideró que las pretensiones carecen de sustento jurídico y probatorio. La vinculación entre la E.S.E. Laura Perdomo de García y la señora Ana Milena Sánchez Muñoz, fue propia de un contrato de prestación de servicios. No existe acreditación de contratación laboral, tampoco de su extensión temporal.

ii. Aseveró que, se contrató la prestación personal de acuerdo con el objeto convenido, acorde con las necesidades previamente requeridas por la entidad contratista y que motivaron la contratación. La remuneración mensual fue cancelada a título de honorarios, consecuente con el tipo de contratación.

iii. Concluyó que los actos demandados son coherentes con las circunstancias de hecho y de derecho que sustentan el pronunciamiento institucional.

La providencia impugnada

6. El Tribunal Administrativo del Huila, mediante sentencia del 30 de octubre de 2018, declaró la nulidad de los actos administrativos demandados [oficio GER-ACP-440 del 1º de agosto de 2013 y GER-128 del 27 de abril de 2015]. Asimismo, declaró la existencia de una relación laboral entre la E.S.E. Laura Perdomo de García y la señora Ana Milena Sánchez Muñoz. En la parte resolutiva dispuso:

«PRIMERO. DECLARAR la nulidad de los oficios CER-ACP-440 del 1º de agosto de 2013 y GER- 128 del 27 de abril de abril 2015, suscrito por el Gerente de la ESE LAURA PERDOMO DE GARCÍA DE YAGUARA (H) a través de los cuales, le negó a la señora ANA MILENA SÁNCHEZ MUÑOZ la existencia de una relación laboral, y el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales.

Como consecuencia de lo anterior, declarar que entre la señora ANA MILENA SÁNCHEZ MUÑOZ y la ESE LAURA PERDOMO GARCÍA DE YAGUARÁ(H) existió una relación de naturaleza laboral durante el lapso comprendido entre el 1 de marzo de 2011 y el 16 de septiembre de 2011.

SEGUNDO. A título de restablecimiento del derecho, ordenar a la ESE LAURA PERDOMO DE GARCIA DE YAGUARA(H), reconocerle y pagarle a la señora ANA MILENA SÁNCHEZ MUÑOZ, las prestaciones sociales, incluida la licencia de maternidad(como medida sustituta al pago de cotizaciones, siempre y cuando no se hubiera reconocido con anterioridad); causadas entre el 1º de marzo de 2011 y el 16 de septiembre de 2011; las cuáles, serán liquidadas con base en los honorarios que fueron pactados en los contratos de prestación de servicios.

Las sumas resultantes, se reajustarán e indexarán aplicando la fórmula indicada en parte motiva de esta sentencia.

TERCERO. Declarar que, para efectos pensionales, se debe computar el periodo comprendido entre el 1º de marzo de 2011 y el 16 de septiembre de 2011. En consecuencia, la ESE LAURA PERDOMO DE GARCIA DE YAGUARÁ (H) le cancelará los correspondientes aportes patronales al fondo de pensiones al que se encuentra afiliada la accionante; y la entidad debe calcular el ingreso base, de acuerdo con honorarios pactados (únicamente en la cuota parte que le correspondía como empleador, si no se hubiere hecho). A su vez, la demandante debe acreditar que cotizó la cuota parte que le corresponda.

CUARTO. Denegar las demás pretensiones de la demanda.

QUINTO. Condenar en costa a la E.S.E. LAURA PERDOMO DE GARCÍA DE YAGUARÁ (H). Por Secretaría, liquídense.

SEXTO. La sentencia se debe cumplir en el término establecido en el artículo 192 del CPACA.»
SÉPTIMO. En firme…
OCTAVO. Cumplido…».

7.El Tribunal Administrativo del Huila, arribó a la conclusión de declarar la nulidad de los actos demandados, en los términos descritos en el numeral anterior, con fundamento en las siguientes razones:

i. Recordó que en el ordenamiento colombiano existen tres formas de vinculación a las entidades públicas, a saber: a) relación legal y reglamentaria b) relación contractual laboral y c) relación contractual por prestación de servicios. Que éste último [contrato de prestación de servicios], se encuentra previsto en el artículo 32-3º de la Ley 80 de 1993. Asimismo, advirtió, que los 53 de la Constitución Política artículos 7º del Decreto 1950 de 1993, 48-29 de la Ley 734 de 2002, prescriben el principio de la prevalencia de la realidad sobre las formalidades y que no se pueden celebrar contratos de esa naturaleza [prestación de servicios]para desempeñar funciones públicas que ostenten la calidad de permanentes y desconocerlo constituye falta disciplinaria.

ii. Señaló que cuando se declarara la existencia de una relación de carácter laboral, es necesario diferenciar las prestaciones asumidas directamente por el empleador; de las que prestan o reconocen de forma dineraria por el sistema de seguridad social integral.

iii. Se refirió y analizó las pruebas documentales y testimoniales y advirtió que, la señora Ana Milena Sánchez Muñoz, fungió en calidad de auxiliar de enfermería del Hogar Geriátrico La María del Municipio de Yaguará, ininterrumpidamente, en el lapso del 1º de marzo al 16 de septiembre de 2011; por medio de contratos de prestación de servicios suscritos con la E.S.E. Hospital Laura Perdomo de García, y en desarrollo de sus actividades recibía y acataba órdenes de la Coordinadora del Hogar, y «en tal virtud no es de recibo aceptar que en la ejecución de sus tareas actuara con completa independencia y autonomía. Tampoco existe duda que utilizaba los equipos e insumos que le proporcionaba el mismo hospital y que tuviera que cumplir el horario de trabajo (esto es, de 5:45am a 5:45 pm)» «no se puede colegir que…se sometiera simplemente a un régimen de coordinación».

iv. Concluyó que, en el caso concreto, se «encubrió una relación laboral, y aunque es válido prestar servicios a través de los contratos referidos, sólo se permite que sea temporalmente y no de manera indefinida (como sucedió en el sub lite); desnaturalizándose la esencia de la contratación por la Ley 80 de 1993»

La apelación

8. Las partes [demandante y demandada-E.S.E.Laura Perdomo de García]; apelaron la sentencia del 30 de octubre de 2018. Manifestaron como razones de inconformidad y fundamentos de la alzada las siguientes:

De la parte demandante:

i. Manifestó que la inconformidad frente a la sentencia de primera instancia se reduce a la negativa de acceder a todas las pretensiones de la demanda; pese a que declaró la nulidad de los actos demandados y declaró la existencia de la relación laboral, sólo condenó al reconocimiento de prestaciones sociales incluida la licencia de maternidad y cancelación de aportes pensionales al correspondiente fondo, y niega las demás pretensiones sin argumentación. Jurídica.

ii.No se condenó: a) reembolsar a la actora los aportes y cotizaciones al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales b) pagar la indemnización por despido injusto c) pagar la indemnización moratoria

De la parte demandada-Empresa Social del Estado Hospital Laura Perdomo de García

i. Solicitó se revoque la sentencia apelada y en su lugar se mantengan incólumes los oficios GER-ACP-440 de 1 de agosto de 2013 y GER-128 del 27 de abril de 2016; porque en su entender la decisión del A-quo incurrió en inconsistencias y en falta de apreciación «exacta del acervo probatorio», que sintetiza en las siguientes razones:

ii. Le faltó fundamentación adecuada; pues se limitó de forma exclusiva al marco normativo y jurisprudencial, pero no al análisis de fondo de los elementos que acrediten la presencia de la relación laboral como son: a) la prestación personal b) subordinación c) pago de una contraprestación. Tampoco analizó la excepción propuesta.

iii. El fallo apelado no indicó los motivos por los cuales consideró que en el presente caso habían resultado efectivamente probados los elementos del contrato de trabajo, ni por qué medios probatorios llegó a esa conclusión y no advirtió, las contradicciones en que incurrieron los testigos de las señoras Irma García Chambo y Maribel Ocampo Ramírez, entre estas respecto del horario de trabajo.

iv. La orden contenida en el numeral segundo de la parte resolutiva del fallo apelado y respecto al pago de incapacidad por maternidad por el periodo comprendido del «16/09/2011 y el 20/09/2011», era inviable. La fecha probable del parto e indicada en el fallo fue «20/09/2011» pero la incapacidad por maternidad otorgada por la EPS Humana Vivir, por 2 semanas, fue a partir del 16 de septiembre de 2011 y la fecha «probable del parto consignada en la incapacidad obrante…, corresponde al día 29/09/2011.». El documento contentivo de incapacidad por maternidad no fue anunciado en acápite de pruebas de la demanda.

v. Concluyó que el fallo apelado no tuvo en cuenta lo dispuesto en el «literal c del artículo 194 de la Ley 100 de 1993», y no hizo una apreciación exacta del acervo probatorio.

Posición jurídica de las partes en segunda instancia

9.De la parte demandante-apelante: guardó silencio y de ese hecho se dejó constancia secretarial en el folio 300 del expediente.

10.De la parte demandada. Empresa Social del Estado-Laura Perdomo de García -Apelante: Solicitó se revoque el fallo de primera instancia y en su lugar se denieguen las súplicas de la demanda. Reiteró los argumentos contentivos del escrito de apelación.

Intervención del Ministerio Público

11. El representante del Ministerio Público ante el Consejo de Estado, no emitió concepto y así se dejó constancia secretarial en el expediente.

Trámite procesal

12. En primera instancia, el Tribunal Administrativo del Huila, mediante auto del 4 de abril de 2016, admitió la demanda contra la Empresa Social del Estado Laura Perdomo de García del Municipio de Yaguará. El 30 de mayo de 2017, realizó la audiencia de que trata el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, agotó las fases de los numerales 5º al 10 ibídem, como consecuencia: i. Difirió con el fondo del asunto la excepción propuesta y continuó la actuación. ii. Excluyó del litigio el oficio del 25 de marzo de 2015, por considerarlo de trámite. iii. Fijó el litigio en los siguientes términos: «¿Se contrae a establecer la legalidad de los oficios GER-ACP-440 DEL 1º DE AGOSTO DE 2013 y GER-128 del 27 de abril de 2015, suscritos por el Gerente de la ESE Hospital Laura Perdomo de García de Yaguará. En consecuencia, precisar si durante el lapso comprendido entre el 1º de febrero de 2011(sic) y el 16 de septiembre de 2011 existió una relación de trabajo entre la demandante y la demandada, al prestar sus servicios de auxiliar de enfermería en el Hogar Geriátrico “La María”, con quien dicho centro asistencial ejecutaba el Convenio Interadministrativo No. 02 de 2011, suscrito con el municipio de Yaguará (H) en condiciones de vulnerabilidad, con el fin garantizar sus derechos de salud, alimentación, educación, y recreación.

En particular precisar, si la accionante está asistida del derecho a percibir las acreencias salariales y prestacionales por ella reclamados (auxilio de transporte, cesantías, prima de servicio, intereses sobre las cesantías, subsidio de alimentación y prima de alimentación y prima de navidad, aportes a la seguridad social, indemnización por despido injusto, indemnización moratoria por no consignar oportunamente las cesantías y licencia de maternidad» iii. Decretó práctica de pruebas documentales, [entre estas, oficiar a la E.S.E, para que allegara «todos los documentos que se encuentren en su poder relacionados con la vinculación de la señora ANA MILENA SÁNCHEZ MUÑOZ»], testimoniales e interrogatorio de parte.

13.El 21 de julio de 2017, efectúo la audiencia de que trata el artículo 181 de la Ley 1437 de 2011, incorporó prueba documental, practicó pruebas testimoniales e interrogatorio de parte, aceptó desistimiento de pruebas testimoniales. Corrió traslado a las partes para presentar por escrito alegatos de conclusión y al Ministerio Público para emitir concepto. Mediante fallo del 30 de octubre 2018, decidió el fondo del asunto. El 29 de enero de 2019, realizó la audiencia de conciliación de que trata el artículo 192-4 de la Ley 1437 y concedió el recurso de apelación.

14.En segunda instancia, el Consejo de Estado, por auto del 4 de julio de 2019, admitió el recurso de apelación y por auto del 22 de noviembre 2019, corrió traslado a las partes. Asimismo, puso el expediente a disposición del Ministerio Público para conceptuar.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia

15.De conformidad con el artículo 150 de la Ley 1437 de 2011, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos; razón por la cual la Sala ocupa su atención en el recurso de apelación interpuesto por las partes contra la sentencia del 30 de octubre de 2018, dictada por el Tribunal Administrativo del Huila.

Presentación del caso y problema jurídico

16. Los documentos obrantes en el proceso, dan cuenta el Municipio de Yaguará, y en aras de la ejecución del plan de desarrollo 2008-2011, suscribió contrato interadministrativo con la Empresa Social del Estado Laura Perdomo de García del Municipio de Yaguará-Huila, por el periodo del 1 de febrero a 31 de diciembre de 2011, con el objeto de garantizar atención complementaria en salud a los adultos mayores institucionalizados del Hogar Geriátrico La María del citado municipio. A su vez y para su cumplimiento, la E.S.E, suscribió contratos de prestación de servicios con la señora Ana Milena Sánchez Muñoz, quien prestó servicios de auxiliar de enfermería en el citado hogar, por 6 meses y 15 días. El último contrato [0S 389 de 01-09-11], fue suspendido a partir del 16 de septiembre de 2011, por incapacidad por maternidad, no obra constancia de reanudación.

17. La señora Ana Milena Sánchez Muñoz, el 11 de julio 2012; solicitó a la Empresa Social del Estado Laura Perdomo de García, el reconocimiento de la relación laboral, pago de prestaciones sociales y demás emolumentos, por el periodo del «primero (1) de enero hasta el quince(15) de septiembre de 2011» laborado por medio de contratos de prestación de servicios. La Empresa Social del Estado Laura Perdomo de García, mediante oficios GER-ACP-440 del 1 de agosto de 2013, y GER-128 del 27 de abril de 2015, negó la solicitud.
18. La señora Ana Milena Sánchez Muñoz, por medio de apoderado, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos administrativos contenidos GER-ACP-440 del 1 de agosto de 2013, y GER-128 del 27 de abril de 2015, expedidos por la E.S.E. Laura Perdomo de García y adujo, en síntesis, que los actos demandados incurren en infracción de normas en que debían fundarse y falsa motivación; por cuanto, los contratos de prestación de servicios «se desnaturalizaron en una relación laboral». La contraparte, alegó ausencia de vicio de invalidez en los actos demandados.
19. El Tribunal Administrativo de Huila, mediante sentencia del 30 de octubre de 2018, accedió parcialmente a las súplicas de la demanda. En criterio del A-quo, en este caso, se «encubrió una relación laboral»; «desnaturalizándose la esencia de la contratación por la Ley 80 de 1993»
20. Las partes [demandante y demandada-E.S.E] apelaron la sentencia. La demandante porque consideró que la sentencia apelada, declaró la existencia de la relación laboral, entre la demandada y la señora Ana Milena Sánchez Muñoz, pero no ordenó el reconocimiento de todas las prestaciones pretendidas en la demanda. La demandada E.S.E. Salud Pereira, adujo que el fallo apelado incurrió en inconsistencias y falta de apreciación «exacta del acervo probatorio»

21. De manera que, los problemas jurídicos por resolver se contraen a establecer:
¿sí la decisión contenida en la sentencia apelada, apreció erradamente el acervo probatorio, e incurrió en incoherencias y en consecuencia debe revocarse o modificarse? ¿o sí, por el contrario, el acervo probatorio, se apreció de acuerdo a las reglas de la sana crítica y, existe mérito suficiente o no para declarar la existencia de la relación laboral? En caso afirmativo, ¿En qué términos se debe proveer el restablecimiento del derecho?

22. Para efectos de resolver los anteriores planteamientos, la Sala abordará de manera sucinta, los siguientes tópicos: i. Consideración previa. ii. Empresas Sociales del Estado: Breve connotaciones. iii. Planes complementarios de salud; síntesis. iv. Naturaleza jurídica, objeto social de la Empresa Social del Estado Laura Perdomo de García v. Del empleo de Auxiliar de enfermería. vi. Contrato de trabajo-Características. vii. Contrato de prestación de servicios y principio de prevalencia de la realidad sobre las formalidades. viii Caso concreto. Hechos probados. ix. conclusiones. x Decisión.

23. La Sala anticipa que el ordenamiento jurídico colombiano, consagra el principio constitucional de la primacía de la realidad sobre las formalidades, al socaire del cual implica la garantía de los derechos de los trabajadores más allá de las condiciones que formalmente se hayan pactado. También las reglas legales y jurisprudenciales, que le permiten a la administración pública, acudir al contrato de prestación de servicios para adelantar labores ocasionales, extraordinarias, accidentales o temporales y por el término estrictamente necesario. En el sub examine se revocará la sentencia apelada, por las razones que se esbozarán en los apartados siguientes.

Solución a los problemas jurídicos

Consideración previa

24.Cómo preámbulo, y en consideración a que la Empresa Social del Estado Laura Perdomo de García, allegó con las pruebas decretadas por el Tribunal Administrativo del Huila; copia de la «incapacidad por maternidad dos semanas previas a la fecha probable del parto» expedida el 12 de septiembre de 2011, por la EPS Humana Vivir, a nombre de la señora Ana Milena Sánchez Muñoz; la Sala trae a colación las reglas jurisprudenciales sentadas por la Corte Constitucional, en la sentencia de SU075 del 24 de julio de 2018, sobre protección de fuero de maternidad.

«…Luego, la Ley 1468 de 2011 reformó las normas del CST en relación con el despido de la mujer embarazada, al añadir el derecho a disfrutar del pago de las 14 semanas de descanso remunerado si la mujer no ha disfrutado su licencia de maternidad, con ciertas extensiones en casos de hijos prematuros o partos múltiples HYPERLINK "https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/SU075-18.htm" \l "_ftn152" \o "" [152] y, además, se introdujeron modificaciones en la sanción, de acuerdo con el tipo de contrato.

Recientemente, la Ley 1822 de 2017 extendió la licencia de maternidad a 18 semanas y puntualizó que el despido de la mujer gestante o lactante debe contar con autorización del Ministerio del Trabajo. Igualmente, precisó algunas nociones en relación con el derecho a disfrutar del pago de la licencia de maternidad, pero mantuvo en esencia la regulación prevista anteriormente HYPERLINK "https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/SU075-18.htm" \l "_ftn153" \o "" [153].
….
2.2. El contenido de la protección del fuero de maternidad y las reglas generales aplicables a dicha garantía.
…
2.3.3. Reglas en función de la modalidad del vínculo laboral.
…
2.3.3.2. Contrato de trabajo a término fijo
34. De acuerdo con la Sentencia SU-070 de 2013, pueden configurarse los siguientes escenarios:
(i)  Si el empleador conoce, en desarrollo de esta alternativa laboral, el estado de gestación de la trabajadora pueden tener lugar dos supuestos:

a.     Que la desvinculación tenga lugar antes del vencimiento del contrato sin la previa calificación de una justa causa por el inspector del trabajo: En este caso se debe aplicar la protección derivada del fuero de maternidad y lactancia, consistente en la ineficacia del despido y el consecuente reintegro, junto con el pago de las erogaciones dejadas de percibir. Se trata de la protección establecida legalmente en el artículo 239 del CST y obedece al supuesto de protección contra la discriminación.

b.    Que la desvinculación ocurra una vez vencido el contrato, alegando como una justa causa el vencimiento del plazo pactado: En este caso el empleador debe acudir antes del vencimiento del plazo pactado ante el inspector del trabajo para que determine si subsisten las causas objetivas que dieron origen a la relación laboral HYPERLINK "https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/SU075-18.htm" \l "_ftn181" \o "" [181].

(ii)  Cuando el empleador no conoce, en desarrollo de esta alternativa laboral, el estado de gestación de la trabajadora, pueden presentarse tres escenarios:

a.    Que la desvinculación tenga lugar antes del vencimiento del contrato, sin que se alegue justa causa: En este caso sólo se debe ordenar el reconocimiento de las cotizaciones durante el periodo de gestación. La renovación del contrato sólo será procedente si se demuestra que las causas del contrato laboral a término fijo no desaparecen, valoración que puede efectuarse en sede de tutela. Adicionalmente, el juez de tutela puede disponer el pago de las indemnizaciones por despido sin justa causa.

b.    Que la desvinculación ocurra antes del vencimiento del contrato pero que se alegue justa causa distinta al cumplimiento del plazo pactado: En este caso sólo se debe ordenar el reconocimiento de las cotizaciones durante el periodo de gestación; y la discusión sobre la configuración de la justa causa se debe ventilar ante el juez ordinario laboral.

c.  Que la desvinculación se produzca una vez vencido el contrato y que dicha circunstancia se invoque como una justa causa: En este caso la protección consistiría, como mínimo, en el reconocimiento de las cotizaciones durante el periodo de gestación y la renovación del contrato sólo sería procedente si se demuestra que las causas del contrato laboral a término fijo no desaparecieron, valoración que puede efectuarse en sede de tutela. Tampoco procede en este supuesto el pago de los salarios dejados de percibir, porque se entiende que el contrato inicialmente pactado ya había terminado.
….
2.3.4.3. Contrato de prestación de servicios que encubre una relación             laboral (contrato realidad).

38. En relación con el contrato de prestación de servicios, de conformidad con la Sentencia SU-070 de 2013 el juez debe analizar las circunstancias que rodean el caso para determinar si bajo dicha figura contractual se encubre la existencia de una auténtica relación laboral. Para tal efecto, el juez constitucional se encuentra facultado para verificar la estructuración material de los elementos fundamentales de la relación de trabajo.

Por consiguiente, en el supuesto en que la trabajadora gestante o lactante haya estado vinculada mediante un contrato de prestación de servicios y logre demostrar la existencia de un contrato realidad, se deberán aplicar las reglas propuestas para los contratos a término fijo, toda vez que, “dentro las características del contrato de prestación de servicios, según lo ha entendido esta Corporación, se encuentran que se trata de un contrato temporal, cuya duración es por un tiempo limitado, que es además el indispensable para ejecutar el objeto contractual convenido” HYPERLINK "https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/SU075-18.htm" \l "_ftn182" \o "" [182].
…»

25.Así de conformidad con las reglas sentadas por la jurisprudencia transcrita, la protección reforzada, de la trabajadora gestante o lactante, vinculada mediante contrato de prestación de servicios, está atada a que se logre demostrar la existencia de un contrato realidad. Aspecto que se revisará en los apartados siguientes.

Empresas Sociales del Estado: breves connotaciones

26.Como preámbulo se recuerda que el artículo 49 de la Constitución Política prevé que la atención a la salud es un servicio público a cargo del Estado, corresponde a éste [Estado]: organizar, dirigir y reglamentar este servicio [la salud]. También establecer las políticas para la prestación de servicio de salud por entidades privadas, y ejercer su control y vigilancia. Los servicios de salud de organizarán en forma descentralizada por niveles de atención.

27.Ahora bien, al tenor de los artículos 194, 195 de la Ley 100 de 1993, el Decreto 1876 de 1994, 2.5.3.8.4.1.1. y 2.5.3.8.4.1.2 Decreto 780 de 2016, el artículo 38-2 literal d., de la Ley 489 de 1998; los servicios de salud que son prestados en forma directa por la Nación o por las entidades territoriales, se hace a través de las Empresas Sociales del Estado, que constituyen una categoría especial de entidad pública descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, creadas por la Ley o por las asambleas o concejos municipales, según el caso, sometidas al régimen jurídico previsto en la ley; son parte integrante del Sistema de Seguridad Social en Salud, y de la estructura y organización de la administración pública.

28. A la luz del artículo 2º del Decreto 1876 de 1994 y 2.5.3.8.4.1, del Decreto 780 de 2016, las Empresas Sociales del Estado tienen por objeto, la prestación de servicios de salud, entendido como un servicio público a cargo del Estado. Asimismo, la legislación prevé:

i. Las entidades que presten servicios de salud, se clasifican atendiendo el grado de complejidad del servicio, en primer, segundo y tercer nivel. [Decreto 1760 de 1990, 2.5.3.3.2 Decreto 780 de 2016]

ii. Las Empresas Sociales del Estado, en su organización comprenden tres áreas, a saber: a) Dirección b) Atención al usuario. c) De logística[artículos 5 del Decreto 1876 de 1994; 2.5.3.8.4.2.1 Decreto 780 de 2016]

iii. «Todas» las instituciones que ofrezcan servicios de salud están obligadas a prestar atención inicial de urgencia independientemente de la capacidad socioeconómica de los solicitantes de este servicio. [artículos 2 del Decreto 412 de 1992, y 2.5.3.2.2 del Decreto 780 de 2016]

iv. Las personas que se vinculan como servidores, a una Empresa Social del Estado tendrán el carácter de empleados públicos o trabajadores oficiales. [artículos 17 Decreto 1876 de 1994, 674 Decreto-Ley 1298 de 1994, 2.5.3.8.4.3.3. Decreto 780 de 2016]

v. El Decreto-Ley 785 de 2005, por medio del cual establece el sistema de nomenclatura y clasificación y de funciones y requisitos generales de los empleos de las entidades territoriales que se regulan por las disposiciones de la Ley 909 de 2004, entre los empleos estipula:

Nivel Directivo
Director de Hospital
Gerente empresa social del Estado
Nivel profesional
-Médico General
-Médico Especialista
-Odontólogo
-Odontólogo especialista
-Profesional especializado área de salud
-profesional universitario área de salud
-enfermero especializado
-enfermero
-profesional especializado
-profesional universitario
Nivel técnico
-Técnico Administrativo
-Técnico Área Salud
-Técnico Operativo
Nivel asistencial
-Auxiliar Administrativo
-Auxiliar Área Salud

El numeral 4.5. del artículo 4ºibídem estipula que el nivel asistencial comprende los empleos «cuyas funciones implican el ejercicio de actividades de apoyo y complementarias de las tareas propias de los niveles superiores o de labores que se caracterizan por el predominio de actividades manuales o tareas de simple ejecución.»

Planes complementarios de salud

29. De conformidad con los artículos 157, 162, 169 y 203 de la Ley 100 de 1993, 37 de la Ley 1438 de 2011, 2.2.4.2. y 2.2.4.3. del Decreto Único del Sector Salud 780 de 2016; el sistema de seguridad social en salud prevé: a) el plan obligatorio de salud incluido en el régimen contributivo y el régimen subsidiado b)  Planes Voluntarios de Salud.

30.En efecto, el artículo 37 de la Ley 1438 de 2011, por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social, estipula:

«Planes Voluntarios de Salud

Artículo 37. Planes Voluntarios de Salud. Sustitúyase el artículo 169 de la Ley 100 de 1993, con el siguiente texto:
Artículo 169. Planes Voluntarios de Salud. Los Planes Voluntarios de Salud podrán incluir coberturas asistenciales relacionadas con los servicios de salud, serán contratados voluntariamente y financiados en su totalidad por el afiliado o las empresas que lo establezcan con recursos distintos a las cotizaciones obligatorias o el subsidio a la cotización.
La adquisición y permanencia de un Plan Voluntario de Salud implica la afiliación previa y la continuidad mediante el pago de la cotización al régimen contributivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Tales Planes podrán ser:
169.1 Planes de atención complementaria del Plan Obligatorio de Salud emitidos por las Entidades Promotoras de Salud.
169.2 Planes de Medicina Prepagada, de atención prehospitalaria o servicios de ambulancia prepagada, emitidos por entidades de Medicina Prepagada.
169.3 Pólizas de seguros emitidos por compañías de seguros vigiladas por la Superintendencia Financiera.
169.4 Otros planes autorizados por la Superintendencia Financiera y la Superintendencia Nacional de Salud»

31.La Corte Constitucional, en su oportunidad diferenció el plan obligatorio, de los planes voluntarios de salud, en los siguientes términos:

«El artículo 169 de la ley 100 de 1993 define los planes complementarios de salud, como aquellos que contienen prestaciones en materia de salud que no están incluidos en el seguro obligatorio de salud, que serán financiados en su totalidad por el afiliado con recursos distintos a las cotizaciones obligatorias que se aplican a los afiliados al sistema de seguridad social en salud.
…
A su turno, el artículo 17 del Decreto Reglamentario 806 de 1998, dispone que el carácter de los beneficios que conforman los planes complementarios de salud, es adicional al que tienen derecho los afiliados como servicio público esencial en salud, y su garantía no corresponde al Estado bajo los principios de solidaridad y universalidad.
…
A su turno, sobre la alternativa de la Ley 100 de 1993 a los planes obligatorios de salud, consistente en planes complementarios a aquellos, ha sostenido la Corte Constitucional que “[s]e trata de dos relaciones jurídicas distintas, una derivada de las normas imperativas propias de la seguridad social y otra proveniente de la libre voluntad del afiliado, quien, con miras a mejorar la calidad de los servicios que recibe de la EPS, resuelve incurrir en una mayor erogación, a su costa y por encima del valor de las cuotas a las que legalmente está obligado, para contratar la medicina prepagada a manera de plan de salud complementario del básico.”
…
Sobre la naturaleza de dichos planes complementarios, se afirmó en análisis de constitucionalidad de la norma legal que los estipula, que “[l]a consagración constitucional del derecho a la salud y la aplicación al sistema general de salud de los principios de solidaridad, universalidad o integralidad, no apareja la obligación del Estado de diseñar un sistema general de seguridad social que esté en capacidad, de una sola vez, de cubrir integralmente y en óptimas condiciones, todas las eventuales contingencias que puedan afectar la salud de cada uno de los habitantes del territorio. En estas condiciones, quienes están en capacidad de sufragar u ofrecer un mejor servicio - mejores condiciones hoteleras, tecnologías más avanzadas o tratamientos cosméticos que no son cubiertos por el plan obligatorio - tienen derecho a hacerlo dentro de unas condiciones de mercado particularmente reguladas por el Estado.»

31.De manera que el plan obligatorio de salud y planes voluntarios de salud, son dos relaciones jurídicas distintas, una derivada de las normas imperativas propias de la seguridad social y otra proveniente de la libre voluntad del afiliado, quien, con miras a mejorar la calidad de los servicios que recibe de la EPS, decide voluntariamente contratar y sufragar planes complementarios, no son cubiertos por el plan obligatorio.

Naturaleza jurídica y objeto de la demandada: Empresa Social del Estado Laura Perdomo de García

32.De conformidad con los contratos y órdenes de prestación de servicios, certificaciones, demás documentos obrantes en el expediente, y los antecedentes en la página web: se advierte que el Centro de Salud-Laura Perdomo de García, transformada en Empresa Social de Estado, mediante Acuerdo 016 del 6 de septiembre de 1996, es una entidad pública descentralizada del orden municipal, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y financiera cuyo objeto es la prestación del servicio de salud correspondiente al nivel I de atención; clase de prestador IPS, «régimen especial»,

33 Así las cosas, la entidad demandada, es una empresa social del estado, del orden territorial, cuyo objeto es la prestar servicios de salud en el nivel I de atención. En su estructura básica y planta de personal debe incluir el área de Atención al Usuario y el empleo auxiliar área de Salud.

Del Empleo de auxiliar de enfermería.
34.El Decreto 4904 de 2009, en el numeral 6.1, del artículo 1º, clasifica el empleo de auxiliar de enfermería en la tipología de auxiliar en el área de la salud, a saber:
«Disposiciones especiales para programas en las áreas auxiliares de la salud

6.1. Personal auxiliar en las áreas de la salud. Serán considerados como personal auxiliar en las áreas de la salud los siguientes:
6.1.1. Auxiliar Administrativo en Salud.
6.1.2. Auxiliar en Enfermería.
6.1.3. Auxiliar en Salud Oral.
6.1.4. Auxiliar en Salud Pública.
6.1.5. Auxiliar en Servicios Farmacéuticos.»
35.De conformidad con el oficio OJRE733688 del 14 de junio de 2017, de la Empresa Social del Estado Laura Perdomo de García, obrante en el expediente, para el 2011, por virtud del acuerdo 06 del 16 de marzo de 2006, de la junta directiva, en la planta de personal de la institución, unidad de urgencias y hospitalización, existían 2 cargos de auxiliar en el área de la salud, y entre las funciones les correspondía: brindar cuidado directo a los pacientes que requieran atención especial, preparar el servicio de consulta y colaborar con el médico, enfermera y odontólogo en la prestación de servicio.
36.La Corte Constitucional en la sentencia del 3 de septiembre de 2020, señaló que «Dada la naturaleza de las funciones de auxiliar de enfermería, se puede deducir que esta función no puede desempeñarse de forma autónoma, ya que quienes ejercen dicha profesión no pueden definir ni el lugar ni el horario en que prestan sus servicios»
Del contrato de trabajo
37. En el ordenamiento jurídico colombiano, existen esencialmente, tres formas para prestar servicios personales a una entidad pública. La primera de ellas se da a través de una relación legal y reglamentaria y corresponde a los denominados empleados públicos; la segunda por medio de un contrato laboral y cobija los llamados trabajadores oficiales y; finalmente, los contratistas de prestación de servicios, que ha sido considerada como una relación de carácter independiente, de naturaleza contractual. [artículos 122 y ss y 125 C.P., Decreto Ley 2400-68, Ley 909-04; Decreto 1083-15]
38.Los artículos 2º del Decreto 2127 de 1945, reglamentario de la Ley 6ª de 1945, 23 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 1º de la Ley 50 de 1990, y 2.2.30.2.2, del Decreto compilatorio 1083 de 2015, tipifican los elementos esenciales del contrato de trabajo, a saber: i. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo. ii. La dependencia del trabajador respecto del empleador, que otorga a éste la facultad de imponerle un reglamento, darle órdenes y vigilar su cumplimiento, la cual debe ser prolongada, y no instantánea ni simplemente ocasional. iii. El salario como retribución del servicio.
39.La Corte Constitucional, ha entendido la subordinación, como «el acatamiento y sometimiento a órdenes proferidas por quienes, en razón de sus calidades, tienen la competencia para impartirlas», encontrándose entre otras, (i) las relaciones derivadas de un contrato de trabajo; (ii) las relaciones entre estudiantes y directivas del plantel educativo; (iii) las relaciones de patria potestad originadas entre los hijos menores y los incapaces respecto de los padres, o (iv) las relaciones entre los residentes de un conjunto residencial y las juntas administradoras de los mismos.

40.En la sentencia C-154 de 1997, señaló que el contrato de trabajo tiene elementos diferentes al de prestación de servicios independientes, y que para que aquél se configure se requiere la existencia de la prestación personal del servicio, la continuada subordinación laboral y la remuneración como contraprestación del mismo. En cambio, en el contrato de prestación de servicios, la actividad independiente desarrollada, puede provenir de una persona jurídica con la que no existe el elemento de la subordinación laboral o dependencia consistente en la potestad de impartir órdenes en la ejecución de la labor contratada. En esa oportunidad, la Corte Constitucional concluyó:

«En síntesis, el elemento de subordinación o dependencia es el que determina la diferencia del contrato laboral frente al de prestación de servicios, ya que en el plano legal debe entenderse que quien celebra un contrato de esta naturaleza, como el previsto en la norma acusada, no puede tener frente a la administración sino la calidad de contratista independiente sin derecho a prestaciones sociales ; a contrario sensu, en caso de que se acredite la existencia de un trabajo subordinado o dependiente consistente en la actitud por parte de la administración contratante de impartir órdenes a quien presta el servicio con respecto a la ejecución de la labor contratada, así como la fijación de horario de trabajo para la prestación del servicio, se tipifica el contrato de trabajo con derecho al pago de prestaciones sociales, así se le haya dado la denominación de un contrato de prestación de servicios independiente.» [negrilla fuera del texto]

Del contrato de prestación de servicios y principio de la prevalencia de la realidad sobre las formalidades

41. La Corte Constitucional ha enseñado, que los contratos de la administración pública no constituyen por sí mismos una finalidad, sino que representan un medio para «...la adquisición de bienes y servicios tendientes a lograr los fines del Estado en forma legal, armónica y eficaz...»

42. La Ley 80 de 1993-Estatuto contentivo de reglas y principios que rigen los contratos estatales, establece:

«ARTICULO 32. DE LOS CONTRATOS ESTATALES. Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a continuación:
…
3. Contrato de prestación de servicios.

Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales o jurídicas cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.

Estos contratos no generan en ningún caso relación laboral ni prestaciones sociales. Los contratos a que se refiere este ordinal, se celebrarán por el término estrictamente indispensable.

Parágrafo 1. A los contratos de consultoría, de prestación de servicios o de asesoría de cualquier clase, deberá anexarse certificación expedida por el jefe de la entidad, acerca de la inexistencia de personal de planta para desarrollar las actividades que se pretendan contratar.»

43.Mediante sentencia C-154 de 1997, la Corte Constitucional, declaró la exequibilidad de apartes demandados del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, y sentó límites que caracterizan al contrato de prestación de servicios, a saber:

i..El contrato de prestación de servicios se celebra por el Estado en aquellos eventos en que la función de la administración no puede ser suministrada por personas vinculadas con la entidad oficial contratante o cuando requiere de conocimientos especializados. Por regla general la función pública se presta por parte del personal perteneciente a la entidad oficial correspondiente y sólo, excepcionalmente, cuando las actividades de la administración no puedan realizarse con personal de planta o requieran de conocimientos especializados, aquellas podrán ser ejercidas a través de la modalidad del contrato de prestación de servicios.

ii.La autonomía e independencia del contratista desde el punto de vista técnico y científico, constituye el elemento esencial de este contrato. [de prestación de servicios].

iii. La vigencia del contrato es temporal y, por lo tanto, su duración debe ser por tiempo limitado y el indispensable para ejecutar el objeto contractual convenido.

44. La Corte Constitucional, en la sentencia SU448-16 consideró que «el contrato de prestación de servicios surge como tal sí garantiza la autonomía e independencia del contratista y adicionalmente cuando la planta de personal no es suficiente para cumplir los fines propios de la entidad; salvo cuando se requiera de conocimientos especializados. De ahí que sin éstas características el contrato de prestación de servicios pierde su esencia y deja de ser (…)». En la sentencia T-388-20, adujo, que el contrato de prestación de servicios, no puede suscribirse para desempeñar funciones de carácter permanente de la administración, se desnaturaliza cuando no se cumple con el objetivo de que tenga un límite temporal definitivo, sino que se prolonga por varios años, contrariando así las normas que indican que el contrato se debe desarrollar por el término estrictamente necesario o, en su defecto, crearse los empleos que suplan la necesidad permanente del cargo.

45.El Consejo de Estado, ha señalado que:

i.El contrato de prestación de servicios se debe restringir a «aquellos casos en los que la entidad pública requiere adelantar labores ocasionales, extraordinarias, accidentales o que temporalmente exceden su capacidad organizativa y funcional; porque, si contrata por prestación de servicios, personas que deben desempeñar exactamente las mismas funciones que de manera permanente se asignan a los demás servidores públicos, se desdibuja dicha relación contractual»

ii. En la sentencia CE-SUJ2-005-16, adujo que el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, y que el denominado «contrato realidad» aplica cuando se constata en juicio la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la actividad misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias dependencias o instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de órdenes y condiciones de desempeño que desbordan las necesidades de coordinación respecto de verdaderos contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación propia de las relaciones laborales.

46.La Corte Constitucional, reiteradamente ha recordado que el artículo 53 de la Constitución consagra el principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, del cual surge el concepto de contrato realidad y que: «Lo que en realidad debe tenerse en cuenta es la relación efectiva que existe entre trabajador y empleado, y no lo que se encuentre consignado en un contrato, pues lo escrito, puede en ocasiones resultar contrario a la realidad. De esta manera, un contrato llamado de prestación de servicios, puede esconder una verdadera relación laboral.»

47 De los anteriores elementos se advierte que el contrato de prestación de servicios, se encuentra previsto en la legislación, cuyo propósito se limita a labores ocasionales, accidentales y que exijan conocimientos especializados e independencia y autonomía técnica y científica del contratado, por el término estrictamente indispensable, empero, se desvirtúa cuando la contratación por ese medio implica realización de labores que ostentan el carácter del permanentes o misionales de la entidad contratante, en sus instalaciones y dependencias, se prolonga en el tiempo, por tanto, en esos casos, se oculta una relación laboral y debe aplicarse el principio de la prevalencia de la realidad sobre las formalidades.

Caso concreto-Hechos probados.

48.Revisado el acervo obrante en el expediente, aportado con la demanda, la contestación y con ocasión de las decretadas en la audiencia inicial, se advierte que se encuentran probados los siguientes hechos relevantes:

49.La señora Ana Milena Sánchez Muñoz, por medio de apoderado el 11 de julio 2012; solicitó a la Empresa Social del Estado Laura Perdomo de García, el reconocimiento de la relación laboral, pago de prestaciones sociales y demás emolumentos, por el periodo comprendido del 1 de enero (sic) de 2011 al 16 de septiembre de 2011.

50.La Empresa Social del Estado Laura Perdomo de García, mediante oficios GER-ACP-440 del 1 de agosto de 2013 y GER-128 del 27 de abril de 2015, negó la solicitud con el argumento que entre la señora Ana Milena Sánchez Muñoz y la E.S.E no existió relación laboral alguna.

51.Obra copia del contrato interadministrativo 002-11, suscrito el 27 de enero de 2011, entre el Municipio de Yaguará-Huila y la Empresa Social del Estado Laura Perdomo de García, con el objeto de «Ejecutar el programa de apoyo complementario con énfasis en salud a los adultos mayores institucionalizados del municipio de Yaguará (H) en condiciones de vulnerabilidad, con el fin de garantizar sus derechos a la salud, alimentación, educación y recreación», «garantizar atención complementaria en salud, con criterios de…a los adultos mayores institucionalizados del Municipio de Yaguará en condiciones de vulnerabilidad» periodo del 1 de febrero a 31 de diciembre de 2011. Invocó como fundamento de derecho, artículos 46, 209, 311, 315-3 de la Constitución Política; 3º, 91, de la Ley 136 de 1994; 261 Ley 100 de 1993; 3 Ley 80 de 1993; 6º, 95 de la Ley 489 de 1998; 2-literal c. numeral 4, de la Ley 1150 de 2007 y como fundamento de hecho adujo que:

«…10.dentro del plan de desarrollo “Yaguará Tierra Soberana” 2008-2011, se estableció el Sector de Bienestar Social con el objetivo de minimizar el riesgo y disminuir la vulnerabilidad, mejorando las condiciones de vida de la población en riesgo social; así mismo, entre las metas de producto del sector se fijó el apoyo con programas de atención social al 95% de las personas vulnerables de la tercera edad del municipio y entre las metas de resultado, la atención de 280 adultos mayores vulnerables. También allí se incluyó. Se incluyó (sic)el programa Yaguará Solidario, y el Subprograma Atención a Población Vulnerable y en situación de desplazamiento…11.Que en el municipio se tiene identificada una población de tercera edad debido a sus condiciones de pobreza y vulnerabilidad carecen de medios necesarios para solventar sus necesidades básicas. 13. … las autoridades administrativas deben…SEGUNDO. OBLIGACIONES DE LAS PARTES. …LA E.S.E. se obliga.1…2.Garantizar atención complementaria en salud con criterios oportuna y eficiencia acorde a los adultos mayores institucionalizados del municipio de Yaguará en condiciones de vulnerabilidad.3…4. Adelantar el objeto contractual… »

52.Reposan en el expediente, certificaciones expedidas por la Coordinadora General del Hogar Geriátrico «La María» del Municipio de Yaguará-Huila, copia de «órdenes prestación de servicios», suscritas entre la E.S.E.Laura Perdomo García y la señora Ana Milena Sánchez Muñoz. Con esa prueba documental, la Sala elaborará el siguiente esquema. A saber:

I.PERIODO
Empresa Social del Estado

#
Cont
-Ordenes de prestación de servicios y certificaciones

Objeto
Periodo- comprendido –D-M-A
Tiempo
interrupción
Respecto al contrato anterior-días hábiles

0S 123 de 01-03 11
Auxiliar de enfermería en el Hogar Geriátrico La María Municipio de Yaguará
3 meses [01-03-11 a01-06-11]

1
0S 263 de 01-06-11
“
3 meses [01-06-11 a 01-09-11]
0

0S 389 de 01-09-11
“
2 meses[ 01-09-11 a 01-11-11] Efectivo 01-09-11 a 15-09-11. Suspendido «por solicitud de la contratista» a partir del 16-09-11 «hasta tanto se superen las condiciones que dan lugar a su receso»

Nota: Con ocasión de las pruebas decretas en la audiencia inicial; la E.S.E. allegó copia de la incapacidad por maternidad expedida el 15-09-11 «dos semanas previas a la fecha probable de parto» de «16-09-11 a29-09-11»

0
Total tiemp serv 195 días-[equivalente 6 meses, 15 día]

53.Ahora bien, revisadas las «órdenes de prestación de servicios» suscritos entre la E.S.E. Laura Perdomo de García y la señora Ana Milena Sánchez Muñoz, se observa que:

i.La E.S.E. invocó entre fundamentos de derecho: el literal c. numeral 4 artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, artículo 78 del Decreto 2474 de 2008, Ley 80 de 1993, Acuerdo 006 de 2011, Convenio Interadministrativo 002 de 2011. Entre los fundamentos de hecho, adujo: «Que…y para garantizar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por la E.S.E. con cargo a este convenio, se estableció la necesidad de contar con personal auxiliar de enfermería que coadyuve con la E.S.E en éste propósito.»

ii. Asimismo, en las órdenes de prestación de servicios, se estipuló, que: «[PRIMERA.OBJETO…el presente contrato tiene por objeto la prestación de servicios en forma autónoma e independiente por parte del CONTRATISTA y a favor de la E.S.E., en la realización de las actividades como como auxiliar de enfermería en el Hogar Geriátrico La María del Municipio de Guayará(H)para el cumplimiento del convenio interadministrativo No. 002 de 2011, suscrito entre el Municipio de Yaguará (H)y la Empresa Social del Estado Laura Perdomo de García (H), cuyo objeto se refiere a la ejecución del “…programa de apoyo complementario con énfasis en salud a los adultos mayores institucionalizados del Municipio de Yaguará (H) en condiciones de vulnerabilidad, con el fin de garantizar sus derechos a la salud, alimentación, educación y recreación». Entre las obligaciones de la contratista, se pactó :

«TERCERA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. …8. Administrar medicamentos según orden médica de promoción y prevención.9. Suministrar los alimentos a los adultos mayores que se encuentran en condiciones de salud desfavorables, vigilando que los acepten y los toleren. 10. …11. Incentivar a los abuelos para realizar caminatas durante 15 o 20 minutos diarios; 12. Apoyar y colaborar en actividades lúdicas y recreativas a los adultos mayores: 13. …18. Hacer acompañamiento según la disponibilidad convenida, a los abuelos que deban desplazarse fuera de la sede del Hogar Geriátrico, a recibir atención médica.19… »

54.Militan documento denominado “autoliquidación» y registro de recaudo, del 30 de marzo de 2011, expedido por la Financiera Coomeva, a nombre de la señora «Ana Milena Sánchez Muñoz»; para efectos, de EPS Salud Vida e IGM Fondo de Pensiones Obligatorias y Positiva Compañía de Seguros:

55.Obra, comprobante de egresos, expedidos por E.S.E. Laura Perdomo de García, a nombre de Ana Milena Sánchez Muñoz, por concepto de «SERVICIO COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN EL HOGAR GERIATRICO LA MARÍA DE YAGUARÁ» correspondiente a los meses de marzo de 2011 a septiembre de 2011.

56.Reposa escrito contentiva de incapacidad por maternidad, «dos semanas previas a la fecha probable del parto 29-09-11» expedido el 12 de septiembre de 2011, por la EPS Humana Vivir a nombre de Ana Milena Sánchez Muñoz, por el periodo «desde 16/09/2011 hasta 29/09/2011»

57.Obra acta de suspensión de ejecución del contrato de prestación de servicios 0S-389-2011, suscrita, el 16 de septiembre de 2011, por la E.S.E. Laura Perdomo de García y la señora Ana Milena Sánchez Muñoz. El acta indica que:

«…tuvo inicio en su plazo de ejecución, el mismo día 01 de septiembre de 2011. 6.Que ya en curso la ejecución de dicho, EL CONTRATISTA mediante oficio de la fecha, ha solicitado la suspensión de la ejecución del acuerdo, ante la imposibilidad acreditada y personal de continuar ejecutando el contrato. 7. Que analizada ésta circunstancia proveniente de un hecho ajeno al CONTRATISTA y en general a las partes, se ha considerado viable dicha iniciativa, por lo que se conviene conjuntamente suspender a partir a partir de la fecha la continuidad de la ejecución del citado contrato, hasta tanto se superen las condiciones que dan lugar a su receso. En todo caso…»

En el expediente, no obra acta de reanudación del contrato de prestación de servicios 0S-389-2011.

58.En primera instancia, el 21 de julio de 2017, se recepcionaron, los testimonios de las personas que se relacionan a continuación:

declarante
afirmación
Irma García Chambo-ama de casa-
Conoció a la señora Ana Milena Sánchez Muñoz, como la esposa del profesor de sus hijos [de la declarante] y por esa relación se enteró de la labor de Sánchez Muñoz que «veía a los abuelos», auxiliar de enfermería del Hogar Geriátrico, en el 2011, horario de 4: 45 am a 4:45 pm; «quedó embarazada, cuando regresó, le dijeron que ya no había más trabajo». «fui al geriátrico me di cuenta, el geriátrico le suministraba» los insumos, las instalaciones de la E.S.E y del Geriátrico están en lugares diferentes. Llevaban «a los abuelos» al Hospital-E.S.E- a atención médica
Maribel Ocampo Medina –Auxiliar de enfermería-compañera de trabajo de la señora Ana Milena Sánchez Muñoz en el Hogar Geriátrico
Se cumplía horario de domingo a domingo, de 5:45 am a 5:45, por turnos, había 3 auxiliares de enfermería. La jefe inmediata era la, coordinadora del hogar «Omaira Zuleta, estaba pendiente que se atendiera adecuadamente a los abuelos» para la labor «nos suministraban los insumos médicos, No los uniformes». La señora Ana Milena Sánchez, laboró de manera responsable, contratos por 3 meses. En la E.S.E.no había lugar para ancianos, el auxiliar de enfermería del geriátrico trasladaba a «los abuelos a La E.S.E» el geriátrico en aspectos médicos sólo contaba con «cuarto de enfermería»

María Cristina Polanía Fierro- enfermera jefe profesional. Trabajó de planta en la E.S.E Laura Perdomo. Jefe de las auxiliares de enfermería de la E.S.E. Encargada de la gerencia de la E.S.E en algunas oportunidades. Pensionada

Conoció a la señora Ana Milena Sánchez como hermana de un conductor de la E.S.E Laura Perdomo de García y que prestó servicios en el Hogar Geriátrico, «no tuve conocimiento como fue el vínculo», no la tuvo como subalterna. El Hogar Geriátrico es «ente territorial separado de la E.S.E.; no es prestador de salud», tenía «gerente» y personal «de cocina, aseo y auxiliar de enfermería». La función misional de la E.S.E., prestar servicios de salud primer nivel de atención en el Municipio de Yaguará-Huila. No tiene como misión permanente la atención integral del adulto mayor. La Auxiliar de enfermería llevaba al adulto mayor a la E.S.E a control.
Las auxiliares de enfermería tienen como función cuidar al paciente, supeditado siempre a la orden del médico y enfermera.

Jairo Lozano Pérez
Enfermero jefe diferentes E.S.E-gerente encargado de la E.S.E de Yaguará.
Conoció a la señora Ana Milena Sánchez, «contratada en el 2011 de acuerdo a las necesidades del servicio, la E.S.E firmó un convenio interadministrativo con la Alcaldía de Yaguará» «hizo una alianza para atender al adulto mayor del geriátrico». «el hogar geriátrico es una institución diferente al hospital. La E.S.E se comprometió a atender al adulto mayor, la Alcaldía «traslada la plata» El hogar geriátrico, ente no era entidad misional de la E.S.E, no era adscrito a la E.S.E, dependía del municipio, era el responsable del hogar. El Municipio no siempre contrataba la atención con la E.S.E. Laura Perdomo. «los abuelos 100% EPS régimen subsidiado» los costos de servicios por atención se cargaban a la E.P.S.
El Hogar Geriátrico, contaba con coordinador del hogar, era la supervisora; personal de cocina, de aseo, auxiliares de enfermería, vigilante. La auxiliar enfermería, básicamente era como cuidadora del adulto mayor, la atención dependía de la condición del paciente. Se contrataba teniendo en cuenta el tiempo de duración del contrato interadministrativo. El cuidado del adulto mayor no era función permanente de la E.S.E, no es función misional de la E.S.E. la vigilancia integral del adulto mayor. No siempre se requería profesional de auxiliar de enfermería, pero eran las idóneas.

59.En primera instancia también practicó interrogatorio a la señora Ana Milena Sánchez Muñoz. En esa oportunidad afirmó que prestó servicios como auxiliar de enfermería, el Hogar Geriátrico, por contratos con la E.S.E Laura Perdomo de García, y como jefe «Omaira». Que el Hogar dista de la E.S.E aproximadamente «10 cuadras», el hogar no cuenta con consultorio médico, sólo «el cuarto de enfermería» y la E.S.E «no hay sitio abuelos»

Conclusión.

60. Desde ya la Sala advierte que no le asiste razón al demandante apelante, contrario sensu al apelante demandado; toda vez que de los parámetros descritos en los apartados anteriores de esta providencia y su análisis integral con el acervo probatorio obrante en el expediente, y las razones que sustentan la apelación de la parte demandante y la demandada E.S.E. Laura Perdomo de García; le permiten a la Sala arribar a las siguientes conclusiones:

61. No existe mérito para declarar la existencia de una relación laboral entre la señora Ana Milena Sánchez Muñoz y la entidad demandada, en el periodo comprendido del 1 de marzo de 2011 al 16 de septiembre de 2011; habida cuenta que si bien la Empresa Social del Estado Laura Perdomo de García tiene por objeto social la prestación del servicio de salud, y las labores contratadas, en este caso, auxiliar de enfermería, corresponde al empleo que pertenece al nivel asistencial, del sistema de nomenclatura de los empleos de las entidades territoriales, e implica el ejercicio de actividades de apoyo y complementarias de las tareas propias de los niveles superiores, luego connatural es la subordinación. Adicionalmente, en el sub lite, la declarante Maribel Ocampo Medina, afirmó que «Omaira Zuleta», coordinadora del hogar era la «jefe inmediata» de las auxiliares de enfermería del Hogar Geriátrico La María, sin embargo, esos hechos per se, no acreditan la existencia del contrato realidad que desnaturalice el carácter de órdenes de prestación de servicio, de las suscritas entre la E.S.E. Laura Perdomo de García y la señora Ana Milena Sánchez Muñoz, por cuanto:

i.Las «ordenes de prestación de servicios», suscritas entre la E.S.E. Hospital Laura Perdomo de García y Ana Milena Sánchez Muñoz, abarcaron 6 meses, 15 días, lo que indica que la labor contratada no se extendió en el tiempo, sino que fue transitoria, o temporal. Adicionalmente, se dieron en el contexto de la ejecución del contrato interadministrativo 002 de 2011, suscrito entre el Municipio de Guayará y la E.S.E, por 11 meses [del 1 de febrero de 2011 a 31 de diciembre de 2011] y cuyo objeto radicó esencialmente en ejecutar programa de apoyo con énfasis en atención complementaria en salud a los adultos mayores institucionalizados del referido municipio y para el cumplimiento del plan de desarrollo «Guayará Tierra Soberana 2008-2011» vale decir, en un ámbito ocasional, y no misional, ni permanente de la E.S.E. Laura Perdomo de García.

ii. La prueba documental y los testimonios de Irma García Chambo, Maribel Ocampo Medina, María Cristina Polanía Fierro, Jairo Lozano Pérez, y la misma demandante-apelante, dan cuenta que la señora Ana Milena Sánchez Muñoz, prestó servicios de auxiliar de enfermería en el Hogar Geriátrico La María. Los declarantes Polanía Fierro y Lozano Pérez, expresamente pusieron en conocimiento que el Hogar Geriátrico, es un «ente territorial separado de la E.S.E.» «depende del municipio» «no es prestador de salud» y la E.S.E Laura Perdomo de García, no tiene la misión permanente del cuidado integral del adulto mayor.

iii.Debe recordarse, como se anotó en precedencia, al tenor del artículo 37 de la Ley 1438 de 2011, que sustituyó el artículo 169 de la Ley 100 de 1993, el plan complementario de salud es independiente del plan obligatorio y adicional de éste; es libremente contratado por el afiliado, y debe ser pagado en su totalidad por el afiliado con recursos distintos de las cotizaciones obligatorias. Adicionalmente, no siempre las EPS ofrecen planes complementarios de salud y de manera permanente.

62. Así las cosas, en sub examine las ordenes de prestación de servicios suscritas en entre la E.S.E. Laura Perdomo de García y la señora Ana Milena Sánchez Muñoz, se ajusta a las previsiones del artículo 32-3 de la Ley 80 de 1993.

63.Para acceder a las pretensiones y ordenar el reconocimiento de las prestaciones sociales incluida la licencia de maternidad, debe demostrarse la existencia de la relación laboral al tenor de los lineamientos jurisprudenciales de las Altas Cortes, entre estas, el Consejo de Estado, lo que no ocurrió en el sub examine como quedó en evidencia. Luego, la decisión del A-quo, no fue acertada.

64. Conforme a las anteriores reglas, y en atención a lo dispuesto en los numerales 1o y 8º del artículo 365 del Código General del Proceso, la Sala considera que no es dable condenar en costas a la demandante-apelante, toda vez que, pese a que el recurso de apelación que interpuso le fue resuelto desfavorablemente, sin embargo, no se demostró su causación.

III.DECISIÓN

65. Por lo expuesto en precedencia habrá que revocarse la sentencia apelada y sin condena en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. REVÓQUESE la sentencia apelada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. En consecuencia, se niegan las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO. RECONÓCESE personería adjetiva a la abogada Ingrid Katherinne Caviedes Páez, con C.C. 1.075.279.390 y T.P. 255.909 del C. S. J.,como apoderada de la demandante, señora Ana Milena Sánchez Muñoz, en los términos y para los fines del poder que reposa en la plataforma SAMAI. Asimismo, en los términos del inciso cuarto del artículo 76 del C.G. P. ACÉPTESE, la renuncia al poder presentada el referido profesional del derecho.

TERCERO. en los términos del inciso cuarto del artículo 76 del C.G. P. ACÉPTESE, la renuncia al poder presentada por el apoderado de la E.S.E. Laura Perdomo de García, abogado, Helber Mauricio Sandoval con T.P. 115.703 del C.S.J.

CUARTO. TÉNGASE al abogado Oscar Felipe Collazos Munar, con C.C. 9.772.591 de T. P. 167722 del C.S.J. como apoderado de la Empresa Social del Estado Hospital Laura Perdomo de García, del Municipio de Yaguará-Huila, en los términos y para los fines del poder que reposa en la plataforma SAMAI. Asimismo, RECONÓCESE, personería adjetiva a la abogada Alexandra Ramírez Mossos con C.C.26.425.005 y T.P. 236.777 del C.S.J. como nueva apoderada de la referida E.S.E, en los términos y para los fines del poder conferido y obrante en la plataforma SAMAI.

QUINTO. Sin condena en costas.

Por la secretaría de la sección segunda de la Corporación devuélvase el expediente al tribunal de origen y déjense las constancias de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
CÉSAR PALOMINO CORTÉS
(Firmado electrónicamente)

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ( E ) CARMELO PERDOMO CUÉTER Ausente con excusa (Firmado electrónica)

Ley 1437 de 2011-empezó a regir a partir del 2 de julio de 2012-artículo 308.
Artículo 239. Prohibición de despido
1. Ninguna trabajadora podrá ser despedida por motivo de embarazo o lactancia sin la autorización previa del Ministerio de Trabajo que avale una justa causa.
2. Se presume el despido efectuado por motivo de embarazo o lactancia, cuando este haya tenido lugar dentro del período de embarazo y/o dentro de las dieciocho (18) semanas posteriores al parto.
3. Las trabajadoras de que trata el numeral uno (1) de este artículo, que sean despedidas sin autorización de las autoridades competentes, tendrán derecho al pago adicional de una indemnización igual a sesenta (60) días de trabajo, fuera de las indemnizaciones y prestaciones a que hubiere lugar de acuerdo con su contrato de trabajo.
Esta misma indemnización se aplicará en el caso del despido de un trabajador cuya cónyuge, pareja o compañera permanente se encuentre en estado de embarazo o dentro de las dieciocho (18) semanas posteriores al parto y no tenga un empleo formal, fuera de las indemnizaciones y prestaciones a que hubiere lugar de acuerdo con el contrato de trabajo.
4. En el caso de la mujer trabajadora que por alguna razón excepcional no disfrute de la semana preparto obligatoria, y/o de algunas de las diecisiete (17) semanas de descanso, tendrá derecho al pago de las semanas que no gozó de licencia. En caso de parto múltiple tendrá el derecho al pago de dos (2) semanas adicionales y, en caso de que el hijo sea prematuro, al pago de la diferencia de tiempo entre la fecha del alumbramiento y el nacimiento a término.
5. Se prohíbe el despido de todo trabajador cuya cónyuge, pareja o compañera permanente se encuentre en estado de embarazo o dentro de las dieciocho (18) semanas posteriores al parto y no tenga un empleo formal. Esta prohibición se activará con la notificación al empleador del estado de embarazo de la cónyuge, pareja o compañera permanente, y una declaración, que se entiende presentada bajo la gravedad del juramento, de que ella carece de un empleo. La notificación podrá hacerse verbalmente o por escrito. En ambos casos el trabajador tendrá hasta un (1) mes para adjuntar la prueba que acredite el estado de embarazo de su cónyuge o compañera permanente. Para tal efecto, serán válidos los certificados médicos o los resultados de exámenes realizados en laboratorios clínicos avalados y vigilados por las autoridades competentes.

ARTICULO 194.Naturaleza. La prestación de servicios de salud en forma directa por la Nación o por las entidades territoriales, se hará a través de las Empresas Sociales del Estado, que constituyen una categoría especial de entidad pública descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, creadas por la Ley o por las asambleas o concejos, según el caso, sometidas al régimen jurídico previsto en este capítulo.

Folio 300 del expediente
Folio 30 expediente
Artículo 53 C.P.SU 448-16
Sentencia SU075-18
Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones Capítulo iii. Régimen de las Empresas Sociales del Estado
ARTICULO 194.Naturaleza. La prestación de servicios de salud en forma directa por la Nación o por las entidades territoriales, se hará a través de las Empresas Sociales del Estado, que constituyen una categoría especial de entidad pública descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, creadas por la Ley o por las asambleas o concejos, según el caso, sometidas al régimen jurídico previsto en este capítulo. ARTICULO 195.Régimen jurídico. Las Empresas Sociales de Salud se someterán al siguiente régimen jurídico: 1. El nombre deberá mencionar siempre la expresión "Empresa Social del Estado". 2. El objeto debe ser la prestación de los servicios de salud, como servicio público a cargo del Estado o como parte del servicio público de seguridad social. 3. La junta o consejo directivo estará integrada de la misma forma dispuesta en el artículo 19 de la Ley 10 de 1990. 4. El director o representante legal será designado según lo dispone el artículo 192 de la presente Ley. 5. Las personas vinculadas a la empresa tendrán el carácter de empleados públicos y trabajadores oficiales, conforme a las reglas del Capítulo IV de la Ley 10 de 1990. 6. En materia contractual se regirá por el derecho privado, pero podrá discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el estatuto General de Contratación de la administración pública. 7. El régimen presupuestal será el que se prevea, en función de su especialidad, en la Ley orgánica de presupuesto, de forma que se adopte un régimen de presupuestación con base en el sistema de reembolso contra prestación de servicios, en los términos previstos en la presente Ley. 8. Por tratarse de una entidad pública podrá recibir transferencias directas de los presupuestos de la nación o de las entidades territoriales. 9. Para efectos de tributos nacionales se someterán al régimen previsto para los establecimientos públicos. Artículo 1º.- Naturaleza jurídica. Las Empresas Sociales del Estado constituyen una categoría especial de entidad pública, descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, creadas o reorganizadas por ley o por las asambleas o concejos. Artículo 2º.- Objetivo. El objetivo de las Empresas Sociales del Estado será la prestación de servicio de salud, entendidos como un servicio público a cargo del Estado y como parte integrante del Sistema de Seguridad Social en Salud. Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social
Artículo 2.5.3.8.4.1.1Naturaleza jurídica. Las Empresas Sociales del Estado constituyen una categoría especial de entidad pública, descentralizada con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, creadas o reorganizadas por ley o por las asambleas o concejos.(Artículo 1° del Decreto 1876 de 1994)
Artículo 2.5.3.8.4.1.2Objeto. El objeto de las Empresas Sociales del Estado será la prestación de servicios de salud, entendidos como un servicio público a cargo del Estado y como parte integrante del Sistema de Seguridad Social en Salud. Estructura y organización de la Administración Pública
Artículo 38.Integración de la Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional. La Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional, está integrada por los siguientes organismos y entidades: 2.

Del Sector descentralizado por servicios:
d) Las empresas sociales del Estado y las empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios;
por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones. Artículo 2.5.3.3.4Administración entidades de primer nivel. Las entidades clasificadas como de primer nivel, podrán ser administradas por los departamentos en virtud del principio de subsidiariedad conforme a las normas
vigentes. Artículo 2.5.3.3.7Administración entidades de segundo y tercer nivel. Las entidades clasificadas como de segundo y tercer nivel podrán ser administradas por los municipios con base en el principio de complementariedad conforme a las normas vigentes. Artículo 8° Las entidades se clasificarán como de segundo nivel si cumplen como mínimo con los siguientes criterios:
a) Frecuencia de los problemas de salud que justifiquen los servicios ofrecidos por la entidad;
b) Cobertura y atención a poblaciones de uno o varios municipios o comunas que cuenten con atención hospitalaria de primer nivel;
c) Atención por personal profesional especializado, responsable de la prestación de los servicios;
d) Tecnología de mediana complejidad que requiere profesional especializado para su manejo, en la consulta externa, hospitalización, urgencias y en los servicios de diagnóstico y tratamiento de patologías de mediana severidad;
e) Amplia base poblacional que cubra uno o varios entes territoriales según sus necesidades de atención;
f) Existencia de planes de desarrollo socioeconómicos en el área, para convertirse en polo de desarrollo de regiones mayores en el país.
«CAPITULO II. DE LA ORGANIZACION DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO

Artículo 5º. Organización. Sin perjuicio de la autonomía otorgada por la Constitución Política y la ley a las Corporaciones Administrativas para crear o establecer las Empresas Sociales del Estado, estas se organizarán a partir de una estructura básica que incluya tres áreas, así:
a) Dirección. Conformada por la Junta Directiva y el Gerente y tiene a su cargo mantener la unidad de objetivos e intereses de la organización en torno a la Misión y Objetivos institucionales; identificar las necesidades esenciales y las expectativas de los usuarios, determinar los mercados a atender, definir la estrategia del servicio, asignar recursos, adoptar y adaptar normas de eficiencia y calidad controlando su aplicación en la gestión institucional, sin perjuicio de las demás funciones de dirección que exija el normal desenvolvimiento de la entidad;
b) Atención al usuario. Es el conjunto de unidades orgánico-funcionales encargadas de todo el proceso de producción y prestación de Servicios de Salud con sus respectivos procedimientos y actividades, incluyendo la atención administrativa demandada por el usuario. Comprende la definición de políticas institucionales de atención, el tipo de recursos necesarios para el efecto, las formas y características de la atención, y la dirección y prestación del servicio;
c) De logística. Comprende las Unidades Funcionales encargadas de ejecutar, en coordinación con las demás áreas, los procesos de planeación, adquisición, manejo, utilización, optimización y control de los recursos humanos, financieros, físicos y de información necesarios para alcanzar y desarrollar los objetivos de la organización y, realizar el mantenimiento de la planta física y su dotación.
Parágrafo. A partir de la estructura básica, las Empresas Sociales del Estado definirán su estructura organizacional de acuerdo con las necesidades y requerimientos de los servicios que ofrezca cada una de ellas.» [artículos 5 del Decreto 1876 de 1994; 2.5.3.8.4.2.1 Decreto 780 de 2016]

ARTICULO 162.Plan de Salud Obligatorio. El Sistema General de Seguridad Social de Salud crea las condiciones de acceso a un Plan Obligatorio de Salud para todos los habitantes del territorio nacional antes del año 2001. Este Plan permitirá la protección integral de las familias a la maternidad y enfermedad general, en las fases de promoción y fomento de la salud y la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación para todas las patologías, según la intensidad de uso y los niveles de atención y complejidad que se definan.
Para los afiliados cotizantes según las normas del régimen contributivo, el contenido del Plan Obligatorio de Salud que defina el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud será el contemplado por el Decreto-Ley 1650 de 1977 y sus reglamentaciones, incluyendo la provisión de medicamentos esenciales en su presentación genérica. Para los otros beneficiarios de la familia del cotizante el Plan Obligatorio de Salud será similar al anterior pero en su financiación concurrirán los pagos moderadores, especialmente en el primer nivel de atención, en los términos del artículo 188 de la presente Ley.
Para los afiliados según las normas del régimen subsidiado, el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud diseñará un programa para que sus beneficiarios alcancen e 1 Plan Obligatorio del Sistema Contributivo. en forma progresiva antes del año 2001. En su punto de partida, el plan incluirá servicios de salud del primer nivel por un valor equivalente al 50% de la unidad de pago por capitación del sistema contributivo. Los servicios del segundo y tercer nivel se incorporarán progresivamente al plan de acuerdo con su aporte a los años de vida saludables.
Sentencia T-433-07
Sentencia C-122-98; T-433/07

Ver Decreto 0035 de 31 de marzo de 2020 del Alcalde Municipal de Yaguará-Huila obrante en la plataforma SAMAI
HYPERLINK "https://clinicasyhospitales.com.co/ips/e-s-e-centro-de-salud-laura-perdomo-de-garcia-de-yaguara/gener" https://clinicasyhospitales.com.co/ips/e-s-e-centro-de-salud-laura-perdomo-de-garcia-de-yaguara/gener; «Plan de Desarrollo 2008-2011 Yaguar{a-Tierra Soberana»chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefin ; HYPERLINK "http://www.eselauraperdomodegarcia.gov.co/" http://www.eselauraperdomodegarcia.gov.co/;https://co.computrabajo.com/empresas/acerca-de-ese-laura-perdomo-de-garcia--A1815316A3452488
por el cual se reglamenta la organización, oferta y funcionamiento de la prestación del servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano y se dictan otras disposiciones.
Artículo 2°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias en especial los artículos 1°, 2° y 3° del Decreto 1902 de 1994 y los Decretos 3616 de 2005, 3870 de 2006 y 2888 de 2007. DIARIO OFICIAL. AÑO CXLIV. N. 47567. 18, DICIEMBRE, 2009. PÁG. 19.
Folio 148.
Sentencia T-388-20
Sentencia T-188/17
C-154 de 1997
Radicación número: 47001-23-33-000-2012-00016-01(3160-13), sentencia del 19 de enero de 2015
sentencia del 25 de agosto de 2016 radicado 23001-23-33-000-2013-00260-01 (0088-15) CE-SUJ2-005-16
Sentencia T-388/20
Folio 30 expediente
Folio 156 expediente
«1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación (…) 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».
En concordancia con el escrito del 22 de marzo de 2022, que contiene en letra script el nombre de la señora Ana Milena Sánchez Muñoz.

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N° interno: 2796-2019
Demandante: Ana Milena Sánchez Muñoz
Demandado: E.S.E. Hospital Laura Perdomo de García

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