Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-04277-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-04277-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-04277-00
Consejero ponente: Conjuez Ruth Stella Correa Palacio
1 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION TERCERA
SUBSECCIÓN B
Conjuez Ponente: RUTH STELLA CORREA PALACIO
Bogotá, D.C., Veintidos (22) de marzo de dos mil veinticuatro (2024).
Accionante: Luis Reinaldo Londoño
Accionado: Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera
Subsección A
Asunto: Acción de tutela – sentencia
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04277-00
1. Procede esta Sala de Conjueces a decidir la acción de tutela propuesta por el señor LUIS
REINALDO LONDOÑO VÁSQUEZ en contra de la sentencia de 16 de julio de 2021 proferida
por el Consejo de Estado, Sección Tercera - Subsección A.
2. Del presente asunto conoce esta Sala de Conjueces por virtud de la aceptación del
impedimento manifestado por los señores Magistrados NICOLÁS YEPES CORRALES y
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS, el cual se declaró fundado conforme se dispuso en
auto de 3 de septiembre de 2023, y dio lugar al sorteo de los suscritos como Conjueces.
ANTECEDENTES
• LA DEMANDA DE TUTELA
3. Mediante escrito presentado el 10 de agosto de 2023, el señor LUIS REINALDO LONDOÑO
VÁSQUEZ, actuando en nombre propio, formuló acción de tutela contra el Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, para lo cual afirma que
en la sentencia proferida en segunda instancia por esa Corporación el 16 de julio de 2021
dentro del proceso que el mismo accionante adelantó en ejercicio de la acción de reparación
directa en contra del Municipio de Medellín y la Corporación Autónoma Regional de Antioquia
– CORANTIOQUIA, se incurrió en violación a los derechos fundamentales de:
“… debido proceso, el derecho a la seguridad jurídica en igualdad de condiciones,
el derecho al principio de legalidad administrativa, el principio de unidad armónica
de la norma, el principio de una interpretación equilibrada y armónica en
aplicación de la ley y la jurisprudencia en este caso, siendo similar o análogo – se
rompe con el precedente judicial del mismo Consejo de Estado, no se respetó ni
se aplicó el precedente judicial para casos análogos o similares”.
4. Para fundamentar la solicitud de tutela, narra el accionante que el 4 de marzo de 2010,
presentó demanda ante el Tribunal Administrativo de Antioquia en ejercicio de la acción de
reparación directa y en contra el MUNICIPIO DE MEDELLÍN y la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE ANTIOQUIA - CORANTIOQUIA, para que tales entidades fueran
condenadas a pagarle el daño antijurídico que sufrió con ocasión de la destrucción de un
inmueble de su propiedad por una avalancha de tierra que se desprendió del Cerro del Padre
de Amaya en la Vereda del Patio del Corregimiento de San Cristóbal del Municipio de Medellín.
Movimiento de tierra que afirmó, obedeció a omisión de las entidades demandadas en sus
funciones de vigilancia, control e intervención y que destruyó tanto un inmueble de su
propiedad como otro vecino de propiedad de sus hermanos.
5. Agregó que el referido proceso de reparación directa culminó con sentencia de segunda
instancia proferida por el Consejo de Estado - Sección Tercera - Subsección A, el 16 de julio
del año 2021, en la cual le fueron negadas las pretensiones de la demanda, mientras que el
proceso que por los mismos hechos fue promovido por sus hermanos con ocasión del daño al
inmueble de propiedad de aquéllos, fue decidido en segunda instancia también por el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección C, con sentencia condenatoria de 15 junio de 20231,
en la cual, en cambio, se decidió “Declarar al municipio de Medellín patrimonialmente
responsable de los perjuicios ocasionados a la parte demandante por la destrucción del
inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria 01N5193792 de propiedad de Rodrigo
de Jesús Londoño Vásquez, Fabián Alberto Londoño Vásquez y Libia del Socorro Londoño
Vásquez”.
6. El accionante en esta tutela cuestiona que en su proceso le fueron negadas las pretensiones
de la demanda, mientras que en el proceso adelantado por sus hermanos quienes fueron
víctimas de la misma catástrofe el mismo día y en el mismo lugar (3 de noviembre de 2010,
1 Expediente con radicado No. 05001-23-31-000-2011-00608-01(50103)
2:30 pm), y sufrieron la destrucción de un inmueble de su propiedad, se les falló a favor, lo
cual, señala que, demuestra una aparente incongruencia entre ambos fallos.
7. Pretende el accionante que se tutele el derecho fundamental al debido proceso, a la
seguridad jurídica en igualdad de condiciones, al principio de legalidad administrativa, al
principio de unidad armónica de la norma y al principio de interpretación equilibrada y armónica
en aplicación de la ley y la jurisprudencia que acusa vulnerado por el Consejo de Estado –
Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Subsección A, a través de la
sentencia de 16 de junio de 2021, para cuyo efecto pide que se revoque esa providencia y se
proceda a emitir un nuevo fallo en el cual se acojan las pretensiones de la demanda y se
declare patrimonialmente responsables al Municipio de Medellín y a Corantioquia.
• TRÁMITE DE LA TUTELA
8. La acción de tutela presentada 10 de agosto de 2023, fue admitida mediante auto de 21 de
febrero de 2024, en el cual se dispuso la notificación a la Sección Tercera, Subsección A del
Consejo de Estado, así como al Municipio de Medellín y a CORANTIOQUIA. Igualmente se
exhortó a la Secretaría de la Sección Tercera del Consejo de Estado para que enviara los
expedientes correspondientes a los procesos en los cuales fueron proferidas las sentencias a
que se refiere el accionante.
9. Los accionados fueron notificados mediante correo electrónico de 23 de febrero de 2024.
Respondieron la Alcaldía de Medellín y la señora Consejera de Estado María Adriana Marín.
10. A este expediente se incorporó aquel correspondiente al proceso adelantado por el señor
Luis Reinaldo Londoño en ejercicio de la acción de reparación directa y en el cual se dictó la
sentencia objeto de esta tutela.
11. Oportunamente la Alcaldía de Medellín se opuso a la prosperidad de la acción de tutela y
para el efecto alegó su improcedencia por no cumplirse el requisito de inmediatez, en tanto se
excedió el plazo razonable para interponerla, según la jurisprudencia del Consejo de Estado.
Además acusó la existencia de temeridad en la acción de tutela, al haber sido instaurada sin
justificación, especialmente si se consideran las diferencias normativas y jurídicas entre los
predios involucrados.
12. Por su parte, la señora Magistrada María Adriana Marín, comenzó por destacar que no se
cumple el requisito de inmediatez por haber transcurrido aproximadamente dos años desde
que se profirió la sentencia objeto de la tutela. A continuación detalló el análisis realizado a
través de la sentencia con la cual se decidió la segunda instancia en el proceso de reparación
directa promovido por el señor Luis Londoño, providencia en la cual si bien se reconoció el
daño sufrido por el demandante, se concluyó que en cambio no se estableció una relación de
causalidad entre acciones u omisiones de las entidades demandadas y el deslizamiento de
tierra ocurrido. Puso de presente que las pruebas presentadas en ese proceso no fueron
suficientes para demostrar la responsabilidad de las autoridades demandadas; que la Sala
llevó a cabo un análisis exhaustivo del material probatorio obrante en el proceso y que la
decisión tomada se basó en la aplicación de las reglas de sana crítica y fue adoptada en un
proceso judicial desarrollado conforme a derecho, con respeto de las garantías procesales.
Destacó que los procesos en los cuales se adoptaron las sentencias presentaban diferencias
en cuanto a los supuestos de hecho y las pruebas valoradas. Rechazó la afirmación de que
se desconoció el precedente jurisprudencial, en la medida en que la sentencia que sirve de
referente al accionante para tal alegación, es posterior a la decisión judicial objeto de la tutela.
CONSIDERACIONES
13. Para la decisión en esta acción de tutela, parte esta Sala de Conjueces de la necesidad
de acreditar la concurrencia de 3 requisitos en orden a establecer la procedencia de tutela
contra decisiones judiciales, en conformidad con la jurisprudencia consolidada de la Corte
Constitucional, que se recoge en la sentencia C-432 de 2015:
“De acuerdo con las consideraciones precedentes, para determinar la procedencia
de la acción de tutela en contra de una sentencia judicial, es preciso que concurran
tres condiciones: (i) el cumplimiento de los requisitos formales de procedibilidad, (ii)
la existencia de alguna o algunas de las causales genéricas establecidas por la
Corporación para hacer procedente el amparo material y, (iii) la necesidad de
intervención del juez de tutela para la protección de los derechos fundamentales”.
14. Requisitos de procedibilidad que según la providencia que se viene citando y con base en
pronunciamientos anteriores, corresponden a los siguientes:
“En ese orden de ideas, en la sentencia C-590 de 2005, la Corte estableció las
siguientes condiciones genéricas de procedibilidad: (i) que el asunto sometido a
estudio del juez de tutela tenga relevancia constitucional; (ii) que el actor haya
agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir al juez
de tutela; (iii) que la petición cumpla con el requisito de inmediatez, de acuerdo con
criterios de razonabilidad y proporcionalidad; (iv) que, en caso de tratarse de una
irregularidad procesal, ésta tenga incidencia directa en la decisión que
presuntamente amenaza o desconoce derechos fundamentales; (v) que el actor
identifique, de forma razonable, los hechos que generan la violación y que la haya
alegada en el proceso judicial respectivo, si ello era posible; (vi) que el fallo
impugnado no sea de tutela”.2
15. De entrada se observa por esta Sala de Conjueces, que en este caso la tutela no supera el
escrutinio de cumplimiento de al menos dos de esos requisitos de procedibilidad, lo que impone
negar la demanda de tutela, sin que para ello sea menester abordar el estudio para establecer si
los demás se cumplen.
16. Por un primer aspecto, no se vislumbra la relevancia constitucional del asunto, en la medida
en que el amparo solicitado se refiere a un tema de contenido eminentemente económico en
tanto el accionante busca a través de la acción de tutela que se le reconozca la indemnización
por el daño antijurídico que afirma haber sufrido con la destrucción de un inmueble de su
propiedad, daño que en el juicio de reparación directa culminado con sentencia desestimatoria
de sus pretensiones, imputó a omisión de las entidades estatales demandadas.
17. Tampoco se cumple con el requisito de inmediatez, en la medida en que la acción de tutela
fue formulada el 10 de agosto de 2023 y la sentencia objeto de esta acción data del 16 de junio
de 2021. Esto es la tutela fue presentada más de dos años después de proferida la sentencia
objeto de la tutela3.
18. Sobre el alcance del requisito de relevancia constitucional, ha precisado la Corte
Constitucional que se cumple cuando la tutela gira en torno al contenido, alcance y goce de un
derecho fundamental y que en cambio no se presenta cuando la naturaleza del derecho
reclamado sea de contenido económico, tenga connotaciones estrictamente privadas y no
representen un interés general. Igualmente proscribe la utilización de este instrumento de acceso
a la justicia para discutir asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley. Así se precisó
en sentencia SU 128/21:
“4. El requisito de relevancia constitucional. Improcedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales cuando es utilizada para reabrir un debate
legal
2 Corte Constitucional, sentencia C-432/15
3 El Consejo de Estado, en su jurisprudencia ha señalado como plazo razonable para formular la acción de
tutela contra decisiones judiciales el de 6 meses desde la providencia objeto de tutela. Ver. Sentencia de 24 de
septiembre de 2015, de la Sección Primera, proferida en el proceso radicado al número 11001-03-15-000-2015-
01482-00
“4.1. Esta Corporación ha entendido la tutela contra providencias judiciales
como un “juicio de validez” y no como un “juicio de corrección” del fallo
cuestionado. Este enfoque impide que el mecanismo de amparo constitucional
sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos
de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la
controversia judicial. En el marco de cada proceso, las partes cuentan con los
recursos judiciales ordinarios y extraordinarios dispuestos por el legislador para
combatir las decisiones de los jueces que estimen arbitrarias o incompatibles con
sus derechos. Si luego de agotar dichos recursos persiste una clara arbitrariedad
judicial, solo en ese caso se encuentra habilitada la tutela contra providencias
judiciales.
“4.2. En cuanto al requisito de relevancia constitucional, en la Sentencia SU-
033 de 2018 la Sala Plena expuso que es indispensable verificar en cada caso
concreto que la acción de tutela no esté siendo utilizada como una instancia
adicional para remplazar las vías judiciales ordinarias. El contenido de la solicitud
de amparo debe buscar “resolver cuestiones que trascienden la esfera legal, el
carácter eminentemente económico de la controversia y la inconformidad con las
decisiones adoptadas por los jueces naturales”, lo que implica la existencia de “un
probado desconocimiento de los derechos fundamentales al debido proceso o al
acceso a la administración de justicia”.
“4.3. En ese mismo sentido, en la Sentencia SU-573 de 2019 esta
Corporación determinó que “la acreditación de esta exigencia, más allá de la mera
adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación con derechos
fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia de una restricción
desproporcionada a un derecho fundamental, que no es lo mismo que una simple
relación con aquel”. Así, por ejemplo, no es suficiente con que la parte actora
alegue la violación del derecho fundamental al debido proceso para entender
acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional.
“4.4. Esto, por cuanto la relevancia constitucional tiene tres finalidades, a
saber: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de
tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio
de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los
derechos fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se
convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de
los jueces”. Con fundamento en estas consideraciones, la Sentencia SU-573 de
2019 reiteró tres criterios de análisis para establecer si una tutela es de relevancia
constitucional.
“4.5. Primero, la controversia debe versar sobre un asunto constitucional y no
meramente legal y/o económico. Las discusiones de orden legal o aquellas
relativas exclusivamente a un derecho económico deben ser resueltas mediante
los mecanismos ordinarios dispuestos para su trámite, toda vez que “le está
prohibido al juez de tutela inmiscuirse en materias de carácter netamente legal o
reglamentario que han de ser definidos por las jurisdicciones correspondientes”.
Un asunto carece de relevancia constitucional cuando: (i) la discusión se limita a
la mera determinación de aspectos legales de un derecho, como, por ejemplo, la
correcta interpretación o aplicación de una norma procesal, salvo que de ésta se
desprendan claramente violaciones de derechos fundamentales; o (ii) sea
evidente su naturaleza o contenido económico, por tratarse de una controversia
estrictamente monetaria con connotaciones particulares o privadas, “que no
representen un interés general”.
“4.6. Segundo, “el caso [debe involucrar] algún debate jurídico que gire en
torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental”. La
jurisprudencia constitucional ha reiterado que la cuestión debe revestir una “clara”,
“marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional. Dado que el único objeto de
la acción tutela es la protección efectiva de los derechos fundamentales, es
necesario que el asunto que origina la presentación de la acción contra una
providencia judicial tenga trascendencia para la aplicación y el desarrollo eficaz
de la Constitución Política, así como para la determinación del contenido y
alcance de un derecho fundamental. Por tal razón, los asuntos en los que se
invoca la protección de derechos fundamentales, pero cuya solución se limita a la
interpretación y aplicación de normas de rango legal, no tienen, en principio,
relevancia constitucional.
“4.7. Tercero, la tutela no es una instancia o recurso adicional para reabrir
debates meramente legales. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela
contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios”, pues la competencia del juez de tutela se
restringe “a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de
los derechos [fundamentales] y no a problemas de carácter legal”. En ese orden
de ideas, la tutela en contra de un auto o una sentencia exige valorar si la decisión
se fundamentó en una actuación ostensiblemente arbitraria e ilegítima de la
autoridad judicial, violatoria de las garantías básicas del derecho al debido
proceso. Solo así se garantiza “la órbita de acción tanto de los jueces
constitucionales como de los de las demás jurisdicciones”.
19. En el amparo solicitado en el sub exámine, el accionante no expone cuál es la relevancia
constitucional que reviste el asunto y que se exige para la procedencia de tutela contra
decisiones judiciales; en cambio, encuentra esta Sala de Conjueces que lo pretendido se
concreta en una cuestión de carácter eminentemente económico, consistente en lograr que se
condene a las entidades demandadas en el juicio de reparación directa a pagarle
indemnización por el daño de un inmueble de su propiedad el cual imputa a tales entidades.
20. La acusación de violación al derecho fundamental al debido proceso se sustenta en la sola
circunstancia de que en otro proceso por daños causados con el mismo hecho, las
demandadas sí fueron condenadas en sentencia dictada con posterioridad a aquella que es
objeto de esta tutela, lo cual no da lugar a que se configuren la alegada violación a ese derecho
fundamental, ni al derecho a la igualdad jurídica, al principio de legalidad administrativa, a una
interpretación equilibrada y armónica en aplicación de la ley y la jurisprudencia, aspecto en
relación con el cual acusa la falta de aplicación de un precedente jurisprudencial.
21. No indica el accionante, acusación en contra del trámite en el proceso de reparación directa
o de la sentencia proferida en ese proceso. No señala cuál fue la acción u omisión en aquél
proceso que puede arrastrar un vicio por violación al debido proceso. Se limita a sustentar las
violaciones acusadas en el hecho de que en la segunda sentencia por el mismo hecho hubo
condena, mientras que en aquella proferida para decidir el proceso por él promovido, fueron
negadas sus pretensiones. Ni siquiera hace una comparación entre las decisiones proferidas
en ambos procesos que lleve a enrostrar una posible arbitrariedad en la que es objeto de la
acción que aquí se resuelve.
Si bien esta Sala de Conjueces no desconoce en modo alguno la informalidad que caracteriza
la acción de tutela y su naturaleza eminentemente tuitiva, lo cual determina que no resulten
exigibles requisitos especiales para la formulación de la correspondiente demanda y mucho
menos la existencia de técnicas formales o exigentes que deba cumplir o agotar el accionante
para obtener la protección constitucional que persigue con su solicitud de amparo, cuestiones
que imponen la Juez Constitucional el deber de ahondar oficiosamente en el estudio de la
situación que se le somete a su conocimiento para definir sobre la viabilidad, o no, de brindar
la especial protección que se le solicita, todo con miras a asegurar la garantía efectiva y real
de los derechos fundamentales consagrados en la Carta Política, no es menos cierto, de un
lado, que el accionante debe proveer, al menos, los elementos fácticos o argumentativos
mínimos indispensables para que el Juez de la Acción de Tutela pueda hacer una valoración
adecuada del caso que se le plantea y, de otro lado, que la circunstancia de excepcionalidad
en la cual la jurisprudencia constitucional ha enmarcado de tiempo atrás, de manera reiterada
y uniforme, la procedencia de dicha acción cuando se formula contra decisiones judiciales,
máxime en cuanto se trata de sentencias proferidas por las Corporaciones que constituyen los
órganos de cierre de sus respectivas Jurisdicciones Ordinaria o de lo Contencioso
Administrativo, para cuyo efecto se han establecido condiciones de procedibilidad que
necesariamente deben concurrir en cada asunto para que la referida acción pueda abrirse
paso.
Pues bien, esta Sala de Conjueces reitera que tanto los elementos mínimos que el accionante
debe proveer con su demanda acerca de la alegada violación de los derechos fundamentales
cuya protección constitucional reclama, como las condiciones genéricas requeridas para que
pueda considerarse procedente la acción de tutela contra una sentencia judicial, de ninguna
manera se encuentran presentes, por lo cual así se deja expuesto.
22. Obran en este expediente, las sentencias proferidas en segunda instancia por el Consejo
de Estado, en los procesos de reparación directa adelantados tanto por el señor Luis Reinaldo
Londoño radicado No. 05001-23-31-000-2011-00607-01 y sobre la cual recae la demanda de
tutela que ahora se examina, así como aquella proferida por la misma Corporación el 16 de
diciembre de 2022, en el proceso adelantado por el señor Rodrigo de Jesús Londoño y otros
y que es usada como parámetro de comparación para sustentar la petición de tutela.
23. La sentencia sobre la cual recae esta acción de tutela, proferida en segunda instancia el
16 de julio de 2021 por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en el
proceso radicado al No. 05001-23-31-000-2011-00607-01, adelantado el señor Luis Reinaldo
Londoño Vásquez en ejercicio de la acción de reparación directa, quien “atribuye
responsabilidad al municipio de Medellín y a Corantioquia por las omisiones en las que
incurrieron al no ejercer las funciones de vigilancia, control e intervención, necesarias para
prevenir el deslizamiento de tierra que se presentó el 3 de noviembre de 2010, en el
corregimiento de San Cristobal, de la ciudad de Medellín, el cual ocasionó daños en el bien
inmueble del accionante.”4 Reclamó a título de indemnización el daño sufrido en cuantía de
$800.000.000 correspondientes al valor de 1000 metros cuadrados de construcción, cuya
estructura quedó totalmente debilitada con el referido deslizamiento de tierra.
24. En esa oportunidad fue confirmada la sentencia de primera instancia que negó las súplicas
de la demanda, la cual fue apelada con la acusación de haber omitido la valoración de algunas
pruebas que integraban el material probatorio. En segunda instancia, el Consejo de Estado
destacó la falta de demostración dentro del proceso, de que el hecho causante del daño le
fuera atribuible a las entidades demandadas:
4 Según resumen contenido en esa sentencia
“la atribución de responsabilidad a las entidades demandadas se centró en la falta
de control, vigilancia e intervención en la construcción de dos carreteras, tres
banqueos para la edificación de viviendas y una marranera, obras señaladas de
haber producido el deslizamiento de tierra que se presentó el 3 de noviembre de
2010.
“De las obras aludidas por el actor, únicamente se demostró que, a partir de la
construcción de una vía, evidenciada en la visita del 1° de octubre de 2010, se
generó un impacto en la ladera por la remoción de tierras y la carencia de
infraestructura para la captación y manejo de aguas, lo cual contribuyó al
deslizamiento registrado el 3 de noviembre de 2010. Ninguna prueba demostró la
construcción de los banqueos y la marranera a los que hizo alusión el demandante.
“La parte actora manifestó que la vía implicada en el movimiento de tierra no
contaba con licencia y se ubicó en suelo protegido; empero, ante la falta de prueba
que permita individualizar la carretera en cuestión y conocer la fecha, ubicación y
el responsable de su construcción, no es posible constatar si, en efecto, la obra
carecía de licencia, en caso de que la requiriera, y si estaba prohibida su
construcción de acuerdo con los usos del suelo.”
25. Posteriormente, el 16 de diciembre de 2022, la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, resolvió el recurso de apelación dentro de otro proceso adelantado por el
señor Rodrigo de Jesús Londoño y otros contra el Municipio de Medellín y CORANTIOQUIA,
en la que la síntesis del caso muestra que el daño que dio lugar a ese proceso —destrucción
de una casa de campo—, fue ocasionado por los mismos hechos en que fundamentó su
demanda el señor Luis Reinaldo Londoño:
“El 3 de noviembre de 2012, en la vereda “El Patio”, corregimiento de San Cristobal,
municipio de Medellín, se presentó un deslizamiento de tierra que destruyó varias
viviendas y, entre ellas, el inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria
No. 01N-5193792, de propiedad de Rodrigo de Jesús Londoño Vásquez, Fabián
Alberto Londoño Vásquez y Libia del Socorro Londoño Vásquez. Los demandantes
alegan que el daño es imputable al municipio de Medellín y a la Corporación
Autónoma del Centro de Antioquia porque no controlaron ni vigilaron los factores
de riesgo en el sector y permitieron que se realizaran construcciones irregulares
que finalmente desencadenaron el derrumbe.”
26. En esa sentencia de segunda instancia de la Subsección C de la Sección Tercera, fue
revocada la desestimatoria de primera instancia en relación con el municipio de Medellín, ente
cuya responsabilidad patrimonial se encontró demostrada y por tal razón fue condenado a
indemnizar a los demandantes por el daño sufrido. Por otra parte, se mantuvo el fallo inhibitorio
proferido en primer instancia frente a CORANTIOQUIA por falta de agotamiento del requisito
de procedibilidad consistente en el agotamiento de la conciliación prejudicial en relación con
esa entidad.
27. El contenido de las sentencias relacionadas, junto con las pretensiones de la demanda de
tutela que aquí se examina, pone en evidencia la naturaleza meramente económica del
amparo solicitado, el cual tiene connotaciones estrictamente privadas y no representan un
interés general, comoquiera que el accionante persigue que por vía de tutela se revoque la
sentencia que le negó sus pretensiones y en cambio se proceda a condenar a las demandadas
en la acción de reparación directa a pagarle la indemnización reclamada, con lo cual se
descarta la relevancia constitucional del tema.
28. Siguiendo la sentencia SU 033 de 2018 transcrita en lo pertinente, a pesar de que el actor
afirma la vulneración de derechos fundamentales al debido proceso y de igualdad, la
fundamentación la limitó al hecho de que en otro fallo –posterior y no precedente– por la misma
situación fáctica el Consejo de Estado condenó mientras que en su caso no accedió a la
súplicas de la demanda, pero no hace acusación en contra de la sentencia desestimatoria,
esto es, no dice en qué habría consistido la violación al debido proceso en aquel trámite.
29. Por otro aspecto encuentra esta Sala de Conjueces que no demostró el accionante la
existencia de violación al precedente jurisprudencial, según lo invoca, comoquiera que lo
sucedido conforme a los hechos narrados consistió en que en el tiempo primero fue proferida
la sentencia desestimatoria en su caso y dos años después la otra sentencia condenatoria,
esto es, que no había un precedente jurisprudencial que debería haberse acatado en su caso.
30. Tiene en cuenta esta Sala de Conjueces que el juez al proferir sentencia en cada caso
particular y concreto, está en el deber de realizar un análisis crítico de las pruebas y de los
razonamientos legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar
las conclusiones, exponiéndolas con brevedad y precisión y citando los textos legales que se
apliquen5. Tal análisis, conduce a la decisión y en él el Juez está sujeto a la valoración de las
pruebas que obran en el respectivo expediente conforme a las reglas de la sana crítica, sin
que el juez constitucional de la acción de tutela le pueda imponer conclusión en un sentido
determinado, y mucho menos en cuanto a la valoración probatoria –salvo que se demuestre o
evidencie una arbitrariedad ostensible–, so pena de afectar la autonomía e independencia
judicial fundamentales a la administración de justicia.
5 CPACA, art. 187
31. No demostró el accionante que la sentencia acusada fuera ostensiblemente arbitraria,
caprichosa y/o contraria a la Constitución Política y, por tanto, violatoria del debido proceso
como pretendió presentarlo. Incluso destaca esta Sala de Conjueces el hecho de que dos de
los declarantes cuyas versiones fueron tenidas en cuenta en la sentencia condenatoria, las de
los señores Mario Augusto Flórez y Juan David Moreno Aristizábal, no formaron parte del
material probatorio en el proceso adelantado por el señor Luis Reinaldo Londoño.
Las razones expuestas llevan a esta Sala de Conjueces a negar la acción de tutela.
En mérito de lo expuesto, esta Sala de Conjueces,
RESUELVE
PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por el señor LUIS
REINALDO LONDOÑO, por las razones expuestas en la parte motiva.
SEGUNDO. NOTIFÍQUESE esta decisión a las Partes por el medio más expedito (artículo 30
del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles
que para interponer cualquier recurso y/o solicitud contra la misma, deberán dirigirlo, dentro
del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin.
TERCERO. De no ser impugnada esta providencia REMÍTASE el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLÍQUESE la presente
providencia en la página web del Consejo de Estado.
NOTIFÍQUESE
RUTH STELLA CORREA PALACIO
Conjuez ponente
MAURICIO FAJARDO GÓMEZ HERNANDO HERRERA MERCADO
Conjuez Conjuez
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