Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-31-000-2011-00607-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Derecho de daños
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-31-000-2011-00607-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 05001-23-31-000-2011-00607-01
Consejero ponente: María Adriana Marín
16 de julio de 2021
DERECHO DE DAÑOS / IMPUTACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / TÍTULO DE IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA / AUTONOMÍA DEL JUEZ / EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA DEL JUEZ / DISCRECIONALIDAD DEL JUEZ / FACULTAD DISCRECIONAL DEL JUEZ / MOTIVACIÓN DE LA SENTENCIA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Esta Corporación, en su condición de máximo tribunal de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, ha desarrollado, por vía jurisprudencial, los títulos de imputación en virtud de los cuales es viable endilgar responsabilidad a la administración. Se han establecido, así, regímenes subjetivos, como el de falla del servicio, y objetivos, en el que se hallan el daño especial y el riesgo excepcional. En sentencia de unificación de 19 de abril de 2012, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado señaló que, al no existir consagración constitucional de ningún régimen particular de responsabilidad, en aplicación del principio iura novit curia, corresponde al juez encontrar el fundamento jurídico de sus fallos; los títulos de imputación hacen parte, así, de la motivación de la sentencia.
NOTA DE RELATORÍA: Sobre el estudio de los títulos de imputación se pueden consultar las sentencias proferidas por el Consejo de Estado el 20 de junio de 2017, exp. 18860, M.P. Ramiro Pazos Guerrero; el 27 de noviembre de 2003, exp. 14220, M.P. Ramiro Saavedra Becerra; el 3 de mayo de 2007, expediente 16696, M.P. Enrique Gil Botero. Sentencia de 7 de abril de 2011, exp. 20750, M.P. Mauricio Fajardo Gómez, la Sección Tercera del Consejo de Estado
DAÑO POR FENÓMENOS DE LA NATURALEZA / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / DESASTRE NATURAL / FUERZA MAYOR / IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / PREVENCIÓN DE DESASTRES PREVISIBLES / PREVISIBILIDAD DEL DAÑO / PRINCIPIO DE PREVISIBILIDAD / RIESGO PREVISIBLE / HECHO RESISTIBLE / OMISIÓN ADMINISTRATIVA / CONOCIMIENTO DEL HECHO DAÑOSO / CONOCIMIENTO DEL RIESGO EXTRAORDINARIO / FENÓMENO DE LA NATURALEZA / FALLA DEL SERVICIO / PREVENCIÓN DE DESASTRES / PREVENCIÓN DE DESASTRES PREVISIBLES / PROTECCIÓN DEL ESTADO EN CASO DE DESASTRE NATURAL / DAÑO OCASIONADO POR OMISIÓN / PREVISIBILIDAD DEL DAÑO / HECHO IMPREVISIBLE DE LA NATURALEZA / CARGA DE LA PRUEBA
Tratándose de la falla del servicio, ésta tiene como presupuesto el reconocimiento de la existencia de mandatos de abstención -deberes negativos- y de acción –deberes positivos- a cargo del Estado; empero, para que se genere responsabilidad con fundamento en cualquiera de esas obligaciones es menester acreditar el incumplimiento o deficiente cumplimiento de deberes normativos o la omisión o inactividad de la administración pública. Ahora bien, esta Sección tiene definido que en los casos en que se imputa a las autoridades la omisión en el cumplimiento de sus deberes, es preciso identificar los preceptos de orden constitucional, legal y reglamentario, así como los pronunciamientos judiciales, que hubieren precisado el alcance de sus obligaciones. (…) En atención a lo anterior, la Sección Tercera ha dispuesto que la imputación de responsabilidad al Estado por los daños antijurídicos derivados de la ocurrencia de desastres naturales dependerá de que se establezca su previsibilidad y resistibilidad, en conjunto con la inactividad del Estado que, conocedor de la potencial ocurrencia del fenómeno natural, no ejecuta acción alguna tendiente a conjurarlo, encontrándose obligado a ello, responsabilidad que también resulta comprometida si se establece que con su conducta activa, el Estado expuso a los administrados al fenómeno natural. Ello, por cuanto en principio estos eventos se consideran constitutivos de fuerza mayor (…) Así, al estudiar la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños provenientes de la ocurrencia de fenómenos naturales , tales como el desbordamiento de ríos y quebradas, deslizamientos de tierra, desprendimiento de rocas, inundaciones por lluvias, entre otros, ha deducido tal responsabilidad frente a la demostración de que las entidades demandadas incumplieron su deber de vigilancia y cuidado y se abstuvieron de adoptar las medidas de prevención requeridas para cada caso concreto, a pesar de haber tenido conocimiento previo de la posible ocurrencia del hecho natural. Si a efectos de enervar su responsabilidad la administración aduce que el desastre natural constituyó una fuerza mayor, deberá acreditar que aquél no podía ser previsto por ella y, aún en el evento de que sí pudiera ser anticipado, que era irresistible. La previsibilidad no corresponde a la simple posibilidad vaga o general de que el hecho pueda ocurrir, sino a la posibilidad concreta y real de que pudiera ser anticipado; la resistibilidad, por su parte, involucra una valoración de los avances de la técnica, pero también de los recursos de que deban disponerse para conjurar los eventos causantes del daño. La magnitud del desastre natural puede superar la capacidad técnica o económica del Estado para resistirlo, pero su previsibilidad impone la adopción de medidas para atenuar el daño, si no es posible en relación con los bienes, por lo menos sí frente a la vida y la integridad física de sus moradores.
FUENTE FORMAL: LEY 46 DE 1988 - ARTÍCULO 2
NOTA DE RELATORÍA: Sobre el tema, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 25 de agosto de 2011, exp. 17613, M.P. Mauricio Fajardo Gómez. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de febrero 26 de 1998, exp. 10846; 14 de mayo de 1998, exp. 12175; diciembre 11 de 1998, exp. 19009; 20 de septiembre de 2001, exp. 13732; septiembre 20 de 2007, exp. 16014; marzo 1 de 2011, exp. 18829; mayo 25 de 2011, exp. 21929 y agosto 22 de 2011, exp. 20107
ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / DAÑO ANTIJURÍDICO / ACREDITACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / PRUEBA DEL DAÑO ANTIJURÍDICO
El daño El artículo 90 de la Constitución Política contiene la cláusula general de responsabilidad del Estado. El avance significativo del sistema implementado, basado en la noción de daño antijurídico, fue haber reivindicado el daño –y por consiguiente a la víctima– y su función en la institución de la responsabilidad. El daño entendido como la afectación, vulneración o lesión a un interés legítimo y lícito se convirtió en el eje central de la obligación resarcitoria y, por ende, tanto la atribución como la fundamentación normativa o jurídica del deber de reparar quedaron concentrados en un nuevo elemento que es la imputación. En otros términos, el análisis de la responsabilidad no inicia con el título o régimen jurídico aplicable, sino con la verificación de la existencia del daño entendido como la alteración negativa a un interés lícito o situación jurídicamente protegida, de suerte que sólo al encontrarse acreditado el daño, habrá lugar a efectuar el análisis de imputación. (…) En el caso que se analiza aparece acreditado el daño que se alega en la demanda.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 90
PRUEBA DOCUMENTAL / REGISTRO FOTOGRÁFICO / FECHA DE LA FOTOGRAFÍA / FOTOGRAFÍA / RECONOCIMIENTO FOTOGRÁFICO / VALOR PROBATORIO DE LA FOTOGRAFÍA
Con la demanda se aportaron fotografías impresas con el fin de demostrar la magnitud del daño que produjo el deslizamiento de tierra y las afectaciones que sufrió la vivienda del demandante; no obstante, dichos documentos no tienen mérito probatorio, al no existir certeza sobre su origen, la fecha en la que fueron tomadas y si el inmueble y la montaña que se observan corresponden al mismo lugar en el que ocurrieron los hechos; las fotografías tampoco fueron ratificadas o reconocidas en el trámite del proceso, de manera que únicamente dan cuenta del registro de las imágenes que en ellas se incorporan. En ese sentido, el reproche del accionante relacionado con la falta de valoración de dicho material fotográfico por parte del tribunal de primera instancia no fue infundado, por el contrario, atendió a la incertidumbre sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que fueron tomadas las fotografías aportadas
NOTA DE RELATORÍA: Sobre el valor probatorio de las fotografías, consultar, por ejemplo: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 14 de junio de 2018, exp. 2005-03454-01(45951), M.P. Ramiro Pazos Guerrero; Subsección C, sentencia de 31 de enero de 2020, exp. 2011-00061-01(47230), M.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; y Subsección A, sentencia de 19 de marzo de 2021, exp. 2011-01655-01(58770), M.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Además, Corte Constitucional, sentencia T-269 de 29 de marzo de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, entre muchas más.
DESASTRE NATURAL / HECHO IMPREVISIBLE DE LA NATURALEZA / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR OMISIÓN / DAÑO OCASIONADO POR OMISIÓN / CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA / FALLA DEL SERVICIO POR INCUMPLIMIENTO DEL DEBER DE CUSTODIA, VIGILANCIA Y CUIDADO / INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR FALLA DEL SERVICIO
[L]a atribución de responsabilidad a las entidades demandadas se centró en la falta de control, vigilancia e intervención en la construcción de dos carreteras, tres banqueos para la edificación de viviendas y una marranera, obras señaladas de haber producido el deslizamiento de tierra que se presentó el 3 de noviembre de 2010. (…) la zona en la que se ubica el inmueble del actor, para el momento de los hechos, estaba catalogada en los usos del suelo como “forestal con aptitud forestal protector productor ”, clasificación que a la luz del Plan de Ordenamiento Territorial vigente en esa época permitía el desarrollo de actividades de producción, priorizando la conservación de los recursos naturales; luego, no es dable sostener que en el sector estaba prohibida toda intervención como afirma el demandante. (…) sin embargo, los usos permitidos en esa zona no serán materia de análisis en esta providencia, por cuanto no se demostró que ésta hubiera sido intervenida con las obras de construcción que menciona el demandante, ni que dicho sector geográfico hubiera sufrido afectación por el deslizamiento de tierra que se presentó en el corregimiento de San Cristóbal, el 3 de noviembre de 2010. (…) En el caso que ocupa la atención de la Sala, el municipio de Medellín, a través de la Secretaría del Medio Ambiente- Simpad, acudió a los llamados de la comunidad de la vereda El Patio, y elevó recomendaciones para contrarrestar las situaciones de riesgo que advirtió en cada caso. Se observa que las visitas que se realizaron con anterioridad al suceso ocurrido el 3 de noviembre de 2010 únicamente hicieron mención a ciertos predios privados, diferentes al del accionante, de modo que las recomendaciones se dirigieron a los propietarios de los inmuebles afectados para que realizaran obras de adecuación puntuales con el fin de eliminar las causas que generaron los movimientos de masa, sin que exista prueba de alguna queja o petición elevada por los habitantes de la vereda para que dichas obras fueran adelantadas directamente por el municipio. (…) Se tiene, así, que el municipio de Medellín analizó las causas que generaban la saturación del suelo y elevó recomendaciones concretas para contener las áreas afectadas y prevenir más deslizamientos. En lo que respecta a Corantioquia, no se demostró en el proceso que las partes afectadas o el municipio hubieran solicitado su apoyo; tampoco se acreditó que la zona geográfica en la que se presentó el derrumbe estuviera clasificada como de alto riesgo ni que se tratara de un área bajo su administración, o que dicha entidad hubiera dejado de imponer las medidas de policía y sanciones que la ley establece por la violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables. En ese orden de ideas, si bien en la vereda El Patio del corregimiento de San Cristóbal se evidenciaron situaciones que incidieron en la desestabilización del terreno, para la Sala ese solo hecho no configura la responsabilidad que se le enrostra a las entidades demandadas, en la medida en la que dicho fenómeno erosivo encontró fuente en diversos factores, de los cuales no es posible conocer su contribución en el derrumbe de tierra que se presentó el 3 de noviembre de 2010; no obstante, las fuertes lluvias se catalogaron como el origen principal de dicho deslizamiento. Es un hecho notorio que en el año 2010 el fenómeno de la niña, caracterizado por fuertes lluvias, provocó una grave calamidad pública al punto que, mediante Decreto 4580 de 7 de diciembre de 2010, se declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en el país; las precipitaciones en esa anualidad se agudizaron precisamente en los primeros días del mes de noviembre y afectaron, especialmente, las regiones Caribe, Andina y del Pacífico.
Adicionalmente, según los informes del Simpad, los deslizamientos que se presentaron el 6 de octubre de 2008 y el 7 de julio de 2010 fueron aislados (…) En vista de lo anterior, la Sala no advierte una omisión de los deberes asignados a las entidades demandadas que hubiera incidido en la producción del hecho dañoso que se analiza en el proceso, por lo que forzoso resulta confirmar la decisión apelada.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá D.C., dieciséis (16) de julio de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 05001-23-31-000-2011-00607-01(50103)
Actor: LUIS REINALDO LONDOÑO VÁSQUEZ
Demandado: MUNICIPIO DE MEDELLÍN Y CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA -CORANTIOQUIA-
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
Temas: FALLA DEL SERVICIO / DAÑO – el análisis del daño precede al estudio de la imputación. ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO- Existencia de un daño antijurídico, imputable a la acción u omisión de la autoridad pública. Para la prosperidad de las pretensiones se requiere acreditar el nexo causal entre el daño y el hecho de la administración.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de 22 de mayo de 2013, proferida por la Sala de Descongestión del Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante la cual se negaron las súplicas de la demanda.
SÍNTESIS DEL CASO
Se atribuye responsabilidad al municipio de Medellín y a Corantioquia por las omisiones en las que incurrieron al no ejercer las funciones de vigilancia, control e intervención, necesarias para prevenir el deslizamiento de tierra que se presentó el 3 de noviembre de 2010, en el corregimiento de San Cristóbal, de la ciudad de Medellín, el cual ocasionó daños en el bien inmueble del accionante.
II. ANTECEDENTES
1. La demanda
El 4 de marzo de 2011 (fls. 1-24 c. n.° 1), el señor Luis Reinaldo Londoño Vásquez, por intermedio de apoderado judicial (fls. 26 c. n.° 1), interpuso acción de reparación directa en contra del municipio de Medellín y la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia -Corantioquia-, con el fin de que se les declararan patrimonialmente responsables de los perjuicios causados en el bien inmueble de su propiedad, a raíz del deslizamiento de tierra que se presentó el 3 de noviembre de 2010, en la vereda El Patio, del corregimiento San Cristóbal, del municipio de Medellín.
Para el efecto, se elevaron las siguientes pretensiones:
Primera: Declárese al municipio de Medellín y Corantioquia administrativamente responsables de la totalidad de los daños y perjuicios ocasionados a Luis Reinaldo Londoño Vásquez a consecuencia de falta o fallas en el servicio en hechos acaecidos el día 3 de noviembre de 2010, en la vereda el patio, corregimiento de San Cristóbal del municipio de Medellín.
Segunda: condenar al municipio de Medellín y Corantioquia al pago de la suma equivalente en pesos colombianos de 3.020’000.000 por los daños ocurridos el 3 de noviembre de 2010, especificados de la siguiente forma:
Pido que se pague el daño sufrido calculado por la cantidad de 800.000.000 ochocientos millones de pesos. Que comprenden: 1.000 metros cuadrados de construcción, vivienda, los galpones y las pesebreras, pues su estructura quedó totalmente debilitada.
El resto del terreno de la finca sufrió daños pues gran parte de esta avalancha de lodo, piedras, escombros pasó por los potreros, desconfigurándolos, los agrietó, pido que se pague el daño sufrido calculado por la cantidad de 600.000.000 seiscientos millones de pesos.
Pido que se pague por parte del municipio de Medellín y Corantioquia la indemnización mensual por lucro cesante de 5.000.000 pago de trabajador (prestaciones sociales) 50.000.000 cincuenta millones de pesos letras de cambio por pago a proveedores y créditos, hasta la ejecución y liquidación de la sentencia definitiva.
Pido que el municipio de Medellín y Corantioquia paguen el Good Will de mi bien inmueble calculado en 960.000.000 novecientos sesenta mil millones de pesos (sic), ya que mi propiedad según el informe del SIMPAD No. 00000031842 04/11/2010 quedó ubicada en una zona de riesgo asociado alto, debido a los hechos ocurridos el 03 de noviembre de 2010 quedando totalmente desvalorizada, perdiendo esta fuente principal de ingresos económicos para mí y mi familia.
Pido que el municipio de Medellín y Corantioquia paguen los intereses causados sobre el valor que se liquide hasta la ejecutoria de la sentencia, más la indexación monetaria.
Pido que se paguen los perjuicios morales calculados en 600.000.000 millones de pesos en onzas oro, pero no obstante deben ser tazados (sic) discrecionalmente por el sentenciador.
Las condenas por conceptos de perjuicios materiales y morales deben ser actualizadas al dictarse sentencia conforme a las fórmulas y procedimientos matemáticos previstos en el C.C.A. art. 178.
Que el municipio de Medellín y Corantioquia deberán dar cumplimiento a la sentencia en los términos previstos en el artículo 177 del C.C.A.
Como fundamentos fácticos se narró, en síntesis, lo siguiente:
El 3 de noviembre de 1992, el accionante compró un predio de 20.000 metros cuadrados, ubicado en la vereda el Patio, del corregimiento de San Cristóbal, en el municipio de Medellín. En el inmueble se encontraba construida una vivienda y operaba una granja con animales de cría y plantaciones.
El 3 de noviembre de 2010, se presentó una avalancha en la ladera que hace parte del “Cerro del Padre Amaya”, la cual ocasionó graves daños en dos carreteras construidas sin licencia, en algunas viviendas cercanas, y en el inmueble del accionante, debido a la “onda vibratoria”. Adicionalmente, se ordenó al demandante desalojar su vivienda por los daños estructurales que sufrió. Como consecuencia, le ha sido imposible continuar la explotación de la finca.
En criterio del demandante, el deslizamiento de tierra fue generado por la construcción irregular en la ladera de dos carreteras, tres banqueos y una marranera, que ocasionaron filtraciones en el terreno por el cambio en el curso de las aguas, sin que las autoridades demandadas hubieran adoptado medidas preventivas ni de mitigación para evitar el desastre. La falla de la administración se hizo recaer, así, en la omisión de los deberes de vigilancia y control frente al ecosistema estratégico del “Cerro del Padre Amaya”; concretamente, por cuanto las recomendaciones del Sistema Municipal para la Prevención y Atención de Desastres -Simpad- fueron tardías y no se prohibieron las obras de construcción en “suelo protegido”.
Debido a los daños que sufrió el inmueble, el actor y su familia han padecido perjuicios económicos y morales.
2. Trámite en primera instancia
2.1. Mediante auto de 20 de mayo de 2011, la sala novena de decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia inadmitió la demanda, con el fin de que se aclarara si la misma se interponía en causa propia, además, para que se incorporara nota de presentación personal del poder, la firma del apoderado, y se anexara copia auténtica de las pruebas (fl. 98 c. n.° 1).
La parte actora subsanó la demanda, dentro de la oportunidad procesal (fls. 99 c. n.º 1).
Por medio de auto de 5 de julio de 2011 se admitió la demanda (fl. 137 c. n.º 1). Las notificaciones se efectuaron en debida forma (fls. 137, 141-142 c. n.° 1).
2.2. Dentro de la oportunidad legal para contestar la demanda, Corantioquia se opuso a las pretensiones del accionante (fls. 144-156 c. n.° 1).
Manifestó que en atención al Acuerdo 62 de 1999, modificado por el Acuerdo 46 de 2006 -Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín-, “los proyectos consistentes en vías de naturaleza privada, urbanizaciones, conjuntos residenciales, tanto en zona urbana como rural, así como viviendas en ambas zonas, no requieren de licencia ambiental ni de estudio de impacto ambiental para su construcción, limitándose los condicionamientos para su construcción y puesta en operación o funcionamiento a la obtención de las respectivas licencias o permisos, por cuenta del ente territorial, en cabeza de las oficinas o secretarías de planeación”. Explicó que el Decreto 1753 de 1994 desapareció del ordenamiento jurídico desde el año 2003, y a partir de 1999 se atribuyó a los entes territoriales la facultad de regular los usos del suelo, así como de expedir las licencias de urbanismo y construcción, e imponer las sanciones a que haya lugar.
Con base en lo anterior, adujo que en caso de que las obras que señala el demandante se hubieran construido de forma ilegal, sería el ente territorial el llamado a intervenir “ordenando la suspensión de su construcción y, además, imponiendo las sanciones a que hubiere lugar”. Con base en ese razonamiento, propuso la excepción de hecho de un tercero y, agregó, que también le asiste responsabilidad en la construcción irregular de las obras a los particulares que las ejecutaron.
Adicionalmente, propuso las excepciones que denominó “imposibilidad de imputar a Corantioquia el daño padecido por el demandante” y fuerza mayor, la última soportada en el fenómeno de la niña que se presentó en el año 2010 y que afectó, principalmente, al Departamento de Antioquia, dadas las altas e inusuales precipitaciones.
El Municipio de Medellín no contestó la demanda.
2.3. Mediante auto de 29 de septiembre de 2011 se decretaron las pruebas solicitadas por las partes (fls. 186-187 c. n.° 1).
2.4. A través de auto de 12 de septiembre de 2012 se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión (fl. 278 c. n.° 1).
2.4.1. En esa oportunidad, la parte actora indicó que de acuerdo con el informe técnico del Simpad, de 7 de julio de 2010, entre las causas del deslizamiento aparecen la construcción de dos carreteras, tres banqueos para vivienda y una marranera en zona de alto riesgo no recuperable, pese a la prohibición incluida en los artículos 116 y 121 del Acuerdo 46 de 2006 que no admitían modificación de dicho ecosistema estratégico. Señaló, también, que, de acuerdo con el informe suscrito por el corregidor de San Cristóbal, el municipio no adelantó ninguna intervención por tratarse de un predio privado; además, según testimonio practicado en el plenario, Corantioquia no intervino en el área protegida donde ocurrieron los hechos, entre los años 2007 a 2011.
Manifestó que según el informe del Simpad de 1° de octubre de 2010, se demostró que debido al movimiento de tierra aparecieron grietas en la parte alta de la ladera, además, se alteró el curso y cauce de las aguas naturales debido a la construcción de dos carreteras que no atendieron ningún tratamiento técnico ni de ingeniería y tampoco contaron con permiso previo de autoridad competente, con lo cual se violó el Decreto 1541 de 1978. Por otro lado, se hizo alusión a algunas normas que establecen funciones a cargo de los municipios y corporaciones autónomas regionales en materia ambiental.
Señaló que de acuerdo con las fotos satelitales aportadas al plenario, en cercanías del Cerro del Padre Amaya sólo había tres casas construidas, sin embargo, en el mes de junio de 2006 se abrieron dos carreteras terciarias, y para el mes de septiembre de 2010, existían algunos banqueos; “también queda probado que en este ecosistema estratégico hay más de 10 casas (…) omitiéndose la aplicabilidad del Acuerdo 327 de 2009 de Corantioquia”, que disponía que por cada 38 hectáreas se podía construir una casa. Otra fotografía demuestra que una de las marraneras construidas en el sitio carecía de un sistema de recolección de aguas residuales, con lo cual las “autoridades omitieron la aplicación del Decreto 3930 de 2010”.
Mencionó que está acreditado en el plenario que con el cambio en el uso del suelo del ecosistema estratégico se presentó el primer deslizamiento el 26 de diciembre de 2008, ante lo cual las autoridades no emprendieron acciones de gestión, prevención y mitigación. Afirmó que las cuatro visitas que realizó el Simpad, de las cuales dan cuenta los informes técnicos analizados, fueron solicitadas por la comunidad “convirtiéndose en un indicio del desinterés para con el cuidado y preservación del medio ambiente en esa área protegida”; lo consignado en dichos informes prueba que el movimiento de tierras presentado el 3 de noviembre de 2010 no se debió a un hecho de fuerza mayor ni causa extraña, sino a la construcción de dos carreteras, tres banqueos y una marranera.
Solicitó dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 1395 de 2010, para que se tuviera como indicio grave en contra de las demandadas el hecho de no haber aportado las pruebas que estuvieren en su poder con la contestación de la demanda.
De otra parte, aseguró que las autoridades accionadas no otorgaron tratamiento especial para la protección y conservación del ecosistema estratégico del “Cerro del Padre Amaya”, ni dieron cumplimiento a la densidad máxima de protección que permitía la construcción de una vivienda por cada 38 hectáreas, en atención a lo dispuesto en el artículo 79 de la Constitución Política, en la Ley 388 de 1997, el Decreto 2811 de 1974, el Acuerdo 327 de 2009 de Corantioquia, los Decretos municipales 151 de 2000, 409 de 2007, el Decreto 1974 de 1989, la Ley 99 de 1993 y los Planes de Ordenamiento Territorial de Medellín de los años 2006 y 2012. Agregó que las fotografías y videos que obran en el expediente acreditan la magnitud del desastre y su impacto en el ecosistema.
Indicó que de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 2820 de 2010, las obras que se construyeron sí requerían licencia ambiental y estudio de impacto ambiental, además, licencia previa de construcción según lo señala el Decreto 2811 de 1974. Por lo demás, reiteró que las autoridades demandadas no actuaron de manera preventiva para evitar la concreción del riesgo, y seguidamente hizo alusión a los perjuicios que, en su criterio, deben ser reparados (fls. 299-332 c. n.° 1).
2.4.2. Corantioquia ratificó los argumentos expuestos en la contestación de la demanda e insistió en la configuración de la excepción de fuerza mayor, por el hecho de la naturaleza, consistente en las fuertes lluvias que se presentaron en el año 2010 con ocasión del fenómeno de la niña, especialmente, en las regiones Caribe, Andina y Pacífica, que llevaron, incluso, a decretar el estado de emergencia económica, social y ecológica. Agregó que el municipio de Antioquia era el responsable de otorgar los permisos de urbanismo y construcción; además, los habitantes del sector, en su condición de ejecutores de las obras a las que alude la demanda, debieron cumplir los requisitos para obtener las respectivas licencias, con lo cual queda acreditada, también, la causal eximente de hecho de un tercero. Finalmente, adujo que en el proceso no se acreditó una falla del servicio imputable a esa entidad (fls. 279-289 c. n.° 1).
3. Sentencia de primera instancia
La Sala de Descongestión-Subsección de Reparación Directa del Tribunal Administrativo de Antioquia profirió sentencia de primera instancia, el 22 de mayo de 2013, en la que resolvió lo siguiente:
Primero. No prospera la tacha de sospecha formulada contra la testigo Gloria Patricia Restrepo Cuervo.
Segundo. Negar las pretensiones de la demanda.
Tercero. Sin costas en la presente instancia por no aparecer causadas.
En relación con las fotografías aportadas con la demanda, el tribunal a-quo indicó que estas carecen de valor probatorio por cuanto se desconoce si fueron tomadas en el lugar en el que ocurrieron los hechos y en qué fecha. Señaló, además, que las pruebas aportadas por el accionante mediante memorial de 18 de octubre de 2011 fueron extemporáneas, dado que no se presentaron en las oportunidades establecidas en los artículos 137 y 139 del CCA.
Se negó la tacha de sospecha propuesta por el actor frente al testimonio rendido por la ingeniera civil Gloria Patricia Restrepo Cuervo, en su condición de funcionaria de Corantioquia, por considerar que no se evidenció en la declaración el ánimo de tergiversar los hechos ni de favorecer a la entidad demandada; se resaltó, además, que las preguntas formuladas guardan poca relación con los supuestos de hecho que son materia de debate en el proceso.
Se hizo alusión a los informes elaborados por el Simpad, sobre las visitas técnicas efectuadas en la vereda “El Patio”, los días 6 de octubre de 2008, 7 de julio, 1° de octubre y 4 de noviembre de 2010, y se mencionó que, aunque en estas se hizo mención a “una vía construida deficientemente”, no se probó en qué fecha fue construida, por quién, bajo qué circunstancias ni el conocimiento que tuvieron las entidades demandadas.
Se indicó que, aunque uno de los informes dio cuenta de un deslizamiento de tierra ocurrido el 6 de octubre de 2008, no se demostró una relación entre ese evento y los hechos presentados el 3 de noviembre de 2010; en el mismo sentido, no se conoce si los acontecimientos descritos en los demás informes relacionados con la inestabilidad del terreno y la inadecuada ejecución de obras se debieron a causas aisladas o comunes a las del movimiento de masa que es materia de análisis en el proceso. Se resaltó que los hechos registrados en el año 2008 y en julio de 2010 se asociaron a la mala ejecución de obras en predios privados, sin que se hubiera especificado si se trataba de un problema en toda la ladera o solo en algunas viviendas.
A partir de la ficha técnica que se elaboró por los hechos ocurridos el 3 de noviembre de 2010, se concluyó que las precipitaciones elevadas constituyeron la causa principal del deslizamiento, por lo que resultaba configurada la eximente de responsabilidad de fuerza mayor por el hecho de la naturaleza. Se agregó que el evento no era previsible para las accionadas, por cuanto no se determinó si los sucesos registrados en ocasiones anteriores tenían relación con toda la ladera, lo cual se hubiera logrado conocer con un dictamen pericial.
Se consignó en la providencia que la construcción de vías privadas no requería de licencia ambiental, sino de licencia de urbanismo otorgada por la autoridad municipal; sin embargo, en el caso concreto no se probó que el municipio de Medellín tuviera conocimiento sobre la ejecución de la obra.
Por último, se adujo que, aunque el informe de 4 de noviembre de 2010 hizo alusión a la afectación de la vivienda del accionante, no se conoce cuál fue el menoscabo que sufrió el inmueble, por lo que no resultaba acreditado con suficiencia el daño alegado. De otra parte, no quedó probado un nexo causal entre el hecho dañoso y la conducta de las entidades demandadas (fls. 344-359 c. ppal.).
4. El recurso de apelación
Inconforme con la anterior determinación, la parte actora interpuso, de forma oportuna, recurso de apelación (fls. 362-368 c. ppal.), con los siguientes argumentos:
Las fotografías y videos aportados con la demanda son prueba de la magnitud del daño, “están enumeradas de forma lógica y comentadas en tiempo, modo y lugar” y no fueron tachados de falsos por la parte contraria. Se violó el derecho a la defensa “al negarse a reconocer y valorar” esas pruebas junto con el restante material allegado.
Las entidades demandadas no ejercieron control y vigilancia sobre las obras desarrolladas en la ladera del Cerro del Padre Amaya, ni se suspendió su ejecución, pese a ser suelo protegido y ecosistema estratégico, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 327 de 2009 de Corantioquia y al Acuerdo 46 de 2006 del municipio de Medellín.
Contrario a lo afirmado en la providencia recurrida, Corantioquia conocía la existencia de las carreteras privadas, tal como lo manifestó la testigo Gloria Patricia Restrepo Cuervo.
En el proceso sí se acreditaron los daños que sufrió el inmueble del actor, a través de la ficha técnica 31842 y la Resolución 212 de 1° de diciembre de 2012; adicionalmente, el informe del Simpad de 6 de octubre de 2008, contrastado con las fotografías y videos aportados con la demanda dejaban ver la magnitud de la destrucción que generó el deslizamiento, y el informe de 7 de julio de 2010 anotó que el problema se presentaba en toda la ladera.
La afirmación consignada en la sentencia sobre la lluvia como causa principal del movimiento de tierra no interpreta correctamente el sentido del informe 31842, pues las elevadas precipitaciones fueron una de las desencadenantes del suceso, aunado a las intervenciones humanas que generaron inestabilidad en la ladera. De ese modo, el hecho dañoso no fue irresistible ni imprevisible, tuvo relación con la intervención del hombre, no por el hecho de la naturaleza, y se concretó por falta de control, vigilancia e intervención. Los informes elaborados antes de los hechos evidenciaron el deterioro de la ladera y la presencia de deslizamientos.
Con fundamento en lo anterior, es procedente revocar la decisión de primera instancia y acceder a las pretensiones de la demanda, por cuanto “la sentencia se aleja de lo preceptuado por el artículo 170 del Código Contencioso Administrativo, no esta motivada, no analizó los hechos en que se funda la controversia, no valoró ni tuvo en cuenta las pruebas aportadas legalmente allegadas (sic) al proceso, no analizó las normas jurídicas, ni las otras que le pudieran ser aplicadas diferentes a las esgrimidas en la demanda, no analizó los argumentos de las partes, no analizó las excepciones”.
5. El trámite en segunda instancia
5.1. En proveído de 4 de diciembre de 2013 se concedió el recurso de apelación presentado por la parte demandante (fl. 224 c. n.° 2.), y mediante auto de 21 de marzo de 2014, esta Corporación lo admitió. En esa última decisión se dispuso que, una vez resuelto el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia, se enviaría el expediente al tribunal de origen para que tramite y decida el incidente de regulación de honorarios propuesto por el abogado que ejerció la representación del demandante en la primera instancia (fl. 375-380 c. ppal.).
5.2. Por auto de 12 de mayo de 2014 se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto (fl. 382 c. ppal.).
5.2.1. La parte actora reprochó que no se hubieran valorado las fotografías y videos aportados con la demanda, a pesar de que no fueron controvertidos por la parte demandada e, indicó que si el juzgador tenía dudas sobre su autenticidad, debió valerse de otros medios probatorios para adoptar una decisión en derecho.
Manifestó, además, que no se tuvieron en cuenta las pruebas que aportó una vez se abrió el período probatorio, entre ellas, el estudio geográfico realizado por “Geográficas ArcGis”, cuyo traslado se había solicitado en la demanda y no fueron impugnadas por la parte accionada. Tampoco se valoraron 6 vídeos, un mapa de zonificación, un documento del distrito de manejo integrado del área de reserva de la ladera occidental del Valle de Aburrá, las actas n.° 326 de 12 de enero de 2011 sobre la conciliación con el municipio de Medellín y n.° 2-159 de Corantioquia, en las que reconocen sus responsabilidades, un informe financiero de la finca Aldea Verde de los años 2008 a 2010, una letra de cambio, los Acuerdos 46 de 2006 y 62 de 1999, y el Decreto Ley 2811 de 1974.
Insistió en que se le violó el debido proceso, por cuanto no se valoró el material probatorio, de manera conjunta y completa, e hizo alusión a pronunciamientos de la Corte Constitucional en relación con el defecto fáctico en las providencias judiciales. Aseveró que no se hizo un análisis ajustado a derecho de la ficha técnica del Simpad n.° 31842 “al poner adjetivos calificativos y frases ajenas en su contenido desvirtuando la esencia misma del texto de la prueba y haciéndole decir lo que en su contenido original no existe”.
Seguidamente hizo una relación de las normas que contienen los deberes de las entidades accionadas, con el fin de demostrar las faltas en las que incurrieron. Reiteró que se debieron decretar pruebas de oficio para esclarecer los hechos, y resaltó que en el proceso no se demostró que los hechos hubieran sido imprevisibles, súbitos e intempestivos, ni que se tomaron las medidas necesarias para evitar el evento (fls. 383-393 c. ppal.).
5.2.2. El municipio de Medellín solicitó confirmar la sentencia apelada, por considerar que no existe nexo causal entre el deslizamiento de tierra que ocasionó el daño que se alega en la demanda y el actuar de ese ente territorial.
Esgrimió que el control que se ejerce sobre las obras urbanísticas no es absoluto “ya que para esto existe la responsabilidad del constructor (…) no se puede entonces pretender que planeación municipal tenga un funcionario día y noche en todas las construcciones de la ciudad, controlando cada movimiento de tierra que se realice, o cada adobe que se coloque. Estos son controles y responsabilidades que deben ejercer el constructor, el interventor y el dueño de la obra, máxime cuando existe una norma constitucional en cuanto a la propiedad privada”. Agregó que en el caso particular se configuró la fuerza mayor (fls. 410-415 c. n.° 1).
Corantioquia y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal.
III. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia, proferida el 22 de mayo de 2013, por la Sala de Descongestión-Subsección de Reparación Directa del Tribunal Administrativo de Antioquia.
Ello, en atención a la competencia funcional establecida en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo -CCA-, en consonancia con la distribución de procesos al interior del Consejo de Estado, dispuesta en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019.
La suma de las pretensiones formuladas por el actor excedió los quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes para la fecha de presentación de la demanda -4 de marzo de 2011-, por lo que el conocimiento de la acción le correspondió al Tribunal Administrativo de Antioquia, en primera instancia, y a esta Corporación en segunda instancia, en atención a lo establecido en el artículo 20 del CPC, modificado por el artículo 3 de la Ley 1395 de 2010.
2. Ejercicio oportuno de la acción
Al tenor de lo previsto por el artículo 136 del CCA, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, la acción de reparación directa deberá instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación permanente o temporal de inmueble por causa de trabajos públicos.
En el caso que ocupa la atención de la Sala se atribuye al municipio de Medellín y a Corantioquia una falla del servicio, materializada en la falta de vigilancia, control e inspección frente a las labores de construcción irregular desarrolladas en la ladera del Cerro del Padre Amaya, las cuales, en criterio del accionante, dieron lugar al deslizamiento de tierra ocurrido el 3 de noviembre de 2010.
El término de caducidad comenzó a correr al día siguiente de la ocurrencia del hecho dañoso, el 4 de noviembre de 2010, y vencía dos años después, esto es, el 4 de noviembre de 2012.
El demandante presentó solicitud de conciliación prejudicial, el 29 de noviembre de 2010, con lo cual se suspendió el término de caducidad de la acción, por el tiempo que faltaba para que operara dicho fenómeno: 1 año, 11 meses y 6 días. El 21 de febrero de 2011, la Procuraduría 113 Judicial II Administrativa de Medellín expidió acta en la que declaró fallida la diligencia, actuación que reanudó el término de caducidad, el cual se extendió hasta el 27 de enero de 2013 (fls. 107-108 y 134-136 c. n.° 1).
Como la demanda se presentó el 4 de marzo de 2011 (fl. 24 c. n.° 1), se concluye que fue oportuna.
3. Legitimación en la causa
El señor Luis Reinaldo Londoño Vásquez se encuentra legitimado para asumir la parte activa de la litis, por cuanto acreditó su calidad de propietario del bien inmueble que resultó damnificado en los hechos ocurridos el 3 de noviembre de 2010, en la vereda El Patio del corregimiento de San Cristóbal, en la ciudad de Medellín. El derecho real se acreditó mediante el certificado de tradición de la Oficina de Instrumentos Públicos de Medellín, n.° de matrícula 01N-5007971 (fls. 82 c. n.° 1).
El municipio de Medellín y Corantioquia están legitimados para comparecer al proceso en calidad de demandados, en consideración a la responsabilidad patrimonial que les imputó el actor, por los hechos descritos en la demanda.
4. Responsabilidad patrimonial del Estado frente a desastres naturales
El régimen de responsabilidad del Estado fue consagrado en el artículo 90 de la Constitución Política, bajo el siguiente tenor:
Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.
En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra este.
Esta Corporación, en su condición de máximo tribunal de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, ha desarrollado, por vía jurisprudencial, los títulos de imputación en virtud de los cuales es viable endilgar responsabilidad a la administración. Se han establecido, así, regímenes subjetivos, como el de falla del servicio, y objetivos, en el que se hallan el daño especial y el riesgo excepcional.
En sentencia de unificación de 19 de abril de 2012, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado señaló que, al no existir consagración constitucional de ningún régimen particular de responsabilidad, en aplicación del principio iura novit curia, corresponde al juez encontrar el fundamento jurídico de sus fallos; los títulos de imputación hacen parte, así, de la motivación de la sentencia.
Tratándose de la falla del servicio, ésta tiene como presupuesto el reconocimiento de la existencia de mandatos de abstención -deberes negativos- y de acción –deberes positivos- a cargo del Estado; empero, para que se genere responsabilidad con fundamento en cualquiera de esas obligaciones es menester acreditar el incumplimiento o deficiente cumplimiento de deberes normativos o la omisión o inactividad de la administración pública.
Ahora bien, esta Sección tiene definido que en los casos en que se imputa a las autoridades la omisión en el cumplimiento de sus deberes, es preciso identificar los preceptos de orden constitucional, legal y reglamentario, así como los pronunciamientos judiciales, que hubieren precisado el alcance de sus obligaciones. Una vez determinado el contenido obligacional a cargo de la entidad pública en el caso concreto, “debe proceder a establecerse si el sujeto accionado defraudó las expectativas de actuación que se desprendían del que constituye su rol, de este modo configurado”.
En atención a lo anterior, la Sección Tercera ha dispuesto que la imputación de responsabilidad al Estado por los daños antijurídicos derivados de la ocurrencia de desastres naturales dependerá de que se establezca su previsibilidad y resistibilidad, en conjunto con la inactividad del Estado que, conocedor de la potencial ocurrencia del fenómeno natural, no ejecuta acción alguna tendiente a conjurarlo, encontrándose obligado a ello, responsabilidad que también resulta comprometida si se establece que con su conducta activa, el Estado expuso a los administrados al fenómeno natural. Ello, por cuanto en principio estos eventos se consideran constitutivos de fuerza mayor
Así, al estudiar la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños provenientes de la ocurrencia de fenómenos naturales, tales como el desbordamiento de ríos y quebradas, deslizamientos de tierra, desprendimiento de rocas, inundaciones por lluvias, entre otros, ha deducido tal responsabilidad frente a la demostración de que las entidades demandadas incumplieron su deber de vigilancia y cuidado y se abstuvieron de adoptar las medidas de prevención requeridas para cada caso concreto, a pesar de haber tenido conocimiento previo de la posible ocurrencia del hecho natural.
En providencia de 22 de agosto de 2011, se consideró al respecto:
19. En este orden de ideas, la falla del servicio imputable a la entidad territorial consiste en la omisión del mandato legal que exigió la reubicación de los habitantes de asentamientos subnormales en zonas apropiadas, seguras y controladas y, en la ausencia de acciones para prevenir desastres (anunciados) relacionados con inundaciones -canales, sumideros de aguas, alcantarillado- en el barrio “El Jardín” del municipio de Garzón, todo lo cual generó un riesgo para la integridad de sus habitantes y para la estabilidad de las viviendas, el cual desafortunadamente se concretó.
20. Así pues, el nexo de causalidad entre el daño probado y la falla del servicio y, por ende, la imputación al municipio de Garzón de los perjuicios ocasionados es evidente, puesto que, si la entidad territorial hubiera obrado a tiempo en cumplimiento de su obligación de prevención de desastres y, hubiera ordenado de manera oportuna la construcción del canal de aguas, muy posiblemente la muerte de Hernán Tovar Herrera no se habría producido en las condiciones en que ocurrió.
Si a efectos de enervar su responsabilidad la administración aduce que el desastre natural constituyó una fuerza mayor, deberá acreditar que aquél no podía ser previsto por ella y, aún en el evento de que sí pudiera ser anticipado, que era irresistible.
La previsibilidad no corresponde a la simple posibilidad vaga o general de que el hecho pueda ocurrir, sino a la posibilidad concreta y real de que pudiera ser anticipado; la resistibilidad, por su parte, involucra una valoración de los avances de la técnica, pero también de los recursos de que deban disponerse para conjurar los eventos causantes del daño. La magnitud del desastre natural puede superar la capacidad técnica o económica del Estado para resistirlo, pero su previsibilidad impone la adopción de medidas para atenuar el daño, si no es posible en relación con los bienes, por lo menos sí frente a la vida y la integridad física de sus moradores.
5. Pruebas
De las piezas probatorias que obran en el expediente, resultan relevantes para dilucidar el asunto en debate, las siguientes:
Escritura Pública n.° 1526, otorgada el 3 de noviembre de 1992, en la Notaría 21 del Círculo Notarial de Medellín, y certificado de libertad tradición expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Medellín sobre el predio con matrícula inmobiliaria 01N-5007971, ubicado en el corregimiento de San Cristóbal, en el municipio de Medellín. El inmueble corresponde a un lote de terreno de 80x60 metros, adquirido mediante compraventa por el señor Luis Reinaldo Londoño Vásquez (fls. 27-32 y 82c. n.° 1).
De acuerdo con certificación expedida el 21 de febrero de 2011, por el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, el predio del accionante, denominado “Aldea Verde” se encuentra inscrito en el Registro Sanitario de Predios Pecuarios (fl. 116 c. n.° 1).
Mediante Resolución 130 AN 2012 de 20 de febrero de 2004, Corantioquia prorrogó una concesión de aguas para uso doméstico y pecuario, y permiso de vertimiento, en el predio denominado “Aldea Verde”, que se identifica con matrícula inmobiliaria 01N-5007971, de propiedad del accionante (fls. 33-39 c. n.° 1).
Ficha 18887 de la Secretaría de Medio Ambiente de Medellín- Sistema Municipal para la Prevención y Atención de Desastres Simpad, sobre la visita efectuada el 6 de octubre de 2008 en la vereda El Patio, de la comuna San Cristóbal, en la ciudad de Medellín, a petición de la señora Luz Marina Reyes, con motivo del evento “movimiento en masa” tipo flujos (fl. 178 c. n.° 1). Como posibles causas se anotaron: “aguas de escorrentía, altas precipitaciones, aumento en la presión de poros y pérdida de resistencia, y ausencia de obras de drenaje”.
El evento se describió como “flujo de lodos” que afectó la ladera, en el costado occidental, produciendo el colapso parcial de una vivienda debido al material desprendido. Se anotó que según los solicitantes el evento es recurrente en el tiempo correlacionándose con temporadas invernales y fuertes precipitaciones. Se hicieron recomendaciones al propietario del inmueble, consistentes en:
[T]ratar el talud por medio de un sistema de trinchos escalonados con sus respectivos llenos en su respaldo el cual considerará un sistema de manejo de escorrentía y aguas lluvias en suelo cemento que debe descolar a un sistema central en espina de pescado que encause dichos flujos de agua al sumidero adecuado más cercano. Como alternativa a esta acción se puede considerar una estructura de contención tipo gravedad-gaviones, los cuales deben ser recubiertos con una mezcla en mortero que garantice su vida útil frente a los factores atmosféricos, posterior a esto se debe revegetalizar la superficie expuesta con especies vegetales invasoras. Estas acciones deben ser complementadas por medio de una ronda de coronación que capte y descole la escorrentía y aguas lluvia al sumidero propuesto. La intervención propuesta esta enfocada a mitigar el desarrollo de procesos erosivos en el escarpe desarrollado por el movimiento en masa mitigando su comportamiento recurrente y progresivo.
Se sugiere que la propuesta de estabilización sea sometida a un análisis de estabilidad antes de su implementación de manera que se obtenga un factor de seguridad óptimo que garantice la funcionalidad de la intervención.
Se ordenó evacuar la vivienda, de forma provisional, hasta tanto se estabilizara el talud.
Ficha 28869 de la Secretaría de Medio Ambiente de Medellín- Sistema Municipal para la Prevención y Atención de Desastres Simpad, sobre la visita efectuada el 7 de julio de 2010 en la vereda El Patio, de la comuna San Cristóbal, en la ciudad de Medellín. La visita fue solicitada por la señora Amparo Reyes, con motivo del evento “movimiento en masa” tipo deslizamiento (fl. 179-180 c. n.° 1). Como posibles causas se anotaron: “desconfinamiento de la ladera por cortes inapropiados, carencia de obras de captación y manejo de aguas, y carencia de mantenimiento”. Se calificó la situación como riesgo asociado bajo.
La solicitante afirmó, en esa ocasión, que su inmueble estaba siendo afectado por una finca colindante que no tenía sistema de recolección de aguas lluvias, lo que permitía que el agua se depositara en su vivienda. Además, en el mes de marzo construyó una cuneta, pero ésta se dañó debido a las fuertes lluvias.
En la descripción del evento se refirió la ocurrencia de un deslizamiento de material térreo desde el predio colindante, de propiedad del señor Jaime Restrepo, lo cual ocasionó la obstrucción de una cuneta construida para la captación y conducción de aguas lluvias, en el lindero de los dos predios. “Las causas del deslizamiento son: corte de geometría inapropiadas para la implementación de la cuneta, sobresaturación del suelo por inadecuados sistemas de riego en el predio del señor Jaime Restrepo junto con la no implementación de un sistema filtro-cuneta, aunque sobre la vía de acceso al predio en el costado contrario en el que se localiza dicen los solicitantes se encuentra un filtro profundo; la posibilidad de que esta obra se encuentre colmatada es muy alta pues la saturación del suelo en el momento de la visita es muy notoria. Por el costado sur de ambos predios pasa una quebrada con una disección muy profunda, lo cual es un indicador de la alta susceptibilidad del suelo a ser erosionado. Esto es más evidente en los predios del solicitante, en donde se observan varios procesos geomorfológicos (reptación, grietas de tensión, abultamientos del terreno, fisuramientos de las estructuras comentadas sobre estos suelos con vectores de desplazamientos que concuerdan con el punto de pérdida de soporte o estabilidad en la ladera y socavación del cauce y las orillas de la quebrada que por allí pasa) que indican que parte de la ladera se ha deformado a causa de la pérdida de estabilidad”.
se impartieron recomendaciones a la solicitante, a la secretaría de medio ambiente, subsecretaría de MetroRío, y a la corregiduría de San Cristóbal, así:
Solicitante:
Se recomienda a los solicitantes implementar un sistema filtro-cuneta para evacuar las aguas de escorrentía y del nivel freático que causan el evento, complementando con una estructura de contención que evite el deslizamiento del suelo desde el predio del señor Jaime Restrepo por el corte realizado para la implementación de la cuneta actual. El solicitante también deberá implementar un nuevo filtro de agua subterránea para evitar la afectación a los cimientos y la mampostería de su vivienda, mientras que el señor Jaime Restrepo deberá implementar un sistema de captación y conducción de aguas de escorrentía (tanto para las aguas lluvia como para las aguas de riego de los cultivos) que descarguen en la quebrada y que no se permita el descole de las aguas sobre la cara de la ladera.
Secretaría del Medio Ambiente (…)
Subsecretaría de MetroRío: evaluar situación actual con respecto al cauce y tomar medidas correctivas de ser necesario.
Corregiduría San Cristóbal (…)
Notificación y seguimiento de las recomendaciones dadas en este informe.
Ficha 30878 de la Secretaría de Medio Ambiente de Medellín- Sistema Municipal para la Prevención y Atención de Desastres Simpad, sobre la visita efectuada el 1° de octubre de 2010 en la vereda El Patio, de la comuna San Cristóbal, en la ciudad de Medellín (fls. 47-49 c. n.° 1). La visita fue solicitada por la señora Luz Adriana Grisales, con motivo del agrietamiento de una vía pavimentada con 50-60 cm de desnivel, “hay agrietamiento del terreno que demarca un deslizamiento de gran tamaño”. Se anotó que no había afectación de líneas vitales como vías de acceso, acueducto, alcantarillado, gas, energía ni teléfono. Se calificó el riesgo asociado como “bajo”.
Como posibles causas del evento se anotaron: aguas de escorrentía, ausencia de obras de drenaje, características topográficas del terreno y carencia de obras de captación y manejo de aguas.
Se describió el suceso, así:
Se encontró un movimiento en masa puntual, en el lugar señalado por la solicitante y vecinos del sector, asociados según los vecinos a movimientos de tierra realizados recientemente para la construcción de unas viviendas en la parte media de la ladera en cuestión.
El señor Guillermo Agudelo, propietario de los predios en la parte alta de la ladera informa sobre algunas grietas presentadas recientemente. Por otros aspectos, en la vía que conduce a esos predios se detectaron hundimientos en la banca y agrietamiento del concreto que conforma la superficie de rodadura, que además de los problemas geológicos, las inadecuadas prácticas constructivas como falta de juntas transversales ha contribuido en el deterioro de la vía. Se programó visita el 05/10/2010 (…) y se observa que la problemática radica en la reactivación de un antiguo deslizamiento ocurrido en la zona por las descargas de aguas lluvias y de escorrentía desde la vía de acceso a predios privados. En esta vía se observa claramente la ausencia de obras adecuadas de captación, conducción y disposición final de aguas lluvias y de escorrentía, la ausencia de estas últimas ha generado un sistema de surcos en la ladera. El suelo se compone de un material tipo arena (…). Es conocida la problemática con respecto a la cantidad de aguas subterráneas en el sector y el gran volumen de material térreo afectado, en donde se observan suelos sub-horizontales con escalonamientos de 1-2m de altura. La reactivación de este deslizamiento rotacional ha generado la ruptura de la vía en dos puntos con escalonamiento de 1m para cada uno, dando lugar a una superficie semi-circular que es concordante con la superficie de deslizamiento generada en el evento previo.
Se recomendó a la solicitante no ocupar la vivienda, que para ese momento se encontraba en construcción y, además, a los propietarios del sector comprometido, señores Guillermo Agudelo y Amparo Reyes, lo siguiente:
1. Evitar que las aguas de escorrentía que bajan por la vía y por la ladera lleguen a la masa de suelo inestable, en especial a las grietas de tensión que se formaron en la actualidad. Para ello deberán construir un sistema de cunetas perimetrales tanto en la vía como en la ladera con revestimiento en concreto, en lo posible llevar las aguas captadas por las cunetas a descargar directamente en la quebrada y no a media ladera.
2. Implementar unos sistemas transversales de captación y conducción de aguas lluvias y de escorrentía en los lados de la vía (cunetas), estas deben tener revestimientos en concreto con aditivos impermeabilizantes para evitar el descole hacia la ladera. Llevar estas aguas a descargar directamente a la quebrada.
3. Identificar las grietas de tensión en la ladera, para esto es necesario disminuir el tamaño de la cobertura vegetal actual.
4. Realizar el sellado de las grietas de tensión presentes en toda la ladera (…).
5. Eliminar las especies vegetales inapropiadas desde su raíz como las plataneras.
6. Implementar obras de contención en la parte inferior de la ladera (vía de acceso a predios en construcción).
7. En el mismo lugar (vía de acceso a predios en construcción) se debe implementar un sistema filtro-cuneta para controlar la humedad de la masa de suelo inestable. (…)
Para su conocimiento y seguimiento a las recomendaciones dadas a la solicitante y propietarios del sector.
Finalmente, se incluyó a la Corregiduría de San Cristóbal para poner en su conocimiento la situación, con el fin de que efectuara “seguimiento a las recomendaciones dadas a la solicitante y propietarios del sector”.
Ficha 31842 de la Secretaría de Medio Ambiente de Medellín- Sistema Municipal para la Prevención y Atención de Desastres Simpad, sobre la visita efectuada el 4 de noviembre de 2010 en la vereda El Patio, de la comuna San Cristóbal, en la ciudad de Medellín, con motivo de los hechos presentados el día anterior (fls. 53-54 c. n.° 1). La visita fue solicitada por la señora Amparo Reyes, por el evento “movimiento de masa”, tipo deslizamiento. En esa ocasión se anotó riesgo asociado alto.
En la descripción del evento se indicó que el 3 de noviembre de 2010, a las 2:30 pm, se presentó una emergencia en el lugar, por el desplazamiento de masas de suelo “causados por exceso de agua en el terreno y por efecto de la fuerza de gravedad”. Se explicó que este tipo de procesos “se interrelacionan mutuamente con las precipitaciones altas, de tal forma que frecuentemente las lluvias torrenciales son causantes y/o precursoras de los movimientos en masa, ya que aumentan las fuerzas desestabilizadoras y reducen la resistencia del suelo al deslizamiento”. El deslizamiento produjo el colapso total de una vivienda en la cota inferior de la ladera, y el colapso parcial de una vivienda en la cota superior. Además, resultaron afectadas en su estructura dos viviendas ubicadas en la cota inferior, entre ellas, la del accionante, “sobre el flanco izquierdo del deslizamiento, las cuales evidencian una serie de grietas en sus muros, consecuencia de la onda vibratoria que generó el movimiento, el cual se calcula de manera aproximada, contenga unos 15.000 metros cúbicos de material”. También colapsó una vía, ubicada en la cota superior, y se presentó taponamiento de la vía ubicada en la ladera media, la cual comunicaba cerca de diez viviendas. Dentro de las posibles causas del evento se anotaron:
Las lluvias como detonantes de movimientos en masa, de ordinario, originan movimientos superficiales del suelo y flujos de lodos, los cuales se inician por una pérdida transitoria de la resistencia cortante, resultado de un incremento de la presión de poros, causado por intensas lluvias que percolan en suelos permeables superficiales que se localizan sobre rocas u horizontes menos permeables.
Siendo la lluvia el desencadenante principal, se cuenta con algunos otros factores que generan la inestabilidad de la ladera, tales como la construcción de una vía, lo cual genera un movimiento de tierra importante, la carencia de obras de manejo de aguas lluvias en la vía y en el terreno -escorrentía-, construcción en alta pendiente, reactivación de un evento que se registró hace varios años, incluso décadas, lo cual se manifiesta en una cicatriz que se observa, entre otros, lo cual se suman y generan este tipo de eventos que terminan en pérdidas económicas y/o humanas.
Con el fin de contrarrestar el riesgo en la zona, se impartieron las siguientes recomendaciones:
[S]e recomienda la evacuación definitiva de las dos viviendas colapsadas y del terreno. A su vez se recomienda la evacuación definitiva y demolición de la vivienda -estructura solamente- propiedad de la señora Dora Lucia Uribe, ubicada sobre el flanco izquierdo del deslizamiento, la cual presenta un deterioro estructural considerable. Esta vivienda, si se quiere y cumple con los requisitos establecidos por la ley, puede ser reconstruida. También se recomienda la evacuación temporal de dos viviendas, propiedad de Luz Adriana Grisales y Reinaldo Londoño, respectivamente.
(…)
Entidad: Secretaría del Medio Ambiente
MetroRío: se recomienda estudiar la posibilidad de realizar la intervención en el sitio para determinar las obras y acciones necesarias para conducir las aguas, tanto de escorrentía como la quebrada ubicada en el flanco izquierdo del talud desprendido, evitando la infiltración en el cuerpo de masa sostenido.
A través de oficio de 11 de enero de 2012, el subsecretario del Simpad confirmó que esa entidad realizó las visitas de 6 de octubre de 2008, 7 de julio, 1° de octubre y 4 de noviembre de 2010, de las que dan cuenta las fichas técnicas n.° 18887, 28869, 30878 y 31842, e hizo alusión a las recomendaciones que se dieron en cada ocasión (fl. 258 c. n.° 1).
Los documentos que aportó la parte actora mediante memorial de 18 de octubre de 2011 (fls. 189-193 c. n.° 1) no serán valorados, en tanto se incorporaron por fuera de las oportunidades que la ley establece para aportar pruebas.
Prueba testimonial
La ingeniera civil Gloria Patricia Restrepo Cuervo, quien ostenta el cargo de profesional especializada en Corantioquia, rindió testimonio el 11 de abril de 2012 (fls. 269-271 c. n.° 1). Indicó que el predio del demandante está localizado en la vereda El Patio, del corregimiento San Cristóbal, en cercanía al Cerro del Padre Amaya, de acuerdo con la cartografía del Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín y el número de matrícula inmobiliaria del predio. Manifestó que “las imágenes de Google” del terreno, de 28 de junio de 2006, mostraban la existencia de dos vías de carácter privado en la parte superior del inmueble del accionante e informó que los usos del suelo allí incluyen pastos cortos propios para pastoreo y para actividades agrícolas y pecuarias; en la parte alta de la ladera se observó cobertura vegetal propia de bosques. Mencionó que la causa principal de los deslizamientos de suelo fueron las fuertes precipitaciones, aunado a intervenciones antrópicas (ejecutadas por el hombre) en el lugar. Refirió, además, lo siguiente:
Pregunta. Sírvase decir al despacho, por el conocimiento que usted tiene por su labor en Corantioquia, si la apertura de vías para comunicar predios privados en una vereda requiere de la solicitud y otorgamiento de licencia ambiental por parte de la Corporación, y en caso tal si tiene conocimiento que con relación al sitio denominado Cerro del Padre Amaya, se hubiera hecho solicitud para apertura de vías. Contestó: la apertura de vías privadas no requiere de licencia ambiental, por lo tanto, en la Corporación no hay solicitud de dicho trámite para apertura de vía privada en ese sector. (…) Pregunta: sírvase indicar si lo sabe, si el Simpad o alguna otra dependencia del orden municipal reportaron a Corantioquia la ocurrencia del deslizamiento que afectó en el año 2010 el predio del señor Luis Reinaldo Londoño Vásquez. Contestó: revisadas las bases de datos y el archivo de la Corporación, se encontró que el Simpad y otra dependencia del municipio no informó sobre este deslizamiento a la Corporación, de hecho, al revisar el expediente de la demanda (…) se encuentra de folios (…) correspondientes a fichas del Simpad, donde no se recomienda en ninguno de sus apartes que se ponga de conocimiento a Corantioquia, como sí lo ha hecho en otros eventos. (…) Pregunta: Sírvase indicar si ha consultado o conoce el POT del municipio de Medellín, y específicamente el acápite que rige para la zona en la cual se ubica el predio del demandante. Contestó: sí conozco el POT del municipio de Medellín (…) la zona donde se encuentra el predio del señor Luis Reinaldo tiene estipulado como uso del suelo, forestal con aptitud forestal protector productor, lo que quiere decir que en esta zona fuera de tener cobertura vegetal protectora como son los bosques, se puede desarrollar otro tipo de actividad como por ejemplo agrícola y pecuaria en menor escala. Pregunta: conforme los usos del suelo reglados en el POT de Medellín para la zona en que se ubica el predio del demandante, sírvase indicar si es factible la apertura de vías privadas, o si por el contrario se trata de una actividad prohibida. Contestó. No es una actividad prohibida pero el municipio de Medellín, antes de permitir este tipo de actividad, debe verificar si el nuevo proyecto se puede ejecutar, teniendo en cuenta las densidades que están definidas para el sector. Pregunta: sírvase indicar, qué entidad imparte o expide las especificaciones técnicas, que debe cumplir una vía privada, que se proyecta en construir en cualquier zona rural del municipio de Medellín. Contesta. Este tipo de proyectos previo a su ejecución debe contar con autorización por parte de las curadurías del municipio de Medellín y son las curadurías, las que deben dar las especificaciones con las cuales éstas serán construidas. El control y monitoreo de vías privadas ejecutadas, lo realiza el Departamento de Planeación del municipio de Medellín, para realizar así el respectivo recibo de obra. Pregunta. Sírvase indicar, si en los años 2008 y 2010 se atendió por Corantioquia, fenómenos como deslizamiento, avalanchas o movimientos en masa ocurridos en su jurisdicción, en caso afirmativo qué factores se ubicaron como causa de los mismos. Contesta. Sí se atendieron por parte de Corantioquia muchos eventos de movimientos en masa los cuales fueron ocasionados primordialmente por las fuertes temporadas invernales que se sucedieron en estos años, a las fuertes temporadas invernales se le suman las intervenciones antrópicas que se realicen en las zonas de los deslizamientos, los cuales ayudan a que estos movimientos se den. En el año 2008 se superaron los históricos de lluvias que se traían de años anteriores y en el año 2010 se superaron esos históricos presentados en el año 2008.
En el municipio de Medellín se presentaron varios eventos, en el 2008 uno de los más graves fue el de Alto Verde, en El Poblado, y en el 2010 el de la quebrada La Poblada y La Presidenta, también en el sector de El Poblado; en el municipio de Bello en el año 2010 también se presentó otro movimiento en el sector de La Gabriela, estos son los más nombrados, pero se presentaron muchos movimientos en masa originados por fuertes lluvias. (…) Yo no se bastante sobre el Cerro del Padre Amaya, pero la parte alta es considerada suelo de protección por ser un sistema importante, en especial porque allí nacen varias fuentes de agua. Pregunta. Sírvase informar, de acuerdo a lo dicho por usted en esta audiencia si, o no, era necesario el estudio de impacto ambiental para la construcción de carreteras privadas. Contesta. Al no requerirse licencia ambiental, no se puede pedir un estudio de impacto ambiental. Pregunta. De acuerdo a lo declarado, informe si tiene conocimiento quien hace la vigilancia y control, o intervenciones sobre el Cerro del Padre Amaya. Contesta. El competente para vigilar las intervenciones que se realicen en cualquier territorio y que están relacionadas con construcciones de viviendas, explanaciones, construcción de vías, adecuación de terrenos, entre otros, es la administración municipal quien debe velar por el cumplimiento de lo establecido en su POT, y más que allí está estipulado el uso del suelo para cada parte de su territorio, en caso de requerir beneficio de un recurso natural renovable, el interesado debe solicitar los permisos correspondientes ante la autoridad ambiental respectiva. Pregunta. De acuerdo a su trabajo, diga si atendió alguna emergencia en el predio de mi representado, el señor Luis Reinaldo Londoño en los años 2007 y 2011. Contesta. No.
En este punto resulta pertinente aclarar que, si bien la testigo podría ser considerada sospechosa, dada la relación laboral que tenía con Corantioquia, de acuerdo con el artículo 217 del Código de Procedimiento Civil -norma aplicable en la fecha en la que se recibió el testimonio-, lo cierto es que su declaración será tenida en cuenta, en tanto no se advierte el ánimo de confundir o alterar los hechos, ni se muestra contraria a los demás supuestos probados en el proceso.
6. Caso concreto
De acuerdo con los argumentos presentados por la parte actora en el recurso de apelación, corresponde a la Sala determinar si las entidades demandadas omitieron su deber de vigilancia, control e intervención frente a la construcción de dos carreteras, tres banqueos para vivienda y una marranera en la ladera del Cerro del Padre Amaya, obras señaladas de haber ocasionado el deslizamiento de tierra que se presentó el 3 de noviembre de 2010. En la impugnación se indicó que el movimiento de tierra no se presentó de manera imprevista ni fue irresistible, por cuanto las demandadas tenían conocimiento de los factores que amenazaban la estabilidad de la ladera que, aunados a las elevadas precipitaciones, permitieron que se concretara el riesgo. Se adujo que el tribunal de primera instancia no valoró las pruebas aportadas al plenario ni motivó debidamente la decisión.
6.1. El daño
El artículo 90 de la Constitución Política contiene la cláusula general de responsabilidad del Estado. El avance significativo del sistema implementado, basado en la noción de daño antijurídico, fue haber reivindicado el daño –y por consiguiente a la víctima– y su función en la institución de la responsabilidad.
El daño entendido como la afectación, vulneración o lesión a un interés legítimo y lícito se convirtió en el eje central de la obligación resarcitoria y, por ende, tanto la atribución como la fundamentación normativa o jurídica del deber de reparar quedaron concentrados en un nuevo elemento que es la imputación.
En otros términos, el análisis de la responsabilidad no inicia con el título o régimen jurídico aplicable, sino con la verificación de la existencia del daño entendido como la alteración negativa a un interés lícito o situación jurídicamente protegida, de suerte que sólo al encontrarse acreditado el daño, habrá lugar a efectuar el análisis de imputación.
Al respecto, se ha pronunciado la Sala de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en los siguientes términos:
Como lo ha señalado la Sala en ocasiones anteriores, el primer aspecto a estudiar en los procesos de reparación directa es la existencia del daño, puesto que, si no es posible establecer la ocurrencia del mismo, se torna inútil cualquier otro juzgamiento que pueda hacerse en estos procesos. (…). En efecto, en sentencias proferidas (…) se ha señalado tal circunstancia precisándose que “es indispensable, en primer término determinar la existencia del daño y, una vez establecida la realidad del mismo, deducir sobre su naturaleza, esto es, si el mismo puede, o no calificarse como antijurídico, puesto que un juicio de carácter negativo sobre tal aspecto, libera de toda responsabilidad al Estado…” y, por tanto, releva al juzgador de realizar la valoración del otro elemento de la responsabilidad estatal, esto es, la imputación del daño al Estado, bajo cualquiera de los distintos títulos que para el efecto se han elaborado.
En el caso que se analiza aparece acreditado el daño que se alega en la demanda. En la Ficha 31842 de la Secretaría de Medio Ambiente de Medellín- Sistema Municipal para la Prevención y Atención de Desastres Simpad, sobre la visita efectuada el 4 de noviembre de 2010, se consignó que una de las viviendas afectadas con el deslizamiento de tierra presentado el 3 de noviembre de 2010 en la vereda El Patio, de la comuna San Cristóbal, en la ciudad de Medellín, era de propiedad del señor Luis Reinaldo Londoño Vásquez. Se anotó que el inmueble presentaba grietas en sus muros debido a la onda vibratoria que generó el movimiento de masas (fls. 53-54 c. n.° 1). De acuerdo con el certificado de libertad y tradición expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Medellín y la constancia expedida el 21 de febrero de 2011, por el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, el accionante es propietario de un inmueble ubicado en la vereda El Patio, del corregimiento de San Cristóbal, en el municipio de Medellín (fls. 82 y 116 c. n.° 1), pruebas que resultan suficientes para tener por acreditado el daño.
Con la demanda se aportaron fotografías impresas con el fin de demostrar la magnitud del daño que produjo el deslizamiento de tierra y las afectaciones que sufrió la vivienda del demandante; no obstante, dichos documentos no tienen mérito probatorio, al no existir certeza sobre su origen, la fecha en la que fueron tomadas y si el inmueble y la montaña que se observan corresponden al mismo lugar en el que ocurrieron los hechos; las fotografías tampoco fueron ratificadas o reconocidas en el trámite del proceso, de manera que únicamente dan cuenta del registro de las imágenes que en ellas se incorporan.
En ese sentido, el reproche del accionante relacionado con la falta de valoración de dicho material fotográfico por parte del tribunal de primera instancia no fue infundado, por el contrario, atendió a la incertidumbre sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que fueron tomadas las fotografías aportadas.
Acreditado el daño, corresponde a la Sala determinar si éste le resulta imputable a las entidades demandadas.
6.2. Imputación
Del escaso material probatorio allegado al plenario, aparece demostrado que en la vereda El Patio del corregimiento de San Cristóbal, en la ciudad de Medellín, desde el año 2008, se advirtieron problemas de inestabilidad del terreno, en ciertos sectores, por cuenta de diversas causas, según los informes del Sistema Municipal para la Prevención y Atención de Desastres Simpad, así:
i) En la ficha técnica de 6 de octubre de 2008 se indicó que el movimiento de masas respondía a aguas de escorrentía, altas precipitaciones, aumento en la presión de poros y pérdida de resistencia, y ausencia de obras de drenaje. Por dicha razón, se instó a la solicitante a instalar un sistema de manejo de aguas de escorrentía y aguas lluvia y una estructura de contención del talud, para lo cual se sugirió contar con un análisis de estabilidad antes de implementar las obras (fl. 178 c. n.° 1).
ii) En el informe de 7 de julio de 2010 se anotaron, como posibles causas del movimiento de masas, el desconfinamiento de la ladera por cortes inapropiados, carencia de obras de captación y manejo de aguas, y carencia de mantenimiento. Se agregó que el deslizamiento de tierra había sido producido, concretamente, por “corte de geometría inapropiadas” para la implementación de la cuneta que se instaló en el lindero del predio de la solicitante y uno de sus vecinos; además, por “sobresaturación del suelo por inadecuados sistemas de riego en el predio del señor Jaime Restrepo junto con la no implementación de un sistema filtro-cuneta”; también por la alta susceptibilidad del suelo a ser erosionado, de acuerdo con la disección profunda que mostraba una quebrada ubicada en el costado sur del predio. Se concluyó que parte de la ladera se había deformado a causa de la pérdida de estabilidad, según los procesos geomorfológicos que se observaron en el terreno del predio analizado que concuerdan “con el punto de pérdida de soporte o estabilidad en la ladera y socavación del cauce y las orillas de la quebrada que por allí pasa”.
En esa ocasión, también se recomendó a la propietaria implementar un sistema para evacuar las aguas de escorrentía; además, instalar un filtro de agua subterránea y un mecanismo de contención que evitara el deslizamiento del terreno contiguo. Al propietario del inmueble vecino se le recomendó instalar un sistema de captación y conducción de aguas de escorrentía en dirección a la quebrada (fl. 179-180 c. n.° 1).
iii) En el formato relativo a la visita del 1° de octubre de 2010 se refirió la ocurrencia de un movimiento de tierra, debido a la reactivación de un deslizamiento anterior, originado por la descarga de aguas lluvias y de escorrentía desde una vía de acceso a algunas viviendas, que no contaba con obras adecuadas para la captación, conducción y disposición final de esas aguas. Se anotó que el deslizamiento produjo el agrietamiento y hundimiento de la vía. Como causa adicional, se hizo alusión a las características topográficas del terreno (fls. 47-49 c. n.° 1).
Como recomendaciones, se exhortó a los propietarios del sector comprometido a construir un sistema de cunetas en la vía afectada y en la ladera para dirigir las aguas directamente a la quebrada y un sistema filtro-cuneta para controlar la humedad del terreno inestable, además, se les instó a disminuir la cobertura vegetal para detectar y sellar las grietas de tensión en la ladera. Se les requirió, también, para que realizaran obras de contención en la parte inferior de la ladera.
iv) En la ficha técnica de 4 de noviembre de 2010, se mencionó que el deslizamiento había sido provocado por exceso de agua en el terreno y por efecto de la fuerza de gravedad. Se indicó que las fuertes lluvias incidían directamente en la pérdida de resistencia de los suelos, aunado a la construcción de una vía que, además de generar un movimiento de masa importante, no contaba con un sistema de manejo de aguas lluvia y de escorrentía; así mismo, la construcción en alta pendiente y la reactivación de un deslizamiento anterior.
En esa ocasión, por la gravedad del evento se ordenó el desalojo de dos viviendas y la evacuación temporal de otras dos, entre ellas, la del accionante. Se dispuso a poner la situación en conocimiento de la secretaría de medio ambiente para estudiar la posibilidad de intervenir el lugar, con el fin de solucionar el problema de filtración de aguas.
Los informes aludidos fueron coincidentes en afirmar que la superficie subterránea de la ladera que hace parte de la vereda el Patio del corregimiento de San Cristóbal, en donde se ubica la vivienda del accionante, presentaba problemas desde el año 2008 por la filtración continua de aguas lluvia, escorrentía y sistemas de riego, debido a la falta de infraestructura adecuada para lograr su correcto drenaje hasta una quebrada. Por esa razón, se refirió en todas las visitas la necesidad de construir sistemas adecuados para la captación, conducción y disposición final de aguas. En las visitas de 6 de octubre de 2008, 7 de julio y 1° de octubre de 2010 se instó a los afectados a instalar mecanismos de contención para evitar el deslizamiento de tierra.
Dichas memorias no dieron cuenta de la proximidad de las viviendas afectadas con el Cerro del Padre Amaya, que el actor señala insistentemente de pertenecer a suelo protegido y tener una densidad restringida para la construcción de vivienda. Tampoco se cuenta con prueba que permita conocer la localización exacta de cada una de las viviendas referidas en los informes, incluida la del accionante.
Sobre la posición geográfica en la que se halla el inmueble del actor, la ingeniera civil que rindió testimonio en el proceso mencionó que éste se ubicaba en un corregimiento cercano al Cerro del Padre Amaya, así mismo, que esa zona tiene estipulado como uso del suelo, “forestal con aptitud forestal protector productor”. En cuanto al Cerro del Padre Amaya adujo que su parte alta se considera suelo de protección por las fuentes hídricas que alberga.
De la construcción de las obras que el accionante acusa de haber ocasionado el deslizamiento de tierra del 3 de noviembre de 2010 (dos carreteras, tres banqueos para vivienda y una marranera en la ladera del Cerro del Padre Amaya), únicamente las fichas de 1° de octubre y 3 de noviembre de 2010 mencionaron la realización de obras en el lugar.
En el primer informe se anotó que, en criterio de algunos vecinos del sector, los movimientos de masa se asociaron a las adecuaciones para la construcción de viviendas en la parte media de la ladera; más adelante se indicó que en “la vía que conduce a esos predios” se detectaron hundimientos y, como recomendación, se solicitó “implementar obras de contención en la parte inferior de la ladera (vía de acceso a predios en construcción)”. Dichas alusiones llevan a pensar que la vía señalada de contribuir a la desestabilización del terreno se ubicaba en la zona media o baja de la ladera.
En el informe de 4 de noviembre de 2010, por su parte, se consignó que una de las causas del deslizamiento ocurrido el día anterior fue la construcción de una vía que produjo un movimiento de masa importante; empero, no se registró ninguna información que permita conocer a cuál carretera se hizo referencia. Se mencionó, además, que con el deslizamiento colapsó una vía ubicada en la cota superior de la ladera, y se produjo el taponamiento de otra vía ubicada en la ladera media.
Los dos documentos fueron coincidentes en señalar como una de las fuentes de los deslizamientos de tierra, la existencia de vías sin la infraestructura adecuada para el drenaje de aguas de escorrentía y lluvias.
La testigo Gloria Patricia Restrepo Cuervo manifestó que de acuerdo con las “imágenes de Google”, de 28 de junio de 2006, en la parte superior de donde se ubica la vivienda del demandante existían dos carreteras de carácter privado.
A partir de las referencias probatorias a que se ha hecho alusión, la Sala logra concluir que: i) algunas viviendas ubicadas en la vereda El Patio del corregimiento San Cristóbal, en la ciudad de Medellín, se vieron afectadas desde el año 2008 por deslizamientos de tierra en puntos concretos de la ladera; ii) todos los deslizamientos tuvieron como causa constante las precipitaciones, así como la falta de infraestructura para el correcto drenaje de las aguas de escorrentía, lluvia y de riego; iii) en la ladera existían varias vías de carácter privado y alguna o algunas de ellas contribuyeron a la filtración de aguas en el subsuelo, por falta de un sistema adecuado de recolección y disposición de fluidos; no obstante, se desconoce la ubicación de dichas vías y el responsable de su construcción. Se conoce; sin embargo, que en el año 2006 ya existían dos carreteras de uso privado en la parte superior del inmueble del accionante; iv) el 1° de octubre de 2010 se advirtió la relación entre la construcción de una vía y la inestabilidad del terreno, por el movimiento de tierra que generó la obra y la ausencia de un sistema de manejo de aguas. El 3 de noviembre de 2010 se presentó un movimiento de masas que afectó cuatro viviendas, entre ellas, la del demandante; el evento se asoció a las altas precipitaciones y a la construcción de una vía, entre otras causas; v) el Simpad, en las visitas que efectuó el 6 de octubre de 2008, el 7 de julio y el 1° de octubre de 2010, impartió recomendaciones a los propietarios de los predios afectados con los deslizamientos para que efectuaran la instalación de mecanismos de contención y sistemas de drenaje apropiados para evitar la saturación del suelo, debido a la acumulación de aguas; vi) la vereda El Patio del corregimiento San Cristóbal, en la ciudad de Medellín se localiza en cercanías del Cerro del Padre Amaya.
Se reitera, en este punto, que la atribución de responsabilidad a las entidades demandadas se centró en la falta de control, vigilancia e intervención en la construcción de dos carreteras, tres banqueos para la edificación de viviendas y una marranera, obras señaladas de haber producido el deslizamiento de tierra que se presentó el 3 de noviembre de 2010.
De las obras aludidas por el actor, únicamente se demostró que, a partir de la construcción de una vía, evidenciada en la visita del 1° de octubre de 2010, se generó un impacto en la ladera por la remoción de tierras y la carencia de infraestructura para la captación y manejo de aguas, lo cual contribuyó al deslizamiento registrado el 3 de noviembre de 2010. Ninguna prueba demostró la construcción de los banqueos y la marranera a los que hizo alusión el demandante.
La parte actora manifestó que la vía implicada en el movimiento de tierra no contaba con licencia y se ubicó en suelo protegido; empero, ante la falta de prueba que permita individualizar la carretera en cuestión y conocer la fecha, ubicación y el responsable de su construcción, no es posible constatar si, en efecto, la obra carecía de licencia, en caso de que la requiriera, y si estaba prohibida su construcción de acuerdo con los usos del suelo.
Con todo, se observa que según señaló la ingeniera civil que rindió testimonio en el proceso, la zona en la que se ubica el inmueble del actor, para el momento de los hechos, estaba catalogada en los usos del suelo como “forestal con aptitud forestal protector productor”, clasificación que a la luz del Plan de Ordenamiento Territorial vigente en esa época permitía el desarrollo de actividades de producción, priorizando la conservación de los recursos naturales; luego, no es dable sostener que en el sector estaba prohibida toda intervención como afirma el demandante. De hecho, el POT en cuestión contempló un sistema vial primario para el corregimiento de San Cristóbal (art. 370). Aunado a ello, según el mapa que aportó la testigo Gloria Patricia Restrepo Cuervo, obtenido de “las imágenes de Google”, y en el que señaló la ubicación del predio del demandante, en el año 2006 ya existían dos carreteras de carácter privado construidas en la zona norte del inmueble.
El mismo Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín confirió al Cerro del Padre Amaya la condición de área de conservación y protección, y ecosistema estratégico (art. 27 y 29); sin embargo, los usos permitidos en esa zona no serán materia de análisis en esta providencia, por cuanto no se demostró que ésta hubiera sido intervenida con las obras de construcción que menciona el demandante, ni que dicho sector geográfico hubiera sufrido afectación por el deslizamiento de tierra que se presentó en el corregimiento de San Cristóbal, el 3 de noviembre de 2010.
Finalmente, el accionante insistió en que las entidades demandadas faltaron a sus deberes de vigilancia y control, por cuanto las recomendaciones del Simpad fueron tardías y no se adoptaron medidas preventivas y de mitigación para evitar el desastre.
De acuerdo con el artículo 209 de la Constitución Política, la función administrativa debe estar orientada por los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, y su desempeño está enfocado a la consecución del interés general y la realización de los fines esenciales del Estado.
A nivel local, la función administrativa es desarrollada por los municipios y los alcaldes según lo establecido en la Constitución y la ley. La jurisprudencia constitucional ha indicado que el principio de eficacia en la función administrativa incluye las obligaciones de actuar frente a los problemas que afectan a los ciudadanos y brindar soluciones ciertas, eficaces y proporcionales a dichos problemas.
Las Leyes 9 de 1989 y 388 de 1997, vigentes para el momento de los hechos, asignaron a los municipios la función de reglamentar el uso del suelo, expedir las licencias para la urbanización o edificación en el territorio de su jurisdicción, promover el ordenamiento territorial y la prevención de desastres; así mismo, para imponer las sanciones por la contravención de las normas de urbanismo. Dicha facultad sancionatoria trae aparejadas órdenes policivas de suspensión y sellamiento de obras.
El Consejo de Estado ha hecho referencia a las normas aludidas, así:
Señala [la Ley 9 de 1989] que el ordenamiento territorial constituye función pública para mejorar la seguridad de los asentamientos humanos ante riesgos naturales, entre otras finalidades, y lo define como el conjunto de acciones políticas, administrativas y de planeación física, a cargo de los municipios, distritos y áreas metropolitanas, en ejercicio de la función pública que les compete y dentro de los límites establecidos en la Constitución y la ley. Esa función pública se ejerce a través de la acción urbanística, que comprende las decisiones administrativas relacionadas con el ordenamiento territorial, tales como: (i) determinar las zonas no urbanizables por riesgos para la reubicación de asentamientos humanos por amenazas naturales o condiciones de insalubridad para viviendas; y (ii) localizar las áreas críticas de recuperación y control para la prevención de desastres, entre otras.
El Decreto extraordinario 919 de 1989 impuso a las entidades territoriales la adopción de medidas para la prevención de desastres y planes de contingencias, el manejo adecuado de las zonas de riesgo y los asentamientos humanos.
La Ley 715 de 2001 reiteró la responsabilidad de los municipios en relación con la prevención y atención de desastres dentro de su jurisdicción, como se expone a continuación:
Artículo 76. Competencias del Municipio en otros sectores. Además de las establecidas en la Constitución y en otras disposiciones, corresponde a los Municipios, directa o indirectamente, con recursos propios, del Sistema General de Participaciones u otros recursos, promover, financiar o cofinanciar proyectos de interés municipal y en especial ejercer las siguientes competencias:
76.9. En prevención y atención de desastres
Los Municipios con la cofinanciación de la Nación y los departamentos podrán:
76.9.1. Prevenir y atender los desastres en su jurisdicción.
76.9.2. Adecuar las áreas urbanas y rurales en zonas de alto riesgo y reubicación de asentamientos.
De otra parte, el artículo 31 de la Ley 99 de 1993 asignó a Corantioquia la función de realizar las actividades de “análisis, seguimiento, prevención y control de desastres, en coordinación con las demás autoridades competentes, y asistirlas en los aspectos medioambientales en la prevención y atención de emergencias y desastres; adelantar con las administraciones municipales o distritales programas de adecuación de áreas urbanas en zonas de alto riesgo, tales como control de erosión, manejo de cauces y reforestación”.
En el caso que ocupa la atención de la Sala, el municipio de Medellín, a través de la Secretaría del Medio Ambiente- Simpad, acudió a los llamados de la comunidad de la vereda El Patio, y elevó recomendaciones para contrarrestar las situaciones de riesgo que advirtió en cada caso. Se observa que las visitas que se realizaron con anterioridad al suceso ocurrido el 3 de noviembre de 2010 únicamente hicieron mención a ciertos predios privados, diferentes al del accionante, de modo que las recomendaciones se dirigieron a los propietarios de los inmuebles afectados para que realizaran obras de adecuación puntuales con el fin de eliminar las causas que generaron los movimientos de masa, sin que exista prueba de alguna queja o petición elevada por los habitantes de la vereda para que dichas obras fueran adelantadas directamente por el municipio.
En la visita de 1° de octubre de 2010 se indicó, expresamente, la necesidad de implementar obras de contención y un sistema filtro-cuneta en la vía que estaba ocasionando la acumulación de aguas; adicionalmente, se recomendó al solicitante la evacuación de la vivienda hasta tanto se realizara visita técnica al inmueble, como medida de prevención ante un eventual desastre. Pese a lo anterior, en el plenario no obra prueba que permita conocer si dichas recomendaciones fueron acatadas.
Se tiene, así, que el municipio de Medellín analizó las causas que generaban la saturación del suelo y elevó recomendaciones concretas para contener las áreas afectadas y prevenir más deslizamientos. En lo que respecta a Corantioquia, no se demostró en el proceso que las partes afectadas o el municipio hubieran solicitado su apoyo; tampoco se acreditó que la zona geográfica en la que se presentó el derrumbe estuviera clasificada como de alto riesgo ni que se tratara de un área bajo su administración, o que dicha entidad hubiera dejado de imponer las medidas de policía y sanciones que la ley establece por la violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables.
En ese orden de ideas, si bien en la vereda El Patio del corregimiento de San Cristóbal se evidenciaron situaciones que incidieron en la desestabilización del terreno, para la Sala ese solo hecho no configura la responsabilidad que se le enrostra a las entidades demandadas, en la medida en la que dicho fenómeno erosivo encontró fuente en diversos factores, de los cuales no es posible conocer su contribución en el derrumbe de tierra que se presentó el 3 de noviembre de 2010; no obstante, las fuertes lluvias se catalogaron como el origen principal de dicho deslizamiento.
Es un hecho notorio que en el año 2010 el fenómeno de la niña, caracterizado por fuertes lluvias, provocó una grave calamidad pública al punto que, mediante Decreto 4580 de 7 de diciembre de 2010, se declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en el país; las precipitaciones en esa anualidad se agudizaron precisamente en los primeros días del mes de noviembre y afectaron, especialmente, las regiones Caribe, Andina y del Pacífico.
Adicionalmente, según los informes del Simpad, los deslizamientos que se presentaron el 6 de octubre de 2008 y el 7 de julio de 2010 fueron aislados. Con posterioridad a esa última fecha, en la visita de 1° de octubre de 2010, se remarcó la incidencia de las precipitaciones, por lo que las recomendaciones se centraron en controlar el manejo de las aguas lluvia y de escorrentía. No obstante, a partir del material probatorio que obra en el proceso no se logra establecer si dichas obras fueron realizadas y, en esa medida, tampoco es posible conocer si el deslizamiento que produjo los daños en la propiedad del demandante tuvo por causa única la lluvia, o si los movimientos de masa que le precedieron coadyuvaron a ese fenómeno natural.
En vista de lo anterior, la Sala no advierte una omisión de los deberes asignados a las entidades demandadas que hubiera incidido en la producción del hecho dañoso que se analiza en el proceso, por lo que forzoso resulta confirmar la decisión apelada.
7. Condena en costas
De conformidad con lo establecido en el artículo 55 de la ley 446 de 1998 hay lugar a condenar en costas a la parte vencida, sólo en la medida en que su conducta sea temeraria porque no le asiste al demandar u oponerse “un fundamento razonable, o hay de su parte una injustificada falta de colaboración en el aporte o práctica de pruebas, o acude a la interposición de recursos con un interés meramente dilatorio”.
En el presente asunto, la Sala no advierte un comportamiento temerario de ninguna de las partes en sus actuaciones procesales, por lo que se abstendrá de condenar en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 22 de mayo de 2013, proferida por la Sala de Descongestión del Tribunal Administrativo de Antioquia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el link HYPERLINK "https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx" https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
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A folios 161 a 177 del cuaderno n.° 1, obra poder otorgado por el secretario general del municipio de Medellín a la abogada Marisol Orrego, para ejercer la defensa de esa entidad territorial en el proceso de la referencia. La apoderada aportó un escrito de contestación de la demanda, de forma extemporánea. En todo caso, de la lectura del escrito de contestación se advierte que éste no guarda ninguna relación con el proceso de la referencia, por el contrario, corresponde al litigio 2011-00223-00, demandante Elvia Lucía Yepes. Artículo 129. “El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el extraordinario de revisión”. Normativa aplicable al presente caso, de conformidad con lo señalado en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en los siguientes términos: “Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”. Artículo 13. Distribución de los procesos entre las secciones. “Para efectos de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así:
(…)
5. Los procesos de reparación directa por hechos, omisiones u operaciones administrativas a que se refieren el artículo 86 del C.C.A. y el inciso 3° del artículo 35 de la Ley 30 de 1988”. En el año 2008, el salario mínimo legal mensual vigente equivalía a $461.500, de manera que quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes correspondían a $230’750.000. Artículo 20. Determinación de la cuantía. “La cuantía se determinará así: (…)
2. Por el valor de la suma de todas las pretensiones acumuladas al momento de la presentación de la demanda”. Sobre el estudio de los títulos de imputación se pueden consultar las sentencias proferidas por el Consejo de Estado el 20 de junio de 2017, expediente 18860, M.P. Ramiro Pazos Guerrero; el 27 de noviembre de 2003, expediente 14220, M.P. Ramiro Saavedra Becerra; el 3 de mayo de 2007, expediente 16696, M.P. Enrique Gil Botero, entre otras. En sentencia de 7 de abril de 2011, expediente 20750, M.P. Mauricio Fajardo Gómez, la Sección Tercera del Consejo de Estado se indicó lo siguiente:
“La Sala, de tiempo atrás ha dicho que la falla del servicio ha sido en nuestro derecho, y continua siendo, el título jurídico de imputación por excelencia para desencadenar la obligación indemnizatoria del Estado; en efecto, si al Juez Administrativo le compete una labor de control de la acción administrativa del Estado y si la falla del servicio tiene el contenido final del incumplimiento de una obligación a su cargo, no hay duda de que es ella el mecanismo más idóneo para asentar la responsabilidad patrimonial de naturaleza extracontractual”. Expediente 21.515, M.P. Hernán Andrade Rincón. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 25 de agosto de 2011, exp. 17613, M.P. Mauricio Fajardo Gómez. Ley 46 de 1988. Artículo 2.
Definición de Desastre. “Para efectos de la presente Ley, se entiende por desastre el daño grave o la alteración grave de las condiciones normales de vida en un área geográfica determinada, causada por fenómenos naturales y por efectos catastróficos de la acción del hombre en forma accidental, que requiera por ello de la especial atención de los organismos del Estado y de otras Entidades de carácter humanitario o de servicio social.”
Ley 95 de 1890, artículo 1° “Se llama fuerza mayor o caso fortuito, el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el aprestamiento de enemigos, los autos de autoridad ejércitos por un funcionario público, etc.”. Ver entre otras: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de febrero 26 de 1998, exp. 10846; 14 de mayo de 1998, exp. 12175; diciembre 11 de 1998, exp. 19009; 20 de septiembre de 2001, exp. 13732; septiembre 20 de 2007, exp. 16014; marzo 1 de 2011, exp. 18829; mayo 25 de 2011, exp. 21929 y agosto 22 de 2011, exp. 20107.
Exp. 20107.
De conformidad con lo establecido en el artículo 177 del C.P.C., respecto del onus probandi.
Sobre este tema, JORDANO FRAGA, JESÚS. En La reparación de los daños catastróficos. Madrid, Marcial Pons, 2000, trae la siguiente conclusión: “Es evidente que ese juicio técnico encierra una decisión político-social de costes (esto es, la determinación cuantitativa de las inversiones asumibles por la sociedad en la evitación de riesgos). El componente técnico debe ser el predominante en la fijación de estos estándares. Y el criterio económico-racional; porque si técnicamente casi todos los riesgos naturales son evitables hoy; económicamente no siempre será racional la absoluta cobertura técnica…Debe observarse que cabe trazar una doble línea: 1) la de efectividad (el standard técnico requerible efectivamente a las obras públicas) en previsión de riesgos y que todas las obras públicas deben efectivamente cumplir; este sería el nivel exigido de estándar de seguridad; 2) la de razonabilidad (asumiendo que la disponibilidad presupuestaria no permite actualmente alcanzar el estándar óptimo de seguridad), pero determinando no el nivel permisible de estándar de seguridad sino la frontera de la institución de la responsabilidad”.
La Sala pone de presente que sobre los documentos que obran a folios 178 a 184 del cuaderno n.° 1 se desconoce cuál parte procesal los aportó y en qué oportunidad. Se advierte; sin embargo, que fueron anexados al expediente con anterioridad a la apertura del período probatorio, decretada en auto de 29 de septiembre de 2011 (fls. 186-187 c. n.° 1), y fueron valorados por el tribunal a-quo en la sentencia de primera instancia. En esa medida, la Sala les concederá valor probatorio, por cuanto estuvieron a disposición de las partes para efectos de ejercer el derecho de contradicción y no se alegó en el curso del proceso alguna irregularidad que impida apreciarlos.
“Artículo 217. Testigos sospechosos. Son sospechosas para declarar las personas que en concepto del juez, se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco, dependencias, sentimientos o interés con relación a las partes o a sus apoderados, antecedentes personales u otras causas”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 13 de agosto de 2008, exp. 16.516, MP. Enrique Gil Botero. Sobre el valor probatorio de las fotografías, consultar, por ejemplo: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 14 de junio de 2018, exp. 2005-03454-01(45951), M.P. Ramiro Pazos Guerrero; Subsección C, sentencia de 31 de enero de 2020, exp. 2011-00061-01(47230), M.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; y Subsección A, sentencia de 19 de marzo de 2021, exp. 2011-01655-01(58770), M.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Además, Corte Constitucional, sentencia T-269 de 29 de marzo de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, entre muchas más. Artículo 399. Del uso forestal protector-productor.” Es la zona que debe ser manejada priorizando la conservación de los recursos naturales renovables, puede ser objeto de actividades de producción estableciendo prácticas adecuadas de conservación del suelo, privilegiando dentro de cada actividad el efecto protector. Los predios que a diciembre 31 de 2004 presentaban actividades agropecuarias, pueden conservarlas hasta un 30% del área total del predio. El objetivo es fomentar el uso sostenible de los recursos naturales renovables y particularmente de los productos forestales o la combinación de diferentes sistemas productivos, con ello se incentiva el desarrollo regional, vinculando procesos de producción limpia, prácticas de conservación de suelos, desarrollo integral de actividades rurales. Se busca, igualmente, propiciar la investigación, el desarrollo de tecnologías de manejo, la educación ambiental y la recreación, el ecoturismo; de acuerdo a las características naturales de cada área, la protección de suelos y recursos hidrológicos y el manejo de zonas de amortiguamiento para áreas más estrictamente protegidas. Los usos específicos y actividades para estas zonas se precisan en la tabla anexa a este Acuerdo”. La parte actora en la demanda y demás intervenciones que realizó a lo largo del proceso corroboró dicha clasificación del uso del suelo. Acuerdo 62 de 1999, modificado por el Acuerdo 46 de 2006 “Por el cual se revisa y ajusta el Plan de Ordenamiento Territorial para el Municipio de Medellín y se dictan otras disposiciones”. Consultar, por ejemplo, sentencias T-733 de 2009 y T-125 de 2015.
“Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones”. Ley 9 de 1989. Artículo 56. Modificado por el artículo 5 de la Ley 2 de 1991: “A partir de la vigencia de la presente Ley, los alcaldes y el Intendente de San Andrés y Providencia levantarán y mantendrán actualizado un inventario de las zonas que presenten altos riesgos para la localización de asentamientos humanos por ser inundables o sujetas a derrumbes o deslizamientos, o que de otra forma presenten condiciones insalubres para la vivienda.
Esta función se adelantará con la asistencia y aprobación de las oficinas locales de planeación o en su defecto con la correspondiente oficina de planeación departamental, comisarial o intendencial, los alcaldes y el Intendente de San Andrés y Providencia con la colaboración de las entidades a que se refiere el Decreto 919 de 1989, adelantarán programas de reubicación de los habitantes o procederán a desarrollar las operaciones necesarias para eliminar el riesgo en los asentamientos localizados en dichas zonas. Mientras subsistan asentamientos humanos en las zonas de alto riesgo los inmuebles a los cuales se declare extinción de dominio en aplicación del literal a) del artículo 80 o declarados de utilidad pública, o interés social en desarrollo de los literales b) y d) del artículo 10, sólo podrán destinarse a la reubicación de los habitantes que a la vigencia de la presente Ley se encuentren localizados en zonas de alto riesgo. Los funcionarios públicos responsables que no den cumplimiento a lo dispuesto en este inciso incurrirán en causal de mala conducta. Cualquier ciudadano podrá presentar al alcalde o intendente la iniciativa de incluir en el inventario una zona o asentimiento determinado”. Ley 388 de 1997. Artículo 10. Determinantes de los planes de ordenamiento territorial. “En la elaboración y adopción de sus planes de ordenamiento territorial los municipios y distritos deberán tener en cuenta las siguientes determinantes, que constituyen normas de superior jerarquía, en sus propios ámbitos de competencia, de acuerdo con la Constitución y las leyes:
(…)
1. Las relacionadas con la conservación y protección del medio ambiente, los recursos naturales y la prevención de amenazas y riesgos naturales, así:
(…)
d) Las políticas, directrices y regulaciones sobre prevención de amenazas y riesgos naturales, el señalamiento y localización de las áreas de riesgo para asentamientos humanos, así como las estrategias de manejo de zonas expuestas a amenazas y riesgos naturales”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 21 de mayo de 2008, expediente AG–2675. La parte motiva del decreto que dispuso el estado de excepción esgrimió las fuertes lluvias que se presentaron en el territorio nacional, con preponderancia en las zonas Caribe, Andina y Pacífica, desde el mes de junio de 2010. Se consignó al respecto:
“1.1. Que el fenómeno de La Niña desatado en todo el país, constituye un desastre natural de dimensiones extraordinarias e imprevisibles, el cual se agudizó en forma inusitada e irresistible en el mes de noviembre de 2010. 1.2. Que la magnitud de las precipitaciones inusitadas resulta extraordinaria e imprevisible, como lo demuestran los registros del Ideam. Estos registros indican que en los quince primeros días del mes de noviembre llovió más de lo que llueve en todo el mes. El nivel superó todos los registros históricos de precipitaciones para el mes de noviembre. 1.3. Que esta agudización inusitada e imprevisible del mes de noviembre de 2010, se sumó al hecho de que durante el segundo semestre del año la lluvia ya había superado los niveles históricos registrados. Que según informe presentado por el Ideam de fecha 6 de diciembre de 2010, el Fenómeno de la Niña 2010-2011 alteró el clima nacional desde el comienzo de su formación en el mes de junio de este año, ocasionando en los meses de julio y noviembre las lluvias más intensas y abundantes nunca antes registradas en el país, en las regiones Caribe, Andina y Pacífica; además hizo que no se presentara la temporada seca de mitad de año en el norte y centro de la Región Andina. Los meses de agosto y septiembre se comportaron también con lluvias muy por encima de lo normal en la región Caribe y en el norte de la región Andina. Como consecuencia de ello, las partes baja y media de los ríos Cauca y Magdalena, así como algunos de sus afluentes, han presentado niveles nunca antes registrados en la historia de la hidrología colombiana. 1.4.
Que igualmente, de acuerdo al Índice Multivariado Enso - MEI (por sus siglas en inglés) el cual estima la intensidad del fenómeno de La Niña, el nivel de este evento durante 2010, indica que ha sido el más fuerte jamás registrado. Este fenómeno de variabilidad climática ha ocasionado además una mayor saturación de humedad de los suelos, generando eventos extraordinarios de deslizamientos y crecientes rápidas en cuencas, ríos y quebradas de alta pendiente en la región Andina, Caribe y Pacífica”. Período de lluvias inusitadas en el país, según se explicó en esta providencia. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 18 de febrero de 1999, expediente 10.775, M.P. Ricardo Hoyos Duque.
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